Pilowsky Greene Jaime (1965) [1] abogado, miembro del Partido Demócrata Cristiano, diputado 2014-2018 por La Reina y Peñalolén

[1] “La reforma tributaria es indispensable para recaudar los recursos que financien el salto en calidad de vida, equidad y productividad que supone la reforma educacional. Busca emparejar la cancha entre los contribuyentes, asegurando que quienes ganan más paguen más. Disminuye el espacio para eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, EM, 14 abril 2014

«Asimetria Total» Jaime Pilowsky, Sergio Espejo, la Tercera,  15 diciembre 2015 «Corregir este escenario exige modificar el presidencialismo y reconocer al Parlamento la posibilidad de generar un control efectivo… hemos crecido como país en muchos aspectos, pero en materias de gestión pública y cuando de actualizar procedimientos se trata, seguimos profundamente al debe»

El Congreso aprobó la Ley de Presupuesto en un contexto de restricciones económicas. Momento oportuno para reflexionar sobre un proceso que tiene muchas limitaciones y que tiene una fuerte asimetría entre los actores que participan. Se ha convertido en una discusión muy similar a la del reajuste del sector público. Siempre los mismos, pocas sorpresas sobre los tiras y afloja y, finalmente, tenemos un presupuesto que se ajustaría a los énfasis y prioridades del Gobierno de turno para el año inmediatamente siguiente.

La rutina: una suerte de ejercicio contable, donde los expertos del Ejecutivo llegan con números ordenados, partidas por áreas y glosas a proveer. La contraparte, nuestro Parlamento, sin la capacidad técnica necesaria para evaluar y verificar que los supuestos sobre los que se construye ese presupuesto son los correctos. Menos rigor aún en la “postventa”: somos incapaces hoy como país de dar un control acabado de cada peso invertido y qué tanto rentabilizamos socialmente esa apuesta. En medio de una burocracia difícil de sortear, el concepto de profesionalizar se torna una máxima urgencia.

En países como Estados Unidos, a falta de reguladores que controlen, sobran los alumnos de doctorados que siguen glosa por glosa el presupuesto fiscal y hacen de éste un asunto de investigación para sus tesis doctorales. Si no fiscaliza el propio Estado, tendrán cientos sino miles de profesionales haciendo ese trabajo por, al menos, un par de años. En Chile, ni el Congreso ni la ciudadanía logran controlar este proceso. Tampoco el cumplimiento de los objetivos trazados. Los parlamentarios acá tenemos poco margen, enhorabuena,  para aumentar partidas.

Esta asimetría se transforma en falta de transparencia, una condición especialmente grave si de fiscalizar la ejecución del gasto público se trata. Que los dineros vayan a donde deben ir y que se gasten cuando deban gastarse es sólo una parte. Un sólo dato: mientras Chile exhibe una puntuación de 55 sobre 100 en materia de transparencia, participación y supervisión presupuestaria, nuestros vecinos de Perú y Brasil se empinan a los 75 y 77 puntos, respectivamente.

Corregir este escenario exige modificar el presidencialismo excesivo que estructura nuestra institucionalidad y reconocer al Parlamento la posibilidad de generar un control efectivo. También, implica al Congreso reconocer una grave falencia: no contar con los recursos institucionales permanentes para que su rol sea relevante. Asesoría especializada, una oficina de presupuestos, por ejemplo, con fondos propios y un staff acotado pero potente de analistas, tal como lo recomienda la Comisión Engel. Asimismo, disponer de una estructura más acorde al desafío, donde los parlamentarios de las comisiones permanentes se integren, formalmente, al debate del presupuesto. En tiempos de crisis de confianza, el remezón debe tocarnos la fibra en todos los espacios allí donde necesitamos urgentemente mejorar procesos. Hemos crecido como país en muchos ámbitos, pero en materias de gestión pública y cuando de actualizar procedimientos se trata, seguimos profundamente al debe.