Patricia Francisca Labra Besserer (1987) Es abogada con experiencia en el ámbito público y privado.
Obtuvo la primera mayoría en su distrito para la elección constituyente 2021.

Hija de médico.

Oriunda de Parral, fue coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor en el Maule (Senama), cargo que dejó para lanzar su candidatura como constituyente.

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Hermana de la diputada Paula Labra Besserer

Patricia Labra, convencional constituyente 2021 por el Partido Renovación Nacional, en el distrito 18 de la región de Maule, circunscripción Sur, con 11.890 votos (10,67%) de los 34.313 votos (30,8%) de su lista Vamos por Chile.

Obtuvo la primera mayoría en su distrito.

Se desempeñó en la Municipalidad de Retiro y en la Seremi de Bienes Nacionales de la región del Biobío.
Entre sus ejes principales destaca que la regionalización sea efectiva y que la agricultura sea considerada como un eje estratégico en la economía, además que se garantice el agua como un bien de uso público y un derecho humano.
En su programa destaca que la nueva Constitución debe consagrar un Estado Democrático de Derecho, basado en la libertad individual, la responsabilidad, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas y la solidaridad entre sus miembros, que  promueva activamente el goce de las libertades y derechos. Señala que debe existir una real y efectiva vigencia de los derechos fundamentales y que es obligación primordial del Estado promover y asegurar la paz social y garantizar la seguridad individual y colectiva.

Suscribe la carta de convencionales de Chile Vamos «Tenemos la convicción de que una sociedad abierta y libre requiere del pleno reconocimiento de los pueblos originarios, de sus derechos y sus culturas.  Reconocemos que se han cometido errores e injusticias, siendo una de ellas la poca comprensión que hemos tenido de las realidades y perspectivas propias de los pueblos originarios. Chile tiene una deuda histórica y nos comprometemos a contribuir a su solución»  El Mercurio 18 agosto 2021

Integra «Independientes, Evopoli y RN formalizan, con logo incluido, su grupo en la Convención» 3 noviembre 2021

PROGRAMA CANDIDATURA A INTEGRANTE CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
1. Consagrar un Estado Democrático de Derecho, basado en la libertad individual, la responsabilidad, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas y la solidaridad entre sus miembros, que promueva activamente el goce de las libertades y derechos. Debe existir una real y efectiva vigencia de los derechos fundamentales.
Es obligación primordial del Estado promover y asegurar la paz social y garantizar la seguridad individual y colectiva. La paz social es un valor que debe ser protegido desde el orden político, con el propósito de construir una sociedad justa, en la cual las personas establecen relaciones de dignidad y respeto, basados en los derechos fundamentales del ser humano.
La violencia y el actuar delictual son siempre condenables, sin importar sus motivaciones ni las consideraciones políticas, ideológicas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarla.
A la ciudadanía debe garantizársele siempre el expedito acceso a una administración de justicia oportuna e independiente, a un debido proceso y una adecuada defensa jurídica.
Que la acción del estado no solo esté centrada en la persecución de la responsabilidad penal del delincuente, sino que además esté destinada a asegurar la protección de las víctimas de la acción delictual, por lo que las mismas deben contar con el apoyo del Estado para el efectivo ejercicio de sus derechos.
El terrorismo, cualquiera sea su origen o motivación, constituye una violación de los derechos humanos y afecta gravemente la convivencia social, razón por la cual debe ser combatido a través de una acción policial eficaz y una legislación adecuada.
2. En cuanto a la forma de gobierno, cambiar el sistema presidencialista exacerbado que hoy tenemos por un modelo semi-presidencial, con mayor equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo, con mayor control ciudadano de la actividad política, que incluya el establecimiento de la diferencia de un Jefe de Estado como Presidente, del Jefe de Gobierno como Primer Ministro.

