Burgos Varela Jorge (1956) hijo de Jorge Burgos Ovalle (1913-2006) y Blanca Liliana Varela Videla (1919-2004) abogado,  casado con María Patricia Salas Sáez (1957) abogada, jueza, “ella dice que no, pero ha renunciado en parte a su ascenso judicial por estar más presente, por mis ausencias… políticamente, diría que está más a  la izquierda que yo” (3); tres hijos.

(3) Entrevista El Mercurio 20 septiembre 2014.

Burgos Salas Domingo (1986)[1]

Burgos Salas Vicente (1984)[2]  “mi hijo mayor es de Revolución Democrática, los jóvenes tiene la sensación, de que hay que hacerlo todo de nuevo, y poco reconocimiento de lo importante que han sido estos últimos 25 años” (2).

Burgos Salas Raimundo, apoya movimiento Amarillos 2022: «…Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado “estallido institucional”, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron “apruebo” y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un “No” a una Constitución que no nos represente a todos…»

[1] I. 4.704 nacimiento 1986 Las Condes

[2] I. 1.358 nacimiento 1984 Las Condes

(1) La  como con Beyer, primó la política sobre el derecho estrictoTercera, 26 noviembre 2011.

(2) Entrevista, El Mercurio 21 abril 2012.

(4) El Mercurio 9 agosto 2015.

(5) El Mercurio 11 junio 2018.

(6) “Cuando entendamos que…” La Tercera 30 junio 2018.

(7) “La urgencia de una tarea” La Tercera 28 julio 2018.

(8) Entrevista, 22 septiembre 2022, El Mercurio

(9) 4 de enero 2021

Parece no haber dos opiniones entre los expertos, tenemos un grave déficit en inteligencia como instrumento de anticipación o predicción del delito. Si se agrega a ello que el crimen organizado crece en nuestra sociedad, la tormenta parece perfecta. Hace cuatro años se envió a trámite legislativo un proyecto que buscaba modernizar nuestra estructura orgánica de inteligencia, pero duerme en la Cámara baja. Qué razón hay para tanta dilación, se desconoce.

La iniciativa estaba enfocada en aspectos de coordinación del sistema y no en una real modernización de sus entidades. Al parecer, se partió del supuesto de que no había un fluido intercambio de información entre los servicios. Pero en la realidad, la inteligencia no ha mostrado una especial falta de coordinación. De hecho, en la Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) y la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) hay un Comité de Inteligencia esencialmente técnico, encabezado por el director de la ANI e integrado por todos los servicios. En él radica la coordinación de inteligencia y ha generado diversos subcomités sobre temas específicos.

La importancia de mantener el carácter técnico en la coordinación de inteligencia, como está en la ley actual, es que la instancia asegura el carácter secreto en el intercambio de información. En segundo lugar, los “subcomités” especializados pueden producir análisis concretos en sus diversas temáticas, con una adecuada y útil integración de información que obra en poder de los distintos servicios. Sin embargo, esto no está presente en el proyecto de 2018 que apunta a una coordinación “desde arriba” y parece descuidar el trabajo a nivel técnico.

El proyecto de reforma se centra en generar instancias nuevas, como un consejo de inteligencia encabezado por el Presidente de la República, donde los comandantes en jefe probablemente representarían a sus instituciones, acaparando la voz que debieran tener las inteligencias. Además de ello, contempla la figura de un subdirector nombrado por el Presidente de la República en la ANI, algo que tiene poco sentido ya que la Agencia y su director dependen del Presidente en la ley vigente. Por otro lado, esta figura del subdirector nombrado por el Presidente puede estimular cuoteo político en la Agencia. Otra posibilidad, como ocurrió en el gobierno anterior, es caer en una combinación de un director civil y un subdirector militar o viceversa, con los magros resultados que constató la prensa.

Si se asume que el espíritu de la iniciativa es fortalecer la ANI en un rol coordinador del Sistema, se debería considerar que requiere más recursos y capacidades. En esta línea, es manifiesto que su actual dotación no se condice con el desarrollo de Chile ni con las amenazas que enfrenta el país. Si se considera que en países de la región los servicios de inteligencia civil cuentan con varios miles de funcionarios, es claro que Chile se ha quedado muy atrás. La envergadura del crimen organizado, narcotráfico, violencia rural y anarquista, así como la ciberseguridad y la necesaria contrainteligencia, requiere un examen ineludible sobre un área particularmente desatendida a lo largo de estos años.

Una ley de inteligencia moderna requiere más potencia en cada servicio y no situar la coordinación como el corazón de una reforma. Quizás el aspecto más valorable del proyecto es poner el foco en que es necesaria una reforma en materia de inteligencia y la integración de la UAF como parte de los servicios que deben estar en el SIE.

Por cierto que son consideraciones debatibles, solo me ampara mi preocupación ciudadana. Nuestra estructura orgánica de inteligencia no da el ancho, el fenómeno delictivo que vivimos se termina nutriendo de nuestras debilidades y de dilaciones irresponsables. (La Tercera)

Jorge Burgos

El acuerdo constitucional alcanzado por el Parlamento es una muy buena noticia para Chile, por varias razones. En primer lugar, porque significa un derrota de los extremos y el populismo. En el texto concordado predominan el sentido de realidad y la moderación. Segundo, porque reivindica el rol del Congreso y de los partidos políticos. Pese a todo, vuelven a demostrar que son la única instancia capaz de conducir con un mínimo de solvencia la crisis y el conflicto democrático. Y tercero, porque brinda nuevamente una chance para darle una salida institucional a la crisis de octubre del 2019.

Con todo, es prudente mantener vigentes ciertas cuotas de cautela. Sigue siendo indispensable y urgente hacerse cargo de la necesaria reforma al sistema político y electoral, de forma de reducir la excesiva fragmentación y polarización presentes en el país. Por último, y no menor, es indispensable validar el acuerdo frente a la ciudadanía, logrando no solo su comprensión, sino sobre todo una adhesión mayoritaria, lo que quizás constituye el principal desafío que enfrentará este nuevo proceso.

De todas formas, es justo reconocer a quienes hicieron posible el acuerdo. Honra nuestra mejor tradición republicana y permite mirar con mayor optimismo el futuro. (El Mercurio Cartas)

Jorge Burgos
Gonzalo Blumel

Es cierto que el intento de un acuerdo transversal en materia de seguridad quedó dañado por las esquirlas de la decisión presidencial de indultar a reos rematados, sin embargo, resulta indispensable retomar el derrotero del acuerdo, es demasiado acuciante el problema de la seguridad para dilatarlo.

