Gonzalo Daniel Martner, (1957) Doctor en Ciencias Económicas, académico,

[1]  (1) “El socialismo y los tiempos de la historia”, 2003, pág. 10, 11.

(2) OTANO página 65.

(3) Nueva Mayoría: incoherencias y problemas de fondo, 14 enero 2016.

(4) El Mercurio 11 agosto 2016.

(5) Septiembre 2019

(6) Titter 12 noviembre 2021

OTRAS PUBLICACIONES

(1) Debate sobre la socialdemocracia europea, agosto 2019:

(2) ¿Cómo mejorar las pensiones? 24 Julio 2020, La Tercera:

(3) «El capitalismo puede salvar el día…» 19 noviembre 2020, La mirada semanal.

(4) Columna «2021: La importancia del debate sobre el Estado social». Por Gonzalo Martner, diciembre 30, 2020

(5) Columna «Soñar no cuesta nada». Por Gonzalo Martner. enero 7, 2021

(6) La Tercera, 17 julio 2021

Chile enfrenta hoy un problema creciente de incoherencia de la coalición de gobierno, en un trasfondo de crisis larvada de las instituciones políticas y de desestabilizadora desigualdad de ingresos y patrimonios que el funcionamiento económico vigente reproduce y amplía, con una fuerte captura del poder político por el poder económico.

Las reformas impulsadas por la presidenta Bachelet son objeto de una controversia frontal de los poderes económicos y sus representantes que mantienen el extendido argumento introducido en Chile con gran éxito por los seguidores de Milton Friedman desde los años cincuenta del siglo pasado, según el cual serían antieconómicos tanto un sistema tributario progresivo (en el que los más ricos sostengan el gasto público con sus impuestos proporcionalmente más que los más pobres) como una negociación colectiva equilibrada de los salarios y las condiciones de trabajo en las empresas. Argumento que es además contrario a una seguridad social que proteja del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos básicos y a un sistema de ingresos básicos universales para enfrentar la pobreza y la exclusión social.

La argumentación contra el Estado Social no tiene fundamento analítico y empírico alguno que no sea la ideología libremercadista. Frente al modelo de capitalismo salvaje norteamericano –que en todo caso incluye elementos de regulación de mercados y de redistribución del ingreso y seguridad social más importantes que los existentes en el Chile de hoy– existen en el mundo múltiples modelos de economía de mercado con altos niveles de PIB por habitante y –todavía más importante– elevados niveles de bienestar, libertades y democracia, que introducen acciones públicas sustanciales en favor de la disminución de la desigualdad.

En efecto, los niveles de corrección de las desigualdades de los ingresos de mercado –salarios brutos, ingresos por autoempleo, ingresos de capital y retorno sobre ahorros– mediante impuestos y gasto público siguen siendo muy elevados allí donde los Estados de bienestar se mantienen fuertes. Más aún, a pesar de la crisis, en la mayoría de los países de la OCDE la extensión de la redistribución de ingresos se ha incrementado en el último quinquenio. Las transferencias monetarias públicas, la tributación sobre los ingresos y las cotizaciones obligatorias, que configuran el ingreso disponible de las familias, disminuyen en conjunto las desigualdades en la población activa en un promedio de 25%. A esto se agregan los servicios públicos gratuitos o subsidiados. Este efecto es más amplio en los países nórdicos, Bélgica y Alemania, y más limitado en Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En Chile es casi nulo.

Si se trata de mirar modelos dignos de inspiración, sigue destacando el “modelo escandinavo”, que se adaptó a las nuevas circunstancias económicas globales para mantener un Estado de bienestar que logra, en medio de las turbulencias de la globalización y de la precarización salarial generalizada, las más altas capacidades redistributivas, aunque menores que en el pasado reciente.

Recientes críticas al actual gobierno desde supuestos partidarios suyos le atribuyen una supuesta preferencia por el “Estado por sobre los organismos intermedios y las personas” y privilegiar “expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática”. Esa no es sino la misma vieja idea según la cual el impacto de las políticas públicas debe ser de baja escala y solo proponerse en cada área de actividad asegurar un mínimo para que todos compitan en una supuesta cancha económica igualada, idea que desconoce cómo funcionan las sociedades contemporáneas y que, en el mejor de los casos, está construida por la obsesión miope con la eficiencia abstracta en la asignación de recursos. Igualar el gallinero para que compitan el zorro con las gallinas conduce a un solo resultado: el zorro se come sistemáticamente a las gallinas.

