Pla Jarufe Isabel Cecilia (1964) [1] “mis abuelos paternos llegaron de España, tenían un criadero de aves, por el lado materno eran comerciantes en Quillota de origen árabe” (2); egresada de relaciones públicas,  casado con Luis Felipe Olivares Quiros (1956) comerciante; s/d.

[1]   Inscripción numero 681 matrimonio 1996 Las Condes.

(1) El Mercurio 12 marzo 2018.

(2) Entrevista, La Tercera, 21 abril 2018.

(3) Entrevista, La Tercera 12 marzo 2019.

(4) Carta «Sistema electoral para los congresistas» El Mercurio 10 noviembre 2020.

(5) Entrevista radial, 9 junio 2021

Entre los retrocesos que ha experimentado Chile en los últimos dos años, preocupa muy especialmente la caída del número de empleos para mujeres y el estancamiento en la tasa de ocupación femenina. Lo que sorprende es la aparente indiferencia del gobierno, ante lo que debiera ser uno de sus principales desafíos y, ciertamente, una causa insistente del feminismo criollo.

Veamos los números, porque aunque a la Presidenta Bachelet no le gusten, son indesmentibles y contra ellos ni las consignas pueden.

En los primeros 23 meses de la administración de la Nueva Mayoría, se han creado, en promedio, cerca de 110 mil nuevos empleos al año, de los cuales 48 mil, menos de la mitad, han sido para mujeres. Esa realidad contrasta con lo ocurrido entre los años 2010 y principios de 2014, cuando de los 254 mil empleos que se crearon en promedio al año, 144 mil fueron para mujeres (fuente: INE).

La tasa de ocupación laboral femenina, en tanto, también dio un salto significativo entre esos años, de 39,5% a principios de 2010, a 45,3% en primer trimestre de 2014. La Presidenta Bachelet se comprometió, en su Programa de Gobierno, a alcanzar los “niveles de los países desarrollados, donde 6 de cada 10 mujeres tienen empleo”, pero transcurrida ya la primera mitad de su gobierno, la tasa de ocupación no se ha movido ni un milímetro y se mantiene en ese 45,3%. En síntesis: menos de 5 de cada 10 mujeres en condiciones de trabajar, tiene hoy un empleo (fuente: INE).

La incorporación de la mujer al mundo del trabajo tiene un impacto que va muchísimo más allá del estrictamente económico. Consagrar la igualdad de derechos y oportunidades en la ley, protegerla de los abusos y de la violencia intrafamiliar, crear un Ministerio de la Mujer, llamarlas a consolidar su autoestima, a tener seguridad en sus capacidades y a superar su propia carga machista, resulta insuficiente. La mitad de las chilenas no tiene hoy autonomía económica, que es, en la práctica, la que les permitiría tomar decisiones personales con mayor independencia y libertad para definir sus vidas.

El actual Servicio Nacional de la Mujer parece no compartir, sin embargo, la importancia de esa dimensión de la autonomía femenina. Su agenda es pobre, sobre ideologizada, inspirada en consignas que ya suponía superadas y está concentrada, básicamente, en la despenalización del aborto, al que convirtió artificialmente en la conquista más simbólica de las chilenas.

Son curiosas las decisiones que ha tomado la Presidenta Bachelet respecto de la mujer. En su primer mandato desechó el postnatal de seis meses y en este segundo mandato retiró del Congreso la reforma que extendía el derecho a Sala Cuna a todos los trabajadores, enviada al Congreso por Sebastián Piñera. Tampoco hay voluntad por promover jornadas laborales que ofrezcan diversidad de opciones a la mujer, algo que pudo perfectamente haberse incorporado a la reforma laboral; y, en general, lo que percibimos los chilenos es un desinterés del gobierno por esta materia, conformándose con mantener el subsidio a la contratación femenina, que implementó el gobierno anterior.

La Nueva Mayoría tiene derecho a fundar su proyecto político en consignas y a alimentarse de todos los símbolos que estime convenientes. A lo que no tiene derecho es a condenarnos a la mayoría a la mediocridad y al conformismo, menos aún cuando recibió un Chile que estaba progresando y en el que las mujeres conquistaron demandas tan reales como el postnatal de seis meses o, simplemente, un empleo.

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

Como toda su generación, Patricio Aylwin Azócar llegó a la Presidencia de Chile cargando sobre su memoria el fracaso inevitable de la democracia. No era la memoria de un ciudadano cualquiera, sino la de quien, al momento del quiebre, presidía la Democracia Cristiana -la misma DC que con su voto en el Senado permitió a Salvador Allende acceder al poder en 1970-, la memoria de uno de los rostros emblemáticos de la oposición al gobierno de la Unidad Popular.

Probablemente por todas esas razones, el Presidente Aylwin entendió como pocos que la política es, esencialmente, lo posible, lo real, lo alcanzable. Que, además, los tiempos, las circunstancias y los actores que la rodean no son accesorios, sino determinantes en el curso de las decisiones. Y que, si las ideas jamás estarán por encima de la voluntad de las personas, ningún propósito admite el sacrificio de la dignidad humana.

Lo posible fue, primero, aceptar las reglas que imponía la Constitución de 1980, para someter a plebiscito la continuidad del gobierno militar y jugársela por el NO en 1988. No era una decisión política más: en Mi vida”, el Presidente Lagos explica insistentemente cuán complejo fue optar por un camino que los sometía a lo que, para muchos, era un acto de humillación.

Lo posible fue en 1989 encarnar una candidatura presidencial para que ganara“la gente”, un relato desconcertante, porque buscaba no un triunfo para la DC, ni para la Concertación o para la rev

ancha de 17 años, sino para el Chile de los demócratas (desde la izquierda a la derecha), frente al Chile totalitario (de izquierda y derecha).

Lo posible para Patricio Aylwin, cuando cruzó las puertas de La Moneda el 11 de marzo de 1990, era garantizar instituciones y una economía con las mismas reglas del mundo libre, al que nuestro país aspiraba a reinsertarse, para demostrar que en democracia su gobierno tendría la capacidad de derrotar la pobreza y progresar, al mismo tiempo. Le pareció, entonces, que lo alcanzable para Chile era consolidar su democracia buscando grandes acuerdos y preferir las huellas en una postergada unidad nacional, que cosechar pequeños triunfos en la confrontación.

Y, desde luego, el más emblemático de sus posibles: justicia en la medida de lo posible, una decisión que para la mirada mezquina, con la voz acusadora de los implacables de siempre es, hasta hoy, un signo de cobardía, pero para la inmensa mayoría de los chilenos y para la historia, es la expresión valiente de la prudencia, uno de los valores más apreciados de la democracia.

Cuando los chilenos llevamos ya algunos años ahogados por las banderas de los“imposibles”, convertidos desde marzo de 2014 en verdades incuestionables, que el sentido común y la evidencia no han podido derribar, el clima de respeto de las últimas 72 horas y el recuerdo de tantos hechos que parecían borrados de la memoria histórica, han sido un regalo que nuestra patria estaba necesitando.

Mi modesto homenaje

para el Presidente Patricio Aylwin, a quien no respaldé en 1989 con mi voto, es mi agradecimiento por servir a Chile con amor y compromiso; y por conducir uno de los momentos más cruciales de nuestra existencia como nación, buscando siempre lo mejor para sus compatriotas, lo alcanzable, lo posible. (El Líbero)

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

El gobierno de la Presidenta Bachelet sigue fallando severamente en sus tareas fundamentales, como en la salud y la seguridad. Tampoco cumple con sus promesas más electorales: la gratuidad para la educación superior, que iba a beneficiar a 260 mil jóvenes en 2016, será entregada a 125 mil, menos de la mitad (si bien el debate de fondo sigue siendo su impacto en la igualdad de oportunidades, el que ha sido puesto en duda incluso por la OCDE). Y continúa deteriorando lo que los chilenos habíamos conseguido en décadas de trabajo duro, acaloradas discusiones y fructíferos acuerdos porque, como un mal jardinero, pareciera que todo aquello en lo que pone sus manos, se convierte en maleza.

Mientras la Presidenta y los ministros con mayor poder en el gabinete parecen concentrarse, eminentemente, en el proceso constituyente y los dirigentes de la Nueva Mayoría llevan y traen papeles al Servicio Electoral, en una bochornosa inscripción de primarias, los chilenos están padeciendo ya los efectos de las decisiones que se han tomado en los últimos dos años, contradiciendo el sentido común, la evidencia en todo el mundo y las recomendaciones de expertos, organismos internacionales; etc.

Esa actitud, que los mantiene desde la Capitana hasta los pajes, porfiadamente sintonizados con el corazón de una ideología y desconectados -y diría que hasta indiferentes- con las preocupaciones más importantes de los chilenos, no es nueva y ha sido la impronta de esta administración. Hace 15 días, mientras los santiaguinos nos preparábamos para enfrentar uno de los peores temporales de la última década y se anunciaba una crecida histórica del río Mapocho, 14 ministros y otros tantos subsecretarios e incluso el director de Obras Públicas (a quien uno suponía piloteando la supervisión de ríos y quebradas ante la lluvia), abordaban autos oficiales y aviones para una gira constituyente por todo el país.

Sabíamos que las consignas de un programa de gobierno y las banderas de la izquierda bamboleándose frenéticas por la Alameda nunca podrán cambiar las leyes de la economía, fruto, ni más ni menos, que de la naturaleza humana. Y pasó lo que tenía que pasar: el desempleo se pegó un salto significativo en el Gran Santiago, de 6,8% en diciembre a 9,4% en marzo, sumando desde la instalación del gobierno de la Nueva Mayoría a 95 mil nuevos cesantes y manteniendo a un total de casi 300 mil personas buscando trabajo en la capital del país. Todo indica que un salto similar se está replicando o va a replicarse en los próximos meses en el resto de las regiones (el INE entregará los datos del primer trimestre móvil de 2016 cuando esta columna esté ya en publicada en la web).

El desempleo es la consecuencia más obvia del deterioro económico que está afectando a Chile desde casi el inicio del mandato presidencial y que se origina en reformas mal inspiradas y en el clima de improvisación e incertidumbre que se ha instalado desde entonces en el país. Por tanto, las noticias de esta semana no sorprenden.

Lo que sí ha sorprendido, es que el gobierno no haya estado preparado para enfrentar públicamente lo que venía advirtiéndose desde hacía más de un año. Que, además, la ministra responsable de los asuntos laborales, haya adjudicado el desempleo al ajuste fiscal; que, luego, haya sido desmentida por el ministro de Hacienda; y que, transcurridos al menos cuatro días desde que se conocieron esos resultados, la Presidenta de la República no se haya referido ni por causalidad a la situación que afecta, hoy, aquí y ahora, al sustento de miles de familias chilenas.

El broche de oro, porque esta Moneda siempre, siempre, lo corona todo con alguna joya: las autoridades que, suponíamos, eran los expertos, no solo se muestran sorprendidos con el desempleo y no disimulan que ignoran la manera de enfrentarlo, se dan además el lujo de culpar a la “Constitución de Pinochet” de la desprolijidad en la que incurrieron al redactar una reforma laboral que pasaba por encima de la institucionalidad vigente.

Y cuál de los dos problemas cree Ud. que se transforma desde el mismo momento de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional en la mayor prioridad de la autoridad de Trabajo, ¿los 300 mil cesantes de Santiago? ¿O la Constitución de Pinochet?

Adivine.

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

Gobierna hoy en Chile una izquierda responsable de las mayores crisis que enfrentamos. Aun cuando hay responsabilidades de otros sectores, las oficialistas son hoy las más relevantes de observar, porque corresponden a quienes están tomando decisiones.

