Presidente ejecutivo de CODELCO 2014-2018

Preferiría constitución que des-concentre poder, aumente deliberación y tenga mecanismos para parar carros a arranques populistas y autoritarios. No me siento persuadido por razones que se dan para eliminar el Senado. Epero que esto se corrija cuando se clarifique rol de nueva cámara» La Segunda 14 abril 2022

«Los convencionales de mi sector, la centroizquierda, han pasado demasiado tiempo complaciendo alos sectores mas extremos de la Convención y demasiado poco pensando en cómo construir una Constitución que dure 50 años»  «Creo que hay un riesgo enorme de que fracase el proceso… me asusta» Voy a decidir mi voto esperando el texto final…. o voté por una hoja en blanco, no firmé un cheque en blanco. Espero sinceramente que los esfuerzos que se están ahciendo paa enmendar el proceso permitan que personas como yo puedan aprobar» Entrevista El Mercurio, 6 mayo 2022

“Los firmantes, sin arrogarnos ningún tipo de representatividad especial ni en nombre de ningún colectivo específico, y solo como ciudadanos comprometidos con la necesidad de una nueva Constitución —pero no de cualquier Constitución— invitamos a votar Rechazo este próximo 4 de septiembre” La Tercera, 5 julio 2022

«Amorosos los que creen que la política actua de frente y con publicidad cuando quiere imponer algo que les cconviene» (Tweeter, respondido por Alfredo Joignant: «Oscar, de verdad es inentendible tu discurso anti-política y anti-partido. Una cosa es abandonar el socialismo, otra muy distinta es irse al Partido de la Gente. Favor reacciona y usar la cabeza» 2 octubre 2022

A quien pueda interesar
Mis razones para votar rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre

Oscar Landerretche

A quien pueda interesar,

He estudiado con cuidado las propuestas que componen el texto de nueva Constitución Política de la República que ha elaborado la Convención Constituyente y que se propondrá para ratificación ciudadana en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. No lo considero satisfactorio como cuerpo legal y tampoco lo considero una solución política a la crisis institucional que buscaba resolver. He decidido, por ende, votar “rechazo” en ese plebiscito.

La principal función de un texto constitucional es dar un marco de gobernabilidad a la discrepancia política dentro de una comunidad nacional. La razón de ser de las constituciones es normar y reglamentar el conflicto político de modo que este no se desborde desde los cauces institucionales hacia soluciones fácticas, de hecho, o violentas. Para ello tiene que existir una masa crítica supra mayoritaria de ciudadanos y fuerzas políticas que, sin considerar que las reglas contenidas en esa Constitución sean perfectas o completamente de su gusto, consideren que son lo suficientemente balanceadas y razonables como para ser legitimadas y defendidas. Por definición esto requiere que existan garantías en que se protejan derechos de grupos que frecuentemente se encontrarán en minoría electoral. De otro modo, ¿por qué respaldarían y legitimarían un documento que los condena a ser arrasados políticamente y aplastados culturalmente? Por ende, para concitar el consentimiento de grandes mayorías, una constitución debe contener un conjunto de reglas que permita que buena parte de la sociedad y los diferentes grupos que la componen sientan protegidos sus derechos y libertades más fundamentales y frágiles. En el fondo, ese texto debe lograr que sientan protegido aquello que les da identidad. Esto es (aunque suene paradójico) que sientan protegido justamente lo que los hace una minoría.

Esa condición no se cumple en esta propuesta y la principal razón se encuentra en el extravagante sistema político propuesto; en el carácter experimental y exótico de lo que muchos analistas han llamado «la sala de máquinas» de la Constitución. Creo que el sistema político actual, vigente en la Constitución que nos rige, tiene muchos defectos y por ello he sido partidario, por mucho tiempo, de un nuevo texto. Desafortunadamente, a mi parecer, el sistema político que se nos propone ahora es muchísimo peor.