Los mercados globalizados en los que se desenvuelven la economía y la sociedad chilenas no son la abstracción del modelo de la competencia perfecta sino construcciones dominadas por grandes empresas que evolucionan en estructuras de poder que les permiten producir economías de escala, sustraerse con frecuencia de toda competencia y concentrar los ingresos en el proceso económico. Esto es lo que se constata en Chile de manera generalizada frente a la escasa relevancia de los poderes públicos para atacar los abusos del poder económico y el cada vez menor profesionalismo y eficiencia de la administración pública.

Para que el capital concentrado no domine irremediablemente a la sociedad, los poderes públicos globales (cuasiinexistentes) y los gobiernos nacionales no disponen de opciones muy distintas –excluyendo la solución estatizadora autoritaria que no produce ni democracia ni prosperidad– que la de hacer funcionar economías mixtas con: a) un sector de bienes públicos al margen de los mercados que provea infraestructura, ciencia y tecnología, educación, salud y urbanismo integrador; b) un sector de economía mercantil con empresas privadas que se desenvuelvan con regulaciones que minimicen las rentas monopólicas, que maximicen las externalidades positivas (con una fuerte política industrial), minimicen las externalidades negativas locales y globales (con una fuerte política ambiental) y con reglas laborales que creen empleos y cautelen la dignidad, creatividad y cooperación en el trabajo (con una fuerte política laboral y de formación continua) y que provea las condiciones de financiamiento de ingresos básicos y educación para todos los miembros de la sociedad y la cobertura del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos (seguridad y protección social); c) un sector de empresas públicas selectivas y estratégicas; y d) un sector de empresas sin fines de lucro de economía social que produzca integración y actividad económica al margen del mercado, especialmente de servicio a las personas vulnerables.

Se trata de construir un proyecto de democracia social responsable de incluir a todos y de legar una economía sustentable a las nuevas generaciones, que debe sustraerse tanto de la adoración al mercado como de idolatrar a las burocracias, sometiendo a ambos a un control democrático y social. Es el proyecto de hacer prevalecer un principio de comunidad, un principio de responsabilidad con las nuevas generaciones y un principio de igualdad justa de oportunidades, proyecto que es efectivamente alternativo al de la sociedad de mercado. Salir de la democracia protegida y del libremercadismo que concentra el poder y la riqueza requiere reformar y transformar el orden existente en Chile y establecer una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad que fortalezca al primero para hacer posible un mejor funcionamiento de los segundos, con más equidad, eficiencia y humanización de la vida colectiva.

Así, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet enfrenta un problema político cada vez mayor con una parte de su coalición que no quiere enfrentar la insuficiencia democrática de las instituciones, la reproducción de las desigualdades y la carencia de una estrategia de crecimiento social y ambientalmente sustentable. Esto se expresa en la renuencia a una asamblea constituyente, en la defensa de los subsidios a la demanda en las políticas sociales o en la negativa a fortalecer la capacidad negociadora del mundo del trabajo y se mezcla con muy concretos intereses instalados en la “provisión privada de bienes públicos” establecida por la dictadura militar y solo parcialmente revertida desde 1990.

La gran duda en materia de escenarios políticos es saber si en el futuro próximo podrá seguir habiendo configuraciones de gobierno como la actual Nueva Mayoría. En mi opinión eso es posible, pero de una manera radicalmente diferente que la actual, si es que se quiere evitar la incoherencia de la gestión gubernamental en curso, con un programa comprometido ante la opinión pública pero al mismo tiempo con fuerzas de la coalición que lo “mejoran” en sentido contrario a sus fundamentos. Lo sensato parece ser no seguir conformando coaliciones que no comparten casi nada en lo programático y mucho en el mero interés de ocupar posiciones burocráticas en el Estado, formato que es parte de la creciente crisis de legitimidad del sistema político.

