Blanlot Soza Vivianne (1955) [1]  economista, maestría en economía aplicada en EE.UU.,   directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente 1995-1997,  directora de la CMPC 2016; directora de ICARE 2018;

casado con Oscar Andrés Álvarez Kraemer (1947) hijo de Carlos Guillermo Álvarez Yáñez y Raquel Elena Kraemer Pooley (1914); casada 2 con Enrique Méndez Velasco (1954) ingeniero, hijo de Enrique Méndez Carrasco.

Méndez Blanlot Rodrigo Enrique (1985)[1] arquitecto

Álvarez Blanlot Alejandra (1974)[2] psicóloga; casado con Rodrigo Andrés Soto Rodríguez (1973) hijo de Walterio Soto Morales (1936) empleado, e Inés Adelaida Rodríguez Ganga (1946).

Méndez Blanlot Sebastián Andrés (1989)[3]

[1] I. 303 nacimiento 1995 Santiago, nacido en Estados Unidos

[2] Fue transplantada del corazón en el 2005, según relata en entrevista de El Mercurio 21 julio 2015.  I. 1.323 nacimiento 1974 Las Condes; I. matrimonio 2013 Lo Barnechea; I. nacimiento 1973 Rancagua

[3] I. 302 nacimiento 1995 Santiago,  nacido en Estados Unidos

La generación de empleo de mayor calidad fue uno de los factores decisivos en el aumento de bienestar y reducción de la pobreza en los años 90 y la primera década de este siglo. Los altos niveles de inversión permitieron incrementos de la productividad y de los ingresos de una gran mayoría de los chilenos. El estancamiento de los niveles de productividad ha sido, a su vez, un factor en la frustración de las expectativas de aumentos de bienestar sostenidos en la última década.

Se ha planteado y reconocido que la transformación tecnológica puede representar alzas importantes en la productividad en la economía, y también, presentar un gran desafío en materia de empleo. La brecha en las capacidades de la fuerza laboral y los requerimientos de una economía en transformación no solo representan una limitación desde el punto de vista productivo, sino también, y quizás mucho más grave, para avanzar a una sociedad más cohesionada y equitativa. La crisis social que estamos viviendo solo puede agravarse si no se adoptan estrategias activas para reducir el impacto del cambio tecnológico en el empleo.

De este modo, junto con el desafío de corto plazo de recuperar los empleos perdidos durante la pandemia, debemos enfrentar el peligro de un desempleo más estructural en el mediano y largo plazo. El problema se ha planteado consistentemente en los últimos años; sin embargo, no se conocen aún estrategias decididas para enfrentarlo.

Requerimos establecer una política focalizada en la evaluación permanente, e implementación de acciones intencionadas para reducir el impacto en el empleo. La articulación del sector público y privado en una iniciativa proempleo, que evalúe continuamente la pérdida de empleos, las capacidades que se convierten en redundantes, y las capacidades específicas requeridas, permitiría identificar a tiempo e implementar acciones de soporte social, capacitación técnica bien focalizada, creación de nuevas carreras técnicas en los diversos centros de estudio (universidades y centros de capacitación técnica), y el diseño de programas de entrenamiento en el trabajo. En el pasado han existido iniciativas de articulación dirigidas a fomentar el crecimiento, la inversión en infraestructura, entre otros. Hoy, uno de los grandes riesgos para Chile es el aumento de la frustración de un creciente número de chilenos por falta de expectativas de mayor bienestar. El empleo de calidad es esencial para superar esa frustración. Sin una acción pública y privada conjunta, focalizada y dinámica, seguiremos alimentando la informalidad, la vulnerabilidad y la insatisfacción social. Los subsidios al empleo o al ingreso familiar, entre otros, solo sirven como medidas paliativas de corto plazo, que no resolverán la división y falta de equidad en la sociedad chilena.

Vivianne Blanlot

Blanlot Soza Vivianne (1955)  Partido Por la Democracia (no se refichó en 2017), directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente 1995-1997, secretaria ejecutiva de la Comisión nacional de Energía 2000-2003, Ministro de Defensa 2006-2007;

«Se está dando una señal nefasta par ala inversión en generación» criticando el proyecto de «ley Tokman» realizó la ex secretaria ejecutiva de la CNE (4)

«si no se revuelve el problema eléctrico la pérdida de competitividad es una gran amenaza» (1)

“A los 22 años yo también creía que con el 30% de adhesión, en la UP, porque yo la apoyé al principio, podíamos darle la vuelta completa a Chile. Eso fue un error. Se pueden hacer cambios importantes cuando hay diálogo y un común denominador entre todos…” (3);