Son responsables del avance de la violencia, que venía creciendo en los últimos años, especialmente en La Araucanía. Y a partir del 18 de octubre de 2019 se irradia a todo Chile desde Plaza Baquedano. La han avalado como daño colateral para impulsar cambios que estiman necesarios; y la han protegido rechazando en el Congreso casi todas las reformas para perseguirla y castigarla en proporción al daño que genera. Y son responsables porque le dieron un cauce de legitimidad, justificándola como respuesta a la desigualdad o a las discriminaciones. Todo lo anterior, acompañado de un persistente discurso para desacreditar a las policías en particular y a las instituciones en general.

Son responsables de que enfrentemos una crisis económica mundial en una de las posiciones más débiles de América Latina. Estamos ya entre los cinco países con mayor inflación de la región, consecuencia ineludible de los masivos retiros de fondos de pensiones que alentaron el parlamentarismo de facto y el populismo. Es cierto que por ellos votaron algunos parlamentarios del entonces oficialismo de derecha, pero la puerta la empujó con fuerza una izquierda tentada por fundir un sistema que estiman es individualista y no le permite al Estado controlar parte o, mejor aún, todos los ahorros.

Chile será, además, el país que menos crecerá en el 2023, con costos en empleos y mayor pobreza. Es el resultado esperado cuando se envuelve a la prosperidad en un manto de oscuridad y explotación. O cuando se desprecia el valor de las certezas, como lo hizo Sebastián Depolo, una de las voces más influyentes del Frente Amplio (hoy embajador en espera en Brasil), adelantando hace un año que iban a “meterle inestabilidad al país” para hacer “transformaciones importantes”. Llega tarde el reconocimiento del Presidente Gabriel Boric de que el 18 de octubre no fue una revolución anticapitalista; tres años después es más difícil revertir el clima para la salida de capitales y el congelamiento de inversiones, o su instalación en otros países de América.

Son los primeros responsables de convertir la funa contra políticos, las barras bravas en las tribunas del Congreso y la interrupción de ceremonias en demostraciones de valentía.

¿Qué ha pasado desde que María Música lanzara un vaso de agua a la ministra de Educación en el 2008, hasta que alguien del público interrumpiera esta semana con gritos al Presidente de la República en un acto oficial? Perdimos el pudor como sociedad y aprendimos a regocijarnos cuando se humilla al adversario. Y algo un poco más grave: se ha depreciado la investidura presidencial como expresión de la voluntad democrática, algo que el PC y el Frente Amplio saben bien, como impulsores de dos intentos por destituir a Sebastián Piñera.

La polémica de los mensajes en Twitter, la expresión más burda de esas responsabilidades, puede calificarse incluso de graciosa, por la agilidad que mostraron sus autores para acomodarse en sus nuevas posiciones.

La pregunta es si cambiaron de opinión, si en efecto evadir el metro ya no les parece una forma de lucha; si han comprobado que el orden público, frenar la delincuencia y respaldar a Carabineros es una exigencia ineludible para cualquier gobierno; y si entendieron que la economía se mueve con reglas claras y permanentes y no solo con buenos deseos. O si mantienen sus convicciones y persistirán en ponerlas en práctica ya no en garabatos en una red social, sino en decisiones políticas. (El Mercurio)

Isabel Plá

Costó mucho que llegara una nueva generación a la primera línea de la centroderecha. Tal vez la espera haya valido la pena.

A diferencia del Frente Amplio —probablemente porque sus líderes observaron el profundo error de hacerlo—, es una generación que no reniega de lo que hicieron sus predecesores: los valora y reivindica.

Han vivido en carne propia el costo de cerrarse al ostensible cambio que ha experimentado Chile, que es muchísimo más que el crecimiento económico y el nacimiento de una gran clase media. Son la convivencia de diversos estilos de vida, la exigencia de libertades y de igualdad de derechos y de trato, la intolerancia a la discriminación de género, la preocupación por la naturaleza, en fin, la realidad de un mundo que está a un clic de distancia para millones de chilenos.

Es una generación que ha entendido que el valor más preciado, el dique de las aventuras politiqueras y de las miserias que campean en casi toda América Latina, es la estabilidad política y social. Que, sin esa condición, la economía y el progreso material no son posibles. Y que para recuperarla se requiere cerrar la grieta constitucional, porque una Constitución no solo debe ser buena (la del 80 sin duda lo es, por eso muchos votamos Rechazo en el año 2020), sino también contar con un amplio respaldo.

Quizás la marca más importante de esta centroderecha, al menos hasta ahora (hay mucho paño que cortar todavía), sea su disposición a diferenciarse en fondo y forma de la otra derecha, de aquella que se marginó desde el principio de un acuerdo constitucional. Y la voluntad de resistir su agresiva embestida, en el intento de apropiarse del resultado del Rechazo.

La disputa no es por las ideas —en lo esencial, compartidas—, sino por la profundidad de la vocación democrática. Esa es la dimensión que obliga a arriesgar popularidad temporal, cuando se ha asumido en plenitud que la política en serio, y no la de los carnavales en Twitter y en los videos de YouTube, es la responsable de lo que ocurra en Chile en las próximas décadas.

Es legítimo que los Republicanos, aun cuando hayan sido parte de la misma campaña del Rechazo que prometía una “Constitución escrita con amor”, decidan hoy no cumplir ese compromiso.

Desde luego, es más fácil quedarse en una esquina que cruzar una cancha sembrada de piedras y barro, para sentarse en una mesa durante 100 días a buscar puntos de encuentro.

Es más popular banalizar el debate, reduciéndolo a la comparación con las principales preocupaciones de los chilenos (“se necesita más seguridad, no una nueva Constitución”), que explicarle al país la importancia de enfrentar ahora la incertidumbre constitucional y no en medio de un próximo estallido.

El acuerdo no es el ideal de nadie; si lo fuera, habría sido fruto de la imposición y no del realismo. Parte de bases constitucionales ya acordadas. Reconoce el rol fundamental del Congreso. Integra a expertos; establece contrapesos.

Precisamente porque es equilibrado y frena la tentación refundacional, desde la otra punta, los alcaldes Jorge Sharp y Daniel Jadue hacen lo suyo, recriminándoles a los partidos oficialistas la entrega a un acuerdo que aleja a la izquierda de su Constitución soñada.

Esta nueva generación de centroderecha tiene por delante la tarea más importante: demostrar que ha tomado el mejor camino; y que, lejos de ser la “derechita cobarde” que se rinde al adversario, tiene la capacidad de reunir el coraje suficiente para conducir lo que está por venir. (El Mercurio)

Isabel Plá

La filtración de la Cancillería merece el escándalo que ha generado. Porque detrás de la informalidad, el lenguaje y la aparente liviandad con la que se tomaban decisiones en esa reunión, hay un problema más severo que el simple descuido.

Al principio de su mandato, después de varios bochornos de estreno, el Presidente Gabriel Boric reconoció que en su gobierno había aún poca conciencia de “el habitar la República, la historia”. Llamaba a su gabinete a asumir el cuidado que exige ejercer como autoridades de alto nivel, en cuyos hombros recaen decisiones trascendentes.

Es curioso que un mandatario deba llamar a sus ministros a comportarse como tales. Con los meses vamos entendiéndolo: es un gobierno cuya coalición política de origen se funda, precisamente, en un íntimo desprecio por las instituciones y sus símbolos, concebidos como cómplices de los privilegios e injusticias.

Lo expresan a veces con sutileza, en cambios que rompen tradiciones, o maltratando el estilo y las ceremonias que comunican el poder. Como las mínimas formalidades en una reunión de gabinete, desde la minuta para revisar los hechos con objetividad, hasta la estricta reserva que debe observarse.

Y en otras, con estruendosa torpeza, como convertir de facto en inocente a un condenado por los tribunales, para justificar su indulto, llevándose por delante la separación de poderes.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido más notorio, porque es la repartición que encarna el ceremonial en todo su esplendor. Todas las decisiones siguen un camino escrito desde hace mucho tiempo y ningún gesto pasa desapercibido. Y para su correcta interpretación existe un contingente formado desde hace años, precisamente, para evitar que el impulso de sus autoridades políticas le reporte problemas a Chile.

La institucionalidad molesta a quien pretende pararse siempre en el podio del héroe. Perdimos la cuenta de los países a los que nos hemos enfrentado en menos de un año, en nombre de la valentía presidencial.

No da lo mismo para la relación con Brasil, el principal socio comercial en América Latina de nuestro país, que la embajada haya permanecido vacante durante diez meses, a la espera de la llegada hipotética de un nuevo gobierno, que aceptara el nombre propuesto por el Presidente Boric. No da lo mismo para la relación con España el maltrato al rey Felipe II, y tampoco que nuestro embajador posara para una selfie con su novia, mientras acariciaba sus pies en el auto oficial.

Hay bastante de ese ADN antiinstitucional en el otro polo. Al asalto al Capitolio y el desborde en Brasilia hace algunas semanas se combinan el desprecio por las reglas de la democracia o, incluso, por la democracia propiamente tal, con el populismo que supone que la ciudadanía tiene el derecho a maltratar las sedes del poder político si no le gusta el resultado de una elección.

Si se actuó con esa liviandad en la Cancillería, desde donde se representan los intereses de Chile ante el mundo, en una reunión para abordar el impasse con el embajador de un país vecino, la pregunta es cuántas reuniones en donde se toman decisiones de Estado hoy pasarían la prueba si fueran grabadas y filtradas.

Es más que una cuestión de estilo. Hay reglas no escritas que se respetan, como señal de que se ha entendido en toda su magnitud la responsabilidad de gobernar. (El Mercurio)

Isabel Plá

Son tiempos desafiantes para resolver los problemas que marcan a Chile. Exigiría a la política hacer exactamente lo contrario de lo que se valora en un clima de polarización: reemplazar el dogma por la evidencia; intercalar la vocación de confrontar (esencial en una sociedad libre) con la de acordar; y un apego irrenunciable a la realidad, más aburrida que las teorías conspirativas.

Llamamos hoy maximalismo a lo que antes conocimos como fanatismo. Sus exponentes vienen a romper consensos. La respuesta en política debe ser todo o nada. La fórmula es simplificar las complejidades que rodean los problemas, señalar a un enemigo como su causante e impulsar su odio sistemático. Y regar la cancha de lo que Anne Aplebaum llama, en El Ocaso de la Democracia, “aluviones de falsedades”.

Lo ha hecho siempre el Partido Comunista, autopercibido como único garante del intransigente poder popular, señalando a los acuerdos del poder como espurios. Y se demoró tres minutos desde marzo de 1990 en calificar de traidores a los gobiernos de la Concertación.

Lo ha hecho también el Frente Amplio desde que debutó en el movimiento estudiantil de 2011, denunciando la cocina neoliberal de la centroizquierda. Siguió haciéndolo cuando aterrizó en las ligas adultas del Congreso en 2014. Y en un papel estelar durante el estallido, como la vigilante oposición que impidió acuerdos con el gobierno de Sebastián Piñera. Ha tenido éxito: es un Presidente de la República de sus filas quien gobierna a Chile desde hace más de un año.

Lo está haciendo ahora la derecha que no forma parte de Chile Vamos, con un discurso que separa a los buenos, puros y valientes opositores a todo pacto político de los malos, cobardes e infectados por la pulsión del diálogo y los acuerdos.

El maximalismo siempre encuentra razones para oponerse a aquello que no esté estrictamente diseñado de acuerdo con un ideal. Si no se refundaba Carabineros, el Frente Amplio entonces rechazaba su presupuesto y las reformas para dotarlos de más facultades. Los diputados republicanos rechazaron la ley de las 40 horas, cuando lo que se sometía a votación no era la reducción de la jornada laboral, ya resuelta en trámites anteriores, sino la flexibilidad, que puede salvar miles de empleos y, de paso, está en el centro de la corresponsabilidad familiar.

