Durante su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, explicó la colaboración que mantiene Chile con Argentina y Bolivia en materia de extracción del litio.

Fue en la instancia desarrollada este martes, donde la autoridad de Gobierno contestó las preguntas de parlamentarios, respecto a la existencia de un supuesto «Cartel del Litio» trinacional entre los países ya mencionados. Algo que Ahumada descartó de lleno.

La interrogante surgió luego de declaraciones emitidas por el propio subsecretario, quien en una entrevista, afirmó estar participando en mesas de trabajo con Bolivia y Argentina para «escalar en la cadena de valor del litio en base a una política regional«.

A lo anterior, Ahumada ratificó que el Gobierno trabaja en una mesa binacional con Argentina para la explotación del mineral.

La instancia pretende crear una fuerza de trabajo calificada para agregar valor agregado al mineral. Además, busca establecer mecanismos que permitan una relación armoniosa con las comunidades.

Allí comparten experiencias científicas y tecnológicas, manteniendo la autonomía de cada país de crear su propia estrategia de producción del litio. Hasta la fecha se han llevado a cabo dos citas entre ambos países, la primera en junio en Chile, y la segunda en la nación trasandina en agosto.

La idea, enfatizó Ahumada, sería avanzar en el desarrollo de tecnologías de extracción sostenible del litio.

En el caso de Bolivia, el subsecretario aseguró que, hasta ahora, no se ha formado una mesa de trabajo, aunque no descartan levantar una cita para más adelante.

Actualmente, la extracción de litio se concentra entre un 56% y un 68% en América Latina, donde Chile reúne el 47% de las reservas mundiales. (Emol)

José Miguel Ahumada Muga, cientista polítco, designado subsecretario de Relaciones económicas internaiconales 2022 en el primer gabinete del presidente Boric.

Economía Política del fracaso. La falsa modernización del modelo neoliberal, de Alberto Mayol y José Miguel Ahumada (2015)

«El neoliberalismo traduce el conjnto de sus contradicciones en la discusión sobre lo público y lo privado. Y opera con tres reglas: (a) La primacía absoluta o relativa de lo privado sobre lo público, es decir, la subsunción de este a los valores  del primero. (b) La desnaturalización de lo público como concepto hasta hacerlo irreconocible. (c)  La pérdida final de la referencia de la oposición a un conflicto estructurado, señalando como una antítesis falsa.

José Miguel Ahumada, el ideólogo de la revisión de acuerdos comerciales de Boric que asumirá la subsecretaría de Relaciones Económicas

Ahumada es detractor del TPP-11, autor de publicaciones cuestionando el TLC con EE.UU. y defensor de la idea que la red de acuerdos comerciales ha limitado la transformación productiva con más Estado que propone para Chile. Ahora asumirá la repartición que conduce las relaciones económicas en Cancillería, tras ser artífice de la propuesta de Boric de revisar acuerdos comerciales, cuestionada por sus efectos en la inserción internacional.

Por qué importa: Ahumada fue designado por Boric como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, a cargo de la red de acuerdos comerciales que Boric propuso revisar en campaña.  Por ahora, la futura canciller Antonia Urrejola dijo que la revisión de acuerdos no será unilateral, que no cuestionarán la seguridad jurídica del comercio, y que incluso Boric podría rediscutir su negativa a que se ratifique el TPP-11, firmado por Bachelet.

• Esto último -dijo Urrejola- tras conversaciones con los primeros ministros de Canadá (Justin Trudeau) y Nueva Zelanda (Jacinda Ardern). Cercanos a Ahumada afirman que es pragmático y capaz de distinguir entre posturas académicas, y la realidad política y lineamientos de Boric
• Algo similar transmitió Urrejola, pero acotando que “la inversión extranjera es necesaria, pero se tiene que adecuar al nuevo modelo de desarrollo”, punto que ha defendido Ahumada.
• En campaña, el principal asesor económico de Boric Nicolás Grau afirmó en entrevista con Sebastián Edwards: “Me leí el excelente libro de Ahumada, revisa toda la política comercial de Chile (…) En los tratados, se trata de limitar el márgenes de política que tienen los países”.
• Ahumada, dijo en octubre: “Si vemos que los TLC restringen el espacio para que el Estado pueda aplicar las políticas industriales que garantizarían estabilidad a largo plazo, es menester replantear algunos elementos específicos”.
• El mismo argumento utilizó Boric cuando planteó revisar una cláusula del TLC con EE.UU., la que prohíbe imponer porcentaje de contenido nacional a inversionistas de ese país, y que según expertos es clave en los sistemas de comercio para incentivar llegada de la inversión.

