Velasco Letelier Eugenio (1918-2001) abogado, PR, PIR; PSD, PPD, decano de la Universidad de Chile, candidato a senador por Curicó, Talca, Linares y Maule 1973 (7.568 votos, 3.2%); abogado integrante de la Corte Suprema; expulsado de Chile por su posición en DD.HH, junto a Jaime Castillo Velasco, en 1976; “Espero vivir lo suficiente como para ser testigo presencial del renacer de Chile y del gozo de saber que mis hijos y mis nietos se desenvuelven y desarrollan en un sociedad de hombres libres y dignos” (1); regresa del exilio en 1983 (“No venimos a cobrar revancha. Nadie debiera temer un Nuremberg. El sufrimiento le hace perder a uno otro tipo de reacciones más subalternas. Se produce una extraña paz espiritual. Yo no tengo rencores ni odiosidades en contra de nadie… lo que quieren los chilenos, y lo han expresado como pueden, es volver a la democracia” (2). Precandidato presidencial 1989;

padres de:

Velasco Brañes Andrés (1960) [2] economista, Ph.D, casado con Consuelo Saavedra Florez, hija del ex diputado Sergio Saavedra Viollier.

«Mi abuelo paterno, Raúl Brañas Farmer, diputado radical y presidente de la Cámara de Diputados, fue miembro de la Masonería» (1).

(1) Andrés Velasco, en presentación transcrita en el libro «pensando al Chile del 2030» (2012).

(1) El Mercurio 15 octubre 2011.

(2) La Tercera 25 de junio 2012 «Según Velasco en 2006, el senado le dijo: «Ministro, tengo 12 nombres del PPD que usted tiene que ponen en cargos… tu no pones a esta gente y yo no apoyo ningún proyecto de Hacienda».

(3) Pulso, entrevista, 5 noviembre 2015.

(4) Documento publicado en inglés el 31 mayo 2016.

(5) 13 octubre 2019

(6) Columna «Una nueva estrategia de desarrollo»
Por Luis Felipe Céspedes- Universidad de Chile – Andrés Velasco- London School of Economics. La Tercera, 11 octubre 2020.

(7) Andrés Velasco y Alejandro Micco: «CASEN y desigualdad: hora de hablar en serio» La Tercera, 31 julio 2010.

(8) «El que tiene mantiene» La Tercera 16 enero 2013.

(9) 21 abril 2021

(10) Columna en El Mercurio «De vuelta al futuro», 24 noviembre 2021

A finales de 2019, más de un millón de chilenos salieron a las calles en protesta pacífica mientras una minoría violenta incendiaba comercios y estaciones de Metro. La sabiduría convencional sostenía que los disturbios se debían a los altos precios, los bajos salarios y la creciente desigualdad de ingresos. Para muchos, esa interpretación se confirmó en diciembre pasado cuando un candidato de extrema izquierda de 35 años, Gabriel Boric, ganó la presidencia por un margen saludable, reemplazando al conservador Sebastián Piñera. Pero la historia de la agitación política de Chile en los últimos años es mucho más compleja, como se reveló a principios de este mes, cuando una abrumadora mayoría de chilenos votó a favor de rechazar una nueva constitución redactada por una asamblea constitucional de tendencia izquierdista y respaldada por Boric.

La constitución actual de Chile fue redactada en 1980, durante la dictadura del general Augusto Pinochet. A pesar de que ha sido enmendado más de 70 veces desde entonces, sigue siendo impopular: en 2020, casi el 80 por ciento de los votantes votaron a favor de reescribirlo. La nueva carta, que supuestamente aseguraría la igualdad de género, garantizaría los derechos de los pueblos indígenas, fortalecería la protección ambiental y abordaría la desigualdad de ingresos, fue defendida por celebridades de Hollywood y por un grupo de intelectuales que incluía a los economistas Thomas Piketty y Mariana Mazzucato, quienes la aplaudieron en una carta abierta como un “producto visionario” que “establecería un nuevo estándar global”.

Los chilenos no estuvieron de acuerdo: el 86 por ciento de los votantes elegibles se presentaron y, por un margen de casi dos a uno, rechazaron la visión de la convención de un nuevo Chile. Los votos por el “no” prevalecieron en cada una de las 16 regiones de Chile y en 338 de los 346 municipios del país. Fue un golpe demoledor para Boric, que había unido el éxito de su gobierno al de la constitución propuesta. Inmediatamente después de la votación, su índice de aprobación cayó al 33 por ciento, una cifra insignificante para una administración que asumió el cargo hace apenas seis meses.

Los disturbios de 2019 fueron provocados en parte por un aumento de 30 pesos en las tarifas de los autobuses. Los manifestantes corearon: “No son 30 pesos, son 30 años”, en alusión a las tres décadas durante las cuales gobiernos mayoritariamente de centroizquierda mantuvieron al país en un curso de reformas graduales. Los observadores locales e internacionales tomaron eso como un rechazo total de los ciudadanos al experimento chileno con el capitalismo democrático. Pero como demuestra el resultado del referéndum, esa interpretación era incorrecta.

Los jóvenes estaban enojados por lo que veían como una escasez de oportunidades económicas, y muchos sintieron que el establecimiento político chileno se había cerrado y osificado. Los problemas sociales y culturales también estaban en juego: los adultos jóvenes de familias de clase trabajadora ahora llegaban a la universidad, pero enfrentaban discriminación y techos de cristal en el mercado laboral. Pero en última instancia, los chilenos querían arreglar el capitalismo, no derrocarlo.

La constitución propuesta era potencialmente desastrosa y los votantes tenían razón al rechazarla. Este resultado es una buena noticia para Chile e incluso podría ser una buena noticia para el gobierno de Boric, si el presidente llega a aceptar un mensaje clave que estaban enviando los votantes: quieren una nueva constitución, pero no quieren repetir los errores del proceso fallido que produjo el que él respaldó.

PREGUNTA CORRECTA, RESPUESTA INCORRECTA

Chile, como gran parte de América Latina, es de hecho muy desigual. En 2020, su coeficiente de Gini, la medida de disparidad de ingresos preferida por los economistas, fue de 44,9 sobre 100, más alto que el de la mayoría de los pares de ingresos medios altos del país. Sin embargo, hasta la pandemia, el coeficiente de Gini de Chile había estado cayendo: según el Banco Mundial, era de 46,6 en 2017, 49,0 en 2009 y un sorprendente 57,2 cuando el país volvió a la democracia en 1990. Por lo tanto, la creciente desigualdad de ingresos no podía ser el motor del creciente descontento ciudadano en 2019.

Otra explicación plausible pero errónea es que las protestas comenzaron porque los chilenos estaban hartos de la intrusión de los mercados y la búsqueda de ganancias en todos los rincones de la vida cotidiana. Las encuestas mostraron un descontento generalizado con las empresas privadas que brindan servicios públicos que van desde agua, electricidad y peajes de carreteras hasta seguros de salud y administración de fondos de pensiones. Sin embargo, esas mismas encuestas también mostraron enojo por la calidad de los servicios proporcionados por el Estado, ya sea en hospitales o centros de acogida. Más de la mitad de los padres han elegido durante mucho tiempo enviar a sus hijos a escuelas privadas financiadas con cupones estatales, incluso cuando se trata de pagar una tarifa. Nada de esto sugiere una nación con una aversión integrada a los mercados.

Entonces, ¿por qué tantos chilenos salieron a las calles en octubre de 2019? Las tendencias en educación proporcionan parte de la respuesta. Hace una generación, pocos niños de clase trabajadora asistían a la universidad. Hoy, siete de cada 10 estudiantes de educación superior provienen de familias en las que nadie había ido antes a la universidad. Esta es una gran noticia, pero con ella viene un corolario inesperado. La creciente oferta de profesionales ha hecho bajar sus salarios relativos, lo que hace más igualitaria la distribución del ingreso, pero frustra las esperanzas de quienes suponían que un grado académico les ofrecería un mejor estándar de vida.

Agregue a eso una montaña de deuda estudiantil y la discriminación que sufren los recién graduados en una sociedad donde las ofertas de trabajo a menudo dependen de tener el apellido o las conexiones «correctas». El resultado es una generación más rica y mejor educada que cualquier otra en la historia de Chile, pero también frustrada y desilusionada.

Las pensiones fueron otro motivo de enfado. El sistema privatizado de cuentas individuales de Chile recibe elogios en Wall Street, pero ha proporcionado ingresos de jubilación frustrantemente bajos a la generación del baby boom del país. Durante la última década, fueron comunes las manifestaciones callejeras que pedían un cambio en el sistema. Pero como mostró una encuesta tras otra, lo último que quieren los chilenos es que el gobierno les quite sus ahorros y los use para financiar un sistema estatal que, dado el rápido envejecimiento de la población de Chile, también pagaría pensiones bajas una vez que se cumplieran los requisitos iniciales.

De hecho, la petición más popular a la convención constitucional, que reunió más de 100.000 firmas, exigió que la nueva carta prohíba cualquier confiscación de ahorros privados para la jubilación.

Como Carlos Peña, filósofo político y el columnista más influyente de Chile, dijo a El País el año pasado: “No es cierto que los chilenos quieran cambiar radicalmente de rumbo y empezar de nuevo”. La mayoría de los manifestantes tocaban la puerta de la democracia chilena para que se les permitiera entrar, no para derribar todo el edificio. Los 78 hombres y 77 mujeres elegidos en mayo de 2021 para redactar la nueva constitución nunca lo entendieron. Es por eso que escribieron el tipo de texto equivocado, de la manera equivocada.

PROBLEMA CONVENCIONAL

El proceso constituyente engendró mucha esperanza, y los miembros de la convención constituyente —jóvenes, social y étnicamente diversos, con pocas conexiones con el establecimiento político tradicional del país— inicialmente parecían encarnar esa esperanza. Pero lo cierto es que la convención nunca fue muy representativa del electorado chileno. Debido a que las elecciones de mayo se llevaron a cabo mientras la pandemia aún estaba en su apogeo, los votantes mayores se quedaron en casa y los votantes más jóvenes tuvieron una influencia enorme. El sistema electoral utilizado para elegir a los delegados dio a los independientes una ventaja sobre los candidatos de los partidos. También creó 17 escaños reservados para miembros de minorías indígenas, cifra que no era proporcional al número real de votos emitidos para ocupar esos escaños. El resultado general fue un cuerpo que estaba muy a la izquierda del Congreso Nacional de Chile, elegido solo unos meses después.

