Pérez Walker (José) Clemente (1938) [1] transportista; casado con María Francisca Errázuriz Correa (1943) decoradora, hija de Hernán Errázuriz Hurtado convencional Partido Liberal 1933, (nieto de Ladislao Errázuriz Echaurren) y María Luisa Correa Guzmán, Partido Liberal, regidora de Salamanca 1967 (de Hernán Correa Roberts);

PADRES DE:

Pérez Errázuriz Clemente (1967) [2] abogado,  presidente de la Asociación de Concesionarios 2012; Director Sustentable S.A.; casado con María Elisa Pérez Vergara, h. Edmundo Pérez Yoma

[1] I. 1.298 nac 1943 Recoleta.

[2]  Inscripción numero 2.649 nac imiento1967 Recoleta;   I. 1.132 matrimonio 1995 Las Condes

Pérez Pérez Clemente

Pérez Pérez Santiago

Pérez Pérez Federica

Pérez Pérez Victoria

Si hay algo que complica al país y especialmente a sus gobiernos -para qué decir a los gobiernos de izquierda-, es un paro de transportistas. Más aún, esta vez eligieron la temporada de exportaciones frutícolas para hacer su paro-chantaje.

Les ha ido bien con esta estrategia. Hoy el diésel paga un impuesto más bajo que el resto de los combustibles. Además, se les devuelve entre el 30% y el 80% del impuesto que pagan, dependiendo de sus ventas. Y para colmo, pagan impuesto por renta presunta en vez de por renta efectiva, lo que les reduciría el pago a la mitad de lo que debieran pagar.

Son efectivamente, un grupo privilegiado, tal como lo llamó el gobernador Claudio Orrego. Y como es imposible discriminar, nos estamos llenando de camionetas 4 x 4 que aprovechan estos subsidios al diésel.

Finalmente, el Gobierno que se decía ecologista ha terminado aportando US$ 1.500 millones al MEPCO (un ojo de la cara), y ahora congelará las alzas del diésel por un tiempo más, lo que nos costará el otro ojo.

Para no seguir llorando sobre la leche derramada, debiéramos explorar en serio sobre cómo reducir el poder de negociación de estos privilegiados camioneros. Y aunque el lector no lo crea, existen opciones claras y evidentes.

Una, urgente, es eliminar la prohibición de cabotaje (carga dentro del territorio nacional) a barcos extranjeros. Es ridículo que, si un barco extranjero trae autos o contenedores a distintos puertos del país, no pueda aprovechar de trasladar también carga nacional entre dichos puertos.

Esta prohibición busca favorecer a las empresas de transporte chileno, pero termina perjudicando a los consumidores, que pagamos un sobreprecio por el transporte doméstico de entre US$ 300 y 400 millones al año, según los economistas Agostini, Briones y Mordoj. De paso, provoca enormes congestiones sobre nuestras carreteras, pues un país largo y angosto concentra la carga por tierra, mientras desecha la alternativa marítima.

La eliminación de esta restricción de cabotaje marítimo sólo para barcos chilenos fue recomendada por la Comisión Nacional de Productividad como medida urgente hace tres años e incluso se presentó un proyecto de ley en el Gobierno anterior. Es de esperar que el Congreso legisle este proyecto y abra una ancha avenida de transporte de carga marítima.

La segunda forma necesaria de mejorar nuestro transporte de carga, reducir sus costos, reducir las emisiones atmosféricas del transporte terrestre, descongestionar nuestras carreteras y de paso, quitarle un poco de poder de negociación a los camioneros, es fomentando la carga por ferrocarril.

Chile transporta sólo el 5% de su carga en tren, ubicándose muy abajo entre de los países de la OCDE. Para revertir esto se debe invertir en señalética e infraestructura, avanzar en la implementación del Plan de Impulso a la Carga Ferroviaria (PICAF) y sentar las bases de las denominadas “cargas ferroviarias inteligentes”. Urge también avanzar en la ruta ferroviaria para abastecer al Mega puerto de San Antonio.