Entre los puntos más trascendentes de ese acuerdo está la necesidad de reformar la institucionalidad y la gestión de inteligencia. Ello en democracia nunca es fácil, está el riesgo que lo que se intenta mejorar termine en un fracaso absoluto, se preste a abusos de poder e incluso provoque mayores vulnerabilidades en materia de seguridad. Esto es aún más grave, porque los problemas que se pueden provocar no se corrigen ni legislan con fluidez. Por ello, la primera condición para una reforma de este tipo es generar un diálogo serio, evitando la improvisación y las malas decisiones, contando con la opinión fundada de las instituciones que conforman el actual sistema de inteligencia y sumando las experiencias de la legislación comparada mundial y regional. Preocupa que, en lugar de ello, el gobierno esté buscando instalar la figura del “zar de la inteligencia” que ya fue insinuado por la ex ministra del Interior, Izkia Siches, sin considerar si esto contribuye a elevar y actualizar las capacidades de inteligencia en el país.

El subsecretario del Interior adelantó, hace unos días, que en la segunda quincena de enero se ingresarían indicaciones al proyecto de ley sobre inteligencia actualmente en trámite en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Pese al hermetismo que había mantenido La Moneda, señaló que se propone crear “una institución civil que dependa del Presidente y que tenga tareas concretas de seguridad, como estar obligado a dotar -con consulta a otros estamentos- de una propuesta de política nacional de inteligencia. Eso lo tiene que construir alguien y será esa repartición la que estará a cargo de hacerlo. Además, deberá coordinar los servicios de inteligencia de los otros organismos, como las Fuerzas Armadas y las policías”. Por su parte, el diputado De Rementería habló de la creación de un “banco nacional de inteligencia”, lo que implicaría concentrar toda la información sensible del país en una sola mano.

Un “zar de la inteligencia” que responde a un mandato esencialmente político, con un staff cuya única función sería fijar directrices desde fuera y por encima del sistema de inteligencia, es a todas luces un riesgo mayor, en especial en un momento del país donde los resultados en materia de seguridad apremian. ¿Cuál es la necesidad para querer sacar al sistema de inteligencia de la actual coordinación técnica de la ley vigente para llevarla a la política? ¿No compromete esto el secreto necesario para que pueda funcionar la inteligencia? Esto último es especialmente sensible para las Fuerzas Armadas y las policías, donde el secreto de la ley de inteligencia se cruza con el secreto militar y, en el caso policial, con el secreto de los procesos judiciales.

Nada de lo anterior pareciera estar considerado en estos anuncios. Para mayor abundamiento, el gobierno justifica la figura de este “zar” indicando que “las instituciones que fijan la política no pueden tener labores, a la vez, operativas”. Si fuese esa la razón, las Fuerzas Armadas no podrían contribuir al diseño de la política de defensa, como lo han hecho en sucesivos gobiernos, ni Carabineros e Investigaciones podrían participar de la formulación de las políticas y definiciones referentes a la seguridad pública. Pobre argumento y de consecuencias insospechadas si termina por imponerse en el trámite legislativo. Más aún cuando vemos que las recientes detenciones de líderes e integrantes de la CAM o la desarticulación de organizaciones que se dedican al tráfico de madera son un indicador de que ya existe una inteligencia activa, funcional y coordinada, lo que sugiere que es innecesario y muy riesgoso ir hacia la concentración de la información sensible y la supra coordinación de la inteligencia con esta figura del “zar”.

La tendencia mundial es dotar de mayor perfil técnico a las funciones de cada elemento que integra un sistema de inteligencia, así como delinear la carrera funcionaria y perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas de los distintos organismos, principalmente policiales y militares, elevando los controles internos y externos. En América Latina se han ensayado diversas modalidades en esta materia, algunos han seguido el camino que parece entusiasmar en casa, como es el caso de Ecuador bajo el gobierno de Correa o Colombia con Uribe. Lo cierto es que la centralización de la inteligencia se suele dar en regímenes totalitarios o bajo gobiernos que intentan perpetuarse. Eso ya es una gran alerta.

En lo principal habría que decir que la concentración y “politización” de la inteligencia termina en un pésimo negocio para los sistemas políticos y, de paso, desacredita y desprofesionaliza los servicios, debido a una alta rotación de directivas y escándalos de diversa naturaleza, todo esto con costos altísimos para la seguridad.

Por Jorge Burgos, abogado

Razón parecen tener quienes argumentan que el mes de enero fue el peor vivido por el gobierno del Presidente Boric, lo cual no es poco decir si se tienen en cuenta los errores y tropiezos que se acumularon en menos de un año. Fueron muy negativas las consecuencias de los indultos, las que aún no terminan puesto que está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la presentación de varios parlamentarios opositores que objetan la constitucionalidad de siete de ellos. El episodio golpeó directamente la credibilidad del Mandatario, al que la Corte Suprema se vio en la necesidad de responder su atrevida afirmación de que el exfrentista Mateluna era inocente.

Y como cierre del mes, se produjeron el bochorno con Argentina por el audio de la Canciller Urrejola y sus más íntimos colaboradores, y el discurso de Boric en la reunión de la Celac, en el que cometió “pecado de injerencia” en los asuntos internos de Perú en un momento crítico para el futuro institucional de ese país. Demasiados errores, y todos con alto costo.

¿Cómo seguir?

Lo más probable es que Boric materialice un cambio de gabinete en las próximas semanas, con vistas a enfrentar el segundo año de su mandato con alguna expectativa de mejoramiento. Ha sido explícita la demanda del PS por una cuota de influencia que equipare la que tiene Apruebo Dignidad. Incluso, la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, ha dado a entender que se requieren ajustes en el equipo de gobierno. En la Cancillería, el Mandatario no tiene otra alternativa que modificar radicalmente el estado de la situación, y eso es difícil que se produzca con Antonia Urrejola a la cabeza. El deterioro existente allí pone en riesgo los intereses permanentes del Estado.

Al forzado -pero también positivo- cambio en el Ministerio de Justicia, deberían agregarse cambios en otros ministerios sectoriales. El asunto, sin embargo, no es sencillo de resolver puesto que los partidos de la coalición original del Mandatario no van a estar dispuestos a ceder fácilmente la influencia que tienen. Se complica más cualquier intento por equilibrar el peso de las dos coaliciones debido a las tensiones preelectorales que están en desarrollo.