Chile es una República, donde la democracia representativa es el régimen político coherente con la dignidad y libertad de las personas y apto para asegurar el desarrollo individual. La adhesión plena a la democracia se apoya en el convencimiento de que solo ésta permite el desarrollo y bienestar humano, en un ambiente basado en la libertad política y económica, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento al esfuerzo individual, la cohesión social y la búsqueda de la prosperidad para todos.
El concepto de democracia representativa implica que todas las autoridades de la República, electas o designadas, deben tener la capacidad y el carácter para evaluar decisiones colectivas en base a sus méritos y responder frente a los ciudadanos de sus acciones. Ser un actor político relevante importa comportarse de manera responsable, velar por la estabilidad del sistema político y garantizar niveles de gobernabilidad adecuados, teniendo siempre el bien común de nuestro país como norte.
La democracia debe orientarse a consolidar una ciudadanía responsable, mediante la ampliación efectiva de los derechos de las personas, lo que permitirá consecuentemente asegurar el progreso al que deben aspirar las sociedades modernas, pero sin olvidar que la contrapartida es la responsabilidad de los individuos, conforme a la cual estos deben asumir siempre las consecuencias de sus acciones.
Conformar una sociedad de individuos conscientes y responsables en la cual cada derecho tenga su correlativa obligación y que el Estado asegure el goce de los derechos individuales y colectivos, pero demande adecuadamente las obligaciones, cargas e imposiciones públicas.
3. En cuanto a la forma de Estado, evolucionar del estado unitario que hoy tenemos a un modelo regional descentralizado, con mayores grados de autonomía política y administrativa, que importe una reorganización regional en base a grandes macro regiones, que verdaderamente puedan equilibrar el poder de la Metropolitana
y obtener mayores recursos para sus territorios. Al mismo tiempo, establecer un nuevo estándar en materia de responsabilidad fiscal.
Profundizar los ámbitos de probidad administrativa y transparencia estatal.
Fortalecer las identidades regionales y el traspaso creciente de atribuciones, competencias y recursos desde  el gobierno central a los gobiernos regionales. Contribuye a tal propósito la elección de las autoridades regionales, al igual que el principio de descentralización tributaria, conforme al cual un porcentaje de los impuestos que las empresas generan por las actividades que desarrollan en las regiones deben permanecer en éstas, siempre que la utilización de dichos recursos sea compatible con los fines que el Estado se propone.
Como resultado del avance en la descentralización y desconcentración del poder, los municipios actuales deben constituirse en verdaderos gobiernos locales y ser estos ejes del proceso descentralizador. En consecuencia, sus atribuciones y responsabilidades deben ser aumentadas, al igual que sus facultades y recursos para dar cumplimiento a los mandatos que la sociedad les entrega.
La acción del Estado debe ceñirse al principio de proximidad, en virtud del cual todas sus tareas se realizan siempre a través del órgano más descentralizado y por ende cercano a las personas.
Consagración del principio de delegación responsable, para de esta forma impedir que se impongan obligaciones y/o funciones a los gobiernos regionales y locales sin asignarles el financiamiento correspondiente.
4. Establecer como rol del Estado la orientación a la propensión del bien común, consignando un Estado subsidiario al servicio de la persona humana, complementado con la solidaridad como contrapeso.
Un orden social basado en la libertad e iniciativa creadora de las personas. El ejercicio pleno de las libertades permite a los individuos desarrollar al máximo sus potencialidades y alcanzar los mayores niveles de satisfacción personal, colectiva y social.
El progreso social se impulsa a través de una cultura del trabajo, que reconoce el esfuerzo individual y colectivo, a través de la legítima retribución del mismo.