Hay muchas políticas públicas importantes de implementar que son más urgentes y necesarias que seguir quemando billetes para el estanque de los camiones. (DF)

Clemente Pérez

Aprovechando la alta audiencia de un Mundial de fútbol (Francia ´98), una empresa de combustibles lanzó una publicidad de que su gasolina de 97 octanos contaminaba menos. Esa afirmación no era verdad y luego de una denuncia que hicimos desde la entonces Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama RM) al Consejo de autoregulación publicitaria (Conar), dicha empresa decidió retirar la publicidad engañosa.

Como ese hay muchos casos en que compañías han utilizado al medio ambiente en su publicidad, a veces para destacar una buena práctica real, pero otras veces usando argumentos falsos por exceso de entusiasmo, o por el simple interés de aumentar las ventas.

El auto bombo es algo normal en las relaciones sociales, y especialmente en el marketing. Pero la exaltación de las cualidades propias debe realizarse en el plano de la verdad, de una comunicación honesta con los clientes y con los “stakeholders”: trabajadores, vecinos, medio ambiente.

Diversas iniciativas buscan asegurar que esto sea así. Por una parte, se discute en la Cámara el proyecto de ley para sancionar el lavado verde de imagen o “greenwashing”. Por otra parte, la CMF avanza con la implementación de la Norma de Carácter General N° 461 (recientemente se publicó una Guía de Implementación), que obliga a las entidades supervisadas a seguir ciertos estándares de divulgación cuando entregan información al mercado.

Para los ciudadanos/ consumidores del siglo XXI el medio ambiente, como también otros aspectos que forman parte de los criterios “ESG” -buenas prácticas de gobierno corporativo, inclusión y diversidad-, son elementos relevantes frente a una decisión de compra. Si una marca de ropa es asociada a malas prácticas, la funan, así de fácil. Si una viña es sorprendida contaminando, se pueden cerrar las puertas al vino chileno, pagando justos por pecadores.

Si una empresa no tiene una buena relación con sus vecinos, le será más difícil obtener la licencia ambiental para futuras ampliaciones. De nada sirven las certificaciones, las condecoraciones, ni los seminarios en el barrio alto y destacados en las páginas sociales. Lo que se necesita es una muy buena relación con las comunidades donde llevan a cabo sus actividades productivas, los “territorios”. Estas empresas deben partir por pagar las patentes municipales en dichas comunas. Y tener canales abiertos de diálogo, al más alto nivel de la empresa, con las comunidades. Eso es como un piso muy básico.

Pero también observamos actores que han entendido estas nuevas reglas del juego. Varias empresas chilenas han sido rankeadas en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. El ingreso masivo de fondos verdes, destinados a financiar proyectos en Chile, especialmente de energías renovables, también es algo digno de destacar. La iniciativa de CMPC y Consorcio de abrir una tienda en Casa Costanera (Primeros Pueblos), destinada a promover la artesanía de los pueblos originarios constituye una tremenda innovación.

Como es sabido, lo que constituye una amenaza para muchos, bien abordado se puede transformar en una tremenda oportunidad.

“El auto bombo es algo normal en el marketing. Pero la exaltación de las cualidades propias debe realizarse en el plano de la verdad y la honestidad”.

Pérez Errázuriz Clemente (1967) militante del Partido Demócrata Cristiano, subsecretario del MOP en el gobierno de Ricardo Lagos, “La definición de un Puerto de Gran Escala es necesaria. Los actuales puertos se encuentran próximos a su saturación, y necesitan ejecutar los planes de expansión para poder funcionar los próximos diez años” (1);

suscribe documento “Progresismo sin progreso” de 26 dirigentes del PDC en enero 2016.

«Falta todavía para el examen final. Hay que estudiar para estar optimistas. Y dado que tenemos tiempo para hacerlo, no se pude ser pesimistas. En este año y medio que viene nos jugamos mucho. Hacer las cosas bien significa preocuparse y ocuparse. Promover diálogo, apoyar buenos candidatos, generar consensos sobre los temas fundamentales, mirar la experiencia de otros países» (2).

Candidato a la Convención constituyente 2021 en una lista independiente: «La Democracia Cristiana y la Unidad Constituyente, en cada decisión que toman, abandonan el centro de una manera asombrosa». Obtiene 3.027 votos (0.79%) no siendo elegido.

