Viera Gallo Baraona José [1]  diplomático, casado con Josefina Quesney Besa, hija de Valerio Quesney Mackenna  [2]

padres de

Viera-Gallo José Antonio (1943) [3] abogado, exiliado en Italia durante el gobierno militar; investigador asociado al Centro de Políticas Públicas de la UC 2020;  casado con María Teresa Chadwick Piñera, subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer 1992-1994 (hermana de Andrés Chadwick Piñera).

[1] “Mi padre era diplomático de carrera. Era un hombre simpático, inteligente, bondadoso, con mucho ingenio, y un lector empedernido de novelas policiales y revistas de historia”, VG 16

[2] “Mi madre era famosa por su buena ‘facha’ y elegancia, sus amistades la llamaba Fina, pero bajo esa presencia se escondía una persona con mucha inquietud intelectual, gran lectora de novelas y amante del teatro y la música”, VG 17

[3] (1) QuePasa 18 enero 1973. (2) Entrevista, Revista HOY 28 septiembre 1983. (3) Prólogo, Del Estalinismo a la perestroika, 1991, p. 16; (4) OTANO p. 267. (5) VALDES p. 334. (6) Entrevista, El Libero, 23 marzo 2018. (7) “Marx, entre pensamiento e ideología” EM 11 junio 2018. (8) “El PS en la encrucijada” LT 28 julio 2018. (9) DF 19 de octubre 2018, por el retraso en la ratificación del acuerdo comercial Chile-Argentina. (10) El desafío mapuche, El Mercurio 29 noviembre 2018.

“Ha sido un parlamentario siempre destacado. Polemista punzante, fue contagiado por la fiebre consensual. Tanto, que las concepciones de derecha e izquierda parece haberlas erradicado del plano ideológico, ubicándose más bien en una dimensión bíblica” AVILA p. 125.

Revista de Estudios Históticos, número 54 p. 59

Viera Gallo Chadwick Manuela, artista visual

Viera Gallo Chadwick María José[1], escritora y periodista, apoya marca AC el 2013. Bibl: “Cosas que nunca te dije” (2014). “Verano Robado” (2015): “Verano robado fue escrita en estado de duelo por un amigo que falleció. Recuerdo la neblina en invierno, caminar por la orilla del mar, dormirme temprano y pensar. Esos meses de escritura fueron una lucha contra la muerte y el hecho de haberme mostrado tan explícitamente su violencia…“ (1). Química y nicotina” (2016).

Viera Gallo Chadwick María Teresa, experta audiovisual en montaje, candidata a concejal por Santiago como independiente en lista del Partido Socialista, suscribe manifestó #MARCATUVOTO en 2013.

[1] La Tercera 20 abril 2019, reportaje “Las miserias de mi primer libro”.

Como era previsible, luego del contundente triunfo en el plebiscito las fuerzas políticas que estuvieron por el Rechazo han iniciado un debate sobre el mejor mecanismo para continuar con el proceso constituyente.

Algunos rápidamente olvidaron las promesas hechas durante la campaña electoral, otros esgrimen las encuestas para favorecer su opción en favor de que el nuevo texto sea redactado por un grupo plural de expertos. Los dirigentes más representativos de Chile Vamos y quienes provenían del centro izquierda mantienen firme la idea de convocar a una nueva Convención plenamente elegida.

En reiteradas ocasiones -sin mayor éxito- advertí que una victoria del Rechazo nos sumiría, al menos por unos meses, en un debate sin una orientación clara. El itinerario no estaba concordado ni definido con antelación. Por su parte, los senadores del PS y del PPD han formulado una propuesta de camino que podría servir de base para zanjar el tema, dado que el debate ha quedado radicado en el Congreso.

El Gobierno ha decidido no inmiscuirse en el asunto señalando que se limitará a “acompañar el proceso constituyente”, aunque el Presidente conserva todas sus prerrogativas al momento de tramitarse la reforma constitucional que debiera plasmar la ruta a seguir, entre ellas la del veto. En un régimen presidencial como el nuestro habría sido aconsejable que el Ejecutivo se hiciera presente a través de un Ministro encargado especialmente de cumplir esa tarea. Podría haber sido un factor ordenador.

Mientras transcurre esta ardua discusión, que de prolongarse corre el riesgo de alejarse del sentir ciudadano, estimo oportuno llamar la atención sobre otro elemento que puede ser decisivo para el éxito de esta segunda fase del cambio constitucional. Me refiero a la necesidad de contar con un punto de partida para que el debate pueda llegar a puerto sin dispersarse por las ramas.

Uno de los mayores defectos de la Convención fue la idea de comenzar su trabajo a partir de cero. La experiencia parlamentaria muestra que la discusión de un proyecto de ley o cambio constitucional debe comenzar a partir de un mensaje del Presidente de la República o de una moción parlamentaria, que sirvan de eje estructurante de la deliberación.

Es necesario que los convencionales tengan sobre la mesa desde el primer día una o más propuestas. Así se garantiza la seriedad del debate. Evidentemente, ellos pueden descartarlas por considerarlas insuficientes o que no van en la dirección deseada, pero si esos documentos han sido preparados por expertos de las principales corrientes políticas, es probable que cumplan una función positiva.

Así ha ocurrido en todas las reformas constitucionales que ha habido desde 1989 en adelante. La del 2005 que es considerada como la de mayor envergadura, se originó en dos mociones parlamentarias: una suscrita por 5 senadores de la Concertación y otra firmada por otros 5 senadores de la oposición de centroderecha. Con esos dos textos a la vista, que fijaban las ideas matrices de la discusión, inició su trabajo la Comisión de Constitución del Senado; luego vinieron numerosos aportes e incluso se amplió su competencia por decisión unánime para reformar los estados de excepción que no estaban considerados en las mociones iniciales. Aprobado el proyecto en el Senado, siguió su tramitación en la Cámara de Diputados. La respectiva Comisión de Constitución tuvo la tarea de revisar un texto ya definido.

Estimo conveniente que en los meses que restan para que se origine una instancia de discusión constitucional las fuerzas políticas prepararan propuestas de nueva Constitución, que sirvieran como punto de partida orientador de los futuros debates. 

Sería ambicioso pensar que pudiera tratarse de un solo texto compartido por un amplio arco de fuerzas políticas, siguiendo en parte el modelo que utilizó Arturo Alessandri para plasmar la Constitución de 1925. Más realista me parece tomar como referencia la reforma del 2005 que, como indiqué, tuvo su primer impulso a través de dos mociones parlamentarias. Ahora podrían ser más de dos. Lo importante es que las corrientes de opinión consolidadas pongan sus cartas sobre la mesa.

Ese trabajo debería aprovechar el significativo esfuerzo intelectual y político que se ha hecho en los últimos años en materia constitucional, desde el proyecto de Michelle Bachelet hasta la propuesta de la Convención y los informes y aportes que diversos centros de estudio y Universidades hicieron llegar a la Convención. Esa deliberación no puede ser ignorada.

En el trasfondo deben estar los avances constitucionales que se plasmaron en sucesivas reformas a la Constitución de 1980, algunas de las cuales fueron asumidas por la Convención. No en vano el país ha ido progresando durante las últimas décadas y esos avances se han plasmado en preceptos constitucionales. La nueva Presidenta del Tribunal Constitucional ha señalado con precisión, por ejemplo, cuáles aspectos de la actual normativa de esa institución deberían ser cambiados.

La mirada de los expertos y los convencionales debe ampliarse hacia el campo de las leyes orgánicas que complementan la Carta Fundamental y perfilan la organización del Estado. Es necesario definir cuáles de sus normas deben ser recogidas en el nuevo texto constitucional para determinar luego las reformas a esos cuerpos legales.

Debe haber un equilibrio entre las normas de una Constitución que fijan el marco del proceso político y las reglas de funcionamiento del Estado, por una parte, y el ámbito de la vida política propiamente tal, es decir, de la deliberación ciudadana sobre los asuntos de interés público, por otra. Lo que se consagra en la Carta Fundamental, en cierto sentido, se sustrae de la decisión ciudadana futura. El nuevo pacto constitucional debe partir por buscar un balance entre ambas dimensiones. La Constitución no puede ser puramente procedimental, pero tampoco puede consagrar un proyecto político excluyente.

Algunos contenidos importantes de la nueva Constitución han pasado a ser patrimonio común, si bien requieren de una precisión normativa, me refiero al concepto de Estado social de derecho, la consagración plena de los derechos humanos y de la dignidad de la persona como principios constitucionales, un mejor respeto de la naturaleza, la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, la consagración de los derechos de los pueblos indígenas, los principios de un buen gobierno, el pleno respeto del principio de mayoría que inspiró la reforma constitucional de rebaja de los quórum para las reformas constitucionales y que debería dar origen a otro tanto respecto de las leyes de quórum calificado.

Con estos consensos básicos, cobran mayor importancia las reglas de funcionamiento para determinar cómo se zanjan las diferencias.

Kelsen (1977), por su parte, era partidario de buscar el consenso más amplio posible en el Parlamento mediante la argumentación razonada, pero si no se lograba, las discrepancias debían ser resueltas por mayoría. Aristóteles se refería a la democracia como una sociedad de personas libres e iguales donde los asuntos públicos se definían por mayoría. Hoy añadiríamos, que siempre respetando los derechos de las minorías.

Respecto del Reglamento de tramitación de la nueva Constitución, parece conveniente esta vez adaptar el de la Cámara de Diputados. Si bien las diversas materias pueden ser analizadas por distintas comisiones, es importante que sus informes una vez sancionados en general por el plenario, conformen un todo sistemático y sea revisado por una comisión revisora de carácter general, para ser sometido a consideración de los convencionales, que debieran emitir su parecer definitivo del texto.

Es importante consagrar en el Reglamento una instancia revisora y que el plenario pueda pronunciarse en definitiva sobre un texto completo y no por capítulos o artículos como ocurrió en la Convención.

También podría prepararse desde ya un anteproyecto de Reglamento.

Sin un punto de partida bien definido y un Reglamento adecuado, la nueva instancia constitucional corre el riesgo de extraviarse en el camino. Así se podría al menos contrapesar el riesgo proveniente de la ausencia de liderazgos políticos fuertes y de las oscilaciones del electorado, sobre todo cuando está llamado a pronunciarse sobre materias que por su complejidad escapan a las definiciones políticas dicotómicas. (El Líbero)

José Antonio Viera-Gallo

En dos ocasiones durante su permanencia en Nueva York el Presidente Boric ha usado la expresión “un baño de humildad” para referirse a las lecciones que le dejó la derrota en el plebiscito. Lo dijo en su discurso en las NU y lo repitió ante los estudiantes de la Universidad de Columbia. Además, ante los universitarios señaló que a las fuerzas de izquierda les cuesta más compatibilizar sus promesas de cambios estructurales con la necesidad de enfrentar los desafíos cotidianos de un gobierno; señaló igualmente que es más fácil expresar el malestar de la sociedad que construir las soluciones a sus causas.