El Estado no es un fin en sí mismo y debe estar al servicio de las personas, la familia y la sociedad civil, contribuyendo activamente al bien común.
Promover el principio de subsidiariedad como base de la sociedad libre. El respeto a la libertad personal exige que ni el Estado, ni ningún otro organismo de la sociedad, invadan el campo específico de las entidades menores o la libertad de cada persona.
El Estado tiene funciones indelegables, a fin de asegurar el desarrollo normal de la nación, tales como la defensa, las relaciones exteriores, la dictación y aplicación de las normas jurídicas, la erradicación de la pobreza y la promoción de la igualdad de oportunidades, y la protección, desarrollo e implementación de industrias estratégicas.
Por vía subsidiaria, el Estado debe asumir además aquellas actividades necesarias o convenientes que, aunque propias de los particulares, ellos no puedan cubrir en la práctica. Esta función de suplencia es prioritaria en las áreas sociales más importantes.
Propender a una sociedad apoyada en el principio de la solidaridad, que armoniza el bien común con el de cada persona e impulsa un fuerte compromiso hacia los más débiles, desfavorecidos y necesitados. Una sociedad solidaria es aquella en que todos sus integrantes asumen que constituyen una comunidad de destino y que, por tanto, el mejor futuro para todos se enlaza y depende del de cada uno de sus integrantes.
5. Libertad de enseñanza, derecho a la educación y acceso a la cultura. La educación es el medio fundamental para que las personas desarrollen al máximo sus potencialidades, adopten aquellos valores inspiradores de sus vidas y se integren con equidad a la sociedad democrática. Asimismo, la educación es una expresión fundamental del pluralismo ya que, a través de ella, se expresan y proyectan distintas visiones de la sociedad.
La libertad de enseñanza y el derecho a la educación se retroalimentan recíprocamente. El Estado debe garantizar el acceso a la educación general gratuita y contribuir a elevar su calidad en todos los niveles.
Propender a la diversidad de proyectos educativos, el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional de sus hijos y a suplementar el aporte estatal.
El sistema educacional debe cautelar el principio de provisión mixta y la libertad de optar por la educación pública, particular y particular subvencionada, por lo que el Estado debe ofrecer un financiamiento suficiente y no discriminatorio.
El estado debe desplegar todos sus esfuerzos en entregar una educación de la más amplia cobertura y de la mayor calidad asegurando efectivamente el derecho a la educación. Como contrapartida. se debe establecer legalmente la responsabilidad del educando en cuanto al respeto y la disciplina en los colegios.
La cultura y las artes son factores que engrandecen la sociedad y contribuyen al bienestar de las personas, fortaleciendo el alma de la nación.
Una sociedad nacional de oportunidades debe fomentar el desarrollo de la cultura nacional, promover su difusión y generar acceso a sus múltiples manifestaciones, sin restricciones de ningún tipo, propendiendo a la creación de una identidad y de un sentimiento de pertenencia que una a todos los miembros de la sociedad.
6. Consagrar mecanismos de participación ciudadana democrática. La sociedad civil es el espacio público en que confluyen diversas organizaciones y entidades ciudadanas -autónomas y no estatales- que promueven valores, propuestas e intereses legítimos, dinamizando la vida democrática.
El estado debe valorar y fortalecer las distintas expresiones de la sociedad civil garantizando el derecho de libre asociación de todas las personas.
Los partidos políticos son importantes para la gobernabilidad democrática y su rol es necesario para que los ciudadanos se puedan reunir bajo un ideario compartido, considerando entre sus tareas la elaboración de programas políticos que permitan la alternancia en el poder y el ejercicio responsable de las tareas de gobierno
y oposición.