Y ambos polos rechazaron la Ley Naín. El de la izquierda, porque vio represión en la idea matriz. El de la derecha, argumentando que las indicaciones de último momento, por el solo hecho de acordarlas con el Gobierno, amarraban de manos a Carabineros.

Motivos para la ira en Chile hay muchísimos y la propuesta del fanatismo transversal es utilizarla. Hubo alivio temporal cuando se celebró la barbarie y el fuego, para expiar los abusos. Y se intenta darlo hoy, cuando se responsabiliza de la crisis al acuerdo de noviembre de 2019, a la “conspiración globalista” de las tensiones identitarias, y a los partidos de Chile Vamos de cumplir el compromiso, ni más ni menos, que para cerrar la incertidumbre constitucional.

La izquierda perdió la oportunidad de una Constitución parecida a sus anhelos cuando cedió la Convención al dominio del fanatismo. Podría ser ahora el otro extremo el que impida que Chile recupere un horizonte de certidumbre. Como dijo Francisco Covarrubias en una entrevista en otro medio: nunca en las últimas tres décadas la derecha (en todas sus vertientes) tuvo como ahora la oportunidad de influir en una Constitución; y corre el riesgo de perderla por el “autoboicot” del rechazo a todo, con un objetivo electoral.

La razón no es lo primero que se viene a la cabeza cuando hay enojo y miedo. Pero es el único camino para asegurarle al país algo más que el bamboleo entre la revolución y el autoritarismo. Vale la pena el esfuerzo. (El Mercurio)

Isabel Plá

Desde esa superioridad, el Gobierno diagnostica a sus anchas los problemas de Chile, sin molestarse en reconocerse como el artífice de ellos. No solo por la polarización que alimentaron con malas palabras y la funa eterna en redes sociales, mientras fueron oposición. Ni siquiera por los reiterados intentos de poner fin a un gobierno antes de tiempo y de acusar constitucionalmente a la mitad del gabinete.

Pruebas de las responsabilidades puras y duras hay en abundancia.

Impugnar ante el TC las normas que facilitaban la expulsión en la Ley de Migración.

Respaldar tres retiros de fondos de pensiones (los lamentables votos de la derecha no los libera de culpa).

Degradar a Carabineros, mientras lidiaba en la calle con la piromanía de la “primera línea” (me excuso de usar la calificación de monos peludos, para no echarle más pelos a la sopa).

Visitar solidariamente a condenados por la justicia en las cárceles de La Araucanía.

Tomar té con un prófugo de la justicia en París, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán.

Y, desde luego, son responsables de la baja inversión y la fuga de capitales. El “vamos a meterle inestabilidad” al sistema, del actual embajador en Brasil, tampoco ha salido gratis.

Son superiores en toda la línea. No solo identifican los problemas: tienen también las soluciones. En la primera cuenta el salto a la felicidad en Chile vendría con el reemplazo de la Constitución de Pinochet. Desde esta semana, lo daremos vía reforma tributaria.

Pla Jarufe Isabel Cecilia (1964)  primero fue militante RN, luego UDI, jefa de gabinete de María Angélica Cristi desde 1992: “fueron 19 años juntas, las dos crecimos en política y de ella aprendí harto en muchos temas” (2); concejal de Peñalolén 2004 (5.581 votos, 7.7%); intentó ser candidata a diputada en 2009 pero la UDI le pidió a María Angélica Cristi que se re postulara; Vice Presidenta de la UDI; coordinadora de la Unidad de Coyuntura del Ministerio Secretaria General de la Presidencia 2010-2014; intentó nuevamente ser candidata a diputado el 2013 pero la UDI designó a José Antonio Kast; columnista de El Libero; Coordinadora de la unidad de Coyuntura y política de la Fundación Avanza Chile 2014;

Ministra de la Mujer y Equidad de Género 2018: “una de sus prioridades será trabajar con las policías, fiscalías y tribunales para desarrollar una estrategia de prevención y persecución de la violencia de género” (1); “soy una persona libre. Esa libertad de poder decidir es algo que siempre he valorado… antes que me nombraran ministra, fui al concejo de la UDI y expliqué que como partido teníamos que enterarnos de que Chile ha cambiado en los últimos años ‘Primero’ dije, ‘Chile es hoy un país democrático, enterémonos ¿ya?’” (2); “me gustaría ser recordada como la ministra que implementó el derecho universal a la sala cuna” (2); “El gesto del gobierno es haber instalado demandas anheladas por las chilenas” (3).

«Propongo que reemplacemos el sistema proporcional por una mayoritario. Que adaptemos, para ellos, el tamaño de los distritos y circunscripciones y el numero de sus respectivos representantes. Que los partidos definan a sus candidatos a traves de primarias. Que sean electos quienes obtengan mas votos, con segunda vuelta entre las mas altas mayorías donde los candidatos no alcancen un piso razonable de representación. Por favor, no mas parlamentarios con el 1% de los votos, que luego deciden materias de enorme trascendencia, incluso la posibilidad de destituir al Presidente de la República y a sus ministros…» (4)

Vicepresidente de la UDI: La exministra Plá partió comentando la situación en la UDI, principalmente tras los comentarios del Presidente Piñera en la Cuenta Pública: “La verdad es que las aguas no están tan revueltas en la UDI, empezamos una etapa nueva con la directiva que yo integro. El resultado realmente importante es lo que ocurrió en las elecciones (…) Lo que ocurrió en la Cuenta Presidencial -que para la UDI hubo un desconcierto- (por el anuncio del matrimonio igualitario), nos habría gustado conocer esa decisión, no discutirla”.
También comentó en que la UDI está de acuerdo en extender ayudas a la población, como el IFE: “Yo creo que en septiembre no va a estar del todo resuelto, y si tu quieres apagar el bicho de verdad, tienes que darle las posibilidades a las personas de que se queden en la casa. y que no sea la pandemia utilizada como un arma de competidores a las elecciones”..
“Hay un punto que se va a sincerar, y es que hay parejas de hombres especialmente que se van fuera de Chile a buscar la posibilidad de concebir de alguna manera o por maternidad subrogada. Creo que eso ya tiene una complejidad enorme, tenemos que conocer la experiencia de algunos países que han legislado ya” (5)

«La visión que encarna la centroderecha con Sebastián Sichel propone cambios sobre la base del enorme salto que dio el país en las últimas decadas» (6)

«Lo que iba a ser la ultima carta… se ha convertido en la evidencia más explicita de los profundos desacuerdos en las dos izquierdas que sostienen al gobierno» (7)

«… A lo largo de la historia hemos sido testigos de momentos de trascendencia y de desafios sin precedentes. Este es uno de ellos. La invitación es una y exigente: elevar la mirada y trabajar con un genuino sentido republicano para lograr un acuerdo constitucional que sea maoritaria y transversalmente apoyado en diciembre.»
24 de agosto de 2023, firmado por 12 dirigentes políticos

(6) Columna «Presidenciales: La disputa entre dos visiones» 26 septiembre 2021

(7) «El desacuerdo» El Mercurio 14 agosto 2022

Columna 17 junio 2021:

Se van instalando cuatro conclusiones de amplio consenso, tras la elección de segunda vuelta de gobernadores regionales.

La primera y más preocupante es la debilidad electoral que mostró Chile Vamos. El oficialismo pierde en todas las regiones, con excepción de La Araucanía, en donde un joven Luciano Rivas derrota a Eugenio Tuma, un veterano de la izquierda de la zona, capitalizando la demanda de estado de derecho y seguridad.

La derecha tiene hoy solo dos caminos. Rendirse al desánimo y conformarse con salvar los muebles en las elecciones parlamentarias. O evaluar con la mayor agudeza las razones de esos resultados, reconectar su proyecto político con la ciudadanía y sus dolores; y hacer la pega desplegándose territorialmente en todo el país. En un mes habrá primarias para elegir al candidato presidencial, y tanto en la histórica abstención del domingo como en los votantes que respaldaron a candidatos de la centroizquierda para impedir triunfos del Partido Comunista hay una oportunidad de recuperar respaldo. La primaria tiene que plantearse como la oportunidad de elegir, con amplia participación, al candidato con mayores probabilidades de pasar a segunda vuelta (a mi juicio, Joaquín Lavín) y de ganarle a la carta de la izquierda (que probablemente será Daniel Jadue)

En segundo lugar, la elección deja en buen pie a Unidad Constituyente (ex Concertación). Elige a 11 de 17 gobernadores regionales, lo que le permitirá con toda seguridad recuperar en una próxima elección parlamentaria un electorado que no la acompañó en la elección de constituyentes. Ese resultado sin duda era el que esperaba la DC para instalar a la senadora Yasna Provoste como la candidata presidencial más competitiva de la centroizquierda.

La tercera conclusión es el surgimiento de una disputa muy fuerte entre dos izquierdas. Una con débiles credenciales democráticas, que entiende la política solo desde la confrontación permanente y la exclusión de quienes no compartimos su visión ideológica. Y otra, que está advirtiendo el error de haberle cedido la interpretación histórica de lo ocurrido en Chile en los últimos 30 años a quienes son sus evidentes adversarios, y que debe ahora proponer un proyecto político que lo diferencie y valorar con mayor claridad la democracia y sus reglas.

La elección del gobernador regional en Región Metropolitana representa con claridad esa disputa. Claudio Orrego entendió bien los efectos de la narrativa agresiva y excluyente de Karina Oliva, la enfrentó en innumerables foros y en los medios. Orrego gana, además, por el temor de muchos electores que nunca antes votaron por la DC, la misma semana en que 34 constituyentes de la Lista del Pueblo e independientes llamaron al “desborde” del proceso constitucional, a liberar a imputados por graves delitos y a incumplir las reglas del Acuerdo de Noviembre de 2019.

La cuarta y tal vez la más importante conclusión es que no es posible proyectar la elección presidencial a partir de los resultados del domingo, con una participación de menos del 20 por ciento del padrón electoral. Creo en la virtuosa relación de derechos y deberes, por eso no veo con malos ojos volver al voto obligatorio, aun cuando creo que no era ahora el momento de impulsarlo, en pleno espiral de elecciones. Y, con todo, no es la obligatoriedad del voto lo que probablemente impulsa la participación, sino el respeto por la política como una actividad para servir a la ciudadanía y no como se percibe hoy, distanciada y como centro de disputas estériles por el poder.

Isabel Plá: “Es equivocado pensar que Gabriel Boric es el antídoto a Daniel Jadue”. Hoy en Mirada Líbero en Agricultura, Isabel Plá analizó la elección de primarias de este fin de semana. “Es equivocado pensar que Gabriel Boric es el antídoto a Daniel Jadue, los dos son personas con una matriz marxista, tienen una concepción de la sociedad bastante parecida y las diferencias son más bien estéticas”. 14 julio 2021

«Las demandas de las estudianteas forman parte de nuestra causa. La equidad de génro está en nuestro programa de gobierno y este ministerio lo tiene ocmo causa cnetral» La Tercea, 10 mayo 2018

«Para el momento mas complejo en 30 años» El Mercurio 29 agosto 2020, a propósito de cambio de gabinete: «El presidente ha hecho un esfuerzo para reformar un equipo político en el que todas las piezas encajen, para dar vuelta la página a semanas muy conflictivas y cumplir con dar un buen gobierno, en tiempos difíciles. Es ineludible el compromiso de Chile Vamos de recuperar la cohesión interna y respaldar las decisiones que se tomen de aquí en más»

Sobre cuenta presidencial 2020, 1 agosto 2020, El Mercurio. «Lo mejor: el tono, en sintonía con el momento que vive Chile, reconociendo los avances de las últimas décadas, pero tambien las carencias; y un cierre en el que puso la mirada en un futuro compartido por una mayoría, mas allá de los conflictos que han marcado los últimos meses» «Faltó: un llamado mas explicito a la oposición a cumplir con los acuerdos, a no retrasar en el Congreso proyectos muy esperados por los chilenos».

