Ricardo Montero Allende (1983) nacido el 12 de junio de 1983, Abogado de la Universidad Católica, Máster en Defensa y Seguridad del Colegio Interamericano de Defensa, Estados Unidos. Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

El abogado nació en Santiago, en una familia con tradición política. Es hijo de María Luz Allende y de Ricardo Montero Jaramillo. Es nieto de Carlos Montero Schmidt, ex ministro del Interior de Carlos Ibáñez del Campo.

• Egresó del colegio Verbo Divino y entró a estudiar derecho en la UC, en donde conoció a algunos fundadores del Frente Amplio, como Giorgio Jackson. Juró ante la Corte Suprema en 2009.
• La llegada de Montero a La Moneda generó críticas en el PS, que lo cuestionaron por formar parte de la misma Convención que quiso poner fin al Senado, pero en La Moneda advirtieron en ese momento que era un hombre probado en el cargo y decidieron salir a defender su nombramiento.
• Montero fue electo convencional con 6.139 votos, un 5,51% de las preferencias del distrito 18 (Maule Sur), la más baja obtenida por los 4 convencionales escogidos en las elecciones de mayo de 2021 en el distrito.
• Tras la derrota del Apruebo el 4 de septiembre, Montero escribió lo siguiente: “La ciudadanía se pronunció de forma clara y, aunque no es lo que esperábamos, el proceso constituyente continúa”.

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Ricardo Montero Allende, elegido convencional constituyente 2021 por el distrito 18 de la región del Maule, con 6.126 votos (5.5%) de los 23.736 votos (21.3%) de la Lista Apruebo, representando al Partido Socialista.

Fue jefe de gabinete de los ministros de Defensa Nacional (2014-2015) e Interior y Seguridad Pública (2015-2017), secretario Ejecutivo de la Comisión de Reforma de Carabineros del Senado y miembro del Foro Permanente de Política Exterior.
Desde su experiencia y conocimiento, ha apoyado en empoderar y organizar comunidades para que puedan lograr sus objetivos.
Espera construir una Constitución que asegure el acceso de ciudadanos a ciertos mínimos sociales que permitan a todos una vida libre y digna. Que además se le otorgue un rol protagónico al Estado en aquellas políticas públicas que tienen un impacto significativo en el bienestar de las personas, donde el Estado no puede ser simplemente un actor subsidiario.
Aspira a lograr un Estado social y democrático de derecho, que se complementa por un amplio sistema de protección social que garantice el reconocimiento constitucional de derechos económicos, sociales y culturales, de una provisión universal de bienes y servicios que posibiliten el igual ejercicio de todos los derechos, desde condiciones espirituales y materiales mínimas y las acciones que permitan cautelar su protección, asegurando en el marco del desarrollo sostenible la inclusión social y el reconocimiento a la diversidad cultural, como el respeto a la naturaleza y el medio ambiente.

«mantener la norma de los 2/3 es una buena noticia si es que queremos que esta nueva Carta Fundamental nos representa a todas y a todos. En ese sentido, los 2/3 pueden ser una herramienta positiva» (1)

«lo mejor que podemos hacer es trabajar lo más en conjunto posible de la forma que se puedan sumar grandes mayorías,… el reglamento va a ser la base esencial del proceso que viene por delante; en las próximas dos semanas nos jugamos uno de los momentos más importantes de toda la Convención…» (2)

Dentro de los 19 convencionales al ala izquierda del espectro que integran la Comisión de Sistema Político, existen seis que se acercan más al centro que al extremo izquierdo. Estos son: Fuad Chahín (Colectivo del Apruebo), Patricia Politzer (INC), Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista), Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), Guillermo Namor (INC) y el coordinador de la comisión, Ricardo Montero (Colectivo Socialista). (3)

