El modo de producción capitalista, dominante en todo el planeta, tiene consecuencias nefastas para la humanidad y el conjunto de la naturaleza. Ese modo de producción no tiene como objetivo generar mejores condiciones de vida a los seres humanos y mantener una relación armónica entre la humanidad, los demás seres vivos y el conjunto de la naturaleza. El principal objetivo de la producción capitalista es producir cada vez más mercancías y servicios para venderlos en el mercado y con eso enriquecer a los dueños de las grandes empresa, bancos y especuladores.
El capitalismo lleva necesariamente a la destrucción masiva de la naturaleza y a la miseria de millones de personas. La competencia entre los grandes grupos económicos (y consecuentemente entre sus Estados nacionales) no permite que se disminuya el ritmo de producción y acumulación. En la lógica capitalista, las empresas que no realizan una permanente revolución tecnológica y no están en constante búsqueda de aumentar la explotación de las y los trabajadores no pueden competir y tenderán a desaparecer. Por eso, cada día son producidas tecnologías más avanzadas con el objetivo de producir más mercancías con menores costos. Esas tecnologías no significan mejores condiciones de vida para la humanidad, ya que la mayoría de ellas se traduce en pérdidas de fuentes laborales para la clase trabajadora a través del reemplazo de los trabajadores por máquinas e inteligencia artificial. La acumulación de riqueza en un polo de la sociedad (los dueños de las empresas) imposibilita que un expresivo sector de la población mundial pueda consumir la enorme cantidad de mercancías producidas masivamente, lo que lleva el conjunto del sistema a crisis periódicas de sobreproducción. Para la naturaleza, esas nuevas tecnologías significan una destrucción cada vez mayor de los ecosistemas y explotación irracional de los bienes naturales, generando enormes “monstruos” de destrucción masiva (si administrados en la lógica capitalista de producción), como la pesca industrial de arrastre, la gran minería, las grandes empresas petroleras, el monocultivo y un largo etc.
Así, hoy en el mundo presenciamos una situación totalmente contradictoria. Nunca en la historia de la humanidad se produjeron tantas riquezas materiales. Sin embargo, nunca hubo tanta desigualdad social, tantos pobres, tantos suicidios y personas que padecen de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, nunca hubo tantos refugiados. Mientras la mayoría de la población mundial vive entre la pobreza, la explotación y un enorme estrés diario debido a las largas jornadas laborales y a la precariedad de la vida, una ínfima minoría vive en condiciones muy superiores a la de las antiguas noblezas o aristocracias.
Hace 4 años, los 8 hombres más ricos del mundo poseían más riqueza que 3,5 mil millones de habitantes, un 50% de la población mundial.1 En 2021, durante la actual pandemia que ya ha dejado más de 5 millones de muertos y más de 160 millones de nuevos pobres, los 10 hombres más ricos del mundo doblaron su fortuna.2 Los 252 hombres más ricos del planeta poseen actualmente más riqueza que todas las mujeres y niñas del continente africano y de América Latina y el Caribe.3
Tal sistema económico, que conlleva en su interior tan grandes contradicciones, no tiene otra consecuencia que generar un enorme descontento social, que se traduce permanentemente en rebeliones, revueltas y revoluciones. Es por eso que en los últimos 170 años hemos visto innumerables revoluciones contra el capitalismo. Las más

importantes de ellas fueron tan lejos que llegaron a expropiar a la gran burguesía, generar nuevos tipos de Estado y una transición hacia otro sistema económico y social, el socialismo. Las principales de ellas fueron la Comuna de París de 1871 (que duró solamente 70 días, pero fue la primera experiencia donde la clase trabajadora tomó el poder en sus manos), la Revolución Rusa (1917), la Revolución China (1949), la Revolución Cubana (1959) y otras revoluciones en Asia y el Este Europeo.
Además de esas revoluciones, las más profundas del siglo pasado, hubo varias otras que no llegaron tan lejos, pero que también demuestran el fracaso del sistema capitalista mundial. Solo en los últimos 20 años vimos innumerables revoluciones en América Latina (Bolivia, Ecuador, Argentina), en países del Norte de África y Medio Oriente (Egipto, Túnez, Libia, Siria, Yemen) y procesos de rebeliones populares en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo.