El cambio al sistema binominal debiera permitir que las fuerzas políticas se agrupen de acuerdo a sus posiciones de principios y programáticas y las ofrezcan al electorado, junto a un candidato presidencial que las exprese en primera vuelta. De esa manera, los electores podrán tener a la vista un debate transparente sobre las opciones que el país enfrenta y votar de modo informado en un contexto deliberativo. Las elecciones no debieran ser un mercado en el que cada candidato se vende como producto. Hay de por medio opciones de sociedad que merecen ser enunciadas, transparentadas y debatidas.

El sistema de segunda vuelta vigente permite, aunque en plazos muy breves, concordar eventualmente el apoyo de las fuerzas que no obtuvieron los votos suficientes en primera vuelta a alguno de los dos candidatos en la segunda. Esto debiera ocurrir previo acuerdo formal para toda la legislatura respecto a las tareas de gobierno, incluyendo los contenidos específicos de las leyes a aprobar para cuatro años, y de ese modo estabilizar una gestión con mayoría parlamentaria que a su vez se refleje en el gabinete. Esto supone, también, salir del cesarismo presidencial que desconfía de los partidos y del Parlamento, para no hablar de la sociedad civil organizada.

Lo que no tiene ningún sentido es incorporar a fuerzas políticas al gabinete que después condicionan, ya sea desde el Parlamento o desde el propio gobierno –como hemos visto en el tiempo reciente– lo comprometido ante los electores. Una lógica de este tipo implica que los que se oponen al gobierno en el Parlamento no estén al mismo tiempo en la administración central en cargos de confianza. Los ciudadanos tienen toda la razón en considerar que es una suerte de fraude que se les ofrezca una visión y una serie de medidas que derivan de ella en la elección presidencial que luego no se concretan o se diluyen sin que nadie se haga responsable. En vez de un sistema político que dirime democrática y periódicamente opciones de sociedad y de políticas públicas que determinan la vida cotidiana de los ciudadanos, terminamos con que estos perciben que solo eligen a tales o cuales miembros de una “clase política” indiferenciada, que defiende intereses propios al margen de las mayorías, y además suelen estar coludidos con el poder económico que financia sus campañas.

Una lógica alternativa es, entonces, la de la competencia con ideas perfiladas en una primera vuelta presidencial y de conformación de coaliciones en segunda vuelta (en caso de que no se produzca una mayoría en primera vuelta), pero con un programa de acción común pactado con transparencia y con validez para cuatro años. Este esquema es factible de ser utilizado en el sistema vigente, pero a mediano plazo debiera consagrarse en una nueva Constitución que establezca un sistema semipresidencial. Es decir, una configuración del poder político en que el presidente se apoya en un gobierno encabezado por un primer ministro que responde ante el Parlamento, con parlamentarios sujetos a disciplina partidaria para evitar la incoherencia actual de las coaliciones y con una administración profesionalizada que evite el actual clientelismo, junto a un control severo de la corrupción y del financiamiento empresarial y de grupos de interés de las campañas electorales.

Y que además establezca con claridad las fronteras de la administración central y de la administración territorial descentralizada para permitir una mayor participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas que pueden ser enfrentados desde la esfera pública. Difícil tarea, pero indispensable si lo que se quiere es volver a prestigiar el sistema democrático en Chile.

articulo en publicación de Argentina

Frente a la expansión histórica de la desigualdad en las sociedades dominadas por el capitalismo global, la agenda política del socialismo en su sentido más amplio -crear las condiciones para extender normas de igualdad y comunidad, con reducción de la brecha de ingresos y de condiciones de vida entre las posiciones sociales, en que todos gozan de derechos fundamentales y de las mismas oportunidades de prosperar, con la condición de que contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen reduciendo el principio del mercado basado en la codicia y el temor acrecienta su vigencia.

. Y la igualdad sigue siendo la “estrella polar” de la izquierda, en la expresión consagrada de Norberto Bobbio (1989).