“esos equipos que trabajaron en los 90 fueron los más exitosos que Chile ha tenido en todo su historia” (3);

afirmó en 2015: “La crisis de confianza en la política esta íntimamente ligada a la percepción de influencia ilegitima de la empresa a través del financiamiento irregular”. “Yo tengo fe en la democracia y en la capacidad de los chilenos de elegir a sus representantes… yo he hecho muchas consultorías en mi vida, he estado tres veces en cargos públicos y entremedio hacía consultorías en las áreas en que tengo expertise. Podría ser que mañana a la empresa X se le descubra que hay boletas ideológicamente falsas y que dentro de las boletas que alguna vez ha pagado esa empresa aparezca la semana Vivianne Blanlot, entonces quedaría automáticamente fichada como culpable. Eso es cacería de brujas… este es un problema que estamos teniendo porque se está destruyendo el prestigio de las personas antes de que se demuestre que haya elementos fehacientemente que permitan pensar en un procedimiento” (2).

Suscribe declaración de 100 personalidades en respaldo a Javiera Parada por los ataques recibidos por apoyar una candidatura presidencial. 21 abril 2021

Apoya movimiento Amarillos 2022: «…Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado “estallido institucional”, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron “apruebo” y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un “No” a una Constitución que no nos represente a todos…»

(1) La Tercera, 4 agosto 2013

(2) La Tercera 5 abril 2015.

(3) Entrevista, Revista El Sábado, 13 mayo 2017

(4) El Mercurio 30 agosto 2007

Riesgo climático, La Tercera, 15 agosto 2021

El recientemente publicado informe del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) ratifica que la temperatura global en la superficie del planeta ha aumentado consistentemente en las últimas cuatro décadas y entre 2011 y 2020 ha sido 1,09 °C mayor que el promedio registrado entre 1850 y 1900.

El informe también profundiza en los cambios en el clima en diversas zonas del planeta y para Chile se confirma la alta probabilidad de aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones, el aumento de la aridez y la reducción de la acumulación de nieve en la cordillera, aún en los escenarios de menor aumento de la temperatura promedio global.

Chile adhirió al Acuerdo de París y a pesar de su muy baja contribución a las emisiones globales, con el 0,25% de estas, ha adoptado varios compromisos a nivel país: alcanzar la llamada carbono neutralidad al 2050 y reducir en 30% sus emisiones al 2030 respecto al 2016, con un total de 95 MtCO2eq para ese año, entre otras. La actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) al 2020 marca una estrategia general con un alto énfasis en la reducción y adaptación, y la Ley de Cambio Climático debería facilitar su implementación.

Muchas de las grandes empresas chilenas están activas fijando sus propias metas en cuanto a emisiones, y en algunos casos comprometiendo la carbono neutralidad al 2050; en particular las empresas exportadoras comprenden que el mercado mismo les exige contribuir a la reducción global. También han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con metas ambientales y sociales definidas. Todas estas metas requieren adaptación e innovación en las formas de producción, lo que es más difícil para la mediana y pequeña empresa, y se requieren políticas públicas, regulatorias y de fomento que apoyen su transformación.

Entre las políticas más visibles en este ámbito está la llamada descarbonización de la matriz eléctrica; el aumento de la generación eléctrica en base a fuentes renovables y la reducción de la generación a carbón deberían permitir que hacia el 2040, y en la medida que se haga realidad la posibilidad de almacenamiento eficiente para las energías renovables, la matriz eléctrica requiera una muy baja contribución de los combustibles fósiles.

Pero no se observan en nuestro país políticas públicas de la misma envergadura y empujadas con el mismo sentido de urgencia para enfrentar los efectos del cambio climático. El cambio en el patrón hidrológico que se proyecta representa un alto riesgo para el país, con fuertes consecuencias económicas y sociales. Se espera que en la costa oeste de Sudamérica aumente la frecuencia y profundidad de las sequías, con reducciones promedio de entre el 15% y el 20% en las precipitaciones; un aumento de la aridez y de clima propenso a los incendios forestales así como la reducción de los glaciares y la pérdida de depósitos de nieves eternas en la cordillera de los Andes, la reducción de los caudales de los ríos, y aumento del peligro de aluviones. Más allá de estas proyecciones, ya en la última década 7 de los 10 años han estado dentro del 10% más seco estadísticamente en las cuencas principales de la zona central de Chile. Las propuestas de adaptación relativas al recurso hídrico incluidas en el NDC 2020 son en su mayoría relativas a estudios, recopilación de información, y elaboración de estrategias para el período 2021 y 2030, no a políticas concretas con efectos en la disponibilidad, conservación y/o uso más eficiente del recurso. Por otra parte, a nivel político, la discusión se focaliza en aspectos de propiedad y derechos de uso, y no en desarrollar acciones para aumentar la disponibilidad.