El comportamiento de muchos delegados osciló entre lo inesperado y lo vergonzoso. En la ceremonia inaugural, un grupo de ellos abucheó a quienes cantaban el himno nacional, que consideraban un símbolo de opresión, para sorpresa de la mayoría de los chilenos. A lo largo de la convención se exhibió con frecuencia la bandera del pueblo mapuche, pero no el escudo nacional de Chile. Se reveló que el líder de la facción más radical de la convención, cuya historia de lucha personal contra el cáncer había conmovido a los votantes, nunca había padecido la enfermedad. Cuando los miembros del Partido Socialista votaron en contra de las disposiciones ambientales que habrían detenido la inversión privada, los “convencionistas ecológicos” los persiguieron por los pasillos, llamándolos traidores. Como era de esperar, en junio, casi el 60 por ciento de los votantes decían a los encuestadores que tenían poca o ninguna confianza en la convención.

EL DIABLO EN LOS DETALLES

La mayoría de los delegados constitucionales entendieron mal la naturaleza de sus trabajos. Una constitución es un conjunto de reglas para la conducción de la política, no un programa partidista para gobernar. Sin embargo, la convención produjo un documento de 162 páginas que detallaba la política en áreas que van desde la salud, la educación y la vivienda hasta la recolección de frutas, el manejo de las “semillas tradicionales” y el “patrimonio culinario y gastronómico” del país. El gobierno iba a tener un papel importante en la mayoría, si no en todas, de estas áreas. En 1980, Pinochet y sus abogados cargaron a Chile con una constitución de derecha. En 2022, la convención intentó cargar a Chile con una constitución de izquierda. Diferentes personas, diferente década, mismo error.

Debido a que la mayoría de los delegados tenían poco interés en los arcanos del diseño institucional, la arquitectura política que produjeron fue el aspecto más deficiente del texto. El sistema electoral, las reglas de suma importancia para elegir a los miembros del Congreso, solo se mencionó una vez. Los partidos políticos fueron mencionados apenas cuatro veces, tres de ellas para precisar quiénes no podían pertenecer a ellos. Se limitaría el poder de veto de la presidencia y se debilitaría severamente su derecho exclusivo de iniciar legislación que involucre gastos o impuestos (que ha dado a Chile el desempeño fiscal más sólido de América Latina). Para empeorar las cosas, la extrema izquierda de la convención trató de abolir el Senado, y cuando no obtuvo suficientes votos para lograrlo, redujo sus poderes y lo rebautizó como Cámara de Regiones. Paradójicamente para un texto que pretendía devolver el poder a la capital, el órgano de representación de las regiones de Chile hubiera sido débil en comparación con un todopoderoso “Congreso” de Diputados.

En tal sistema político, ineficaz y propenso a la parálisis, los derechos fundamentales contenidos en el texto habrían quedado —como tantas veces en la historia latinoamericana— en un catálogo de promesas incumplidas. Fue la receta perfecta para la frustración y desilusión de los votantes con la democracia.

También hubo una desconexión drástica entre la agenda de la mayoría de los delegados y las preocupaciones de los votantes de clase media. Centrados en fortalecer las protecciones ambientales, los congresistas garantizaron la “gestión comunitaria del hábitat” y establecieron organizaciones gubernamentales para garantizar “los derechos de la naturaleza”. Pero en un país que es 90 por ciento urbano y sufre una escasez crónica de viviendas, no aclararon si los residentes podrían ser dueños de sus unidades construidas por el gobierno. Y, a pesar del feroz debate sobre las pensiones, el texto era confuso sobre si los ahorros para la vejez serían heredables.

A los padres de los millones de estudiantes chilenos que asisten a escuelas privadas financiadas con cupones les preocupaba que el nuevo sistema nacional de educación propuesto por el proyecto de constitución no siguiera financiando dichas escuelas. E innumerables agricultores que dependen del acceso al agua se indignaron al enterarse de que sus derechos de agua permanentes y negociables se convertirían en meras «autorizaciones» para usar agua que podrían rescindirse y no podrían comercializarse. Como era de esperar, los padres de los distritos de clase media y los agricultores votaron en masa para votar «no» a la constitución propuesta.

En cuestiones de delincuencia y seguridad, los delegados de extrema izquierda y los votantes de la corriente principal también estaban muy separados. A diferencia de algunos de sus vecinos, Chile no tiene tasas de homicidios altísimas, pero la delincuencia y la percepción de inseguridad van en aumento. No hay duda de que las fuerzas policiales fueron brutales y de mano dura en sus intentos de controlar los disturbios a fines de 2019. Pero los votantes que buscaban una respuesta constructiva no la encontraron en el grafiti generalizado con el acrónimo en inglés ACAB («all cops are bastard”) o en el emblema de los alborotadores, visible en camisetas y banderas: un perro negro llamado Matapacos. La convención también pasó sus primeras semanas tratando de presionar al Congreso de Chile para que otorgara una amnistía general a las personas que no solo habían incendiado propiedades públicas y privadas en 2019, sino que en algunos casos también habían matado a las personas atrapadas en el interior.

Las víctimas de la violencia en Chile, a menudo pobres y vulnerables, no quedaron impresionadas. En los municipios cuyos hogares se encuentran en el quinto inferior de la escala de ingresos de Chile, el 75 por ciento de los votantes rechazó la constitución propuesta. En los municipios con hogares en el quinto superior, la cifra comparable fue solo del 60 por ciento.

La constitución propuesta habría consagrado los derechos indígenas, un motivo de celebración. Pero, como siempre, el diablo estaba en los detalles. Desde la llegada de los europeos a mediados del siglo XVI a lo que hoy es Chile, la discriminación contra los indígenas ha sido endémica. Cualquier nuevo acuerdo constitucional para Chile debería tener una fuerte declaración de derechos para las minorías étnicas, que representan el 12 por ciento de la población. El borrador de la convención podría haber logrado eso, pero la política de identidad se interpuso en el camino.

Los delegados se enfrentaron sobre si la etiqueta «plurinacional» o «multicultural» describe mejor a Chile, un debate que fue incomprensible para la gran mayoría de los ciudadanos. Cuando salió el texto final, la palabra “nación” se usó para referirse a Chile solo dos veces, y 41 veces para referirse a pueblos y grupos indígenas. La propuesta también creó un número no especificado de “autonomías territoriales indígenas” dotadas de “autonomía política, administrativa y financiera”. Se suponía que esta constitución proporcionaría a Chile un estado más musculoso, pero era difícil creer que, con el país dividido en muchas unidades diminutas, cada una tendría la capacidad y los recursos para brindar el público mejorado.

¿QUE VIENE DESPUES?

Parafraseando a Winston Churchill, este no es el principio del fin de una nueva constitución chilena, sino solo el final del principio. Los partidos en el Congreso ahora están negociando febrilmente hacia dónde irá el proceso a partir de aquí. Lo que está claro es que Chile sí tendrá una nueva constitución. Todos los partidos excepto los republicanos de extrema derecha están de acuerdo en esto por una sencilla razón: los votantes quieren un nuevo texto. Una encuesta publicada tres días después del referéndum mostró que apenas el nueve por ciento de los chilenos desea apegarse a la carta magna actual.

Un nuevo texto incluirá protección para grupos tradicionalmente marginados. Chile legalizó el matrimonio homosexual hace un año y ningún político está haciendo campaña para cambiar eso. Varios gabinetes y, ahora, la asamblea de la convención han sido mitad hombres y mitad mujeres; es una apuesta segura que cualquier sistema electoral futuro replicará ese logro. La igualdad de derechos para los pueblos indígenas también será parte de cualquier constitución futura. No se requería ratificar el texto propuesto de la convención para preservar estos logros.

Es probable que surja una nueva convención, pero bajo reglas muy diferentes. Los políticos de todas las tendencias ahora son reacios a emplear un sistema electoral para elegir delegados que favorezca a los independientes, como lo hizo Chile hace dos años, por temor a dar lugar a una convención llena de activistas de un solo tema incapaces de negociar. Los partidos políticos pueden estar pasados de moda, pero son necesarios para lograr acuerdos de amplia base. Hacer valer los derechos fundamentales y, por lo tanto, subrayar los valores que una sociedad aprecia, es una función crucial de las constituciones. Pero si jurar garantizar una docena de derechos es una buena idea, de eso no se sigue que jurar garantizar 240 de ellos sea 20 veces mejor. Las declaraciones sonoras son importantes, pero el diseño minucioso de las reglas del juego político para garantizar que los derechos se garanticen de manera efectiva es aún más importante. Los países que buscan impulsar el cambio redactando nuevas constituciones harían bien en prestar atención a esa lección.

Lo más inteligente que puede hacer Boric ahora es dejar que el Congreso tome los siguientes pasos.

La aplastante votación en contra del borrador propuesto fue un golpe y una oportunidad para el presidente Boric. Le dio la excusa perfecta para reorganizar su gabinete, nombrando a dos políticos experimentados de centro-izquierda en puestos ministeriales clave. Desde que se quedó corto en la primera ronda de las elecciones presidenciales a fines de 2021 y se desplazó hacia el centro, Boric ha mostrado los instintos políticos de un socialdemócrata. El problema es que los socios principales de su coalición -el Partido Comunista y su propio Frente Amplio- no comparten esos instintos, mientras que los socios menores -el Partido Socialista y una variedad de otros grupos moderados de izquierda- sí lo hacen. Es demasiado pronto para concluir que Boric se despojará de los elementos más radicales de su administración y se moverá decisivamente hacia el medio. Pero cuando se trata de redactar una nueva constitución, lo más inteligente que puede hacer ahora es dejar que el Congreso tome los siguientes pasos.