Por su parte, la agenda democrática -la del autogobierno del pueblo- pugna por seguir avanzando hacia nuevos espacios, aunque los regímenes autoritarios siguen gobernando buena parte de la humanidad y la política “postmoderna” en el mundo occidental dificulta la operatoria que, de acuerdo a Habermas, ensambla los tres elementos que constituyen el núcleo normativo de los Estados democráticos de derecho:
la autonomía privada de los ciudadanos, que tienen derecho a llevar una vida autodeterminada; la ciudadanía democrática, esto es, la inclusión de ciudadanos libres e iguales en la comunidad política; y una esfera pública independiente que, operando como la esfera de la libre formación de la opinión y de la voluntad, vincula entre sí al Estado y la sociedad civil (2009: 138).

Pero la evolución globalizada y financiarizada del capitalismo después de 1975 cambió las bases de acción de la socialdemocracia y ésta retrocedió en su capacidad de reconfigurar el capitalismo en base a la extensión de derechos al margen del mercado. La década de 1970 marcó el inicio de la construcción en occidente de sociedades post-industriales y el divorcio entre políticas económicas y políticas sociales en escala nacional, con la liberalización global de los mercados, la dinamización de las economías emergentes del Asia, el traslado de una parte de la manufactura a los países de bajos salarios y la financiarización creciente.9 Este proceso horadó los distintos pactos bienestaristas de posguerra en aras de la
competitividad y la sobrevivencia económica frente a los nuevos polos de acumulación. Los países emergentes cuestionaron los equilibrios previos con sus plataformas económicas de fuerza de trabajo abundante y disciplinada, bajos salarios y escasas regulaciones sociales y ambientales, que aseguraron una mayor rentabilidad del capital transnacional.

En la última parte del siglo XX las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones fraccionaron e
internacionalizaron los procesos productivos, la clase obrera fabril
disminuyó en número y aumentó sustancialmente la actividad de
suministro de servicios sociales y de servicios de apoyo a la
producción de bienes

El desafío programático del socialismo democrático a inicios
del siglo XXI es entonces afianzar los derechos fundamentales
garantizados por instituciones democráticas, reducir la brecha de
ingresos y de condiciones de vida, realizar una gran transformación
del trabajo y conducir una vasta transición energética y del consumo.
No se trata ya del programa de supresión de la propiedad privada y del mercado con la promesa de la abolición del Estado (y mientras tanto manteniendo una dictadura de la vanguardia, y finalmente del jefe de la vanguardia, en nombre de una futura “sociedad sin clases, sin explotación y sin Estado”), sino defender una “política de civilización” (Morin, 2002) para consagrar los principios de reciprocidad comunitaria, de igualdad de oportunidades en diversos ámbitos y de igualdad de resultados en otros, redefiniendo y limitando el derecho a la propiedad en función de esos principios, así como en función de los límites ambientales locales y globales de la actividad humana.

La democracia ha aumentado su extensión, de acuerdo a Robert Dahl, (2006) desde solo un caso entre 35 naciones en 1860, a 25 entre 75 en 1950 y a 65 entre 192 al finalizar el siglo XX. En 2012, según The Economist Intelligence Unit, y a pesar de la “primavera árabe” y su oleada de revoluciones democratizadoras, existían aún más regímenes autoritarios que democráticos. Entre 167 países (se excluyen los mini-estados, con los que se llega a 193 miembros de Naciones Unidas, aceptados por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad) solo existen 25 con democracia plena y 54 con democracia deficiente, mientras hay 51 con regímenes autoritarios. Sumados los países con democracias plenas y deficientes (79 casos) son menos que los países con regímenes autoritarios e híbridos (88 casos). De acuerdo a esta
clasificación, menos de la mitad de la población mundial vive en
democracia, siendo la India la mayor democracia en el mundo y
China el mayor régimen autoritario.
En la mayoría de los países democráticos los derechos políticos formales son casi universales, la vida política es organizada por los partidos, las elecciones son competitivas y la oposición tiene una oportunidad razonable de vencer. Tanto los gobiernos como las oposiciones observan por lo menos las reglas básicas de la democracia. Norberto Bobbio planteó el sentido de la democracia con énfasis procedimental y con vocación pacificadora.15 Esta es una aproximación que pone el acento en que la tarea principal de la democracia es establecer determinadas reglas del juego que eviten la resolución violenta de conflictos.