Se ha escrito por parte de representantes de su misma generación, pero de opción política opuesta, que en estos meses Boric y sus compañeros se han tropezado con la realidad. Es muy posible. Pero digámoslo claramente: en un período tan cambiante como imprevisible, ningún gobierno ha dejado de tener una experiencia semejante. ¿Acaso alguien imaginó la guerra de Ucrania y sus consecuencias globales? ¿O la pandemia? ¿Y la inestabilidad de los mercados globales y las trabas en las cadenas de suministro? ¿Ni qué decir del rebrote inflacionario y una posible recesión mundial?

Vivimos una etapa de incertidumbre general para la cual no existen recetas establecidas y probadas. Hay valores y principios que inspiran la acción política, pero la función de gobernar se ha vuelto cada vez más ardua y compleja. Por su parte, en las democracias el electorado se comporta en forma extremadamente variable: en América Latina, por ejemplo, en la última década las mayorías han sido adversas a los gobiernos, independientemente de su orientación. Para comprobar esas bruscas oscilaciones basta con comparar el resultado del plebiscito de entrada al proceso constituyente con lo ocurrido poco tiempo después en el de salida.

Todos debiéramos asumir una actitud de mayor humildad. Nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. El triunfo de hoy puede anunciar la derrota de mañana. Lo importante es el paso siguiente a la predisposición a escuchar y entender lo sucedido: la capacidad de reconocer limitaciones y errores y cambiar de actitud. Nunca es fácil en política, pero más irresponsable es morir con las botas puestas aferrados a un conjunto de ideas.

Los programas de gobierno son documentos iniciales en que un candidato presenta sus propuestas a la ciudadanía y se compromete con realizar una serie de políticas públicas. Es una suerte de promesa o compromiso. Pero los votantes saben que gobernar no consiste sólo en llevar a cabo un programa. La realidad impone su propia agenda ofreciendo y clausurando posibilidades y oportunidades.

El gobernante debe escapar tanto del pragmatismo sin horizonte como del voluntarismo que niega la realidad. Su labor será juzgada no por sus buenos propósitos, sino por sus resultados. Boric llegó a La Moneda en un momento adverso, que colocaba múltiples obstáculos a la realización de su programa. Su capacidad política se medirá en la forma en que irá sorteando esos obstáculos. 

El primer deber de las dos coaliciones que sustentan su administración es facilitarle la tarea y respaldarlo. De ello depende que se puedan ir echando las bases para un desarrollo basado más en la creatividad y la innovación. El inmovilismo es el camino al fracaso.

Luego de la contundente derrota en el plebiscito el Gobierno ha iniciado un claro cambio de orientación, consecuencia de esa actitud de mayor humildad que Boric auspicia, lo que revela que recibió el mensaje. Ha señalado que está de acuerdo con una convención constitucional con una tarea más clara (se habla de “bordes”) y un papel mayor de los expertos. El gabinete encabezado por Carolina Tohá tiene un mandato claro: la conducción política y la económica deben ir de la mano, son dos caras de un mismo cometido.

Sin embargo, no todos han sintonizado con la nueva etapa. Les cuesta asumir el cambio de escenario. Algunos personeros hacen declaraciones o consideraciones analíticas como si nada hubiera ocurrido, muchas veces carentes de todo respaldo empírico. Revelan la tentación de refugiarse en las propias creencias y culpar a otros de los tropiezos o fracasos.  Ello ocurre todavía con un juicio simplista y negativo sobre el desarrollo de Chile después de la dictadura, como si el llamado estallido social hubiese significado un rechazo en bloque de esa etapa y no, más bien, un reclamo para solucionar problemas injustamente postergados y seguir avanzando. Hay que distinguir las masivas manifestaciones ciudadanas de las acciones y consignas de grupos minoritarios extremistas.

Otro tanto ocurre con el cuestionamiento de algunos a la inserción internacional de Chile construida trabajosamente buscando establecer reglas equitativas para regular, aunque sea sólo en parte, la globalización. El foco ha sido puesto en los tratados de libre comercio. Poco a poco la visión oficial al respecto ha ido cambiando y ya se habla de cerrar antes de fin de año la renegociación con la UE y varios Ministros se han pronunciado en favor de aprobar en el Senado el TPP11. Este último punto ha encontrado un claro rechazo por parte del FA y el PC, sin entregar hasta ahora razones de peso. Como ha dicho el ministro Marcel, debiera tener lugar un debate más informado y actual, lo que permitiría que se fueran cayendo los prejuicios ideológicos.

Es comprensible que el gobierno haya adoptado una actitud menos activa respecto del TPP11 a la espera que el Senado zanje la cuestión con votos de la oposición, el socialismo democrático y la DC. Pero esa actitud no puede convertirse en costumbre. Sería entregarle a la derecha un poder de árbitro de las disputas entre las coaliciones oficialistas. El Gobierno, a medida que se va imponiendo el nuevo giro, debe ordenar a los partidos que lo sustentan y recuperar su papel conductor. No estamos en un sistema parlamentario.

A la humildad y la reflexión debe seguir la decisión de gobernar sin fisuras en los partidos que apoyan al gobierno. Esa es la principal tarea del nuevo equipo político, que debe contar con el mismo respaldo que el Presidente le ha dado a la conducción económica de Mario Marcel. Si, por el contrario, subsistieran los disensos en el oficialismo, la labor del gobierno se vería frenada y la ciudadanía comenzaría a preocuparse por las vacilaciones y las contradicciones.

Uno de los problemas del gobierno de Salvador Allende -que ha vuelto a la actualidad mientras nos acercamos a los 50 años del golpe militar– fue justamente el creciente desencuentro entre los partidos de la UP y su negativo impacto en el gobierno, lo que llevó a un aislamiento del propio Presidente, incluso respeto de la directiva de su partido. Allende se esforzó por solucionar la crisis política del país, pero no fue secundado por sus partidarios. Incluso en el gobierno de Frei Montalva, con un solo partido en el gobierno, hubo fuertes tensiones entre el mandatario y las directivas de la DC.

Para que ello no se repita es importante que todos adopten la actitud que el Presidente Boric recomienda: humildad y reflexión. También las fuerzas políticas opositoras y las que están en formación.

Abundan los artículos que dan cuenta del giro político que ha hecho el gobierno luego del resultado del plebiscito. ¿Y la oposición ha hecho otro tanto? En un régimen democrático ella es la contraparte del Ejecutivo y sus definiciones contribuyen a marcar el destino del país. Es una lógica consecuencia del pluralismo político y del principio de representación, principalmente en el Congreso.

El concepto mismo de oposición surge en el Reino Unido en el Siglo XIX cuando se legitima el papel de los partidos en la Cámara de los Comunes, pero sólo en 1937 se asigna un sueldo especial al jefe del principal partido minoritario. El reconocimiento constitucional explícito de la oposición no es frecuente.

Lo contempla la Constitución de Portugal de 1976 luego de la revolución de los claveles; su artículo 114 “reconoce a las minorías el derecho de oposición democrática, en los términos de la Constitución y la Ley (…) Los partidos políticos representados en la Asamblea de la República y que no forman parte del Gobierno gozan especialmente del derecho a ser informados regular y directamente por el Gobierno sobre la situación y evolución de las principales cuestiones de interés público…”.

En Colombia, por ejemplo, el artículo 112 de la Constitución de 1991 (modificado en 2005) establece que: “Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales (…) Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos”.

En otros países, como Alemania y España, los Tribunales Constitucionales han reconocido el “derecho a la oposición”. La comisión de Venecia aprobó en 2019 un documento fijando criterios constitucionales para resguardar el rol de la oposición en una democracia.

Entre nosotros ese papel está establecido en los reglamentos de ambas cámaras y, en forma indirecta, en la Constitución luego de la reforma del 2005 que habilitó a la minoría de la Cámara de Diputados para ejercer facultades fiscalizadoras, creando comisiones investigadoras o interpelando a los ministros.

En un régimen presidencial con renovación parcial del Senado como el nuestro, por regla general los gobiernos carecen de mayoría en esa corporación o incluso en ambas cámaras.

La oposición pasa, entonces, a tener un papel más relevante en la fiscalización de los actos gubernamentales, en la definición de las leyes, en la aprobación del presupuesto y en la designación de importantes cargos estatales. La existencia hasta ahora de cuórums supra mayoritarios acentúa el poder de la oposición.

        La oposición parlamentaria al gobierno Boric aparece conformada por diversas fuerzas: además de los tres partidos que conforman la alianza Chile Vamos, han aparecido el Partido Republicano con una definición más intransigente y el Partido de la Gente que oscila en su comportamiento; por su parte la DC ha definido su papel como de colaboración independiente. El gobierno no tiene mayoría en ninguna de las ramas del Congreso.

El objetivo de toda oposición es controlar al gobierno e incidir en las definiciones legales perfilando una alternativa política capaz de ganar el apoyo ciudadano necesario para llegar a la Moneda en las próximas elecciones. Los dilemas surgen al momento de definir cómo realizar esas tareas, sobre todo cuando no existe un solo partido hegemónico.

La primera disyuntiva es establecer si se va a seguir una política de trinchera, de tipo sectario u obstruccionista, sin escuchar razones o bien si de va a fijar una posición en cada caso según el mérito del asunto debatido.

Un ejemplo de la primera opción es la definición anunciada por el nuevo líder republicano de la Cámara de Representantes en los EE. UU. Kevin McCarthy, quien señaló que su misión consiste en detener el “proyecto Biden”.

Por su parte, en el Perú una oposición heterogénea ha intentado destituir al Presidente Castillo durante el primer año de su mandato. En Francia, como la oposición está dividida entre un sector de derecha y otro de izquierda (cada uno a su vez con componentes distintas), las mociones de censura al gabinete propias de un sistema semi presidencial, no han prosperado.

¿Y en Chile, que actitud adoptarán los partidos de oposición? Al definir una línea deben tomar en cuenta que ellos también están sometidos al escrutinio público. El parecer ciudadano se expresará indefectiblemente en las próximas elecciones. Las encuestas suelen ser engañosas: no indican necesariamente intención de voto. Pero sí muestran reiteradamente que la gente privilegia una disposición al diálogo y al acuerdo.

