Solís Palma Isidro (1954) [1] abogado, Partido Radial desde 1970, director de Seguridad Pública e Informaciones 1993-2002 para continuar la persecución a los grupos terroristas que había comenzado “La Oficina” en 1991 (2),  subsecretario de Minería, subsecretario de aviación,  Ministro de Justicia 2006-2007; casado con María Francisca Oliver Rubio (1970)

[1]  “Es que yo creo que todos, dolorosamente, aprendimos la lección. Y nunca olvidaremos los errores cometidos, nunca permitiremos que el sectarismo vuelva a ser método de actuación política. Ya aprendimos que el diálogo es base esencial de la democracia. Que no es posible plantear proyectos excluyentes, que no es posible plantear la desaparición de un sector social para llegar a la meta” HOY, 25 mayo 1983

(2) En 1991 director de Gendarmería, ratificó en la investigación del asesinato de Jaime Guzmán que Agalín Valenzuela era informante: «Él nos informó la llegada de Mauricio Hernández Norambuena a Curanilahue». Valenzuela fue ejecutado dos años después de la detención de Hernández.

«La reforma judicial esta un poco sobredimensionada» El Mercurio 11 junio 2006

Apoya movimiento Amarillos 2022: «…Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado “estallido institucional”, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron “apruebo” y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un “No” a una Constitución que no nos represente a todos…»

Ex ministro de Bachelet, Isidro Solís: ‘Votaré rechazo con la misma fuerza y épica que dijimos ‘no’ a Pinochet’    5 julio 2022.  Con un grupo de dirigentes radicales, confirma rechazo al plebiscito constitucional de septiembre de 2022.

El abogado se refiere a las propuestas de la Comisión de Sistemas de Justicia de la convención que levantó las críticas de la Suprema. “El peor de los riesgos es la politización del sistema de justicia”

El abogado y ministro del Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Isidro Solís, habla directamente de algunas propuestas “peligrosas” que han sido aprobadas en general por la Comisión de Sistemas de Justicia de la constituyente, aunque falta el ingreso de indicaciones, el cierre del plazo para ingresar propuestas, la discusión en particular, otra votación y luego el debate en el Pleno del órgano de 154 miembros.

– ¿Qué le parece la eventual creación de un Consejo Supremo de Justicia?

– Si estamos hablando exclusivamente de la finalidad de sacar de la magistratura la función administrativa, el objetivo me parece no solo razonable, sino deseable, aunque no sé si lo que se necesita apunta a un consejo nacional de la magistratura o un órgano de otro tipo. El problema está en que el consejo, en paralelo, genera un tipo de mecanismo para la designación de los jueces

– En el caso de la experiencia latinoamericana y la europea, los consejos no han sido un aporte a la independencia judicial.

– Es el punto delicado, porque tiene relación no solo a la independencia de los jueces, sino a la existencia de la garantía que tienen todos los ciudadanos de un sistema de enjuiciamiento independiente, neutral, profesional y que garantice que el juzgamiento de las personas se hará de acuerdo a criterios neutros y apolíticos. Cuando los consejos nacionales de la magistratura han entrado a politizar el sistema de designación, estableciendo los criterios bajo los cuales los jueces deben fallar, han sido absolutamente nefastos.

– La propuesta de la convención apunta al nombramiento de supremos, el fiscal nacional, el defensor público y los notarios, entre otros. ¿Le preocupa?

– No solo me preocupa: si no se revuelve bien, se trata de una propuesta peligrosa. Es peligroso porque eventualmente acarrea la posibilidad de politizar la función judicial. No existe una dictadura más tremenda que la dictadura que se impone desde la justicia.

– ¿En qué países piensa?

– Venezuela es el epítome de la mala experiencia.

– ¿Cómo funciona ahora en Chile?

– El sistema de designación de los ministros de los tribunales superiores hasta el momento funciona razonablemente bien. Y el riesgo de cambiarlo versus la posibilidad de mejorarlo un poquito no sé si vale la pena pagarlo.

– ¿No cabe la posibilidad de que haga bien?