Boric no está en condiciones de efectuar un cambio cosmético en este momento. Necesita mostrarle al país que tiene conciencia de las críticas y que su voluntad es realizar un golpe de timón. Es muy alta la desconfianza y requiere, por lo tanto, elevar el nivel de su equipo con vistas a demostrar ante el país un empeño real no solo por mejorar la gestión y atender las urgencias, sino por corregir el rumbo. En el ámbito de la economía, es crucial hacer retroceder la incertidumbre. Y qué decir en el terreno de la seguridad pública, que es la principal preocupación de la mayoría de la población. De la eficacia del combate contra la delincuencia dependerá fundamentalmente el juicio ciudadano sobre el gobierno, la ministra Tohá, activa en el tema, lo tiene claro.

Sería engañarse, sin embargo, creer que el problema se reduce a modificar el elenco de colaboradores del Presidente. En realidad, lo que está en cuestión es el desempeño del propio Mandatario. No hay ninguna posibilidad de obviar ese punto. En teoría, es cierto que un equipo político de calidad puede compensar en parte las carencias del gobernante. También, la posibilidad de contar con asesores de excelencia. Pero, el líder tiene el poder. Su criterio determina la carta de navegación, las prioridades y el estilo de conducción, y todo ello es precisamente lo que hoy aparece severamente cuestionado, pero quizás sea el verano del 2023 el tiempo de corregir el rumbo enrevesado.

Por Jorge Burgos, abogado

Que Carabineros requiere de una reforma, parece ser una aseveración mayoritaria; algunos sostienen que esta debe ser más bien acotada y otros piensan que debe ser mayor y no puede confundirse solo con modernizaciones puntuales. No faltan posiciones más radicales, que en lo personal estimo provienen de minorías intensas, que en un extremo pregonan la refundación y en el otro que no hay nada que cambiar.

El actual gobierno -siempre evito hablar de los gobiernos de turno, expresión más propia de boticas o botillerías- impulsó en distintas oportunidades la creación de grupos de trabajo, donde convergieron personas con experiencia académica o conocimiento por responsabilidades que en su tiempo asumieron en el área. El primer encargo estuvo más bien fundado en establecer propuestas de modernización destinadas a mejorar la perfomance de las policías frente a la demanda insatisfecha de la ciudadanía, en cuanto a tener mejores condiciones de seguridad, y en el caso de Carabineros a hacerse cargo de los severos problemas de probidad detectados luego de largos años de impunidad en su ejecución. La segunda de las comisiones convocadas por el Ejecutivo -post 18 O- radicó sus propuestas en los indudables y graves inconvenientes que mostró el actuar de la policía uniformada en el control del orden público y en actos enmarcables como violatorios de derechos humanos. Paralelamente, el Senado también creó un grupo de expertos que ejecutó su trabajo sobre los mismos tópicos, con énfasis distintos, pero también con similitudes importantes.

Todos esos trabajos están en poder de la autoridad desde hace meses, probablemente la demora en entrar a la etapa de ejecución estuvo amparada en un efecto virtuoso o más bien espejismo que produjo la pandemia en su momento más expansivo, la imagen de Carabineros -certificada por numerosas encuestas- mejoró sustancialmente. Aquello no debe ser motivo de sorpresa, pues en estas circunstancias de aflicción colectiva es donde lucen más y con razón las fortalezas de nuestra principal policía: vocación de servicio, protección comunitaria, presencia nacional. Bastó eso sí el resurgimiento de hechos violentos -superado el momento más dramático de la peste- para que se nos recordara los pendientes no resueltos.

Todo indica que el gobierno decidió no dilatar más el proceso de implementación de la reforma y convocó a un grupo de personas calificadas académicamente para iniciar, de una vez por todas, la tarea. Los insumos están, también existen iniciativas legales en trámite, perfectibles, donde sería muy positivo pudieran ser oídos los comisionados antes de su sanción.

La agenda es dura y larga en el tiempo, traspasa con mucho el poco más de un año que le resta a la administración, pero llegó la hora.

Carrera funcionaria, formación, vigencia irrestricta de una doctrina de pleno respeto a los derechos humanos, orden público, control y fiscalización de la autoridad civil, una de competencia exclusiva en el área y no seguir con un híbrido que comparte la jefatura política ministerial con la de seguridad.

Se trata, aunque sea obvio decirlo, de una reforma para mejorar lo que tenemos, no para hundir y mucho menos humillar una institución con problemas, pero también con virtudes a cuidar. Avanzar coetáneamente un proceso de reforma con el necesario respaldo político a Carabineros es indispensable, particularmente en tiempos que se ha instalado una violencia inusitada que más que pensar en un momento constituyente parecen soñar con uno destituyente. (La Tercera)

Jorge Burgos

Este viernes Jorge Burgos enfrentó las críticas que surgieron tras sus dichos respecto a la continuidad de la Nueva Mayoría y a la presencia del Partido Comunista en el gobierno, asegurando que en sus palabras no hay ninguna deslealtad.

“Yo no podía pretender que con lo que dije no hubiese críticas, ya tengo un poco de cuero duro a estas alturas, pero ¿qué tendría que hacer yo? ¿Callar mi posición por el resto de mis días? Me fui hace dos meses, deje pasar el tiempo y ¿no puedo dar mi posición? La gente puede estar en contra o a favor, pero ¿Por qué va a ser desleal? No me quedé hasta el final para después salir a criticarlo”, dijo en entrevista con Tele13 radio.

En esa línea, Burgos fue claro en sostener que no se pueden atribuir todos los problemas de la actual administración al PC, pero insistió en que «la presencia del PC, con un rol tan importante en una coalición de centro izquierda, como oferta de futuro es poco convincente y no es buena para la DC».

Para el ex ministro, la incorporación del PC a la coalición “constituyo la gran novedad. Esa incorporación estuvo vinculada a un programa y en ese programa tenía una influencia importante, a mi juicio incluso más allá de la letra. Yo creo que tiene un nivel de influencia, en el programa, probablemente en el sentido que si la pierden va a haber una calle más compleja  y yo creo que esto no ha sido bueno para el país”.

“Lo que yo creo es que,  a mi juicio, una colisión de centro  izquierda debiera tener una conformación más distinta con visión a futuro”, donde los pilares sean del mundo “socialcristiano y socialdemócrata”, sin una presencia tan fuerte del Partido Comunista, comentó.