Una de las características más salientes del texto propuesto es que introduce un conjunto de principios constitucionales novedosos e interesantes, pero que pueden ser interpretados en diversas formas. De hecho, el texto explícitamente deja a leyes futuras, procedimientos y resoluciones de instituciones de ese sistema político la interpretación específica de esos conceptos. En un rango enorme de temas: los derechos sociales, la paridad, el género, los procesos de expropiación, la plurinacionalidad, la educación, la propiedad privada, la regionalización, la sustentabilidad y otros muchos más, se introducen nuevos conceptos constitucionales y artefactos legales que bajo ciertas interpretaciones pueden ser una herramienta benigna, responsable y progresista; pero bajo otras pueden convertirse en mecanismos abusivos, demagógicos o incluso, en algunos casos, derechamente anti democráticos.

Esto no sería tan problemático si el sistema político estuviese bien diseñado. No sería tan grave porque la operación de la política y las instituciones, bajo reglas equilibradas, separación de poderes y balances institucionales impediría interpretaciones abusivas del texto constitucional. Pero el sistema político propuesto no entrega esa garantía; más bien tiende a diluir el principio de separación de poderes, a desequilibrar los necesarios chequeos y balances entre instituciones del Estado, a exponer al sistema electoral a manipulación, a promover el oportunismo político y a concentrar excesivamente el poder en mayorías electorales circunstanciales.

Además, lo que muchos quisimos que fuera este proceso constituyente y esta nueva constitución, esto es, que fuera un renacer de la democracia chilena, y la posibilidad para unificar al país en torno a la construcción de un Estado social y democrático de derecho, se malgastó. Esa posibilidad se perdió. Había una posición privilegiada de la izquierda para hacer esto y no lo hizo. El problema es que se pretendió hacer una Constitución excluyendo a un sector político que quedó — legítima pero circunstancialmente — subrepresentado en la elección de convencionales. No es sensato pretender escribir la Constitución política de un país excluyendo a un sector político que, en condiciones normales, cuando le va mal, es un poco más de un tercio de la votación y cuando le va bien es casi la mitad. Excluirlos con aspavientos, diciendo que lo vas a hacer, no meramente derrotando sus posiciones, sino ninguneando su existencia como interlocutor político válido, es irresponsable, muestra niveles de ignorancia histórica imperdonables y contumacia en la incapacidad de aprender de errores del pasado que costaron muy caro.

Por estas razones es que creo que esta propuesta constitucional tiene el riesgo de invocar una crisis política futura de una magnitud muy superior a lo que hemos vivido. Y es por eso que creo preferible reiniciar el proceso constituyente.

¿Por qué reiniciarlo y no darlo por terminado?

Bueno, lo que ocurre es que yo soy partidario de fusionar el Estado social y democrático de derecho a los principios de la democracia liberal. Creo que ese es el camino al desarrollo económico y democrático. Soy, en ese sentido, un socialista democrático liberal.

Soy partidario del activismo económico y de un Estado desarrollista, incluso empresarial, enfocado en la transformación económica como motor del desarrollo y la equidad.

Soy partidario de un Estado plurinacional que adopte como propios los idiomas, identidades y otros elementos culturales de nuestras naciones originarias; y no creo que esto tenga que ser, necesariamente, un peligro para la unidad nacional si es que se hace bien.

Soy partidario de un estado federal y no creo que ello tenga que ser sinónimo de anarquía y desgobierno; pero me he allanado a una forma de regionalización más moderada dadas las tradiciones políticas nacionales que resisten el federalismo liberal clásico.

Soy partidario de la existencia de autonomías territoriales acotadas para nuestras naciones originarias, incluso con sus sistemas legales propios, si es que así corresponde cultural e históricamente, en coherencia con el sistema legal nacional y bajo la tutela de las instituciones superiores del poder judicial, que rijan dentro de esos espacios territoriales y para quienes decidan voluntariamente vivir allí y someterse a esas reglas.

Soy partidario de que la constitución se haga cargo de la necesidad de una relación balanceada y sustentable con la naturaleza, que se haga cargo de la emergencia ambiental y de la nueva realidad de escasez hídrica.

Soy partidario, incluso, de escaños reservados y mecanismos paritarios para corregir exclusiones y desigualdades históricas incompatibles con una sociedad moderna y libre; aunque creo que estos mecanismos siempre deben ser considerados como transitorios y, por ende, como parte de un mecanismo de corrección que eventualmente deja de ser necesario y se extingue.

Como si fuera poco, mi régimen político preferido es el parlamentarismo, aunque siempre supe que este no prevalecería en un país de tradiciones presidencialistas tan marcadas como el nuestro, por lo que me he allanado a alguna forma de semi presidencialismo o presidencialismo atenuado con un régimen parlamentario dotado de mayor responsabilidad, pero también mayores deberes y exigencias.