Isabel Plá Jarufe @isabelpla 28 octubre 2020
En un solo día asesinan a Carabinero y Ministro @jaimebellolio recibe amenaza de muerte de mente siniestra que dice sería un acto “hermoso”. Parte del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución no se está cumpliendo, TODOS sus firmantes deben condenar la violencia sin ambigüedad!

«El problema es que durante demasiado tiempo la izquierda democrática o social demócrata o ex Concertación, o como prefiera usted llamarla, tuvo su micrófono apagado y ha permanecido desde marzo de 2018 subyugada ante los extremos. Pensaron que era la vía más rápida de debilitar al Gobierno de Sebastián Piñera, que no importaba poner su grano de arena para desacreditar instituciones o desafiar al estado de derecho firmando proyectos inconstitucionales. Y que bailando al ritmo del PC y buena parte del Frente Amplio, serían expiados de la culpa de haber gobernado durante 25 años con políticas económicas inspiradas en la libertad, respetando la democracia y conteniendo a una izquierda que asumió la transición a regañadientes y vio todos sus sueños postergados hasta hoy». El Liberio 3 diciembre 2020

La Presidencia del Senado fue hasta ahora un punto de encuentro formal y fundamental entre poderes del Estado, una expresión de que la solemnidad en la relación institucional y el respeto entre autoridades de la República estarían siempre por encima de la militancia política. Y lo escribo hoy con pena y preocupación: creo que esa parte de Chile también puede estar extinguiéndose. 11 marzo 2021

«Las razones de Galli»  «La oposición se acomodó en el parlamentarismo de facto y eso implica no solo responsabilidad política, también las de acción y omisión, al menos en el congreso» «Algunos por convicción, porque creen que la violencia es virtuosa, otros por temor a desafiar a los primeros, son responsables quienes han hecho hasta lo imposible por convertir a delincuentes en héroes. Columna El Mercurio 24 octubre 2021

Entre los creyentes más fervientes del Apruebo empieza a tomar forma una familia de argumentos para explicar el fortalecimiento del Rechazo. Y aunque no son muy originales, porque se han venido repitiendo en las últimas campañas, hoy suenan algo peor.

La ministra Camila Vallejo insistía hace poco que la adhesión al Rechazo en las encuestas estaba relacionada con las noticias falsas. Confiaba en que la entrega del texto definitivo sería “una oportunidad para dejar atrás la etapa de las fake news e iniciar la etapa del voto informado”. A su juicio, hasta ahora el debate ha estado “contaminado”.

Días después, Elisa Loncon, ni más ni menos que la primera presidenta de la Convención, aseguraba que a la gente que vota Rechazo “le dicen” que debe hacerlo “los medios de comunicación, las redes sociales”.

Quienes ya decidieron votar Rechazo entonces serían personas desinformadas y afectadas por las especulaciones. O ignorantes que hacen lo que les mandan y no entienden mucho de qué se trata lo que definirá el plebiscito. El votante Apruebo, debemos entender, estaría siempre debidamente informado y dotado de la personalidad suficiente para decidir por sí mismo y mantenerse impermeable a las noticias falsas.

Suena seguido también entre los aprobadores inclaudicables que el Rechazo es la respuesta para aferrarse a privilegios y, más recientemente, que es una manipulación de los políticos de siempre o una expresión del espíritu “aspiracional” (la versión académica del facho pobre).

Muchas razones para explicar el Rechazo, todas alusivas a pecados veniales o a carencias intelectuales, ninguna al contenido de la propuesta constitucional (que, palabras más, palabras menos, ya sabemos en qué consiste).

Además de una pretendida superioridad moral —muy presente en la mayoría de izquierda durante todo el debate de la Convención— hay un fondo antidemocrático en esa interpretación de la realidad. Primero, porque se asume que no todas las opciones disponibles en un voto son legítimas. Y, sobre todo, porque niega que, por definición, en una sociedad libre coexisten visiones diferentes; y ridiculiza a quienes se atreven a desafiar lo que para algunos es la verdad irrefutable. No es la conciencia, sino noticias falsas. No es decepción, sino ignorancia. No es el derecho a decidir, sino el resguardo a los privilegios.

Y si de noticias falsas se trata y de su impacto en las decisiones de los chilenos, vamos a reconocer entonces que, al menos desde octubre de 2019 hasta el plebiscito de 2020 (por no hablar de la campaña presidencial), el clima estuvo cruzado de falsedades. Me detengo solo en la que más impacto electoral ha tenido: la caricatura del país más desigual del mundo, con un puñado de exitosos no por el trabajo, el estudio, la creatividad o incluso la buena suerte, sino por sus privilegios. Un Chile cuya única salida posible era una nueva Constitución que le diera dignidad a su pueblo; y con “independientes” como exclusivos depositarios de la soberanía popular. Por cierto, varios integrantes del actual Gobierno contribuyeron a reproducir esas falsedades.

No es un buen precedente para los militantes del Apruebo partir una campaña confrontando su verdad a la simple estupidez. Cada elector tendrá la oportunidad para escrutar lo que se propone; y cada uno decidirá por las razones que prefiera, fundadas o banales.

Algunos decidirán por pertenencia ideológica, a otros les seguirá bailando en la memoria la imagen de convencionales poco preparados. Y a muchísimos, probablemente a la mayoría de quienes opten por ese camino, les hará sentido rechazar una propuesta de Constitución que creen arriesga su futuro y el de sus hijos. (El Mercurio)

Isabel Plá

No fue un descuido. Ni una omisión involuntaria. Como señalaron dos académicos en una carta a este diario, era la performance final, antes de que la Convención bajara la cortina: descartar a los cuatro expresidentes de Chile de los invitados a la ceremonia de entrega del borrador de Constitución.

Las razones para explicar esa decisión dicen mucho respecto del espíritu que ha cruzado la Convención desde el primer día. Y que se haya revertido es ya irrelevante. Porque lo esencial no era tener o no una invitación para asistir a un acto, sino el rol que la mayoría dominante de la Convención asigna a los exmandatarios de Chile. Omitirlos por aforo pretendía ubicarlos en el lugar que, a su juicio, merecen: el desprecio como protagonistas de los “30 años”, concebidos como una época oscura de nuestra historia.

La otra razón es incluso más grave: prevenir un probable escándalo con la presencia del expresidente Sebastián Piñera: “Nos parece conflictivo”, sentenció una convencional. Que existiera ese temor o, peor todavía, incomodidad, indica una particular visión sobre la democracia, frente a quien ha sido elegido dos veces para conducir a Chile, en cuyo gobierno se inició el proceso constitucional, que además fue fruto de un acuerdo al que concurrieron los partidos políticos de su coalición. Es, además, otra demostración de que una mayoría de sus integrantes no terminó de comprender la dignidad que los envuelve y que obliga al decoro, porque el mandato para el cual fueron elegidos es más importante que sus propias emociones.

Es la Convención la que se ha humillado ante Chile y su historia, que es bastante más que la épica de una nación que se reinventa las veces que sea necesario. A pesar de los déficits y deudas pendientes, es la historia de un esfuerzo monumental para darle estabilidad política, crecimiento económico y paz social, para superar la pobreza de millones de familias; modernizar sus instituciones, y para convertirse en una sociedad respetada y admirada.

Probablemente en un intento de aminorar los efectos de una decisión no solo injusta, sino políticamente torpe — cuando una parte del electorado esperaba una razón más para decidir su voto el 4 de septiembre—, el Presidente Gabriel Boric ha dicho que “es bueno que se reconozca el aporte de quienes nos precedieron”. En tres meses se ve que han comprendido la implicancia de gobernar, cuán difícil es mover voluntades y que, en democracia, las normas, e incluso la tradición, están por encima de las preferencias personales.

Es difícil separar el devenir de la Convención, de sus horas iniciales, cuando una convencional golpeaba con violencia la testera e interrumpía a la representante del Tribunal Electoral, mientras empezaba a leer el acta. Cuando se acallaba a un coro de niños que cantaba el himno nacional. Y de los meses siguientes, con adultos pateando los muebles del salón plenario del ex Congreso Nacional, para celebrar pequeñas victorias en el espacio que resumen 200 años de vida republicana. O las negativas para que instituciones y especialistas expusieran su visión constitucional, en las comisiones que resolvían el texto (la más simbólica de las exclusiones fue la del Colegio de Ingenieros, pero hay muchas más).

Y sería ingenuo separar el fondo, que expresa la visión de la mayoría que ha visado la propuesta constitucional, de las formas. La voluntad de excluir y dividir, la arrogancia de autopercibirse por encima de todas las instituciones y sus protagonistas. El deseo de imponer otro Chile, sin historia o, en el mejor de los casos, con una historia despreciada y, por tanto, digna de ser refundada. (El Mercurio)

La degradación de los liceos emblemáticos es probablemente uno de los dolores más sentidos para Chile. Emblemas del mérito y el reconocimiento al esfuerzo han pasado por las aulas del Instituto Nacional durante 200 años, y un siglo por las del Liceo de Aplicación y el Barros Arana, al menos veinte presidentes de la República, más de treinta premios nacionales y generaciones de alumnos de diversos orígenes sociales, que han dejado huella en la política, la medicina, las ciencias, la cultura, etc.

Primero fueron los paros, hábilmente respaldados por el Colegio de Profesores y por las más diversas causas: la Constitución, el pase escolar, demandas por mejor infraestructura, etcétera.

Luego vinieron las tomas y la legitimidad que les dio la izquierda, como una forma más de protesta social. Les siguió en esa cadena de degradación la pérdida de respeto y el debilitamiento de la autoridad de rectores y profesores.

Mientras el debate por la educación pública se tomaba las calles, la agenda legislativa y las redes sociales, la etapa siguiente fue más al fondo. Se desacreditó la selección en los liceos emblemáticos, cuyo fin era darles a buenos alumnos de familias vulnerables la oportunidad de acceder a un estándar educacional exigente, que les asegurara una matrícula en la educación superior. Luego vino la arremetida contra la evaluación docente, el Simce, las notas e incluso las tareas. Progresivamente se fueron desarraigando de la cultura escolar el rigor académico, la exigencia y el valor de las normas, como parte de la formación integral.

La violencia dentro y en los alrededores de los liceos emblemáticos no es reciente, ni surgió inesperadamente. Fue noticia, pero nos olvidamos rápido, cuando en el año 2014 representantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron invitados por alumnos del Instituto Nacional a dar una charla sobre “la política de la rebelión popular de masas”. Los alumnos convocantes se ampararon en su “libertad de expresión” y es probable que la charla se extendiera a otros colegios, sin que nadie se inmutara.

Pocos años después irrumpieron los overoles blancos y nos acostumbramos a ver en los noticieros prime a prácticamente niños lanzando molotov; destruyendo bibliotecas, muebles y laboratorios; proclamando consignas frente a las cámaras de televisión, y a profesores y rectores denunciando humillaciones en patota y amenazas. La consagración fue el lamentable protagonismo de una generación que, en octubre de 2019, irrumpía en las estaciones del metro para saltarse los torniquetes, en lo que el Presidente Boric calificó entonces de una expresión de “desobediencia civil”, frente a la desigualdad.