Su trayectoria y referentes: Doctor en Estudios del Desarrollo de Cambridge, ahí conoció al economista surcoreano Ha-Joon Chang, quien fue guía de su tesis y ha sido referente mundial de la idea de un Estado más activo en las transformaciones productivas, pero con un rol “más dirigista” que “interventor o propietario”. Ahumada tiene redes con Ricardo Ffrench Davis y Stephany Griffith Jones, carta de Boric para el Banco Central, a quien Ahumada conoció en Cambridge.

• Se tituló de cientista político en la UDP e hizo su práctica en la Cepal, donde llegaron a sus manos por primera vez libros del surcoreano. Con ellos se interesó por estudiar cómo los regímenes económicos internacionales podían ayudar o restringir el desarrollo de las naciones.
• Luego realizó un máster en Economía Internacional en la U. Complutense, otro sobre estudios del Desarrollo en London School of Economics y después pasó por Cambridge; los 2 últimos con Becas Chile, fórmula con la que varios frenteamplistas estudiaron por esos años en Reino Unido.
• Ha-Joon Chang vino a Chile en 2019 invitado por el CEP y el Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile (donde Ahumada es profesor). Entonces, el surcoreano ya era referente del FA.
• Durante la campaña, el profesor de Cambridge dio una entrevista a La Tercera donde dijo que Boric era un socialdemócrata, y que “Chile debiera ser radical, pero para llegar a ese punto requiere  gradualidad y realismo”, con cooperación entre privados-Estado.
• Ahumada también cita Gabriel Palma (profesor de Cambridge y firme detractor del TPP-11), aunque tiene una postura “menos radicalizada” que él, explican en círculos diplomáticos. Y ha escrito con Alberto Mayol sobre el modelo neoliberal.

Su crítica al TLC con EE.UU. y al TPP: Sus críticas al TLC con EE.UU las ha formulado en su tesis de máster -titulada “TLC Chile-USA: ¿vale la pena el juego?”-, y un capítulo sobre “El TLC entre Chile y EE.UU., de la euforia a la frustración”, en un libro de Gonzalo Martner. Para Ahumada, el patrón chileno de inserción internacional en el comercio de los 90’ está con “importantes señales de desgaste” pues no logró diversificar las exportaciones ni especialización.

• Así lo deslizan títulos de publicaciones: “Chile en la economía mundial: economía política del estancamiento”, “Chile, globalización e imperialismo”, y otros que aluden a “independencia nacional”.
• Su visión la plasmó en una entrevista con la Biblioteca del Congreso en 2016. “Ni los commodities ni recursos naturales procesados permiten a Chile generar un crecimiento sostenido en el tiempo (…) Los capitales que ingresan, la inversión extranjera, tampoco han sido fuente de desarrollo o diversificación productiva”, afirmó.
• Sobre el TPP, decía que es “inquietante” pues profundiza los TLC, brindando una “ganancia muy pequeña” (la actual Cancillería ha dicho que brinda 3.000 oportunidades comerciales, y la experta del gobierno de Bachelet, Paulina Nazal, que aumentaría en 5% las exportaciones).
• Agrega que el crecimiento que pueda generar el tratado firmado por Bachelet será dependiente del precio de commodities, mientras que “restringe el espacio para hacer políticas industriales que nos permitan modificar la estructura productiva para un crecimiento sostenible”.
• Y dice que su aporte en cadenas de valor requeriría de complemento políticas de transferencia tecnológica desde la inversión extranjera hacia el tejido productivo nacional “y no que se estanquen en la mera apropiación de las rentas derivadas de la extracción de recursos”.
• Ello necesitaría -continúa- “imponer normas para que el inversionista deba reinvertir cierto porcentaje de la ganancia en el país”, lo que el TPP impediría en cláusulas en que prohíbe exigir a inversionistas porcentajes de contenido nacional en sus exportaciones, o restringe la expatriación de utilidades (las que según quienes participaron en las negociaciones obedecen a tratar a todos los inversionistas por igual, principio que ha estado en los tratados por décadas).