En fin… soy partidario de todas estas cosas y por eso considero que el proceso constituyente debe reiniciarse y no terminar.

En otros textos, libros, entrevistas y conferencias he discutido en extenso como entiendo cada uno de estos conceptos y como, a mi juicio, se encuentran presentes (a veces bajo otros nombres) en las sociedades y democracias más desarrolladas y admiradas del mundo. Soy partidario de todas estas cosas, pero soy partidario de hacerlas bien.

Más aún, a pesar de toda la irritante extravagancia performática de la convención, durante buena parte de su funcionamiento abrigué la esperanza de que, superadas ciertas catarsis carnavalescas, se allanaran a avanzar en forma responsable, seria y estructurada, si no en todas, en algunas de estas direcciones.

Sin embargo, una lectura desapasionada del texto propuesto deja una pésima impresión. Lo que yo observo es un grado muy alto de incoherencia, improvisación, voluntarismo y por sobre todo desmesura en la implementación de estos principios y conceptos que simplemente no puedo endosar con mi voto.

Creo que muchas de estas cosas, tal como se proponen, van a funcionar mal. Y como van a funcionar mal, creo que van a terminar desprestigiando estos conceptos e ideas y terminar validando las posiciones políticas más conservadoras, autoritarias, reaccionarias y centralistas que una parte de la derecha está ansiosa por reinstalar y que, como mostró la última elección presidencial, no son tan excéntricas para buena parte de la sociedad chilena como quizás le gustaría pensar a parte de la izquierda. No quiero que eso ocurra y creo que la constitución propuesta podría facilitar ese proceso de regresión autoritaria o a lo menos invocar un permanente conflicto dominado por los sectores más extremos y antidemocráticos de nuestro espectro político. No voy a refrendar aquello con mi voto.

Creo fervientemente que, si este proceso se hubiese hecho con mayor tiempo y plazos, con un mayor sosiego y calma, con mayor generosidad, con mayor escucha y menos vociferación, con etapas intermedias genuinas de consulta y dialogo ciudadano en que se hubieran sondeado y discutido, afuera de la burbuja de la convención, algunas de las ideas más radicales o novedosas, se habría podido converger a un texto de mejor manufactura y mayor sensatez. Creo en la dialéctica política como un proceso en que la discusión pública va revelando un camino colectivo, que nunca es el de uno u otro extremo, sino una aleación, una mezcla, una síntesis con propiedades superiores a las partes que la constituyen. Pero esa dialéctica, como toda fragua, requiere sus tiempos y este proceso constituyente no los tuvo. En los espacios mediáticos que tuve lo hice ver así y sugerí alargar los tiempos. Nadie quiso escuchar y claramente prevaleció una ansiedad y un apuro que condujeron a un mal documento.

Estoy consciente de que, si se rechaza el texto, será una derrota política para una parte de la izquierda que ha decidido enrolarse militantemente (y a mi juicio algo irreflexivamente) en la causa del apruebo “a ciegas” bajo ese mantra absurdo e irresponsable de que “cualquier cosa es preferible” a la constitución actual. No estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo en que la constitución actual sea la misma que se instauró durante la dictadura. La constitución actual es resultado de varias decenas de reformas constitucionales realizadas en democracia y se encuentra firmada por un presidente socialista, democráticamente electo, que tuvo el valor de apuntar con el dedo a un dictador fascista en un tiempo en que hacerlo era algo verdaderamente peligroso y, luego, como presidente de Chile, decirle que no al imperialismo norteamericano cuando éste exigía nuestro apoyo a sus diseños militares. A mí me enorgullece esa firma.