Entre 1990 y 1994 fue subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y tuvo a su cargo la reforma municipal y regional que permitió democratizar los municipios en 1992 y crear los gobiernos regionales.

Entre 1994 y 1998 fue secretario general y luego vicepresidente del Partido Socialista, período en el que trabajó por su institucionalización, la aprobación de estatutos y la elaboración de una nueva plataforma programática.

En 1999 fue secretario de programa del PS y uno de los redactores del programa de gobierno de Ricardo Lagos.

Entre 2000 y 2002 volvió a La Moneda como director de Coordinación Interministerial y entre 2002 y 2003 como subsecretario general de la Presidencia, participando de la gestión del gobierno y en especial del diseño de las reformas sociales del presidente Lagos como el seguro de desempleo, la reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma a las ayudas estudiantiles, el programa Chile Solidario, así como la creación de la nueva institucionalidad cultural.

Dejó el gobierno en febrero de 2003 para ocupar la presidencia del Partido Socialista desde julio de 2003 hasta el Congreso de enero de 2005.

Carta colectiva al Presidente Boric: su programa de gobierno ha comprometido la penan recuepración del rol del Estado en la explotación del litio, en concordancia con el mandato constitucinal de la nacionaliación del cobre de 1971… su gobierno tiene la oportunidad histórica de ejercer ese mandato patriótico para crear ahora una empresa nacioanl del litio ocmo filial 100% de propiedad de alguna de las mineras esttale, con autorización para foermar filiales en que eentualmente acepte participación minoritaria de privados para abordar proyecto sespecíficos de exploación de litio, con couotas y plaos conocidos y delimitados. 21 marzo 2023

«El arquero que atajo» en La campaña del NO, 1999

“Gobernar el mercado. Las nuevas fronteras del Estado en el siglo XXI” (1999).

«Chile: salir del crecimiento sin redistribución» en Radiografía crítica al modelo chileno (2013): «el PIB y el PIB per capita se han multiplicado por 3 y por 2.3 entre 1990 y 2011.  Ademas, se ha producido un mejoramiento dle Indice de Desarrollo Humano, ubicandose Chile en primer lugar de Latinoamerica… hace 2009, el proceso redistributivo agregado enn Chile corregía en solo 6% el nivel de desigualdad, cifra muy baja comparada con el 29% promedio en doce paises de la OCDE…»

RADIOGRAFÍA CRÍTICA AL «MODELO CHILENO». BALANCE Y PROPUESTAS (2013)   Gonzalo Martner; Eugenio Rivera Urrutia (editores)

La noción de «modelo chileno» se acuñó durante la dictadura de Augusto Pinochet para dar cuenta de las tempranas reformas neoliberales que experimentó el país. Pero la expresión no ha caído en desuso. Todo lo contrario. El desdibujamiento del «contramodelo» elaborado por las fuerzas democráticas antes de 1990 y bautizado «modelo de crecimiento con equidad» podría explicar este hecho. Pero mientras las razones de su aniquilación pueden ser variadas, no hay duda de que hoy Chile necesita una estrategia de desarrollo que ponga en congruencia el progreso económico con los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos, la responsabilidad con las futuras generaciones y la vida del planeta. Esto significa que debemos «cambiar de modelo», es decir, cambiar tanto nuestro enfoque analítico sobre el crecimiento y el desarrollo como las prioridades de la acción gubernamental. Así lo demuestran los dieciséis trabajos que componen este volumen y que constituyen una importante contribución para ir dejando atrás nuestros más arraigados y perniciosos mitos económicos. Solo así podremos empezar a construir un conjunto articulado de políticas públicas capaces de romper con la ortodoxia que nos impide una adecuada elaboración de juicios de hecho sobre la evolución de la economía, la sociedad y el Estado.

“La social prosperidad: como desamarrar el modelo para un futuro sustentable e igualitario” (2015, junto a Marco Enríquez Ominami y Rafael Urriola).