Construir una democracia de mayorías y no fragmentación de una democracia meramente representativa.
El ámbito de lo público de una sociedad democrática se fortalece al configurarse conforme a los principios de participación, transparencia y probidad.
Una democracia representativa sin excluir la acción de democracia directa en determinadas materias mediante el mecanismo de consulta ciudadana vinculantes por medio de plebiscitos vecinales, regionales o nacionales en materias de alto impacto ciudadano y de calidad de vida.
Como expresión de la participación ciudadana, modificar el funcionamiento del Congreso Nacional consagrando expresamente la iniciativa popular de ley; debiendo además establecerse en la ley respectiva los mecanismos que aseguren una adecuada socialización de proyectos de ley, a través de un sistema reglado para que la sociedad civil pueda intervenir en la discusión o en el aporte al trámite legislativo; como asimismo mejorar sustancialmente los procesos de cumplimiento y evaluación de la vigencia de los proyectos de ley.
7. La nación chilena es una, indivisible de origen multicultural y pluriétnico, razón por la que se debe valorar la contribución que los pueblos originarios e inmigrantes han realizado a la construcción de la nación chilena y la patria.
Promover la diversidad cultural de los pueblos originarios, la conservación, fortalecimiento y desarrollo de sus identidades, de sus idiomas, instituciones y tradiciones, destacando el valor que representan para el desarrollo del país.
Reconocer la diversidad cultural de los pueblos inmigrantes y la conservación de sus identidades como un elemento de inserción en la cultura nacional, pero siempre propendiendo a la oportuna y correcta adaptación a nuestra cultura y formas de convivencia nacional.
Creemos que la nación chilena es fruto del cruce virtuoso de culturas que, a través del tiempo, han convivido de manera armónica en el país, aportando con sus características a forjar el alma nacional que hoy nos identifica
en el mundo.
8. Perfeccionamiento de las actuales garantías y consagración de nuevos derechos constitucionales. Se proponen, por ejemplo:
a) Consagración en materia de derechos sociales de un conjunto de fines u objetivos que orienten a los colegisladores y a la administración para diseñar las respectivas políticas públicas.
b) Garantizar la seguridad individual y colectiva.
c) Respaldar el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, estableciendo expresamente que no se pueden hacer diferencias arbitrarias o injustas.
d) Consagrar el derecho a la pronta administración de justicia, el establecimiento expreso de las garantías del debido proceso, junto con el derecho a la acción y a la igualdad en el trato en la ley, y que quienes se encuentran procesados en el antiguo sistema procesal penal puedan optar por las garantías del sistema actual.
e) Elevar a rango constitucional los derechos del ciudadano y el contribuyente frente al Estado administrador, y el derecho del consumidor al restablecimiento justo ante la acción abusiva de los proveedores de productos y servicios.
f) Fortalecer la libertad de expresión protegiendo y promoviendo la creatividad humana y las manifestaciones culturales.
g) Garantizar de mejor forma el derecho a la honra y a la vida privada, impidiendo la autotutela por vías extrajudiciales.
h) Consagrar el deber del Estado de promover el emprendimiento privado y la innovación, permitiendo que el esfuerzo particular sea reconocido con el legítimo derecho al goce de las invenciones y resultados; incluyendo un sistema tributario no expropiatorio y restrictivo.
i) Establecer el derecho a una competencia limpia y libre en los mercados, señalando el deber del Estado crear las regulaciones y llevar adelante las fiscalizaciones que permitan resguardarlas, incluyendo restricciones de cuota de acceso a los mercados para personas naturales o jurídicas.
j) Consagrar garantías legales claras y transparentes para el legítimo ejercicio del derecho de reunión de carácter pacífico, en recintos públicos y privados, y el de asociación con o sin personalidad jurídica.

