Flores Jaña Tomás Osvaldo (1965) [1] ingeniero comercial, académico, casado con Perla Castillo Olguín.

(1) El Mercurio, 11 marzo 2015.

(2) Carta “Renuncia en Conicyt” El Mercurio 3 noviembre 2015.

(3) “La llave del tesoro” La Tercera 20 mayo 2019.

(4) El Mercurio 1 agosto 2020

(7) entrevista, La Tercera, 16 julio 2021

(5) Libertad y Desarrollo, 28 diciembre 2020

(6) El Mercurio, 25 febrero 2021

El National Bureau of Economic Research señala que una recesión es una declinación significativa de la actividad económica, que se observa en varios sectores productivos por un periodo de, a lo menos, dos trimestres. Indica, además, que es necesario analizar con detalle la evolución del mercado del trabajo, así como los demás equilibrios macroeconómicos, para tener un diagnóstico adecuado que permita movilizar las políticas económicas para enfrentar el ciclo adverso.

Una recesión se puede originar por distintos motivos, siendo uno de los más frecuentes el colapso o paralización del mercado financiero, tal como ocurrió en la crisis subprime, cuando grandes bancos se declararon en quiebra y se observó un corte de la cadena de pagos que afectó a todo el planeta. También se puede provocar por el colapso de la cadena de producción por una crisis sanitaria u otro tipo de catástrofes, como ocurrió con la pandemia Covid19 y cuyas consecuencias aún nos afectan. Por último, un conflicto bélico extendido geográficamente y en el tiempo puede generar cambios radicales en el precio de bienes y servicios, como ocurre lamentablemente en Europa por el precio del gas natural, generando una caída de la producción.

La última recesión que afectó a Chile ocurrió el 2020, debido a la pandemia, en donde la actividad económica cayó 6% y se destruyeron más de 2 millones de empleos. A su vez, en 2009, la crisis subprime, iniciada en el mercado inmobiliario/crediticio en Estados Unidos, nos llevó a una contracción 1,6% en nuestro PIB. En 1999, la crisis asiática, nos arrastró a una recesión de -0,4%. En cada una de ellas hubo destrucción de empleos, quiebra de empresas, caída del consumo de los hogares y deudas impagas que se acumularon por años.

Esta reiteración de consecuencias nos ha llevado a diseñar instrumentos que permiten amortiguar estos dañinos efectos, siendo fundamental el rol de la Comisión para el Mercado Financiero para monitorear la estabilidad de nuestras instituciones ante un estrés sustancial. Asimismo, tener reservas fiscales ayuda a enfrentar la tormenta y es así como los ex ministros de Hacienda Andrés Velasco y Rodrigo Cerda pudieron acceder a esos ahorros para moderar el ciclo adverso.

En 2023 se acerca una nueva recesión, donde nuestra producción caerá en torno a 1% con el consiguiente aumento del desempleo y de la pobreza. Lamentablemente nuestras arcas fiscales están bastante más menguadas y la alta inflación nos seguirá afectando por varios meses, lo cual le impedirá al Banco Central reducir rápidamente las tasas de interés.

Ante este panorama debemos prepararnos cuidadosamente, no solo con un presupuesto público que trata de hacerse cargo de flagelos transversales como la delincuencia, sino también con acciones concretas de austeridad; así como el sector privado realizará un esfuerzo significativo para enfrentar la crisis, no deberíamos exigir menos del sector público. Gastos superfluos, viajes, viáticos, renovación de autos ministeriales, entre otros, deben postergarse hasta nuevo aviso. La recesión 2023 está golpeando nuestra puerta y todos debemos contribuir a que su visita sea lo más corta posible. (El Líbero)

Tomás Flores

El proyecto de Ley de Presupuestos 2021 tiene características especiales, dada la pandemia y los efectos económicos que ha generado. Es por ello que numerosos ministerios han sufrido recortes sustanciales en sus presupuestos y el de Defensa no es una excepción.

Dicho ministerio considera las tres ramas de las Fuerzas Armadas más los servicios de apoyo como sanidad, industria militar y control del espacio aéreo y marítimo, entre otros. Entre el presupuesto total vigente en agosto pasado para el 2020 y el proyecto 2021 hay una caída de gastos de 19,1%, equivalente a cerca de US$555 millones aproximadamente. Una parte significativa de esta caída se produce en el ítem de bienes y servicios, en donde la caída es de 8,1%; en el resto de los egresos donde la contracción es mayor aún.

El componente más importante del presupuesto del Ministerio de Defensa es el contemplado para la fuerza, donde se incluye al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Pues bien, el presupuesto 2020 consolidado del Ejército, que asciende a US$796 millones vigente en agosto pasado, disminuye en -7% real, en donde la reducción en -21,1% real para el ítem de bienes y servicios es una de las más significativas en monto de recursos. Una rebaja de esta magnitud implica cambios relevantes en la operación de las unidades militares. Adicionalmente, el presupuesto de inversión disminuye en -78,8%. Desaparece el ítem para compra de mobiliario, máquinas y equipos y equipos informáticos.

En el caso de la Armada, el presupuesto consolidado 2021 disminuye en -6,5% real respecto del presupuesto 2020 vigente a agosto, que asciende a US$ 595 millones. Dicha contracción contiene una reducción en el ítem de bienes y servicios en -11,2% real respecto del presupuesto 2020 vigente a agosto. Una rebaja de esta magnitud implica cambios relevantes en la operación de las unidades navales, en particular la compra de combustible. En el ítem de inversión, por último, el presupuesto considerado es de $0, es decir disminuye en -100% real respecto del presupuesto 2020. Desaparece el ítem para compra de mobiliario, vehículos, máquinas y equipos, y programas y equipos informáticos.

Por último, el presupuesto consolidado 2021 de la Fuerza Aérea disminuye en -13,3% real respecto del presupuesto 2020 vigente a agosto de US$ 382 millones, en donde lo contemplado para bienes y servicios disminuye en -10,8% real respecto del presupuesto 2020 vigente a agosto. Una rebaja de esta magnitud implica cambios relevantes en la operación de las unidades aéreas, en particular la compra de combustible. Para concluir, el presupuesto 2021 para inversión es de $0, es decir, disminuye en -100% real respecto del presupuesto 2020 vigente a agosto y con ello desaparece el ítem para compra de mobiliario, vehículos, máquinas y equipos, y programas y equipos informáticos.

En suma, hay una reducción significativa en el presupuesto de operación y de inversión de la fuerza, generándose una situación en donde la mayor parte del presupuesto se dedica al pago de los sueldos del personal. De hecho, en el presente año la proporción del gasto en personal sobre gastos totales llegaría al 79% y subiría a 84% para el próximo año. Una vez que esté en estado de régimen el nuevo sistema de financiamiento, incluyendo el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, dicho guarismo no debería superar el 60%, ya que de seguir recortándose el presupuesto de operación podríamos acércanos a la realidad de Argentina, donde el presupuesto de Defensa alcanzaba escasamente a solo pagar sueldos, sin tener ninguna posibilidad de despliegue operativo.