Grau, el puente con Boric: Ahumada entró al equipo apenas Boric fue proclamado candidato FA en las primarias contra Jadue, invitado por Grau, con quien ha escrito varias columnas.

• En la universidad, Ahumada militó en el PS, pero renunció en 2010, disconforme con su rumbo.
• A partir de su paso por Cambridge (donde compartió con dirigentes RD) se acercó al FA. En RD lo han invitado desde 2017 a sus escuelas de formación.

Su mirada de “La lección nórdica”: Así se titula uno de sus últimos libros, en el que analiza el caso de Noruega, Suecia y Finlandia, y cómo a través de una “activa injerencia estatal” estos países lograron el desarrollo a través de modificar su matriz productiva (petróleo en Noruega o telecomunicaciones en Finlandia). De esas ideas surgió el modelo de transformación productiva de Boric, con una Banca Nacional para el Desarrollo que estimule inversiones vía créditos; y aumento de impuestos mineros y “condicionar inversiones a establecer encadenamientos productivos con capitales nacionales”.

• Fueron esas las ideas que plasmó Boric en una columna conjunta con Ahumada, publicada en El Mercurio el 07/02/2021.
• En ellas tiene una importante influencia Ha-Joon Chang, quien ha dicho: “Un Banco del Desarrollo no es la única forma de hacerlo, pero ha sido muy efectivo para promover transformaciones”.

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), José Miguel Ahumada, también participó del seminario, y en su intervención afirmó que en temas de acuerdos comerciales “la situación internacional está cambiando”. A su juicio, “hoy hay más conciencia de que los acuerdos o regímenes bilaterales o multilaterales tienen que incluir temas de género, medioambiente, temas laborales y también tener un mayor abanico en lo relativo, por ejemplo, a los regímenes de inversiones extranjeras”.

Ejemplificó nombrando la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, su sigla en inglés) -el acuerdo de libre comercio más grande del mundo-, así como lo que hace la Unión Europea con el tribunal de inversiones, y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Usmca).

Desde la óptica de la autoridad, “no hay una receta única para el libre comercio”, y para explicar este punto citó un pasaje del libro de French-Davis. “Al insertarse en el mundo global, un país se incorpora a una economía internacional de mercado (…) La realidad es que existen espacios para elegir”, dice el párrafo de la página 73 que relató Ahumada.

El autor también planteó el punto de “cómo mejorar el balance entre beneficios y costos de la inserción y adecuarlo a los objetivos democráticos de la sociedad”, idea que, según el subsecretario, “es precisamente ese el debate en el cual estamos”.

El titular de la Subrei también señaló que “la pandemia -y su gestión- nos ha enseñado que acá lo que se requiere no es un sálvese quien pueda”.

En su opinión, la gestión de la crisis sanitaria “implicó una coordinación política, democratizante, que permitía vía la cooperación, superar activamente -por ahora- la situación hoy día de la pandemia”.

El experto usó el proceso de vacunación como ejemplo, al afirmar que este “no es en base a cuánto dinero se tenía, sino en base a nuestra condición de ciudadanos, con derechos, donde como comunidad política establecimos una periodicidad que aseguraba la protección colectiva ante la pandemia, y que aseguraba la igual dignidad al al margen de nuestra edad y bolsillo”.

Una de las peores situaciones que puede enfrentar un funcionario es que sus superiores lo corrijan en público. Cuando eso sucede – lo que de por sí es raro –, el funcionario sufre una humillación de la cual es difícil recuperarse. Eso le ocurrió hace unos días al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien afirmó que el gobierno llevaría a cabo una consulta ciudadana para “legitimar” la política comercial chilena. A las pocas horas el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que su cartera – que algo tiene que decir en el asunto – no tenía idea de qué estaba hablando el subsecretario, y la canciller. Sebastian Edwards, 15 mayo 2022

La ministra de Relaciones Exteriores ha precisado que la iniciativa impulsada por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, fue un error comunicacional que no buscaba deslegitimar la apertura comercial de Chile al mundo, sino más bien realizar una consulta acotada a sus principales actores para perfeccionarla y darle mayor legitimidad. Sin embargo, y como dato de la causa, es de público conocimiento que el subsecretario Ahumada es un contradictor de la política comercial exterior de Chile, lo que, por supuesto, alimenta las desconfianzas. Teodoro Ribera, 18 mayor 2022. La Tercera