Dada la naturaleza de la elección que viene, el voto obligatorio con inscripción automática y la ausencia de modelos de predicción de probabilidad de voto bajo estas condiciones, es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir. Francamente creo que casi cualquier resultado es posible. En todo caso, si llegara a predominar el “rechazo”, si esta derrota ocurre, quedaría hermanada a la derrota política que ha sufrido la derecha en estos últimos años. Serían derrotas siamesas. En ambos casos serían hijas de la arrogancia, la inflexibilidad y la intransigencia. En un caso, de una derecha de discutible alcurnia liberal, completamente incapaz de ceder ni un solo milímetro en los privilegios de las clases sociales a las que tradicionalmente defiende. En el otro caso, de una izquierda presa de un nuevo evangelismo identitario, presuntuosa y engreída, sin sentido histórico ni estratégico. Quizás, como resultado de esas derrotas siamesas, los sectores extremos que dominan nuestra política hoy, sean obligados a bajar un poco el moño y se allanen a completar nuestro proceso constituyente de un modo más sensato, razonable, pausado y equilibrado.

Esta decisión es, para mí, un motivo de profunda amargura. Preferiría estar ratificando y aprobando un texto constitucional que concitara el apoyo de un espectro suficientemente amplio de la ciudadanía. No soy tan ingenuo como para pensar que podía obtenerse nada que asemejara unanimidad. Así no funciona la política. Pero si aspiraba a un texto que concitara el apoyo de las principales fuerzas políticas que se alternan en el favoritismo ciudadano y que tuviera una base de legitimidad operativa mínima. Lamentablemente esto no ha sido posible. Me genera mucha tristeza y algo de rabia tener que votar rechazo, pero siento que sería un travestismo intelectual de mi parte aprobar algo que creo que está tan mal hecho; y, además, simplemente no estoy dispuesto a mentir y tener una posición privada diferente a la pública. Estoy cansado de la mentira oportunista en política. Y no puedo exigir integridad a nuestros líderes si no me someto yo mismo a ese estándar como persona: al requerimiento mínimo de decir la verdad, tal como uno la ve, y asumir las consecuencias que ello tenga.

Soy un profesor universitario que ha pasado la mayor parte de su vida estudiando, enseñando y escribiendo en mi alma mater, la Universidad de Chile. Me he dedicado a la economía, la filosofía, la economía política y las políticas públicas. Las únicas otras instituciones en que he trabajado son Codelco y el Banco Central de Chile. Durante todo el proceso de la convención constitucional he monitoreado cuidadosamente las deliberaciones de esa asamblea, las propuestas, contrapropuestas, borradores, correcciones y, por cierto, los textos definitivos. He monitoreado, también, las diferentes opiniones públicas que han circulado y los debates que se han generado respecto de cada tema. He estudiado las posiciones en disputa tratando siempre de partir de la premisa de que hay algo que aprender y rescatar en cada punto de vista, pero recordando que la mayor muestra de respeto hacia una postura es someterla al más riguroso análisis y al más exigente razonamiento crítico. Es como resultado de este proceso de estudio que he llegado a la conclusión de que este documento no es satisfactorio como propuesta constitucional.

No me resulta posible tener una posición privada y anónima dado el rol que tengo en la plaza de discusión de políticas públicas. Por eso estoy publicando esta carta. Sin embargo, debido a la tristeza y decepción que me genera tener que tomar esta postura he decidido, también, no participar activamente en la campaña que vendrá. Publicaré esta carta y también he suscrito un manifiesto e iniciativa colectiva junto a un grupo de amigos con los que hemos estado discutiendo los problemas del proceso constituyente. Ese manifiesto será difundido junto con extractos audiovisuales de las opiniones de quienes lo firmamos. Creo que, con estas dos acciones, mi posición queda clara. Pero no haré nada más.