Es una buena noticia que la ministra Siches distinga hoy entre protesta social y vandalismo y condene la quema de un bus con pasajeros a bordo. La mala noticia sigue siendo la misma: un gobierno que no quiere o no se atreve a pasar la frontera de la retórica. La ministra del Interior le adjudica la violencia estudiantil a la “complejidad de la adolescencia”; y el ministro de Educación va incluso más lejos y no solo desecha la posibilidad de que la Ley Aula Segura restrinja beneficios a quienes participen en conductas delictivas, sino que deroga de facto la ley vigente, porque a su juicio “no tuvo mucho sentido ni en su minuto ni creo que hoy día”.

Tenemos un problema severo cuando quienes están al mando invocan la adolescencia, los déficits de infraestructura, las raciones del almuerzo o las sensibilidades pospandemia de las comunidades escolares para explicar la violencia pura y dura. Y estamos en un zapato chino cuando la máxima autoridad de la Educación en Chile se da vueltas entre eufemismos e inocentes diálogos con padres y apoderados, mientras un pequeño pero poderoso y destructivo grupo de alumnos mantiene secuestrada la libertad y el derecho a estudiar de varios miles que quieren y necesitan imperiosamente avanzar en su año escolar.

Todavía estamos a tiempo de resucitar el espíritu más noble de los liceos emblemáticos. Exigirá años y mucho esfuerzo, pero antes de eso, el primer paso es voluntad. El segundo: aplicar la ley. (El Mercurio)

Es posible que, antes del plebiscito, el oficialismo comprometa reformas posteriores, si gana el Apruebo. No por convicción, ciertamente, sino por razones electorales. Sin embargo, sería difícil (prácticamente imposible) que, una vez aprobada la nueva Constitución, se concretaran cambios sustantivos al texto de la Convención, como los propuestos por el expresidente Ricardo Lagos.

Ya es difícil que los acuerden antes del 4 de septiembre. Lo dijo con todas sus letras Guillermo Teillier esta semana: “Somos 17, ponerse de acuerdo no es tan fácil”. Incluso si lograran ese acto simbólico, sería una propuesta acotada a aspectos prácticos, correcciones menores, o de implementación (como está planteando el Frente Amplio). Desde luego, no en aquellos temas que cruzan su ADN ideológico, mucho menos en los más emblemáticos de la Convención (plurinacionalidad, fin del Senado, Consejo de la Justicia, propiedad de ahorros previsionales, etc.).

Si la izquierda estimara importante para Chile tener una Constitución de amplio consenso, el Gobierno y el mismísimo Presidente Gabriel Boric se habrían jugado para que su mayoría en la Convención se abriera a un texto que, sometido a un plebiscito, alcanzara un resultado electoral de esas características. No lo hicieron, porque lo comparten. Porque, como lo reconocían hasta pocas semanas antes de iniciada la campaña, la viabilidad del programa de gobierno depende de ese texto.

¿Por qué una vez aprobado lo propuesto por la Convención, quienes bloquearon toda posibilidad de acuerdos mientras se escribía y se negaron a considerar la evidencia en aspectos sustanciales estarían dispuestos a cambiarlo?

¿Por qué renunciarían a la Constitución que expone en toda su profundidad sus convicciones ideológicas? Sería renunciar a un proyecto político de largo plazo. Reformarla una vez aprobada sería renunciar a un proyecto político de largo plazo.

La misma noche del domingo 4 de septiembre, la euforia del triunfo, aunque fuera por 10 votos, blindaría el texto. Y contarían con un argumento poderoso: su respaldo mayoritario. Hemos tenido experiencias en los últimos dos años de las reacciones de la izquierda cuando alcanza mayorías. La tuvimos con el resultado del plebiscito de entrada y, con más claridad, la noche de la elección de la Convención, con personajes electos recorriendo sets de televisión y advirtiendo que los acuerdos y decisiones se limitarían a su mayoría y el resto sería excluido.

Aun suponiendo que, post 4 de septiembre, el Presidente Boric hiciera un giro y estimara importante renunciar a ciertos elementos, como una gran oportunidad de pasar a la historia como el impulsor de una Constitución ampliamente aceptada, ¿tendría reales opciones de impulsar modificaciones? Pocas, porque arriesgaría una crisis, en la que se enfrentarían las dos coaliciones que sostienen su gobierno. Y porque, para decirlo con sinceridad, la Constitución que escribió el indigenismo y el PC no se deshace sin el indigenismo y el PC.

Tampoco parece viable que la izquierda frenteamplista, que nació para desafiar a la socialdemocracia que venía gobernando en Chile durante dos décadas, y encontró en el PC un aliado con el mismo objetivo, le concediera una oportunidad de reinventarse a los conductores de los “30 años”. Reformar lo aprobado, acoger la propuesta del presidente de la República más emblemático de la transición, sería privarse de su motivación más íntima y movilizadora: poner una lápida y sellarla para siempre sobre la ex-Concertación y todo lo que ella representa.

Si usted pensaba rechazar y últimamente le está dando vueltas a la idea de aprobar, esperando la promesa de reformar, piénselo muy bien. ¿De verdad cree que sería más fácil hacer cambios si gana el Apruebo? (El Mercurio)

Todos los desafíos electorales son importantes, porque ponen a prueba la capacidad de los partidos de convocar elencos competitivos, interpretar correctamente la frecuencia de la ciudadanía y, lo más importante, de movilizarse. Las elecciones municipales del próximo 23 octubre serán aún más importantes, por varias razones que el destino quiso se conjugaran en un mismo momento de nuestra historia democrática.

Para empezar, esta será la primera demostración democrática de que algo ha cambiado en Chile y para la Nueva Mayoría, desde la elección de la Presidenta Bachelet a fines de 2013, quien ostenta tres récords: la Presidenta mejor evaluada al momento de dejar La Moneda en su primer mandato; la candidata presidencial electa por la más alta mayoría, con un 62% en 2013; y hoy la Mandataria peor evaluada de los últimos 25 años, con una aprobación que cumplió en abril pasado 12 meses por debajo del 30%.

No quisiera estar en los pies de los candidatos oficialistas. Tendrán que responder a muchísimas preguntas, en un Chile más exigente que hace cuatro años y al que difícilmente le pasan gato por liebre de nuevo. ¿Cómo van a explicarle a los electores, por ejemplo, que después de dictar cátedra de participación democrática durante décadas, la izquierda llegó tarde al Servel para inscribir primarias? ¿Cómo van a desprenderse los alcaldes en ejercicio de la altísima desaprobación que ostenta la Presidenta Bachelet, si hace solo tres años tocaban las puertas de sus vecinos pidiendo el voto para ella?

¿Cómo le explican a los electores que no son los responsables de las promesas incumplidas, la improvisación, el desempleo y la delincuencia? ¿Cómo, en buenas cuentas, se bajan de la foto de la derrota y de la decepción de la ciudadanía?

Al mismo tiempo, es una elección decisiva para Chile Vamos. En su debut electoral, tiene la oportunidad de salir masivamente a la calle a explicarle cara a cara a los electores por qué sus candidatos son mejores, qué ha aprendido durante dos años en la oposición, qué tan comprometido está con la diversidad que la distingue de conglomerados de centro derecha anteriores; y, sobre todo, porqué su proyecto para Chile es mejor que el de la izquierda y de qué manera ese proyecto tiene una expresión local concreta.

Y, básicamente, ambos mundos se diferencian en la forma de entender el servicio público y la acción política. La Nueva Mayoría insiste hoy en impulsar un proyecto inspirado en un experimento social (el propio ex ministro Pérez Yoma reconoció que el proceso constituyente es “único en el mundo”), en la refundación de Chile, para perseguir deseos difusos e inalcanzables; mientras Chile Vamos distingue la poesía de la política, se la juega por el realismo y el “buen gobierno” y se propone avanzar concretamente en aquello que ha dado buenos resultados e innovar apoyado en las mejores experiencias, en aquello que debe corregirse. Y, luego, ambos mundos se distinguen por su concepción de la sociedad, que también tiene un correlato en los gobiernos locales: uno concibiendo al Estado como el único facultado para dirigir la educación, la salud, la convivencia social, económica y cultural, y el otro poniendo siempre al Estado al servicio de las personas, potenciando la creatividad, impulsando la sociedad entre lo público y lo privado, etc.

Finalmente, esta será la primera elección popular con una ciudadanía severamente desconfiada, con instituciones que enfrentan niveles históricos de desprestigio; y la primera, además, con nuevas normas de financiamiento, significativas restricciones de gasto y de formas de hacer campaña para los candidatos (como dirían en Argentina, las palomas, esos armatostes parados en todas las esquinas, y varios otros objetos de campañas, “ya fueron”). Van a surgir nuevas formas de expresión política, interesantes: candidatos que convertirán la transparencia en una ventaja comparativa, publicando cada día en una web o en Twitter sus ingresos y gastos; sistemas novedosos para recaudar fondos, en pequeñas cantidades; plataformas ciudadanas de control de normas; masivos llamados en redes sociales para ir a votar (no se extrañe que le llegue a su teléfono el número de su mesa, local de votación y dirección), etc.

En fin, el primer partido del campeonato está por comenzar, vamos a ver cuántos goles entran en las respectivas redes y quiénes son los jugadores que corren con más velocidad en esta semifinal. En un año más veremos las condiciones en las que estaremos preparándonos para la gran final. (El Libero)

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

¿De dónde surge la repentina preocupación de los parlamentarios oficialistas por el crecimiento económico? ¿Por qué se muestran recién ahora interesados en un objetivo tan notoriamente “neoliberal” y urgen a la Presidenta Bachelet a anunciar medidas de recuperación, en su tercer mensaje de 21 de mayo?

Las dudas son justificadas. Sorprende el giro de una izquierda que, tanto desprecia todo lo que huela a PIB y tanto desconoce su aporte al progreso social, que la diputada Vallejo reclamaba el año pasado que “garantizar derechos no tiene que estar sujeto al crecimiento económico” (no imagino de dónde piensa la congresista que el Estado obtiene los recursos para financiar esos “derechos”).

Seamos francos: a Chile lo frenó la Nueva Mayoría. Recibió en marzo de 2014 un país que venía creciendo desde 2010 a un promedio de 5,3%, tres veces más que lo proyectado para este año (1,7%) y en el que se habían creado un millón de empleos, con una calidad que estaba mejorando, tanto en salarios como en condiciones. En los últimos dos años, ese mismo Chile pasó de recuperar el liderazgo en América Latina a registrar los peores resultados económicos en tres décadas

El FMI, el Banco Mundial y todos los economistas serios han reconocido que el deterioro responde en parte a razones internacionales, pero en gran medida (dos tercios, según Sebastián Edwards) a razones internas: el impulso de malas reformas; el clima de incertidumbre que el gobierno de la Presidenta Bachelet ha alimentado desde el principio (qué campaña puede ser más del terror que un video oficial acusando a los “poderosos de siempre” y una ministra advirtiendo que la Constitución da excesiva relevancia a la propiedad privada); y un ministro de Hacienda, valorado por su trayectoria, pero que hoy no cuenta con el respaldo político para implementar una agenda que frene esa incertidumbre y lidere las señales correctas.

El repentino interés por la recuperación económica no es genuino. La Nueva Mayoría mira las mismas encuestas que el resto del país, y en todas –no solo ahora, sino desde hace más de un año– la preocupación de los chilenos por el rumbo del país es creciente. En la encuesta CERC, publicada la semana pasada, “los problemas económicos” saltaron desde el séptimo lugar en diciembre al primer lugar en abril como la principal preocupación de los chilenos; y de acuerdo a la encuesta CADEM publicada el lunes de esa semana, para siete de cada 10 chilenos (68%) el país va por “Mal Camino”, 40 puntos más que cuando la Presidenta pronunció su primer mensaje de 21 de mayo, en 2014, y 17 puntos más que hace un año.