La Ministra Carolina Tohá se refirió a la polémica que generó el nombramiento del exconvencional Ricardo Montero como su jefe de gabinete. Al respecto, la ministra hizo una férrea defensa de su funcionario, destacando además el rol que jugó en la Convención. “Creo que es muy importante para las personas que quieran tener una opinión respecto a lo que fue su gestión en el último tiempo, mirar integralmente lo que fue su rol en la Convención”, advirtió. “Yo creo que él fue un gran factor de buscar sensatez en la Convención, de contener muchas situaciones, pero efectivamente no en todas ellas pudo tener éxito” (4)

Afirmó: «Los Estados de Excepción Constitucinales son necesarios en democracia, pero siempre deben ser excepcionales, limitados en el tiempo y estar sujetos por parte de otros pooderes del Estado», designado jefe de gabinete de la nueva Ministra del Interior Carolina Toha (5)

(1) La Tercera, 20 agosto 2021

(2) El Mercurio, 12 septiembre 2021

(3) La Tercera, 23 octubre 2021

(4) Bio-Bio 9 septiembre 2022

(5) El Mercurio 9 septiembre 2022

«Hay 500 millones para participación y publicidad (del trabajo de la Convención), y me parece que es un monto completamente insuficiente» Seminario 4 junio 2021

30/112/2021:   Ricardo Montero (PS): Ex jefe de gabinete de Jorge Burgos (DC) en Interior, y vinculado al sector de Álvaro Elizalde en el PS, el abogado ha sido identificado como un hábil negociador, teniendo un fluido diálogo tanto con el FA como con Chile Vamos. Aquello le permitió ser electo como coordinador de una de las comisiones más relevantes, la de Sistema Político, teniendo apoyos incluso de la derecha.

• “Queremos una transformación estructural: cambiar el sistema de salud, pensiones y reconocer la vivienda, mejorar la educación. Hoy tenemos un Estado castrado, que tiene susto de ser Estado, y todo el foco de la Constitución está puesto en resguardar intereses privados más que en garantizar intereses sociales”, ha dicho.
• Promueve atenuar el presidencialismo, pero ve desventajas en un régimen semipresidencial o parlamentario, apuntando a la desconfianza ciudadana en el sistema de partidos.

Ricardo Montero Allende es uno de los dos coordinadores de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. Abogado de profesión, el representante del llamado Colectivo Socialista tiene una experiencia en trabajo comunitario y participación ciudadana, así como en el sector público, donde se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio de Defensa e Interior entre los años 2014 y 2017.

Al convencional por el Maule tampoco le resulta nuevo el debate sobre la carta fundamental. Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet coordinó a nivel nacional la etapa participativa del proceso constituyente con los encuentros locales autoconvocados y cabildos en provincias y regiones.

– ¿El sistema político actual es el correcto o hay que modificarlo?

– Los cambios que se implementen, cualquiera que ellos sean, tienen que responder a reconectar al sistema político con las necesidades de las personas. Hoy estamos en una crisis de legitimidad con la que convivimos y eso hay que entender que no se va a resolver con un cambio, sino que reconectar al sistema político con las personas será fundamental.

Lo segundo es que podemos pensar en los instrumentos de poder que serán necesarios para resolver los problemas que enfrentamos, pero primero hay que identificar esos problemas, y luego pensar en el nombre del sistema. Se ha insistido mucho en proponer sistemas en abstracto, pero falta madurar la discusión del diagnóstico.

En ese sentido, la comisión primero debe madurar a través de las audiencias públicas el diagnóstico de los problemas que enfrentamos y después presentar las soluciones.

– ¿Por qué?

– Porque a priori no es buena idea presentar un sistema determinado, creo que es mucho mejor construir un diagnóstico y luego decantarnos por el mejor sistema.

Con todo, lo más probable es que exista una transferencia de poder del Presidente hacia el parlamento y también hacia las regiones y debemos buscar ahí las mejores fórmulas para que ello ocurra.

– ¿Y eso va acompañado de si el sistema parlamentario sigue bicameral o pasa a unicameral?