Sin duda que la situación de recesión y pandemia obliga a concentrar los esfuerzos en la reactivación y poder enfrentar los posibles rebrotes a partir de marzo próximo, pero ello no puede ser a costa de una rebaja presupuestaria en Defensa. De lo contrario, le será imposible cumplir su misión fundamental, esto es, proteger a los chilenos frente al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza por parte de actores internacionales. (El Líbero)

Tomás Flores

«El temerario experimento de Bachelet» columna La tercera 2014 «la recién anunciada reforma tributaria es un severo golpe al ahorro y la inversión. Además, resuelve problemas puntuales de manera poco eficaz y es una puñalada para las pymes»

«Columna «Impacto profundo sobre la inversión» La tercera 12 junio 2016 «En la actualidad, la tasa de inversión es de 23%, y en este retroceso hay dos responsables: el contexto internacional y la consiguiente bajo en el precio del cobre y Alberto Arenas y su reforma tributaria»

«Esto no significa que no sea posible bajar los impuestos. De hehco, Buchi lo hizo a fines de los 80 con el correspondiente equilibiro presupuestario, dejando omo herencia al siguiente gobierno una economía que tenía una gran potencial de crecimiento. Espero que el actual ministro de Hacienda, pueda incentivar la inversión con la adecuación de los impuestos y también logre reactivar nuestra alicaida economía» La Tercera, carta, 23 marzo 2018

«La agenda de Reimpulso económico del ministro Fontaine avanza en materia de competitividad, reduciendo la burocracia, simplificando tramites, incentivando mas competencia e impulsando la innovación» Carta La Tercera, 13 octubre 2019, economista Libertad y Desarrollo

«Reconstrucción económica post pandemia» El Libero 23 marzo 2021
El esfuerzo de reconstrucción nacional post pandemia es sustancial y para algunos sectores requerirá de políticas focalizadas, como ocurrió con la pesca artesanal post maremoto de hace una década.

Nuevo royalty: una mochila con piedras (La Tercera, 27 marzo 2021)

“El nuevo royalty en tramitación en el Congreso, es un impuesto creciente que se aplica sobre las ventas totales, independiente de si hay utilidad o no. Dada estas características, el nuevo royalty se convertirá en una verdadera mochila con piedras en la espalda de la industria cuprífera chilena. Así, cerca del 25% de la producción nacional, 1.5 millones de toneladas aproximadamente, podrían iniciar el proceso de cierre porque el costos adicional de la mochila con piedras elevaría los costos por sobre el precio de venta…”

Carta, La Tercera, 28 noviembre 2021:
Javiera Martínez, actual integrante del equipo económico de Gabiel Boric, cuestionó el orden actual y propuso que los parlamentarios deberían tener la facultad de crear nuevos gastos públicos o modificar los ingresos estimados y con ello el equilibrio fiscal en suma, derogar la iniciativa exclusiva en materia fiscal del Presidente.

el economista de Libertad y Desarrollo (LyD) Tomás Flores, quien afirma que “el ministro Marcel se opuso a todos los retiros y cuando el equipo político lo conminó a elaborar un retiro alternativo, debe haber expresado también su opinión. El fracaso de ambas iniciativas es un triunfo para el ministro Marcel”. La Tercera 19 abril 2022
Esto es sustancialmente peligroso pues diluye la responsabilidad de las finanzas públicas, permitiendo a los parlamentarios incorporar gastos públicos que los beneficien políticamente para la reelección. Esto abultaría el desequilibrio fiscal con la consiguiente mayor deuda pública e incremento de las tasas de interés para a toda la economía.

Tomas Flores «¿Hacer bajar el dólar por secretaria?» «Dado que cerca del 70% de la canasta del IPC se compone de bienes transables, hay preocupación por el coeficiente de traspaso a los precios domésticos y la dificulta que ello implica para la política monetaria» Diario Financiero, 28 junio 2022

Entrevista luego de la primera vuelta presidencial 2021.   24 noviembre 2021

El exsubsecretario de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Tomás Flores, aborda su inminente aterrizaje en el comando de Kast y los temas que cree necesarios de analizar.

– ¿Cuál es su visión del programa de Kast?

– Probablemente, en la parte de la programación fiscal es donde es necesario verlo con más detalle, de manera tal que quede nítido de que es financiable. Eso es algo necesario de hacer lo antes posible porque surgió esa preocupación. En estos temas económicos es menos detallista, porque probablemente el énfasis del candidato estuvo más puesto en otras variables, como el orden y la delincuencia.

– Además, es la única candidatura que plantea bajar los impuestos.

– Eso me parece muy interesante. Hemos tenido reformas tributarias casi año por medio y todo ha sido para subir los impuestos. Por eso, creo que cualquier esfuerzo que se pudiese hacer en relación a tener un alivio fiscal hay que apoyarlo.

– ¿Independiente de la situación coyuntural? Las finanzas públicas están estrechas.

– En el mundo, en general los impuestos corporativos han ido bajando. Desde el 2000 en adelante se ha ido produciendo una reducción paulatina de los impuestos corporativos. Como nosotros nos hemos ido en la otra dirección, con la tasa de 27% quedamos dentro del grupo de los que más cobran. Entonces, hay espacio ahí para hacerlo con un sistema en el cual se vuelva a incentivar la reinversión de utilidades, que tenga menos carga tributaria quien reinvierte utilidades respecto a quien reparte.

Durante la semana pasada se aprobaron en el pleno de la Convención Constitucional una serie de normas relacionadas con las relaciones laborales, entre las cuales se encuentra otorgar el derecho a huelga a los empleados públicos.

Los funcionarios públicos, tanto en Chile como en la mayoría de los países del mundo, no tienen derecho a sindicarse, esto es, constituir sindicatos que puedan negociar colectivamente y, en el caso extremo, declarar la huelga. Lo anterior no limita el derecho a asociarse, a través de asociaciones de funcionarios, sin que éstas puedan negociar colectivamente y declarar la huelga.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios públicos ejercen -en los hechos y sin muchas limitaciones- el derecho a sindicalización, negociación colectiva y huelga, con grave daño al principio de continuidad del

servicio público y para ello basta recordar la paralización del Servicio del Registro Civil e Identificación de 2015, que se extendió por treinta y nueve días, con cerca de un millón de tramites postergados, así como la paralización del Servicio Médico Legal, con los lamentables efectos en los deudos que deseaban dar sepultura a sus parientes. De hecho, de acuerdo con el estudio de Pablo Obregón (2015), en el período 1990-2014 los empleados públicos paralizados perdieron el triple de días/hombre de trabajo que los trabajadores del sector privado (27,6 millones vs. 9,6 millones de días/hombre).

Ahora bien, la razón de esta prohibición de huelga para los empleados públicos se expresa de manera nítida en la aseveración del ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza (2016), quien señaló:

“Ello no puede importar desatender la circunstancia singular de que quienes sirven en el Estado y para él, ejercen su actividad en un centro monopólico de servicios donde no hay mercado, de modo que no se puede elegir. No tengo otro Registro Civil donde acudir. No tengo otro Instituto Médico Legal donde acudir. No tengo otro consultorio que me atienda. No existen otras cárceles donde dejar a nuestros detenidos”.

De esta manera, el ex contralor Mendoza expresa de manera clara la razón por la cual en muchos países no existe derecho a huelga para los empleados públicos, dado el carácter monopólico que tienen sus servicios, lo cual lleva a que en el evento de declararse la paralización ilegal, dichos funcionarios públicos dejan sin atención a los ciudadanos, sin que ellos tengan alternativa alguna de buscar otro proveedor.