En cuanto al rol de la DC, Burgos sostiene que “sin duda  ha cumplido un rol importante” al interior del gobierno, pero que a futuro, sería importante que se perfilara con un mejor rol.  “Se ha desperfilado, no sé si el último vagón, pero faltan ciertos elementos identitarios de la DC”, dijo. (T13-La Tercera Aton)

Burgos Varela Jorge (1956) militante del  Partido Demócrata Cristiano (“yo soy democratacristiano a secas, nunca he pertenecido a ningún grupo… entre Aylwin y Valdés, a ambos les tengo admiración, pero creo que desde el punto de vista de los que significara para el país, Aylwin tiene un plus, le tocó encabezar uno de los momentos más difíciles de nuestra historia que era el primer gobierno después de la dictadura y lo hizo brillantemente” (2);

subsecretario de Guerra 1993-1996, embajador en Ecuador, se opuso a la acusación constitucional contra Pinochet en 1998;

diputado 2002-2006, 2006-2010 (27.3%), “en el 2009 tuvo la oportunidad de ser candidato a senador por la novena región, yo me eché para atrás (2); diputado 2010-0214 por el distrito de Ñuñoa y Providencia;

“fue un error gravísimo del gobierno de Bachelet plantear la voluntariedad del voto en la Constitución y siempre será tiempo de realizar ese cambio. Estoy entre los 6 diputados que en 2009 votamos a favor de la inscripción automática, pero en contra del voto voluntario” (1); “sigo creyendo que un pacto de centroizquierda es la mejor alternativa para el país y que si actuamos de manera inteligente podemos retornar democráticamente al poder” (2);

Ministro de Defensa 2014-2015 (“no tengo ningún interés por un ministerio político. Nunca he andado buscando cargos. Mi sueño en 10 años más es estar cuadro meses en Buenos Aires recorriendo librerías y tomándome un café” (2);

Ministro del Interior 2015-2016: “Aquí tenemos un norte hoy se imponen temas que tienen que ver con la gradualidad, con el diálogo, con la colaboración pública privada” (4);

“voy a jugármela porque la Democracia Cristiana sea un partido como lo fue históricamente, que no termine subsumido en una alianza con el Partodp Comunista y el Frente Amplio” (5); “solo cuando entendamos que en materia de seguridad no hay solución mágica y que solo la persistencia de un sistema que contemple acciones destinadas a evitar la impunidad y la creación de instrumentos de contención social del delito…” (6);

“las policías, desde que se recuperar la democracia para la República, han crecido a la par del país. Basta señalar que la más grande de ellas ha triplicado su contingente… tanto con Provoste como con Beyer, primó la política sobre el derecho estricto, se fue injusto… espero que Insulza asuma un rol articulador DC-PS y que contribuya a mejorar el ambiente” (8).

«Quizas en Educación se haya dado la batalla más ideológicas de estos años… en el caso de Beyer, fui parte de una injusta sanción. En la vida uno se arrepiente de muchas cosas»

“Rechazamos con total claridad y sin matices, la sola posibilidad de que el ex camarada Jorge Burgos sea candidato a constituyente en calidad de independiente en la lista de la Democracia Cristiana. Es de recordar que, siendo ministro del Interior de la Presidenta Bachelet, fue un detractor del proceso que pretendía establecer una Nueva Constitución para Chile, uno de los 3 principales objetivos propuestos en el programa de Gobierno”, Hasta el momento, la carta ha sido firmada por más de 300 militantes, entre los que se cuentan la expresidenta del partido Miryam Verdugo, el ex vicepresidente nacional Osvaldo Badenier, el consejero nacional falangista y secretario general de la CUT Nolberto Díaz, además de Manuel Robledo, presidente comunal del partido en Valparaíso. Burgos renunció a su militancia DC en 2019 para integrar el Tribunal Calificador de Elecciones, y ahora que terminó su período en la entidad, aún no ha refichado en el partido ni ha pedido su reincorporación. Con todo, en la DC indican que la mesa quiere llevarlo como independiente. (9)

Adhiere a «Un comprimiso democrático» diciembre 2021 (ver sección)

Mucho se puede hacer, pero suprimir el Tribunal Constitucional sería un despropósito. (10)

apoya movimiento Amarillos el 2022 (11)

Declaración de 21 demcratacristianos, 12 julio 2022: «Votaremos Rechazo para seguir luchando por una nueva y buena Constitución que refleje un amplio acuerdo nacional»

(10) Columna La Tercera, 8 enero 2022

(11) «…Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado “estallido institucional”, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron “apruebo” y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un “No” a una Constitución que no nos represente a todos…»

«Fácil es opinar, difícil es decidir» Columna La Tercera, 8 octubre 2017: «Nadie duda que uno de los temas mas complejos que enfrenta el país es la situación de nuestros pueblos originarios, en especial del pueblo mapuche. Solo con valentía, generosidad y un gran acuerdo podremos enfrentar el desafio, pero paralelamente es imposible para cualquie gobierno ser neutral frente al delito, bajo pretexto de una eventual legitimidad de origen de la comisión de delitos»

«Sobre derechos, deberes y poder (una nueva constitución para Chile) (2017, con Genaro Arriagada e Ignacio Walker) «Al observar el actual debate político en Chile, es claro que lo que aquí hemos llamado presente, esta superado. y lo esta de varias maneras. De partida porque la Constitución aprobada en 1980, ya no es lo que fue. También porque, no obstante sus más de treinta reformas, no ha logrado superar el estigma de ilegitimidad con que nació….»

Columnas; “La urgencia de una tarea” (1).

(1) “Carabineros y la PDI requieren de una estructura organizacional y territorial adecuadas, especialización en sus funciones, perfeccionar la formación y distribución de sus dotaciones…” La Tercera 28 julio 2018.