Los muy difamados políticos de Chile mostraron visión y talento en noviembre de 2019 cuando encontraron una salida a los violentos disturbios callejeros: canalizar la energía lejos del lanzamiento de piedras y el incendio de trenes y hacia el debate constitucional fue un acto de ingenio político. El primer intento de escribir una nueva constitución fracasó, pero, en un segundo intento, los chilenos lo harán bien. (Foreing Affairs)

Andrés Velasco

Velasco Brañes Andrés (1960)  Ministro de Hacienda 2006-2010,

«el Ministro Velasco ha declara que el presupuesto fiscal para el 2007 prorizará el gasto social; la presidenta ha dicho qe el del próximo año será el presupuesto mas expansidvo de todo el periorod que lleva gobernando la Concertación, ya que si el desembolso del Estado crece en 9% se superará el 8,9% que gastó Aylwin en 1991» Revista Capital, octubre 2006

«en el estado actual, el establishment tradicional de la Concertación ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo en como celebrar el 5 de octubre Par eso se quiere renovar y reinventar la Concertación» El Mercurio 26 septiembre 2012

precandidato presidencial de la Nueva Mayoría 2014, impulsor del movimiento Fuerza Pública: “Veo un país con una ausencia de debate, ausencia de propuestas. La vida pública exige sacrificios y muchos de esos son personales. Lo he visto en otra gente, lo he visto en mi familia, mi papá estuvo exiliado 12 años, así que me tocó ver esos costos en la vida pública en carne propia. Mi candidatura presidencial es un esfuerzo de muchos por abrir la ventana y que entre aire fresco e ideas nuevas. Bachelet rompió barreras y tabúes en la política chilena como pocas personas en nuestra historia. Es un factor de cambio, no de continuidad” (1);

«Velasco lanza críticas a Guido Girardi: ‘es el líder del clientelismo y las malas prácticas'» (2)

en el 2015 afirmó: “creo que los verdaderos herederos de la tradición de la  Concertación, la de los cambios graduales, la de la búsqueda de acuerdos, no es la Nueva Mayoría, sino que somos nosotros. Y eso no lleva a sentirnos distantes de la actual gestión de gobierno… cada vez me siento más opositor de la NM y de su proyecto”, “Yo creo que la mala idea fue que la Concertación dejara de ser la Concertación. Creo que fueron 20 años muy provechosos, de esos años fue un equilibrio entre las ideas de centro y las ideas de izquierda” (3);

“El problema no es simplemente económico, sino político. El mayor logro político de la humanidad es la democracia liberal. Sin embargo, en todas partes del mundo, los liberales demócratas son reacios a abogar por ella. No sorprende, entonces, que estén perdiendo la batalla por conquistar los corazones y las mentes de los ciudadanos (4); líder del partido Ciudadanos 2017;  candidato a senador 2017 por Maule (38.850 votos, 10.5%; Ciudadanos 12.3%).

«Velasco se desmarca de eventual candidatura: faltan dos años para las presidenciales y hay tanta pega que hacer antes de empezar a preocuparse de eso… hay otras prioridades inmediatas. Agradecio que sectores de la DC propongan su nombre para las presidenciales de 2021, pero descartó, de momento, postularse… no me puedo imaginar una situación en la cual al país le vaya bien sin que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo» (5).

Escribe una columna en el Mercurio, 26 de Julio 2020, que es respondida por Axel Kaiser afirmando que no estarían las condiciones para redactar una nueva Constitución. Le responde: «Las bases de nuestro ordenamiento político requiere cirugía mayor. Es lo acordado en noviembre pasado, y el punto de partida de una mejor política es que la palabra empeñada se respeta. Por eso voto #Apruebo». Por su parte Carlos Ominami, cuestiona la catalogación de «pateleta» por el retiro del 10%, diciendo que «Andrés Velasco no leyó bien mi carta. En ella aludo a su desprecio por la gente, las instituciones y finalmente por la verdad» El Mercurio 28 julio 2020.

Suscribe declaración de 100 personalidades en respaldo a Javiera Parada por los ataques recibidos por apoyar una candidatura presidencial (9);

suscribe APOYO Y RESGUARDO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL en 2021 ante intento de desnaturalizar la Convención Constituyente 2021

Andrés Velasco: «la centro izquierda intentó ser popular y solo logró ser despreciada. Por primera vez desde el 89 no está en segunda vuelta presidencial Su candidata salió quinta, derrotada no solo por un deslavado vocero del establishment, sino que también por un demagogo que solo hizo campaña por Zoom. Y ahora está a punto de cometer otro error: poner una manzana en su propia boca y entregarse en bandeja a Gabriel Boric, sin negociación o condición alguna» (10).

Adhiere a «Un comprimiso democrático» diciembre 2021 (ver sección)

Apoya movimiento Amarillos 2022: «…Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado “estallido institucional”, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron “apruebo” y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un “No” a una Constitución que no nos represente a todos…»

Es la fórmula perfecta para generar frustración y desprestigiar a la democracia. Si Chile concluye el actual proceso constitucional sin haber dejado atrás la combinación tóxica de presidencialismo y proporcionalidad, con sus secuelas de fragmentación política, debilidad partidista y pobre gobernabilidad, habremos desperdiciado una oportunidad histórica. Febrero 2022

«El proyecto constitucional es ocmo una casa con los muros torcisos y las vigas corridas» «La mayoria de la Convención, con una mezcla de obcecasión ideológica y la frivolidad de quien voa en la ducha, se encargó de aplastar la esperanza» «El reconocmiento de una multiplicidad de identidades es el inicio de la construcción de una nación, no el final. Una Constitución tamibén apunta a lo que nos une como nación» Entrevista El Mercuio 10 julio 2022

COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN No 23 MARZO DE 1988, pp. 51.65
MONETARISMO Y NEOESTRUCTURALISMO: LECCIONES MACROECONOMICAS* ANDRES VELASCO
SINTESIS. En este ensayo se examinan desde una perspectiva reciente los antiguos debates sobre la inflación entre estructuralistas y monetaristas; esto se contrasta con las nuevas ideas generadas sobre este tema por los experimentos ortodoxos del Cono Sur y los shocks heterodoxos recientes de Argentina y Brasil.
Se sugieren cuatro lecciones de las políticas de estabilización en las que habría consenso de economistas de distintas posiciones: (1) Atacar la inílación mediante el control de una sola variable dIo crea may0res desequilibrios a mediano plazo. (2) El control de la demanda agregada puede no ser una condición suficiente para la estabilización, pero es ciertamente una condición necesaria. De otro modo, todas las políticas complementarlas están destinadas aI fracaso. (3) Las tasas de interés no pueden ser mantenidas artiticialmente bajas (ni negativas en términos reales). pero tampoco puede permitirse que se disparen durante el período de estabilización. (4) La credibilidad de las políticas es crucial para su posible éxito. Inconsistencias entre las diversas medidas adoptadas y vaivenes o cambios impredecibles de rumbo deben ser evitados a toda costa. Las metas fijadas para los progamas estabilizadores deben ser factibles y, por lo tanto, creíbles. Anuncios excesivamente ambiciosos, al no ser cumplidos, si>10 crean desazón y desconfianza.

«Contra la desigualdad, el empleo es clave» Prólogo de Michelle Bachelet, de Andrés Velasco y Cristóbal Huneeus

Conferencia «Pensando a Chile del año 2030» (2012): «Mi visión del Chile Futuro». «…me parece que la clave de nuestra buena transición fue la buena política, la capacidad de la comunidad política chilena para evitar las demagogias, los populismos, los conflictos, trifulcas y peleas perennes e interminables, tan clásicas en América Latina… creo que cada día estamos en peligro de obrar mal … hoy me parece que vamos por un curso distinto y en especial que vamos por un curso en el cual el signo de los tiempos es el deterioro de la política y el decaimiento de la imagen que los ciudadanos tienen de la política. Eso a mi me preocupa…. «el problema de la desigualdad… los ricos en Chile tienen cuatro veces mas acceso al empleo que los pobres… «el reto para nuestra educación» necesitamos repensar desde un comienzo el proceso de formación docente y de carrera docente en la educación pública… «nuestro reto económico» hay un espacio para formular políticas de desarrollo productivo a nivel nacional y a nivel regional, respecto de las cuales creo que también hemos sido flojos… «la necesidad de reformas políticas»: si tenemos una mejor política vamos a tener mejores políticas y si tenemos mejores políticas vamos a tener un mejor país.

«Sobre el problema de la desigualdad «si bien es cierto que hemos avanzando bastante durante los últimos 20 años, en Chile las diferencias entre ricos y pobres siguen siendo excesivas, siguen siendo demasiado grandes… necesitamos activas política de Estado Pro-empleo… tener un sistema de intermediación laboral en que a todo joven le llegue información de las oportunidades de empleado en su comuna… subsidio del trabajo joven y subsidio del trabajo femenino»

«si  revisan las nociones parlamentarias presentadas relacionadas con educación verán que son poquísimas… quedan por construir dos pisos del sistema educacional: equidad y calidad…. hay colegios con rendimientos elevados y colegios con rendimientos lamentables… el sistema municipal fracasó… ¿qué necesitamos? un sistema que que corresponda a la diversidad de Chile, país largo y diverso.. aplicar la misma fórmula a todas las comunas es un despropósito… avanzar hacia un  régimen flexible en que las comunas se puedan asociar,… hay que experimentar, estar abiertos al cambio…»

«Chile es un país mas prospero que hace 25 años. Eso es un logro. Sin embargo, los chilenos no podemos tener la certeza que en los próximos 30 años vamos a crecer a las tasas a que lo hicimos en los 30 años que terminan, por la sencilla razón de que buen parte de nuestro crecimiento ha estado muy radicado en la explotación de ciertos recursos naturales… como vamos a crear industrial del conocimiento para ponerle mas valor agregado a nuestras exportaciones… como vamos a pasar de una industria de cortar árboles, a una industria de genética o de biogenética, o de actividades mucho mas avanzadas y mas tecnológicamente intensiva en lo forestal en la pesca, en la agricultura, en la minería…»

«los ciudadanos no creen en la política, las élites tradicionales se perpetúan, las caras son siempre las mismas, y las prácticas políticas no siempre son ejemplares… hay que crear un sistema electoral realmente competitivo, con distritos uninominales… no hay democracia sin partidos, pero se requiere transparencia total, rendición de cuentas, democracia interna tota… impulsar una ley de lobby…»

 «En la penúltima transparencia, esta el grafico con el Evolución del Ingreso Monetario per cápita de los hogares. Ese es el indicador que nos permite comprara peras con peras y entender cuanto poder adquisitivo tiene cada integrante de una familia. ¿Y que muestra este indicador? Que si el 2006 los ingresos del 10% mas rico eran 34.4 veces los del 10% mas pobre, en 2009 esta proporción cayo a 32.5 veces. Que la proporción de los ingresos del 20% mas rico a los del 20% mas pobre cayó de 16.8 veces el 2006 a 16,3 veces el 2009. Según la Encuesta CASEN, los ingresos monetarios de los mas pobres fueron los que mas crecieron entre el 2009 y el 2006%, un significativo 20% por persona» (7).