– Tengo la convicción absoluta que, entre los seres humanos, los ángeles no existen. Por lo tanto, encontrar un consejo de ángeles que sea capaz de seleccionar a jueces que sean otros ángeles, absolutamente neutros, que serán capaces de que salgan sentencias justas desde lo más profundo de su corazón, tiendo a pensar que no va a existir. El peor de los riesgos es la politización del sistema de justicia y ese riesgo preferiría no correrlo. Y entre las propuestas que he escuchado, hay algunas que llegan a sonar exóticas y que muestran muy claramente qué hay detrás.

– ¿Por ejemplo?

– Leí que existe la propuesta de que, al aprobarse la Constitución, por una sola vez, todos los magistrados de los altos tribunales sean sometidos a una evaluación, de acuerdo a criterios que todavía no conocemos. Y por una sola vez, que todos ellos sean removidos o confirmados por la autoridad del Presidente que estará recién electo. Me suena muy difícil convencerme que de ahí vaya a salir una justicia plural. Tiendo a pensar que el riesgo es que salga de ahí una justicia extraordinariamente sesgada hacia un sector de la sociedad chilena, lo que, mirado hacia el futuro, me parece tremendo.

– ¿Qué hay detrás de estas iniciativas?

– Sectores a los que no les gusta los criterios de resolución de conflictos que hoy tiene la justicia chilena tratan de aprovechar la Convención para generar un tipo de justicia totalmente nueva.

– ¿Se refiere a los miembros de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención?

– Todas las propuestas que estamos conociendo vienen de ahí.

– Cuando habla de una justicia “extraordinariamente sesgada hacia un sector de la sociedad chilena”, ¿se refiere a la izquierda en desmedro de la derecha?

– Hoy, la mayoría de la Convención está en manos de los sectores de izquierda, efectivamente.

– Un punto delicado es la norma que limita a ocho años la duración en sus cargos a los jueces, pudiendo ser reelegidos. Hoy son inamovibles y duran hasta los 75 años. ¿Qué le parece?

– Efectivamente, la edad a la que los jueces pueden mantenerse en el cargo, desde el punto de vista de desarrollo de la actualidad, claramente parece excesivo. Con un juez que llegue hasta los 75 años impartiendo justicia se corre el riesgo de que estemos siendo juzgados por personas que no sintonizan con los valores predominantes de la sociedad chilena. Y uno podría buscar una solución: en vez de los 75, que llegue a los 70, 65…

– ¿Y limitar la duración del cargo en las cortes de apelaciones y Suprema?

– También me parece una reforma deseable por la búsqueda de un servicio cada vez más transparente y neutro. Porque la justicia sobre todo debe mantener un criterio

“Si ya es difícil y pesado ser ministro de Justicia siendo abogado y con experiencia en todos los ámbitos de la aplicación de justicia, no siéndolo va a ser peor”.

“Sectores a los que no les gusta los criterios de resolución de conflictos que hoy tiene la justicia chilena tratan de aprovechar la Convención para generar un tipo de justicia totalmente nueva”.

de neutralidad frente a todo y una persona que se eterniza ejerciendo el poder tiende a afectar la neutralidad y la independencia del poder en su conjunto.

O sea, un ministro que se mantenga 30 años en la Suprema es claramente un caso indeseable porque va a participar en la generación de otros poderes y se construyen “amistocracias”, trenzas, influencias, que se vuelven indeseables.

– ¿Lo ha visto?

– Es una función humana. Lo he visto en todas partes, no solo en el Poder Judicial. Por lo tanto, hay que buscar una cantidad de años que el servicio se preste bien. ¿Cuántos años? No lo sé. Pero si uno dijera 10 años en la Suprema, si uno tiene presente que los ministros vienen de una carrera judicial y que por lo tanto van a tener que haber ejercido antes durante muchos años y van a llegar a una edad madura, me parece bien. Lo mismo para los ministros de la Corte de Apelaciones. Pero muy distinto es el caso de los jueces de primera instancia…

– Ese parece ser el principal nudo: la norma que limita a ocho años la duración en sus cargos a los jueces de primera instancia, pudiendo ser reelegidos…

– La estabilidad en el cargo y la inamovilidad son elementos centrales para la mantención de la independencia. Si queremos que un juez falle de manera sincera y responsable, debe tener la seguridad de que mantener esa sinceridad y esa rectitud no le va a traer consecuencias personales en su vida. Si un juez va a tener que fallar pensando que en determinada cantidad de años la estabilidad en el cargo va a depender de que haya fallado para agradar a la persona que lo va a mantener en el cargo, indudablemente abre una vía que puede terminar con la independencia judicial, que es indispensable para la recta administración de justicia. No hay recta administración de justicia si no hay independencia del juez al momento de fallar. Y no hay independencia del juez si su estabilidad en el cargo depende de que un organismo externo decida si sigue siendo o no juez.