Escribe columna con Ignacio Walker sobre el futuro de la DC, que es refutado por Alejandro Krauss e Alberto Undurraga. Escriben una carta de respuesta: » ser minoria no es sinónimo de irrelevancia política Se puede hacer mucho en la perspectiva de «construir un proyecto transformador de la sociedad», un «proyecto de mayoria» o una «convergencia en la divresidad; no se trata de atrincherarse sino de construir  mayorías desde lo que somos y no desde lo que no somos, con coherencia y no por semple calulo electoral de corto plazo» El Mercurio, 14 mayo

“Hombre eficiente, de lenguaje claro, estilo abierto, tiene mayores aspiraciones que seguir de diputado” Melnick, Hales, Los 100 que mandan en Chile, 2009, página 142

Violencia en la Araucanía, 22 agosto 2021 «parto por asumir mi cuota de responsabilidad en el fracas de las políticas publicas destinadas a poner atajo a la comisión permanente de delitos, que causan indudablemente en la ciudadanía, particularmente de verse expuestos a acciones similares. Un fracaso del Estado -y eso incluye a autoridades de todos los poderes, y también del Ministerio Público y las policias…. donde ha faltado mas inteligencia que hay mas inteligencia, donde falta llamar las cosas por su nombre, llamémoslas, y donde las acciones preventivas se convierten en rutinarias, sustituirlas es una obligación…. lo peor que nos puede pasar es asumir la violencia como una fatalidad con la que debemos acostumbrarnos a convivir» 22 agosto 2017

«Posición de Chile frente a demanda boliviana», carta la Tercera 21 marzo 2018 «Ni las provocaciones tuiteras ni los alegatos emocionales en ausencia de argumentos jurídicos pueden mover un ápice nuestra sólida posición basada en el derecho de los tratados. Por eso, no se debe olvidar que esta es una cuestión que concierne al Estado y no hay espacio para pequeñeces»

Columna «Cirugía mayor y urgente» La Tercera 29 diciembre 2018 «los gravísimos hechos acaecidos obligan a un esfuerzo destinado a evitar la repetición de conductas intolerables en Carabineros…. no se ha notado mucho sentido de urgencia en su discusión… es indispensable buscar alternativas que vayan al fondo del problema»

«La DC después de la pandemia» Jorge Burgos e Ignacio Bustos El Mercurio  6 mayo 2020. «…existe la tentación de apelar a la ‘unidad de la oposición’. Ellos significa en la práctica, regalar el voto de los sectores medios, independientes y de centro a la derecha…»
La DC tiene que marcar su propio perfil e identidad desde la perspectiva de la diferenciación (y no de la unidad por la unidad) y de un centro reformista que se resiste a ser arrastrado por una izquierdización que llegaría a constituirse, en vez mas, en un verdadero subsidio político a la derecha»

Columna «No más tropelias» 7 septiembre 2019 «Es ridículo que la acusación contra la Ministra Cubillos, expresa que ‘los beneficios sociales para los esudiantes no pueden ser utilizados en funión de una mirada ideológica sobre segregación escolar…».

La Tercera, 25 julio 2020: Columna «Para después de la pandemia»: Para enfrentar ese enorme desafío de reactivación debe paralelamente acometerse otro ineludible. En efecto, hoy la gobernabilidad, una de las principales bases de nuestro desarrollo en las últimas tres décadas, está en duda. Qué duda cabe que las diferencias entre gobierno y Parlamento son normales, más todavía cuando el gobernante no cuenta con mayoría parlamentaria, pero el hecho objetivo hoy es que el deterioro de la relación entre ambos poderes complica las cosas al extremo. Se vuelve vital el empeño por restablecer el diálogo entre La Moneda y parte de la oposición dispuesta a establecer acuerdos básicos de gobernabilidad. Si ello no ocurre con verdadera urgencia, los problemas políticos retardarán o acaso frustrarán el proceso de recuperación de la economía y generan una compleja incertidumbre en la ciudadanía. Es una tarea de ambos poderes, pero el gobierno tiene la mayor responsabilidad en su impulso.

«Tiempos de decisiones» La Terceras 8 agosto 2020: »

Hoy, es indisimulable mi inquietud por el clima de crispación y violencia en nuestro país, en medio de las enormes dificultades económicas y sociales provocadas por la pandemia. Estoy convencido de que para superarlas es necesaria la colaboración de muy amplias fuerzas, más allá de los alineamientos de gobierno y oposición, pero hay grupos que parecen necesitar que los problemas se agudicen. Son los que nos anuncian, y a diario, nuevos estallidos de violencia.

En este contexto, a veces no se sabe qué quieren representar los dirigentes de la DC. Hay momentos en que no es fácil reconocer al partido que asumió la conducción de la oposición en los tiempos de la dictadura, encabezó la transición democrática y puso todas sus capacidades al servicio de la lucha contra la pobreza, en favor del crecimiento y la solidaridad. Presionada por el populismo, la DC ha perdido identidad, autonomía y lo que sería más grave, credibilidad, y esto parece no lo perciben muchos de sus actuales dirigentes, preocupados al parecer de eventuales apoyos para hipotéticas candidaturas».

Jorge Burgos; “Yo coincido con el ministro Pérez: no hay presos políticos en La Araucanía, no los hay en Chile”, entrevista con El Mercurio 9 agosto 2020, sobre la situación en La Araucanía y asegura que “no puede establecerse en Chile que sean impunes ciertos delitos porque ocurren en ciertos territorios. Obvio que paralelo a eso debe haber un esfuerzo real institucional por ir a las causas que dan cuenta de situaciones de injusticia y profundas inequidades con los pueblos originarios”. Y respecto a la dificultad para resolver el conflicto dice: “Hay sectores que creen que hay que crear un estado autónomo. ¡Bueno, creo que ningún gobierno va a poner en la mesa la negociación de un estado autónomo!.

Sobre huelga de camioneros y posible acusación constitucional: »

«Digamos las cosas como son, en las últimas décadas, con ocasión de paros ilegales, su uso ha sido casi nulo. Presumir inacción hoy, respecto de aquello que no hace mucho no fue tema, resulta complejo. No tengo duda que los impulsores primitivos tuvieron presente los efectos del paro en sus distritos, pero no parece suficiente para recurrir de acusación». Columna La Tercera 5 septiembre 2020.

Para el exministro del Interior Jorge Burgos (DC), el recrudecimiento de la violencia en el Biobío tiene que ver con la organización de los grupos que operan en la zona. «No hay duda de que los grupos violentos tienen cada día más actividad delictual, y tengo la impresión de que cada día hay más impunidad» La Tercera, 10 septiembre 2020.