Entrevista El Mercurio 13 junio 2010: «Si Vidal tenía propuestas alternativas, él bien pudo haberlas planteado cuando era subsecretario o ministro… el enfoque de Vidal aborta cualquier reflexión posible, porque les echa todas las culpas a otros, a quienes además injustamente ubica fuera de la Concertación, con lo cual casi todo el mundo queda liberado de responsabilidad…. la Concertación perdió votos en el centro, entre los votantes jóvenes. A esos votantes no se les reconquistaba ni con populismo ni con demagogia que pedían algunos» Sobre su responsabilidad en la puesta en marcha del Transantiago: «esa acusación es totalmente falsa»

Misma entrevista: «yo llevo mas de 20 años trabajando para la Concertación y sus gobiernos…. vamos a dar todas las peleas que sean necesarias para promover las politicas que creemos que le hacen bien a Chile»

 «La ley de primarias dejó al zorro a cargo del gallinero. Basta que los poderes fácticos de un partido decidan que no habrá consulta ciudadana para que a un retador se le cierren todos los espacios» (8)

«Tenemos diferencias sustantivas respecto de las políticas públicas, sobre el debate programático de la Nueva Mayoría… después de noviembre estrenará su movimiento político» entrevista El Mercurio 7 julio 2017

«¿Aportan los aportes reservados?» La Tercera, columna, 11 septiembre 2014  «…un cambio a las reglas sobre financiamiento de la política… no puede resultar indiferente que haya candidatos que se financian a través de donantes anónimos, menos si estos donantes no son ciudadanos con derecho a voto, sino empresas o corporaciones que apoyan a ciertos candidatos a través del financiamiento de su campaña»

El Mercurio, 10 septiembre 2019: «La reducción de la jornada laboraal, es larga la lista de casos en que se ha legilado sin que estén los antecedentes técnicos a la mano», «Asi como vemos con la ley de las 40 horas, que tiene bastantes evidentes problemas, hay muchos otros ejemplos respecto de los caulaes se legisló con premura, mirando las encuestas, con cero impacto de los estudios predios»

«Llegó la hora de crecer» Columna El Mercurio 6 octubre 2019, Luis Felipe Céspedes y Andrés Velasco. «quienes sostienen que el llamado a desarrollar nuevos sectores es exclusivamente el Estado, no podrían cometer un mayor error. Y quienes creen que la solución a nuestros desafíos en materia de crecimiento pasa por reducir el papel del Estado y los impuestos, no podrían ser mas simplistas…»

Durante las manifestaciones sociales de octubre de 2019, con Luis Felipe Céspedes publica columna en La Tercera: «La transformación de nuestro sistema tributario debe apuntar a aumentar la carga tributaria efectiva de las rentas del capital. Hoy, dichas rentas terminan pagando en los hechos una tasa de impuesto mucho menor que las rentas de igual magnitud provenientes del trabajo. Esto ha limitado la capacidad del Estado de proveer bienes públicos productivos y generar mayor redistribución».

«Chile tiene un problema serio de crecimiento y productividad. Si queremos lograr mejores salarios, mayores niveles de bienestar y más recursos fiscales para redistribuir ingresos, debemos enfrentar urgentemente el desafío del crecimiento y de la productividad.
La productividad es la forma en que combinamos el capital y el trabajo para producir bienes y servicios. En una economía con muchas distorsiones, donde los recursos productivos no fluyen hacia las empresas más productivas o donde el talento no recibe oportunidades, la productividad es más baja y se crean menos empleos de calidad. Por eso, reducir distorsiones e ineficiencias en materia de asignación de recursos es clave. … En materia de innovación, nuestro país está claramente rezagado. Un punto de comparación es Australia. En 1981, cuando ese país exhibía un PIB per cápita ligeramente superior al de Chile hoy, la inversión pública en I+D era de 0,7% del PIB y la inversión privada era de 0,2% del PIB. En 2006, 25 años después, la inversión del gobierno australiano en I+D era de 0,8% del PIB y la privada era de 1,2% del PIB. Es decir, un esfuerzo relativamente constante de I+D del sector público y reformas claves para la innovación le permitieron a Australia aumentar en un 1% del PIB la inversión que los privados realizan en I+D. Por contraste, nuestra inversión en I+D hoy es apenas 0,35% del PIB, mayoritariamente financiada por el sector público. …  se requiere una reforma tributaria y una modernización profunda de las agencias relevantes del sector público. Los jefes de servicios debiesen dejar de ser funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República. El desempeño de esos gerentes públicos del más alto nivel podrá ser evaluado por un consejo técnico interdisciplinario, con expertos globales, locales y representantes de la ciudadanía. La puerta de entrada a este servicio debiese ser un examen que todos los que aspiren a pertenecer a este equipo debiesen pasar. Sin excepciones.
En materia tributaria, nuestro país requiere fomentar la competitividad de sus empresas, recaudar más y darle progresividad al sistema tributario. Proponemos una reducción ene el impuesto a las empresas y la creación de un impuesto al dividendo. Todo reparto de utilidades debiese pagar este impuesto. Lo anterior permitiría aumentar el flujo de caja de las empresas y al mismo tiempo evitar la postergación (indefinida) en el pago de impuestos que se produce con el actual sistema. Proponemos establecer incentivos especiales, pero no ilimitados al ahorro, y estímulos especiales a aquellos retiros que sean destinados a la innovación.

Andrés Velasco y Luis Felipe Céspedes «Elementos para un acuerdo necesario y urgente» El Mercurio 29 mayo 2020 «… el espacio fiscal para enfrentar el virus dependerá de un acuerdo que asegure una trayectoria sostenible para la deuda pública futura. Esto requerirá equilibrar una mayor eficiencia en el gasto público, una mayor carga tributaria y un mayor crecimiento económico…» «alcanzar un acuerdo nacional para enfrentar de la mejor manera el covid-19 no es un lujo; es una necesidad imperiosa…»

Entrevista El Mercurio, 1 noviembre 2020: «la discusión constitucional es, en lo medular, acerca de tres puntos: el régimen político (presidencial o parlamentario), el sistema electoral (mayoritario o proporcional) y la distribución del poder político entre la capital y las regiones». : sí creo indispensable que el centro y la izquierda democrática se organicen en torno a una primaria presidencial. Le haría muy bien al país» «No creo en una primaria que reúna a la centro izquierda y a los candidatos del PC y el FA».

Sichel responde a Velasco: “Me gustaría que le preguntaran alguna vez si apoyaría a alguien que no sea a sí mismo”. El ex ministro de Hacienda dijo que no se siente identificado con la precandidatura del ex presidente de Banco Estado. Este le respondió en entrevista con CNN Chile: «no ha entendido nada del cambio que está viviendo la política en la modernidad». 24 diciembre 2020

No sé ni cuándo ni por qué la directiva habrá tomado esta decisión. Tampoco sé a quienes consultó. Todos los Ciudadanos converso, y yo también, estamos con
@paulanarvaezo. 6 agosto 2021

Respuesta a Andrés Velasco, El Mercurio 23 de octubre de 2011: «el ex ministro formulo 3 críticas al gobierno, todas la cuales considero completamente infundadas…. sobre el Ingreso Ético Familiar se trata de una herramienta ampliamente consensuada por expertos en políticas públicas… sobre laxitud en la política fiscal… frente  al deterioro del balance estructural… en cambio en 2011 se espera un aumento de la productividad por primera vez desde 2005… sobre la Alta Dirección Pública, 2l 70% de ellos permaneció en sus cargos… no deja de sorprenderme que un ministro que haya sido uno de los responsables del mayor desastre en las políticas públicas, como fue el Transantiago…»

Claudio Orrego, El Mercurio 1 junio 2013 «Velasco ha seguido la receta del llanero solitario. No tiene parlamentarios, pero dice que va a cambiar Chile».

Claudio Orrego, Que Pasa, 25 enero 2013 «en los temas económico-sociales, Velasco esta lejos de Bachelet y de mi, y demasiado cerca de Allamand, Golborne y Parisi. Además, ha cometido errores y cambiado a lo menos dos veces su estrategia. Primero dijo que no competiría si iba Bachelet, después las emprendió contra los partidos, luego le pegó a la propia Bachelet y después se retractó. Nosotros no creemos que nuestro enemigo esté dentro de la Concertación, sino en la derecha»

Panoramas News «Andres Velasco: conozca al medio pollo de Bachelet» escrita por Alejandra Matus para The Clinic en el año 2008 «Ni Foxley, ni Aninat, Ni Eyzaguirre tuvieron tanto poder. Su fortaleza es equivalente a la que tuvo Hernán Buchi durante la dictadura. Eso tenía lógica, pues se vivía una severa crisis económica. En esas circunstancias uno nomba a un síndico de quiebras para que se haga cargo, pero no en un país que tiene posibilidades de desarrollarse». A fines de 2006, Velasco se sentía enla cima de sus éxitos. En entrevista que concedió a Paula, sostenía: «vamos en el séptimo u octavo proyecto de ley y creo que no hemos perdido un artículo todavía… sacamos la ley de responsabilidad fiscal prácticamente sin votos en contra. En la reunión del Banco Mundial nos decían: Que clase de país es Chile? Son capaces de ponerse de acuerdo en una ley para ahorrar miles de millones de dólares para el tiempo de las vacas flacas, y eso se aprueba en la Cámara de Diputados casi sin votos en contra»

Guido Girardi: «El ex Ministro Andrés velasco tien responsabilidad en general una lógica donde la Concertación terminó confrontada con los movimientos sociales» El Mercurio 26  mayo 2012

Joaquín García Huidobro, El Mercurio 30 noviembre 2014 «Quilapayún en Audi». «¿Es tan de centro Velasco como dice? La política económica que llevó a cabo mientras fue ministro de Haciende no coincide con aquello que en otros países se entiende por centro. De hecho, fue mas liberal que la de Rajoy, un derechista, o la de Merkel. Sus posturas sobre el aborto o el matrimonio homosexual son, por otro lado, bastante extremas y nada centristas…»

Encuesta a la lectoría:

Muchos parlamentarios han votado a favor de retirar fondos previsionales, incluso tras admitir que se trata de una pésima política pública, porque …

1. Son chantas, torpes y actúan demagógicamente.
2. Son astutos y responden hábilmente a las reglas del sistema político vigente.
3. Alguna otra alternativa.

Tal es el desprestigio de los políticos—y en especial de quienes ejercen la labor legislativa—que la inmensa mayoría de los lectores probablemente se incline por la primera alternativa. Pero la correcta es la segunda. No hay que ser economista ortodoxo para entender que los seres humanos respondemos a los incentivos, y los parlamentarios distan mucho de ser la excepción a la regla.

¿Retirar plata de las AFPs es malo para el bolsillo de los ahorrantes, para la viabilidad de cualquier reforma previsional y para el futuro de la economía? Puede ser ¿El loable fin de auxiliar a las familias durante la pandemia se podría alcanzar a mucho menor costo si el gobierno efectúa las transferencias y se endeuda para pagar la cuenta? Claro que sí. Pero todo eso me importa un soberano pepino, razona la diputada o el diputado. Lo único relevante es que me traten bien las redes sociales y que me pongan en los diarios y en la tele, con tal de alcanzar la reelección en unos meses más.