Si la oposición busca la alternancia en el poder, tiene que volver a ser mayoría ciudadana. Para lo cual debe escuchar el rumor de la calle o, dicho de otro modo, estar acorde con los tiempos que le toca vivir. No puede regirse por la nostalgia ni por ensoñaciones meramente ideológicas. Es muy relevante la credibilidad, la coherencia y la honestidad. Mal que mal se está buscando el apoyo de la ciudadanía para conducir el país.

La gente premia, por regla general, la responsabilidad con que se abordan los problemas del país. La aprobación de las reformas de un gobierno no asegura de por sí una sucesión exitosa, tampoco lo hace la popularidad del Presidente y de su gabinete. En las últimas 14 elecciones presidenciales en América Latina el electorado se ha inclinado en favor de la oposición.

Hay señales alentadoras. Pese a algunas votaciones disruptivas sobre ciertas partidas de la Ley de Presupuestos, el hecho que se haya continuado la tradición de suscribir un protocolo de acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios indica que se ha mantenido una oportunidad al diálogo.

Lo mismo ocurrió con la aprobación del alza del salario mínimo. Veremos qué ocurre con las reformas tributaria y previsional y con las negociaciones en torno al proceso constituyente.

La ciudadanía está a la espera de saber cuál será el papel de la oposición luego del plebiscito. La realidad ha repuesto el escenario de los acuerdos. (El Líbero)

José Antonio Viera Gallo

«Y, sin embargo, se mueve». Estas palabras las habría pronunciado, como si fuera un susurro casi inaudible, Galileo Galilei al terminar la lectura de la abjuración de su teoría heliocéntrica ante los inquisidores el 22 de Junio de 1633. La traigo a colación porque nos recuerda que más allá del bisel del espejo con que miremos la realidad -siempre sesgado según él ángulo del enfoque- los porfiados hechos terminan por imponerse.

Cuando se lee la prensa y los reiterativos comentarios de la mayoría de los columnistas queda la sensación que el país se precipita a un abismo.

No niego ni desconozco las limitaciones y los errores del Gobierno. Están a la vista. Pero el cuadro completo es más complejo. También hay logros y aciertos.

Recuerdo lo que repetía ese grande y consecuente político que fue Bernardo Leighton (DC): los opositores tienen que ser gobiernistas, es decir, sin abandonar su posición crítica y proyectar una alternancia en el poder, deben estar dispuestos a favorecer el buen funcionamiento institucional y alcanzar acuerdos que beneficien a la gente.

Los jóvenes del FA y en especial el propio Presidente, hoy reconocen que su actitud opositora durante dos legislaturas hoy es una mochila pesada de la cual han buscado desprenderse. La imagen de Boric homenajeando a Aylwin lo expresa gráficamente.

Intentemos, entonces, completar en parte el cuadro.

Partamos por afirmar que la política económica encabezada por el equipo que dirige Mario Marcel está bien orientada. Aplicando un ajuste difícil de implementar, está logrando bajar la inflación en un contexto internacional adverso. El peso se recupera frente al dólar y el comercio exterior está en números azules, que solo pueden mejorar con la aprobación del nuevo tratado de cooperación económica con la UE -por algo el Canciller alemán Scholz nos visita en estos días- y el TPP11.

Las medidas en favor de la productividad anunciadas por el Ministro Grau también han sido oportunas: facilitar las inversiones y el comercio, innovación y transformación productiva, favorecer la competencia y promover la digitalización, entre otras materias.

Leo asimismo con sorpresa que ENAP termina el año con números azules y que renegociará su deuda para implementar un importante plan de inversiones. Por su parte CODELCO también busca enfrentar los nuevos desafíos del mercado del cobre mejorando sus planes de producción.

Queda pendiente la recuperación de la inversión. La Embajadora de los EE.UU. ha reconocido que Chile es un país seguro. Falta que las reformas tributaria y de pensiones avancen en el Parlamento y que la solución a la crisis de las ISAPRES -que se remonta hace alrededor de 10 años, cuando el Tribunal Constitucional eliminó el artículo que permitía el reajuste de la tabla de factores por edad y por sexo – encuentre una adecuada solución.

La Ministra del Trabajo Jeanette Jara ha logrado importantes acuerdos en la tramitación del proyecto sobre la jornada laboral de 40 horas.

La descarbonización de la matriz energética es otro punto para destacar. En gran medida depende de la aprobación del proyecto de nueva conexión eléctrica que permitiría transportar energía renovable desde el norte a la zona central. Para no hablar de las posibilidades que se abren con la producción de hidrógeno verde.  El litio es otro importante insumo para la innovación y el desarrollo sustentable.

El tema del tren Santiago-Valparaíso por fin está sobre la mesa. Se podrá discutir su trazado, el modelo de negocio y el calendario de su implementación, pero definitivamente no habrá vuelta atrás.

En el campo social destaco el alza del salario mínimo, el pago de la pensión garantizada universal aprobada al final del anterior gobierno y la eliminación del copago para los tramos de menores ingresos en FONASA.

Otro tanto habría que decir respecto a las ayudas que se están entregando a las familias más afectadas por la crisis, muchas de las cuales son innovativas. Me refiero, por ejemplo,  a una transferencia a la Cuenta Rut del beneficiario/a, realizada por el Instituto de Previsión Social, que tendrá un monto de $13.500, un nuevo sistema para compra de alimentos básicos con subsidio mensuales; la extensión del IFE Laboral con el objetivo de favorecer la creación de empleo formal y las garantías especiales para el sector de las construcción.

La deuda morosa del país ha seguido cayendo llegando a ser la más baja en los últimos cuatro años, repartiéndose los deudores entre la banca (25% con el 57% de la deuda) y el retail (45% de los deudores con el 24% de la deuda).

En materia de seguridad pública las medidas adoptadas han tenido un efecto positivo: ciertos índices de delincuencia y la violencia en la zona Sur han descendido; es de esperar que el nuevo enfoque sobre el combate al crimen organizado, en especial al narcotráfico, tengan igual resultado. Se dejó de lado la idea de “refundar Carabineros” para impulsar un plan de modernización y reforma en la formación del personal, y mejora del equipamiento junto con la Policía de Investigaciones.

Por último -como afirma El Mercurio en su editorial del sábado pasado- la nueva etapa del proceso constituyente avanza según lo previsto. Cabe esperar que pueda concluir con una propuesta de nueva Carta Fundamental que suscite al apoyo masivo de la ciudadanía, todavía un tanto escéptica.

Unos se empeñan por ver el vaso vaciándose, lo que los confirma en su visión negativa del país y su futuro. Es un enfoque distorsionado y autorreferente como el eco de la propia voz, que se devuelve en algunas ruinas mayas o la imagen cada vez más deformada por los juegos de espejos.

El país se mueve y avanza en muchos campos por el esfuerzo ciudadano y por la acción política.

Aprovechando el descanso veraniego deberíamos esforzarnos por ampliar la mirada y así en marzo poder colaborar mejor a que el país siga en movimiento. (El Líbero)

José Antonio Viera-Gallo

Nuevamente han resurgido las propuestas de introducir un régimen parlamentario o semipresidencial. Se reabre así una discusión importante que es preciso encauzar.

El régimen político debe responder a una concepción del Estado como sistema de instituciones, procedimientos y normas explícitas e implícitas orientado hacia el bien de la sociedad y las personas. Ese engranaje de toma de decisiones es cada vez más complejo para poder responder a los múltiples desafíos de la sociedad.

El sistema debe ser coherente con la cultura y la evolución constitucional del país. No debe reflejar un ejercicio de ingeniería política abstracta. Nuestra historia es presidencialista. Las crisis constitucionales graves han tenido una doble expresión: un conflicto entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional en el siglo XX; y las disputas entre las regiones y la capital en el siglo XIX; pero sus causas exceden con mucho lo meramente constitucional.

El proceso constituyente se da en un período acelerado de cambio a nivel global. Se buscan nuevas formas institucionales. Una expresión de ello es el desarrollo del área de la autonomía constitucional formada por instituciones públicas independientes del Gobierno y de la fiscalización del Parlamento.

Hay que pensar instituciones capaces de soportar malos gobiernos y sortear las oscilaciones del electorado con un sistema de partidos políticos débil.

El camino debiera ir por una adecuación del presidencialismo reequilibrando la balanza del poder a nivel central y regional. Algunos de los principales cambios podrían ser:

1.- Rediseño del llamado “centro de gobierno” configurando un jefe de Gabinete, siempre dependiente del Presidente, pero con atribuciones propias. Así se favorecería la formación de coaliciones políticas amplias.

2.- Delimitación de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente.

3.- Precisar las materias de ley que sean de la exclusiva iniciativa presidencial, incluidas las reformas a la Constitución.

4.- Establecer una cierta especialización legislativa del Senado y de la Cámara de Diputados: algunas materias solo serían vistas por esta última, estableciendo un mecanismo de revisión interna.

5.- Reducción significativa de los quorum supramayoritarios tanto en lo relativo a los asuntos como en el porcentaje de votos requeridos, incluida la ratificación del Senado de los nombramientos propuestos por el Presidente. Igual reducción debe hacerse respecto del quorum requerido para que el Congreso insista en su criterio frente a un veto presidencial, pero siempre debe superar la votación que dio origen a la norma.

6.- Exigencia de autorización del Congreso para que el Presidente pueda denunciar un tratado internacional vigente.

7.- Modernización y profesionalización de la Administración Pública. La Dirección del Servicio Civil y el Consejo para la Transparencia podrían gozar de autonomía constitucional. Delimitación de la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial.

8.- Regular en forma precisa la competencia de los Gobiernos Regionales y limitar la de los Delegados Presidenciales principalmente a la mantención del orden público, el resguardo de las fronteras y la seguridad del país. Avanzar hacia una forma de descentralización del manejo presupuestario y del control del gasto público.

9.- Creación del Defensor del Pueblo para canalizar los reclamos ciudadanos frente a transgresiones o incumplimiento de la ley por parte del Estado en todo lo relativo a sus derechos, sin perjuicio del servicio de defensa del consumidor.

10.- Consagración de mecanismos de participación ciudadana directa, como la iniciativa popular de ley, el referéndum revocatorio de ley y los diversos tipos de plebiscito para resolver asuntos de interés público tanto a nivel nacional como regional y local. Todo ello sin perjuicio de consultas ciudadanas no vinculantes a nivel local y regional.

