Los retiros de fondos de pensiones del año 2020 y 2021 tenían una causa de fondo que permitió un acuerdo político amplio. La causa inicial —aunque eso se aplique fundamentalmente al primer retiro— fue la tardanza del gobierno en reconocer que sus políticas paliativas para enfrentar la pandemia excluían a un sector importante de la clase media. Algunos diputados descubrieron cómo resolver el problema: los retiros de fondos de pensiones, esos ahorros obligatorios que son propiedad de las personas, pero que no pueden usar hasta la jubilación.

No era tan fácil. No bastaba con que algunas diputadas tuvieran la idea. Los retiros se aprobaron después de sendas reformas constitucionales cuyo quorum era de 2/3. Es decir, los retiros tuvieron un amplio apoyo parlamentario y de todos los partidos políticos.

¿Por qué una medida tan mala contó con un apoyo así de masivo? Como dijimos, inicialmente había una necesidad. En los siguientes dos retiros, producto de los IFE que ya se estaban implementando, ese argumento perdió fuerza, pero apareció otro que sigue vigente hasta hoy: en los retiros se dan las condiciones para políticas populistas proclamadas por políticos demagógicos: beneficios inmediatos y medibles, pero costos futuros y difusos.

Con las elecciones en el horizonte, en 2020 y 21 era difícil para un candidato no apoyar una medida de este tipo. Salvo excepciones, fundamentalmente de diputados de las “cinco comunas”, los que se opusieron no iban a la reelección o yendo, perdieron. En el resto, el apoyo fue masivo. El problema es que no tenían cómo justificar ante sus electores por qué se podrían haber opuesto.

2023 puede ser similar si no se actúa de manera inteligente y diligente. Desde abril se podrán nuevamente presentar mociones de reforma que permitan nuevos retiros. Además, durante el segundo trimestre serán las elecciones de constituyentes, por lo que la tendencia de los partidos, que ahora tienen más control del proceso, será naturalmente a satisfacer al público. En lo económico, la tasa de desempleo estará empezando a subir. En parte, será por razones estacionales, pero también por la recesión. Más aún, no se puede descartar que eso mismo detone un regreso a la fuerza de trabajo de personas que se retiraron de ella producto de la pandemia, pero que ahora tendrán necesidad de ingresos.

En estas condiciones, ¿logrará Pamela Jiles juntar los votos para avanzar? Es posible.

Frente a esta situación, el único argumento político que será posible plantear es que los retiros son contradictorios con la reforma previsional en discusión. Pero para que ese argumento sea creíble, la reforma previsional no puede estar trancada. Debe haber avances que hagan creíble su aprobación.

Más aún, debe haber avances en una dimensión prioritaria: solidaridad. Primero, porque los constituyentes de todos los partidos estarán intentando llenar de contenido la declaración, hoy ampliamente aceptada, de que Chile tendrá un “Estado social y democrático de derechos”. Segundo, porque habrá muchas familias en necesidad objetiva de ayuda financiera. El llamado a la solidaridad estará a flor de piel.

La reforma contiene dos modos de solidaridad. Uno es conocido y eficaz: la PGU, que puede terminar con la pobreza en la vejez. El otro es desconocido y probable: el ahorro colectivo.

La gracia de este instrumento es que puede servir mejor que la PGU para aplacar vulnerabilidades de la clase media. Como está hoy, sin embargo, hay dudas de que sea así. Pero además, el uso de cuentas nocionales, al reducir la percepción de propiedad de los fondos (porque ahora son derechos), puede alimentar la demanda por retiros basados en el dicho tradicional “mejor pájaro en mano que cien volando”.

Esta será la prueba de fuego. Si la derecha sigue oponiéndose a esta forma de solidaridad con cotizaciones, insistiendo en que solo la PGU es deseable, y el Gobierno no cede en su defensa de las cuentas nocionales, será más difícil para los parlamentarios oponerse a la demagogia de los retiros.