El divorcio entre los intereses individuales y el interés general es la piedra angular de un sistema político que funcional mal. Pero no es el único problema. Otro es la ausencia de incentivos para que gobierno y oposición colaboren. La oposición de entonces —incluyendo a la DC y quienes hoy gobiernan— votó a favor de los retiros para “propinarle una derrota política” a Sebastián Piñera ¿Qué pasa hoy, una vez que el Frente Amplio, al llegar al poder, ha descubierto repentinamente que gastarse los ahorros previsionales es una pésima idea? Quienes no están en el gobierno —incluyendo a buena parte de la DC y muchos de los que apoyaban a la administración anterior—, a sabiendas del desatino que cometen, votan a favor de los retiros para “enviarle una señal política” al gobierno de Gabriel Boric. Los actores se invierten, pero el mismo guion y su lógica nociva continúan.

Tomar decisiones impopulares siempre es difícil en política. Por eso, las democracias que funcionan bien construyen colectivos fuertes que permiten apechugar en grupo. Esos colectivos son los vilipendiados partidos políticos. El tercer indicio de que una democracia anda mal es la debilidad de los partidos.

En Perú y Brasil no cortan ni pinchan, en Alemania, Australia o Suecia son absolutamente clave. Y en Chile, ¿qué ha pasado con los partidos y los retiros? Durante el gobierno anterior la UDI -en teoría- estaba en contra de esa política, pero eso no impidió que muchos parlamentarios gremialistas le pegaran un cuchillazo a su propio gobierno y votaran a favor. Hoy los partidos de gobierno de nuevo están en contra, pero durante el trámite del quinto retiro diez de los partidos o agrupaciones oficialistas registraron votos a favor. Incluso en el Partido Comunista, otrora dechado de disciplina estalinista, dos votos fueron en contra de la postura oficial.

En resumen: nuestro actual sistema político funciona muy mal. La gran pregunta, entonces, es si la nueva constitución nos deparará un sistema político que funcione mejor, donde alguna vez se tome en cuenta el bien común, los distintos actores tengan razones para colaborar, y los partidos políticos cuenten con la fuerza para hacer su pega.

Esta pregunta debería preocupar especialmente a las izquierdas, proclives a enfatizar la importancia de los proyectos colectivos en la vida política. Debería preocupar también a quienes piensan que la constitución es por sobre todo un medio para garantizar derechos sociales, porque sin un sistema político que funcione, donde las leyes se puedan diseñar bien y financiar sustentablemente, esos derechos sociales serán letra muerta. Y tiene que inquietar a los que temen que la nueva constitución contendrá muchos disparates, porque esos disparates se pueden corregir (la constitución colombiana, también escrita por una convención, se ha modificado 45 veces desde que entró en vigor en 1991) si y solo si el sistema político opera razonablemente bien.

La increíble y triste respuesta, con su tufillo insoslayable a oportunidad perdida, es que la nueva constitución no procreará un sistema político que funcione bien. Al revés: de ponerse en vigencia, acaso funcionaría aún peor que el vigente hoy.

El viernes 6 de mayo se terminó de votar en el pleno de la convención el conjunto de normas que dará origen al sistema político, o “sala de máquinas” de la constitución, según la metáfora de moda. El sistema que empieza a tomar forma contempla avances importantes, como consagrar la paridad de género en el centro del quehacer político. En la votación se evitaron algunos de los errores más extremos que acechaban el proceso.

Por ejemplo, el pleno rechazó la norma que equiparaba a los independientes y los movimientos sociales con los partidos políticos; se aumentaron las materias sobre las cuales la Cámara de las Regiones, que vendría a reemplazar al Senado, se podrá pronunciar; y se eliminó la posibilidad de que, en caso de desacuerdo, el Congreso impusiera su voluntad sobre la de la Cámara de las Regiones si votaban por la insistencia 4/7 de los diputados y diputadas en ejercicio.

A pesar de esos avances, cuesta mucho quedar satisfecho con el resultado global. Lo que se perfila es un sistema político de difícil gobernabilidad, proclive a la fragmentación, y que deja muchas puertas abiertas tanto al populismo cortoplacista como al autoritarismo iliberal.

El primer error es de omisión más que comisión: el texto no dice casi nada sobre el sistema electoral. Como expliqué en detalle en una columna anterior, esto es equivalente a escribir el reglamento del fútbol sin especificar cuántos jugadores integran cada equipo, qué constituye un gol, y qué forma debe tener la pelota. Peor aún: la única mención en el texto al sistema electoral consigna que debe ceñirse a criterios de proporcionalidad, en circunstancias que la evidencia comparada sugiere que los sistemas proporcionales funcionan bien en regímenes parlamentarios, y no en regímenes presidenciales –aunque sea atenuado– como el que se está construyendo.

El sistema electoral es clave también para fortalecer a los partidos, que suelen ser influyentes y cohesionados en aquellos países en que a los parlamentarios se les elige en listas cerradas, con el orden de prelación al interior de cada lista fijado por la directiva partidaria, no por los votantes. Esto las redes sociales lo considerarían un sacrilegio, y por lo tanto las indicaciones que proponían listas cerradas fueron —previsiblemente— derrotadas. También se rechazó la idea de que el parlamento fuese elegido durante la segunda vuelta presidencial, lo que habría ayudado a construir mayorías que apoyen al gobierno recién elegido.

El resultado es que este texto constitucional, de entrar en vigencia, produciría un parlamento altamente fragmentado (hoy son más de 20 los grupos allí representados, y ese número solo puede ir al alza), partidos políticos débiles, y perpetuaría el problema que ha afectado a la democracia chilena desde los años 50: gobiernos incapaces de construir mayorías y, por lo tanto, incapaces de llevar a la práctica el programa por el que fueron elegidos. Es la fórmula perfecta para generar frustración entre los votantes y desprestigiar a la democracia.

Tampoco habría razones para que Ejecutivo y Legislativo colaboren, y no solo porque lo más probable es que estén bajo el control de coaliciones políticas diferentes. El gobierno puede vetar solo la totalidad de un proyecto de ley aprobado por el parlamento, en vez de poder vetar partes, lo que incentivaría la negociación.

La nueva fórmula de leyes de concurrencia presidencial, en que el parlamento puede iniciar proyectos en materias que hoy son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero éste a su vez puede tratar de abortarlas al negarles el patrocinio, parece una fórmula ideal para estimular el tironeo permanente entre gobierno y congreso. Bastará con que surja una idea mala pero atractiva (como los retiros) para que un grupo de parlamentarios presente un proyecto de ley al respecto, junte apoyos y presione al gobierno para hacerlo suyo. Si este cede, estaremos ante un parlamentarismo de facto como el que ha estado gestándose últimamente. Si el gobierno no cede, los parlamentarios lo tildarán de “soberbio” e “insensible” y seguirán con la presión, ya sea en el mismo proyecto u otro igualmente vistoso.

De aplicarse el texto propuesto, los conflictos también resultarían comunes entre el nuevo Congreso de los Diputados y las Diputadas y la Cámara de las Regiones —entre muchas razones, porque los criterios para que una materia pueda ser de competencia regional no son especialmente claros—. Ahora, como el Congreso sería mucho más poderoso que la Cámara, lo más probable es que ganase buena parte de los conflictos, con la consiguiente frustración de las regiones, a las que la nueva Cámara —se supone— debe representar. Y la atomización política y administrativa que el texto consagra no solo debilitaría al Estado, como argumenté hace unos meses en otra columna, sino que probablemente fracasaría en la tarea de darle más poder efectivo a las regiones.

En un contexto de fragmentación política, debilidad partidista y reiterado conflicto institucional ¿que pasaría con el bien común y la mirada de largo plazo? Lo mismo que ocurre hoy: quedarían relegados a un segundo o tercer plano, subordinados a los intereses inmediatos de parlamentarios y actores políticos varios.

Son muchos los riesgos adicionales que el texto implica, pero destaco solo uno más. Como casi todos los quórums supra-mayoritarios han sido eliminados, el esqueleto del sistema político (por ejemplo, las normas que regulan la elección del parlamento) quedaría sujeto a la regla del 50 por ciento. Si ocurriera —por improbable que sea— que un grupo cuenta con mayoría simple, entonces podría rehacer las reglas a su antojo y conveniencia, transformando esa mayoría transitoria en una permanente, y asumiendo poderes cada día más amplios.

Es lo que han hecho Chávez en Venezuela, Orbán en Hungría y Modi en la India. Podría ocurrir también en Chile, y en ese caso ya no tendríamos que preocuparnos por tener una democracia que no funciona, sino por carecer de algo que podamos llamar democracia.

En el curso del trabajo de la Convención publiqué siete columnas en Ex Ante analizando los potenciales problemas del texto que se redactaba. En esta columna hago un balance, reitero y resumo argumentos, y explico por qué me parece que la alternativa menos mala es el Rechazo.

Votar Rechazo no resulta fácil, pero sí resulta imperativo. Esta no es la Constitución que Chile necesita. Tener que elegir, como argumentan algunos, entre el texto que se propone y la Constitución vigente, es una disyuntiva falsa. El Rechazo no es el fin del camino. Es el comienzo de un nuevo camino, que debe llevarnos a una Constitución mejor.

Por supuesto que el texto constitucional propuesto contiene avances: el reconocimiento de los pueblos originarios, el énfasis en la paridad de género, la prioridad otorgada al medioambiente y la expresión clara de derechos políticos y sociales.

A pesar de esos avances, el resultado global no es satisfactorio. Una Constitución es, por sobre todo, un marco para el ejercicio del poder político. Y lo que se propone es un sistema político de difícil gobernabilidad, proclive a la fragmentación y el conflicto, y que deja muchas puertas abiertas al populismo cortoplacista.

El proyecto constitucional omite, incomprensiblemente, el sistema electoral. Esto es equivalente a escribir el reglamento del fútbol sin especificar cuántos jugadores integran cada equipo. Peor aún: la única mención en el texto al sistema electoral consigna que debe ser proporcional, y la evidencia comparada sugiere que los sistemas proporcionales funcionan bien en regímenes parlamentarios, y no en regímenes presidenciales como el que plantea.

El sistema electoral es clave también para fortalecer a los partidos, que suelen ser influyentes y cohesionados en aquellos países que eligen a los parlamentarios en listas cerradas, con el orden al interior de cada lista fijado por la directiva partidaria. Esto para las redes sociales es inaceptable, y por lo tanto las indicaciones que proponían listas cerradas no prosperaron. También se desechó la idea de que el parlamento fuese elegido durante la segunda vuelta presidencial, lo que habría ayudado a construir mayorías que apoyen al nuevo gobierno.

Este texto constitucional, de entrar en vigencia, produciría un parlamento aún más fragmentado (hoy ya son 22 los grupos representados), partidos políticos débiles, y perpetuaría el problema que ha afectado a la democracia chilena desde hace mucho: la llegada al poder de gobiernos incapaces de construir mayorías y, por lo tanto, incapaces de llevar a la práctica el programa con el que fueron elegidos. Es la receta perfecta para generar frustración entre los votantes y desprestigiar a la democracia.