De hecho, hay empresas privadas donde también existe dicha restricción, como las relacionadas con servicios básicos, ya que de otra manera, por ejemplo, los sindicatos de una empresa sanitaria podrían cortar el suministro de agua a Santiago y tomar de rehenes a millones de consumidores, quienes clamarán que se les otorgue a los sindicatos todo lo que piden con tal de que vuelva el suministro.

Entiendo que el Estado no es siempre un buen empleador y que contrata por décadas a varios de sus funcionarios a honorarios, pero existe una carrera funcionaria y salarios, que en promedio, superan en varios de sus escalafones a los observados en el sector privado.

De esta manera, lo aprobado por la Convención

“Lo aprobado por la Convención Constitucional crea la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan ejercer su poder monopólico, teniendo a los ciudadanos de rehenes y retrocediendo en la calidad de los servicios prestados”.

en esta materia crea la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan ejercer dicho poder monopólico, teniendo a los ciudadanos de rehenes, para obtener aumentos de salarios superiores a los explicados por la mayor productividad, lo cual sin duda sería un retroceso en la calidad de los servicios prestados.  26 mayo 2022

La estimación del premio salarial o retorno -tanto privado como social- de la educación formal en sus distintos niveles, es un ámbito de investigación de larga tradición en economía, considerando la sustancial relevancia en las decisiones de política pública del análisis de la eficiencia y efectividad de la inversión en capital humano, tanto desde el punto de vista privado como por parte del Estado. También el diseño y evaluación de programas en materia educacional como en la potencial ampliación de la cobertura o apoyo al financiamiento y la organización de reformas a la educación en sus distintos niveles, esto es, preescolar, escolar y superior.

Pues bien, el Instituto Nacional de Estadísticas entregó los principales resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2021, que fue levantada en el último trimestre del año pasado, donde se da cuenta de la evolución de los ingresos de los ocupados subdivididos en distintas categorías. Allí se revela que las personas que lograron completar la educación media obtienen un salario promedio de $ 455 mil al mes, lo que sube a $ 1.036.000 si el trabajador obtuvo un grado universitario, mientras que el que tiene un postgrado alcanza un sueldo promedio de $ 1.812.000.

“EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE INGRESOS ESTABLES ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y ES LA VERDADERA CLAVE HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL”.

De esta manera, tomando como base la educación media, obligatoria en Chile, un universitario recibe un premio en su salario equivalente a 2,2 veces el salario de un egresado de enseñanza media, es decir, más que duplica lo que hubiera obtenido de haber llegado solamente hasta cuarto medio, mientras que, a su vez, el postgrado genera un incremento de salario de 1,7 veces lo obtenido por un universitario.

Al analizar la expansión de la matrícula en educación superior se puede apreciar el efecto de este premio salarial, en donde entre 2018 y 2022 los matriculados en el pregrado aumentaron en 2%, mientras que en postgrado el incremento fue de 16% y en los postítulos en 30%. Si bien los alumnos en pregrado tuvieron una expansión sustancial en los años previos, debemos considerar que estos premios salariales van cambiando en la medida que el stock de estudiantes en cada categoría comienza a incrementarse sustancialmente.

Efectivamente, para el caso de la educación superior, el estudio de Klapp y Candia de 2016 da cuenta de un premio salarial o retorno decreciente en el tiempo, y para ello basta recordar que la matrícula en pregrado en 1990 era de solamente 245 mil estudiantes, lo que sube a 436 mil una década después, alcanzando a 940 mil en 2010 y finalmente a 1.012.000 en 2022. Tal como se puede apreciar, la variación entre 2010 y 2022 es mucho más modesta que la observada en las décadas anteriores, a pesar del inicio de la gratuidad en educación superior a partir de 2016.

Sin duda, el incremento de la capacidad de ingresos estables está íntimamente relacionado con la acumulación de capital humano y es la verdadera llave del tesoro hacia una movilidad social que se hace notoria al observar los nuevos alumnos que son primera generación de su familia en acceder a la educación superior. Así, el análisis de estos resultados y su evolución en el tiempo son sustancialmente relevantes para concentrar los recursos escasos en un sector educacional en donde todas las necesidades son urgentes. (DF)

En el proyecto de reforma tributaria, ingresado a trámite hace unos días atrás, se incorpora un nuevo impuesto patrimonial, el cual se aplica sobre los bienes raíces, vehículos, inversiones, depósitos a la vista o a plazo, entre otros, y los animales lucrativos.

Se entenderá por ellos, los animales destinados a una actividad comercial o lucrativa, los cuales deberán ser valorizados según su valor de mercado. Este nuevo tipo de sujeto de impuesto, que sin duda genera curiosidad y algo de vergüenza ajena, da cuenta de la puerta que se está abriendo con este nuevo impuesto al patrimonio.

Hasta el momento se ha mencionado que esto de los animales lucrativos se refiere a caballos de carrera, pero tal como está el articulado podría podría involucrar hasta aquellos que se dedican de manera part-time a la crianza de perros o gatos  de raza.

En prácticamente la totalidad de los países, los impuestos a la renta se cobran sobre los ingresos obtenidos por las personas tanto del mercado del trabajo como de sus inversiones, sin ser relevante el destino de los dinero post pago de tributos, pudiendo el contribuyente destinarlo a consumo corriente o al consumo de bienes durables, tales como la compra de bienes raíces u otros fines.

Así, el dinero con el cual se compraron esos activos, que están en el listado del nuevo impuesto patrimonial propuesto por el gobierno, ya pagó el impuesto a la renta respectivo, por lo cual cobrar un nuevo impuesto sobre el stock implica cobrar dos veces sobre el mismo dinero, es decir doble tributación.

Adicionalmente, en los países donde se han intentado estos impuestos patrimoniales se observa, evidentemente, un cambio en la conducta de los contribuyentes y paulatinamente alejan su stock de riqueza de la jurisdicción tributaria respectiva, por lo cual el impuesto se termina cobrando sobre aquello más difícil de mover, que corresponde finalmente solo a los bienes raíces.

Este cambio de portfolio de inversiones lleva a que la recaudación efectiva sea inferior a la estimada originalmente, lo cual no solo muestra la falla en la estimación de la recaudación, sino también el haber provocado la salida de patrimonio de nuestro país para ser invertido en otras jurisdicciones.

Lamentablemente, también se genera el riesgo de una intromisión del gobierno sobre las cosas que tienen las personas, lo que atentan contra su privacidad, ya que se abre la puerta a que un día lleguen funcionarios de Impuestos Internos exigiendo el ingreso a mi casa para ver si tengo pinturas o esculturas valiosas, además de contar cuantos animales lucrativos me acompañan.

Evidentemente, en un gobierno que desee exacerbar la discusión política en un conflicto entre ricos y pobres, puede utilizar este impuesto y la información que conlleva para denostar a sus opositores.