– Lógico, esta es una discusión sistémica que tiene varios componentes, del Ejecutivo, Legislativo, el sistema electoral, los plazos en que se elijan cada una de esas autoridades públicas y el sistema de partidos políticos que es esencial.

Esto hay que entenderlo como parte de un sistema más grande y la definición, por ejemplo, de una cámara o dos, depende del sistema político general que queramos plantear, y qué rol va a jugar cada una de esas cámaras.

Derechos sociales

– Y respecto al modelo económico, ¿cómo lo analiza: hay que mantener la apertura comercial o ya cumplió un ciclo?

– Sin lugar a duda, hay que avanzar en varios temas y ese es otro desafío de la CC, porque las comisiones tocan diferentes materias y el modelo económico y medioambiente va a estar en otra comisión, pero hay que ver cómo vamos a articular el debate y las atribuciones de cada comisión.

Sobre el modelo chileno hay cosas evidentes que hay que revisar: primero, el sistema político que es la forma en que se echa a andar todo el aparataje estatal; y, segundo, esta Convención se declaró en emergencia climática y tenemos un tema por resolver respecto a la forma en que nos vinculamos con el medioambiente y esa será otra definición estructural esencial. Tercero, se ha hablado mucho de la distribución entre los poderes clásicos, Ejecutivo y Legislativo, pero todavía no hay una discusión de cómo desconcentramos y descentralizamos poder a las regiones. Ese será otro tema esencial también en el modelo económico, porque hay que pensar en atribuciones administrativas, políticas, pero también en materia económica y presupuestaria.

– ¿Es partidario de hacer cambios en cuanto a la autonomía del Banco Central?

– Como constituyente, creo que Chile cuenta con una tradición de organismos autónomos cuyas decisiones no dependen del poder político, como el Banco Central y la Contraloría, que -con algunas revisiones- es probable que esa línea se mantenga.

– ¿Y hay que avanzar a un Estado plurinacional?

– Está claro el avanzar por un Estado plurinacional, pero la forma de materializarlo será una discusión democrática muy interesante.

– ¿Qué espera del trabajo en la comisión?

– Pensar en un sistema político a 50 años es algo que debiera convocarnos a todos. En ese sentido, el diálogo debe estar abierto con todas las fuerzas que estén por transformaciones profundas. Nosotros sabemos que tenemos un mandato popular de que aquí hay cosas que deben cambiar y esa es parte de la discusión del sistema, porque vamos a aprobar probablemente un extenso catálogo de derechos sociales, pero tiene que existir un aparataje, un músculo estatal que sea capaz de garantizar esos derechos y también resguardarlos.

“Necesitamos hacer articulaciones lo más amplias posible y, en eso, vamos jugar el rol que nos corresponda”. Así responde el coordinador de la comisión Sistema Político e integrante del Colectivo Socialista (CS), Ricardo Montero, a los emplazamientos que tanto desde la centroderecha como de otros sectores de la Convención se le hacen a su grupo y al Frente Amplio para que “tomen el timón” de una discusión que les inquieta.

El abogado plantea que la Constituyente está llevando adelante una etapa compleja, en la que se debe construir “una Constitución amplia, insisto, siendo categórico en que lo que se necesita son transformaciones sociales profundas y que hay que realizar cambios. Ese proceso de cambio, para que sea viable y estable, requiere de conversaciones generosas y amplias”.

Con el cierre del plazo para el ingreso de iniciativas y el inicio de las votaciones en algunas instancias, la Convención entró en tierra derecha. La preocupación, sin embargo, es lo ajustado de los plazos. ¿Cómo evalúa la posibilidad de una prórroga más allá de los 12 meses?

Tenemos un cronograma, 1.200 normas que están siendo tramitadas y, desde la próxima semana, una votación en el pleno. Tenemos que ver, durante el proceso de votación de normas por 2/3 en el pleno, cómo se desarrolla y cómo nos vamos haciendo cargo de esas iniciativas. Eso es lo que nos debería convocar y tener el foco puesto ahora, sin perjuicio de que el cronograma y la forma de optimizar el tiempo de tramitación tiene que estar en una permanente revisión.

