Eric Johanny Chinga Ferreira (1970) de Copiapo

Casado con Rosa Andrea Álvarez Bonilla

Eric Johanny Chinga Ferreira, 51, nació en 1970, en Copiapó. Es el octavo hijo de un trabajador minero, que lo crió en la capital de Atacama. “Crecí en una población de Copiapó, en una casa de barro donde había un brasero, jarras y horno de barro para el pan. Mi papá tenía su huerto y el patio nos proveía de la naturaleza. Además, él nos sanaba. Era reacio a ir al hospital o que tuviéramos contacto con médicos. Pero siempre me he autodefinido como diaguita urbano, porque mi crianza fue en la ciudad”, dijo en octubre a La Segunda.

• Tiene un hermano mellizo, Wilson Chinga, quien es concejal del Partido Comunista (PC) por Copiapó. Sus inicios políticos también fueron en la JJCC, donde militó en la década de 1980 y 1990, cuentan en su entorno. Actualmente se declara como un independiente de izquierda.
• Estudió banquetería y fue dirigente sindical. El sitio web del Servicio de Impuestos Internos registra que en 2015 abrió la empresa “Eric Chinga Ferreira Servicios de Alimentación”.
• Ha dicho que oficializó su pertenencia al pueblo diaguita luego de que en 2008 un pariente suyo de Vallenar consiguiera que el Estado reconociera que el apellido Chinga pertenecía a este pueblo. El proyecto de ley para aprobar el reconocimiento legal de pertenencia a este pueblo fue aprobado en 2006.
• Postuló a un escaño reservado con una plataforma basada en la plurinacionalidad y como representante de la Red Nacional Diaguita. Era el cupo de paridad de género de la abogada María Gabriela Calderón Álvarez, quien fue elegida con un 32,52% de las preferencias.

Natividad Llanquileo confirma que parte de los escaños reservados apoyarán a Eric Chinga para la presidencia y ella va por una vicepresidencia adjunta. 26 diciembre 2021

Forma parte de la Red Nacional Diaguita. Participó en la discusión sobre escaños reservados en el Senado. Dentro de sus principales propuestas está la conformación de un Estado Plurinacional con un corte ecológico.

Chinga se presentó a la Convención, pese a que fue contrario al acuerdo del 15-N. “Yo estaba porque se rompiera el sistema a través del estallido social; por medio de movimientos sociales, no por acuerdos políticos”, dijo en octubre a La Segunda.

• El 12 de diciembre de 2021 se oficializó la creación de la Coordinadora Plurinacional, integrada por Chinga, Godoy y Llanquileo, además de los ex Lista del Pueblo Woldarsky, Madriaga, Labraña, Pérez y Grandón. A ellos se sumarían luego la machi Linconao y Alfredo Bacián. El 29 de diciembre anunciaron que impulsarían la candidatura de Eric Chinga a la presidencia de la mesa y de Llanquileo a una de las vicepresidencias adjuntas.

Iniciativa constituyente Por la Disolución de los actuales Poderes del Estado y la creación de la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos. Ver sección, febrero 2022

50 convencionales solicitan en el reglamento cambiar «voto favorable de los dos tercios de los convencionales en ejercicio» por la frase «voto favorable de la mayoría» 11 febrero 2022

Sobre acuerdo oficialista: «Ellos no pueden arrogarse la representación de los pueblos indígenas» «Que aparezcan diciendo ‘aprueben para reformar’ es, insisto, confundir, poqur la misma propuesta constitucional tiene sus mecanismos para hacer reformas en el casoo de que se quiera hacer un cambio» «Por nuestra parte, de los exconvencionales de escaños reservados, no se conversó nada. Nos enteramos por la prensa» «Cuando fimos con nuestros votos como pueblos indígenas, voamos a favor de que Chile fuera indivisible. Nunca hemos estado en desacuerdo con eso» EM 14 agosto 2022