«Me preocupa que el secretario Ahumada sea un persona no pro-TLC… estamos perdiendo oportunidades día a día… es muy natural que a futuro sigan haciendo muchas empresas hcinas ineresadas en invertir en Chile y eso no lo debemos ver como una amenaza» Luis Schmidt

«Me parece que el más claro expositor del programa de primera vuelta es el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales [José Miguel Ahumada]. En algún momento dijo que iba a hacer algunas consultas sobre cómo modificar los tratados de libre comercio, que es parecido a lo que se dijo en primera vuelta; se ha puesto en entredicho todo lo que se ha avanzado en la modernización del acuerdo con la Unión Europea, pese a que son precisamente los temas que se piden de los nuevos acuerdos de una generación más avanzada. Lo mismo sucede con el TPP11,  Alfredo Moreno 26 julio 2022

«El subsecretario Ahumada erfela un prejuicio ideológico al interior de Apruebo Dignidad que postula un neosoberaniso que se pone de espaldas a la apertura externa, la integración a la economía internacional, y los tratados de libre comercio -definidos por Ahumada en sus escritos académicos como un instrumento al servicio del imperialismo estadounidense; un neosoberanismo que es un calro retroceso desde el punto de vista tanto de la política exterior como d ela estrategia de desarrollo… hemos perdido mucho tiempo con las famosas side letters, que son un volador de luces en la tramitación» Ignacio Walker, El Mercurio, 5 diciembre 2022

Ex cancillera Antonia Urrejola: José Miguel [Ahumada] partió con una posición muy dogmática y luego fue cediendo. Fue un aprendizaje de él, aunque no desconozco que sus posiciones causaron revuelo político y que yo debía responder por ello, porque tenía que salir yo a explicar. Es importante señalar, sin embargo, que José Miguel [Ahumada] tenía el respaldo del presidente en estos temas, como el TPP11.  5 abril 2023

Este artículo expondrá brevemente lo que ha pasado antes del TPP. El próximo será sobre el TPP mismo.  Lo que se intentará dejar en claro es que el TPP es un paso más en un camino que Chile ha venido tomando desde principios de los 90 como parte de su política económica de integración. Los TLC, el acuerdo de la OMC, la directa presión de EE.UU. y la pasividad del Gobierno (y los gremios empresariales que participaban en cada una de las negociaciones) ya han creado un Estado en gran medida ‘desnacionalizado’, legalmente incapaz de usar las políticas que han utilizado los países hoy desarrollados.

En este sentido, si criticamos al TPP por su restricción a la soberanía, debemos complementarlo con un análisis crítico al patrón mismo de inserción chileno. No puede haber una sin la otra.

La reciente caída del precio del cobre junto a la emergencia de un potencial sustituto más eficiente (el grafeno) nos trae a la memoria el boom del salitre a fines del siglo XIX y su término en la primera mitad del siglo XX con la invención del salitre sintético. El boomsalitrero derivó en una tragedia nacional. Sus cuantiosos excedentes fueron desaprovechados a manos de capitales ingleses (recordar North, el ‘rey del salitre’) consolidando una acumulación rentista y de un régimen liberal incapaz o –al menos– manifiestamente desinteresado en desplegar un proceso de transformación productiva.

La situación hoy es curiosamente similar: un inmenso boom del precio del cobre parece destinado a seguir el destino del salitre. Sus excedentes han sido apropiados por la gran minería transnacional, especializada en la exportación de cobre concentrado, petrificando al país en lo más bajo de la cadena de valor del mineral (en 2014 el 19% de las exportaciones de Codelco era cobre concentrado, mientras que las empresas privadas exportaban un 53%, según datos de Cochilco).

Aquella misma lógica rentista aparece en sectores clave de nuestro modelo de inserción como, por ejemplo, el forestal: los grupos Matte y Angelini se han anclado en la exportación de celulosa y acumulado inmensas rentas derivadas del control de los recursos naturales. Aquello es exactamente lo opuesto de lo que han hecho economías como Finlandia, donde, a partir de un conjunto de políticas industriales coordinadas desde el Estado se logró transformar su especialización en exportación de madera durante la primera mitad del siglo XX hacia una economía de producción de alta tecnología. Por cierto, esta transformación implicó tiempo, múltiples pasos y decisiones estratégicas: de producción textil, a manufactura liviana para Philips para luego construir Nokia, especializada en tecnología de punta en telefonía (ver Chang y Lin).

