Eluchans Urenda (Carlos) Edmundo (1950) abogado. casado con María Eliana Aninat, cinco hijos.

Eluchans Urenda (Carlos) Edmundo (1950)[1] miembro de la UDI, diputado 2006-1010 por el distrito 15 de San Antonio (24.9%), diputado 2010-2014 por el distrito 14 de la región de Valparaíso;

En la centroderecha chilena se impone con demasiada frecuencia la desidia, el desinterés y la apatía frente a grandes temas, lo que cesa y se transforma en épica y esfuerzo cuando Chile se ve enfrentado a un peligro inminente o es afectado por crisis significativas. Por eso, se duele decir que nuestro sector político tiene sueño de marmota y despertar de león” (1);

vicepresidente de la UDI y presidente del grupo de reforma constitucional de la UDI 2015: «los dos ministros (Burgos y Díaz) nos aseguraron que cualquier modificación constitucional se va a hacer conforme  a la norma constitucional hoy vigente» (2);

“Yo me considero un humanista cristiano y en consecuencia lo normal es que mi razón de estar en política coincida con lo que piensan muchos democratacristianos. Las diferencias se empiezan a producir en la forma de ejecutar nuestras aspiraciones y por eso ola mayoría de las veces no votábamos de la misma manera” (3).

[1] (1) El Mercurio, 8 noviembre 2013.

(2) La Tercera, 11 octubre 2015.

(3) CERDA página 246.

Como se sabe, el gobierno de la Presidenta Bachelet viene sosteniendo la necesidad de que Chile tenga una nueva Constitución, y aunque la propuesta es tan antigua -ya que viene de la campaña electoral-, todavía la coalición de gobierno no es capaz de decirle al país por qué necesitaríamos una nueva Constitución y la forma en que se acordaría.

Sostenemos que Chile no necesita una nueva Constitución porque la que tenemos es muy buena. Y lo es porque reconoce adecuadamente los derechos fundamentales de las personas, porque establece los medios para protegerlos, porque valora como esencial la dignidad humana, porque establece un sistema democrático de gobierno, porque las autoridades deben someterse a las limitaciones propias de un Estado de Derecho, porque impone un manejo responsable de las finanzas públicas, porque protege el medio ambiente, y por muchas otras razones cuyo evidente propósito es alcanzar el bien común.

Nosotros creemos que los chilenos no necesitan una nueva Constitución, y tampoco la quieren. Basta observar cualquier estudio de opinión pública para comprobarlo, puesto que este tema es de los últimos -si no el último- que preocupa a la ciudadanía. Probablemente ello se deba en parte a lo que venimos diciendo en cuanto a la bondad del actual texto y también a que los chilenos son lo suficientemente inteligentes como para entender que los problemas de la gente no se solucionan con un cambio constitucional, sino que con políticas públicas adecuadas, bien concebidas y mejor ejecutadas.

Chile es una república democrática y así está dicho claramente en nuestra Constitución, la que dentro de los márgenes que ella establece permite que gobiernos de diferente orientación política puedan, a través de sus visiones y propuestas, desarrollar su programa de gobierno. Nada tiene que ver la Constitución con los problemas del Transantiago, con los problemas de salud, con la delincuencia y la educación.

Treinta y cinco años de vigencia de la Constitución, veintiséis de ellos en plena democracia y casi cuarenta leyes de reforma constitucional que abarcan prácticamente todos los capítulos de ella, aprobadas por gobiernos y parlamentarios de distinto color político han legitimado cualquier cuestionamiento en relación con su origen. Tampoco, a este respecto, podemos olvidar las elocuentes palabras del ex Presidente Lagos, cuando al promulgar la ley de reforma constitucional del año 2005, sin duda la más importante de las reformas hechas a nuestra Constitución en democracia, dijo: «Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional…»

Nada de lo que decimos es obstáculo, por cierto, para entender que el perfeccionamiento de la Constitución es un proceso natural en un sistema democrático y siempre estaremos disponibles para modificar aspectos específicos de nuestra Carta Fundamental, conforme a los procedimientos que ella misma establece.