«Hay opción» «Sí, aquellos que estiman que nuestro país necesita con verdadera urgencia una opción de progreso económico social e institucional que otorgue seguridad a la mayoría, que cautele y refuerce las fortalezas que el país posee. Una alternativa profundamente comprometida con el mejoramiento de la institucionalidad democrática, con las reformas indispensables hechas de manera responsable y gradual» La Tercera 26 junio 2021

Hay razonables dudas respecto del derrotero o rumbo que tomará la Convención, pero no puede haber dudas de que solo llegará a puerto si respeta sin condiciones el estatuto legal que le dio vida. Confiemos, por el bien de nuestro país, que en su seno prime el espíritu republicano y la voluntad de diálogo. Es el único camino que le permitirá cumplir la tarea de elaborar un proyecto de nueva Constitución en un plazo de nueve meses. 10 julio 2021

«Política y sinceridad» 19 julio 2015, habría que decirles al ministro Burgos y al subsecretario Aleuy que los errores y la incompetencia no se remedian con sinceridad… este nuevo error consiste en confundir la transparencia de los actos públicos y la eficiencia gubernativa con el valor evangélico de la sinceridad. Algo así rendirá beneficios a las lamas de los sinceros, pero perjudicará severamente la política. Carlos Peña

Bien le habría venido al Mandatario y al equipo de gobierno al iniciar su gestión, inspirar confianza y hacerse respetar por la mayoría del país, comprendidos quienes no los apoyamos en las urnas. Sin embargo, estas pocas semanas actuaron precisamente en la dirección opuesta. No hubo lo que se conoce como período de luna de miel, aceptado tradicionalmente como un pacto tácito de buenas maneras para hacer más llevadera la instalación de un nuevo gobernante. Y la responsabilidad de aquello fue del Presidente y sus principales colaboradores, que abrieron de inmediato varios frentes de conflicto.

La acumulación de errores no fue solo una muestra de impericia, sino sobre todo la consecuencia de los condicionamientos ideológicos con que actúa el nuevo bloque oficialista. El incidente con el Rey de España, por ejemplo, fue un mensaje de simpatía de Boric hacia el partido español Unidas Podemos, al que probablemente se le quería demostrar que sus amigos chilenos también son antimonárquicos; en suma, un absurdo político y diplomático por donde se le mire, revelador de una mentalidad para la cual lo importante es marcar la propia identidad.

Lo anterior explica también las declaraciones de la ministra Siches al hablar de “presos políticos mapuches”. Incorporado una categoría de presos, por cierto inexistentes en nuestro país y, de paso, gratuita e infundadamente, colocándonos en compañía de estados que sí persiguen y encarcelan, como Cuba y Venezuela. Lo mismo ocurrió, de alguna manera, al achacar al sistema de administración de justicia una determinación racista y clasista, lo que obligó a la Corte Suprema a responderle. Es evidente que la ministra busca despejar toda duda sobre su condición de ser la segunda figura de autoridad del gobierno, y ha priorizado los gestos hacia la base electoral, pero con escasa preocupación por las consecuencias que ello pueda tener para el resto de la sociedad. Es visible que el feminismo de combate tiene hoy una amplia influencia en La Moneda, y que una preocupación esencial de Boric es demostrar que él encabeza “un gobierno feminista”.

Boric y el Frente Amplio están convencidos de que representan a una generación llamada a cumplir una gran misión. “Somos parte -señaló el 13 de marzo- de una generación que hace un par de años dijo fuerte y claro que quería cambiar las cosas”. Se autoperciben como la vanguardia de la sociedad que está llamada a inaugurar un nuevo ciclo histórico, en una actitud orillera del mesianismo. Allí puede radicar la mayor vulnerabilidad del nuevo gobierno en los tiempos que vienen. La pasión ideológica y la autosuficiencia política pueden fomentar el voluntarismo, y ello conducirá, forzosamente, a chocar con la realidad. El nuevo gobierno es, hasta el momento, más una respuesta refundacional que un plan metódico para atender las necesidades nacionales; más una postura que una perspectiva política.

¿Qué trasuntan estos actos y los dichos del gobierno en las primeras semanas? Un frágil entendimiento de las complejidades de la tarea asumida. Es como si el Mandatario y su círculo de confianza no terminaran de asimilar el hecho de que dejaron de ser opositores, que podían permitirse cualquier declaración rupturista, como muchas de las que Boric, Siches, Jackson y Vallejo lanzaban el año pasado y, consiguientemente, no terminarán de asumir que se encuentran a la cabeza del Estado, obligados a tomar decisiones sobre múltiples materias que influirán, para bien o para mal, en la marcha del país.

El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior de la República conforme a la Constitución y las leyes.

Las fuerzas de Orden y Seguridad existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública.

El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público, lo declarará el Presidente de la República.

El orden público es el verbo rector de las tres normas constitucionales, que en parte cito en los párrafos precedentes (artículos 24, 42 y 101).

En esas disposiciones de la Constitución vigente -muy probablemente en sus últimos estertores- se basó la decisión del Presidente de la República al decretar estado de excepción constitucional de emergencia para una región y dos provincias de lo que se ha dado en denominar como Macrozona Sur.

Y aunque fue sin duda una correcta decisión, no le debe haber sido fácil, no solo por su reciente historia declarativa sobre el tema, sino también por la poca colaboración que en la misma tuvo de algunos partidos de la coalición oficialista -los más íntimos- y por las propias declaraciones de miembros de su gabinete, que contumazmente instalaban el concepto de delito y prisión política allí donde no hay ni lo uno ni lo otro.

Pero lo cierto y concreto, palabras más palabras menos, acotamientos, y una que otra declaración culposa por lo hecho, es que el Jefe de Estado asumió su responsabilidad, como tal, dejando atrás al diputado rebelde.

Definiciones del concepto de orden público hay cientos, pero quizás la forma más clara de entenderlo es cuando brilla por su ausencia, como ocurre en un vasto sector de nuestro territorio.

No puedo dejar de comentar que en la propuesta constitucional que nos ofrece la Convención se eliminó absolutamente cualquier remisión al orden público, creo que más que por desaprensión fue por decisión; da la impresión que les huele a conservadurismo, como si un aceptable estándar de orden público no lo necesitara cualquier Estado de Derecho, más allá del signo ideológico del gobierno elegido democráticamente. Si a lo anterior le sumamos que los convencionales decidieron suprimir el estado de emergencia, en el evento que la ciudadanía apruebe el texto y el actual Presidente se encuentre en una situación análoga a la actual -supuesto nada improbable-, es puesto en una compleja situación.

Todo pareciera indicar que los problemas de grave afectación a la seguridad pública persistirán en el tiempo, y queda atrás aquella idea ingenua de que el cambio de signo ideológico de los gobernantes traía aparejado deponer las armas por parte los violentos y de ello surgía el diálogo. Por eso, desproveer de instrumentos al Estado de Derecho es derechamente muy irresponsable.