Debido a esa enorme inestabilidad generada por el propio sistema capitalista, la gran burguesía históricamente ha tenido que mantener su dominación utilizando la violencia, particularmente en los momentos en que sus privilegios se ven amenazados por el movimiento de masas. Siempre y en todos los países la respuesta de la burguesía ha sido utilizar la violencia para reprimir a los pueblos y mantener el orden capitalista que le permita seguir acumulando capital. El ejercicio de la violencia es realizado centralmente por los aparatos Estatales y cuentan con la “legalidad” proporcionada por las distintas legislaciones elaboradas a la medida de esa burguesía (a veces incluso pasando por encima de ellas). Cuando el aparato estatal no es suficiente, son utilizadas las fuerzas paramilitares.
La historia chilena es un ejemplo claro de como el aparato estatal ha sido utilizado al servicio de las clases dominantes durante todos los periodos históricos. La ocupación del territorio mapuche impulsada por el Estado Chileno en el siglo XIX, las masacres cometidas contra los trabajadores, los campesinos y el pueblo en general, los golpes militares promovidos por las elites y la burguesía, en encarcelamiento de luchadores y luchadoras sociales, etc. Como un ejemplo, la familia Edwards, presente en el país desde el inicio del siglo XIX, ha financiado y participado directamente de 2 golpes militares (Balmaceda 1891 y Salvador Allende 1973) y estimulado acciones golpistas en la década de 1920. Hasta hoy esta familia es una de las familias burguesas más importantes del país y tiene enorme influencia sobre el aparato estatal, las empresas y los medios de comunicación. Muchas otras familias burguesas que participaron del golpe de 1973 siguen con enorme poder político: las familias Matte, Yarur entre otras.

La así llamada democracia Si bien la violencia estatal ha sido la principal arma para garantizar la dominación burguesa en los momentos decisivos de la historia, esta violencia no es la principal herramienta cotidiana, en muchos países del mundo, para mantener tal dominación. A lo largo de los últimos 250 años las instituciones “democráticas” han cumplido un rol fundamental en amortiguar las contradicciones de la sociedad capitalista y mantener el orden burgués. Así, los grandes teóricos de la burguesía elaboraron y perfeccionaron un sistema político a medida de la gran burguesía. Desde John Locke, que elaboró la moderna teoría de la Separación de los Poderes, hasta los actuales políticos, científicos sociales y abogados/as, los aparatos estatales y legislaciones se han perfeccionado con innumerables mecanismos que le permitan a la gran burguesía mantener su control sobre él.
La “Separación de Poderes” es totalmente funcional a esa dominación, ya que les permite a los grandes empresarios controlar las distintas instituciones sin nunca perder el total control del aparato estatal (a no ser en periodos revolucionarios). Si pierden la mayoría en el Parlamento, pueden frenar las leyes por los Tribunales o el Ejecutivo. Si pierden el Ejecutivo, mantienen el control de los Bancos Centrales y el Parlamento, si pierden el control del aparato político (Ejecutivo y Legislativo), mantienen el control a través de la alta cúpula de las Fuerzas Armadas (que no es electa por el pueblo).
En Chile, los últimos 30 años de “democracia” demuestran claramente al servicio de quiénes están las instituciones. Daniel Matamala, en su libro “El Poderoso Caballero” describe con gran precisión los distintos mecanismos que utilizan los mayores empresarios del país y las transnacionales para controlar las distintas instituciones “democráticas”: corrupción de políticos, puerta giratoria (personajes que se turnan entre el sector público y privado), indicaciones de representantes de la burguesía a las distintas instituciones (Servicio de Impuestos Internos, Servicio Ambiental y otras), lobby de Centros de Estudios financiados por el gran empresariado, financiamiento legal e ilegal de campañas, control de los medios de comunicación de masas y un largo etc. Lo descrito por Daniel Matamala
no es una particularidad chilena o una “falla” del sistema democrático. Todos los países del mundo poseen distintos mecanismos a través de los cuales los grandes empresarios y banqueros controlan las instituciones políticas y militares.
A través del sufragio universal la burguesía ha logrado “legitimar” su dominación y control sobre el aparato estatal. A partir de la idea de que todos somos “ciudadanos” y tenemos los mismos derechos, se legitiman mecanismos electorales totalmente cuestionados y controlados por el poder económico. El sufragio universal, si bien fue una conquista democrática de la clase trabajadora, no es más que un mecanismo de dominación del poder económico. Un gran empresario tiene mucho más poder sobre los partidos y las instituciones políticas que un “ciudadano” que vota cada 2 años. Un gran empresario tiene acceso directo a los gobernantes, un trabajador común, la mayor parte de las veces, no logrará siquiera tener una audiencia con un legislador.
