Galli Basili Juan Francisco (1977) abogado 2003, master en Administración Pública;  casado con Marina Junge Roeckel (1977) abogada, 3 hijos.

(1) Carta “Una Defensa con mirada de futuro”, El Mercurio 5 mayo 2018.

(2) La Tercera, 4 agosto 2020

(3) El Mercurio 19 agosto 2020

(4) El Mercurio, 24 septiembre 2020

(5) El Mercurio, 3 octubre 2020

(6) Diario Financiero, 27 octubre 2020

(7) El Mercurio, 2 noviembre 2020

(8) El Mercurio, 24 noviembre 2020

(9) Entrevista, 5 diciembre 2020, El Mercurio

(10) El Mercurio 30 enero 2021: Nuevo Ministerio de Seguridad tendría control de las policías, prevención del delito y orden público.

(11) El Mercurio 17 diciembre 2020 «¿Justicia transicional o impunidad?»

(12) La Tercera, 10 julio 2021

(13) 14 julio 2021

(14) El Mercurio, 31 julio 2021

En materia de armas, el gobierno promete implementar las medidas a las que está obligado en virtud de la Nueva Ley de Control de Armas aprobada en el gobierno anterior, y que en su trámite en la Cámara contó con el voto en contra de los entonces diputados Boric y Jackson. Más aún, se propone sancionar a quienes porten combustible para bombas molotov, omitiendo que el Presidente acaba de indultar a condenados por lanzarlas.

En inteligencia, urgencia a un proyecto ingresado en 2019 y que estuvo un año entrampado en la Comisión de Defensa por la oposición de su entonces presidente, el diputado Brito de RD, quien llegó a ser censurado por su negativa a ponerlo en tabla.

Por último, la reforma de Carabineros está completamente olvidada. Antes se pretendía refundar la institución, pero hoy se propone aumentar su dotación con recontrataciones que antes exigían prohibir. Se hacen compromisos vagos respecto a la carrera policial, y omiten que existe un proyecto de ley, presentado (de nuevo) por el Presidente Piñera, que proponía un cambio sustantivo para extender la carrera y modificar de manera financieramente sostenible los incentivos a la permanencia en servicio activo. Esperemos que este compromiso (no tan) transversal sea sincero, y que las cosas que ayer eran objeto de fuerte crítica hoy sí cuenten con la voluntad de la izquierda.

Juan Francisco Galli

Abogado

“Hoy lo que nos estamos jugando, en lo que resta del mes de octubre, es una disyuntiva entre violencia y democracia y creo que esta violencia no contribuye en nada. Hay que distinguir el legítimo derecho a manifestarse de los hechos de violencia y para actuar frente a esos hechos de violencia hemos trabajado intensamente con Carabineros”, dijo esta mañana el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

En conversación con Radio Universo, el subsecretario explicó que, por esto, se han podido ver medios distintos para combatir la violencia como carros lanzaguas nuevos y procedimientos distintos donde la institución policial “en el caso de manifestaciones legítimas procede a través del diálogo, de alta parlantes, de advertir a quienes se alejan de esa manifestación pacífica que va a tener que proceder”.

Por otra parte, Galli señaló que “hay un proyecto de ley que modifica nuestro sistema de inteligencia dotándonos de mejores capacidades para avanzar en estas medidas, porque tuvimos un déficit de tener mejor información hace un año, porque además seguíamos con la lógica del siglo pasado. Hoy el flujo de información es del siglo 21 y de ahí los informes que se hicieron sobre los flujos en las redes”.

“Hoy mucha información está ahí y es útil para la toma de decisiones para ver los fenómenos globales de cómo se mueven las personas y se lideran los procesos desde las redes sociales y cómo eso afecta el orden público y se convocan las manifestaciones desde esas plataformas”, dijo.

Respecto de la preparación de cara al 18 de octubre, el subsecretario manifestó que “hay lecciones aprendidas” y “hechos que lamentar en el pasado”.

A pocos días de que se produzca el primer aniversario del “estallido social”, Galli indicó que hay que analizar la violencia que se produjo en las calles y el rol de Carabineros: “Hubo que hacer denuncias de los propios Carabineros sobre funcionarios que cometieron faltas o delitos y por lo mismo el Presidente convocó al alto comisionado de DDHH de la ONU, por ejemplo, para conocer en Chile lo que se estaba haciendo y cómo se estaba corrigiendo”.

Esto, agregó, dio “lugar a un Consejo para la Reforma de Carabineros y a la unidad coordinadora para la reforma que apunta en el corto plazo a analizar los avances hechos y los cambios en control de orden público y cómo entender los derechos humanos y de las personas en estos fenómenos”. (La Tercera Universo)

Galli Basili Juan Francisco (1977) miembro de Renovación Nacional; asesor legislativo del Ministerio del Interior 2010-2013; jefe de gabinete del Ministro de Defensa 2013-2014; candidato a concejal por Vitacura 2016 (1.307 votos); coordinador legislativo de Avanza Chile 2017;

subsecretario para las Fuerzas Armadas 2018-2019: “el gobierno se fijó como misión tener una Defensa moderna al servicio de todos los chilenos. Ello implica, entre otras cosas, altos estándares de eficiencia y eficacia, e ir a la vanguardia de la probidad y la transparencia” (1).