Suscribe declaración de 100 personalidades en respaldo a Javiera Parada por los ataques recibidos por apoyar una candidatura presidencial. 21 abril 2021

Clemente Pérez se incorpora al comando de Sebastián Sichel, cuando Sichel «marta 7% en las encuestas (3)

«Sería un escenario muy negativo para el país que la opción en segunda vuelta fuera entre Boric y Kast» «No es el momento para darse gustitos ni para candidaturas testimoniales, hay que buscar una candidatura que permita ganarle a Boric. El único que lo puede hacer es Sichel» «Si uno mira las encuestas, que efectivamente han sido malas, de todas maneras Sichel es el mejor candidato para competirle a Boric en una segunda vuelta» (4)

«el borrador de Constitución elimina la atribución exclusiva del Presidente en materia de gasto público. Y el Banco Central no será elegido en forma por parcialidades… además del enorme asto público asociado al amplio catálogo de derechos sociales, el borrador de Constitución asegura que las barreras que habíammos creado para controlar la infalción serán destruidas»

Clemente Perez «LO que encontramos en el borrador de la Convención es una copia desafortunada de los intentos constitucionales de nuestros vecinos. Se podrían haber mirado experiencias mas existosas, como las europeas, pero no» (6).

(2) La Tarea que viene, Diaria Financiero, 27 octubre 2020

(1) Magapueto, La Tercera, 29 diciembre 2015.

(3) El Mercurio, 19 octubre 2021

(4) Entrevista, El Mercurio, 24 octubre 2021

(5) «Una Constitución inflacionaria» 31 mayo 2022

(6) «Copia no feliz del Edén» Diario Financiero, 29 junio 2022

«Hemos pasado al BANANA:  «Build absolutely nothing anywhere near anything», o sea, no construya en ninguna parte cerca de nadie La Tercera, 31 enero 2011

«Relicitación del puente Chacao» La Tercera, 24 mayo 2012 «Este proyecto presente, entre otros beneficios sociales, la seguridad de los viajes, la integración territorial y el beneficio al turismo de la región»

«¿Qué paso con el fondo de Infraestructura? La Tercera 8 agosto 2019: «El Fondo representa una empresa pública de infraestructura, que a través de terceros y meidnate procesos competitivos, puede desarrollar un conjunto de proyectos de concesiones, sin las ataduras burocráticas del MOP. Y d.e la misma forma que el Metro de Santiago, que partió siendo un servicio público que dependía de este ministerio, el Fondo de Infraestructura puede ser una eficiente empresa, capaz de gestionar nuevos proyectos concesionados.

En suma, sería bueno que Chile suscriba y ratifique el Acuerdo de Escazú, pero que lo haga tomando medidas para que más información y participación ciudadana, no se traduzca en más burocracia, litigios e incertidumbre jurídica. Se debiera buscar un acuerdo amplio, pluripartidista, que genere las modificaciones legales necesarias para que así sea. 22 septiembre 2020

NotCo se ha transformado en el segundo unicornio de Chile. Eso es «mas importante que ganar el Mundial» dijeron algunos. El primero fue Cornershop.
Hoy existen mas de 1.000 startups en Chile, según la Corfo.
Habría ademas, cuatro centauros (valorización sobre US$ 100) y mas de 30 que califican como Litte Ponies (sobre US$ 10 millones).
No ayuda el Estado si la burocracia y la permisología son cada vez mas complejas..
Ojala se genere el clima de confianza en nuestros emprendedores,, para que podamos decir que tenemos un ecosistema fuerte, dinámico y que motive a las nuevas generaciones. Diario Financiero, 29 julio 2021

La teoría de las ventanas rotas sostiene que el descuido y el abandono de los lugares públicos fomentan la delincuencia. Cuando se deja una ventana rota y sin reparar, pronto aparecerán muchas otras ventanas destruidas en ese lugar, y luego será escenario de posibles delitos, o territorio de narcos.

Esta teoría, creada por James Q. Wilson y George Kelling, plantea que hay que combatir el vandalismo, los delitos pequeños, mantener la limpieza y el decoro de los espacios comunes, y de esa manera, se reducen las tasas delictivas. Sus postulados son ampliamente conocidos y uno de sus mayores éxitos fue en el Metro de Nueva York, que redujo drásticamente sus delitos cuando se borraron los grafitis de los trenes y se incrementó la limpieza de las estaciones.

