Castillo Fuenzalida Luis Benito (1957)[1] hijo de Romilio Octavio Castillo Marambio y Gertrudis Tatiana Fuenzalida Ibarra; médico cirujano; casado con María Victoria Ruiz Bustamante (1957) hija de Octavio Ruiz Rivera y Victoria Bustamante Brown.

[1] I. 237 nacimiento 1957 Santa Cruz;  I. 225 matrimonio 1980 Santa Cruz;  I. 172 nacimiento 1957 Paredones.

(1) El Mercurio, carta “Deuda hospitalaria”, 30 marzo 2016.

(2) El Mercurio 16 junio 2019, Yasna Provoste «Castillo ha tenido una conducta a lo lardo de su desempeño como funcionario publico, tanto al esconder información en el caso Frei como respeto de algunas acciones relacionadas con juicios laborales».

(3) Avance en los hospitales públicos, La Tercera 9 agosto 2013

(4) Plan de construcción de hospitales, El mercurio, 5 abril 2017

(5) 24 julio 2022, Entrevista.

Castillo Fuenzalida Luis Benito (1957) [1]  subsecretario de redes asistenciales de Salud 2010;

«en salud sabemos que mejores indicadores de gestión son letra muerta sin pesonal de excelencia… el cambio de los hospitales ha ido de la mano de la profesionalización de la administración hospitalaria, lo que ha permitido el ingreso de profesionales expertos en procesos y administración (3)

decano de la facultad de Medicina U San Sebastián 2015; por la deuda de los hospitales público opinaba en el 2016: “el punto más alto de la deuda en los cuatro años del Gobierno de Piñera alcanzó los $117 mil millones. La deuda entregada por el gobierno pasado fue de $65 mil millones. Ahora, si consideramos el suplemento adicional de $280 mil millones desde el Ministerio de Hacienda durante 2015, es poco probable que el déficit sea menor a los $410 mil millones, marcando la peor gestión presupuestaria en Salud desde que existen registros de la misma” (1);

el plan referente a infraestructura hospitalaria.. no tendrá impacto en reducir las listas de espera, ni contribuirán a mejorar el comportamiento nacional de camas ante la OCDE. Nuestro déficit continuará a costa de la salud de nuestros pacientes» (4)

subsecretario de Salud 2018-2019, donde el PDC le pidió la renuncia por la situación creada con la autopsía del ex Presidente Eduardo Frei Montalva (2).

«El sistema público tal como etá no podría absorber toda la demanda que tiene. El sector privado debe contribuir a la resolución de todos estos aspectos, porque si no, el sector público no podría. La propuesta constitucional no habla de esta regulación entre el sector público y privado, sino que lo deja a materia de ley. Pero es fundamental que el sistema de salud esté integrado para que de una vez por todas puedan ser utilizados ambos de manera tal que se puedan resolver los problemas de salud… con el sistema así como está propuesto sin control ni gestión adecuada, lo único que pasaria es que las listas de espera aumentarían». (5)

Los problemas pendientes en torno a la salud son alarmantes y, claro está, requieren ser abordados con urgencia. Por ello, creemos que dar viabilidad al sistema mixto como parte del proyecto de Ley Corta de Isapres es crucial para ofrecer certezas a los miles de pacientes en terapias activas. Esta prórroga solo alarga su incertidumbre, aunque también podría aumentar las chances de llegar a un acuerdo beneficioso para evitar el colapso del sistema con sus consecuencias imprevisibles. Urge una solución equilibrada, capaz de iniciar la transición hacia una reforma profunda de la salud en Chile. (6)

(6) 9 octubre 2023

«Campos clínicos y formaicón de especialistas» Columna El Mercurio 17 junio 2016, junto al doctor, Manuel José Irarrázaval: «La incertidumbre en el acceso de campos clínicos no solo condiciona la cantidad de médicos que se forman, sino también el tipo de especialistas y otras exigencias complementarias, como disponer de docentes calificados y dedicados , un programa bien estructurado y equipamiento tecnológico».