Y si hay retiros, posiblemente no tenga sentido hacer más reformas previsionales. Hay algo de tiempo para evitar este desastre, pero requiere de acuerdos políticos amplios y urgentes. (El Mercurio)

Guillermo Larraín

Chile será, de acuerdo con el FMI, el único país de las Américas que estará en recesión durante 2023. Las razones son específicas y se asocian a la incertidumbre que se generó con el proceso constituyente fallido. Como se ha dicho, la incertidumbre es pésima para la economía y el proceso anterior la elevó a niveles desconocidos. En ese contexto, era razonable que decisiones de inversión y de consumo de bienes durables se postergaran. Estas últimas tuvieron su “veranito de San Juan” con los retiros de fondos de pensiones, pero ya pasó. Chile está viviendo en plenitud las consecuencias de nuestro irresuelto problema constitucional.

Esto se aprecia en las cifras de inversión. Más allá de proyectos específicos en energía renovable y minería, el resto no es auspicioso. Las perspectivas para la inversión en 2023 son débiles según el Banco Central. El consumo sigue ajustándose a la baja en todos los rubros salvo en servicios. Esto refleja una normalización luego del boom provocado en parte por los retiros. Pero otra parte se asocia a las malas perspectivas del mercado del trabajo. La economía está creando pocos empleos (en el sentido que hay menos hoy que antes del estallido social, tres años atrás) y la inflación está horadando los salarios reales.

Chile necesita generar condiciones para que aumente la inversión y se creen empleos. La receta es simple y se podría hacer, pero se requiere destreza en muchos frentes.

En lo estructural, hay condiciones para que la incertidumbre desaparezca. El problema constitucional ya tiene un camino, aunque hay que transitarlo. En 2023, Chile puede tener una nueva Constitución que podría enrielar al país por una senda de progreso de décadas si los contenidos evitan los extremos, son razonables y socialmente se perciben como legítimos. Cuando debatan los expertos y logren acuerdos, si los consejeros electos logran representar al país y empieza un debate con altura de miras, franco y constructivo, la desaparición de la incertidumbre podrá consolidarse.

En lo cíclico, hay una capacidad instalada no utilizada, en particular en el mercado del trabajo. La clave es que la recuperación cíclica de la economía podría coincidir con la eliminación de la incertidumbre. Con una situación fiscal sana e instituciones sólidas, el próximo año y siguientes pueden tener un crecimiento económico importante. Si el panorama internacional también se estabiliza en ese horizonte, la consolidación de estos dos aspectos debiera producir un efecto positivo sobre la inversión a finales de 2023.

El gobierno puede ayudar a que el inicio del ciclo expansivo ocurra antes y coincida con las condiciones estructurales, o se postergue. Los avances en algunas áreas han sido empañados por errores de alto valor simbólico. Esta semana fue la discusión extemporánea y conceptualmente equivocada sobre un royalty al sector forestal. Es obvio que hay que tener una conversación al respecto, pero mencionarla en medio de la crisis es ¡echarle leña al fuego! Antes de ese evento fue el error no forzado de los indultos, y antes fueron las declaraciones sobre la situación política en Perú.

Hay una bonanza económica potencial hacia 2024 que todavía podría afectar positivamente en 2023. Pero para que se consolide, se requiere un gobierno que, en su conjunto, aprenda más rápido qué decir, cuándo y cómo.

Por Guillermo Larraín, académico, FEN, Universidad de Chile

Militante del Partido Demócrata Cristiano

Guillermo Larraín «Entre un espejismo y otro» 5 junio 2021
«El Imacec de 14.1% en abril parece extraordinario, pero es un espejismo que seguirá un par de meses. Para 2022 y 2023, dos razones dan al crecimiento chileno un sesgo al alza. Ambos son espejismos también.
Nos tocará vivir dos años de espejismos de crecimiento. Los desafíos sobre como retomar una senda de progreso sostenido y compartido siguen intactos y serán cada día mas apremiantes»

Una idea rara vez contradicha en economía es que las soluciones esquina no son óptimas. Tiene sentido, porque usualmente la política pública tiene varios objetivos y la regla de Tinbergen dice que se requiere igual número de instrumentos.