Así se podría configurar un régimen político moderno, capaz de llevar a la práctica los principios constitucionales y de prevenir abusos de poder o uso discriminatorio de la autoridad. (El Mercurio)

José Antonio Viera-Gallo

Viera-Gallo José Antonio (1943) abogado, MAPU, Partido Socialista, subsecretario de Justicia 1970-72 MAPU, “debe abandonarse el mito, al cual por dependencia cultural aspiramos, de equiparar el nivel de consumo y el desarrollo tecnológico de Estados Unidos y definir un tipo de economía que ponga el centro, no en el aumento de la producción, sino en las relaciones humanas de la misma: este ha sido el gran mérito de los chinos. De allí que los socialistas-cristianos no consideren únicamente aceptable, sino encomiable, el racionamiento. Con él se efectúa una verdadera redistribución de ingresos” (1); candidato a diputado por Santiago 1973 (4.174 votos, 1.1%); uno de los fundadores de la revista “Chile-América” en Roma 1974-1983;  al volver del exilio en 1983 decía: “yo me siento muy interpretado por la Alianza Democrática. Creo que el país requiere en lo político de un acuerdo muy vasto, que vaya desde la Derecha democrática hasta la Izquierda democrática” (2);

en 1991 planteaba: “El centro de la disputa se da hoy en torno a los valores democráticos  a la orientación de la economía, entre quienes para asegurar la libertad del mercado están dispuestos a restringir o eliminar la democracia y quienes, al contrario, para regularlo buscan extender los principios y mecanismos democráticos. En este último bando se ubica el socialismo” (3);   intentó postular a la presidencia del PPD en 1992, con la idea de la unión del PS y el PPD en una sola formación política (4);

diputado PS 1990-1994 y 1994-1998 por Concepción, senador 1998-2006 por Bío-Bío Costa (“para mí el mejor senador de su tiempo” (5)), el PS no lo llevó de candidato a la reelección en 2005; director de AFP Provida 2006-2007;

Ministro Secretario General de la Presidencia 2007-2010, Miembro y Presidente del Tribunal Constitucional 2010-2013; embajador en Argentina 2014-2018; la oposición de PS al gobierno de Piñera debe ser “una oposición leal con el país donde el interés del país esté antes que el interés del propio partido” (6);

“El populismo se aleja de Marx: su común denominador es la retórica del discurso, la adhesión  al enfrentamiento amigo-enemigo, la manipulación de las instituciones democráticas y la crítica a la globalización” (7); en el PS “se trata de recuperar muchas banderas que fueron del progresismo y que hoy enarbola la derecha: el diálogo, los acuerdos, la unidad nacional, los cambios graduales y las políticas públicas responsables” (8);

“me resulta incomprensible que un país que se ha beneficiado de su inserción internacional, vea cómo se desgrana el sustento de una política exitosa” (9); “es preciso que se restablezcan las confianzas y se reanude el diálogo sin exclusiones en el conflicto mapuche” (10).

(1) QuePasa 18 enero 1973. (2) Entrevista, Revista HOY 28 septiembre 1983. (3) Prólogo, Del Estalinismo a la perestroika, 1991, p. 16; (4) OTANO p. 267. (5) VALDES p. 334. (6) Entrevista, El Libero, 23 marzo 2018. (7) “Marx, entre pensamiento e ideología” EM 11 junio 2018. (8) “El PS en la encrucijada” LT 28 julio 2018. (9) DF 19 de octubre 2018, por el retraso en la ratificación del acuerdo comercial Chile-Argentina. (10) El desafío mapuche, EM 29 noviembre 2018.

Ministro Secretario General de la Presidencia 2009: «Los intentos por imponer los criterios y visiones de un sector de la sociedad sobre los otros provocan tensiones sociales inútiles y, fatalmente, terminan en el fracaso. La educación es un áreas muy sensible para improvisar o hacer planteamientos sectarios…» Carta «Ley General de Educación», El Mercurio 17 agosto 2009

Ante la crisis de Octubre de 2019: «le manifesté al presidente que su discursos habia sido un primer paso positivo, pero que faltaban varios mas… el PS … siempre mantuvo una linea de contribución a la estabilidad democrática y al progreso. Ahora estamos en la oposición y no por eso debiera abandonarse esa linea» 24 octubre 2019, El Libero.

Suscribe declaración conjunta el 24 de noviembre 2019: «…Habrá que resolver muchos problemas prácticos, metodologías y maneras de llegar a buen final. Habrá que desatar muchos nudos que hoy parecen imposibles, habrá que derrotar el pesimismo y el escepticismo egoísta de quienes, en los dos extremos, desean hacer fracasar este camino y seguir el camino de la fuerza y la destrucción… Al final, la inmensa mayoría de chilenas y chilenos nos sentiremos orgullosos de lo que habremos construido…»

Ante el plebiscito convocado, plantea 12 principios en que debiera basarse la nueva Contitución. En uno estipula: «…el sistema de gobierno debe ser más equilibrado en las competencias de los diversos poderes que lo integran, dotando al Congreso Nacional de mayores atribuciones…» El Mercurio, 27 de agosto 2020, columna «El debate sobre la nueva Constitución».

sobre proyecto para cambiar quorum de 2/3: «… los partidarios del cambio de quorum están animados por una mentalidad de trinchera. Imaginan la Convención como un escenario de enfrentamiento de posiciones. No como un espacio de deliberación racional y contraposición de posiciones que pudiera concluir en un acuerdo amplio…» columna en El Mercurio 23 noviembre 2020

Sobre alto quorum para modificar constitución: «En negativo porque varias personas que pueden estar pensando en votar Apruebo, con la esperanza de que algunas cosas se corrijan, se pueden restar» La Segunda, 27 mayo 2022

Hoy, en cambio, el PS ha decidido emprender el éxodo, lo que les ha traído bastantes costos. Incluso internos. ¿El más notorio? La bajada de José Antonio Viera-Gallo, quien habría sido un lujo para el Consejo Constitucional (ha sido ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitucional, senador y presidente de la Cámara de Diputados) pero que descartó postular, con un breve tweet que lo dice todo: “Agradezco a la directiva del PS el ofrecimiento de postular al Consejo Constitucional. Lamentablemente, la separación del Socialismo Democrático y la configuración final de las listas en la RM (Región Metropolitana) y en Biobío me han llevado a declinar la propuesta”. 5 febrero 2023

Jorge Andrés Richards afirma que “muchos chilenos esperamos que José Antonio Viera-Gallo sea uno de los expertos de la nueva Constitución”  14 diciembre 2022, El Mercurio.

“Iglesia y Dictadura” (1986 con Enrique Correa).

“La derecha chilena y los derechos humanos” (1988).

“Chile: un nuevo camino” (1989). Contiene una recopilación de artículos, como «La constitución de 1980 y su reforma» (documento presentado a la directiva nacional del Partido por la Democracia, abril 1989). «Tiranía y Derecho» (revista Chile América enero 1975). «Testimonio sobre el exilio» (semanas sociales de la Iglesia 1984-85). Reflexiones sobre la reforma judicial (ponencia al Congreso de   abogados laboralistas 1986). «Reconciliación y violaciones a los Derechos Humanos». Reflexiones para la formulación de un proyecto democrático para Chile» (1976), donde indica «la unidad del pueblo debe dar origen a un verdadero bloque histórico capaz de realizar las transformaciones democráticas». «La Fuerza de lo ideales democráticos» (1984, CIEIPLAN): «no fuimos conscientes de los peligros que amenazaban a la democracia…  no advertimos suficientemente ni el peligro siempre presente de una involución autoritaria de las instituciones democráticas chilenas, ni las posibilidades también autoritarias que encierra una cierta forma de concebir el ideario socialista». «La renovación del socialismo y el cristianismo»: «Eugenio González sostenía que ‘todo régimen que implique el propósito de reglamentar las conciencias conforme a cánones oficiales, siendo contrario a la dignidad del hombre, es también incompatible con el espíritu del socialismo».

«Problemática institucional en la experiencia chilena» en Transición al socialismo y experiencia chilena (1972)

«El segundo camino hacia el socialismo: aspectos institucionales» diciembre 1972: «Una de las mayores dificultades teóricas radica en que la izquierda ha vivido encerrada dentro de los moldes del primer modelo de construcción socialista, al punto que ha llegado, aunque sea inconscientemente, a absolutizarlo, olvidando la relatividad de todo fenómeno histórico… quienes lo buscamos por una ruta diferente,… crear nuestro derrotero que tenemos que seguir en las condiciones actuales de Chile…. hemos afirmado solemnemente nuestra voluntad de llevarlo a efecto conforme a los mecanismos que la Constitución Política tiene expresamente establecido para ser modificada… algunos han pretendido que el segundo camino hacia el socialismo excluye la dictadura del proletariado, y han buscado amparo en las palabras presidenciales… el socialismo supone un largo periodo de transición caracterizado políticamente por la dictadura del proletariado, y ningún camino que hacia el conduzca puede evadir el punto… el segundo camino hacia el socialismo no se logra sin hegemonía proletaria del poder, elemento básico de la dictadura del proletariado..»

En «La reforma constitucional» (1989) «El acuerdo constitucional: negociación y efectos políticos»

«La fuerza de las ideas» José Antonio Viera-Gallo (1993) – 398 páginas,

“Conversando con José Antonio Viera-Gallo” (1997).

“La pausa de la razón: reflexiones de fin de siglo” (1997). «El marxismo corriente se transformó en una suerte de religión. Había que encontrar alguna cita para justificar la justeza de una afirmación. Marx se convirtió en lo que él tal vez más rechazaba: un argumento de autroridad. Quienes inentaron combatir esa religión en nombre del mismo Marx fracasaron. … una cosa es Marx y otra el marxismo. No se puede desconocer su contribución al pensamiento contemporáneo. Marx ha pasado a integrar la galería de los clásicos…. pero no es fácil escapar a las mistificaciones… es que Marx fue un exponente típico de la modernidad, es deicr, de aquel intento por acercar la razón a la existencia e imprimir un sello más humano a la sociedad. Hoy está de moda sostener que ésa era una impostura intelectual, una pretensión absurda e incluso contraproducente; efectivamente la razón está herida. La incógnita que surge es qué sucederá en un mundo donde se exalta la espontaneidad comon orma (el mercado). ¿No anida en la postmodernidad el vérigo del nihilismo?

“11 de Septiembre: testimonio, recuerdo y una reflexión actual” (1998).

