sta primera semana del año 2022 marcó el inicio de la segunda -y crucial- etapa de trabajo de la Convención Constitucional que, es bueno recordar, tiene hasta julio próximo para convenir un texto de nueva carta fundamental.

La semana estuvo marcada por una -sorpresivamente compleja- renovación de las autoridades de la Convención. Considerando la positiva evaluación de la presidenta y el vicepresidente salientes, así como la sólida alianza que el Frente Amplio y el Colectivo Socialista habían fraguado en los últimos meses (al punto que se habían convertido en los grupos que en los hechos lideraban el proceso constituyente), se esperaba que la renovación de la mesa directiva fuera más o menos fluida. Sin embargo, las cosas se complicaron y luego de sucesivas rondas de votaciones, finalmente una peculiar coalición de grupos de independientes (de izquierda radical y de centro-izquierda) logró hacerse de la mesa de la Convención, con María Elisa Quinteros en la presidencia y Gaspar Domínguez en la vicepresidencia.

Sin perjuicio de que, a diferencia de la mesa saliente en sus inicios, la actual se encuentra minuciosamente regulada por el Reglamento aprobado en octubre pasado –lo que facilitará su trabajo—, los desafíos que Quinteros y Domínguez enfrentarán los obligará a desplegar sus mejores esfuerzos.

En efecto, más allá de los roles formales que desempeñarán, la gran tarea de ambos será propiciar un cierto modus vivendi al interior de la Convención, que no sólo contribuya a que se alcance el exigente quórum de dos tercios para aprobar cada nueva norma constitucional, sino que, además, facilite que los convencionales de la derecha que entienden las peligrosas consecuencias de un eventual fracaso de un proceso nacido para aplacar un estallido social de proporciones, tengan la posibilidad de incidir en el texto final, de manera que la nueva Constitución pueda ser razonablemente aceptable para el conjunto del país.

En su carta de ayer a «El Mercurio», Gerardo Varela acusa que la Constitución que está siendo elaborada sería “tramposa”, dado que garantías fundamentales (como la vida, la libertad o la propiedad) podrían ser violadas o infringidas por decisión de una cámara única, adoptada por un sexto más uno de sus integrantes, sin ser revisadas por un Senado, que se suprime.

Si al bosquejar tal apocalíptico escenario, Varela pensaba en la posibilidad de que el Congreso de Diputadas y Diputados perpetrara tales transgresiones a derechos fundamentales a propósito de reformarlos, está equivocado, ya que, de acuerdo con el texto aprobado por el pleno (Art. 78 de la sección Reforma Constitucional), tratándose de enmiendas constitucionales relacionadas con derechos fundamentales se requerirá tanto del acuerdo de la Cámara de las Regiones, como de un quorum de dos tercios de los integrantes del Poder Legislativo en su conjunto (o, alternativamente, por una mayoría simple más un referéndum ratificatorio).

Por otra parte, cabe señalar que la eliminación del Senado en el texto que comentamos está complementada por la introducción de una Cámara de las Regiones, que tendrá potestades legislativas en materias cruciales, como las referidas leyes de reforma a la Constitución; leyes que regulen los estados de excepción; leyes sobre tributos; leyes que implementen el derecho a la salud y la educación; leyes que regulen la judicatura, el Poder Legislativo y entes autónomos (como el Banco Central y la Contraloría General de la República), y la ley de Presupuestos, entre otras. Importantísimas potestades legislativas de un ente revisor que podrían pasar desapercibidas, cuando únicamente se señala que la nueva Constitución suprime el Senado. (El Mercurio Cartas)

Javier Couso S.
Académico UDP/U. de Utrecht