En plena crisis por las movilizaciones sociales de octubre-noviembre 2019, se le trasladó al cargo de subsecretaria General de la Presidencia.

“Condenamos absolutamente la violencia, venga de dónde venga”, indicó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien también se refirió a los enfrentamientos durante los desalojos entre comuneros y civiles. “También condenamos la autotutela, que cada persona quiera tomar la justicia por sus manos. En Chile existe el estado de derecho y son los tribunales los llamados a sancionar a quienes cometan estas inconductas” (2)

En tramitación ley de enmigración: «Pretendemos que la Sala del Senado corrija esta indicación (sobre ‘turismo laboral’) y se apruebe lo más parecido a lo tramitado en la comisión de Gobierno» (3).

Sobre ingresos ilegales al país: «Las explicaciones de este aumento clandestino a Chile también está asociado a lo que nosotros denominamos el ‘efecto llamada’ de la indicación incorporada por la oposición en la comisión de Hacienda al proyecto de ley de migraciones» al indicar 1.198 extranjeros denunciados por ingreso clandestino durante agosto 2020. (4)

Sobre inmigración ilegal 2020: «lo que hemos visto es que la realidad geográfica del norte de nuestro país es vulnerable al ingreso, pero el control de carabineros se ha intensificado de manera de poder detener esa inmigración adecuadamente» (5).

Hoy Chile cuenta con una mejor infraestructura de ciberseguridad, El programa de Gobierno contempla la transformación digital de la Administración del Estado a través de la simplificación de trámites, la digitalización de éstos y, en general, el aprovechamiento de las tecnologías para optimizar y mejorar el funcionamiento de sus órganos, asi como mejorar de forma eficiente y eficaz la gestión pública, simplificando la vida de las personas»(6).

Ante la renuncia del Ministro del Interior Victor Pérez, el 3 de noviembre de 2020, el Presidente Piñera lo nombre Ministro subrogante del Interior, subrogancia que duró un día.

«grave el retraso de la ley de migraciones, un proyecto de ley de esta envergadura, que ya ha pasado todos sus tramites legislativos, porque el 8 de octubre pasado la Cámara le dio su aprobación al 95% de su articulado en tercer trámite… es algo urgente, porque podemos prever que finalizada la pandemia habrá una presión migratoria. Por ello resulta inexplicable que el Senado no se haya puerto de acuerdo para designar a sus miembros a la comisión mixta» (7)

«.. en el texto se define el interés superior de los niños, niñas y adolescentes migrantes y se hace referencia a él en múltiples artículos…» (8)

«Las personas que no cumplan con la ley migratoria deben ser rápidamente sancionada o expulsada» (9)

«No olvidemos que estamos frente a un «momento constitucional». Si hoy concedemos impunidad a personas que han quemado, robado e intentado asesinar solo porque se aprovecharon de un contexto social, ¿cómo les pediremos al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las policiías que hagan su trabajo cuando los mismos u otros quemen, roben o maten por una decisión de la Convención Constitucional que nos comparten? Necesitamos rechazar la impunidad y mantener el orden público para que, en este proceso, el triunfo sea de las ideas y no de la violencia» (10)

Juan Francisco Galli: “El objetivo era que ningún violentista irrumpiera en la sesión inaugural de la convención”  “Se usará el veto de ser necesario”, dice el subsecretario del Interior ante una eventual aprobación del proyecto de ley de indulto que se discute en el Senado, cuyo avance demandó la constituyente. Además, sostiene que hubo intentos por entrar al ex Congreso el domingo pasado. (12)

«Se requiere crear una institucionalidad especializada en seguridad pública para el diseño evaluación y conducción estratégica de las políticas públicas en esta materia» (11).

el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, volvió a referirse a la violencia en la Macrozona Sur y a la escolta armada que acompañó al funeral de Pablo Marchant, el miembro de la CAM fallecido en el ataque del viernes. “Nadie puede validar el uso, porte y el ataque con armamento de guerra que no tiene otro fin que matar personas. Más grave aun si ustedes ven que ha aumentado en un 100% el ataque con armas de fuego contra las fuerzas policiales” (13)

«Líder de Temucuicui desacata orden de ingreso a cárcel» Galli: «Lo dijimos, cuando fue detenido en el Hospital de Victoria, que él iba a evadir la acción de la justicia. El deberá responder por los graves delitos por los que se encuentra acusado» (14)

Las limitaciones a que se sujeta al Sistema de Inteligencia para acceder a información -en muchos casos pública- contradice el requerimiento que hizo el fiscal nacional, al considerarlo esencial para las correctas decisiones en la desarticulación de bandas criminales. Cuando los países desarrollados centran sus debates sobre inteligencia en el procesamiento de forma masiva y automatizada de toda clase de datos, estas indicaciones desarman al Estado frente al crimen organizado. La solución debería ir por dotarnos de herramientas modernas para proteger a los ciudadanos, siempre sujeto a un régimen de control efectivo para evitar el mal uso de la información obtenida.
Juan Francisco Galli
Ex subsecretario del Interior (15)

(15) La Tercera 31 diciembre 2023

Gobiero cuestiona rechazo a proyecto sobre robo de madera. «Es uno de los delitos que más afecta la Macrozona Sur, por lo mismo, no resulta explicable la razón para rechazar este proyecto» 17 julio 2020

«La violencia no contribuye a llevar adelante adecuadamente el plebiscito»

Entrevista La Tercera, 11 octubre 2020. Subsecretario del Interior dice que «nos jugamos en este mes de octubre una disyuntiva entre violencia y democracia».