“Panel: revisión de las competencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en Chile” (1998).

“El compromiso” (2014). Libro biográfico.

Formó parte de la Comisión de la Concertación para las reformas constitucionales de 1989: «a iniciativa mía, también se cambió

«la soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y las elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio»

por

«El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, asi como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes» … «logramos lo suficiente para comenzar un proceso y se llegó a la plena democratización de la carta fundamental el 2005» El Mercurio 29 julio 2019.

«Venezuela en la encrucijada» carta La Tercera 26 de enero 2019: «…el régimen de Maduro, que gradualmente fue atropellando los principios democráticos hasta romper claramente la Constitución, al desconocer la Asamblea Nacional, transformándose en una dictadura de facto… la oposición debe aumentar la presión social, con respaldo internacional, hasta provocar la derrota definitiva de Maduro.

Carta 17 mayo 2019 El Mercurio «Un proyecto clave en suspenso» sobre el tunel de Agua Negra que uniría San Juan con Coquimbo y serviría para viabilizar un corredor bioceánico.

Columna: «Congreso Nacional: centrar el debate» 30 julio 2019:

«Los cambios del Parlamento deben centrase en dos tipos de asuntos: su importancia en el sistema político y su relación con la ciudadanía… cabria revisar las materias de iniciativa exclusiva del Presidente, en especial en lo relativo a la seguridad social y a la negociación colectiva. Se podría reducir el quorum de insistencia parlamentaria frente a un veto presidencial rechazado… lo que esta en juego es hacer posible una adecuada deliberación política…»

El Libero: 5 agosto 2019. “Las próximas elecciones presidenciales en Argentina pueden ser decisivas. Algunos analistas las consideran emblemáticas para América Latina”

Carta. el Mercurio, 20 octubre 2019, ante 18O violento «Aprender a convivir»: «Nadie tiene la verdad. Ni la autoridad, ni los ciudadanos. La buscamos entre todos en la deliberación democrática. La agresividad destructiva, la ira espontanea, solo acarrea represión. Destruir los bienes públicos es doblemente reprochable. Nada lo justifica. Es una nuestra de importancia. Tenemos que aprender a convivir en tiempos inciertos y difíciles».

«La calma en medio de la tormenta» El Libero 27 octubre 2019.
Chile tiene todas las condiciones para superar bien este terremoto social: una economía sana, una población solidaria cuando se la convoca, niveles todavía sólidos de convivencia y probidad, como se reveló en la marcha del viernes en Santiago. La responsabilidad de conducir la recuperación está principalmente en los dirigentes sociales y políticos y, particularmente, en el nuevo gabinete. No dejemos pasar la oportunidad.

Sobre conflictos en el Tribunal Constitucional «que se transparenten conflictos de esta magnitud pude ser mejor que se transparenten, en el sentido de que todas las partes tendrán mas cuidado de tomar conductas que favorezcan la unidad del tribunal y su buen funcionamiento… cree que hay que cambiar el sistema de elección de ministros y de competencia donde el problema se da con el control obligatorio de las leyes» El Mercurio 20 abril 2020.

Viera-Gallo comentó que “del debate de la delincuencia no hay que hacer un debate político. Hoy tenemos una situación mucho más grave que cuando Piñera asumió el gobierno. La solución no pasa por proyectos de ley, las leyes que existen son suficientes, lo que falta es inteligencia policial. Los debates legislativos no inciden tanto en el trabajo contra la delincuencia”. 28 diciembre 2020

«La disyuntiva es entre un mundo sin normas o con una regulación poco efectiva que permita mayor posibilidad de acción a mas fuerte, y un mundo con reglas imperativas y ecuánime. La opción es evidente, especialmente para un país de tamaño medio como el nuestro. La nueva administración de los EE.UU. anuncia un cambio de rumbo en favor de la cooperación internacional» «La política exterior en una encrucijada» con Edgardo Riveros, El Mercurio 11 enero 2021

En carta titulada «¿Un giro político?» destaca el acuerdo entre el Presidente de la Republica y la presidenta del Senado sobre postergación de las elecciones en el marco de la epidemia del COVID. «Es un primer paso en la dirección correcta, que puede indicar un cambio de actitud y de rumbo, capaz de disminuir la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones» El Mercurio 31 marzo 2021.

“Espero que en Chile tengamos los resguardos suficientes y que seamos capaces de resistir la amenaza populista”. Hoy en Mirada Líbero en Agricultura, “Gobierno y oposición deben ponerse de acuerdo en una renta de emergencia. Con eso, se da satisfacción a las necesidades de la gente, hace inviable un cuarto retiro”. Y agregó: “El populismo es antiguo en América Latina. Es un grave peligro para todo país. Espero que en Chile tengamos los resguardos suficientes, y que seamos capaces de resistir la amenaza populista”. Por su parte, Isabel Plá agregó: “Es esperanzador la idea de que haya un acuerdo acotado entre gobierno y oposición. Pediría que sea la voz de la oposición democrática la que maneje esta agenda y resista la presión de los que no quieren acuerdos”. 3 mayo 2021

El giro en materia de política social es un ejemplo de la necesidad de avanzar gradual y responsablemente hacia un ingreso básico universal, comenzando por los grupos más carenciados, como lo contempla el programa de Paula Narváez. Sobre todo, cuando viviremos en los próximos años un trastorno mayor del mercado laboral producto de la masificación de la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización. Carta La Tercera 15 agosto 2021

Entrevista, 29 junio 2022     :     «Hay que entender la propuesta de constitución como un hito en un proceso, no como el final del proceso. Y en ese sentido, yo creo que el texto contiene una estructura suficientemente sólida, como para que pueda dar frutos. Eso supone, por cierto, un debate sobre su implementación. Y las correcciones y vacíos que hay que llenar. El proceso sigue.

-¿Vas a votar apruebo?       -Sí, claro.

-¿Qué correcciones habría que hacerle?     -Hay evidentes errores. Por ejemplo, que el veto parcial del Presidente pueda ser revertido por la misma mayoría que aprobó la norma en el Congreso que el Presidente está objetando. Es como si no hubiera veto parcial.    También es una equivocación que los fiscales regionales sean propuestos en ternas por las Asambleas Regionales y no por las Cortes de Apelaciones. Porque, si bien pasa por la Alta Dirección Pública, al formar la terna en un cuerpo tan político como es la Asamblea Regional, hay un peligro de que la política se inmiscuya en forma indebida en el ejercicio de la acción pública.     En tercer lugar, hay un vacío en no haber extendido las oportunidades de plebiscito en caso de discrepancia grave entre el Presidente y el Congreso. Las acciones de democracia directa incluyen la iniciativa popular de ley y el referéndum revocatorio de ley, pero no se amplían las posibilidades de plebiscito cuando los poderes constituidos están conflicto.

-Fuiste parlamentario por BioBío, ¿qué te parece la propuesta de estado regional? -Es una propuesta en la que hay mucha fraseología de autonomía, pero en la práctica no es tan así. Se mantiene, entre otras cosas, la facultad del Presidente para nombrar a los seremis y a los directores de los servicios. No existe en Chile un modelo acabado de cómo debería ser un Estado unitario, pero regional. Entonces, la propuesta de la Convención avanza en muchas cosas que son positivas, pero después tienen un frenazo fuerte. Esas cosas habrá que irlas corrigiendo en el tiempo.

Carta, La Tercera, 23 mayo 2021

Los resultados electorales son como el caleidoscopio: un juego de espejos, que refleja imágenes siempre cambiantes. Es un prisma demasiado estrecho para entender el momento que vive Chile.
Tuvimos cuatro elecciones simultáneas con sistemas electorales diferentes. Cada una tuvo efectos desacoplados. Volvimos a una alta abstención: 57% del cuerpo electoral no sufragó; en el padrón indígena llegó a cerca del 80%. Además, el voto actualmente es muy volátil. Se encandila fugazmente con la imagen más llamativa. Gira como la rueda de la fortuna. Los que hoy cantan victoria mañana pueden ser derrotados y viceversa.
Sin embargo, el remezón en los partidos políticos fue fuerte. Salieron a la luz todas sus debilidades. Sus dirigentes vivieron unas jornadas que preferirían olvidar. ¿Se ha iniciado el big bang del sistema de partidos? Para saberlo hay que esperar la próxima elección parlamentaria. Tal vez el desenlace de la primaria de la derecha nos pueda dar un indicio; Sichel ha afirmado que la ciudadanía espera nuevos liderazgos y no figuras ancladas en los partidos políticos tradicionales.
El efecto más emblemático es la emergencia de un nuevo actor político a la izquierda de la izquierda, bajo el rótulo de “independientes”. La Lista del Pueblo nos recuerda el inicio del movimiento Cinco Estrellas en Italia liderado por el cómico Beppe Grillo, que llenaba las plazas denostando al sistema y a los partidos políticos.
Su comportamiento en la Convención Constitucional es una incógnita. La derecha no alcanzó un poder de veto. El peso de la prueba está ahora en la oposición. ¿Cómo, entre quiénes y en torno a que conjunto de ideas se podrán alcanzar los 2/3? ¿La Lista del Pueblo asumirá una actitud contestataria o sus convencionales harán oídos sordos a los llamados de sus voceros y se abrirán al diálogo?
La política hoy está en el banquillo. El problema es que la solución no está a la vuelta de la esquina y puede ser peligroso seguir jugando con el caleidoscopio.