Enfrentar el cambio en los patrones de comportamiento hídrico llama a repensar drásticamente la forma en que se maneja el recurso. De la administración de la escasez se debe pasar a una estrategia de transformación e innovación en el uso, conservación y aumento de la disponibilidad de agua. La agricultura y la industria deberán adoptar tecnologías que les permitan aumentar la eficiencia en el consumo y reducir su dependencia de las aguas continentales; en el consumo humano requiere potenciarse el buen uso y la conservación; se requiere invertir en la retención de caudales que se pierden por escorrentía, y en el aumento de la disponibilidad a través de inversiones en desalinización, entre otros. Para esto es imprescindible una alta coordinación y colaboración público-privada. Es una tarea que debería ser enfrentada como un proyecto de alta prioridad política y de largo aliento, con una gobernanza que permita subsanar los graves problemas de coordinación del Estado en las áreas de manejo de recursos naturales. Todo indica que la escasez hídrica es una realidad al menos en varias regiones del país, y requiere ser encarada sin dilación.

«El sector privado esta muy consciente de la necesidad de cambio en la sociedad chilena. Las tendencias sociales no van a cambiar por quien sea el próximo Presidente… ellos van a tener que gobernar para todos, y la única posibilidad de hacer un gobierno exitoso es tomar en cuenta lo que quieren las mayorías y las minorías, de otra mera nada de loa ue se hace se sustenta en el tiempo. Es cuestión de mirar la tan criticada política de los acuerdos, fueron reformas que se han sostenido en el tiempo. Cuando no se hace así, se revierte en el próximo gobierno y representa conflicto en la sociedad en vez de avance» 28 noviembre 2021

La implementación eficaz de reformas en áreas sociales y económicas de alto interés público requiere de altos niveles de coordinación entre diferentes órganos del Estado, debido a los múltiples aspectos involucrados que son de responsabilidad de distintos servicios, y a la existencia de superposiciones en funciones y atribuciones. Las fallas en la coordinación representan serios escollos para la eficacia de las políticas públicas. La solución de carencias sociales ha requerido reformas profundas que han exigido una interacción fluida de órganos del Estado para reducir costos de transacción que les quitarán eficiencia, y la experiencia ha demostrado la importancia de que las atribuciones de diversos órganos estén nítidamente definidas, vertical y horizontalmente, y en particular entre niveles de determinación de políticas y su implementación. La centralización de las decisiones facilitó en el pasado la coordinación para llevar a cabo reformas esenciales para la ciudadanía.

Sin embargo, la centralización excesiva también resta eficacia a la acción del Estado. La calidad de las políticas públicas requiere de diagnósticos acertados y la centralización dificulta una adecuada percepción de la realidad local. En las últimas décadas se ha avanzado en el grado de descentralización, transfiriendo parcialmente poder de decisión a la administración regional y local. Como toda reforma que redefine las exigencias de gestión para las organizaciones, la descentralización representa riesgos asociados a la pérdida transitoria de eficacia en la acción del Estado. La descentralización puede darse a distintos niveles —administrativo, fiscal y político—, y la profundización en etapas permite reducir dicho riesgo, principalmente porque permite la adaptación gradual de los órganos públicos a cambios en sus funciones. La reforma que estableció la elección popular de los gobernadores regionales, como cabeza del Gobierno Regional, se da en el ámbito administrativo y político, pero aún solo parcialmente, ya que no se transfirió la autoridad sobre los servicios públicos con competencias regionales pero dependientes del gobierno central, como las seremis y otros que quedaron bajo la autoridad de los delegados presidenciales. La transferencia de la autoridad sobre este tipo de servicios profundizaría la descentralización, sin perjuicio de que en el ámbito normativo se mantengan niveles diferenciados entre el nivel central y el regional. La descentralización a nivel comunal es más profunda en el ámbito administrativo y político, con funciones y atribuciones relativamente bien delimitadas entre el nivel nacional, regional y el comunal.

La autonomía regional, comunal y territorial que se plantea en la propuesta de nueva Constitución llama a la total transferencia de potestades administrativas, políticas y financieras, sin que defina los límites entre las atribuciones y responsabilidades de los distintos niveles, central, regional y comunal, y para territorios cuyo carácter queda indefinido. Para materializar la propuesta se requeriría la precisión de estos límites en la ley. La experiencia muestra que el diseño y el proceso legislativo de las transformaciones institucionales requieren un tiempo y un esfuerzo sustantivo; la creación y la reestructuración de órganos del Estado son procesos de larga maduración considerando las rigideces propias de la administración pública, e implican un considerable desafío de gestión para el Estado en su conjunto. Tratándose de múltiples niveles de autonomía con la posibilidad de competencias superpuestas, deben esperarse efectos negativos profundos en la eficacia del Estado. Así, no debería extrañarnos que, de ser aprobada la propuesta, la posibilidad real de dar respuesta en tiempo y forma a las demandas ciudadanas se vea negativamente afectada. (El Mercurio)

Vivianne Blanlot