En pensiones hay dos grandes objetivos: prevención de la pobreza en la vejez y suavización del consumo entre la vida activa y pasiva. Como hay dos objetivos, debe haber dos instrumentos. Uno es ahorro y el otro es seguro. Esto explica la convergencia hacia sistemas mixtos, a diferencia de lo que plantea Cecilia Cifuentes en su columna de ayer.

El ahorro puede ser individual, colectivo o ambos. Puede haber ahorro obligatorio y voluntario, cuentas financieras o nocionales, se puede invertir en instrumentos financieros (AFP) o directamente en proyectos y empresas (fondos canadienses). Hay variedad. Lo que es claro es que (a) se necesita ahorro y (b) no obstante que puede haber una oferta de gestión estatal, el grueso debe ser gestión privada, porque para valorar instrumentos financieros la correcta formación de precios requiere miradas contrapuestas sobre un mismo activo (es es el “fair price” en finanzas).

Por su parte, un seguro es un mecanismo contributivo (se paga una prima) que permite redistribuir recursos entre quienes sufren un siniestro y quienes no. Un seguro es un sistema de reparto. Los que chocamos el auto recibimos una indemnización financiada por los que compramos el seguro. En previsión, los seguros de invalidez y sobrevivencia siguen esta lógica, pero es más complejo.

Pensemos en quienes ingresaron al mercado del trabajo en 1982, en medio de una recesión con desempleo juvenil masivo hasta 1988 al menos. La publicidad de una AFP decía que una laguna previsional al inicio de la vida tiene un efecto gigantesco sobre la pensión final. Es verdad. El desempleo masivo de los años 80 afecta gravemente las pensiones de los que estarán jubilando en la próxima década. ¿Hay que pensar una forma de aseguramiento para esa generación? Es una opción societaria. Algunos piensan que no, pero da la impresión de que en Chile prima la idea contraria.

El componente de seguro también se puede estructurar de varias formas. En Nueva Zelandia es una pensión universal financiada por el Estado, generosa y de altísimo costo. La PBU chilena va en esa dirección. Puede ser un sistema de reparto con prefondeo o pay-as-you-go. Hay variadas formas de crear un sistema prefondeado de reparto. Uno era el sistema de ahorro colectivo de Bachelet 2. Otro era el sistema de seguro de longevidad que yo mismo propuse.

Frente a shocks como longevidad, lagunas previsionales y shocks financieros, la variable de ajuste en un sistema de capitalización pura es el nivel de la pensión. En un sistema de seguro, variables fiscales. Un sistema mixto reconoce esta complejidad y cuenta con variadas herramientas de ajuste. Combinaciones hay muchas, debemos ser pragmáticos y flexibles para elegir.

Acemoglu y Robinson dicen que la clave del éxito son las instituciones inclusivas. Pero la inclusividad no es un atributo teórico de un sistema de pensiones. Debe haber confianza y credibilidad, porque tomar medidas complejas (ej. edad de jubilación) requiere legitimidad. La aceptación política de una reforma no es politiquería, sino la condición para que un sistema persista y se perfeccione.

Entonces, ¿Cómo elegir? La izquierda debe aceptar que mucha gente valora su ahorro individual, y la derecha que hay formas de concebir la solidaridad que no coinciden con su visión. Un buen sistema mixto hace esa pega y es lo que hay que construir ahora. (DF)

Varios observadores reclaman medidas para mejorar la calidad de la educación. Según la prueba PISA, Chile tiene un sistema educacional bueno para Latinoamérica, pero lejos de los países desarrollados y de los del Asia emergente.

Chile necesita una mejor educación por al menos dos razones. La primera es “civilizatoria”: el siglo XXI se anuncia complejo y necesitamos un pueblo más educado. Lo público será cada vez más importante. Que los ciudadanos sean capaces de entender su entorno y actuar proactivamente hará una diferencia en la calidad de vida social.