La Legislación Electoral favorece totalmente el poder económico. Así, los que tienen dinero pueden rápidamente legalizar a sus partidos y crear enormes aparatos electorales.
Pueden falsificar firmas y tener todas las facilidades de acceso a los servicios electorales, administrados por los mismos partidos representantes del gran empresariado. Además de eso, los que tienen dinero también controlan los medios de comunicación (televisión y radios), que en su enorme mayoría están en manos de las más importantes familias del país o transnacionales.
Es por eso que los intereses del pueblo trabajador no son representados en las instituciones “democráticas” que existen hoy (tampoco históricamente). Los momentos de mayor democracia entre el pueblo trabajador fueron totalmente aplastados por las clases dominantes (la Asamblea de Asalariados e Intelectuales en los años 20, que elaboró, con amplia participación popular, un proyecto de Constitución; las asambleas de trabajadores y cordones industriales en los años 70, etc.).
Así, tenemos un sistema democrático totalmente corrupto y al servicio de las clases dominantes, donde algunos mecanismos como el sufragio universal y las elecciones periódicas son utilizados para legitimarlo, cuando en verdad la mayoría de la población no tiene ningún control sobre “sus representantes” y las instituciones estatales.
La actual Convención Constitucional también es parte de este régimen, ya que fue fruto del Acuerdo por la Paz de 15 de noviembre de 2019. Ese Acuerdo puso enormes trabas para el desarrollo de esta Convención, como el quórum de 2/3 y la subordinación total a las instituciones actuales (Corte Suprema, Congreso, etc.). Así, esta Convención, si no es sobrepasada por el pueblo y no rompe las trabas de ese Acuerdo tampoco podrá resolver los problemas de la mayoría de la población, ya que son los mismos partidos que han gobernado los últimos 30 años y sus aliados (como el Frente Amplio) los que tienen el poder de decidir sobre el contenido de la futura Constitución.
II. Articulado
Artículo XX: La constitución declara que los anteriores poderes Legislativo, Judicial y el Poder Ejecutivo son disueltos. En su reemplazo, nace la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos.
Artículo XX: La Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos será compuesta por 600 miembros, electos a través de Asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas de Armadas. Todos los cargos serán revocables por mayoría simple por sus Asambleas de base. La adhesión de representantes de pueblos originarios debe ser libre y voluntaria. Debe ser garantizado el derecho a la Autodeterminación de todos los pueblos que no quieran ser parte del Estado chileno. La futura Asamblea Plurinacional deberá tener como uno de sus principios fundamentales la paz entre los pueblos y el rechazo a cualquier forma de anexión de territorios tradicionalmente ocupados por otros pueblos.
Artículo XX: Los sueldos de los representantes políticos no podrán ser superior al sueldo de un obrero calificado de la Gran Minería del Cobre, principal rama económica del país.
Artículo XX: La Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos asumirá las funciones Legislativas, Ejecutivas, Judiciales y el mando de las Fuerzas Armadas.
Artículo XX: Las Asambleas de Base se constituirán en cada comuna del país, en los sectores de trabajadores y trabajadoras y en la tropa de las Fuerzas Armadas. Cada empresa, puerto, mina y demás lugares de trabajo deben tener asambleas para elegir a sus representantes para las Asambleas de Base.
Artículo XX: No tendrán derecho a voto en las Asambleas de Base los siguientes
segmentos sociales: propietarios de gran empresa, tierras; banqueros y especuladores; la alta jerarquía de las iglesias; la oficialidad de las Fuerzas Armadas y orden y seguridad, y gerencias de grandes empresas.
Artículo Transitorio
Se conformará en el plazo de 30 días desde aprobada esta Constitución un Comité Electoral Provisional compuesto por 60 representantes de la clase trabajadora y campesinos para definir las reglas generales específicas para las elecciones de cada Asamblea de base y la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos. Ese comité deberá ser compuestos por 16 trabajadores/as de distintas regiones del país; 7 trabajadores/as de la Gran Minería del Cobre; 5 trabajadores/as portuarios; 5 representantes del proletariado agrícola; 3 representantes mapuche; 3 representantes del campesinado; 3 representantes de la Salud; 3 representantes de la Educación, 3
representantes de los y las trabajadores forestales; 2 representantes de la intelectualidad universitaria; 2 representantes estudiantiles; 1 representante de cada pueblo originario no mapuche (aymara, quechua, atacameño, rapa nui, colla, kawashkar, yagán y chango).
Los criterios para la elección de los representantes del Comité Electoral Provisional deben ser votados por mayoría simple por la Convención Constitucional.”