Cuatro exconvencionales que pertenecían a la Coordinadora Plurinacional y Popular cumplen funciones en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Valparaíso. Su llegada se concretó a solo días que se disolviese el órgano que redactó la propuesta constitucional que fue rechazada en el plebiscito de salida. Según informó La Tercera, se trata de Manuel Woldarsky, Tania Madriaga, Alejandra Pérez y Eric Chinga, los que se unieron al equipo de la Secpla, que define las políticas y coordinación de los programas y proyectos de la casa edilicia. Eric Cinga, en tanto, cumple funciones “transitorias de su especialidad en apoyo a gestionar para las organizaciones sociales y sus integrantes actividades en temas relevantes en el marco del programa comunitario de apoyo al fortalecimiento de actores sociales”. Por esas funciones, recibe un salario de $2.060.000. 10 septiembre 2022

PROPUESTA CONSTITUYENTE DIAGUITA
Gabriela Calderón Álvarez – Eric Chinga Ferreira

El presente documento es una propuesta constituyente general, para ingresar al SERVEL en tanto, se nos exige esta formalidad.

Red Nacional Diaguita  [email protected]

PROPUESTA PARA EL EJERCICIO CONSTITUYENTE
I. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Como representante del pueblo diaguita esperamos que nuestro país reconozca, en
primer lugar, sus raíces ancestrales evidenciadas en las culturas y tradiciones de los
integrantes de los 10 pueblos indígenas que habitan desde tiempos inmemoriales este territorio, denominado Chile. Esperamos que en el proceso de reconocer, se busque la sabiduría de todas las culturas que nos conforman como país, respetando a nuestra Pacha Mama, por lo que postulamos que le reconozcamos como un ente sujeto de derechos dejando de lado la visión antropocéntrica a una de carácter ecocéntrica, especialmente, en estos momentos por el cambio climático y los efectos que ha tenido esta visión de la tierra como un instrumento que puede ser explotado y sobre explotado poniendo en peligro el equilibrio del sistema completo el cual, también, integramos. Este profundo compromiso es para con el presente y el futuro, permitiéndonos construir una sociedad en armonía con la diversidad y la naturaleza (El Buen Vivir): Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las organizaciones generando un país democrático de verdad, que busca la paz y ejerciendo nuestra soberanía en el más amplio aspecto del concepto. Todo lo anterior, con la generación de un nuevo pacto social (Constitución Política de Chile).

Creemos que la Constitución debe apuntar a una nueva estrategia de desarrollo que nos
permita utilizar los elementos que nos otorga la Pacha Mama de manera respetuosa,
rompiendo con la lógica del extractivismo. Por ello, creemos fundamental que todos estos elementos sean plurinacionalizados (cobre, litio, etc.) Por otra parte, es fundamental que el agua como elemento vital, generador de la salud y equilibrio del sistema sea considerada un Derecho Humano, pero con la espiritualidad que nos otorga nuestra cosmovisión. Como pueblo diaguita es importante enfatizar que nuestra territorialidad está sujeta al reconocimiento de las comunidades agrícolas como eslabones perdidos de nuestras formas de producción comunitaria y que consideramos fundamental que el nuevo marco jurídico se haga cargo del fortalecimiento de estas entidades y se les declare territorios indígenas a aquellas áreas que ya poseen con los estudios pertinentes y que así lo validan.
Así mismo, que reconocemos el valor de las comunidades hoy realmente constituidas
en su propia espacialidad y en su rol de espacios de organización de la memoria activa del Pueblo Diaguita, por tanto, creemos que es necesario se reconozca su pertenencia territorial, especialmente en los valles del Aconcagua y el Mapocho. Todo esto nos lleva a otro aspecto fundamental a respetar y resguardar por el nuevo pacto social es la SOBERANÍA ALIMENTARIA, especialmente, en lo que respecta a que nuestros valles recuperen su capacidad productiva ancestral y la protección de las semillas.