Entonces, una eventual prórroga ¿debiera evaluarse en virtud de esas votaciones en el pleno y la facilidad o no con que se concreten los 2/3?

Tengo la esperanza de que nos podemos poner de acuerdo de la forma más amplia posible y que los informes que van a comenzar a ser presentados tengan el respaldo suficiente para para ir llegando a los 2/3. Hay que evaluar cómo funciona esa etapa, que es nueva y esencial del proceso constituyente, y ahí tenemos que ver cómo podemos ir adecuando el cronograma.

¿Cuáles son los beneficios o los riesgos de una eventual prórroga?

Es que no se ha dado la discusión a nivel de la Convención y, hasta donde yo sé, tampoco a nivel de la mesa.

¿En su colectivo no se ha dado esa discusión? Pedro Muñoz hablaba de tres meses adicionales.

El colectivo es un grupo muy amplio y esas conversaciones informalmente se han dado, pero no ha habido ni una discusión al interior del colectivo para tomar alguna postura específica.

¿Cuál es su opinión personal? ¿Usted estaría dispuesto a negociar esto con el Congreso?

Mi opinión es que tenemos que dar cumplimiento al cronograma que tenemos y ver cómo podemos avanzar. Esa es la responsabilidad que le toca hoy a la Convención. Cualquier otra discusión involucra a otros actores, eso es evidente, al Congreso, eventualmente al gobierno, es otra conversación.

Se dice que para el gobierno podría ser una complicación adicional mantener abierta esta discusión por más tiempo del que ya está proyectado. ¿El presidente Boric debiera tomar algún rol en esta discusión? ¿Han intentado, él mismo o personas de su equipo, conducir este debate para que finalmente se cumpla el plazo?

El presidente Boric ha sido muy respetuoso del trabajo de la Convención y la Convención también debería ser bastante respetuosa del trabajo de otros órganos del Estado, del Congreso y del gobierno. En ese sentido, no es una opinión que nos corresponda presentar a nosotros.

Manteniendo esta autonomía y respeto que usted plantea, ¿podría la conducción del proceso afectar al nuevo gobierno?

Yo me tengo que hacer cargo desde mi labor de representación popular y como constituyente y, en ese sentido, tengo que hacer el mejor trabajo posible todos los días para que a la Convención le vaya bien. La Convención va mucho más allá de nuestros intereses particulares, va mucho más allá, incluso, de nuestros colectivos, es una tarea conjunta entre todos las y los constituyentes. Y respecto del gobierno, yo le deseo la mejor de las suertes y espero de corazón que le vaya muy bien en la gestión al presidente Boric.

Quedan nueve semanas y media para el trabajo de las comisiones, el pleno tiene que empezar a votar la próxima semana. En ese escenario, la mesa ha buscado dar un “golpe de timón”.

Yo no lo veo como un golpe de timón. Lo que sucedió ayer (lunes) fue formalizar una reunión con distintos representantes de los colectivos, algo que a nosotros nos parece una instancia muy positiva, que ojalá pueda replicarse y hacerla una instancia estable. La principal invitación fue a conversar entre todas y todos, sin absolutamente ningún veto, y ponernos de acuerdo políticamente, desde nuestras convicciones, de forma generosa y amplia, en las mejores iniciativas que se van a transformar en propuesta de norma constitucional.

¿En la necesidad de esos acuerdos, podría desecharse alguna de las iniciativas aprobadas con poco margen y que, por tanto, tienen pocas expectativas de alcanzar el quórum necesario en el pleno?