José Antonio Viera-Gallo

«Los clásicos del socialismo, no delinearon con claridad los contornos de la sociedad socialista.
Se limitaron a señalar la necesidad de estatizar los principales medios de producción y de augurar un crecimiento de las fuerzas productivas bajo la conducción política de los partidos de los trabajadores.
La experiencia del siglo XX demuestra que este diseño fracasó. La centralización del poder económico y político no solo se reveló inhumana, sino también ineficiente. La planificación imperativa no es compatible con la complejidad y la globalización…»
«debemos dirigir la mirada hacia las posibilidades de cambio que están surgiendo…»
1. Reconocer que vivimos un acelerado proceso de socialización de las relaciones humanos a nivel local, nacional e internacional.
2. Internet, que no pertenece a nadie y hace posible comunicación gratuita y acceso al conocimiento a travez de buscadores sin costo. Vivimos en una dimensión virtual, «noósfera», esa capa de pensamientos y mensajes que cubren la tierra. Es la sociedad del conocimiento sin fronteras. Es una gran conquista «socialista» nacida del avance científico-tecnológico
3. A permitido un acceso son mayores restricciones al conocimiento
4. A surgido una nueva reflexión sobre la ciencia económica. Jeremy Rifkin, pronostica el surgimiento de un nuevo paradigma económico denominado el !procomún colaborativo». Stefano Samagni tiene el enfoque de economía del bien común basada en la reciprocidad y la globalización ética. Los aportes de Amartya Sen.
5. El trabajo humano es el que crea el valor. Ahora es evidente la importancia decisiva de la innovación. Lo decisivo es que ese valor se reparta equitativamente y que su forma de producción tenga rasgos humanos. El impacto de la robótica y la inteligencia artificial está modificando la sociedad.
«A medida que va disminuyendo el reino de la necesidad, se amplía la libertad y la creatividad de todos…» podemos agregar con Marx «cada cual según sus necesidades»
6 Surgen desafíos globales: redefinir nuestra relación con la naturaleza.
7. Se requiere cambiar la lógica del mercado, incentivando la investigación y la difusión de loa avances para satisfacer las necesidades comunes. Eso solo se puede alcanzar con solidaridad, respetando las diferencias. Desde la sociedad civil organizada y desde una nueva política.
8. Se requiere un sistema político democrático que funcione en red y no solo verticalmente. Hay que diseñar instituciones que «equilibren participación ciudadana, elecciones libres, juicio de los expertos, soberanía nacional, protección de las minorías, primacía del derecho, autoridades independientes, rendición de cuentas, deliberación y representación»
La política debe recuperar su centralidad y la democracia ser el espacio institucionalidad del debate y decisión de los asuntos y dilemas públicos favoreciendo instancias de negociación y acuerdo…»
9. Reitero lo que sostuve hace a 50 años: el socialismo solo puede llegar en bicicleta; anado ahora, gracias al esfuerzo de todos, con perseverancia y sin prisa porque el camino es largo. Y las dimensiones son planetarias.
Cita a Eugenio González:
«Una doctrina como el socialismo, que aspira a orientar a las generaciones jóvenes y a determinar las bases de una reconstrucción social, necesita, acaso mas que cualquiera otra, interpretar el sentido de la época, los valores permanentes que en ella operan y los que le son específicos para apuntar a él, con plena conciencia, la perspectiva de una política»
Piketty recientemente afirma que la reacción frente al hiper capitalismo debe ir en la dirección de una nueva forma de socialismo participativo y descentralizado, federal y democrático, ecológico y feminista, lo que solo se producirá cuando los ciudadanos dispongan de las herramientas que les permitan organizar su propia vida colectiva.

Escribo antes de las elecciones que tuvieron lugar ayer. Como no me puedo referir a resultados hipotéticos, creo más útil entregar algunos elementos sobre la segunda vuelta que empieza hoy mismo, conocida como “balotaje”.

Durante la Constitución de 1925, si ningún candidato a la Presidencia alcanzaba el 50% más 1 voto, el Congreso Pleno era el encargado de elegir entre los dos postulantes que hubieran obtenido las dos primeras mayorías. Por tradición, el Congreso respetaba el parecer mayoritario de la ciudadanía, aunque hubiese sido estrecho.

En 1970, ante el triunfo de Salvador Allende por sobre Jorge Alessandri por cerca de 39 mil votos, se desataron todo tipo de maquinaciones y presiones internacionales para que el Congreso eligiera a Alessandri, incluso bajo el compromiso que una vez electo renunciara para provocar una nueva elección. En ese ambiente enrarecido, a dos días de la sesión del Congreso Pleno se produjo el atentado a la vida del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider por parte de un comando extremista de derecha de Patria y Libertad apoyado por la CIA. La intención era provocar un golpe de Estado. En tanto la UP había suscrito con la DC un “pacto de garantías constitucionales” que hacía posible el voto de ese partido en favor de Allende.

Muchos políticos entonces empezaron a sugerir que debería cambiarse el sistema de ratificación por parte del Congreso Pleno por una segunda elección, como la había reinstaurado la Constitución francesa de 1958 bajo la inspiración de De Gaulle. Esa idea fue recogida por la Constitución de 1980 y no ha sido objetada por nadie. Incluso se ha consagrado el balotaje para la elección de los Gobernadores Regionales.

El balotaje surgió en Francia a mediados del siglo XIX bajo Napoleón III y fue luego recogido durante la Tercera República. Hoy existe en muchos países, entre ellos 14 de América Latina. En Chile no fue necesaria una segunda vuelta para elegir a P. Aylwin y a E. Frei; en cambio Lagos, Bachelet y Piñera requirieron pasar por un segundo escrutinio.

El objetivo del balotaje es doble. Por una parte, dotar al futuro Presidente con una mayor legitimidad popular, evitando que pudiera llegar a ser Jefe de Estado alguien con una mayoría exigua. El segundo propósito es producir alguna forma de acercamiento o negociación entre diversas fuerzas políticas más afines para alcanzar un posible triunfo electoral y, luego, crear un clima de mayor entendimiento durante el ejercicio del poder. Algunos especialistas llegan a auspiciar que entre la primera y segunda vuelta se pudiera originar una nueva mayoría política para sustentar al futuro Presidente.

El acercamiento puede darse en un plano menos sustantivo. Por ejemplo, concordando algunas reformas esenciales que requerirán aprobación parlamentaria o bien señalando que ciertos temas donde hay discrepancia no se alterarán. Para lograr estos acuerdos los programas son un punto de partida. También puede ocurrir que simplemente se llame a votar por uno de los dos candidatos sin mayor acuerdo o incluso dar libertad de acción a los electores.

Los expertos electorales sostienen que la segunda vuelta es una nueva elección diferente de la anterior. Insisten tal vez en forma excesiva que no se trata simplemente de una proyección de la primera, aconsejando a los candidatos triunfantes a realizar un nuevo planteamiento ante la ciudadanía. Se sostiene que los electores en la primera elección votan más con el corazón y que en el balotaje prima la razón: se elige el bien posible o el mal menor.

Daniel Zovatto, analizando una serie de balotajes ocurridos en América Latina, ha sostenido que por regla general se confirma el resultado de la primera vuelta, especialmente si la distancia entre el primero y segundo lugar es mayor de 15%. Pero señala algunas excepciones significativas: Juan Manuel Santos en Colombia (2014), Mauricio Macri en Argentina (2015) y Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2016) lograron dar vuelta la elección. El escenario está abierto.

La clave del éxito estaría en convencer al electorado que es necesario evitar un “mal mayor” o bien – dicho en términos positivos – que un candidato representa una mejor opción en relación con el otro. Para lograrlo habrá que determinar cuáles son los ejes o clivajes principales que preocupan a la opinión pública y, más precisamente, al posible electorado: orden público, desigualdad, salud, crecimiento, medio ambiente, empleo, etc. Mientras en la primera vuelta hubo muchos contrincantes (siete en nuestro caso, aunque uno virtual) lo que dificulta perfilar un mensaje identitario de los candidatos, en la segunda el tema se simplifica al haber sólo dos.

Es evidente que el respaldo cruzado que se puedan entregar los candidatos no supone automáticamente una conducta consecuente de sus electores. Eso ocurría más fácilmente cuando los partidos políticos tenían una mayor audiencia y seguimiento ciudadano. Ahora en que predomina el llamado voto volátil o esquivo es probable que el elector no se deje influir con facilidad por lo que indique el candidato por el cual votó en primera vuelta. Esta situación se agudiza cuando un candidato perdedor ha sido respaldado por una coalición de partidos diferentes. Cada cual, entonces, recupera su libertad de acción y, con mayor razón, los electores.

El otro factor para tener en cuenta es que por regla general la participación electoral en segunda vuelta disminuye. Muchos electores se sienten huérfanos de representación y optan por quedarse en sus casas. Ello, sin embargo, no ocurrió en la elección presidencial del 2017 entre Piñera y Guillar, donde aumentó la participación en 300.000 votos más o menos, como sí ocurrió una merma significativa en la elección presidencial del 2013 entre Bachelet y Matthei, tal vez porque se daba por ganadora a la primera. En la elección entre Piñera y Frei el 2009 el número de electores se mantuvo prácticamente igual; lo mismo ocurrió entre Lagos y Lavín el 1999-2000.

Por todo lo señalado no resulta simple sumar matemáticamente las votaciones de los candidatos perdedores adscribiéndolas a los dos que pasaron a segunda vuelta según un criterio de afinidad política, por ejemplo, en un eje de derecha a izquierda. A veces un voto más extremo de rechazo al sistema puede saltarse las opciones intermedias y favorecer al extremo opuesto que tiene también un lenguaje y un mensaje igualmente radical de repudio, aunque por otros motivos. Esto ha sucedido, por ejemplo, en algunos países frente a la emigración ilegal masiva.

En síntesis, se inicia desde hoy mismo una nueva campaña electoral que esta vez sí será decisiva.

Hoy se especula sobre la ampliación de la base de sustentación política del gobierno de Boric y la composición de su primer gabinete para desentrañar el sentido de la nueva administración. El programa es un primer indicio; también lo son los dichos y promesas de campaña, pero siempre subsisten las dudas hasta conocer el equipo gobernante y sus primeras medidas.

Los programas de los candidatos son siempre generales y si bien indican las líneas gruesas de un futuro gobierno, las señales más claras vienen cuando el Presidente nombra sus ministros y se indican los elementos de una hoja de ruta. Porque todo gobierno está sometido a los desafíos de la realidad, a los hechos imprevistos, a los acontecimientos cuya posible ocurrencia pasó desapercibida a quienes escribieron el programa, y por lo mismo la ciudadanía juzga cuando conoce a quienes tomarán las decisiones. Esta incertidumbre se ha vuelto particularmente aguda respecto del o de la futura encargada del equipo económico. Incógnita que no se despejará hasta el 22 de enero, plazo que se puso el presidente electo para dar a conocer su gabinete.

Unos viven esta espera con ansiedad, otros con el entusiasmo propio de quienes anhelan ver cumplidos los planteamientos de la campaña. El temor de un comienzo – que se reflejó en la subida del precio del dólar y en la salida de capitales- ha ido cediendo terreno. El Presidente electo ha cumplido prolijamente los ritos republicanos dando claras señales de estabilidad a la ciudadanía y al mercado. No faltan los comentarios elogiosos hacia Boric por parte de analistas internacionales de derecha, así como las felicitaciones de rigor de los jefes de Estado, entre ellos el presidente Biden afirmando que la elección chilena fue un “ejemplo para el mundo”.

El sentido del próximo gobierno se estructurará en torno a 5 ejes principales.