Probablemente la Presidenta Bachelet se muestre preocupada mañana por la reactivación económica y se comprometa a frenar el desempleo con una lista de medidas. Pero ya en los dos mensajes a la nación anteriores se comprometió al mismo objetivo, insistió en lo importante que le parecía el “crecimiento sostenido”, para actuar luego exactamente en el sentido contrario (en 2015 poniéndole urgencia a la reforma tributaria y en 2015 prometiéndole a la CUT que la reforma laboral se haría a su medida).

La preocupación no es económica, es política. La izquierda teme que el desempleo tenga efectos en las elecciones municipales y, peor aún, que en las presidenciales del próximo sea la demostración de su incapacidad (histórica, por cierto) de conducir, con sus propias ideas, el progreso económico, social y político de Chile.

En dos palabras, temen que la Nueva Mayoría se vaya a pique y que el debut sea también con despedida.

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

Costó muchísimo que saliera el esperado “acuerdo” del oficialismo para reformar el texto constitucional si gana la opción Apruebo. Fue precedido, además, por declaraciones de las voces más emblemáticas de la izquierda que hasta hace pocos días negaban persistentemente la necesidad de comprometerse con cambios. Al texto no debía movérsele ni una coma —aprobar “sin condiciones”— o podían evaluarse algunas reformas posplebiscito.

Hasta que salió humo blanco. Porque París bien vale una misa, y una derrota —aun cuando reconocen que es una posibilidad latente— se avista como un tsunami, en particular para el Gobierno.

Así las cosas, las expectativas la mañana del jueves eran respecto de los temas que tocaría el acuerdo y la profundidad de los cambios. Nadie podía imaginar que, después de una performance como las que solo ese mundo político puede montar, el acuerdo se convertiría, antes de una hora, en un nudo de desacuerdos.

Se bajó el telón y el presidente del PC le confirmaba a todo Chile que no estaban en condiciones de garantizar que cumplirían lo firmado. La presidencia del PS, que no es cualquier partido, sino el más grande del oficialismo, con la mayor capacidad de movilizar y ordenar, mandaba a callar a Daniel Jadue, que tampoco es cualquier alcalde, sino el exrival en la primaria del Presidente Boric y potencial candidato presidencial. Y una docena de exconvencionales salían furiosos a acusar el desacato de la voluntad popular que los eligió, y a la mayoría dominante de la Convención.

Desde entonces sabemos más de los conflictos que ha generado la promesa de aprobar para reformar que de su contenido (ningún cambio concreto, por cierto, salvo la reposición del estado de excepción). Era difícil sacar adelante un compromiso cuando hay desacuerdos en tan amplios sentidos. Respecto de la pertinencia de reformar, de la profundidad de los cambios, de la oportunidad. Y el mayor de todos los desacuerdos, probablemente, la reaparición de los partidos políticos como protagonistas.

La cocina hiere la autoestima no solo del Frente Amplio, también de quienes llegaron a la Convención como “independientes”, pero en realidad militaban ideológicamente en el espectro más radical del indigenismo, el ecologismo y el feminismo. Y degradaron el costado más noble de la política: el diálogo, la deliberación, la recepción de la experiencia, con buena voluntad.

Lo que iba a ser la última carta, un hito que simbolizara unidad y convicción, detrás de la necesidad imperiosa de remontar en las encuestas, se ha convertido en la evidencia más explícita de los profundos desacuerdos en las dos izquierdas que sostienen al Gobierno. Es la demostración, con más o menos elegancia entre los avezados y con frecuente rudeza en la mayoría, de que el texto constitucional propuesto para Chile genera incomodidad en una parte del oficialismo. Lo reconocen maximalista (el resultado de “lujitos”, como dijo un exconvencional PS en estas páginas). Y admiten, en la sola idea de comprometer reformas posteriores, que las preocupaciones que se extienden no son falsedades, sino realidades.

¿Pudo pactarse un acuerdo para mejorar las expectativas del Apruebo? Claro que pudo hacerse de otra manera, para empezar con más antelación, con mayor franqueza respecto de los errores estructurales del texto constitucional, con una hoja de ruta. Lo que se ofreció fue un compromiso a última hora, a regañadientes y con evidente y exclusivo interés electoral. Y, como broche de oro: con el retiro de la firma de uno de sus garantes, en cuanto se bajó del escenario. (El Mercurio)

Isabel Plá

En setenta días, el Gobierno suma ya una interminable serie de errores, retractaciones y declaraciones bochornosas. Algunos pueden atribuirse a la inexperiencia. Otros cruzan la frontera de lo tolerable, porque afectan la vida de millones de chilenos y podrían señalar un rumbo riesgoso para nuestra democracia.

Si bien ningún error es irrelevante cuando el Gobierno está sometido a un escrutinio ciudadano cada vez más impaciente, que un subsecretario se refiera en un punto de prensa a “las y los” medicamentos, todavía cabe en la anécdota o en el ridículo al que se expone al Estado cuando el fanatismo domina incluso el lenguaje. Y que el Ministerio de Salud se relaje con la campaña de vacunación frente a la pandemia, puede ser el resultado de la inexperiencia o la incompetencia. Incluso el vuelo con inmigrantes imaginario de la ministra Izkia Siches pasa como un descuido, bochornoso por cierto para el Gobierno, cuando no se han asumido del todo las implicancias de un cargo.

Pasamos a una dimensión de mayor profundidad cuando el ministro Mario Marcel admitió que “no tuvimos conocimiento previo” de la consulta ciudadana de tratados comerciales, que anunciaba el día antes el subsecretario Ahumada. No es una descoordinación cualquiera que la máxima autoridad de Hacienda desconozca que desde la Cancillería alguien tiene en mente meterle mano a los acuerdos comerciales, y demuestra que al interior del Gobierno conviven agendas contradictorias. En esa misma dimensión, de mayor alerta, se ubica la declaración del ministro Grau esta semana, asegurando que a los chilenos no nos afecta el alza del dólar, porque no es nuestra moneda.

Hay errores con implicancias más delicadas. Que varias ministras, en menos de dos meses, califiquen de presos políticos a imputados y condenados por los tribunales, aun después de sus respectivas rectificaciones, tiene efectos para Chile.

Los errores más severos son los que han rodeado las decisiones para enfrentar la violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía. El Gobierno partió negándose a extender el estado de excepción, insistiendo en que el camino sería el diálogo. Cuando los atentados en esa zona superaban ya con creces al escenario previo (que ya era grave), La Moneda sorprendió decretando un estado “intermedio”, tan extremadamente cuidadoso para no incomodar, que se limita a las carreteras y deja expuesta a la mayor parte de la población. Le agrega a la decisión señales de profunda desconfianza hacia las Fuerzas Armadas y un relato desconcertante, viniendo de quienes tienen las más altas responsabilidades del país, que empieza y termina con un “no es la solución”.

Sin duda el error que merece más atención es la renuncia del Presidente Gabriel Boric a interponer una querella contra Héctor Llaitul, el líder de la CAM –la organización que se atribuye los atentados más feroces en el sur y ha hecho profuso alarde de su poder de fuego– y que, en reacción al estado intermedio, llamó “a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.

Para el mandatario, en esa declaración no hay delitos sino ideas, protegidas a su juicio por la libertad de expresión y de pensamiento. Estima que un llamado a la resistencia armada no es una amenaza para la democracia. No reconoce, por tanto, el inminente riesgo para la seguridad del país y para la de miles de chilenos que viven en el mismo territorio donde se organiza y ejerce la insurgencia.

Hay errores por inexperiencia. Otros por el divorcio de agendas entre las dos coaliciones de Gobierno. Y hay errores, fundados en una visión ideológica, que podrían costarle muy caro al país (salvo que sean admitidos como tales y, por consiguiente, se corrijan). (El Mercurio)

Isabel Plá

En menos de dos meses, una joven vierte agua sobre el Presidente Sebastián Piñera, en La Moneda; se recibe a la comitiva de la ministra del Interior a balazos, en una comunidad en La Araucanía, y alguien lanza un piedrazo contra el Presidente Gabriel Boric, en Coquimbo.

También en estos días y en pleno hemiciclo de la Cámara, un lugar que parece haber dejado de ser el símbolo del poder civilizatorio de la democracia, una diputada le pide silencio a otra en medio de una sesión, alegando que no estaba en una discoteca. Y ante ese comentario, por cierto inapropiado, la aludida responde con otro muchísimo más violento: “cállate, vieja loca”. Dos días después, el frontis de la sede del Club de Fútbol Universidad de Chile, amanece con rayados amenazando a la exministra Cecilia Pérez de muerte, tras conocerse que integrará su directorio.

El episodio del jueves en la noche en la Convención representa de manera más explícita la violencia política, porque tiene sus tres ingredientes: humillar al adversario, negar la libertad de pensamiento e invitar a la ciudadanía a “exigir explicaciones” (y en este clima, ya sabemos en qué terminará ese emplazamiento). Después de gritarles traidores en el pleno, un grupo de convencionales del PC, Frente Amplio y movimientos “independientes” acusaron ante la prensa, nombrándolos uno a uno, a los PS que rechazaron el informe de la comisión de Medio Ambiente. De paso arremetieron contra los periodistas, obligando a la presidenta de la Convención a disculparse al día siguiente.

En Chile, desde hace una década la violencia política está sobrepasando al Estado de Derecho. Si bien es un fenómeno mundial, en nuestro país ha calado con más fuerza que en la mayoría de las democracias que enfrentan también crisis sociales de envergadura.

A partir de las protestas del 2011, las molotov, la agresión a autoridades, las tomas de los liceos emblemáticos y los aterradores overoles blancos del Instituto Nacional; las reiteradas profanaciones a la tumba de Jaime Guzmán, los ataques a las sedes de partidos políticos fueron quedando impunes. Y no por la incapacidad de las leyes de abordarlos, sino porque, curiosamente, ha sido la propia política, la víctima de esa violencia, la que ha decidido dejarla pasar, aceptar y desde un amplio sector de la izquierda, legitimarla.

Pocos se acuerdan, por ejemplo, que una exalcaldesa de Santiago consideró apropiado que las asambleas estudiantiles decidieran “democráticamente” si se instalaba una toma y las clases se paralizaban. O que un ministro del Interior del segundo gobierno de Bachelet calificó de “conflicto social” la violencia en La Araucanía, con lo cual puso en igualdad de condiciones a víctimas y victimarios.

Cuando llegó octubre de 2019, la violencia ya era parte de la convivencia política. Se le había justificado ya muchas veces para innumerables causas: derechos ancestrales, fin al lucro en la educación, proteger el medio ambiente, etc. Desde luego, nada de lo vivido antes en Chile, al menos en los últimos 50 años, se asemejaba a la negra noche que azotó a nuestro país durante esos meses. Pero la ciudadanía estaba ya entrenada para esas imágenes y para confundir, por la fuerza de la repetición, una manifestación política con violencia, y la tarea de las policías, con represión indebida.

La violencia está adquiriendo una dimensión seductora, una especie de poder para quien la ejerce, desencadenando una catarsis colectiva y asegurándose popularidad inmediata entre los propios.