De esta manera, y más allá de lo ridículo de los animales lucrativos, estamos ante una propuesta que va más allá de solo crear un nuevo impuesto, ya que la dinámica que se genera no sólo atenta contra la acumulación de capital en Chile, sino también del eventual mal uso que la fiscalización del mismo puede generar en nuestra sociedad. (El Líbero)

Tomás Flores

El Banco Central ha entregado información detallada sobre la evolución del PIB regional, lo que es de gran utilidad no solo para ver el tamaño relativo de cada región, sino también realizar el análisis sobre la eventual convergencia de ingresos a lo largo del tiempo. Efectivamente, a principios de los años 90’s autores como Sala-i Martin (1990), Barro y Sala-i-Martin (1991, 1992) y Mankiw, Romer y Weil (1992) argumentan que las economías se acercan hacia estados estacionarios distintos cuando los parámetros tecnológicos e institucionales son diferentes, planteando así el concepto de “Convergencia económica condicional”, la cual explicaría que dos regiones productivas similares pertenecientes a un mismo país, no necesario mostraran un cierre de brecha de ingreso per cápita a lo largo del tiempo.

Así, entre 2013 y 2021 el PIB de Chile creció en un total de 18%, destacándose la Región de Los Lagos, que lo hizo en 34,4%, mientras que en el otro extremo se encuentra Atacama y Valparaíso con exiguos aumentos de solo 4,5% y 5,3% respectivamente. Esta alta diferencia de resultados dan cuenta de elementos que van más allá del acceso a financiamiento o la regulación nacional y lleva a analizar el efecto que tiene la regulación regional o comunal sobre el devenir de los proyectos de inversión y para ello basta recordar el enfrentamiento permanente de la Municipalidad de Valparaíso con diversas inversiones, a lo cual se ha agregado actualmente la Municipalidad de Viña del Mar. De igual manera, la violencia ha generado el cierre de más de 700 locales comerciales en el centro de Santiago y cada día que pasa una empresa anuncia la mudanza de la casa matriz hacia zonas más seguras.

Ahora bien, en el periodo considerado, 2013-2021, la cantidad total de ocupados creció en nuestro país en un 6,7%, donde está incluido tanto el shock migratorio de los últimos años, como el efecto de la pandemia, en donde se aprecia una evolución también muy divergente de la ocupación regional. Así es como en las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos en 2021 registraron menor cantidad de ocupados que en 2013. En cambio, las principales regiones que absorbieron mano de obra, en el periodo respectivo, corresponden a la de Arica, Antofagasta y la Metropolitana. De esta manera, la convergencia en los ingresos por trabajador por regiones no parece estar ocurriendo en nuestro país y de hecho, la realidad actual para algunas de ellas es peor a lo observado hace cerca de una década atrás.

Por último, es necesario reflexionar sobre el efecto que ha tenido la creación de nuevas regiones, ya que entre 1974 y 2007 nuestro país estuvo dividido en 13 regiones, las que suben a 16 en el 2018, habiéndose discutido en la Convención Constituyente,  adicionalmente, la eventual creación de dos regiones más, la de Chiloé y de Aconcagua. La subdivisión de una región en dos no implica que los recursos de inversión de decisión regional se multipliquen por dos y de hecho lo que si probablemente ocurre es que se dividen por dos. Lo que si pasa con certeza es la creación de decenas de nuevos cargos públicos, sin que ello necesariamente signifique que la eficiencia de las decisiones públicas será de mejor calidad.

En conclusión, el aporte del Banco Central sobre los datos regionales es un valioso elemento para evaluar si la convergencia de ingresos por trabajador está ocurriendo a lo largo del tiempo, así como también evaluar la eficacia de seguir creando regiones, cada vez más pequeñas, siendo posible que el camino correcto sea justamente el inverso.

La brutal invasión de Rusia a Ucrania ha generado una disrupción en la producción de cereales, aceite de maravilla y fertilizantes, con el consiguiente aumento de precios que ya han impactado al resto del planeta. Esta mayor inflación ha activado la reacción de los bancos centrales, generando temor de que la recesión esté presente en el futuro de varios países.

Lamentablemente, las alzas de los precios de los alimentos ha llevado a algunos países a suspender sus exportaciones de algunos productos, como es el caso de Malasia y sus carnes blancas, de Indonesia y su aceite de palma y la India que redujo los envíos de trigo y azúcar. Estas decisiones han reavivado la antigua propuesta de soberanía alimentaria, enmarcada en el proteccionismo de los sesenta que buscaba que cada país debía ser autosuficiente y no debía depender del comercio exterior.

Algo de este pensamiento está presente en la propuesta constituyente, donde se señala que: “Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables”. La norma fue criticada por algunos convencionales, como Harry Jürgensen, quien señaló: «La intervención del Estado en las decisiones de qué se debe producir y qué se debe consumir extralimita, claramente, los ámbitos del Estado”.

Chile tiene una balanza comercial silvoagropecuaria superavitaria de cerca de US$8 mil millones en 2021, en donde nuestras exportaciones superan largamente lo importado, obteniendo así tanto los beneficios de estar en contratemporada con el hemisferio norte, como por las puertas de entrada que tenemos abiertas gracias a los acuerdos de libre comercio. El mayor superávit, US$6,8 miles de millones, lo tenemos con APEC, excluyendo EE.UU., en donde China es uno de nuestros compradores más dinámicos. Luego viene NAFTA, con quien tenemos superávit de US$3,1 miles de millones, seguidos con una cifra más moderada, de US$1,1 miles de millones, con la Unión Europea. En cambio, con Mercosur tenemos un déficit de US$4,4 miles de millones que incluye nuestras compras de trigo, maíz, azúcar y carne de vacuno, entre otros.

Cada uno de los productos incluidos en nuestra canasta exportadora son reflejo de nuestras ventajas comparativas y de años de inversión en todos los aspectos de la cadena de valor, para así lograr acercarnos a hacer de Chile una potencia agroalimentaria. De hecho, el éxito de las cerezas en China dan cuenta de aún existe espacio para crecer mucho más con productos innovadores.

Tener al Estado tomando las decisiones de qué alimentos producir, cuáles pueden ser exportados y cuáles no, es el camino incorrecto. Para ello, basta recordar que en el Pacto Andino se le asignó a Chile el sector metalmecánico, sin que existiese la palabra fruta o salmón entre los productos que nuestro país podría desarrollar, pero los innovadores chilenos abrieron finalmente una senda que ningún burócrata imagino.(El Líbero)

El Banco Central reportó que durante el 2021 las remesas que se envían desde Chile alcanzaron a US$2.900 millones, con un incremento de 45% con respecto a lo observado en el año previo. De hecho, prácticamente se multiplicaron por 10 en la última década, ya que en 2010 eran de US$327 millones.

Este sustancial incremento evidentemente guarda relación con el shock migratorio por el cual ha atravesado nuestro país y para ello basta recordar que el stock de inmigrantes saltó de 700 mil personas a cerca de 1,5 millones en menos de 5 años. Muchos de los recién llegados dejaron a sus familias en el país de origen con la esperanza de trabajar un tiempo en Chile, enviarles dinero y poder volver en algún momento.

El monto promedio enviado mensualmente es de US$242 y los principales países receptores son Colombia, Perú y Haití. El reporte no incluye a Venezuela, a pesar de ser actualmente la población inmigrante predominante, ya que las cifras reflejan las divisas que son enviadas a través de canales formales; en el caso de los venezolanos, estos utilizan aplicaciones de reparto de alta presencia en América Latina, así como Paypal u otros mecanismos.