Sin otro particular, se despide atentamente

Oscar Manuel Landerretche Moreno, Santiago de Chile, 5 de julio de 2022

Creo importante centrar la discusión en distinciones que se hacen explícita o implícitamente en ambos textos.
1. LA DISCREPANCIA ENTRE LIBERTAD Y EQUIDAD
Ottone y Vergara plantean que algunas de las difi cultades históricas de la política provienen de las discrepancias ideológicas entre los partidarios de la libertad y los partidarios de la equidad. El argumento es que éste es un error técnico y político que hoy ha sido subsanado por la izquierda progresista.
Desafortunadamente, una taxonomía como ésta describe, quizás, las diferencias entre una derecha minarquista y una izquierda totalitaria, pero no me parece tan comprensiva como para ser general.
No es evidente que la derecha conceda tan fácilmente el no ser partidarios de la igualdad. Desde su punto de vista, posiblemente, se considerarían partidarios de la “igualdad de oportunidades”. Más aún, muchas personas de derecha posiblemente consideran que las soluciones “estatistas” de la izquierda generan burocracias y privilegios. Del mismo modo, hay una cantidad mayoritaria de personas de izquierda (la mayor parte de los socialistas occidentales) que no aceptaríamos tan fácil la premisa de que no seamos “partidarios de la libertad” y defenderíamos que las políticas públicas redistributivas son, en verdad, creadoras de libertad.
Desde mi punto de vista la línea divisoria es otra. Proviene de la naturaleza de la interacción social que involucra la creación de poder. Vivimos en sociedad con el objeto de asignar el poder o la discrecionalidad. Al especializarnos económica y políticamente, entregamos y asumimos poder. Los beneficios de esta especialización y, por ende de la asignación del poder son evidentes y es por ello que el poder está presente en todos los contextos sociales. El poder toma variadas formas (riqueza, autoridad, derechos) dependiendo del caso y esa heterogeneidad de formas de poder, sus complementariedades y difi cultades de convivencia, son la historia.
Todas estas formas de poder tienen una cosa en común: su opacidad. Esto se debe a que el poder es discrecionalidad. La ejecución de un contrato en que está todo claramente establecido y en que todo es verificable no es poder, eso es simplemente la ejecución de una transacción. El poder es opaco porque esta constituido por la discrecionalidad, es decir, a lo menos incluye el potencial de la arbitrariedad. Cuando el poder se asigna con el objeto de encontrar soluciones sociales siempre quedan residuos de arbitrariedad. En gran medida, el proceso de constitución de poder en la sociedad tiene que ver con la asignación de un “beneficio de la duda” hacia quien detenta el poder.
Si uno quisiera radicar en alguna parte la discrepancia entre izquierdas y derechas, no sería en la taxonomía de quienes son los partidarios de la libertad y partidarios de la equidad, sino entre quienes deciden dar el “beneficio de la duda” a las discrecionalidades y potenciales arbitrariedades del poder privado, y quienes deciden hacer lo propio respecto al poder público. La decisión de darle el beneficio de la duda a uno u otro poder puede tener variadas motivaciones: por conveniencia de clase, convicción ideológica, pragmatismo técnico o estrategia política. Y es justamente la conveniencia de clase la que hace que los partidarios de la redistribución tiendan a estar entre quienes le dan el beneficio de la duda al poder público, y que quienes son propietarios o beneficiarios del capital tiendan a estar entre los que dan el beneficio de la duda al poder privado. Este no es, por supuesto, la única cosa que defi ne a las personas entre izquierda y derecha, pero sigue siendo un detonante fundamental.
Estos grupos constituyentes cambian, se achican o agrandan dependiendo de los desafíos que enfrenta la sociedad, además del desempeño que tienen quienes ejercen las diferentes formas de poder. Es perfectamente posible que ocurran eventos que conduzcan a que todas las formas de poder se desprestigien y pierdan apoyo político. Me atrevería a decir que es justamente este fenómeno (y su potencial anómico) el que inquieta algunos observadores de nuestra historia.
La posibilidad de generar “pactos sociales” proviene en gran medida de la legitimación de los mecanismos de asignación del poder, y no de la reconciliación entre dos conceptos (equidad y libertad) que, posiblemente, para la mayor parte de los ciudadanos nunca han estado realmente tan contrapuestos.

2. LA SEPARABILIDAD ENTRE EQUIDAD DE NIVELES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subyace al debate entre los dos artículos la noción de que es posible hacer otra taxonomía político-ideológica para dividir y ordenar el debate. Esto es, entre aquellos que serían partidarios de una sociedad que garantiza igualdad de oportunidades y aquellos que serían partidarios de una sociedad que garantiza niveles de equidad. Esto está presente cuando Ottone y Vergara defi enden una “sociedad de garantías” y cuando Beyer y Sapelli enfatizan las políticas sociales centradas en la generación de oportunidades para el progreso personal. La taxonomía sería que ser de izquierda sería ser partidario de la equidad de resultados y ser de derecha sería ser partidario de la igualdad de oportunidades. Voy a argumentar que no es posible hacer esta separación.