Queremos que la nueva constitución se haga cargo de una forma de construcción del
saber y el conocimiento, donde se haga efectiva la participación inclusiva de nuestras
actorías, a través de la descentralización y desconcentración de los recursos, más allá de las instituciones académicas tradicionales, para investigación (pudiendo las organizaciones y personas de cada pueblo hacer uso de ellos para la defensa de los
territorios y la reconstrucción de las memorias colectivas).
Proponemos como elemento fundamental de nuestro ejercicio constituyente, la apertura hacia nuestros hermanos para la formulación de la Constitución a través de espacios consultivos constantes y, con ello lograr que todo nuestro trabajo sea participativo y transparente hacia aquellos que confíen en nosotros para el proceso que se nos acerca.
Siendo un criterio importante, que este trabajo (programa) es una construcción abierta y permanente.

II. ANTECEDENTES SOCIO-HISTÓRICOS DE NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL:
Las huellas de nuestros antepasados se despliegan de este lado de la cordillera desde lo que hoy conocemos como valle del Mapocho hasta el Copiapó; los mismos antepasados que dieron resistencia al invasor español y sobrevivieron al exterminio y la esclavitud durante La Colonia.
Abrazamos la República y su promesa de emancipación, engrosamos sus filas pero en ese proyecto no había espacio para los pueblos originarios y el extractivismo se instaló a sus anchas, secando los ríos, cerrando las rutas y aislando las comunidades. Ya antes nuestras idolatrías habían sido extirpadas a la sombra del pueblo de indios, y así, nuestra lengua censurada, pero nunca perdimos la voz.
Seguimos cultivando los valles de sol a sol, abriendo las entrañas a la tierra para escarbar sus metales, tejiendo y bordando nuestras vidas, dando forma a la greda y a las ciudades, y seguimos cantando versos que asombran a la humanidad.
Largo ha sido, generación a generación, el camino recorrido; lenta la toma de conciencia y el resurgir del orgullo, luego de siglos de sometimiento, pero la semilla
ha sido guardada y hoy brota una generación de diaguitas que está dispuesta a romper para siempre con este ciclo.

A fines del siglo XX los reclamos por la exclusión permanente de nuestro pueblo se hicieron sentir y el año 2006 se rectificaba la ley 19.253 para ser incluidas en el listado de Pueblos Originarios; pero dicha inclusión no se hizo cargo de las particularidades del Pueblo Diaguita, ni de sus formas de sobrevivencia ni las territorialidades, sin embargo, a su alero se desató una vorágine de constitución de comunidades, dando fuelle a la urgente necesidad de reunirnos, de volver a juntarnos, de entrar a la ronda y hacer sonar los silbatos. Para el CENSO de 2017 ya éramos casi cien mil almas que nos adscribimos al Pueblo Diaguita y se acopian en las oficinas de CONADI las solicitudes de certificación y constitución de asociaciones y comunidades. A pesar de esto, hasta hoy no ha sido posible que se nos reconozcan derechos territoriales y día a día perdemos la batalla frente a la expansión de la minería y los monocultivos, día a día es destruido nuestro patrimonio
arcaico y presente.
Pero las cacerolas anuncian la buena nueva, desde octubre de 2018 no hay sabios ni
censores que puedan negar el inicio de un nuevo ciclo para los pueblos en Chile. El
derribamiento de la estatua de Francisco de Aguirre y el cambio de nombre de su calle por Avenida Diaguitas son señales inequívocas de la necesidad de refundar el pacto social, político y territorial que le da nombre a Chile y como Pueblo Diaguita entendemos que parte de nuestro futuro se juega también en el respeto y reconocimiento a cada uno de los pueblos en su propia particularidad, y en la participación activa y permanente de cada una de las instancias que el período requiera. Es por eso que hoy asistimos a este proceso, la escritura de una nueva constitución, con la esperanza intacta y la experiencia de la memoria activa para compartir y aportar con el resultado de nuestro trabajo colectivo, síntesis abierta de cada una de las instancias de asambleas y congresos donde permanentemente discutimos sobre nuestra situación y la de nuestros territorios.
Asistimos a este proceso, poniendo a disposición del Pueblo Diaguita, sus comunidades, asociaciones y personas, este programa de trabajo, hoja de ruta para la reconstrucción del presente de nuestro pueblo y el de los demás pueblos de Chile.