A pesar de no tener información sobre las transferencias realizadas por venezolanos, la cifra formal da cuenta de la magnitud de la masa salarial generada por los inmigrantes, ya que dependiendo de las condiciones individuales, pueden llegar a enviar en torno a un 30% del ingreso generado en Chile.

Hay países en donde lo recibido por remesas representa la principal fuente de divisas y de hecho en el caso de Centroamérica es posible ver el caso de la emigración de una parte importante de la población en la década de los ochenta, debido a la guerra civil, debiendo afincarse en otros destinos como Estados Unidos. Finalmente, no volvieron a su patria y envían regularmente dinero a quienes aún permanecen ahí.

Ahora bien, los chilenos que residen en el extranjero envían US$336 millones anuales y dicha cifra no ha cambiado sustancialmente en la última década, por lo cual la balanza de remesas, esto es, lo que sale versus lo que entra, es crecientemente negativa para Chile. Por cierto que este déficit es financiable y tiene tras de sí el aporte al PIB que realizan dichos inmigrantes. Lamentablemente, y al igual como ha pasado en otros países, hay momento en que la llegada de extranjeros genera reacciones contrarias, por lo cual avanzar en el control de la ilegalidad en el ingreso al país así como la formalización de las relaciones laborales son elementos indispensables para que todo el aporte que realizan los extranjeros en Chile genere su máximo provecho.

Tomás Flores

El Mecanismo de Estabilización de precios de los Combustibles (MEPCO) fue creado en julio de 2014 con la finalidad de establecer un sistema de estabilización de los precios de venta internos de gasolina automotriz, del petróleo diesel, del gas licuado de petróleo y del gas natural comprimido, ambos de consumo vehicular. Este mecanismo opera a través de incrementos o rebajas a los impuestos específicos a los combustibles.

Este mecanismo contiene en su diseño original un subsidio máximo a otorgar de US$500 millones, de manera tal que si los egresos superan dicha cifra, se desconectan las rebajas de impuestos y los precios internos deben reconocer el alza del precio internacional y/o el tipo de cambio nominal, que son los dos determinantes del precio doméstico. Pues bien, entre 2014 y principios de este año, el subsidio total se mantuvo en dicho rango y, de hecho, durante la baja mundial del precio, producto de la pandemia, permitió cobrar impuestos transitorios que consiguieron recuperar los gastos previos.

Esta realidad comenzó a cambiar radicalmente en los últimos meses dada el alza internacional del precio de los refinados así como la devaluación de nuestra moneda, lo cual ha llevado a que el subsidio mensual haya subido desde US$146 millones en febrero pasado a cerca de US$500 millones durante mayo. Este sustancial cambio ha obligado a elevar el techo del subsidio en dos oportunidades y hoy día probablemente el ministro Marcel anunciará un nuevo incremento de entre US$$1.000 y US$2.000 millones, lo cual al ritmo de gasto actual no alcanzaría para llegar a fin de año.

En la actualidad, la gasolina 93 octanos tiene un impuesto específico de $340 por litro y recibe un subsidio de $410 por litro; es decir, por cada litro de gasolina 93 que se vende hoy en Chile el gobierno entrega un subsidio neto de $70 por litro. La gasolina 97 octanos tiene un impuesto específico de $340 por litro y recibe un subsidio de $462 por litro; es decir, por cada litro de gasolina 97 que se vende hoy en Chile el gobierno entrega un subsidio neto de $122 por litro. El petróleo diesel tiene un impuesto específico de $85 por litro y recibe un subsidio de $328 por litro; es decir, por cada litro de diesel que se vende hoy en Chile el gobierno entrega un subsidio neto de $243 por litro. Eso es tres veces mayor que el impuesto permanente.

Los mercados futuros anticipan nuevas alzas para el petróleo crudo y los refinados, por lo cual a pesar de un traspaso paulatino de cerca de $7 por semana, estamos ante un desequilibrio sustancial que requerirá probablemente, en un contexto de estabilización mundial, más de un año de impuestos adicionales para recuperar la magnitud de recursos involucrados en esta contención de precios. No será fácil, para el mundo político, permitir impuestos adicionales y altos precios internos en un contexto en donde los precios mundiales estén a la baja semana tras semana.

De esta manera, el anuncio de una nueva millonaria inyección de recursos solo posterga el problema y genera una distorsión de precios que se hace cada vez más significativa. Al ocultar el verdadero costo de oportunidad de los recursos escasos, no genera los incentivos para optimizar el consumo y darnos cuenta de que al final la vaina nos está costando hasta tres veces más cara que el sable. (El Líbero)

Tomás Flores

La actual Constitución establece que: “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado”.

Este inciso contiene de manera explicita dos principios básicos para permitir al Estado a realizar actividad empresarial, esto es, un amplio acuerdo en el Congreso y la obligación de regirse por la legislación común aplicable al resto de la industria.

Estas reglas cambian de manera sustancial en la nueva propuesta constitucional, ya que se indica que: “El Estado tendrá́ iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá́ desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine. Sin perjuicio de esto, en lo pertinente, serán aplicables las normas de derecho público sobre probidad y rendición de cuentas”. Como se puede apreciar, ahora la creación de una empresa pública sólo requeriría ley simple y podría tener reglas que sean diferentes a las vigentes en el sector privado.

Abrir ampliamente la puerta nuevamente al Estado empresario, genera el temor de que la empresa estatal sea llevada, entre otros objetivos, a efectuar redistribución del ingreso a fin de obtener el apoyo político buscado por un Gobierno en su política de precios. Ella se caracteriza por proveer de bienes y/o servicios a los grupos de mayor poder político con precios inferiores a los costos de producción, lo cual es sostenido en el tiempo por el acceso a aporte fiscal o deuda garantizada. De hecho, no es inusual que, a pesar de lo anterior, iniciativas como la Farmacia Popular de Recoleta tengan actualmente serios problemas de cumplimiento con sus proveedores, además de aparentes problemas de gestión interna que la tienen al borde de la quiebra.

Más sorpresivo aun sería el anuncio de que el Ministerio de Transporte desearía crear una empresa estatal de telecomunicaciones para zonas extremas. De hecho, Pedro Huichalaf, ex subsecretario del ramo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, le señaló a DF: “Tenemos el mejor índice de cobertura, servicio y la brecha digital más reducida de la región. Tener una empresa sólo para cerrar la brecha o estar en sectores menos de mercado, es complejo, porque no sólo tiene que crearse, sino tener los recursos para el despliegue de la red y las frecuencias disponibles. Y veo difícil, no imposible, hacerlo en este momento. No veo qué tan relevante y diferenciador sería”.

Jorge Atton, a su vez señala que: “Hacer una empresa estatal es un retroceso contra la lógica. Varios países están saliendo del modelo estatal, hasta Venezuela está abriendo la propiedad de las telecomunicaciones a privados”, y agrega que sería una competencia desleal para los actuales actores, porque la entrega de espectro podría no pasar por los mismos procesos competitivos actuales; y además sería ineficiente, ya que serían necesarios unos US$ 15 mil a US$ 20 mil millones para hacer a una empresa competitiva desde cero.