Hace unos pocos días la alcaldesa de Santiago llevó una carta al Presidente Píñera, emplazándolo “a tomar acciones urgentes ante fracaso de política de seguridad. Chile enfrenta una grave crisis con aumento de homicidios, de tenencia de armas y del crimen organizado que debe parar”.

No podemos sino coincidir en su preocupación por la delincuencia, que claramente ha aumentado en los últimos años. Pero tal vez la edil también puede aportar en combatirla de manera más decidida que simplemente llevar una carta a La Moneda. En Chile no existen policías municipales, es cierto, pero el deterioro del centro y de otros barrios de su comuna es deprimente. Lo mismo ocurre en otras comunas que han abandonado el espacio público a vendedores ambulantes, las paredes a grafiteros, las veredas a perros abandonados y las esquinas a microbasurales.

Circular por el Paseo Ahumada y encontrarse hasta con cocinerías y “sanguches de potito”, como si fuera la salida del estadio, es brutal. Si la alcaldesa dirigiera sus esfuerzos a recuperar el espacio público (en vez de fomentar el comercio ambulante), a pintar fachadas y a limpiar veredas, probablemente tendríamos un centro urbano más vivible.

El repoblamiento del centro de Santiago ha sido una política de Estado que implementaron varios Gobiernos, y que incluyó inventivos especiales como el subsidio de renovación urbana, que busca precisamente evitar el abandono del centro. Este es un fenómeno experimentado por muchas otras ciudades, y donde ha ocurrido (principalmente en Estados Unidos), se ha correlacionado con alzas en las tasas de delincuencia.

Revertir estos esfuerzos de renovación urbana y repoblamiento del centro, haciendo que la gente huya hacia la periferia, sería un error político de dimensión histórica. Algo de eso ya se puede apreciar en las comparaciones de ventas de departamentos en esa comuna con períodos anteriores.

La Municipalidad de Santiago ha tenido en el pasado exitosos programas de pintura de fachadas, de inversión en áreas verdes, de instalación de cámaras y de otros mecanismos para tener espacios públicos de calidad y contener así la delincuencia. Ojalá no se repita en la capital la triste experiencia que hemos visto en Valparaíso, que de un expectante patrimonio de la humanidad, ha devenido en un abandonado casco urbano, y su otrora maravilloso museo a cielo abierto hoy se esconde bajo varias capas de inefables rayados y grafitis.

“En Chile no existen policías municipales, es cierto, pero el deterioro del centro de Santiago y de otros barrios de esa comuna es deprimente”.

En 2018 el Gobierno impulsó un plan llamado “Chile sin barreras”, que buscaba eliminar los peajes manuales y sustituirlos por tag en todas las carreteras del país. Desgraciadamente esta iniciativa, con un beneficio social que superaba los US$ 600 millones anuales,

se implementó muy limitadamente. Hoy existen plazas de peaje que se encuen-tran congestionadas, a cualquier día y a cualquier hora.

El problema es que, aparte de los peajes, las carreteras también se encuentran saturadas, y esto es algo se ha venido advirtiendo hace años: Chile lleva una década y media con una baja inversión en vialidad estructurante, y con políticas que deben ser corregidas, lo que se ha dicho hasta la saciedad, pero no se ha escuchado.

Se dijo: hay políticas deficientes en logística, como la prohibición de cabotaje o transporte por vía marítima a naves ex-tranjeras, que hacen que la carga se mueva

por congestionadas carreteras.

También se dijo: debiera haber un Fondo de Infraestructura que permita apalancar los recursos que va a recibir el Estado por carreteras concesionadas. Y se aprobó una ley para ello. Más aún, se le dio la forma de empresa pública, se le dotó de un directorio y se le dieron atribuciones para incluso poder licitar por su cuenta proyectos, lo que permitiría reducir los eternos tiempos que toma el MOP en esta labor.

Por último, para renovar y mejorar la cartera de proyectos de infraestructura se propuso mejorar los premios a las iniciativas privadas, reducir los plazos de desarrollo de estas iniciativas y disminuir la incertidumbre sobre la recuperación de los estudios realizados.