Hay una legítima opción política de cada una de las y los constituyentes de presentar las normas que estimen pertinentes. Pero es evidente que las normas que tienen mayor posibilidad de proyectarse desde la comisión, que requiere mayoría simple, al pleno, que requiere 2/3, son aquellas que puedan lograr acuerdos transversales, ojalá desde la propia comisión. Para eso, lógicamente, hay que conversar, tratar de incorporar distintas visiones y tener una visión amplia de la tramitación de norma, pero esa es una decisión política que cada colectivo tiene que tener.

A propósito de algunas normas aprobadas, algunos plantean que se alimenta la posibilidad de rechazo en el plebiscito de salida. Cristián Monckeberg (RN), de hecho, dijo que “la izquierda está sepultando la idea de una nueva Constitución”. ¿Cómo asume esa responsabilidad?

Hay una cosa que es clara: esta no es una Constitución de pocos, sino que es una Constitución con la mayor representación que hemos tenido acá en la historia, y eso presenta desafíos y hace compleja la discusión. Pero también hay que entender que hay una tramitación de norma que es bien específica y requiere mayoría en las comisiones, pero requiere 2/3 en el pleno, y aquellas personas que no puedan pensar en una lógica de 2/3 no van a poder aprobar sus normas, porque la única forma de hacerlo es con una visión amplia.

En este desafío de buscar acuerdos más amplios, desde la centroderecha, el Colectivo del Apruebo y otros han emplazado al CS y al Frente Amplio a asumir su liderazgo, que conduzcan el proceso. ¿Cómo recibe eso?

Como Colectivo Socialista hemos estado siempre abiertos al diálogo sin ningún tipo de veto. Lo que hemos dicho es que todas las fuerzas que estén a favor de transformaciones sociales profundas son bienvenidas en el diálogo y en la construcción de normas. Y eso lo hemos mantenido. Siempre se pueden mejorar y afinar instancias de coordinación y de trabajo en conjunto, pero esa disposición está y va a seguir estando en el colectivo.

¿Y cómo se expresa esa disposición? ¿Por qué cree que surgen estos emplazamientos?

Nosotros asumimos que siendo una de las fuerzas más grandes de la Convención, tenemos un rol que jugar y lo asumimos con toda la responsabilidad que eso implica. También en el contexto de que el liderazgo tiene que venir de distintos sectores. Acá no hay uno, dos o tres colectivos que van a poder aprobar normas o van a poder llevar esto adelante solos; necesitamos hacer articulaciones lo más amplias posibles y, en eso, vamos jugar el rol que nos corresponda.

Cuando se produjo la salida de Jorge Baradit del CS, él fue muy crítico respecto de la conducción que hay dentro del grupo. ¿Diría que hay una especie de veto por parte de algunos sectores respecto de pactar o dialogar con la derecha o, incluso, hacia quienes buscan dialogar con la derecha?

Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de veto. Nosotros vamos por transformaciones sociales y, en ese contexto, cualquiera que quiera compartir sus propuestas o sus textos es bienvenida a conversar. Ciento tres votos son muchísimo y no podemos darnos el lujo de, por proyectos personales o maximalistas, estar vetando grupos o personas. Lo que tenemos que construir es una Constitución amplia, insisto, siendo categórico en que lo que se necesita son transformaciones sociales profundas y que hay que realizar cambios. Ese proceso de cambio, para que sea viable y estable, requiere de conversaciones generosas y amplias.

Tal como se han ido dando las votaciones y a partir de las normas ingresadas, ¿cómo cree que se está dibujando la nueva Constitución para Chile y qué expectativas tiene en este proceso que ya está en etapa final?

Hay un acuerdo bastante amplio respecto de desconcentrar y descentralizar poder, respecto de paridad, de plurinacionalidad, de un nuevo trato con el medioambiente, al respeto de los derechos humanos. Ese es un paraguas esencial para un Estado social y democrático de derecho. Ahora tenemos que ser capaces de traducir esos consensos generales en normas expresas, artículos específicos y ahí está puesto el gran desafío, porque esa es la base precisamente de una nueva Constitución.