ECONOMÍA. UNA INTRODUCCIÓN HETERODOXA  (2018) Gonzalo D. Martner Fanta

En un momento en que tanto en Chile como en América Latina los gobiernos progresistas viven un ciclo de reflujo, y en que consiguientemente el neoliberalismo ha fortalecido sus posiciones a nivel político y económico, este manual crítico de economía contribuye significativamente al debate sobre dos temas emergentes en nuestra región: las limitaciones de la teoría económica neoclásica, más allá de sus exacerbaciones neoliberales, y una actualización de las tesis más clásicas del desarrollo, ofreciendo líneas de una alternativa postneoliberal y a la izquierda de la tercera vía.

«La democratización de Chile es viable: lo que lo es cada vez menos, es la pertinacia de la dictadura y de las tergiversaciones de sus plumíferos» columna «Demagogia y Democracia» Fortín Mapocho 23 junio 1986

Ese proyecto debe ser «creación heroica» como dijo Mariátegui, es decir inédito y propio. Su base política debe ser una democracia política participativa y descentralizada, no condicionada por las oligarquías económicas sino sustentada en la soberanía popular (lo que estamos viviendo estos días en Argentina es la expresión directa de la dicotomía democracia-«mercados» y en el condicionamiento de la democracia por las oligarquías en Chile otro hito paradigmático), pero dispuesta a aceptar el principio de mayoría y de alternancia en el poder y no de supresión de las libertades en nombre de la resistencia a Estados Unidos. Su base económico-social debe ser una economía mixta en la regulación y la propiedad, con prevalencia del Estado (subsidiariedad al revés: dejar al mercado solo lo que al Estado no le es necesario o muy costoso hacer) en: 1) la fijación de precios claves; 2) la determinación de las normas de trabajo y salarios  mínimos; 3) el uso y disposición  de los recursos naturales; 4) la planificación estratégica de la agregación sostenible de valor y la inserción en cadenas globales; 5) en las grandes infraestructuras y la planificación urbana y territorial; 6) en la promoción de la desconcentración y de la economía social y solidaria; 7) en la seguridad social y la salud; 8) en la educación y formación continua; 9) en la tributación-transferencias para un ingreso básico universal según aumente la productividad. En todos estos temas hay mucho que aprender de Europa, especialmente de los nórdicos, y del Asia emergente, pero no para trasladar modelos. La socialdemocracia europea cumplió un gran rol en siglo XX, pero en el capitalismo del XXI, como explica Hildebrandt, perdió su coherencia política al virar al social-liberalismo y también al cambiar su base económica y electoral. Dejó de representar al mundo del trabajo y se remitió crecientemente a representar élites transnacionalizadas y a sectores medios profesionales privados y  públicos, y pasar de amplias mayorías electorales a minorías en retroceso (como en Francia, Italia, Grecia y Alemania), con las debidas excepciones, como Portugal, España y en parte en Gran Bretaña. Nosotros no sacamos muchos con reivindicar el modelo socialdemócrata del siglo pasado, aunque cabe valorarlo, sino proponer un proyecto nacional-popular latinoamericano de transformación democrática y social-ecológica. O si se quiere, un socialismo popular latinoamericano que construya una democracia social-ecológica equitativa y sostenible. Estamos lejos, pero siempre en la izquierda es indispensable reivindicar un horizonte. La izquierda, esa es su identidad primigenia, no está para limitarse a lo existente. (1)

En materia de pensiones contributivas, se puede aplicar una medida factible e inmediata, pero que implicaría salir del esquema mental rígido según el cual lo único viable y moderno es la capitalización individual. En efecto, el 10% obligatorio que se descuenta hoy de los salarios brutos (más las comisiones y el seguro de invalidez y sobrevivencia) podrían dejan de ir a las AFP y compañías de seguro. Y, en cambio, destinarse a complementar las pensiones hoy existentes y a pagar las pensiones futuras de acuerdo al registro de las cotizaciones durante la vida activa, corregidas por género y lagunas previsionales. Con este cambio, los actuales fondos de los trabajadores activos seguirían en las cuentas de AFP, aunque la posibilidad de retiro en circunstancias excepcionales adquiriría mayor sentido. El ahorro individual en AFP u otras instituciones financieras sería, en un esquema de este tipo, voluntario, como lo son hoy los APV. Si las cotizaciones de los que trabajan que se recaudan mes a mes se destinaran a pagar pensiones, y no a acumular fondos inestables y de rendimientos decrecientes, el sistema podría entregar de inmediato un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad que, como ha calculado Fernando Carmona, en promedio elevaría las pensiones de las mujeres en un 37%. La pensión contributiva podría pasar de un promedio de $230.000 a uno de $550.000 si la pensión base se llevara a un nivel equivalente al salario mínimo vigente». (2)