– ¿Qué busca la convención con esta iniciativa?

– No podría juzgar intención. Pero creo que hay detrás poco conocimiento de cómo funciona el sistema, poca experiencia judicial, mucha academia y poco juicio, poco patrocinio y poder, poca representación de intereses. Poca justicia en lo concreto.

– ¿Qué le parece que por primera vez el Ministerio de Justicia vaya a estar liderado por una profesional que no es abogada, la socióloga Marcela Ríos?

– Es un desafío que vamos a tener que evaluar en el tiempo. Es inédito. Pero sospecho que va a significar a la titular, al menos, una sobrecarga. Si ya es difícil y pesado ser ministro de Justicia siendo abogado y con experiencia en todos los ámbitos de la aplicación de justicia, no siéndolo va a ser peor.

Luego de que el exministro de Justicia del primer gobierno de Michelle Bachelet, Isidro Solís, junto al ex presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, explicaran públicamente su postura por el Rechazo, de cara al plebiscito del 4 de septiembre, la noche de este miércoles la colectividad emitió una dura respuesta, rechazando estas declaraciones, y llamando a los militantes del partido que están a favor del Rechazo “a guardar silencio o renunciar”.

Esto, pese a que 25 exautoridades y figuras emblemáticas del Partido Radical (entre ellos, expresidentes de partido, exparlamentarios, exrectores, exministros y exsubsecretarios) enviaran una carta anunciando su opción y los motivos que les llevan a votar Rechazo.

En un nuevo «Especial Mirada Líbero» el histórico militante radical Isidro Solís, quien también ha sido abogado de la Presidenta Bachelet y de su familia, explica su opción por el Rechazo, tras la «cancelación» del Partido Radical.

«En la cultura del Partido Radical es una carta curiosa, porque a diferencia de muchos partidos, esta es una organización que se desarrolla sobre la base de la tolerancia, el libre pensamiento, el racionalismo y la discusión de los temas. No tenemos una tradición estalinista en la cual se impongan las versiones oficiales y a la gente se le mande a callar», explica Solís.

«Es difícil que traten de imponerme pautas de comportamiento que yo no comparto»

«Yo estoy acostumbrado a debatir, a discutir, a que me den razones o a que impugnen las que yo doy, pero con argumentos… esto no es un regimiento, el Partido Radical nunca ha sido así», sostiene.

Relata que llegó al PR «siendo niño, a los 16 años, en 1970 durante la campaña de Salvador Allende. Es difícil que alguien trate de imponerme formas o pautas de comportamiento que yo no comparto. Mi postura se basa en reflexión, en principios y en algo que he tratado de hacer toda la vida».

Agrega: «Yo me voy a morir radical, me he transformado poco a poco en un arquetipo de lo que piensa un radical. No necesito un carnet ni un pase o certificado de antecedente de ninguna persona para sentir que estoy cumpliendo con mis principios«.

Sobre la opción de renunciar al partido, señala: «No lo voy a hacer. Si me van a expulsar, que por lo menos tengan la valentía de poner su firma en las decisiones que tomen. Yo me siento Radical, y lo que estoy haciendo hoy es absolutamente consecuente con los idearios, valores y con el programa del partido en el cual milito. Se me está pidiendo fidelidad a personas, y yo soy fiel a las ideas, y no a las personas. No voy a cambiar».

«En la política que hacen las nuevas generaciones las razones han sido sustituidas por la descalificación», dice sobre las críticas que ha recibido desde un sector de su partido.

«Si se aprueba esta propuesta se van a generar enfrentamientos entre chilenos»

Sobre sus razones para votar Rechazo, el exministro de Justicia explica: «Mi crítica a la institucionalidad jurídica que se diseña en esta Constitución es muy profunda, porque se toman decisiones de constituir estatutos paralelos, de destrozar la unidad jurídica del país, al reconocer sistemas judiciales indígenas que olvidan principios centrales para la democracia, como es la igualdad ante la ley».