Al manifestar nuestra opción ciudadana el 4 de septiembre sobre la propuesta de una nueva Constitución redactada por los convencionales durante los doce meses de su mandato, estaremos adoptando una decisión que, inevitablemente, influirá en el derrotero por el cual transite nuestro país por mucho tiempo. En tal contexto, considero que es mi deber ciudadano manifestar que, luego de escuchar, seguir los debates de los expertos y leer con atención las diversas versiones que han ido surgiendo de las comisiones de cierre, mi conclusión es que la propuesta constituye un grave retroceso respecto de la tradición constitucional chilena y pone en evidente riesgo instituciones básicas para la vida en democracia.

El texto menosprecia principios fundamentales como el Estado unitario, la pertenencia de todos los chilenos a una sola nación, la división de poderes, el bicameralismo equilibrado, la independencia del Poder Judicial, la democracia representativa a través de partidos, el amparo de derechos fundamentales por los tribunales colegiados y, en cambio, propone una remodelación o refundación que se basa en la dudosa noción de plurinacionalidad. Ello se traduciría en el riesgo concreto de desarticulación del Estado en múltiples entidades fundadas en la etnia, que tendrían autonomía política, administrativa y financiera, lo que configura una real amenaza a la indivisibilidad, aunque este principio se declare.

En contra del esfuerzo de integración llevado a cabo desde el nacimiento de la República, la Convención en su propuesta de texto ha fomentado la segmentación de los chilenos, sobre la base de exaltar un indigenismo que, en realidad, busca objetivos electorales -políticos mediante el recurso de las diferencias étnicas. Es una forma de segregación forzada que, de prosperar, conduciría a legitimar el surgimiento de numerosos territorios dominados por caudillos que intentarán dominar sin contrapeso. No se puede perder de vista el preocupante modelo de “autonomía armada” que es Temucuicui, en la región de La Araucanía.

Es evidente que los controladores de la Convención no estuvieron interesados en favorecer un consenso constitucional. Su motivación fue construir una estructura que les diera ventaja en la competencia política. Nada más ajeno a la idea de que la Constitución debe ser un conjunto de normas e instituciones que permitan convivir en la diversidad y garantizar la alternancia en el poder, controlarlo y distribuirlo; ello exige un sistema de contrapesos que neutralice cualquier tendencia autoritaria.

Soy partidario de una democracia moderna, que asegure en primer lugar las garantías individuales y el ejercicio de las libertades, que integre adecuadamente los principios de representación y participación, que resguarde el valor fundamental de la igualdad ante la ley. Creo indispensables e ineludibles los cambios, pero no cualquier cambio representa un avance. Chile no nació ayer, y necesita resguardar mucho de lo construido desde el surgimiento de la República.

Creo que el voto por el Rechazo posibilita que el país siga asentado en un Estado de derecho que nos protege a todos. Sobre esa base se deben crear condiciones para un debate razonado sobre las reformas aconsejables e indispensables, las que demandarán en cualquier caso un gran acuerdo nacional. Debemos reforzar la unidad de Chile y perfeccionar la democracia, y en ese sentido se destaca el rol activo y propositivo que vienen jugando los senadores Rincón y Walker.

Si tuviéramos que elegir el tema que más preocupa a la ciudadanía, en su cotidianidad, es probable que coincidamos que es la seguridad. Ahí están el avance del crimen organizado, el aumento de la denuncia de delitos de mayor gravedad, la presencia de grupos armados en extensas zonas del sur de Chile, la presencia de bandas vinculadas al ingreso ilegal de personas al territorio nacional; para qué seguir, los ejemplos que provocan esta sensación son múltiples.

Por cierto que la forma y modo de mitigar, atenuar, este preocupante cuadro está especialmente vinculado a las decisiones y políticas públicas que ejecuten y midan los diversos encargados de estas materias en el aparato del Estado.

No obstante lo anterior, lo que habría esperado y agradecido era que la propuesta constitucional se hubiere hecho cargo de ciertos principios generales, consistentes, destinados a mejorar los instrumentos democráticos que habiliten una mejor defensa ante un fenómeno a todas luces creciente y de mayor complejidad, sin embargo, en esta materia la propuesta es inconsistente, deficitaria y, si me permite, cruzada por cierto desprecio al orden público y sus principales garantes.

Un par de ejemplos para fundar la anterior aseveración.

La propuesta constitucional suprime el estado de emergencia; aquel vinculado a graves alteraciones al orden público, que no resulta posible reponer con los instrumentos propios de la normalidad. El mismo estado de excepción que el Presidente viene invocando en los últimos dos meses para prácticamente dos regiones de nuestro territorio y que ahora se debate agregar una tercera.

¿Por qué lo suprimen? No se descubre una argumentación razonada que avale tal decisión, tal vez aquí también, para descubrir la causa, haya que recurrir a ese ambiente de desprecio al orden público que cruzó el debate. Han aparecido algunos cantamañanas, quizás culposos por el desaguisado, intentando explicarlo sobre la base de extender los alcances del estado de catástrofe. Ello perentoriamente no es posible. Sostienen que el estado de emergencia queda comprendido en el estado de catástrofe, toda vez que no está definido el concepto de calamidad pública que lo hace procedente. A juicio de quienes sostienen esta tesis, cabe en esta causal la grave alteración del orden público.

Los estados de excepción deben interpretarse restrictivamente, ya que su propósito fundamental es restringir derechos para reestablecer el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Por lo mismo, no puede llevarse a cabo una interpretación extensiva de un estado de excepción.

En segundo lugar, la calamidad pública como causal que autoriza el Estado de Excepción de Catástrofe, tiene que ver con desgracias o infortunios, con desastres naturales. En el propio lenguaje de la Constitución está asociado a catástrofes.

Pasando a una segunda consideración preocupante. El proponente constitucional, al definir a las FF.AA., señala que están integradas única y exclusivamente por el Ejército, Armada y la Fuerza Aérea, es decir, reserva a la sede constitucional su existencia, respondiendo a la tradición constitucional. Sin embargo, cuando se refiere a las policías no usa aquel histórico criterio y no se refiere a Carabineros e Investigaciones. Su existencia ergo no queda en sede constitucional, sino simplemente legal. Es más, no es posible en otras normas encontrar la voz Carabineros, salvo en los sujetos acusables (general director) o en una noma transitoria que le otorga vigencia a la actual ley orgánica de dicha institución. Sospechosa la cosa parafraseando, en parte, a un conocido artista.