III. CONSULTA CONSTITUCIONAL INDÍGENA (03 de noviembre 2017):
No podemos dejar de lado el trabajo realizado anteriormente, en torno a este proceso; por eso queremos hacer eco de la Consulta Constitucional indígena realizada el 03 de noviembre del 2017 y los elementos claves que en dicha consulta se acordaron y que a continuación detallamos de manera sintética y agrupados como Sistema de Derechos:

b. Derechos sociales:
Consideramos estos derechos como aquellos que defienden la importancia de la
integración personal a través de objetivos importantes como el acceso al mercado laboral,
el derecho a la salud, a la educación, entre otros, por ello en esta categoría incluimos:
● Reconocimiento del derecho de los Pueblos Indígenas a conservar, fortalecer y
desarrollar su historia, identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones
propias.
● El deber del Estado de preservar la diversidad cultural del País

● Reconocimiento y protección de los derechos culturales y lingüísticos de los
Pueblos Indígenas, su patrimonio cultural, material e inmaterial.
● Principio de igualdad y no discriminación
● Que la Constitución reconozca la salud intercultural, así como su medicina y salud
tradicional.
● Que el Estado reconozca constitucionalmente, la soberanía de los territorios en
que nuestros pueblos habitan, es decir, la reivindicación territorial. Respecto de ello, se entregó un proyecto de redacción: “Que el Estado de Chile es el único propietario de las aguas en todos los niveles y lugares del territorio del país, ya sean subterráneas, así como superficiales, considerando la misma en todos sus estados y formas; asimismo y en consideración a la preexistencia de los derechos que le asisten a los pueblos indígenas, estos tendrán el dominio o propiedad en los mismos términos que el Estado, en los territorios que ellos son titulares.”

c. Derechos civiles y políticos:
Derechos políticos:
● Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural.
● El derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas se ejercerá en el marco de la nueva Constitución.
● Representación y participación política: Que la Constitución establezca una representación política real tanto en el Congreso Nacional como en todo órgano colegiado de elección popular, respetando la cosmovisión dual de los pueblos originarios.
Derechos civiles:
● Se espera que el Estado consulte a nuestros pueblos, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, de la forma y bajo los criterios que establece el Convenio Nº 169 de la OIT, elevando este tratado a rango
constitucional.