En primer lugar, como lo ha dicho el propio Boric, la consistencia de las instituciones y principios democráticos. No sólo haciendo cumplir la ley, sino también renovando profundamente el actual sistema político. El futuro gobierno está umbilicalmente ligado al éxito de la Convención Constitucional. Por eso Boric visitó a sus autoridades y señaló que la Constitución no debe responde al parecer de un sector, convocando a amplios acuerdos para alcanzar los 2/3 necesarios para aprobarla y darle legitimidad.

Este tema será, sin duda, un punto importante en el encuentro que sostendrá con los partidos de centroderecha, así como las primeras medidas de la agenda legislativa, entre ellas la reforma tributaria. Un punto clave será el respeto de los mandatos de las autoridades electas y el calendario de vigencia de las nuevas normas constitucionales. Luego vendrá la tarea de ir reformando la legislación para adecuarla con la nueva Carta Fundamental, tarea en la cual el Parlamento tendrá un papel relevante.

El otro eje fundamental es la reactivación de la economía dentro de las nuevas circunstancias del mercado internacional. No sólo se deben dar señales claras para la inversión y la creación de empleos, sino también indicar los principales compromisos en el campo de las reformas laborales, así como en el cuidado del medio ambiente. La idea de un desarrollo sustentable e inclusivo es un paquete completo.

El tema medio ambiental ha cobrado tal relevancia que la hoja de ruta en este campo es fundamental, por ejemplo, en el cambio de la matriz energética, en el uso de la energía disponible, en el manejo de los residuos, en el control de la contaminación de las aguas y el aire. Especial atención merecerán los cambios en la legislación del agua, condicionados por la sequía crónica. Ello implica las normas constitucionales, la discusión del Código de Aguas y las transformaciones administrativas.

Un punto clave será el diseño que se tenga para ir recuperando el equilibrio fiscal, elemento fundamental para una exitosa gestión económica.

El nuevo enfoque de la política indígena, principalmente la forma en que se inicie un nuevo trato con las comunidades mapuche será otro elemento definitorio del gobierno. El conflicto en la zona sur es uno de los principales desafíos del país. Hace años que se requiere un giro político como en su tiempo hizo Nueva Zelanda con los maorí y, en cuanto a la paz en la zona, se puede observar la manera en que el gobierno de Tony Blair logró terminar con el enfrentamiento en Irlanda del Norte, que había adquirido un nivel de violencia extrema.

Importante será también la respuesta del gobierno a las principales demandas sociales de la población en materia de pensiones, salud, educación y vivienda. Obviamente ello dependerá de los recursos fiscales disponibles y, por eso, se entiende la prioridad que se le otorga a esa iniciativa. Pero mientras se logra incrementar la recaudación, las medidas que se adopten irán indicando la ruta que se pretende seguir. Lo fundamental para la gente es percibir que se avanza en la dirección correcta, aunque sea en forma escalonada en el tiempo.

En política exterior debiera usarse el poder blando de la nueva administración con un claro compromiso con los principios básicos del Derecho Internacional. Hay que recuperar una política sin fronteras ideológicas como tuvo tradicionalmente Chile. Ello permite defender el interés nacional en un mundo cambiante en que las principales potencias buscan redefinir nuevos equilibrios.

Lo dicho presupone un cambio gradual de los valores que ha primado en la sociedad chilena, ligados al individualismo, la competencia, el éxito personal y el consumo. Sin desconocer la importancia del esfuerzo de cada cual, la orientación del nuevo Gobierno pondrá énfasis en la solidaridad y la cooperación, las cuales también tienen entre nosotros una larga tradición. Será ese el terreno fértil para ir encontrando un adecuado ajuste entre libertades personales e igualdad de derechos.

Así vamos desentrañando el camino del gobierno Boric, que marcará el escenario de las fuerzas que le brinden apoyo y de aquéllas que se ubiquen en la oposición. En ambos sectores puede haber grados diferentes de adhesión y de crítica. Quedan fuera muchas otras políticas importantes, como el enfrentamiento de la pandemia, la probidad y transparencia, la seguridad pública y las drogas, las migraciones. Hemos seleccionado los temas, que, a mi juicio, serán los más relevantes en la primera etapa del nuevo gobierno

Varias personas indecisas o favorables a rechazar la propuesta de nueva Constitución inquieren sobre la voluntad y la viabilidad del planteamiento de aprobar para luego mejorar el texto en cuestión.

A estas alturas del debate constitucional se ha vuelto un lugar común que el proceso constituyente no termina con el plebiscito del 4 de septiembre. Ricardo Lagos fue quien dio en el clavo. Michelle Bachelet afirmó luego que la propuesta de la Convención era un buen punto de partida. Por su parte, el Presidente Boric ha reiterado su voluntad de perfeccionar el texto. El PPD ha hecho público los temas que a su juicio deberían ser cambiados; el PS se encuentra preparando una posición al respecto y el FA también elabora un documento sobre el tema. El PC ha sostenido que está abierto a discutir el asunto después del plebiscito.

En síntesis, quienes voten por el Apruebo saben desde ya que no ratifican una propuesta -como se usa decir ahora- “escrita en piedra”, sino un marco sustancial adecuado para lograr una nueva Constitución. El juicio ciudadano favorable sería sobre el eje central, la columna vertebral y el espíritu que anima a la propuesta constitucional. Ello contribuye a despejar  dudas sobre el sentido de la aprobación de la propuesta constitucional.

Se ha dicho que, no siendo “perfecta”, inclina la orientación del orden jurídico y social hacia valores de dignidad, solidaridad, inclusión y armonía con la naturaleza. El consenso, entonces, se da en torno a ese conjunto de principios y normas que se puede sintetizar en una actualización de la noción ya clásica de “Estado social de derecho”, junto con una organización del Estado en consonancia con nuestra tradición y cultura políticas, que busca una mejor redistribución del poder a nivel territorial y un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, reforzando el papel de la Magistratura y el área de los órganos autónomos, con un mayor énfasis en el buen gobierno con cortapisas a la corrupción y abriendo cauces a la participación ciudadana.

Por eso es un buen punto de partida.

La implementación de la nueva Constitución –si es aprobada– será gradual y por partes. De inmediato entrarán a regir los capítulos relativos a los principios, las normas transitorias, las referidas al cambio de la Constitución y los quórum legislativos, además de algunas materias puntuales. En cambio, las normas relativas al funcionamiento del Estado quedarán en suspenso a la espera que se dicten las leyes habilitantes respectivas, con la excepción que la nueva organización del Congreso y la elección de las autoridades regionales comenzarán el 2026.

Además, como lo establece la disposición transitoria 2, las leyes vigentes seguirán en vigor mientras no sean modificadas, derogadas o declaradas inconstitucionales por la nueva Corte Constitucional, o sea, no hay lugar para una derogación tácita de las mismas.

Ello determina que al menos durante este Gobierno el país estaría regido por dos Constituciones: la nueva en cuanto a los principios, derechos y valores, y la actual en lo referente al rodaje del Estado y a la normativa sobre la vida social en general. En ese período el Poder Judicial tendrá un importante papel que jugar al resolver los conflictos que se puedan producir por la falta de coherencia entre la nueva Constitución y las leyes vigentes.

Para poder implementar cabalmente la nueva Constitución será necesario dictar las leyes que permitan entrar en funcionamiento a las nuevas instituciones o que cambien la competencia de las actualmente existentes. Según un primer estudio de la Biblioteca del Congreso, ello supondría modificar al menos unos 60 cuerpos normativos. Es una tarea ingente.

Esos cambios se tienen que llevar a cabo en el Congreso con acuerdo del Presidente de la República. Por más que la propuesta constitucional establezca un verdadero calendario para las reformas, esos plazos no tienen fuerza imperativa para el Congreso. Su no cumplimiento no acarrearía ninguna sanción.

No es un misterio que la composición política del actual Congreso es muy diferente a la de la Convención. El Gobierno no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras y las fuerzas que lo respaldan no siempre lo hacen en forma coherente y sólida. Para implementar la nueva Constitución no sólo es necesario, sino que será insalvable, introducirle mejoras. De lo contrario quedaría una constitución trunca, muy lejos de influir ampliamente en la vida de las personas.

Frente a este desafío -como ha ocurrido tantas veces– es probable que surjan dos posturas en el oficialismo: quienes quieran mantenerse en el inmovilismo denunciando a los sectores que impedirían o dificultarían la entrada en vigor de la Constitución y quienes por el contrario busquen abrir un espacio de negociación y diálogo con todas las fuerzas sociales y políticas para lograr los cambios comprometidos. Esta última tendencia tiene el aval del Presidente y el respaldo explícito de importantes fuerzas oficialistas. Por su parte, la oposición luego de haber anunciado algunos de los cambios que quisieran plasmar en una nueva Constitución, no podrían restarse al debate de esas reformas. Para facilitar la tarea, el Gobierno podría solicitar la contribución de académicos y expertos en Derecho Público, que desde hace tiempo han ido explorando áreas de consenso y de disenso. Además, sería conveniente que en la configuración de un nuevo gabinete se encargara a un ministro o ministra en especial la tarea de alcanzar los consensos necesarios para avanzar en la implementación constitucional, separando dicha tarea de las funciones normales del gobierno.

Resulta, entonces, imperioso reformar manteniendo el eje central de la propuesta constitucional. Ello debe quedarle claro a la ciudadanía antes de emitir su voto. La garantía última es que los acuerdos de reforma constitucional que se puedan alcanzar sean sometidos a un plebiscito. No se trata de  un cerrojo. Al contrario, es un resguardo de legitimidad. (El Líbero)

José Antonio Viera-Gallo

El tema de la seguridad pública ha pasado a ocupar el primer lugar en la escala de preocupaciones de la gente y en los noticiarios. Pasan los gobiernos y la sensación es que se avanza poco y nada o que, incluso, se retrocede. La modernización del Código Penal sigue al debe.

Ha subido exponencialmente el temor a sufrir una agresión física, un asalto, una estafa telefónica o por internet o por caer en un mundo sin reglas en el metaverso: hemos visto como se ha derrumbado el valor de varios bitcoins. Los espacios públicos han dejado de ser lugares de recreación, paseo o encuentro vecinal. Incluso la violencia física ha llegado a los centros comerciales, los colegios, los lugares de trabajo y los establecimientos de salud, para no hablar del comercio ilegal y de la violencia intrafamiliar.