En suma, el diagnóstico, compartido por gremios, académicos y centros de estudios como el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), era que se necesitaba mejorar la asociación público-privada, incrementar la productividad, dotar al MOP con nuevos instrumentos, y lograr así una inversión más acorde con el PIB de nuestro país. ¿Qué se hizo? Justo lo contrario. Los camioneros siguen teniendo ventajas tributarias y regulatorias.

La empresa Fondo de Infraestructura S.A. dedicó parte importante del tiempo a cambiar su nombre (ahora se llama “Desarrollo País”), y aparte de eso, ha participado en la compra de un par de terminales de buses, en un proyecto de fibra óptica y en algunos seminarios. ¿Desarrollo o participación en licitaciones? Cero. ¿Impulso de nuevos proyectos concesionados? Cero. ¿Fomento el apalancamiento de nuevos proyectos? Cero. Tal vez un nuevo cambio de nombre podría ser una buena idea.

Y respecto de las iniciativas privadas, esta semana se publicó una larga modificación al Reglamento de Concesiones de Obras Públicas. No fue cubierta por ningún medio, porque en realidad sólo crea nuevas etapas, nuevos plazos y requerimientos, mientras mantiene los bajos premios y crea nuevos factores de incertidumbre, pues ahora permite al MOP competir con los privados que presentan una idea.

Es cierto que se ha incrementado la inversión en caminos rurales, pero aunque eso es bueno, no apunta a las causas del problema en las carreteras principales. Por eso, cuando se encuentre en un peaje, en medio de las bocinas de otros conductores impaciente por avanzar, sólo deténgase a pensar que en el futuro los tacos van a ser aún mayores, pues la infraestructura es lenta de construir y los pasos se están dando justo en la dirección contraria.

Los que votamos Apruebo queríamos que Chile tuviera una nueva Constitución que fuera “la casa de todos”. Dejar atrás una que, aunque varias veces reformada, seguía teniendo el pecado original de la dictadura. Pero de la casa de unos, parece que vamos a terminar en la casa de los otros. La Convención no ha sido capaz de integrar, de generar los grandes acuerdos que se esperaban, de promover la paz y el diálogo. Por el contrario, los derechos fundamentales reconocidos a la fecha son totalmente insatisfactorios y alejados de una democracia moderna (se discute el derecho al ocio, pero se debilita el derecho de propiedad). Al mismo tiempo, se promueve un engendro gubernamental, con vicepresidente y ministro de gobierno, bien parecido al caso de Perú, que lleva meses sin poder contar con un gobierno estable. Se debilita la independencia del Poder Judicial, se transforma al Senado en una Cámara de los Territorios, con funciones acotadas, a ratos decorativas.

El revanchismo y el octubrismo se tomaron la Convención Constitucional. Elisa Loncón podía haber pasado a la historia como la versión chilena de Nelson Mandela, representando a un pueblo oprimido por décadas, y liderando una patria más integrada. No fue así. No es el espíritu que gobierna esta Convención.

Quedan todavía algunas semanas, es cierto. Todavía podría ocurrir que los convencionales se den cuenta de que deben proponer una Carta Fundamental que busque perdurar en el tiempo, una que nos represente a todos. Se ve difícil, eso sí.

No sorprende, entonces, que muchos de los que votamos

Apruebo, nos hayamos declarado en alerta.

Hay mucha esperanza puesta en este proceso.

Es el momento de actuar con altura de miras. La Convención puede y debe buscar acuerdos amplios, a fin de mejorar el texto que está preparando, para poder seguir adelante con una nueva Constitución. Sería muy triste que el texto propuesto fuera rechazado. No hay que olvidar que el plebiscito de salida será con voto obligatorio, sin cuarentena, y con un gobierno distinto, con sus aciertos y desaciertos.

Así que, si no es por convicción, al menos que sea por conveniencia: la Convención debiera escuchar más a la sociedad civil. Diversas organizaciones gremiales pidieron ser escuchadas y no las recibieron. Fue el caso del Colegio de Ingenieros, que realizó un enorme trabajo, aportando lo mejor de esa profesión, y ni siquiera los recibieron.