Es una buena noticia que el Presidente Boric haya revertido la decisión inicial de no querellarse contra su agresor en el norte. El Gobierno no puede dejar pasar la violencia contra quienes representan a la República, porque cuya dignidad está obligado a defender. No vaya a ser que nos acostumbremos y que, en el futuro, un piedrazo, un balazo dejen de ser lo que son. (El Mercurio)

Isabel Plá

Han sido años difíciles para Chile. Una izquierda ideológica y generacionalmente distinta a la centroizquierda que nos gobernó durante 25 años viene impulsando una agenda —con su respectiva narrativa— que ha tenido efectos devastadores. Celebraron el estallido social, que causó dolor a miles de chilenos, arrasó con nuestras ciudades y deterioró las instituciones. Obstaculizaron la gobernabilidad del mandato presidencial anterior y lideraron el clima de extrema polarización latente hasta hoy.

Actuaron a sus anchas, en buena parte, por responsabilidad del resto del espectro político. La de quienes se avergonzaron por los “30 años” y se sumaron a la definición de los acuerdos como maniobra oscura, que da la espalda a la ciudadanía. Y la de quienes no comprendieron oportunamente que el progreso tiene muchas dimensiones, que sus olvidados tienen derecho a creer en ilusiones y a sellarlas en un voto.

Desde la llegada al poder de esa izquierda, el 11 de marzo pasado, todo lo que prometieron hacer mejor, lo han hecho peor. Llevan sobre sus hombros las posiciones políticas previas, que hoy se vuelven en su contra: impulsar la derogación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pulverizar la confianza en las policías o despreciar la evidencia, para imponer el voluntarismo ideológico en la economía.

Ha empeorado también la calidad de nuestra democracia. El actual es el primer gobierno que, desde 1990, interviene abiertamente en una campaña electoral, en favor de una de las opciones del plebiscito. Es “su” Constitución, no una para permitirnos la convivencia pacífica, sino la luz verde para facilitar un proyecto político.

En medio de una campaña que ha superado las expectativas de polarización ha surgido un fenómeno virtuoso que probablemente trascienda al plebiscito. La voluntad de un mundo, que ha ido creciendo y cruza el espectro político y la sociedad civil, de abrir puertas de entendimiento y, la más escasa y difícil de todas las voluntades: la de cruzar fronteras.

Sus protagonistas han puesto capital público y proyecciones electorales a disposición de una causa común: sumar una mayoría social que rechace un mal proyecto constitucional, porque expresa la voluntad refundacional y la violencia política que cruzó la Convención. Han tomado decisiones difíciles, asumiendo el costo de la descalificación, en tiempos de una política dominada por polos, que desprecian la reflexión y prefieren el golpe rápido y la ordalía en redes sociales.

El consenso respecto de dos hechos esenciales hizo posible una posición común frente al plebiscito. El reconocimiento de un amplio sector de la centroderecha de la demanda de cambio constitucional, sin vuelta atrás, que representó el 80/20 en el plebiscito de entrada. Y el de la centroizquierda del Rechazo, de que la definición del 4 de septiembre no es una disputa electoral más; y que Chile no merece conformarse con una Constitución que lo expone a un retroceso en institucionalidad, igualdad ante la ley, libertades, convivencia, economía, etc.

A exactamente una semana del evento electoral más trascendente tal vez de nuestra historia republicana, es de justicia reconocer la actitud de quienes, desde la centroizquierda a la centroderecha, la academia, los gremios y las organizaciones sociales, han asumido que Chile vive un momento irrepetible. Y han estado dispuestos a asumir costos, desafiando sus propias historias y militancias.

Nada será igual desde el lunes 5 de septiembre, en cualquier caso. Que lo de “ni vencedores ni vencidos”, expresado en la apuesta por el Rechazo y en el encuentro entre adversarios por más de 50 años detrás de una gran causa común, inspire a quienes nos gobiernan. Tal vez lo más preciado de Chile pueda reencaminarse. (El Mercurio)

Isabel Plá

En sus dos primeras semanas, el Gobierno ha tomado decisiones emblemáticas, particularmente para su coalición madre, Apruebo Dignidad. Retirar querellas, no extender el estado de excepción en La Araucanía, suma urgencia al proyecto de amnistía/indulto a los “presos de la revuelta”. Y, la más gravosa de todas por la connotación pública de un crimen que marcó un antes y un después en la escalada de violencia en la zona, y porque fue precedida por 20 días de huelga de hambre, Gendarmería dio salida dominical a los hermanos Tralcal, condenados a 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.

También es una decisión política, por su evidente simbolismo, oficializar de facto, desde un patio de La Moneda, el cambio de nombre de una región por el de Wallmapu, anunciar un manual para los medios de comunicación y referirse a la existencia de “presos políticos”.

Sería ingenuo, entonces, pensar que a la ministra Izkia Siches se le salió una desafortunada declaración el jueves en Icare: “Ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno. Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada”.

No es una opinión más. Su autora no es una chilena cualquiera. Y el lugar y la audiencia, desde luego, no son casuales. La declaración tiene un trasfondo y está construida para generar un efecto. Primero, expone ejemplos que empatizan con quienes se han sentido maltratados por alguna institución del Estado y lo atribuyen a su condición social o al lugar donde viven. Luego, da por sentado que las policías, la fiscalía y el sistema judicial discriminan y, por tanto, se justifica la desconfianza en esas instituciones. Y cierra con el plato fuerte: una versión georreferenciada y racista de la lucha de clases.

Como le recordó el exministro de Justicia Carlos Maldonado el mismo día en Twitter: “Es necesario que la ministra Siches entienda el rol de Estado del Ministerio del Interior”. Porque es delicado que ponga en duda la igualdad ante la ley y señale con tanta normalidad que, por regla general, el sistema de justicia actúa desde la arbitrariedad.

Si esa es la percepción del Gobierno, entonces la ministra del Interior debió señalar en ese momento qué hará el Ejecutivo para que nuestras instituciones recuperen prestigio y legitimidad, o qué decisiones tomará para impedir discriminaciones y asegurar el Estado de Derecho, el debido proceso y la justa defensa de los imputados. Y, lo central para Interior, cuál será el camino para garantizar la seguridad de todos los chilenos e impedir la impunidad, en todas las comunas, con imputados y víctimas rubios, pelirrojos y morenos; hombres y mujeres; chilenos, indígenas o extranjeros; se apelliden como se apelliden. Convengamos que en quince días las cosas parecen dirigirse en sentido contrario.

Lo trascendente de la afirmación de la ministra Siches y lo que más empatía probablemente generó en la base electoral del Gobierno (que, por lo que estamos viendo, cuidan celosamente en cada una de sus decisiones) es la triple segregación que se despacha en 10 segundos.

Así las cosas, y en representación del Gobierno de Chile, la ministra notificó al país, frente a los anfitriones y la audiencia de uno de los foros empresariales más influyentes, en qué comuna viven los chilenos malos, de qué color es su pelo, y que pueden, también, ser identificados por sus “apellidos”.

No es bueno para el país que el Gobierno haga suya la lucha de clases. Al contrario, entre la sucesión de símbolos, nos ha faltado hasta ahora un gesto que represente su voluntad de hacer todo lo posible por encontrarnos en un solo Chile. (El Mercurio)

Isabel Plá

En cada acto del viernes 11 de marzo vimos al Presidente Gabriel Boric rodeado de símbolos. Algunos fueron interesantes, porque marcan una época, una generación, una visión de Chile, o porque sintetizan tradiciones; otros parecieron algo excesivos o redundantes.

Como sea, la política es un equilibrio de símbolos y materialidades. Poesía cuando se apela a las emociones y a lo que trasciende. Y la inexcusable prosa, cuando se desembarca en el poder.

Ahora toca la prosa, cuya densidad es superior a la simple lista de tareas urgentes del Estado o a un plan de reformas. Exigirá al Presidente Boric y a su gabinete demostrar no solo que tienen los pies sobre la tierra y aquilatan la enorme responsabilidad para la que han sido investidos, sino también la capacidad de tomar decisiones que no siempre serán comprendidas a primera vista.

La gobernabilidad ha sido la tarea más difícil para quienes han habitado La Moneda durante los últimos doce años. Y era que no, con una ciudadanía muchísimo más empoderada que hace 30 años y un sistema político –especialmente el que elige al Congreso– que exacerba la polarización y convierte la descalificación y el ataque al adversario en demostraciones de coraje y convicción, frente a los propios.

Para el nuevo Gobierno no será más fácil. Si en una coalición ya hay fisuras políticas y desavenencias humanas, imagine cuando se llega de la mano de dos coaliciones. Una es la de origen, Apruebo Dignidad, cuyo corazón está en el PC, que no se ha privado de marcar su poder territorial y político, ni de contradecir varias de las decisiones previas. Y la otra, adosada a partir de la segunda vuelta y con presencia relevante en el gabinete es, ni más ni menos, que parte de aquella izquierda que gobernó a Chile 20 de los últimos 30 años y responsable de todo aquello que la coalición de origen desprecia (economía libre, gradualidad, acuerdos, etc.). Hasta ahora nadie ha definido mejor la relación entre ambas que Ernesto Ottone: “Los une más la necesidad que el afecto”.

Hay una complejidad adicional cuando las principales figuras de La Moneda, incluido el propio mandatario, se forjaron políticamente al amparo de las movilizaciones sociales y le concedieron a la violencia un halo de épica, gestora del triunfo que los tiene hoy conduciendo a Chile. Y cuando impulsaron desde el Congreso dos intentos, en dos años, de destituir al Presidente de la República en ejercicio.

Gobernabilidad es orden, guste o no esa palabra al flamante oficialismo, y la dedicación permanente a garantizar el Estado de Derecho. Si es real la voluntad que cruza los discursos de las últimas horas, de gobernar para todos los chilenos, estarán obligados a tomar decisiones difíciles y a explicarlas (ya las dos primeras, el retiro de querellas y el fin del estado de excepción en el sur, son contradictorias con esa voluntad y el triunfo de la presión del costado más radical).

La segunda línea de la prosa será la Convención, cuya tarea es, por lejos, lo más trascendente para Chile por las próximas décadas. Está muy bien que sus ministros persistan en el guion de la no intervención, porque no es la burda intromisión lo que se espera, sino el ejercicio de la política y del sentido común.

Primero, en la Convención están hoy enfrentadas las dos fuerzas de izquierda que acompañan al Presidente Boric en su gobierno. Luego, lo más importante, lo que llevamos ya de Constitución está muy lejos de ser aquella que “una a los chilenos”, el deseo expresado desde el balcón de La Moneda la noche del viernes. Y siempre está el riesgo del rechazo en el plebiscito de salida (lo están advirtiendo prominentes impulsores del Apruebo en octubre de 2020) o de una aprobación muy por debajo del 80% que le dio luz verde al proceso. (El Mercurio)

Isabel Plá

odas las semanas me dispongo a elegir algún tema edificante para compartir con ustedes en esta magnífica tribuna, de entre los tantos que dan vueltas en el Chile de hoy. Y todas las semanas, invariablemente, el gobierno me obliga a suspender mis divagaciones, porque da sorpresas o toma decisiones que me es imposible dejar pasar.

Muchos de quienes vemos con preocupación la fiesta que se está dando el gobierno de la Nueva Mayoría con la billetera fiscal desde marzo de 2014, nos tranquilizamos cuando el ministro de Hacienda anunció hace un mes que el Presupuesto del próximo año tendría un “crecimiento moderado del gasto” para reducir el déficit fiscal y enfrentar la débil situación económica por la que atraviesa Chile (producto principalmente de las malas decisiones que se siguen tomando en La Moneda); y que los recursos irían a las “prioridades que se sientan para el ciudadano”.