I. Fundamentos
El modo de producción capitalista, dominante en todo el planeta, tiene consecuencias nefastas para la humanidad y el conjunto de la naturaleza. Ese modo de producción no tiene como objetivo generar mejores condiciones de vida a los seres humanos y mantener una relación armónica entre la humanidad, los demás seres vivos y el conjunto de la naturaleza. El principal objetivo de la producción capitalista es producir cada vez más mercancías y servicios para venderlos en el mercado y con eso enriquecer a los dueños de las grandes empresa, bancos y especuladores.
El capitalismo lleva necesariamente a la destrucción masiva de la naturaleza y a la miseria de millones de personas. La competencia entre los grandes grupos económicos (y consecuentemente entre sus Estados nacionales) no permite que se disminuya el ritmo de producción y acumulación. En la lógica capitalista, las empresas que no realizan una permanente revolución tecnológica y no están en constante búsqueda de aumentar la explotación de las y los trabajadores no pueden competir y tenderán a desaparecer. Por eso, cada día son producidas tecnologías más avanzadas con el objetivo de producir más mercancías con menores costos. Esas tecnologías no significan mejores condiciones de vida para la humanidad, ya que la mayoría de ellas se traduce en pérdidas de fuentes laborales para la clase trabajadora a través del reemplazo de los trabajadores por máquinas e inteligencia artificial. La acumulación de riqueza en un polo de la sociedad (los dueños de las empresas) imposibilita que un expresivo sector de la población mundial pueda consumir la enorme cantidad de mercancías producidas masivamente, lo que lleva el conjunto del sistema a crisis periódicas de sobreproducción. Para la naturaleza, esas nuevas tecnologías significan una destrucción cada vez mayor de los ecosistemas y explotación irracional de los bienes naturales, generando enormes “monstruos” de destrucción masiva (si administrados en la lógica capitalista de producción), como la pesca industrial de arrastre, la gran minería, las grandes empresas petroleras, el monocultivo y un largo etc.
Así, hoy en el mundo presenciamos una situación totalmente contradictoria. Nunca en la historia de la humanidad se produjeron tantas riquezas materiales. Sin embargo, nunca hubo tanta desigualdad social, tantos pobres, tantos suicidios y personas que padecen de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, nunca hubo tantos refugiados. Mientras la mayoría de la población mundial vive entre la pobreza, la explotación y un enorme estrés diario debido a las largas jornadas laborales y a la precariedad de la vida, una ínfima minoría vive en condiciones muy superiores a la de las antiguas noblezas o aristocracias.
Hace 4 años, los 8 hombres más ricos del mundo poseían más riqueza que 3,5 mil millones de habitantes, un 50% de la población mundial.1 En 2021, durante la actual pandemia que ya ha dejado más de 5 millones de muertos y más de 160 millones de nuevos pobres, los 10 hombres más ricos del mundo doblaron su fortuna.2 Los 252 hombres más ricos del planeta poseen actualmente más riqueza que todas las mujeres y niñas del continente africano y de América Latina y el Caribe.3
Tal sistema económico, que conlleva en su interior tan grandes contradicciones, no tiene otra consecuencia que generar un enorme descontento social, que se traduce permanentemente en rebeliones, revueltas y revoluciones. Es por eso que en los últimos 170 años hemos visto innumerables revoluciones contra el capitalismo. Las más

importantes de ellas fueron tan lejos que llegaron a expropiar a la gran burguesía, generar nuevos tipos de Estado y una transición hacia otro sistema económico y social, el socialismo. Las principales de ellas fueron la Comuna de París de 1871 (que duró solamente 70 días, pero fue la primera experiencia donde la clase trabajadora tomó el poder en sus manos), la Revolución Rusa (1917), la Revolución China (1949), la Revolución Cubana (1959) y otras revoluciones en Asia y el Este Europeo.
Además de esas revoluciones, las más profundas del siglo pasado, hubo varias otras que no llegaron tan lejos, pero que también demuestran el fracaso del sistema capitalista mundial. Solo en los últimos 20 años vimos innumerables revoluciones en América Latina (Bolivia, Ecuador, Argentina), en países del Norte de África y Medio Oriente (Egipto, Túnez, Libia, Siria, Yemen) y procesos de rebeliones populares en Estados Unidos, Europa y en todo el mundo.
Debido a esa enorme inestabilidad generada por el propio sistema capitalista, la gran burguesía históricamente ha tenido que mantener su dominación utilizando la violencia, particularmente en los momentos en que sus privilegios se ven amenazados por el movimiento de masas. Siempre y en todos los países la respuesta de la burguesía ha sido utilizar la violencia para reprimir a los pueblos y mantener el orden capitalista que le permita seguir acumulando capital. El ejercicio de la violencia es realizado centralmente por los aparatos Estatales y cuentan con la “legalidad” proporcionada por las distintas legislaciones elaboradas a la medida de esa burguesía (a veces incluso pasando por encima de ellas). Cuando el aparato estatal no es suficiente, son utilizadas las fuerzas paramilitares.
La historia chilena es un ejemplo claro de como el aparato estatal ha sido utilizado al servicio de las clases dominantes durante todos los periodos históricos. La ocupación del territorio mapuche impulsada por el Estado Chileno en el siglo XIX, las masacres cometidas contra los trabajadores, los campesinos y el pueblo en general, los golpes militares promovidos por las elites y la burguesía, en encarcelamiento de luchadores y luchadoras sociales, etc. Como un ejemplo, la familia Edwards, presente en el país desde el inicio del siglo XIX, ha financiado y participado directamente de 2 golpes militares (Balmaceda 1891 y Salvador Allende 1973) y estimulado acciones golpistas en la década de 1920. Hasta hoy esta familia es una de las familias burguesas más importantes del país y tiene enorme influencia sobre el aparato estatal, las empresas y los medios de comunicación. Muchas otras familias burguesas que participaron del golpe de 1973 siguen con enorme poder político: las familias Matte, Yarur entre otras.