Como dice el convencional Squella, el eventual rechazo no será el vacío, pues en ese caso siempre podrán el Ejecutivo y el Legislativo retomar el proceso de cambio constitucional. Pero el rechazo sería el fracaso de la Convención, y más importante aún, la profundización de la brecha que ha vuelto a surgir entre los chilenos.

Pocas veces como esta un grupo reducido de compatriotas tiene la oportunidad (y la obligación) de hacer un giro en la historia, y hacer que la Convención vuelva a transformarse en un espacio de esperanza, más que en un germen de fractura interna.

“La Convención Constitucional no ha sido capaz de integrar, de generar grandes acuerdos, de promover la paz y el diálogo. El revanchismo y el octubrismo se tomaron el cónclave”.

Es realmente impresionante ver el capítulo sobre “Nuestros grandes Parques Nacionales” en Netflix, relatado por el exPresidente Barack Obama, destacando las áreas protegidas chilenas en la Patagonia. Pero no sé si seremos capaces de preservar adecuadamente este tremendo activo ambiental. La Patagonia se está desmembrando en miles de parcelas de agrado. Ante los ojos pasivos de las autoridades ambientales y ante la ausencia de una solución normativa adecuada, se ha venido agudizando la subdivisión y loteo de miles de parcelas de 5.000 m2, al amparo del DL 3.516, como supuestas parcelas agrícolas. Sólo el año pasado hubo más de 7.000 subdivisiones en la región de Aysén. Una gran parte de ellos son núcleos urbanos al margen de la planificación territorial, que debían someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no lo han hecho.

La venta de parcelas por internet se ha disparado en los últimos años, de retiros y teletrabajo. Todos prometen ser muy verdes y “eco algo”, pero lo cierto es que cuando se ejecuten, donde hoy existen los más bellos parajes de nuestra Patagonia, justo al frente de los parques del documental de Obama, pronto habrá cercos, pasto, perros y motos de agua.

Pasan los años, las coaliciones de gobierno alternan de color, y no hemos sido capaces de presentar una forma de regulación del territorio que permita conciliar los legítimos sueños de muchos por contar con terrenos más amplios y en contacto con la naturaleza, con las necesidades de un ordenamiento territorial adecuado.

Afortunadamente, algunos proyectos de subdivisión rural están incorporando áreas de preservación, con derecho real de conservación, y con exigencias establecidas en sus reglamentos de copropiedad, del tipo prohibir cercos, regular sistemas de recolección de residuos, restricciones arquitectónicas y de vehículos de que generan ruidos molestos. En estos casos se logra un premio por parte de los compradores. Se trata de un proceso de auto regulación que está ocurriendo, ante la mirada pasiva de las autoridades.

Volviendo a los parques nacionales del documental, tampoco queda claro si seremos capaces de preservarlos adecuadamente. Hoy la administración de las áreas protegidas se encuentra repartida en cinco ministerios. Desde hace más de 10 años se discute en el Congreso el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Se han recibido miles de indicaciones, y aún no se logra aprobar esta iniciativa, que creará un Servicio público que estará a cargo de las diversas áreas protegidas, que promoverá la conservación ambiental en áreas no resguardadas, y que contará con mayor dotación y recursos que la actual Conaf (que en estricto rigor, es una Corporación privada). No puede ser que nos demoremos más de 10 años en sacar adelante esta reforma.

El documental que presenta Obama valora y promueve a nivel mundial, como nunca se había hecho, la red de 24 parques chilenos en la Patagonia. Pero aunque suelo ser optimista, reconozco que se me ha ido pasando. Ya no sé si seremos capaces de conservar bien los regalos que como país hemos recibido.

“Donde hoy existen los más bellos parajes de nuestra Patagonia, pronto habrá cercos, pasto, perros y motos de agua”.

Hace pocos meses, el Presidente Boric y sus ministros políticos se opusieron a que los colegios regresaran a clases por causa de la pandemia. Incluso presentaron una acusación constitucional contra el ministro de Educación de la época. Luego recapacitaron: “Los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”, dijo el entonces candidato presidencial Boric. Pero bastó un brote en el invierno, para que fueran los colegios los primeros (y los únicos) en cerrar.