Pese a que Chile ocupa aun un buen lugar en la región, han aumentado los homicidios, las extorsiones, las violaciones y las lesiones graves. La globalización y la postpandemia han agudizado el problema. Están operando entre nosotros los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco nueva Generación, y el colombiano cartel del Golfo y el venezolano Tren de Aragua.

Es evidente que el delito se ha modernizado y en ciertos campos se ha vuelto transnacional y ha invadido el espacio digital. La migración ilegal de los últimos años ha traído consigo algunas de las peores prácticas en esta materia. No se trata de una afirmación xenófoba. En Argentina hay más de 400.000 chilenos, sólo por señalar un país. En general es gente laboriosa y de esfuerzo. Lo mismo ocurre con los extranjeros entre nosotros. Pero también se reciben y se exportan las malas prácticas.

Existe una situación de emergencia.

La Corte Suprema alerta sobre una nueva industria del delito, el sicariato; las bancadas parlamentarias se apresuran en proponer cambios legislativos y el Gobierno ha lanzado un Plan de Seguridad poniendo el foco en el crimen organizado.

Algunos puntos focales.

Sobre el control de armas, hoy tenemos una situación anómala: Carabineros en la práctica entrega los permisos para la tenencia legal de armas y fiscaliza el cumplimiento de la ley; es juez y parte. La intervención de la Dirección de Movilización del Ejército se ha vuelto meramente formal. En otros países estas dos funciones se encuentran en organismos diferentes. Entre nosotros, tal vez podrían dividirse la competencia entre Carabineros e Investigaciones.

Respecto del narcotráfico, teniendo en cuenta que Chile ha pasado a ser un país de acopio masivo de droga para ser exportada a diversos mercados, habría que aumentar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para poder detectar los flujos de divisas y -tal como lo acordado recientemente la Unión Europea- que las transacciones en criptomonedas dejen de ser anónimas.

Consecuente con lo anterior, habría que entregar más competencias y recursos a Aduanas para controlar las exportaciones y evitar que se usen para fines ilícitos, reforzar la brigada de ciber crimen, la colaboración con Interpol y dotar de mayores recursos a la Fiscalía para que pueda cooperar con sus pares internacionales.

Un tema que se arrastra hace años es el precario sistema de destrucción de las drogas incautadas, situación que probablemente se ha visto agravada con los mayores decomisos. Hay que vigilar que esas sustancias sean verdaderamente destruidas con prontitud y evitar así que vuelvan al mercado. En cada Región debería haber al menos un establecimiento que cumpla esa función.

Los bienes incautados por narcotráfico deberían ser subastados luego de la formalización de los imputados, previa autorización judicial por extinción del dominio, sin esperar el resultado final del proceso, quedando el dinero obtenido en una cuenta del tribunal en espera del fallo definitivo. Así se contribuiría a desbaratar las redes criminales.

Por su parte, el conocimiento de las faltas por consumo ilegal de drogas -en la vía publica o en recinto privado previa concertación– debería pasar a conocimiento de los Jugados de Policía Local, liberando de un trabajo excesivo e inconducente a los fiscales y a la justicia penal.

Mientras se reforman las leyes respectivas, habría que fomentar la coordinación local de las policías con los guardias privados de seguridad y los cuerpos municipales de vigilancia. Así se podría lograr tener mayor confianza de parte de los vecinos y favorecer las denuncias manteniendo el anonimato del denunciante. Frente a las organizaciones criminales o bandas delictuales, la gente se siente atemorizada y no recurre a las policías. Los narcotraficantes parecen dominar muchos barrios comprando a sus colaboradores e intimidando a la población.

El impulso al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública en forma independiente de Interior supone un rediseño de los ministerios de la Moneda, en especial de este último que debe ver reforzada su función política de conducción del Gabinete. En el primer gobierno de M. Bachelet esta idea no prosperó porque no hubo consenso en realizar una transformación tan de fondo en el diseño del centro del Gobierno.

Por último, en lo relativo al sistema penitenciario, creo indispensable cambiar el enfoque favoreciendo la segmentación de la población penal según el tipo de delito, su peligrosidad y distinguiendo entre quienes se encuentran en prisión preventiva de los reos rematados. La idea de establecimientos carcelarios únicos y de gran tamaño debe ser abandonada. Visité hace unos años la Penitenciaría de Santiago. No volvía desde hacía casi 50 años. Había mayor sobrepoblación, con una evidente carga de violencia que hacía más ardua la labor de gendarmería y las tareas de rehabilitación impulsadas principalmente por las Iglesias. Una triste imagen, como si el progreso del país no hubiera pasado por ese recinto. Distinto es el panorama en los establecimientos concesionados.

Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los reos son jóvenes de escasos recursos y con poco nivel educacional. ¿Cómo no conectar esta realidad con la situación de riesgo social en que viven muchos jóvenes y diseñar políticas hacia ese sector para evitar que caigan en la tentación de buscar dinero fácil, como ocurre en otros países, por ejemplo, con las llamadas “maras” en El Salvador? ¿No han aumentado la participación de adolescentes en delitos violentos? Muchos de los crímenes más violentos, ¿no son ajustes de cuentas entre jóvenes de bandas criminales rivales?

Es tan grande el desafío y tan fuerte la inquietud ciudadana, que además de las reformas legales de fondo y algunos temas tocados en la propuesta de nueva Constitución, resulta urgente adoptar medidas que demuestren voluntad de enfrentar la amenaza y que cuenten con el respaldo profesional, técnico y político suficiente. (El Líbero)

José Antonio Viera-Gallo

Es sorprendente cómo se está recurriendo a la descalificación del adversario para ganar el plebiscito. Se caricaturizan los planteamientos, se simplifican los argumentos cuando no se recurren a exageraciones absurdas que llegan a constituir verdaderas noticias falsas. Muchos encuentran un refugio seguro en su propia ideología y desde allí disparan como ametralladoras bombas de racimo en todas direcciones. ¡Ay del que los contradiga!

Cuando Chile Vamos plantea una lista de temas que quisieran ver presentes en la nueva Constitución, en vez de valorar el avance en sus posiciones respecto al pasado, se cuestiona su sinceridad; por su parte, cuando el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad dan a conocer un acuerdo sobre modificaciones a la propuesta constitucional, se sostiene que es sólo una maniobra electoral de última hora.

Los votantes merecen un debate mejor. La política es algo más que pura pasión. Es cierto, como afirmaba el sicoanalista Matte Blanco, que ella hunde sus raíces en lo más profundo del inconsciente, donde se confunden en un marasmo el todo y las partes y con dificultad se percibe la secuencia temporal de los procesos. Por eso a veces cae peligrosamente en mitos resistentes a la realidad. Es responsabilidad de los actores políticos evitar ese peligro y hacer primar la racionalidad.

Ambas opciones del plebiscito son legítimas y se pueden esgrimir razones atendibles para fundarlas. Hay que superar la lógica de amigo-enemigo. Dejemos en la estantería a Karl Schmitt y a Ernesto Lacalu. No nos sorprendamos entonces que la política esté desprestigiada y que los ciudadanos recelen de los partidos y sus líderes, en especial de los que representan posiciones más extremas. Las redes sociales están cargadas de insultos y descalificaciones.

Se debiera, en cambio, tener en cuenta lo que reiteradamente señalan las encuestas: los ciudadanos apoyan posiciones más equilibradas, dejando en la orfandad a quienes rechazan en su totalidad la propuesta constitucional y quieren seguir con la actual Constitución y a los que plantean aprobarla a rajatabla sin modificaciones. Las personas resisten a ser encasilladas en opciones binarias y excluyentes: se inclinan por rechazar para cambiar y aprobar para mejorar.

Ambas alternativas, hoy confrontadas, luego del plebiscito se requerirán mutuamente para cumplir sus compromisos.

Si gana el Rechazo, para alcanzar los 4/7 de los parlamentarios y poder reformar la actual Constitución y abrir así un nuevo proceso constituyente, no son suficientes los votos de Chile Vamos y de quienes están por el Rechazo, teniendo en cuenta además la intransigencia de Republicanos. Se necesita un acuerdo con los partidos oficialistas y con el Gobierno: el Presidente conserva su facultad de veto.

Si triunfa el Apruebo -como espero- la implementación de una parte sustantiva de la Constitución, que se refiere al funcionamiento del Estado salvo algunas excepciones, se requieren numerosas leyes habilitantes; para lograrlo, las fuerzas que respaldan al Gobierno, suponiendo que actuaran unidas, no son suficientes. Nuevamente se necesita llegar a acuerdos más amplios. Lo mismo vale para los cambios comprometidos para mejorar el proyecto de nueva Constitución.

Lo que los votantes deben sopesar es cuál opción es mejor para ir terminando con la incertidumbre y alcanzar un texto constitucional capaz de regular la vida social y pública que le facilite al país enfrentar los desafíos del futuro: partir de cero asumiendo los aportes que hoy se reconocen al proyecto de nueva Constitución de M. Bachelet y los avances provenientes de la Convención Constitucional, sobre todo en los capítulos sobre los principios y derechos, o alcanzar los acuerdos tomando como base, como punto de partida afirmó M. Bachelet, la propuesta sobre la cual debemos pronunciarnos. En esa segunda eventualidad, las reformas deberán ser sancionadas por un plebiscito por la gente. No es un cerrojo, sino una garantía de transparencia y legitimidad, tal como ocurrió en 1989 con los cambios que abrieron paso a la transición a la democracia.

Ambos caminos son pedregosos, requerirán lo mejor de la política. La disyuntiva no es entre blanco y negro, sino entre apreciaciones sobre el mejor medio para alcanzar un fin cuyos elementos esenciales aparecen hoy perfilados.

Hay que reconocer un gran mérito a la Convención Constitucional. Sin sus debates y votaciones, no se habría producido en la sociedad una evolución rápida hacia posiciones más justas y modernas, por ejemplo, la aceptación hoy general del estado social y democrático de derecho y de una consagración eficaz y clara de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de un mayor compromiso con el cuidado de la naturaleza, las normas de buen gobierno y la descentralización del poder estatal y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Los planteamientos de las principales fuerzas políticas del país no son, ni pueden ser, simples declaraciones que se las lleva el viento. Las palabras constituyen un compromiso que la ciudadanía sabrá exigir cuando sea oportuno.

Hay que dejar las trincheras y escuchar a la gente y valorar su capacidad de decidir. No sobrecarguemos la disyuntiva con nuestros prejuicios ideológicos irracionales. No fomentemos la polarización. ¡El país tiene suficientes problemas por delante cuya solución exige buena voluntad y capacidad de diálogo! (El Líbero)

José Antonio Viera-Gallo