La así llamada democracia Si bien la violencia estatal ha sido la principal arma para garantizar la dominación burguesa en los momentos decisivos de la historia, esta violencia no es la principal herramienta cotidiana, en muchos países del mundo, para mantener tal dominación. A lo largo de los últimos 250 años las instituciones “democráticas” han cumplido un rol fundamental en amortiguar las contradicciones de la sociedad capitalista y mantener el orden burgués. Así, los grandes teóricos de la burguesía elaboraron y perfeccionaron un sistema político a medida de la gran burguesía. Desde John Locke, que elaboró la moderna teoría de la Separación de los Poderes, hasta los actuales políticos, científicos sociales y abogados/as, los aparatos estatales y legislaciones se han perfeccionado con innumerables mecanismos que le permitan a la gran burguesía mantener su control sobre él.
La “Separación de Poderes” es totalmente funcional a esa dominación, ya que les permite a los grandes empresarios controlar las distintas instituciones sin nunca perder el total control del aparato estatal (a no ser en periodos revolucionarios). Si pierden la mayoría en el Parlamento, pueden frenar las leyes por los Tribunales o el Ejecutivo. Si pierden el Ejecutivo, mantienen el control de los Bancos Centrales y el Parlamento, si pierden el control del aparato político (Ejecutivo y Legislativo), mantienen el control a través de la alta cúpula de las Fuerzas Armadas (que no es electa por el pueblo).
En Chile, los últimos 30 años de “democracia” demuestran claramente al servicio de quiénes están las instituciones. Daniel Matamala, en su libro “El Poderoso Caballero” describe con gran precisión los distintos mecanismos que utilizan los mayores empresarios del país y las transnacionales para controlar las distintas instituciones “democráticas”: corrupción de políticos, puerta giratoria (personajes que se turnan entre el sector público y privado), indicaciones de representantes de la burguesía a las distintas instituciones (Servicio de Impuestos Internos, Servicio Ambiental y otras), lobby de Centros de Estudios financiados por el gran empresariado, financiamiento legal e ilegal de campañas, control de los medios de comunicación de masas y un largo etc. Lo descrito por Daniel Matamala
no es una particularidad chilena o una “falla” del sistema democrático. Todos los países del mundo poseen distintos mecanismos a través de los cuales los grandes empresarios y banqueros controlan las instituciones políticas y militares.
A través del sufragio universal la burguesía ha logrado “legitimar” su dominación y control sobre el aparato estatal. A partir de la idea de que todos somos “ciudadanos” y tenemos los mismos derechos, se legitiman mecanismos electorales totalmente cuestionados y controlados por el poder económico. El sufragio universal, si bien fue una conquista democrática de la clase trabajadora, no es más que un mecanismo de dominación del poder económico. Un gran empresario tiene mucho más poder sobre los partidos y las instituciones políticas que un “ciudadano” que vota cada 2 años. Un gran empresario tiene acceso directo a los gobernantes, un trabajador común, la mayor parte de las veces, no logrará siquiera tener una audiencia con un legislador.
La Legislación Electoral favorece totalmente el poder económico. Así, los que tienen dinero pueden rápidamente legalizar a sus partidos y crear enormes aparatos electorales.
Pueden falsificar firmas y tener todas las facilidades de acceso a los servicios electorales, administrados por los mismos partidos representantes del gran empresariado. Además de eso, los que tienen dinero también controlan los medios de comunicación (televisión y radios), que en su enorme mayoría están en manos de las más importantes familias del país o transnacionales.
Es por eso que los intereses del pueblo trabajador no son representados en las instituciones “democráticas” que existen hoy (tampoco históricamente). Los momentos de mayor democracia entre el pueblo trabajador fueron totalmente aplastados por las clases dominantes (la Asamblea de Asalariados e Intelectuales en los años 20, que elaboró, con amplia participación popular, un proyecto de Constitución; las asambleas de trabajadores y cordones industriales en los años 70, etc.).