«El mercado tiene una función necesaria en cualquier economía moderna, en la que solo algunos precios y cantidades claves pueden planificarse con razonable probabilidad de éxito. En cambio, el capitalismo está lejos de ser necesario, aunque sea el horizonte de nuestro tiempo. Como señala Fernand Braudel, el capitalismo no es el mercado, sino un sistema específico de concentración económica en el que los mercados se encuentran predominantemente intervenidos por monopolios y oligopolios, tanto en las transacciones de bienes como de capital y en el acceso al trabajo. Y agreguemos que las economías deben evolucionar hacia algo más que salvar el día, que ya es importante, como por ejemplo hacia un modelo de prosperidad compartida en el que prevalezca una igualdad efectiva de derechos y de oportunidades. (3)

Las de 2019 se asemejan a las concesiones de 1989, pero en circunstancias del todo diferentes. Las de 1989 se explican en el contexto de una salida pactada a una dictadura sangrienta y prolongada, que debían ser superadas en etapas sucesivas y rápidas, como el partido RN pactó con Patricio Aylwin en 1989 y luego no cumplió. En efecto, las concesiones al poder de veto y el no cumplimiento de acuerdos, junto al acomodo progresivo a no seguir avanzando como se debía a una democratización sustantiva, permitieron sostener prolongadamente un sistema de veto minoritario que limitó la capacidad de la democracia de producir resultados sociales y representar la diversidad de la sociedad y sus opciones mayoritarias. No se insistirá lo suficiente en que fue esta decisión de la derecha y el acomodo del centro político y de parte de la izquierda al dominio oligárquico -y la reproducción de fuertes desigualdades sociales que resultan de ese dominio- los que limitaron las capacidades de acción de quienes nos propusimos en 1989 un cambio estructural hacia un “crecimiento con equidad”. Esta ceguera terminó por estallar en octubre de 2019 en una situación cuasi-insurreccional y de fuerte violencia social. (4)

Frente a ese diagnóstico pesimista, queda expresar el optimismo de la voluntad. ¿Será posible que los dos grandes bloques políticos opositores que se han delineado se afiancen y transmitan serenamente el mensaje de que consideran mejor ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de optar entre ellos y así permitir mandatos claros para el futuro? ¿Y que ese enfoque puede ampliar su convocatoria conjunta a más votantes y permitir que su número total de convencionales electos sea mayor, a pesar de que la cifra repartidora podría favorecer en teoría a la lista unificada de la derecha? ¿Y que expliquen sus propuestas constitucionales, las que se verá son en muchos puntos coincidentes, lo que permitirá colaborar en la Convención Constituyente? ¿Y que señalen con respeto, pero con firmeza que votar por independientes fuera de lista es muy válido, pero que con los distritos pequeños y el sistema electoral existente va a ser un voto perdido? ¿Y qué ser parte de la política organizada es una voluntad de actuar con otros y con persistencia en el tiempo, y que eso es un valor positivo y necesario para una sociedad que quiere progresar? ¿Y que ambos bloques se darán un apoyo mutuo en las eventuales segundas vueltas el 9 de mayo para elegir gobernadores? ¿Y qué harán lo propio en la segunda vuelta presidencial, aunque tendrán listas distintas a constituyentes, concejales, parlamentarios y consejeros regionales para que los ciudadanos opten? ¿Y que tienen la voluntad de constituir un gobierno de coalición en marzo de 2022, porque nadie puede gobernar nuestra sociedad fragmentada y polarizada desde trincheras, sino que transformando y tendiendo puentes para construir mayorías? Soñar sigue no costando nada. (5)

Un nuevo sistema de seguridad social. Chile Digno Verde y Soberano. Por Fernando Carmona y Gonzalo Martner.  02/06/2021:

El sistema de pensiones basado en las AFP fracasó. No fue capaz de cumplir lo prometido. Hoy, cuando las primeras generaciones que se vieron obligadas a participar de este sistema empiezan a pensionarse, queda al descubierto el drama social que significa para Chile el desmantelamiento de la seguridad social. El resultado básico de la reforma de 1981 es que los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo. Y esta tasa de reemplazo ira disminuyendo para los próximos jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedia el sistema desde su inicio.