Esa integración activa de Finlandia al comercio mundial (esto es, vía decisiones del Estado de construir nuevos sectores más allá de los nichos inmediatos de ganancia del capital) explica que pueda sostener un Estado de Bienestar y, al mismo tiempo, aumentar su productividad como economía (ver Cimoli et al. ). Por el contrario, es la integración pasiva de Chile (o sea, donde lo que establece en qué nos especializamos viene determinado por los nichos de ganancia de corto plazo de los capitales) lo que explica la predominancia de estructuras productivas extractivistas, base material de nuestro Estado subsidiario.

Pues bien, a partir de lo anterior la pregunta es obvia: ¿cómo salir de ese patrón de inserción y seguir los pasos de países con baja desigualdad y alta productividad como Finlandia, Corea del Sur, Japón, etc.? Erik Reinert, historiador económico noruego, decía que los países pobres deben hacer lo que los países ricos efectivamentehicieron, no lo que ellos pregonan a los países pobres. Lo que aquellos países hicieron en sus respectivos despegues económicos es algo muy alejado de lo que predican tanto directamente como vía sus organismos internacionales (BM, FMI, OMC).

Por ejemplo, Kevin Gallagher, cientista político de la Universidad de Boston, plantea que los países que han avanzado al desarrollo han, por lo general, establecido las siguientes políticas: un fuerte normativa de inversión extranjera  (como normativas de transferencia tecnológica y contenido nacional), un régimen flexible de propiedad intelectual (que permita el flujo gratuito ideas al tejido productivo), control de capitales (medidas que resguarden a las economías de los flujos financieros especulativos con sus ya conocidas dinámicas de manías, pánicos y cracs) y uso dearanceles estratégicos (protecciones temporales a sectores con potencial tecnológico).

Si aquello es correcto (y hay decenas de economistas e historiadores actualmente, de diversos tintes ideológicos, que han demostrado aquello tanto teórica como empíricamente como, entre otros, Ha-Joon Chang, Paul Bairoch o Dani Rodrik), entonces podemos seriamente pensar que Chile ha tomado un camino muy problemático: desde su inserción tanto bilateral como multilateral al mercado mundial (esto es, desde 1990), Chile ha cedido espacios esenciales de autonomía en las materias antes nombradas, particularmente bajo activa presión de EE.UU.

A principios de 90 Chile deseaba un acuerdo con EE.UU.: consolidar su «imagen país» y brindar «correctas señales» al mercado financiero eran motivos aparentes para llegar a un acuerdo con nuestro principal socio. Como parte de las tratativas EE.UU. presiona a Chile a modificar su normativa de propiedad intelectual a cambio de ser reintegrado al Sistema General de Preferencias (SGP) y de comenzar a negociar un acuerdo comercial. Así, en 1991, se aprueba la ley 19.039 que aumentó los años de duración de las patentes a 15 años homogéneos (antes las patentes eran entre 5 a 10 años) y se permitió, por primera vez en Chile, patentes farmacéuticas (curiosamente, en aquella época, era la Concertación la que defendía dichas demandas de EE.UU., y la derecha la que acusaba a EE.UU. de «prácticas imperialistas»).

Sin embargo, Chile tendrá que esperar para lograr un TLC con EE.UU., pero en el entretanto, durante los 90, Chile se consolidaba en un crecimiento sostenido y con una importante diversificación exportadora (pero hacia sectores con bajo valor agregado), anclado en un tipo de cambio competitivo, activas políticas de promoción exportadora (resaltando el  ‘reintegro simplificado’) y con resguardo ante los flujos de capitales de corto plazo (que comenzaban a llegar en manada a la región desde principios de 1990). Las inversiones extranjeras, amparadas en el DL600, tenían libertad de acción y Chile no imponía (voluntariamente) ninguna normativa de promoción industrial: aquí vemos las masivas entradas de inversiones extranjeras a la minería (el periodo de la «desnacionalización del cobre») y hacia servicios. Exportaciones diversificadas e ingresos de inversiones extranjeras eran los flujos que mantenían viva nuestra, autodenominada, «época dorada del capitalismo«.