La segunda es económica: un mayor nivel educacional compensará la alta dotación de recursos naturales de Chile. Estos, en particular los no renovables como el cobre, remuneran fundamentalmente a sus propietarios y su escaso personal calificado. Una mirada “estructural” de la desigualdad sugiere que se puede corregir con calidad de la educación pública.

¿Qué tiene la reforma en calidad? Los críticos dicen que poco. Sin embargo, la gratuidad genera condiciones para mejoras de calidad. Los países OCDE con gran calidad son gratuitos.

La derecha objeta la gratuidad porque los padres, al dejar de contribuir, no tendrán sentido de propiedad sobre la educación de sus hijos. Puede ser, pero el argumento es débil. Que la familia tenga “sentido de propiedad” sobre el servicio es para que actúe como consumidor y el colegio, como oferente. El derecho de los consumidores es tal que si la calidad es deficiente, el proveedor debe compensar. A muchos proveedores no les importa la opinión de los clientes sobre la calidad; simplemente cambian el producto. En servicios, se ofrece calidad percibida a los ojos de quien la juzga. En educación, al parecer las familias valoran la infraestructura, y los colegios subvencionados han mostrado avances en ello.

En calidad, la relación entre padres y profesores no es fácil de predecir. Algunos padres entienden que un buen profesor debe exigir y que las notas deben reflejar conocimiento, mientras otros piensan lo opuesto: pagan para que el niño tenga buenas notas y pase de curso. La dinámica de calidad de la educación no está garantizada en un sistema educacional “consumista”.

Con gratuidad los padres no hacen esfuerzos financieros. Quizás no sentirán “propiedad” sobre la educación, pero no es seguro: mal que mal, son sus hijos. Pero los profesores ya no tendrán “clientes” que exijan visiones contradictorias sobre calidad. Podrán así desplegar los planes educacionales con el nivel de exigencia apropiado. La calidad es posiblemente más alta en este caso.

Un régimen de gratuidad resguarda la soberanía del profesor como autoridad responsable de la calidad. Si la agenda contempla más y mejor capacitación y más horas no lectivas, logrará mejorar la educación. (La Segunda)

Este fin de semana, José Antonio Guzmán, destacado empresario que fue el primer dirigente gremial que sin ambigüedad condenó las malas prácticas empresariales, planteó su desacuerdo con el ministro de Hacienda porque, según él, su rol debiera ser el de un “dique de contención de las reformas que impulsa el Ejecutivo. Ese era el rol que cumplieron los anteriores ministros de Hacienda, pero que ahora no vemos”.

Incomprensibles palabras de un dirigente destacado. ¿Cómo podría un ministro de Hacienda, elegido por ser de confianza de la Presidenta de la República, ser “dique de contención” de las reformas que ella misma prometió impulsar? Es incoherente como pensamiento. Además, es inconsecuente con una concepción democrática del ejercicio del poder. Si la Presidenta fue electa sobre una base programática que concitó una amplísima mayoría democrática, ¿sobre qué base de legitimidad podría este ministro de Hacienda —o cualquier otro— hacer algo distinto?

No es evidente que los ministros de Hacienda en el pasado hayan sido “diques de contención”. Quizás haya casos puntuales que alguien pueda interpretar de esa forma. Sin embargo, pensar que la razón de por qué hoy se plantean reformas que antes no estaban en el radar de los gobiernos es que los ministros de Hacienda eran “diques de contención” es simple como análisis.

Hay otras causas —de naturaleza diversa— que explican por qué reformas que hoy son posibles antes no lo eran. Veamos dos. Por un lado, no había mayorías parlamentarias suficientes en contextos de quórum supramayoritarios excesivos. Cuando la derecha tenía los votos, lograba vetar reformas que requerían 4/7 o más. Para avanzar, los ministros de Hacienda de la Concertación debieron negociar con la derecha para obtener su apoyo. ¿Qué llevó a la derecha, luego de ganar en 2010, a perder este apoyo crucial? La derecha no tiene respuesta, pero, sin duda, en parte es que Chile cambió, mientras que su visión del mundo y su oferta programática no lo hicieron.