La decepción vino al día siguiente de la cadena nacional de la Presidenta Bachelet, cuando comenzamos la revisión en detalle el proyecto de Ley de Presupuesto 2016, que no es austero, ni está sintonizado con las prioridades de los chilenos, ni tampoco reduce el déficit fiscal, que la actual administración ha casi sextuplicado (de un déficit efectivo de 0,6% que dejó el gobierno del ex Presidente Piñera a un 3,3% actual).

Para empezar, el gobierno de la Nueva Mayoría sigue aumentando escandalosamente para el próximo año las contrataciones en el aparato público. De acuerdo al INE, desde marzo de 2014 a la fecha se han contratado cerca de 100 mil nuevos funcionarios, porque se pretende así frenar la cifra de desempleo que probablemente habría superado el 7%. De los 5.500 millones de dólares que se suman al total del Presupuesto 2016 respecto del 2015, más de 1.100 millones de dólares serán para la contratación de personal y para el aumento de las remuneraciones en el sector público (21,1%, uno de cada 5 pesos).

Solo la Secretaría General de la Presidencia, un ministerio eminentemente político, que no ejecuta programas ni entrega subsidios, pasará de 294 funcionarios (entre planta, contrata y honorarios) durante el gobierno de Sebastián Piñera, a casi 700 para 2016. Francamente vergonzoso.

En cuanto a las prioridades que estableció el gobierno para distribuir el Presupuesto, la lista de sorpresas es larga y abultada.

Por ejemplo, el ítem “Estudios para una nueva Constitución” figura en las partidas de tres ministerios -Interior, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia- con un monto total de 2 mil 836 millones de pesos ¡Más de 4 millones de dólares para estudiar una Nueva Constitución! Y eso no es todo: entre los tres ministerios se autoriza a contratar a 239 personas por un monto cercano a los 1.000 millones de pesos, cuyas funciones desconocemos, pese a que ya cuentan cada uno con sendas Divisiones Jurídicas y de Estudio con un ejército de abogados especializados en todas las materias, entre ellas las constitucionales.

Otro ejemplo, aún más indignante porque contradice el discurso de la Presidenta Bachelet y el propósito para el cual se impuso el año pasado una reforma tributaria.El Presupuesto 2016 recorta la mitad los recursos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) para inversiones (básicamente la compra y/o construcción de jardines infantiles), pasando de 260 mil millones de pesos que tiene para este año a 127 mil millones. Lo que sí aumenta son los gastos en personal (un 26% más) y se dobla el presupuesto para “vehículos” y para “equipos informáticos”.

En síntesis: menos inversión para la formación inicial de los niños más vulnerables y más gasto en autos, computadores, personal, etc. Y eso que la JUNJI es la institución encargada de la educación preescolar, en donde se origina la igualdad de oportunidades; y que la Nueva Mayoría insiste hasta la saciedad en el slogan de la “educación pública, gratuita y de calidad”.

Y un tercer ejemplo de cómo evalúa las prioridades el gobierno. Para los Liceos Bicentenario el gobierno destina cero pesos para el 2016. De esa manera, la retroexcavadora termina con la política iniciada durante el gobierno anterior, que creó en regiones clones del Instituto Nacional y del Liceo Carmela Carvajal, a los que cientos de niños de escasos recursos con rendimiento académico de excelencia postulan cada año, porque son un puente seguro a la educación superior.

Esta muestra del Presupuesto de la Nación que propone el gobierno para el próximo año refleja el grado de chunga que está dispuesto a sostener con propósitos electorales, a costa de los recursos que millones de chilenos generamos con nuestro trabajo y con los que contribuimos al tesoro público.

Como dijo la Presidenta de la República, cada día puede ser peor.

En su columna del domingo, el rector Carlos Peña vuelve a advertir su obsesiva y pertinaz animadversión hacia el Presidente de la República. Frente a algunas de sus afirmaciones, nos parecen necesarias varias precisiones.

Es indudable que desde hace muchos años venimos acumulando en nuestro país demandas e insatisfacciones políticas y sociales: desigualdades excesivas, debilidad en el crecimiento y la creación de oportunidades, una mala calidad de los servicios públicos, abusos, discriminaciones y un retraso en la modernización del Estado. A ello se suma un preocupante deterioro en la calidad de la política y un creciente debilitamiento de nuestras instituciones y de las reglas democráticas.

El Gobierno del Presidente Piñera se abocó, desde el primer día, a enfrentar esos problemas, la mayoría de los cuales formaban parte de su programa. Buscando incansablemente el diálogo con la oposición y con la sociedad civil, para recoger su visión y experiencia. Los compromisos asumidos con la ciudadanía se estaban cumpliendo, al ritmo que era posible para un gobierno sin mayoría en el Congreso y con un Estado lento y deficiente.

Desde octubre del año 2019, el Gobierno ha enfrentado adversidades de enorme magnitud. Se profundizó progresivamente la legítima expresión de un malestar social que estaba presente hace más de una década. Un estallido de violencia destructiva, amparada por algunos sectores de izquierda. Y a partir de marzo, la brutal pandemia del coronavirus, en medio de la peor recesión de la economía mundial en décadas. Esas adversidades se han extremado aún más, porque un sector de la oposición ha mostrado conductas obstructivas y poco democráticas, ha promovido y justificado la violencia y ha frenado el avance de necesarios y urgentes proyectos de ley.

Sin perjuicio de los errores cometidos, el Gobierno y el Presidente Piñera han hecho todos los esfuerzos para responder a la ciudadanía, mitigar los efectos de la crisis social y aliviar el impacto de la pandemia, con una agenda de políticas sociales que ha llegado a 14 millones de compatriotas.

El rector Peña omite en su columna la profundidad de esos cambios, partiendo por la Agenda Constitucional, de la cual el Gobierno es garante; las políticas de protección social y de recuperación económica, las reformas para garantizar de mejor manera el orden público y la paz social, y las medidas adoptadas para fortalecer nuestras instituciones democráticas, como Carabineros de Chile, el Banco Central, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado, el Congreso Nacional y el Ministerio Público.

Nuestra sociedad enfrenta hoy vulnerabilidades e injusticias. Puesto que no hay soluciones mágicas ni inmediatas, Chile requiere el compromiso de todas sus instituciones y liderazgos para avanzar en un camino que, primero, nos permita superar la crisis, recuperar las confianzas y la capacidad de diálogo y, luego, implementar los cambios para que el país pase a una nueva etapa.

En los próximos días, los chilenos seremos convocados a las urnas, a un plebiscito que esperamos tenga una alta participación, se celebre honrando nuestra tradición democrática y nos permita contar con una Constitución que resguarde los grandes valores de nuestra sociedad y sea el gran marco de unidad, estabilidad y proyección de nuestro país hacia el futuro. (El Mercurio Cartas)

Isabel Plá
Loreto Silva
Claudio Alvarado
Pauline Kantor
Sebastián Sichel
Nicolás Monckeberg
Felipe Larraín
Exministros de Estado

Me encontré esta sencilla recomendación de Winston Churchill: “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido.”

La Presidenta Bachelet, su primer gabinete y todo el elenco parlamentario de la Nueva Mayoría, desde Ignacio Walker, hasta Camila Vallejo, se pasaron al menos los dos primeros años del mandato descalificando a la oposición y a quienes no respaldaran ciegamente El Programa. Para qué los voy a latear, por ejemplo, con las innumerables entrevistas que dio el ministro Eyzaguirre y con su decálogo de metáforas, los patines, los idiotas, los arribistas, en fin.

En todos los puntos de prensa se acusaba de impulsar una “campaña del terror” a quienes advertían de los errores en reformas inspiradas en malas ideas, mal diseñadas, más para satisfacer una consigna que para conseguir propósitos de mediano y largo plazo, bien pensados y concretos.

Todos ellos debieran explicarnos hoy por qué todo aquello que dijeron no ocurriría, en este caso, está ocurriendo. Porque comienzan a advertirse ya las primeras consecuencias de las reformas emblemáticas: no era campaña del terror lo que advertían los especialistas en educación y economía, era la realidad, que siempre es más poderosa que los sueños, por preciosos que sean.

La Presidenta Bachelet acusó a la oposición de irresponsable, cuando se advertía que, con la reforma, un número indeterminado de colegios particulares subvencionados cerrarían o se pasarían a privados. Las condiciones que estaban imponiéndoseles, primero, eran imposibles de cumplir; y, luego, poco o ningún impacto tenían en el objetivo -de total justicia- que ella había comprometido a los chilenos, que era calidad e igualdad de condiciones para los niños más vulnerables.

El 30 de octubre de 2014, la Mandataria aseguraba que “(…) hay una verdadera campaña del terror. Hay una cantidad de cosas que no son, yo creo que en gran medida por desconocimiento, o por personas que no quieren que le cambien las reglas del juego y están haciendo campañas atemorizando a los padres”.

Hasta que llegó la cruda realidad. De acuerdo a un informe del Ministerio de Educación, se desconoce la decisión que adoptará más de la mitad de dos mil 500 colegios particulares subvencionados, constituidos como sociedades comerciales (con fin de lucro), cuando comience a regir la nueva estructura jurídica que exige la ley que puso fin al lucro, el copago y la selección (Ley de Inclusión). Peor aún, ya sabemos concretamente que unos 120 colegios probablemente van a cerrar y otros cuántos se convertirán en privados.

De la reforma tributaria se dijo que recaudaría recursos para financiar “la mayor parte de la reforma educacional” y mejoras para la salud; que no afectaría a la clase media; y ¡que impulsaría el crecimiento! El ex ministro Arenas le dijo a la Sofofa en abril de 2014 que se pusieran serios y entendieran que la reforma tributaria permitiría “ir de menos a más” para “retomar el crecimiento, porque creemos tener una ecuación que le dará vigor y dinamismo a la economía” (así, tal como lo lee y si no me cree, véalo online en la web del Ministerio de Hacienda).

Y Michelle Bachelet, en su primer discurso de 21 de mayo, nos tranquilizaba: “La reforma tributaria no la paga la clase media ni la pequeña empresa”, indicando que “ustedes conocen a esta Presidenta y saben que impulsa políticas públicas a favor de la gente”.

Para el gobierno y la izquierda, todas las advertencias de los efectos negativos del alza de impuestos no eran más que la eterna campaña del terror de la derecha y “los poderosos de siempre” que se oponía a terminar con la desigualdad.

Antes de un año de entrada en vigencia hubo que hacer una reforma a la reforma, para desenredarla, porque el Servicio de Impuestos Internos llevaba ya 50 circulares explicándola y no estaba totalmente claro de cómo aplicarla.

La recaudación en régimen será menor a la prometida, porque –para no marearnos con números– como alguien dijo “no es lo mismo el 3% de un PIB pequeño, que el 3% de un PIB más grande” y cuando se diseñó la reforma, Chile crecía al 4%. El error, que nunca quiso asumir el gobierno (por convicción ideológica, contra la cual ha sido difícil luchar en estos años), es que ese 4% iba a caer ostensiblemente, porque los impuestos son un desincentivo aquí y en la quebrada del ají.

En resumen: la reforma tributaria no alcanzó para lo que se prometió, causó un daño a la economía y, por ese motivo, está afectando a una creciente mayoría de chilenos, principalmente a la clase media, porque con un Chile creciendo al 2% (0,8%, el ultimo Imacec), las oportunidades y la posibilidad de un mejor ingreso son infinitamente menores, las de desempleo mayores y las expectativas del futuro más inciertas.

Abrí esta columna con Winston Churchill y la voy a cerrar con Pablo Neruda, porque en la poesía también hay inspiración para la realidad, incluso la más difícil de conciliar con los sueños: “Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido” (Poema 20).

Porque reconstruir el daño va a costar, más tiempo del que ha tomado causarlo.

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.