En un mundo de mercados de capitales perfectos, con total ausencia de asimetrías de información y con claridad en la asignación de los derechos de propiedad, es posible hacer una separación entre igualdad de oportunidades y de niveles. En ese mundo, los mercados de capitales encontrarán el modo de otorgar crédito a todo proceso de inversión que tenga rentabilidad privada o social. Se escribirán todos los contratos y las cláusulas necesarias pero, finalmente se les dará crédito a las personas con talento para financiar sus procesos de crecimiento personal o empresarial. En términos teóricos, en este mundo es irrelevante si es que hay o no igualdad de niveles iniciales, y la única política pública necesaria es la que garantiza los derechos de propiedad.
En un mundo de mercados de capitales imperfectos e incompletos pero con un Estado subsidiario, por así decirlo, “perfecto”, es decir que complementa o sustituye todas las falencias del mercado sin errores, también es posible hacer esta separación. En este caso, serían las políticas públicas las encargadas de percibir donde hay talentos y potencialidades que merecen la oportunidad de ser financiadas. Serían las políticas públicas las que establecerían ya sea los incentivos directos sobre los agentes o los incentivos indirectos para movilizar el fi nanciamiento privado hacia ellos.
Desafortunadamente vivimos en un mundo de mercados e instituciones imperfectas, en un mundo con fallas del mercado y del Estado. En ese mundo no es posible hacer la separación porque en ese mundo las “garantías” o el “colateral” importan a la hora de conseguir crédito en los mercados de capitales, y la riqueza importa a la hora de conseguir infl uencia sobre los procesos públicos que asignan subsidios. En un mundo de mercados e instituciones imperfectas, las dinámicas económicas y políticas tienden a reproducir la desigualdad.
Sin duda es posible afi rmar que el desarrollo económico nos puede llevar a un mundo de mercados de capitales más completos, y que el desarrollo institucional nos puede llevar a un mundo de instituciones más perfectas. Por ejemplo, si uno compara el financiamiento privado que puede obtener un estudiante universitario en Estados Unidos y Chile, observa que nuestros mercados aún pueden avanzar bastante en esa dirección. En Estados Unidos hay una gran oferta de crédito privado para la educación superior; en Chile ese crédito existe básicamente gracias a la existencia de una garantía estatal. También debemos reconocer que estos procesos toman tiempo y que tienen límites; por ejemplo, no existe en ninguna parte del mundo un mercado de crédito para
fi nanciar educación preescolar de calidad y hay buenas razones (de azar moral) para no esperar que se desarrolle. Esto hace que teórica y prácticamente no sea posible separar equidad de niveles e igualdad de oportunidades.
Más aún, es empíricamente discutible que estas dos categorías (como quiera que se les mida) sean separables. ¿Disponemos de evidencia empírica histórica o internacional que nos permita encontrar ausencia de correlación entre igualdad de oportunidades (o la forma factible de medirlo que es, al final, movilidad) e igualdad de resultados? Si no es así, quizás no sea posible separarlos como objetivos de política pública.
3. EL DEBATE ENTRE VULNERABILIDAD Y MOVILIDAD
Beyer y Sapelli argumentan que hay evidencia sobre el aumento de la movilidad en Chile. Señalan además que hay otros estudios que también documentan los mismos cambios, pero que los bautizan oportunísticamente “incrementos en la vulnerabilidad”. Lo primero que se debe reconocer al leer esta literatura es el grado de precariedad de los datos con los que trabajan los investigadores de esta área. Es extremadamente difícil medir adecuadamente movilidad social tal como uno podría entenderla: la capacidad de los agentes de escalar o descender en el escalafón social de acuerdo a sus méritos en un plazo relativamente intergeneracional. Es más factible, dadas las restricciones de datos, medir los “cambios de alta frecuencia” basado en los incipientes
datos de panel de los que disponemos. Los investigadores en esta área han estudiado los “cambios de alta frecuencia” en torno a la línea de pobreza. Han descubierto que ésta es alta en Chile y han denominado a ésto “vulnerabilidad”. Estos investigadores no han estudiado (y sus datos no lo permitirían) los “cambios de alta frecuencia” dentro y fuera de la élite socioeconómica del país y mucho menos la movilidad intergeneracional.
Beyer y Sapelli parecen insinuar que este cuerpo de literatura constituye un debate empírico. No es mi parecer. La literatura de “vulnerabilidad” estudia la probabilidad de pasos de las personas por un período de pobreza (una categoría absoluta, como sea que se defi na) dentro de un período relativamente corto (una década a lo más). La literatura de “movilidad” estudia los cambios que efectivamente ocurren en frecuencia intergeneracional en los rankings socioeconómicos. Las dos literaturas no interceptan en soporte (una estudia la totalidad de la distribución del ingreso, la otra estudia el entorno de la línea de pobreza) y en medida (una estudia cambios en torno a una medida absoluta, la otra cambios en un ranking relativo).
Siendo leales con el sentido que las personas dan a estos conceptos, es enteramente posible que en Chile hayan aumentado la movilidad y la vulnerabilidad al mismo tiempo. Es más, en el mundo de mercados e instituciones imperfectas que describimos más arriba, es esperable que el desarrollo económico genere un incremento en la movilidad (no así la vulnerabilidad necesariamente). Pero el hecho de que la movilidad haya aumentado no signifi ca que se encuentre ni en niveles aceptables, ni que tenga por qué lograrlos en ningún plazo en particular. La discusión sobre cuáles son los niveles de movilidad a los que debemos aspirar y cómo debemos medirlos está aún pendiente.