La cobertura del sistema contributivo de AFP es, además, muy deficiente: solo un 60% de la fuerza de trabajo cotizó para su pensión en el primer semestre de 2020, lo cual es reflejo de la informalidad en el mundo del trabajo y precariedad a la cual se encuentran sometidos, arrastrando lagunas previsionales por cesantía o informalidad, que se concentran en las mujeres.

El resultado es que el 40% de la población solo podrá aspirar a la pensión solidaria o con una pensión contributiva que se complemente con aporte previsional solidario, quedando así el 74% de los pensionados con una pensión menor al salario mínimo.

El sistema de reparto se mantuvo como privilegio para las FF.AA. y cuesta hoy a todos los chilenos un 0,9% del PIB, mientras en la pensión solidaria solo se gasta un 0,8% del PIB.

Sostener el sistema antiguo de cajas, pero sin las cotizaciones, representa todavía un gasto presupuestario de 1,5 % del PIB y por décadas alcanzó entre un 3% y 5% del PIB.

Proponemos al país una propuesta de cambios al modelo previsional vigente que se enmarca en un proceso mayor de transformaciones y cuyo horizonte es terminar con el modelo actual de seguros privados. Propone la creación de un sistema de pensiones público, tripartito, multipilar, solidario y de reparto intergeneracional. Este nuevo sistema funcionará sobre las siguientes bases:

1. Las pensiones deben dejar de ser un espacio de lucro para transformarse en un derecho para todos y todas.
2. La administración de los fondos de pensiones contributivos deberá estar a cargo del Estado, eliminando los espacios de ganancias monopólicas de las AFP.
3. Los empleadores deberán cotizar un 9% de la remuneración para mejorar las pensiones contributivas de los trabajadores, mientras el aporte obligatorio de los trabajadores pasará de 10% a 9% de la remuneración, con un aporte bipartito de monto equivalente.
4. Para que ningún adulto mayor viva en la pobreza, la solidaridad se expresará en transferencias desde los que hoy trabajan hacia los jubilados, desde las personas de altos ingresos hacia las de bajos ingresos y desde los hombres hacia las mujeres.
5. El sistema entregará una Pensión Básica Universal a los/las adultos/as mayores, superior a la línea de pobreza y de un monto inicial del orden de $225.000, financiada con impuestos generales.
6. La solidaridad intergeneracional se expresará en un Pilar de Reparto que sustituirá la cotización obligatoria a las AFP a través de un esquema de cotización que dará lugar a derechos previsionales según los años y monto del aporte obligatorio, constituido por un 9% de cotización salarial y un 9% de cotización del empleador. Este 9% de cotización sobre las remuneraciones, sin topes, alimentará un sistema de cuentas nocionales que registrará los aportes previsionales obligatorios a lo largo de la vida laboral.
7. Con el nuevo sistema, la pensión contributiva pasará apenas empiece su aplicación de un promedio de $230.000 a uno de $547.000. La más baja partirá al menos del salario mínimo vigente. El sistema entregará un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad, lo que en promedio elevará las pensiones de las mujeres en un 37%. Esta parte de las pensiones se financiará con una cotización de 5% de cargo del empleador que integrará un Pilar de Ahorro Colectivo y de Corrección de Inequidades. Un 1% se utilizará en los bonos para terminar las diferencias de género y un 4% se utilizará para un Fondo de Ahorro que contribuirá, mediante capitalización, a sostener el sistema en el largo plazo. El cálculo realizado bajo supuestos conservadores indica que el sistema podrá absorber el cambio demográfico más allá del año 2100.
8. Un Pilar de Ahorro Individual Voluntario podrá complementar las pensiones, reorientando el trabajo de las administradoras privadas de fondos hacia rendimientos estables y con bajos riesgos y cambiando el actual cobro de comisiones por flujo a un cobro por saldo.