Algo parecido ocurrió con los retiros de las AFP: quienes hoy están el Gobierno antes eran partidarios acérrimos, y ahora opositores a estas iniciativas. Lo mismo después con el proyecto de ley de infraestructura crítica: antes opositores, ahora partidarios. Y también con el estado de emergencia constitucional: antes en contra, ahora a favor.

Los americanos llaman a estos vaivenes políticos “flip flopping”, algo así como “darse vuelta”. Donde se aplica a rajatabla aquello de “estos son mis principios, y si no les gustan, tengo otros”, frase atribuida a Marx (Groucho eso sí, no Karl).

Para evitar estos vaivenes y con el objeto de establecer políticas de largo plazo, las democracias occidentales han creado instituciones: órganos con procedimientos y fines claros, compartidos, definidos por normas y que adquieren el rol de políticas de Estado, no asociados a una persona o un partido en particular.

Cuando surgió la polémica por el “Gabinete Irina Karamanos”, el Presidente reaccionó bien, corrigiendo lo ocurrido y llamando a cuidar las instituciones. En esa ocasión afirmó lo siguiente: “Para que las instituciones funcionen, como bien dijo el Presidente Lagos en su momento, se requiere que todos las cuidemos y yo siento que hemos sido parte también, y acá lo digo desde una perspectiva autocrítica, de no tener la visión suficiente de los costos de deteriorarlas y ahí hay mucho que aprender”.

Poco tiempo transcurrió, sin embargo, para que se produjera un nuevo vaivén político y una nueva institución fuese agraviada: con poco respeto por un organismo tan importante como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se le pidió la renuncia anticipada a su director, Sergio Micco. Ni siquiera fueron capaces de esperar los 11 días que faltaban para que terminara su período como titular de es entidad. Ya antes Micco había sido víctima de una verdadera humillación, cuando se había negociado la restitución de la sede tomada del INDH sin su participación y él mismo no fue recibido en La Moneda, pese a reiteradas solicitudes.

De nuevo se lesionó a una institución: el INDH, y de paso, se canceló a Sergio Micco, un verdadero referente en la recuperación de la democracia, líder de una generación de estudiantes que defendió como pocos el respeto a los derechos humanos. Humanista cristiano, coherente con sus valores, jugado y valiente, de esos que defienden sus ideas con lucidez, sin violencia, sin pseudónimos en redes sociales, dando la cara y sin importar para donde sopla el viento.

Una manera de proteger nuestra democracia es practicando el respeto por las instituciones y por las personas, más aún si se trata de promover la tolerancia y la defensa a los derechos humanos. No más “flip flopping”, por favor. (DF)

Independiente de cuál sea el resultado del plebiscito de salida (mi intuición es que será más peleado de lo que indican las encuestas), algunas lecciones podemos anticipar de este proceso constituyente y que debiéramos considerar para el proceso siguiente, que se inicia el día 5 de septiembre.

En primer lugar, y salvo que el Apruebo gane por un amplio margen, lo que se ve improbable, los grupos controladores de la Convención se farrearon una tremenda oportunidad. Todos los que votamos Apruebo en el plebiscito de entrada esperábamos tener una Constitución que uniera, que fuera un pacto social, la llamada “casa de todos”..

Unos queremos rechazarla de plano, y otros (los partidos oficialistas) quieren modificarla. Pero parece que son pocos los que quieren que quede tal cual está.

Segundo: la política y los políticos han resucitado en gloria y majestad. La democracia plebiscitaria resultó no ser tan exitosa: pronto llevaremos dos plebiscitos y seguiremos estando a medio camino. Lo mismo con las iniciativas ciudadanas, luego de que algunas, que fueron respaldadas por cientos de miles de ciudadanos -como “Con mi plata no”-, rápidamente fueron descartadas por los adalides de las iniciativas populares.

Lo que antes se llamaba despectivamente “cocina”, ahora se valora como una negociación válida y legítima de distintos actores. Y serán ellos, gane la opción que gane, quienes deberán echar a andar el proceso normativo que seguirá a continuación de este plebiscito.

Tercero: curiosamente, junto con los políticos, también debiera volver a su justa dimensión la valorización de los técnicos. Los constituyentes fueron criticados muchas veces por no saber bien qué habían votado, o cuando lo hacían en forma poco rigurosa (ej. en la ducha).