k) Consagrar mecanismos de resolución de conflictos individuales entre trabajadores/funcionarios públicos y empresa/Estado, con participación estatal, con el fin de propiciar la debida colaboración entre los diversos sectores de la ciudadanía, respetando la adecuada autonomía de los emprendimientos particulares.
l) Perfeccionar el derecho de propiedad, asegurando la plenitud de uso, goce y disposición de todos los bienes y servicios, que contemple la garantía de indemnización directa, en forma previa y al contado en caso de expropiación, sin perjuicio de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.
m) Establecer el deber del legislador para establecer reglas especiales en delitos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas, tortura y otros tratos crueles y degradantes y demás afectaciones a los derechos humanos, y actos de violencia con fundamentación política, religiosa o social.
n) Establecer un mecanismo de defensa del ciudadano ante los actos ilegales y/o arbitrarios de la administración del Estado mediante la implementación de tribunales contencioso administrativos, que además puedan conocer de los conflictos de la propia administración y entre órganos del Estado, fijando competencia para estos tribunales en materia de interpretación de la norma administrativa.
9. Un estatuto constitucional medioambiental, que contemple el derecho a la calidad de vida fundada en la promoción y fiscalización necesaria que permita vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Asimismo, promover la defensa del agua y los recursos naturales como bienes nacionales de uso público, estableciendo el uso preferente para el consumo humano, obras de saneamiento y economía de subsistencia; la efectiva regulación en la utilización de los suelos, asegurando el uso de suelo para la producción agrícola en aras de alimentar a la nación y el diseño de un sistema de ciudades y regiones integradas.
10. Garantizar la protección y tratamiento ético de todos los animales de acuerdo con su especie y en su calidad de seres dotados de sensibilidad. La ley establecerá las normas de protección y resguardo de los animales.
Creación un organismo autónomo con patrimonio propio de carácter técnico, que fomentará el resguardo, protección y promoción del bienestar de todos los animales. Una ley determinará la composición, organización, funciones y atribuciones de dicho organismo.
11. Mecanismos de resguardo para asegurar que las garantías constitucionales estén al alcance de todos los ciudadanos, por medio de acciones jurisdiccionales constitucionales:
a) Existencia del Defensor de las Personas (Ombudsman)
b) Establecer un servicio autónomo que tenga como función resguardar los derechos de las personas frente al Estado, sus organismos y quienes operen servicios públicos en virtud de concesiones.
c) Profundizar el rol del Recurso de Protección, otorgándole a los jueces facultades innovativas.
d) Constitucionalización del Amparo Económico.
e) Profundización de facultades del Amparo Penal Constitucional.
f) La creación de los Tribunales Contenciosos Administrativo.
g) Creación de Tribunales de Ejecución de Pena.
h) Creación de Tribunales Vecinales
i) Creación de tribunales especiales de materias de consumidor.
12. Modernización del Estado, estableciendo los principios de eficacia, eficiencia y servicialidad activa y pasiva en la gestión pública, la determinación constitucional de los ministerios -reduciendo el número de los mismos- Economía con orientación definida hacia el crecimiento y la generación de empleo, para expandir la
prosperidad, superar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad, favorecer la movilidad social y alcanzar el desarrollo.
El Estado, junto con asegurar la provisión de bienes públicos, tiene un rol fundamental en la superación de la pobreza y la generación de igualdad de oportunidades. Asimismo, debe asegurar a los ciudadanos el mejor acceso posible al trabajo, salud, educación, seguridad social, vivienda y demás prestaciones sociales e impulsar activamente el emprendimiento, la creación de empresas, la competencia y la innovación.
Libertad de elección en la prestación de servicios sociales, ya que ella empodera a los ciudadanos e influye
eficazmente en el mejoramiento de los mismos, y apoya la asociación pública – privada en sus diversas modalidades ya que permite la liberación de recursos estatales para destinarlos a fines sociales prioritarios.
18. De la iniciativa privada en la vida economía. El emprendimiento, en los distintos ámbitos, impulsa la sociedad hacia el desarrollo y permite la realización personal y colectiva.
El respeto a la propiedad privada y el derecho a percibir una legítima retribución por los emprendimientos, los riesgos asumidos y el trabajo realizado es la base en que se apoya la prosperidad general, de la Nación y los individuos. La propiedad tiene como límites su función social, que comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
La iniciativa individual es la principal fuente para la creación de trabajo y el espacio natural de colaboración de las personas en el ámbito económico.
Asegurar y fortalecer las distintas formas de organización empresarial, ya que todas ellas contribuyen al bien común. De igual forma, la empresa debe insertarse adecuadamente en su entorno, a través de una efectiva responsabilidad social.
Apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y cualquier otra forma de asociatividad, ya que contribuyen a la generación de empleo, dinamizan el funcionamiento de la economía, aportan competencia a los mercados, impulsan la innovación, son fuente de movilidad social y abren mayores espacios de autonomía
y progreso para las personas.
Postular la existencia de un entramado social, que permita a la Nación establecer asociaciones gremiales y de profesionales que puedan actuar de contrapeso ante el poder del estado, actuando estas subsidiariamente ante la ineficacia o falencia estatal.