La experiencia del Estado empresario no ha sido exitosa en Chile, ni en otros países, por lo cual abrir nuevamente esa puerta requiere de una reflexión profunda que no parece estar presente en los constituyentes. (DF)

Tomás Flores

Hasta julio del año pasado, la inflación anualizada se encontraba estable en el rango meta, entre 2 y 4%. En pocos meses se aceleró de manera sustancial, terminando el año 2021 en 7,2%. En la actualidad, la cifra en 12 meses va en 10,5% y es muy probable que en junio próximo llegue a 12%. Este cambio significativo en el ritmo de incremento de los precios lleva a que, por ejemplo, en la encuesta Pulso Ciudadano, realizada entre el 10 y 13 de mayo, el 45% diga que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes; el 42% dice que llega justo y el 13% que le queda algo para ahorrar. Al segmentar las respuestas por grupo socioeconómico, el 61% de los grupos D-E indican que no llegan a fin de mes. Es necesario señalar que hasta agosto del año pasado no existía la mención del problema inflacionario por parte de los encuestados.

Ante estas alzas de precio, la encuesta Criteria señala que las personas sienten ira, miedo o tristeza y que el gobierno debería reducir el IVA a los productos básicos, fijar precios de los mismos, subir el salario mínimo o dar bonos para adquirir ciertos productos. Por último, la encuesta Plaza Pública da cuenta de que la segunda razón más relevante para rechazar al gobierno, después de la delincuencia, es el aumento del costo de la vida.

Estas mediciones reflejan de buena manera la reacción que tiene la población ante el fenómeno inflacionario, sobre todo si las divisiones que lideran las alzas son transporte, combustibles principalmente, y alimentación, con aumentos en 12 meses de 21,4% y 14,8% respectivamente. Esto provoca un malestar generalizado que supera largamente lo observado ante el aumento del desempleo, ya que si bien en tiempos de recesión no es inusual ver tasas de desocupación superiores a 20%, aún existe cerca del 80% de la fuerza de trabajo con empleo.

En el caso de Chile, la experiencia de la hiperinflación es lejana en la memoria colectiva y son muchas las generaciones que han disfrutado de la estabilidad de los precios. Son ellas justamente las más sorprendidas con lo que están observando en la actualidad, produciéndose un fenómeno curioso no observado en otras ciencias. Por ejemplo, hace siglos se ponían sanguijuelas a las personas enfermas para que recuperaran la salud, lo que posteriormente fue descartado gracias al avance de la ciencia médica y en la actualidad sería muy extraño que alguien recomendase dicho tratamiento. En el área económica, actualidad vemos cómo algunos recomiendan fijar precios para combatir la inflación e incluso lo implementan, como es el caso de Argentina, a pesar del fracaso que tiene tal medida para frenar la aceleración del costo de la vida.

Afortunadamente, nuestro Banco Central es autónomo y desde mediados del año pasado inició una ofensiva contra la inflación. Eso, unido al ajuste fiscal, en donde el gasto público 2022 caerá en cerca de 25,2% con respecto a lo ejecutado el año pasado, y al cese de los retiros de los fondos previsionales llevará a que la inflación cambie de tendencia a partir de inicios del segundo semestre, tal como se ha observado incipientemente en los Estados Unidos, que exhibió un incremento anualizado de 8,3%, algo más bajo que lo registrado el mes previo.

La inflación es un fenómeno económico de profundo impacto en la población, en donde el gobierno de turno sufre el deterioro de su popularidad debido a la caída del poder adquisitivo que se acentúa mes tras mes. Es muy importante mantener el timón firme y no caer en soluciones que, si bien parecen populares -como es la fijación de precios-, terminan agravando el problema, tal como hemos visto tantas veces en la historia reciente.

Tomás Flores

Chile es una economía pequeña, con poca población y un ingreso per cápita medio, por lo cual si nos vendemos cosas entre nosotros, no es mucho lo que podríamos crecer. Debemos salir a exportar nuestros productos al resto del mundo, tal como lo han hecho países similares a nosotros en las últimas décadas. De esa manera, a lo largo de varios años, Chile ha firmado 31 acuerdos de libre comercio con 65 economías, que representan a cerca del 88% del PIB mundial, con lo cual es probable que este año llegaremos a exportar cerca de US$ 100 mil millones, equivalente a un tercio de nuestra economía, porcentaje que supera largamente al resto de los países latinos.

Dichos resultados corresponden a una estrategia de integración con el mundo, donde se analizaron las ventajas comparativas, los tamaños de los potenciales socios y las perspectivas de creación de nuevo comercio. De esta manera, en los últimos 30 años, nuestros envíos a Asia subieron, en participación, de un 28% a 58%, mientras que las dirigidas a América Latina se han mantenido en un 13% del total.

La propuesta de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente señala que: “Las relaciones comerciales de nuestro país con la comunidad internacional responderán a los intereses de los pueblos de Chile, los derechos de la Naturaleza, y la crisis ecológica global, estableciendo como prioridad el fortalecimiento de los mercados locales y territoriales del Estado Plurinacional, en segundo lugar, el intercambio con los países vecinos y de la región latinoamericana, y en tercer lugar con el resto del mundo”.

Imponer constitucionalmente el orden de prioridad de las relaciones comerciales es un gran error, ya que obligaría a que nuestros esfuerzos estuviesen centrados en la región latinoamericana, dejando en un tercer plano la profundización de acuerdos como el vigente con India, la suscripción del TPP 11 o la activación del plan África.

De hecho, dicha propuesta constitucional tiene cierta semejanza a los principios que inspiraron al Pacto Andino a fines de los sesenta, donde se intentaron establecer barreras arancelarias comunes y planes de desarrollo industrial. En relación al primer tema, basta señalar que en 1974 Chile presionó para que se adoptara una protección arancelaria máxima del 10%, mientras que Perú pedía una protección mínima del 150%, Colombia una protección media del 70% y Bolivia y Venezuela una protección máxima del 100%.

En los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, que buscaban planificar la distribución de industrias en la región conforme a una equitativa distribución de beneficios y al aprovechamiento de los recursos existentes en cada país, también hubo una discusión sustancial, en donde, por ejemplo, Venezuela deseaba el mayor porcentaje de fabricación de autos, aduciendo su tamaño de mercado. A Chile, por su parte, se le asignó el sector metal mecánico, sin que la palabra fruta o salmón existiera en los manuales de planificación. De esta manera, estas diferencias, así como la generada a partir del rol de la inversión extranjera, desencadenó la salida de Chile del Pacto Andino en 1976.

En conclusión, Chile debe perseverar en la ruta que ha recorrido por varias décadas, sin forzar una integración con América Latina que se sustente sólo en motivaciones ideológicas y que puede desembocar en un proteccionismo comercial que afortunadamente dejamos atrás hace muchos años. (El Líbero)

Tomás Flores 

Durante la semana pasada se aprobaron en el pleno de la Convención Constitucional una serie de normas relacionadas con las relaciones laborales, entre las cuales se encuentra otorgar el derecho a huelga a los empleados públicos.