Es el camino por el cual optamos, el camino de la democracia, del voto, y la democracia es intrínsecamente incompatible con la violencia. Por eso mismo, acojo el llamado que hicieron los líderes de oposición y que nosotros, como Chile Vamos y como gobierno, hemos venido haciendo intensamente, que es rechazar la violencia venga de donde venga y de manera absoluta, sin peros. 

el camino que nos trazamos es el camino del voto, que es incompatible con la violencia. En un estado de derecho moderno, en una democracia liberal, nuestras diferencias las solucionamos a través del voto, con amistad cívica, con tolerancia. Eso es incompatible con solucionarlas a través de la violencia. Entonces, aquí tenemos que optar, independiente de cuál sea nuestro gusto en el plebiscito. La disyuntiva es cuál es la discusión que estamos sosteniendo y por qué vamos a tener un plebiscito, porque discutimos respecto de la legitimidad de nuestra institucionalidad y creo que en un contexto de violencia esa discusión no se va a zanjar.

Subsecretario @GalliJF 7 enero 2021
: “Después del poder de fuego expuesto ayer y de la cantidad de droga incautada, se acabaron los argumentos de que aquí hay una persecución respecto a un grupo determinado”.

La seguridad es una de las principales prioridades de la gente en todos los estudios de opinión pública. Es oportuno por tanto saber qué dice el borrador de nueva Constitución al respecto.

El texto propuesto aborda la seguridad de manera preocupante. Primero, debilita al Estado para hacer frente a las principales amenazas del siglo XXI: el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Segundo, pone un énfasis desbalanceado en los presos respecto de las víctimas de los delitos.

En lo primero, elimina la seguridad nacional como un objetivo del Estado, debilita a las policías y limita las herramientas del Gobierno dependiendo de la gravedad de la amenaza. Así, se suprime la mención a Carabineros y la PDI como Fuerzas de Orden y Seguridad, con una alusión general a “las policías”. Esto abre la puerta a la existencia de otros que cumplan esa función, quizás a nivel regional o municipal, y fronteriza o aduanera, diluyendo la responsabilidad. Las actuales policías solo son mencionadas ante una acusación constitucional en contra de su general director o director general, vaya reconocimiento.

El borrador restringe a las FF.AA. solo al “resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial”, suprimiendo toda función en el ámbito interno. Las consecuencias son evidentes: no habría Decreto 265 que opera en el norte para el control del tráfico ilícito de migrantes, el narcotráfico y crimen organizado transnacional con apoyo militar; ni Policía Marítima para enfrentar la pesca ilegal o el narcotráfico marítimo.

Ante una amenaza grave para la seguridad nacional, nadie duda hoy de la necesidad de una herramienta como el estado de emergencia, que permite un trabajo conjunto de las FF.AA. con las Fuerzas de Orden para enfrentar las ya señaladas amenazas. Sin embargo, la Convención, con una mirada añeja, elimina dicho estado de excepción, pese a que el actual gobierno terminó reconociendo —por la fuerza de la realidad— su pertinencia en la macrozona sur.

El otro factor de preocupación es la priorización de los derechos de los presos sobre las víctimas de la delincuencia. Estas no son parte de esta propuesta constitucional, a diferencia de los privados de libertad, quienes tienen un título completo para sus garantías. El texto propuesto deja claro que para toda persona detenida por un delito “la libertad es la regla general” y toda persona privada de libertad debe tener “espacios para el estudio, trabajo, deporte, las artes y culturas”. No solo eso, a cada persona que sea privada de libertad y no resulte condenada se le indemnizará por cada día preso, generando inhibición en los jueces para decretar prisiones preventivas. Para el victimario, garantías explícitas; para las víctimas, total indiferencia. Podríamos llegar al absurdo de que homicidas sean candidatos, o incluso resulten electos como diputados o representantes regionales, ya que al no estar privados de ciudadanía ni de derecho a sufragio son plenamente elegibles. Pero aún más, la Convención incorporó al borrador la Defensoría Penal para todo imputado de delitos, pero rechazó la Defensoría para las víctimas de delitos. Un delincuente tiene asegurado un abogado y una víctima no.

Así, respecto de la principal preocupación de los chilenos y chilenas, el borrador de Constitución no solo no la prioriza, sino que termina directa o indirectamente debilitándola, afectando a las familias que sufren las consecuencias de la delincuencia, del narcotráfico y del crimen organizado. (El Mercurio Cartas-Red NP)

Juan Francisco Galli B.
Pablo Urquízar M.
Abogados