En la Concertación existía benevolencia hacia las soluciones de mercado. Eran soluciones reputadas. Sin embargo, los excesos, que con tanta convicción critica José Antonio Guzmán, se encargaron de desacreditar parcialmente algunas de dichas soluciones. Ese capital se depreció. El sector empresarial debe darse cuenta de que el mercado es una herramienta poderosa, pero delicada: requiere confianza. Para ello, el Estado debe dar garantías a los distintos actores —trabajadores y consumidores, entre otros— de que sus intereses serán respetados. Todo esto parece ser indispensable en la etapa actual de desarrollo de Chile. (La Segunda)

Durante 1998 hubo tres ataques especulativos contra el peso que fueron particularmente traumáticos. Un año después, Chile sufrió una pequeña recesión.

Entonces yo era coordinador de Política Macro del Ministerio de Hacienda. El problema era la reticencia del Banco Central a aceptar que el peso se devaluara producto de la caída en el precio del cobre, al alza de tasas de interés internacionales y la reasignación de portafolio producto de la Crisis Asiática. Tal reticencia fue captada por los mercados, que empezaron a especular contra la imposición de restricciones a la depreciación del peso. La lección fue clara: cuando los determinantes fundamentales del tipo de cambio van en una dirección, cualquier indicio de posible intervención cambiaria es una invitación a la especulación desestabilizadora.

Tres grandes reformas surgieron de este episodio: el superávit estructural, el sistema de metas de inflación de largo plazo y la flotación cambiaria.

En algunas dimensiones, Chile vive hoy un escenario externo similar al de 1998: caída en el precio del cobre, alza de tasas y reasignación de portafolio hacia activos denominados en dólares. A ello hay que agregar el shock inflacionario producto de la pandemia y luego los efectos de la guerra en Ucrania sobre los precios de alimentos y energía.

De las lecciones de 1998, la meta de inflación sigue siendo un ancla importante, mientras que la regla fiscal ha perdido eficacia. En esta coyuntura la más relevante de esas políticas es la flotación cambiaria. Es necesario preservarla.

A diferencia de 1998, hoy el Banco Central parece cómodo con la flotación, pero el mercado interpretó la venta de dólares que hizo la Tesorería como que Hacienda no lo está. Esta aparente pugna entre ambas instituciones estimula la especulación cambiaria y explica parte de la depreciación de las últimas semanas.

Hacienda tiene derecho a hacer ver sus puntos de vista, pero ello debe ocurrir en el seno del Consejo del Banco Central, donde el ministro de Hacienda tiene derecho de voz, y el Banco, la obligación de atender “la orientación general de la política” del gobierno.

Las presiones por la prensa, aun del tipo “que el Banco explique su posición”, solo alientan la especulación. Intervenir hoy es quemar dólares inútilmente. Estos pueden ser necesarios más adelante, dado que el proceso de ajuste de los balances de los grandes bancos centrales del mundo recién comienza. (El Mercurio Cartas)

Guillermo Larraín

La votación que tendrá lugar en el pleno de la Convención el martes 14 de junio es de crucial importancia. Se votará, entre otras cosas, las condiciones que regirán durante la transición para reformar la Constitución en caso de que gane el Apruebo. Es crucial que se dote a la propuesta de suficiente flexibilidad.

Detrás de este problema subyacen dos dilemas: cuán legítimo y representativo es el borrador y cuán perfectos son los preceptos que contiene.

La legitimidad de la Convención, y por lo tanto del producto que ha realizado, es clara. El texto se ha elaborado dentro de un marco legal. La derecha ha reclamado que sus proposiciones no han sido incorporadas en el texto. Sin embargo, pudiendo hacerlo, ello no ha detonado de su parte ningún reclamo formal de ilegalidad. Su marginación es un problema político que no cuestiona la legitimidad del texto; sin embargo, afecta su representatividad. Si se examinan todas las elecciones municipales, parlamentarias o presidenciales desde la recuperación de la democracia se puede apreciar que la derecha tiene un apoyo que oscila entre 35% y 45% del electorado. En la Convención, probablemente por las circunstancias históricas en que se detonó el proceso y se hizo la elección, su representación bajó a 27%. Pero es evidente que si en el plebiscito de entrada el Apruebo obtuvo el 78,2% de los votos, es porque una porción importante de ellos es de gente de derecha. Zanjado el problema de legitimidad del texto, su representatividad debiera ser una preocupación principal de la Convención en estas horas finales.