Los funcionarios públicos, tanto en Chile como en la mayoría de los países del mundo, no tienen derecho a sindicarse, esto es, constituir sindicatos que puedan negociar colectivamente y, en el caso extremo, declarar la huelga. Lo anterior no limita el derecho a asociarse, a través de asociaciones de funcionarios, sin que éstas puedan negociar colectivamente y declarar la huelga.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios públicos ejercen -en los hechos y sin muchas limitaciones- el derecho a sindicalización, negociación colectiva y huelga, con grave daño al principio de continuidad del servicio público y para ello basta recordar la paralización del Servicio del Registro Civil e Identificación de 2015, que se extendió por treinta y nueve días, con cerca de un millón de tramites postergados, así como la paralización del Servicio Médico Legal, con los lamentables efectos en los deudos que deseaban dar sepultura a sus parientes. De hecho, de acuerdo con el estudio de Pablo Obregón (2015), en el período 1990-2014 los empleados públicos paralizados perdieron el triple de días/hombre de trabajo que los trabajadores del sector privado (27,6 millones vs. 9,6 millones de días/hombre).

Ahora bien, la razón de esta prohibición de huelga para los empleados públicos se expresa de manera nítida en la aseveración del ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza (2016), quien señaló:

“Ello no puede importar desatender la circunstancia singular de que quienes sirven en el Estado y para él, ejercen su actividad en un centro monopólico de servicios donde no hay mercado, de modo que no se puede elegir. No tengo otro Registro Civil donde acudir. No tengo otro Instituto Médico Legal donde acudir. No tengo otro consultorio que me atienda. No existen otras cárceles donde dejar a nuestros detenidos”.

De esta manera, el ex contralor Mendoza expresa de manera clara la razón por la cual en muchos países no existe derecho a huelga para los empleados públicos, dado el carácter monopólico que tienen sus servicios, lo cual lleva a que en el evento de declararse la paralización ilegal, dichos funcionarios públicos dejan sin atención a los ciudadanos, sin que ellos tengan alternativa alguna de buscar otro proveedor.

De hecho, hay empresas privadas donde también existe dicha restricción, como las relacionadas con servicios básicos, ya que de otra manera, por ejemplo, los sindicatos de una empresa sanitaria podrían cortar el suministro de agua a Santiago y tomar de rehenes a millones de consumidores, quienes clamarán que se les otorgue a los sindicatos todo lo que piden con tal de que vuelva el suministro.

Entiendo que el Estado no es siempre un buen empleador y que contrata por décadas a varios de sus funcionarios a honorarios, pero existe una carrera funcionaria y salarios, que en promedio, superan en varios de sus escalafones a los observados en el sector privado.

De esta manera, lo aprobado por la Convención en esta materia crea la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan ejercer dicho poder monopólico, teniendo a los ciudadanos de rehenes, para obtener aumentos de salarios superiores a los explicados por la mayor productividad, lo cual sin duda sería un retroceso en la calidad de los servicios prestados. (DF)

Tomás Flores

Los sucesivos retiros han generado efectos sobre la estructura y profundidad del mercado de capitales, así como sobre la trayectoria del consumo de las familias y la consiguiente inflación. Sin embargo, el efecto redistributivo ha sido analizado en menor cuantía y si bien hay grandes números que nos permiten esbozarlos, sobre todo cuando los retiros son exentos de impuestos, es necesario tener un detalle más profundo.

Al respecto, un interesante estudio de Elisa Cabezón, directora ejecutiva de Perspectivas -un observatorio de pensiones y mercado laboral– en base a “Historia de Afiliados y Pensionados”, HPA, realiza una simulación sobre el destino que tendría un quinto retiro de fondos previsionales para cada grupo socioeconómico, por un monto total de US$16.700 millones.

Para ello se subdivide la población en 5 grupos, en donde cada uno de ellos representa el 20% de la población residente en Chile, esto es chilenos y extranjeros viviendo en nuestro país. Cada grupo se denomina quintil; el primero representa el 20% más pobre de la población, mientras que en el otro extremo, el quinto quintil es representativo del 20% más rico. Esta denominación es de uso habitual en políticas públicas y es así como la gratuidad en educación superior llega hoy día hasta las familias incluidas en el tercer quintil.

Pues bien, si se retiran US$16.700 millones desde los fondos de pensiones, el primer quintil recibiría cerca de US$567 millones, equivalentes al 4% del retiro total, mientras que el quintil más rico obtendría US$6.363 millones, esto es, el 37% del retiro total. Es decir, si se realiza el quinto retiro universal, el quintil más rico obtendrá 11 veces más dinero que el quintil más pobre. Este fenómeno se produce porque en el quinto quintil es más frecuente encontrar trabajadores formales y hogares con mayores ingresos, por lo cual esta política pública de los retiros exhibe una alta ineficiencia, ya que beneficia en menor proporción a las familias más pobres, en donde varias de ellas ya no tienen saldo en sus ahorros previsionales.

Ahora bien, siendo una política pública que beneficia en mayor proporción al quinto quintil, sus efectos impactan a toda la población, como es el caso de la inflación, que daña en mayor proporción a los más pobres que perciben de manera nítida la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, no debe sorprendernos que en las recientes encuestas el tema inflacionario ocupe los primeros lugares en las preocupaciones de la ciudadanía, con el consiguiente impacto sobre la aprobación gubernamental.

A partir del primer retiro, que se aseguraba sería el único, la puerta quedó abierta y es así como tenemos ahora tanto una moción parlamentaria como un proyecto de ley del gobierno para un quinto retiro, mientras que otras cuatro iniciativas ya esbozan el sexto. Lamentablemente, aquellos que hoy deben enfrentar los retiros hace poco tiempo atrás fueron quienes los alentaron y desoyeron las advertencias de todos los expertos.  (El Líbero)

Tomás Flores

El proceso migratorio responde a diversas causas, tales como huir de la barbarie de un ejército invasor -como vemos actualmente en Ucrania- o escapar de la persecución política o racial. Asimismo, es también muy probable que buscar un nuevo país tenga por objetivo obtener una mejor remuneración y con ello ayudar a los familiares que quedan en casa.

En las últimas décadas, las mejores condiciones económicas de Chile comenzaron a atraer inmigrantes desde Perú y, de manera reciente, a personas desde Haití y Venezuela, lo cual ha generado un cambio sustancial en numerosas dimensiones de nuestra sociedad. En el mercado del trabajo, en particular, el INE estima que en el trimestre dic.2021-ene.2022 hubo cerca de 1 millón de ocupados de origen extranjero, lo cual representa cerca del 11% del total de personas que trabajan en Chile. Las cifras se refieren al mercado laboral, ya que al considerar el total de inmigrantes viviendo en Chile, cerca de 1,5 millones, ellos representan cerca del 7,8% de la población total en nuestro país, lo que comparado con la participación laboral da cuenta de la gran cantidad de extranjeros que vienen exclusivamente a trabajar, enviar dinero a su familia, con la esperanza de que en algún momento podrán volver a su hogar o tal vez traer a su familia a Chile y hacer una nueva vida aquí.

Esto ha generado un fenómeno habitual, observado en varios países, en donde hay ciertas actividades en donde ya no hay chilenos, tal como ocurre hace décadas en Estados Unidos, ya que es muy inusual encontrar un conductor de un taxi en Nueva York que haya nacido en EE.UU. Este efecto desplazamiento es habitual y las experiencias de otros países que ya han atravesado por esto es mantener alto nivel de formalidad, de manera tal que no se genere un grupo de inmigrantes ilegales, con trabajo precarios, temerosos de un Estado que los puede deportar y en donde se comienza a cultivar un odio creciente hacia la sociedad que los recibió.