«Los desafíos de ser persona mayor en Chile» La Tercera, 16 octubre 2016, como decano facultad de Medicina, Universidad San Sebastián: «El diagnóstico no es alentador. Actualmente no existe una focalización de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores… esta política también debería considerar programas de prevención que mitiguen los efectos físicos y sicológicos de la vejez y una nueva ley de personas mayores que regule aspectos que son necesarios para el respeto de todos sus derechos»

Coordinador Nacional de Camas Críticas: «Las enseñanzas de la pandemia para el modelo de salud»
«… cuando la economía lo permita, se deberá incrementar el gasto sanitario, público y privado, debiendo los gobiernos enfocarse en el mejoramiento y optimización de la vigilancia epidemiológica; el desarrollo y la productividad científica; la organización de las redes de atención; la implementación de programas comunitarios de prevención sobre cáncer y otras enfermedades, como también, en la ampliación de los calendarios de vacunación infantiles y de adultos, y en el desarrollo de la salud ocupacional y mental, entre otros aspectos» La Tercera 13 octubre 2021

Luis Castillo, excoordinador de camas críticas: “Estamos en una franca ola de casos activos y hospitalizaciones que ha ido creciendo”

«El Minsal quiere mantener 200 cupos de camas libres para manejar la situación de la mejor forma», asegura el médico, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Con el alza que se viene registrando en los pacientes más críticos, el sistema de salud público y privado ya comienza a dibujar las estrategias para enfrentar un posible recrudecimiento en las salas UCI. «El foco en las próximas semanas será la Región Metropolitana y Valparaíso. Se alertó a ambas regiones y a la de O’Higgins de que deben aumentar el número de camas UCI», agrega. 11 noviembre 2021

Hace algunos días el Gobierno ingresó indicaciones al proyecto de Ley Corta de Isapres cuyo contenido es, al menos, preocupante. Esto, porque desconocen el amplio y profundo trabajo del Comité de Expertos convocado con el fin de dar viabilidad al sistema de aseguramiento privado y de aplicar las sentencias de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

Lamentablemente, el único aspecto que parece haberse tomado en cuenta es la obligación de cotizar el 7%, una medida que puede verse correcta a priori, pero que también corre el riesgo de desincentivar la participación de los jóvenes en el sistema privado, y que podría acelerar el consumo de los excedentes actuales, ante el riesgo de perderlos.

Por otra parte, estas indicaciones enviadas por el Ejecutivo establecen que las isapres deberán asumir la deuda de aquellos que opten por cambiar de isapre o migrar a Fondo Nacional de Salud (FONASA), sin ofrecer un mecanismo que permita a estas personas contribuir con sus cotizaciones al ingreso de la entidad que dejan.

Este enfoque unilateral omite también la crucial consideración de la mutualización de las cotizaciones, un pilar esencial para la estabilidad y sustentabilidad del sistema, que había sido propuesto en forma unánime por los expertos. La interpretación jurídica literal, segmentada y poco sistémica del fallo de la Corte Suprema por parte de las autoridades regulatorias, pone de manifiesto una falta de visión integral y de entendimiento de los fundamentos que guiaron a la Corte Suprema en su resolución, al centrarse en los considerandos del fallo sin abordar la estabilidad del sistema y evadiendo el riesgo sanitario inminente.

Se actúa nuevamente de manera errática, incrementando la incertidumbre y poniendo en duda la viabilidad política y técnica del proyecto ley. Esta conducta podría desembocar en la promulgación de una ley ineficaz, limitada únicamente

“Se actúa nuevamente de manera errática, incrementando la incertidumbre y poniendo en duda la viabilidad política y técnica del proyecto ley. Esta conducta podría desembocar en la promulgación de una ley ineficaz”

a facilitar la creación fáctica del Fondo Universal de Salud, que parece ser el verdadero objetivo detrás de las acciones anunciadas.

Adicionalmente, el incremento propuesto en el gasto público para que FONASA asuma responsabilidades del seguro privado en casos de insolvencia, como la cobertura de los tratamientos GES y CAEC, ignora el actual déficit estructural del sistema público de salud y es poco creíble que exista cero impactos fiscales. Esto no sólo es insostenible, sino que también pone en riesgo la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria para todos los chilenos.

Es imperativo que el Congreso tome en cuenta las recomendaciones de los expertos y busque una solución sistémica que asegure la viabilidad, a lo menos en el mediano plazo, del sistema de aseguramiento privado y de la salud pública en Chile. El camino hacia un sistema de salud robusto y equitativo requiere de una discusión informada, inclusiva y técnica, no de decisiones apresuradas que puedan tener consecuencias negativas.