Así, tenemos un sistema democrático totalmente corrupto y al servicio de las clases dominantes, donde algunos mecanismos como el sufragio universal y las elecciones periódicas son utilizados para legitimarlo, cuando en verdad la mayoría de la población no tiene ningún control sobre “sus representantes” y las instituciones estatales.
La actual Convención Constitucional también es parte de este régimen, ya que fue fruto del Acuerdo por la Paz de 15 de noviembre de 2019. Ese Acuerdo puso enormes trabas para el desarrollo de esta Convención, como el quórum de 2/3 y la subordinación total a las instituciones actuales (Corte Suprema, Congreso, etc.). Así, esta Convención, si no es sobrepasada por el pueblo y no rompe las trabas de ese Acuerdo tampoco podrá resolver los problemas de la mayoría de la población, ya que son los mismos partidos que han gobernado los últimos 30 años y sus aliados (como el Frente Amplio) los que tienen el poder de decidir sobre el contenido de la futura Constitución.
II. Articulado
Artículo XX: La constitución declara que los anteriores poderes Legislativo, Judicial y el Poder Ejecutivo son disueltos. En su reemplazo, nace la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos.
Artículo XX: La Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos será compuesta por 600 miembros, electos a través de Asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas de Armadas. Todos los cargos serán revocables por mayoría simple por sus Asambleas de base. La adhesión de representantes de pueblos originarios debe ser libre y voluntaria. Debe ser garantizado el derecho a la Autodeterminación de todos los pueblos que no quieran ser parte del Estado chileno. La futura Asamblea Plurinacional deberá tener como uno de sus principios fundamentales la paz entre los pueblos y el rechazo a cualquier forma de anexión de territorios tradicionalmente ocupados por otros pueblos.
Artículo XX: Los sueldos de los representantes políticos no podrán ser superior al sueldo de un obrero calificado de la Gran Minería del Cobre, principal rama económica del país.
Artículo XX: La Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos asumirá las funciones Legislativas, Ejecutivas, Judiciales y el mando de las Fuerzas Armadas.
Artículo XX: Las Asambleas de Base se constituirán en cada comuna del país, en los sectores de trabajadores y trabajadoras y en la tropa de las Fuerzas Armadas. Cada empresa, puerto, mina y demás lugares de trabajo deben tener asambleas para elegir a sus representantes para las Asambleas de Base.
Artículo XX: No tendrán derecho a voto en las Asambleas de Base los siguientes
segmentos sociales: propietarios de gran empresa, tierras; banqueros y especuladores; la alta jerarquía de las iglesias; la oficialidad de las Fuerzas Armadas y orden y seguridad, y gerencias de grandes empresas.
Artículo Transitorio
Se conformará en el plazo de 30 días desde aprobada esta Constitución un Comité Electoral Provisional compuesto por 60 representantes de la clase trabajadora y campesinos para definir las reglas generales específicas para las elecciones de cada Asamblea de base y la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos. Ese comité deberá ser compuestos por 16 trabajadores/as de distintas regiones del país; 7 trabajadores/as de la Gran Minería del Cobre; 5 trabajadores/as portuarios; 5 representantes del proletariado agrícola; 3 representantes mapuche; 3 representantes del campesinado; 3 representantes de la Salud; 3 representantes de la Educación, 3
representantes de los y las trabajadores forestales; 2 representantes de la intelectualidad universitaria; 2 representantes estudiantiles; 1 representante de cada pueblo originario no mapuche (aymara, quechua, atacameño, rapa nui, colla, kawashkar, yagán y chango).
Los criterios para la elección de los representantes del Comité Electoral Provisional deben ser votados por mayoría simple por la Convención Constitucional.”