Ahora bien, este millón de ocupados extranjeros obtienen su ingreso y parte de él lo envían a sus familias que están en los países de origen. En 2006, el total de esas remesas era de US$238 millones, lo que al 2016 había subido a US$774 millones y que en 2021 se empinó hasta US$2.894 millones. Es decir, en menos de 15 años las remesas se han multiplicado por 24 veces.

Hay países en donde esos dineros son importantes para la actividad económica, como es el caso de Centroamérica, en donde la guerra civil de los ochenta generó la huida de muchas familias hacia Estados Unidos, donde ya se han asentado, y en la actualidad envían dinero a los parientes que se quedaron allí. En el caso más reciente, el gobierno venezolano intentó frenar dichas transferencias hasta que se dieron cuenta de que era un volumen sustancial de dólares que ingresaban a esa alicaída economía, en donde el salario mínimo es de US$29 mensuales aproximadamente, por lo cual recibir una transferencia, de por ejemplo US$150,  hace una diferencia significativa en la calidad de vida.

En el caso de los chilenos que viven en el extranjero, las remesas se han mantenido estables, ya que en 2006 era de US$238 millones, mientras que en el año pasado fueron US$336 millones; es decir, un incremento muy modesto.

De esta manera, al tener Chile un 7,8% de población inmigrante, estamos aún un poco lejos de los porcentajes que exhiben España y Estados Unidos, que llegan a 13% y 15% respectivamente, por lo cual la nueva regulación y su implementación es crucial para determinar la realidad que vivirá Chile, en esta materia, en una década más. (El Líbero)

Tomás Flores 

La industria sanitaria en Chile se desarrolló hasta la década de los ochenta bajo el alero del Estado, como un servicio provisto por este a la población. En dicho contexto, la inversión en el sector fue preferentemente pública y debía competir con otras prioridades de inversión del gasto público, incluyendo el destinado a áreas sociales.

En 1993, se realizó la primera privatización de servicios sanitarios del Estado, cuando se otorgó la concesión por 30 años de un área costera del litoral sur de Esval. En 1995, el gobierno del Presidente Frei comienza una estrategia para aumentar las inversiones incorporando al sector privado y así poder liberar recursos estatales de esta tarea.

De esta manera, los montos invertidos en la industria comienzan a crecer paulatinamente: de US$70 millones anuales en los ochenta, a US$277 millones en los 2000, bordeando los US$436 millones promedio anual en la década del 2010. Así, la participación del sector privado trajo consigo montos de inversión que difícilmente podría haber aportado el Estado, ya que, en el dilema de toda empresa pública, debe competir con el resto de los proyectos del gobierno, siendo habitualmente postergada.

Estas inversiones han generado varios impactos, en donde el tratamiento de aguas servidas es sustancial. Para quienes fuimos niños en los sesenta o setenta, era común haber padecido tifus en algún momento de la vida; siempre vimos cómo nuestras madres lavaban escrupulosamente todas las verduras antes de ponerlas en la mesa. Algo mayores, vimos cómo en las competencias universitarias de carreras en el Mapocho se generaban muchos enfermos por haber estado en contacto con el agua del río. Nada de eso existe hoy, y es así como Chile lidera el porcentaje de aguas tratadas (https://data.oecd.org/water/waste-water-treatment.htm), superando a países como España, donde es del 88% y México, donde se trata el 66% de las aguas.

De igual manera, Chile es de los pocos países donde se puede tomar agua de la llave sin tener temor a enfermarse. De hecho, de acuerdo al reporte para viajeros (https://www.globehunters.ca/blog/safe-tap-water.htm), los únicos países de América donde es seguro tomar agua de la llave son Chile, Estados Unidos y Canadá.

Por último, al analizar la tarifa por metro cúbico podemos apreciar que de acuerdo al Global Water Intelligence del 2020, en una muestra de las principales 558 ciudades del mundo, la tarifa en Santiago se encuentra en el lugar 358, a pesar de las condiciones semi-desérticas de dicha cuenca.

Pues bien, hay un grupo de constituyentes que plantea que el Estado debe volver a tomar el control del sector sanitario, ante lo cual cabe preguntarse ¿qué ganaríamos con eso? En  la actualidad tenemos un sector sano, con crecientes montos de inversión, buena calidad del agua potable, completo tratamiento de aguas servidas y una tarifa competitiva. ¿En cuál de estos atributos el Estado podría hacer mejor? Creo que en ninguno.

Tomás Flores

La invasión rusa ha generado creciente incertidumbre en los mercados. Es probable que Vladimir Putin pensara que la rendición de Ucrania se produciría a los pocos días de iniciada y que el principal  debate se iba a referir a los términos de la ocupación militar y política, y el probable nombramiento de un delegado ruso que gobernase la Ucrania ocupada o el establecimiento de un gobierno títere. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, ya que la resistencia ha sido férrea y las sanciones económicas han generado un sustancial daño al sistema financiero y empresarial ruso, con el derrumbe de su moneda, el cierre a los mercados de capitales, el cierre de los puertos británicos a toda su flota y hasta la imposibilidad de usar una tarjeta Visa en el comercio.

El temor a los cortes de los flujos de comercio ha elevado sustancialmente el precio mundial de todos los commodities y es así como ayer el precio del cobre bordeó los US$5 por libra, mientras que el petróleo Brent superó a ratos los US$125 por barril. Estos precios récord han generado una discusión sobre el efecto que ello tendría en nuestra balanza comercial, para lo cual podemos ver las cifras del 2021.

El año pasado nuestras exportaciones alcanzaron a US$94.705 millones, de los cuales US$53.424 corresponden a cobre, en donde el precio promedio del año fue de US$4,23 por libra. En el caso de las importaciones, ellas totalizaron el año pasado unos US$83.806 millones, de los cuales US$12.316 millones corresponden a petróleo, combustibles refinados, gas y lubricantes, en donde el precio promedio Brent del petróleo fue US$70,4 por barril. De esta manera, nuestra balanza comercial tuvo el año pasado un superávit de US$10.899 millones.

Ahora, en los últimos tres días el precio del cobre ha bordeado los US$4,8 por libra, mientras que el del petróleo lo ha hecho en US$125 por barril. Así, al comparar estos precios con los observados en el promedio del año pasado, tendríamos un incremento de 13% en el cobre y de 78% en el petróleo.

Si suponemos que estos incrementos se prolongan durante el resto del año, lo que sabemos no ocurrirá, pero nos da una dimensión del efecto en la balanza comercial, tendríamos que las exportaciones de cobre subirían de US$53.424 millones (año 2021) hasta US$60.623 millones (2022), lo que implican ingresos adicionales por US$7.199 millones. En el caso del petróleo, las importaciones subirían desde US$12.316 millones (2021) hasta US$21.868 millones (2022); esto es un gasto adicional de US$9.552 millones. Es decir, el gasto adicional en petróleo es mayor que el incremento en  ingresos por cobre, lo que hace que nuestra balanza comercial empeore en US$2.353 millones.

De esta manera, aunque este es un ejercicio estático, da cuenta que el efecto neto de la guerra sobre nuestra balanza comercial es negativo, al tiempo que exhibe cómo el sustancial incremento en el gasto en combustibles deberá ser pagados por empresas y consumidores, mientras que cerca del 44% de los mayores excedentes del cobre los captura el fisco a través de los impuestos y el royalty. (El Líbero)

Tomás Flores