Cierro, por mi parte, la ya larga polémica acerca de los efectos jurídicos del Rechazo sostenida con Carlos Peña, con tres afirmaciones:

La primera: Me parece que, en su última columna, el rector abandona su tesis de que, verificado el Rechazo, hay un camino ya trazado que resulta jurídicamente obligatorio y, en cambio, aboga por seguir ese mismo camino por razones de prudencia política. Me alegro, lo primero me parecía un error; lo segundo, una tesis política razonable, aunque no concuerde enteramente con ella.

Concuerdo con Carlos Peña en que, ante el evento del Rechazo, resultará políticamente conveniente retomar rápidamente el proceso constituyente y hacerlo eligiendo un cuerpo que se encargue de redactar un nuevo texto constitucional que sea plebiscitado. No me parece, sin embargo, necesario repetir una Convención bajo las mismas reglas. ¿Por qué repetir una fórmula que dio malos resultados? No aprecio que discutir una vez más cómo se elegiría una nueva Convención, cuántos serían sus integrantes y sus requisitos de elegibilidad, su nuevo plazo y sus límites, vaya a poner en riesgo la paz social o la estabilidad democrática.

Por último, contribuir a despejar una tesis que se juzga errónea, como que un eventual rechazo tenía un camino jurídicamente obligatorio perfectamente trazado para retomar el proceso constituyente, no convierte a nadie en un ideólogo de derecha, ni le pone a su servicio, como innecesariamente desliza en su última columna. Personalmente creo solo haber tratado de contribuir, con argumentos, a mayor claridad en el debate público. (El Mercurio Cartas)

Jorge Correa Sutil

Al manifestar nuestra opción ciudadana el 4 de septiembre sobre la propuesta de una nueva Constitución redactada por los convencionales durante los doce meses de su mandato, estaremos adoptando una decisión que, inevitablemente, influirá en el derrotero por el cual transite nuestro país por mucho tiempo. En tal contexto, considero que es mi deber ciudadano manifestar que, luego de escuchar, seguir los debates de los expertos y leer con atención las diversas versiones que han ido surgiendo de las comisiones de cierre, mi conclusión es que la propuesta constituye un grave retroceso respecto de la tradición constitucional chilena y pone en evidente riesgo instituciones básicas para la vida en democracia.

El texto menosprecia principios fundamentales como el Estado unitario, la pertenencia de todos los chilenos a una sola nación, la división de poderes, el bicameralismo equilibrado, la independencia del Poder Judicial, la democracia representativa a través de partidos, el amparo de derechos fundamentales por los tribunales colegiados y, en cambio, propone una remodelación o refundación que se basa en la dudosa noción de plurinacionalidad. Ello se traduciría en el riesgo concreto de desarticulación del Estado en múltiples entidades fundadas en la etnia, que tendrían autonomía política, administrativa y financiera, lo que configura una real amenaza a la indivisibilidad, aunque este principio se declare.

En contra del esfuerzo de integración llevado a cabo desde el nacimiento de la República, la Convención en su propuesta de texto ha fomentado la segmentación de los chilenos, sobre la base de exaltar un indigenismo que, en realidad, busca objetivos electorales -políticos mediante el recurso de las diferencias étnicas. Es una forma de segregación forzada que, de prosperar, conduciría a legitimar el surgimiento de numerosos territorios dominados por caudillos que intentarán dominar sin contrapeso. No se puede perder de vista el preocupante modelo de “autonomía armada” que es Temucuicui, en la región de La Araucanía.

Es evidente que los controladores de la Convención no estuvieron interesados en favorecer un consenso constitucional. Su motivación fue construir una estructura que les diera ventaja en la competencia política. Nada más ajeno a la idea de que la Constitución debe ser un conjunto de normas e instituciones que permitan convivir en la diversidad y garantizar la alternancia en el poder, controlarlo y distribuirlo; ello exige un sistema de contrapesos que neutralice cualquier tendencia autoritaria.

Soy partidario de una democracia moderna, que asegure en primer lugar las garantías individuales y el ejercicio de las libertades, que integre adecuadamente los principios de representación y participación, que resguarde el valor fundamental de la igualdad ante la ley. Creo indispensables e ineludibles los cambios, pero no cualquier cambio representa un avance. Chile no nació ayer, y necesita resguardar mucho de lo construido desde el surgimiento de la República.

Creo que el voto por el Rechazo posibilita que el país siga asentado en un Estado de derecho que nos protege a todos. Sobre esa base se deben crear condiciones para un debate razonado sobre las reformas aconsejables e indispensables, las que demandarán en cualquier caso un gran acuerdo nacional. Debemos reforzar la unidad de Chile y perfeccionar la democracia, y en ese sentido se destaca el rol activo y propositivo que vienen jugando los senadores Rincón y Walker. (La Tercera)

Es innegable que nuestras instituciones policiales requieren de cambios importantes para adecuarlas a los estándares más altos de operación y, así, relegitimarlas frente a la ciudadanía. Es, de hecho, lo que se ha intentado hacer los últimos tiempos, en particular después de los lamentables hechos acaecidos durante el estallido social.

Sin embargo, la agenda refundacional propuesta por la comisión de Sistema político de la Convención, que incluye transformar a Carabineros en una policía de carácter civil, desvía el foco de los cambios institucionales verdaderamente importantes y urgentes. En especial, teniendo en consideración el carácter de cuerpo armado esencialmente obediente, no deliberante, jerarquizado, disciplinado y profesional, atributos y deberes que están en la base histórica de Carabineros. Establecer su carácter civil debilita aquella impronta fundacional, sin que pueda advertirse en esta propuesta refundacional alguna virtud que vaya en la línea de una reforma modernizadora.

Es posible idear estructuras de control civil más estrictas o especializadas, diseñar modelos que promuevan un rol comunitario más intenso o elevar los estándares de protección de los DD.HH. Lamentablemente, lo aprobado en la comisión, con el preocupante silencio del Gobierno, avanza en una dirección equivocada y peligrosa a la hora de poseer policías robustas para enfrentar los grandes desafíos en orden y seguridad pública que tiene el país. (El Mercurio Cartas)

Jorge Burgos V.
Abogado

Rodrigo Pérez de Arce P.
Subdirector de Desarrollo IES