Por otra parte, los “tecnócratas” que alertaron sobre los efectos inflacionarios de los retiros fueron criticados: “Les falta calle”, se dijo. Hoy la calle reclama por la inflación y se da cuenta de que esas alertas no eran gratuitas, sino opiniones que debían ser tomadas en cuenta.

Por último, pareciera que también los moderados están recuperando su valía. En la elección constituyente (me toco sufrirlo en carne propia), las posiciones de centro fueron arrasadas. La votación fue polarizada, y las listas más extremas, especialmente de izquierda, tuvieron una clara victoria. La DC sacó un solo constituyente. A sus vecinos del centro político no les fue mucho mejor.

Ahora, sin embargo, los ministros mejor evaluados son ex concertacionistas. Por el lado del Apruebo campean los que “aprueban para reformar”, mientras que en el Rechazo se ha visto un protagonismo claro de los “Amarillos”, “Una que nos Una”, “Centro izquierda por el Rechazo”, y otros movimientos moderados que buscan una nueva Constitución, distinta de la vigente hoy y de la que la Convención nos propone.

Aunque siento que todo este proceso, gane quien gane, ha sido una gran oportunidad perdida, al menos parece que las lecciones aprendidas habrán valido la pena. (DF)

Clemente Pérez

Como habíamos logrado vivir sin ella, muchos pensaron que la inflación era algo del pasado. Subestimaron lo fuerte que pega, especialmente a los hogares más pobres, que ven como día a día sus compras suben de precio y el sueño de la vivienda propia se aleja.

Los constituyentes, en su mayoría provenientes de esa izquierda que subestimó la inflación, y mucho antes el crecimiento económico, nos acaban de entregar un borrador de una Constitución inflacionaria, que ignora por completo sus causas, y elimina los antídotos que nos permitieron superarla durante los famosos 30 años.

Entre los antídotos de la inflación, se cuentan: (i) autonomía del Banco Central, (ii) iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto fiscal, y (iii) control del gasto por la ley de presupuesto.

Respecto del Banco Central, si bien el borrador de la Convención sí reconoce su autonomía, es clave que los consejeros sean designados por parcialidades y en forma traslapada, de manera que conformen un órgano colegiado pluralista. Esto último no está asegurado, tal como lo hizo ver a la Convención el propio instituto emisor.

Además, el borrador elimina la atribución exclusiva del Presidente en materia de gasto público. Ahora se propone que las leyes que arroguen gastos al Estado, y aquellas relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, sean de “concurrencia parlamentaria”, vale decir, que pueden tener su origen en una moción parlamentaria. Como luego se requiere que el Presidente le otorgue su patrocinio, veremos verdaderos chantajes parlamentarios para que el Ejecutivo les apruebe sus iniciativas de gasto, y las transacciones serán la orden del día: “Hagamos un proyecto de ley para financiar un gimnasio en esta región, un estadio en la otra, y un consultorio más allá, juntamos los votos y presionamos al Presidente para que nos apoye”. Por milagro, y “bypaseando” la ley de presupuesto, aparecerán recursos que en realidad no existen, aumentando el gasto público y acelerando la inflación.

Otro forado: el borrador permite crear empresas regionales y municipales. O sea, cada una de las 346 comunas y de las 16 regiones, podrá tener sus propias empresas, compitiendo con los emprendedores privados en los más diversos rubros, generando situaciones como la de la farmacia popular en Recoleta, de desastrosa gestión, pero ahora en todo el país. El aumento de gasto fiscal incontrolado por esta vía, y el riesgo de corrupción es demasiado alto, como para permanecer pasivos.

La guinda de la torta, los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda, con la única restricción de que dicha deuda no sea destinada a financiar gasto corriente. Como si la plata no fuera fungible.

En suma, sin siquiera considerar el enorme gasto público que puede generar el amplio catálogo de derechos sociales que se proponen, el borrador de Constitución asegura que las barreras que habíamos creado para controlar la inflación serán destruidas.

Para los que votamos Apruebo esperando una nueva Constitución mejor, es frustrante este sueño refundacional que ignora lo aprendido. (DF)

Clemente Pérez