Por otro lado, varios plantean que el texto no admite cambios, pues bordearía la perfección. La literatura académica sobre instituciones, en múltiples dominios, plantea que hay dos formas de entender perfección. Una se refiere a aspectos técnicos del diseño institucional, y la otra es su credibilidad.

El diseño constitucional que se propone es producto del juego más o menos azaroso de innumerables negociaciones por múltiples agrupaciones políticas. En estas condiciones, es crucial reconocer que es altamente improbable que el borrador no contenga errores técnicos. De hecho, el análisis frío del texto devela varios. Los más graves y urgentes de corregir están en el régimen político. Primero, la propuesta debilita al Presidente y fortalece al Congreso, pero no corrige en nada la fragmentación del sistema político. El riesgo evidente es que se prolongue la débil gobernabilidad que ha caracterizado a Chile desde mediados del segundo gobierno de Bachelet hasta nuestros días. Esto es un error.

Segundo, garantiza un número fijo de escaños reservados, independientemente de cuán alta sea la participación en ese padrón electoral. En la elección de la Convención, el 4% del electorado obtuvo el 12% de los escaños. Al situar los escaños reservados en el Congreso de Diputados y Diputadas que representa al pueblo y es la cámara más poderosa, se distorsiona de manera abierta la representación popular. Esto se puede corregir flexibilizando los escaños reservados en función de la participación en ese padrón o desplazando el número fijo de escaños desde el Congreso a la Cámara de las Regiones, que no aspira a ser representativa del pueblo, sino del territorio.

La segunda acepción de perfección en esta línea se refiere a que el pueblo que votará por someterse a esas reglas debe creer en ellas. La perfección técnica de diseño podría ser lograda por un grupo de técnicos de alto nivel, pero esto no es a lo que aspira la Convención chilena. Debe aspirar a que la ciudadanía crea y por lo tanto respete los preceptos constitucionales. Dicho sea de paso, esto es precisamente por qué nadie plantea que la Constitución de 1980 pueda ser revivida: muy pocos creen en ella, no es efectiva. Si ahora el Apruebo gana por poco y además los perdedores tienen un reclamo de representatividad como el que menciono más arriba, el riesgo es que haya un grupo suficientemente numeroso como para quitar efectividad a la naciente Constitución.

Los errores que señalo son producto de un proceso legítimo, pero ello no significa que dejen de ser errores. Lo que corresponde, en caso de ganar el Apruebo, es que las autoridades legítimamente electas —el Congreso— pueda corregir estos errores. La Convención debe permitir que ello ocurra razonablemente en las condiciones actuales.

La lealtad con el proceso constituyente no consiste en ponerse anteojeras frente a los errores, sino en crear condiciones razonables para que la democracia vaya suave y oportunamente limando las asperezas de las instituciones que aspiramos rijan Chile por décadas en paz y progreso.

Guillermo Larraín
Académico FEN, Universidad de Chile

Chile tendrá una nueva Constitución. Si gana el Apruebo será a partir de septiembre, si gana el Rechazo, en algún plazo por definir. Los contenidos de la propuesta de la Convención son conocidos y representan bien las aspiraciones de un porcentaje importante de la población. Si ganara el Rechazo, la derecha tendrá más influencia en la redacción de una alternativa. ChileVamos acaba de reiterar su compromiso público con ciertas ideas y ello fija un parámetro interesante de comparación con el texto actual.

Hay una luz de esperanza en la parte dogmática de ambos documentos. A nivel de los titulares al menos, hay coincidencias: un “Estado social y democrático de derecho”, que brinde un adecuado “acceso y ejercicio de los derechos sociales” mediante la “corresponsabilidad solidaria entre entidades públicas y órganos de la sociedad civil”.