El sistema de concurrencia presidencial, en que el parlamento puede iniciar proyectos de ley en materias que hoy son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero éste a su vez puede negarles el patrocinio, parece una fórmula ideal para estimular el conflicto permanente entre el gobierno y el congreso. Bastará con que surja una idea mala pero popular para que un grupo de parlamentarios presente un proyecto de ley, reúna apoyos y presione al ejecutivo para que lo patrocine. Si el gobierno cede una y otra vez, habrá triunfado el populismo y será el fin de la responsabilidad fiscal. Si el gobierno no cede, los parlamentarios seguirán con la presión, en torno al mismo proyecto u otro igualmente populista.

El diseño propuesto contempla una Cámara de Diputados y Diputadas omnipotente, que conoce de todas las materias y que por una mayoría de 4/7 puede ignorar los vetos de la Presidencia de la  República. Incluye también un esmirriado sucesor del actual Senado: la llamada Cámara de las Regiones, que otorga poco poder a las regiones y tiene atribuciones misérrimas. Esta fórmula limitaría la influencia de las regiones, concentraría el poder en una cámara hipersensible a los intereses centralistas y los humores de las redes sociales, y debilitaría el contrapeso de la Presidencia de la República.

En materia de descentralización el texto no lo hace mucho mejor. La cesión de competencias desde el centro es necesaria, pero hay que hacerla bien. El texto propuesto establece que Chile será “un Estado Regional” conformado por “comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas”… “dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses.”

Esta hiperfragmentación parece muy progresista, pero puede terminar siendo todo lo contrario. Un ejemplo: la Constitución garantiza el derecho a la salud y la educación, pero el ejercicio efectivo de esos derechos dependerá de la capacidad administrativa y financiera de las regiones, comunas y autonomías territoriales. Y que nadie se engañe: mientras más pequeño el estamento estatal, más débil y por lo tanto más susceptible a la captura.

Mucho mejor habría sido que la nueva Constitución incluyera, como ocurre en España, una lista de asuntos de la exclusiva competencia del gobierno central. Hay muchas áreas en que no tiene sentido que las regiones, los municipios y cualquier otra autonomía se pongan a redactar sus propias reglas. Eso solo lleva al conflicto, la duplicación de funciones y la burocracia excesiva.

Los gobiernos regionales y locales también podrían emitir deuda. La experiencia de Argentina y Brasil en esta materia es desastrosa, y cuesta creer que sería muy distinto en el caso de Chile. El texto afirma que los fondos recaudados mediante la emisión de deuda no podrían ser utilizados para pagar remuneraciones ni gasto corriente, lo que supuestamente limitaría las tentaciones populistas. Pero esa prohibición resulta inútil porque, como dicen los economistas, el dinero es “fungible”. Decirle a un ciudadano que no puede usar su tarjeta de crédito para salir de farra no tiene ningún efecto si el ciudadano puede usar la tarjeta de crédito para pagar las cuentas de la luz y el agua, y la plata de las cuentas para irse de fiesta.

Este errado diseño descentralizador tiene su origen en otro problema del texto propuesto: el enfoque identitario extremo que lo motiva. Por supuesto que Chile debe albergar, reconocer y respetar a más de una identidad étnica o cultural. Pero el reconocimiento de esas identidades múltiples es el inicio de la construcción de una nación, no el final.

En este punto el texto propuesto equivoca el camino. Reivindica identidades estrechas en un lenguaje tortuoso y confuso. El afán identitario lleva, como enfatizó el semanario inglés The Economist, a que el texto sea “ridículamente amplio”. El derecho de “campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales” incluido en el texto resulta, sin duda, importante para algunos, pero no es ni debe ser materia constitucional.

La reacción de la clase media al identitarismo extremo contribuyó a crear el monstruo de Donald Trump en Estados Unidos y al error histórico del Brexit en Gran Bretaña. También alimenta populismos de derecha como los de Bolsonaro en Brasil, Orban en Hungría y Modi en la India.

Ningún progresista puede querer que un populista autoritario y conservador llegue a La Moneda. Esa es una razón más para que la centroizquierda se atreva y vote Rechazo —no para dar por concluida la tarea constitucional, sino para proseguirla con la misma esperanza del plebiscito de entrada—. (Ex Ante)

Andrés Velasco

El argumento para reemplazar la Constitución hoy vigente siempre tuvo dos partes. La primera, que el texto de 1980 consagraba un cierto modelo, lo que impedía que los votantes optaran por alternativas para organizar la economía y la sociedad. La segunda, que ese modelo no se podía cambiar por culpa del “cerrojo” de los dos tercios del Congreso requeridos para modificar la Constitución. Así las cosas, había que partir de nuevo, redactando una nueva constitución a partir de una hoja en blanco.

Mucha gente creyó estos argumentos, al punto que en octubre de 2020 el 78 por ciento optó por que se redactara una nueva constitución. Pero quienes impulsaron con más fuerza estos argumentos resultaron no creer en ellos. Hoy, desde la Convención Constituyente, dicen y hacen exactamente lo contrario a lo que predicaron. La ciudadanía tiene todo el derecho a sentirse engañada, pues se trata de un caso químicamente puro de deshonestidad política e intelectual.

En su libro La Constitución Tramposa, publicado en 2015, Fernando Atria tildaba de “metacerrojo”…

…los quórums de reforma constitucional, que actualmente son de 60 o 66% de los diputados y senadores  en ejercicio… La subsistencia de estos cerrojos es la marca de la continuidad de la Constitución actual con la de Pinochet. Ellos definen la trampa de Guzmán, la forma tramposa que la Constitución de 1980 da a la unidad política chilena… La eliminación de todo cerrojo, por tanto, y su reemplazo por reglas que busquen habilitar al pueblo para actuar y no neutralizarlo, sería la destrucción de la Constitución de Pinochet y su reemplazo por otra democrática.

Fast forward al presente. Hace apenas unos días, el mismísimo Atria apoyó la propuesta que el Congreso actual no pueda reformar la nueva constitución a menos que el cambio cuente con el apoyo de …. 66% (dos tercios) de los diputados y senadores. Por supuesto que la gran mayoría de las constituciones contempla quórums supra-mayoritarios. De eso se trata una constitución: es un marco que no se puede modificar en virtud de una mayoría transitoria. Pero en su libro Atria no se dio la molestia de afirmar tal obviedad. Decía en 2015 que era necesario eliminar “todo cerrojo” para que una constitución (esa u otra) fuera verdaderamente democrática. Hoy sostiene precisamente lo contrario.

Además, el quórum de dos tercios se aplicaría solo actual Congreso, en que las fuerzas afines a Atria no tienen mayoría. En un tweet, Atria sostuvo que la exigencia de dos tercios “no es una trampa, es un modo de proteger la constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella”. Jaime Guzmán no lo pudo haber dicho mejor: sin ustedes son “leales” a lo que yo pienso, les impongo un estándar; si no es así, les impongo otro. Ricardo Lagos Weber respondió, también vía tweet: “¿Dónde se hace el PCR para definir cuáles instituciones son leales?”

La impostura no termina con el asunto de los cerrojos. El intento por consagrar cierto modelo de desarrollo en la constitución es más grave —y más tramposo— aún.

En el mismo libro del 2015, Atria sostuvo que el propósito de la constitución de 1980 era “proteger el proyecto político de la dictadura de Pinochet (lo que suele llamarse el “modelo”) en contra del pueblo”, lo que a él (Atria) le parecía condenable. Por supuesto que cualquier intento de dejar amarrado un esquema de desarrollo en la constitución vulnera el principio básico de la democracia, que consiste en elegir parlamentos y gobernantes para que pongan en práctica las políticas y las leyes que prometieron en campaña. De otro modo ¿para que hacer la faramalla de una elección, con promesas vistosas y discursos encendidos, si al día siguiente de ser elegido el mandatario o mandataria constata que ya está todo cocinado y que solo le toca poner en práctica políticas sobre las que no tiene injerencia alguna?

Pero si eso era condenable y anti-democrático en el caso de la constitución del 80 ¿por qué no lo es también en el texto que se está terminando de redactar? En sus 499 artículos (más que en ninguna de las otras constituciones latinoamericanas, que suelen ser verborreicas) la nueva constitución fija en un grado inusitado de detalle reglas para proveer salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones, y también maní del carrito de la esquina.

Ojo que el problema no consiste en que las normas constitucionales sean de izquierda o de derecha, o verdes, rojas, azules o amarillas. El problema es que aparezcan en la constitución asuntos que no deben estar allí.

Un ejemplo: la exigencia de que la cotización de salud vaya a un fondo común administrado por el Estado, y que las Isapres se transformen en meras proveedoras de seguros complementarios, ha provocado gran alarma en círculos conservadores, pero a mí me parece de lo más bien. Pero que me guste como política pública no me impide ver que es peligroso que una norma de ese tipo esté en la constitución y no en una ley ordinaria.

Los países avanzados tienen los más diversos sistemas de salud, con más o menos Estado, gestión centralizada o descentralizada, y aseguradores privados y clínicas que juegan muy distintos papeles. Además, la tecnología cambiará de modo radical tanto la medicina preventiva como la curativa en la década que viene. ¿Quién puede asegurar que en Chile hayamos dado con la fórmula perfecta e inmutable? El día de mañana un candidato o candidata a la presidencia quizá proponga un esquema alternativo, y si gana la elección y consigue el acuerdo del Congreso debería poder ponerlo en práctica sin tener que modificar la constitución. En eso consiste la democracia.

Más que un marco para el ejercicio del poder político y la alternancia en el poder, el texto que se está pergeñando es el sueño erótico de Jaime Guzmán: el programa de gobierno de una facción —un modelo, que no es el modelo de todos—, plasmado para siempre en la constitución. Precisamente el problema que en el pasado Atria no se cansó de denunciar, pero que ahora, sostiene, ha dejado de ser problema y se ha transformado en virtud.

Ante tal vuelta de carnero, tan premeditada y alevosamente ejecutada, y con tamañas consecuencias, ¿cabe otro calificativo para este constituyente que no sea el de tramposo? (Ex Ante)

Andrés Velasco

Ni siquiera los críticos más ácidos lo anticiparon: el gobierno ha enviado al Congreso un veto profundamente anti-empleo, con efectos nocivos para mujeres y jóvenes. El veto suprime un tenue pero positivo aspecto de la Reforma Laboral: ciertos pactos de adaptabilidad que habrían permitido que empleadores y empleados se pusieran de acuerdo para fijar jornadas y turnos de trabajo.