Luego de la aparición de la OMC, el escenario cambió para América Latina y Chile. Se deben modificar ampliamente normativas internas para adecuarlas a las homogéneas reglas impuestas por EE.UU. (sobre esto, ver Wade y UNCTAD). En el caso de Chile, en 1998 se aprueba la ley 19.589 que rebaja los aranceles hasta 6% para el 2003 y, por explícita demanda de la OMC, se eliminaron las políticas de promoción de exportaciones que habían colaborado con el dinamismo del periodo 1986-1998.

Asimismo, el 2005, y para adecuar la normativa de propiedad intelectual a los estándares de la OMC, Chile amplía las años de las patentes a 20 años (ley 19.996), y se endurecieron las sanciones por su infracción, imponiendo estrictas reglas para elementos como las licencias obligatorias (donde virtualmente se excluye su uso para fines de desarrollo nacional).

La firma del TLC con EE.UU. tuvo un costo particularmente alto, en tanto, bajo (otra vez) presión de EE.UU., Chile virtualmente elimina uno de los pilares de su sostenido crecimiento durante los 90: esto es, su política de resguardo contra los flujos de capitales especulativos. La radical restricción del famoso ‘encaje’ (que permitió a Chile no verse afectado, por ejemplo, por la crisis mexicana y el efecto Tequila en 1994), fue una demanda del capital financiero de EE.UU. que Chile aceptó luego de mucha discusión (Art. 10.8, Anexo 10-F, Art 10.9, TLC Chile-EE.UU.).Luego de la crisis asiática y ante la pérdida del dinamismo económico de los 90, el gobierno de Ricardo Lagos tomó una decisión estratégica clave: la salida al estancamiento venía no de iniciar un proceso de activa inserción, sino, por el contrario, de fortalecer el patrón de inserción pasivo hacia el mercado mundial, vía la firma de TLCs con EE.UU. y China, la liberalización del tipo de cambio y una férrea norma de superávit fiscal.

A su vez, el TLC con EE.UU. es particularmente demandante en materia de resguardo a la libertad de las inversiones extranjeras. No solo reproduce lo que ya aparecía en el acuerdo OMC (prohibición del Estado de demandar a la IED que parte de su producción sea nacional), sino que agrega prohibiciones en materia de requisitos de contrato de fuerza laboral nacional, transferencia tecnológica y establece una peligrosa ambigüedad en materia de posibilidad de expropiaciones: se prohíben expropiaciones directas (el Estado se toma la empresa), pero también las ‘indirectas’, refiriéndose a situaciones en que el Estado, sin expropiar, limita en el derecho al uso de los recursos productivos, abriendo una puerta bastante compleja: ¿cómo determinar cuándo una intervención del Estado es ‘expropiación indirecta’ o un legítimo derecho de regular, de acuerdo a sus soberanos criterios, la inversión?

Junto a lo anterior, el acuerdo establece tribunales internacionales donde la empresa extranjera puede directamente demandar al Estado ante posibles incumplimientos del acuerdo. Los tribunales nacionales pierden la potestad para definir la justicia en materia de contrato entre agentes, en esta materia el Estado queda en gran medida, ‘desnacionalizado’ (sobre esto, ver el reciente artículo deGabriel Palma).

En este sentido, Chile, desde mucho antes de ser parte de la negociación del TPP, ha venido negociando soberanía y políticas de desarrollo por acceso a mercados e ‘imagen país’. La situación es de una gran paradoja casi digna de Baudrillard: se ceden las políticas de desarrollo por mostrar una imagen de país desarrollado y moderno. La imagen deviene en algo más codiciado que la realidad misma.

De esta forma, hemos llegado a una situación en que, ante la evidente fragilidad de nuestro régimen de crecimiento, las políticas que podrían hacernos salir de dicho camino quedan explícitamente prohibidas.

Chile ya ha perdido soberanía para controlar los flujos de capitales especulativos, ha perdido soberanía en políticas de promoción de exportaciones, en regulación activa a las inversiones extranjeras, en imponer un régimen de propiedad intelectual acorde a objetivos de desarrollo y en uso estratégico de aranceles. A eso súmele la pérdida de soberanía a principios de 1990 con la autonomía del Banco Central y la regla del superávit estructural en política fiscal con Lagos y nos quedamos con una mera imagen de Estado soberano, un agente carente de autonomía para poder imponer reglas que no sean las de la máxima apertura en todos los frentes, dejando a manos de la dinámica de ganancia de corto plazo del capital la determinación de los criterios sobre los cuales se determina el (sub)desarrollo del país.