Para estabilizar el contrato social chileno es crucial que todo el espectro político converja hacia principios comunes, dentro de los cuales el centro, la derecha y la izquierda puedan desplegar su visión del mundo. Esta es la principal tarea de nuestra época y donde todas las voluntades deben concentrarse.

Esta luz de esperanza tiene una consecuencia importante: en cualquier evento, el texto constitucional al que converja Chile tendrá un catálogo importante de derechos sociales. Como lo muestra nuestro estudio “Estimaciones de Costo Fiscal Directo de la propuesta de nueva Constitución”, efectuado con colegas de las universidades Católica y de Talca y del CEP, los derechos sociales son el componente de mayor costo dentro del texto que se propone plebiscitar en septiembre. El costo incremental que podría atribuirse a la propuesta constitucional ascendería a un rango de entre 8,9% y 14,2% del PIB por año.

Son cifras cuantiosas, ponen metas exigentes. Algunos las consideran inviables. El documento de Chile Vamos incluye los elementos más costosos de los derechos sociales, a saber “educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna”. Usando nuestras estimaciones gruesas para valorar dichas partidas, una Constitución alternativa podría tener un costo directo de entre 5,7% y 9,0% del PIB. Y si se agrega el concepto de paridad, que no aparece en el documento, podría estar entre 6,5% y 10,1% del PIB. Sigue siendo un desafío enorme.

Quizá la implementación de cada reforma difiera, pero sería extraño que el costo fiscal total fuera muy distinto. Habiendo una cierta convergencia sobre los temas de fondo, el problema es que la demanda por derechos sociales reconocida por todo el espectro político excede con creces la actual capacidad de financiamiento del Estado.

En efecto, entre 2005 y 2019, el gasto público subió de un 18,3% del PIB a un 26,5%, es decir, 8,2 puntos. Sin embargo, en el mismo período, los ingresos tributarios netos del gobierno central subieron solo 1,4 puntos, desde 16,2% del PIB en 2005, a 17,6% en 2019.

El problema fiscal es de proporciones. Si al nivel actual de gasto le sumamos 8,9% o 6,5% del PIB, dependiendo del escenario constitucional, estarán en riesgo la sostenibilidad fiscal y la posibilidad de cumplir los compromisos adquiridos.

Es decir, el debate económico de fondo será el mismo: cómo financiamos derechos sociales en cualquier escenario constitucional. Hay cuatro formas que debemos debatir y modelar: mejoras al sistema tributario, deuda pública, reforma del Estado y crecimiento económico.

El sistema tributario sufre hoy su segunda reforma en ocho años. La anterior no dio los resultados que se esperaban y hay dudas respecto de cuánto recaudará la actual. Quizá es el momento de debatir reformas más estructurales, como reducir el IVA y aumentar la cobertura del impuesto a la renta. La deuda puede cumplir un rol acotado para financiar gastos transitorios, como los “ajustes de stocks”.

La reforma del Estado es esencial para que la ciudadanía tenga acceso a más y mejores bienes y servicios. Pero ¿cómo hacerla, cómo mejorar la administración pública? Difícil respuesta.

Finalmente, tenemos que desbloquear el crecimiento. Desde 2015, el crecimiento per cápita es apenas de 0,8%. Para crecer al 4% no hay un diagnóstico compartido sobre cómo hacerlo. ¿Cuánta política industrial, cuántos incentivos tributarios, qué restricciones ambientales, qué relaciones laborales, cuánta más competencia, dónde colaborar?

Chile está en el pasillo estrecho del desarrollo. El debate constitucional es crucial en la medida que haya convergencia. Parece ser que el Estado social y democrático de derecho es una pieza clave. La tarea ahora es que converjamos en una estrategia global y compartida de desarrollo económico para financiar el enorme esfuerzo de gasto que la ciudadanía reclama. (El Mercurio)

Guillermo Larraín