En un diseño similar al que alguna vez planteó el entonces Presidente Ricardo Lagos, el propio gobierno propuso estos pactos en su proyecto de ley original. Pero ahora gira en 180 grados y pretende eliminar la mismísima norma que propuso, solamente porque se trataría de aspectos que se “concedieron”, y ante el fallo adverso en el TC deben desaparecer. ¿Eran medidas beneficiosas para las trabajadoras y los trabajadores? Sí. ¿Habrían marcado una diferencia a favor de reducir la vergonzosa desigualdad de ingresos? Sí. Pero nada de ello importa mucho, al parecer.

El gobierno argumentará que como el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la llamada “titularidad sindical” entonces es mejor que no se negocien horarios, turnos y jornadas. Pero ese es un argumento espurio.

Primero, porque la inmensa mayoría de los trabajadores en Chile (cerca del 85%) trabaja en empresas en que no hay sindicatos y no los habrá en el futuro cercano y, por lo tanto, para que los pactos de adaptabilidad se usaran ampliamente, siempre fue necesario que pudieran acordarse entre los empleadores y los trabajadores organizados en “grupos negociadores”.

Segundo, porque si se trata de prevenir eventuales abusos (esa es precisamente la idea detrás de negociar los turnos y jornadas, en vez de que el empleador los imponga unilateralmente), hay muchas maneras de hacerlo. La ley ya requería altos quorums en la entidad que negocia a nombre de los trabajadores, de modo de garantizar su representatividad y evitar que un empleador inescrupuloso la pase a llevar.

Pero en vez de prohibir los abusos, el gobierno prefirió evitar la negociación. Es sintomático de una coalición política que no confía que los trabajadores puedan negociar autónomamente. Entre los intereses de minorías altamente organizadas como la CUT -entidad que apenas representa a un trabajador o trabajadora chilena de cada siete-, la Anef, el Cruch o la Confech, y los intereses de la mayoría de las personas, la Nueva Mayoría siempre opta por la minoría.

En Chile, la mayor proporción del total de infracciones denunciadas en la Dirección del Trabajo se refieren a la distribución y límites de la jornada de trabajo ¿Cómo es posible que un joven no pueda ser contratado unas horas en la mañana y otras horas en la tarde, estudiando en las horas intermedias? ¿O que una jefa de hogar que lucha por sacar adelante a su familia no pueda trabajar jornadas parciales o turnos cortados?

La controversia reciente sobre Uber nos recuerda -en el caso, por ejemplo, de un conductor que a través de una aplicación digital presta servicios de transporte en los horarios que a él le acomodan- que en el siglo 21 habrá muchas nuevas modalidades de trabajo. Necesitamos una reforma laboral que las permita y al mismo tiempo le garantice a esos trabajadores sus derechos. Esa sería una reforma laboral del siglo 21, pero para ella habrá que esperar un próximo gobierno.  Mientras tanto, las mujeres y los jóvenes seguirán esperando. (La Tercera)

Andrés Velasco

El Decano de la Escuela de Políticas Públicas del London School of Economics and Political Science (LSE), dice que, si gana el Rechazo, el país tendrá “la oportunidad de retomar el clima de esperanza del plebiscito de entrada. En ese momento, 80 por ciento del país dijo claramente quería una nueva Constitución. A partir del 5 de Septiembre podemos empezar a redactar un nuevo texto que tenga la aprobación de 80 por ciento de las chilenas y chilenos”.

-Estás por el Rechazo. ¿Por qué?

-Porque no creo que Chile deba resignarse a tener una Constitución deficiente, que genere conflicto en vez de colaboración, deteriore aún más la calidad de la política, y reduzca nuestra capacidad de tomar buenas decisiones colectivas. Una Constitución es, por sobre todas las cosas, una arquitectura política. Y este proyecto propone un edificio que no se sostiene. Omite el sistema electoral —que es clave—, desequilibra la relación entre las dos cámaras del Poder Legislativo, debilita el poder de veto del Ejecutivo, fragmenta en exceso la organización política del país, y un largo etcétera de carencias y errores.

-De ganar el Rechazo, ¿Qué viene el 5? ¿Cómo sigue hacia adelante la cosa en un país tan dividido?

-El 5 de Septiembre, si gana el Rechazo —como espero que ocurra—, tendremos la oportunidad de retomar el clima de esperanza del plebiscito de entrada. En ese momento, el 80 por ciento del país dijo, claramente, que quería una nueva Constitución. A partir del 5 de Septiembre podemos empezar a redactar un nuevo texto que tenga la aprobación de 80 por ciento (o más) de las chilenas y chilenos.

-¿Propones un nuevo proceso igual al anterior, ¿con las mismas reglas? ¿Aguanta el país otro año y medio con la incertidumbre que generó la elaboración de un nuevo texto constitucional?

-A estas alturas somos muchos los que hemos propuesto un nuevo proceso democrático, pero no igual al anterior. Porque no se partiría de cero —está este texto, el que propuso la Presidenta Bachelet, los aportes del Presidente Lagos, y las ideas de una infinidad de centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil—, una nueva Convención podría hacer su trabajo en seis meses, apoyándose en un grupo de expertos que harían recomendaciones no vinculantes.

La Convención debería ser más pequeña y operativa, y tendría que elegirse de otro modo para no repetir los errores recientes: con independientes pero no con listas de independientes (que son un contrasentido), con un sistema electoral que contemple listas cerradas y paritarias como las que se usan en tantas democracias del mundo (especialmente en Europa), y con la fórmula neozelandesa para calcular el número de escaños reservados. Sería necesario un plebiscito de salida pero no uno de entrada. En menos de un año Chile tendría la Constitución que merece.

-¿Quién debería liderar ese proceso? ¿El Presidente, los partidos, un acuerdo transversal? ¿Es viable?

-Ese proceso no debe tener dueños. Es clave que sea lo más transversal posible. Pero es evidente que lo deben liderar el Presidente, convocando a las fuerzas políticas y a la sociedad civil, y el Congreso, donde volverá a estar radicado el poder constituyente.

-¿Qué te parecieron las declaraciones de Ricardo Lagos respecto a que “lo que ocurrió con los partidos de derecha es un signo positivo” sobre la aprobación del proyecto para bajar los quórums? ¿Las compartes? ¿Esta vez le crees a la derecha?

-Precisamente uno de los problemas del momento actual es la pérdida de confianza y credibilidad. Nadie le cree a nadie. Pero para retomar el buen funcionamiento de la democracia, en algún momento tendremos que volver a creer. Esa confianza se reconstruye paso a paso y —en eso tiene toda la razón el Presidente Lagos— la votación que rebaja el quórum a 4/7 un “signo positivo” y un paso en el camino adecuado.

Además, hay que pensar en los incentivos políticos. La derecha no está en el poder. Le fue muy mal en las elecciones de la Convención. Su estrategia pasada no le dio resultado. Y la ciudadanía ha dicho claramente —casi 80 por ciento en el plebiscito de entrada— que aspira a una nueva Constitución. Pretender bloquear el proceso constitucional sería obtuso y políticamente contraproducente para la derecha democrática.

-¿Qué representa el acuerdo alcanzado por los presidentes de partido donde se comprometen a hacer ajustes al texto?

-Representa, antes que nada, la admisión por parte de las dos coaliciones de gobierno que el texto constitucional propuesto es deficiente. Por meses respondieron a las críticas diciendo que eran fake news. Ahora admiten que hay problemas en materia del consentimiento de los pueblos originarios, las leyes de concurrencia presidencial, los sistemas de justicia paralelos, el estado de emergencia, y al menos una docena de asuntos más.

Pero el acuerdo no cambia nada sustancial, por tres razones. Primero, porque el mensaje es incoherente: “sí, es mala, no funciona, pero cómprela no más, y el lunes pasa por aquí y se la arreglamos.” Eso no es muy atractivo ni plausible. Segundo, porque casi todos los asuntos tocados en el acuerdo no implican cambios al texto, sino “perfilamientos” o interpretaciones legales. Lo que una ley decide, otra ley lo puede cambiar. Y, tercero, porque el Presidente del Partido Comunista al rato le tiró la cadena al acuerdo, afirmando que “no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas.” No me digan que eso es una perogrullada o que lo citaron fuera de contexto. Teillier es un político avezado. Si creyera en el acuerdo, habría dicho “haremos todo lo que sea necesario para concretar estas cosas.”

-Antes de ayer posteaste una imagen que mostraba a figuras asociadas a la centroizquierda como Javiera Parada, Ximena Rincón y Felipe Harboe cruzando el mítico puente que apareció en la franja del No. Fueron criticados desde la izquierda. ¿Hay una política de cancelación? Algunos dijeron que fue muy allá la campaña del Rechazo. ¿Por qué tanta crítica?

-Los símbolos de la recuperación de la democracia no son de un grupo. Son de las y los demócratas sin excepción. Por supuesto que personas comprometidas con la democracia, y que han colaborado con los gobiernos progresistas, como Javiera Parada, Felipe Harboe o Ximena Rincón tienen todo el derecho a aludir a esos símbolos.

Además, votar Rechazo muestra compromiso con la democracia, que es precisamente lo que estaba en juego en 1988. Como dijo Genaro Arriagada, que fue Secretario Ejecutivo de la Campaña del No,  el sistema político propuesto es “una amenaza a la democracia.” A Genaro ¿también van a tratar de “cancelarlo”?

Esa reacción tan virulenta de algunos partidarios del Apruebo es propia del clima que se ha vivido hasta ahora, en que algunos pocos se arrogan todas las virtudes morales y ningunean al resto del país. Afortunadamente, ese clima parece ir cambiando. Al Ministro Jackson le dieron una merecida capotera por declararse moralmente superior. No me extrañaría que a los que están tan indignados por el video les pase lo mismo.

En relación con la carta publicada en la edición de ayer de «El Mercurio» firmada por un ilustre grupo de dirigentes que trabajaron en la campaña del No, quisiéramos decir lo siguiente:

Somos muchos las y los demócratas que luchamos contra la dictadura y hemos participado de los gobiernos progresistas que hoy votaremos Rechazo.

El plebiscito del 4 de septiembre no es una disputa entre izquierdas y derechas. Es sobre el texto propuesto por la Convención Constitucional.

Nuestro país tendrá una nueva Constitución, porque así lo decidió el pueblo de Chile en el plebiscito de entrada. Lo que está en juego es si será este texto —que adolece de graves fallas y que no convoca a una gran mayoría— o una Constitución que logre unir a nuestro país.

Nuestro voto por el Rechazo nace de un profundo compromiso con la democracia: en el plebiscito del 88 se trataba de ponerle término a una dictadura; en 2022 se trata de evitar los riesgos para la democracia, la convivencia y el desarrollo que trae consigo el deficiente texto propuesto por la Convención.