Además, señala que «se generan elementos disociativos en que se sobreponen los derechos de los ciudadanos, que si se aprueba, va a generar enfrentamientos entre chilenos y conflictos que no tienen fácil solución, y que lo más probable es que deriven en una violencia que la sociedad no va a poder controlar. El diseño de sistemas de justicia es irresponsable».

«Desde el punto de vista jurídico esto es un aberración, y le hace tan mal a Chile, que yo no estoy disponible»

«¿Vamos a tener partes del territorio de Chile en donde algunas conductas sean delitos y en otras no? ¿Vamos a tener chilenos que por algunas conductas van a ser condenados, y otros declarados inocentes? ¿Vamos a tener ciudadanos chilenos que van a poder elegir la jurisdicción que les convenga? Desde el punto de vista jurídico eso es un aberración, una brutalidad, y le hace tan mal a Chile, que yo no estoy disponible«, subraya.

Y advierte: «Para mí, la norma más peligrosa de todas es la que se consagra en el artículo 79 número 4 de la actual propuesta constitucional«. En ella se lee: «Conforme con la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva».

«¿Sabes qué va a pasar con esto? Que al día siguiente Héctor Llaitul va a llegar a todos los predios forestales a cortar la madera, porque va a tener derecho constitucional para ir a buscarla. Esto es la constitucionalización del robo de la madera»

«Yo no estoy preocupado por las forestales, no. Estoy preocupado por los pequeños productores de esas regiones, con pequeñas instalaciones agrícolas, y que el día de mañana pierden toda certeza respecto a su derecho a utilizar los bienes que hoy tienen«, enfatiza.

«Intervención» del Poder Judicial

Respecto al Consejo de Justicia que se crea en la propuesta de Constitución, Solís sostiene que en este tema hay más experiencia internacional «y se ha discutido en Chile desde hace muchos años la posibilidad de separar lo que son las facultades administrativas de las facultades jurisdiccionales de la Corte Suprema. Yo soy partidario de que en algún momento se separen (…) pero en los países donde funciona, funciona mal. Invito a la gente a mirar esos sistemas. En Argentina es un desastre».

Agrega, además, que «hay cosas inexplicables. El Consejo de la magistratura que nos van a aplicar a nosotros tiene la integración de dos representantes de pueblos originarios, ¿qué sentido tiene que en una jurisdicción que no se les va a aplicar tengan la facultad de pronunciarse? Si esa imposición no tiene el sentido de intervenir el Poder Judicial, que alguien me explique cuál es el sentido«.

«Me gustaría que otra vez hubiera un plebiscito que les preguntara a los chilenos si quieren cambiar o no la Constitución»

Respecto a su diferencia de postura con la expresidenta Bachelet, quien apoya el Apruebo, Solís sostiene que «ella es una ciudadana muy distinguida de este país, y uno tiene que reconocerle su papel, pero eso no significa que todos tengamos que seguir las decisiones que ella tiene. Yo le reconozco la pureza de intenciones. Desde su punto de vista va a votar por opciones que ella cree, pero yo tengo derecho a formar mi juicio y a votar de acuerdo a lo que yo creo que es bueno».

Ante un eventual triunfo del Rechazo, el exministro señala: «Me gustaría que otra vez hubiera un plebiscito que les preguntara a los chilenos si quieren cambiar o no la Constitución, y yo voy a votar que la quiero cambiar».

«Tengo el temor que después de las indecentes performances de constitucionales la desilusión sea muy grande»

Sobre las alternativas de cómo elaborar un nuevo texto, plantea: «Quiero que le pregunten a los chilenos si quieren una Constitución hecha por el Congreso, por comisiones de expertos o convencionales. Y yo voy a votar para que sea una convención integralmente electa… pero sin engaños, sin los falsos escenarios con los cuales se presentaron supuestos independientes que no lo eran, sin la confusión que provocó el momento en que se eligió esta Convención».

Pero se muestra preocupado: «Tengo temor de que después de las indecentes performances hechas por muchos constitucionales la desilusión sea tan grande, que esa mayoría que eligió la más grande de las democracias esté tan deprimida que no logremos imponer que sea una Convención Constitucional electa».

Y sobre el papel que el cabe a su sector en este proceso, dice: «No me cabe duda que la centroizquierda se va a volver a encontrar en torno a su eje (…). La centroizquierda como alternativa responsable se va a reconstruir, y en ese momento nos vamos a reencontrar».