Finalmente, la existencia de vulnerabilidad en un mundo sin muchos seguros (privados y públicos), sí puede generar un freno sobre la toma de riesgo y la inversión (también en capital humano) y el crecimiento.
4. LA SEPARABILIDAD ENTRE GARANTÍAS SOCIALES Y FLEXIBILIDAD MICROECONÓMICA
Vergara y Ottone proponen una “sociedad de garantías” desde dos perspectivas: una normativa en que apelan al establecimiento social de mínimos civilizatorios como un indicador de desarrollo; segundo, apelando al freno que sería la vulnerabilidad para el desarrollo y al que nos acabamos de referir.
Beyer y Sapelli se oponen a este sistema de garantías a su vez sobre dos bases: una normativa en que afi rman que las garantías admisibles solamente pueden ser de no intervención estatal; segundo, apelando a los peligros de una judicialización de la política social que le reste grados de fl exibilidad.
A mi juicio, falta un elemento adicional. Partamos sobre la base de que muchas de las cosas que en economía denominamos “distorsiones regulatorias” son los intentos que ha hecho la política pública por generar protecciones y seguros dentro del marco de los contratos privados. Esto es conceptualmente ineficiente pero, históricamente, refleja una época en que la capacidad del Estado de proveer esos seguros era reducida y, posiblemente, en que el ámbito de la economía sujeto a las regulaciones (la economía formal) era uno de grandes empresas privadas o públicas con la capacidad financiera de hacerlo, y con la capacidad de establecer horizontes relativamente largos de planificación. En la economía moderna este marco de políticas públicas se ha vuelto cada vez más inconveniente: primero porque la economía se ha vuelto más cambiante y volátil, por lo que las rigideces contractuales son cada vez más dañinas, y segundo porque las capacidades técnicas del Estado para generar protecciones y seguros adecuadamente focalizados son cada vez mayores.
Imaginemos que se hace una reforma en que se fl exibilizan los mercados laborales a cambio de protecciones sociales en la forma de seguros públicos fi nanciados por impuestos generales. Supongamos que la política electoral conduce a una administración cuya agenda consiste en la reducción de los derechos sociales con el objeto principal de reducir la carga impositiva para acelerar el crecimiento. ¿Será racional para los agentes interesados en defender la protección social (cualquiera sea el motivo) negociar una fl exibilización contractual?
¿No debieran esperar, racionalmente, quedarse en el futuro sin pan ni pedazo?
Aquí volvemos al primer punto que discutimos. Si es cierto que la naturaleza del poder está en su carácter discrecional y opaco, entonces existirá un rol para los contratos sociales. Esos contratos solamente pueden ser establecidos en las leyes y solamente pueden ser establecidos por acuerdos políticos.

Posiblemente el camino a seguir sea uno de garantías reciprocas, en que ciertas garantías sobre libertades contractuales laborales sean transadas a cambio de garantías de protección social. De otro modo, siempre será racional para los agentes intentar negociar protecciones dentro de los contratos y lucharán por ello. No es posible separar la discusión sobre fl exibilizaciones laborales de la de garantías sociales.