Por todo esto, reivindicamos nuestro derecho a apelar a la democracia y sus símbolos en esta encrucijada, que no son de un grupo en particular, sino que de todas las chilenas y los chilenos.

Y volvemos a invitar a votar Rechazo el próximo 4 de septiembre. Sin odio, sin miedo y sin violencia.

¡Cruzaremos todos los puentes que sean necesarios para proteger nuestra democracia! (El Mercurio Cartas)

Ximena Rincón;
Matías Walker;
Andrés Velasco;
Javiera Parada

El mercado laboral en Chile enfrenta al menos tres grandes desafíos. El primero es el escaso éxito de mujeres y jóvenes al momento de buscar empleo. Los casos más dramáticos son el de los jóvenes entre 20 y 24 años, con una cesantía del 15,4% -que duplica el promedio nacional-, y el de las mujeres, que tienen tasas de cesantía muy superiores a las de los hombres. El segundo desafío es generar condiciones para mejorar la productividad y así facilitar la creación de nuevos empleos con mejores remuneraciones. El tercer desafío es modernizar el sistema de relaciones laborales, para erigir relaciones menos asimétricas, generando acuerdos sustentables entre empleadores y trabajadores.

Y aunque el orden de los factores en este caso sí puede alterar el producto, el Gobierno decidió iniciar su agenda laboral a partir del tercer desafío, postergando las reformas para mejorar acceso al trabajo e incrementar la productividad.

El proyecto se basa en cuatro pilares: pone fin al reemplazo en huelga, modifica las reglas para la extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados, crea los pactos de adaptabilidad (aunque con barreras para utilizarlos), y rigidiza los pisos desde donde se inicia la negociación colectiva.

La iniciativa representa un avance en fortalecer al sindicato en el proceso de negociación colectiva. Pero al adolecer de fallas serias, el proyecto podría resultar tan dañino como los problemas que pretende solucionar. Aún hay tiempo de modificar su contenido.

Uno de los problemas del proyecto es la norma de reemplazo en huelga. La prohibición total de reemplazo de trabajadores, sumada al carácter indefinido de duración de la huelga, en la práctica entrega al sindicato la facultad de interrumpir indefinidamente el funcionamiento de la empresa, sin que el sindicato deba justificar su decisión sobre la base de estándares objetivos. Ello puede acarrear perjuicios irreparables, especialmente a pequeñas y medianas empresas proveedoras o que prestan servicios a empresas más grandes.

Una alternativa preferible es prohibir el reemplazo en huelga con trabajadores externos, pero permitirlo con trabajadores internos contratados con antelación a la negociación colectiva, evitando así contrataciones solo para reemplazo. Cuando no sea posible el reemplazo interno, se debe establecer un marco de servicios mínimos acordado entre las partes previo a la negociación colectiva.

En el caso de empresas de menor tamaño, se debe permitir una mediación forzada luego de 15 días de huelga, con posibilidad de descuelgue individual, fijando facultades claras de dictaminar una solución al conflicto que sea obligatoria para las partes.

Otro aspecto clave es la extensión de beneficios. El proyecto contempla su extensión automática a todos los trabajadores que se afilien al sindicato, incluso con posterioridad a la negociación. A su vez, al impedir a la empresa extender beneficios a trabajadores no sindicalizados, la norma permite -pero no obliga- que las partes puedan negociar la extensión parcial o completa de beneficios, previo pago de la cuota sindical. Sería preferible que la aplicación del contrato colectivo a los que no se afilien, y a los trabajadores nuevos, fuera una cláusula obligatoria de pactar entre empleador y sindicato. Ello evita la incertidumbre acerca de cuál será el costo total del contrato para el empleador, y posibilita que los trabajadores no sindicalizados obtengan los beneficios de dicho contrato.

Respecto de los pactos de adaptabilidad -acuerdos en materias como sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso-, el proyecto va en la dirección correcta al conciliar la productividad laboral con las necesidades de calidad de vida de los trabajadores. Pero al exigir una afiliación sindical igual o superior al 30% del total de trabajadores, el proyecto impone una importante barrera de entrada, dado que la tasa de sindicalización no ha superado el 15% en los últimos años. Para evitar esto, el proyecto debe permitir un pacto sin exigencia de quórum en empresas medianas y pequeñas que no tengan condenas de prácticas antisindicales, y también en organizaciones sindicales con más de 100 trabajadores.

El proyecto exige un piso mínimo en la negociación colectiva idéntico a los beneficios del contrato colectivo vigente. Eso dificulta discutir y encontrar fórmulas que se adecuen a las necesidades de los trabajadores y las empresas, dado que la inclusión de nuevos beneficios afecta el piso de una nueva negociación futura. Para mejorar el proyecto se debe reemplazar la obligación de ofrecer como piso mínimo los mismos beneficios en cada componente del contrato, por un piso mínimo general que respete el valor total nominal de los beneficios contemplados en el contrato anterior, pero permitiendo pactar condiciones nuevas en los beneficios individuales.

Estos cambios son indispensables para corregir las potenciales consecuencias negativas derivadas del proyecto tal como está redactado. Pero la agenda de promoción de más y mejores empleos no debe limitarse solo a temas de negociación colectiva. Así como el Gobierno ha utilizado su voluntad política para empujar este proyecto, es necesario comenzar a debatir una agenda laboral más ambiciosa en al menos dos ámbitos: políticas para mayor equidad en el acceso al empleo de los sectores más vulnerables, y un nuevo modelo de capacitación laboral enfocado no solo en quienes tienen empleo, sino que especialmente en aquellos que buscan insertarse al mundo laboral.

La economía crece mucho menos de lo esperado, con un bajón fuerte en la inversión. La aprobación al Gobierno en las encuestas sigue en picada. En la Nueva Mayoría cunde un desorden aún mayor que el usual. ¿Qué debe hacer el Gobierno? Gobernar. Y como gobernar es priorizar, aquí va una lista de prioridades.

Impuestos: Urge concretar lo que el ministro Valdés ya anunció: la reforma a la reforma tributaria. Reducir los dos sistemas tributarios generales a uno, eliminar discriminaciones, simplificar donde se pueda, manteniendo la meta de recaudación. Es posible partir legislando en noviembre, apenas el presupuesto esté aprobado, y terminar en enero.

Política fiscal: Enfrentamos la crisis del 2009 con una política fiscal expansiva de corte keynesiano. El actual remezón económico no se cura con la misma medicina -entre otras razones, porque el punto de partida hoy es un déficit fiscal creciente, no un tremendo superávit como el del 2007-08-. El Gobierno debe explicitar su meta fiscal estructural para el fin de la administración y a continuación ceñirse escrupulosamente a los techos de gasto que esa meta implicará para los presupuestos venideros.

Reforma laboral: Las posturas polarizadas de unos meses atrás han ido cediendo terreno. El Gobierno ya ha presentado indicaciones, pero durante el debate en el Senado todavía podría crear espacio para incorporar ideas de cuasi consenso entre expertos de diversos colores políticos: permitir el reemplazo interno bajo reglas exigentes, equilibrar entre empleadores y sindicato el poder de extensión de beneficios, mantener los pactos de adaptabilidad dentro de la negociación colectiva, volver al texto original en materia de huelga pacífica. Un paquete así no dejaría plenamente contentos ni a la Sofofa ni a la CUT, lo que revela precisamente que no es un mal paquete.

Financiamiento universitario: Aquí los zigzagueos no dan para más. El próximo plan debe ser el definitivo. Un posible curso de acción es anunciar que en el nuevo sistema los estudiantes que provienen del 60% más vulnerable de la población no tendrán que pagar nada de su propio bolsillo durante sus estudios. El monto a financiar por el Estado estaría basado en el arancel de referencia. Calificará todo joven que estudie en una universidad, CFT o IP debidamente acreditado.

Proceso constituyente: El Gobierno podría partir sincerando que no impulsará una asamblea constituyente ni nada que parezca, en el memorable calificativo del ministro del Interior, un «atajo raro». Todo cambio constitucional será abordado por el próximo Congreso, más legítimo por no haber sido elegido vía sistema binominal. Mientras tanto, que comience el debate. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Por qué? En eso consistirá, el Ejecutivo podría aclarar, el famoso «proceso constituyente».

Pensiones: La Presidenta y los ministros relevantes podrían convocar una vez más a la Comisión Bravo a La Moneda, agradecerle profusamente por el informe que elaboró, y anunciar acto seguido que ni los tiempos ni las platas permiten que este gobierno emprenda una reforma previsional. Se puede y debe discutir, claro está, cuáles de las sugerencias de la Comisión Bravo un futuro gobierno deberá poner en práctica.

Delincuencia: El Gobierno podría partir reconociendo la legítima preocupación de millones de chilenos que no se sienten seguros ni en la calle ni en sus casas. Acto seguido, podría plantear una restructuración de Carabineros, exigiendo que a partir del próximo año todo uniformado esté en la calle y que las labores de oficina sean efectuadas por personal civil.

Salud: Acabar con la letra chica y las preexistencias en las isapres, crear un plan mínimo universal de salud para todo ciudadano y permitir compensaciones de riesgo entre el sistema público y el privado. Esas son todas buenas ideas. Pero la reforma que las ponga en práctica debe estar impecablemente diseñada. Por eso hay que darse el tiempo para el trabajo técnico. Mientras tanto, la ministra de Salud podría anunciar un plan de emergencia para mejorar la gestión y premunir de especialistas (extranjeros si los nacionales no dan abasto) a los hospitales públicos.

Aborto: En Estados Unidos dicen que la presidencia es un púlpito. La Presidenta podría aprovechar ese púlpito en una cadena nacional para explicar al país por qué es imprescindible legislar tres circunstancias en las que será legal interrumpir el embarazo, y por qué la violación debe ser una de esas causales. A una mujer que ha sufrido el dolor inmenso de una violación, la sociedad no la puede castigar obligándola a llevar a término un embarazo no deseado. Nadie tiene mayor estatura moral en Chile que la Presidenta para decir eso, así, con todas sus letras.

Todo esto es realismo con renuncia. Una figura pública no debe renunciar nunca a sus principios. Pero si los instrumentos elegidos para llevar esos principios a la práctica resultan ser malos, en el sentido de que nos alejan de los objetivos planteados, un líder puede (algunos dirían debe) renunciar a ellos y cambiarlos por otros.

En Chile, hoy, eso significa reformar las reformas. Priorizar el resto. Y gastar capital político explicando e impulsando los cambios que sí se van a hacer. Cualquier otra cosa es, como dijo la Presidenta, wishful thinking.