Bitrán Colodro Eduardo (1957)[1] ingeniero civil industrial, doctor en economía U de Boston, académico, Casado con Yael Hasson, psicopedagoga y presidenta de la WIZO, fundación que agrupa a mujeres judías en el mundo, 2 hijos.

Bitrán Hasson Ariela

(1) La Segunda, 20 julio 2011

(2) Carta Puente Chacao, La Tercera, 14 abril 2012.

(3) Entrevista revista Capital, 1 marzo 2018.

(4) “El uso del hidrógeno como combustible no es nuevo: la tecnología existe desde hace décadas y se ha propuesto en diversas industrias. Sin embargo, la caída de costos de las energías renovables intermitentes, y el escalamiento industrial de la tecnología de electrólisis, que permite dividir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno permite masificar la generación de hidrógeno verde, generado mediante energías renovables. Según un informe reciente de la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley, la “revolución” del hidrógeno verde ayudará a reducir emisiones en procesos industriales existentes y también a proporcionar combustible para autobuses, camiones o barcos”, esto dio a conocer Eduardo Bitran.

(5) La Tercera 3 enero 2022

(6) La Segunda 4 enero 2022

(7) La Tercera 4 febrero 2022

Los precios del litio han escalado a niveles inesperadamente elevados. Esto le ha permitido al Estado chileno captar rentas económicas impensadas, asociadas a la explotación de este recurso natural. Estamos viviendo un super ciclo del litio, derivado de la aceleración del crecimiento de la electromovilidad.

La consultora McKinsey proyecta que la demanda global crecería entre 2022 y 2030 a una tasa de 25% anual, pasando la demanda estimada de 650 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (CLE) a 3,5 millones. El estudio estima que, con los proyectos en cartera y tecnologías existentes, en el mejor de los casos la oferta podría crecer a un 20% al año. Satisfacer el crecimiento proyectado de la demanda requeriría el ingreso de nuevos proyectos y cambios tecnológicos para la extracción de litio en las operaciones en salares.

Las proyecciones expertas de crecimiento de la oferta aparecen demasiado optimistas sobre el cumplimiento de los planes de expansión. Esto, en parte, explica el desajuste entre la oferta y demanda que ha llevado el precio spot a subir más de diez veces por sobre el precio de 2020. La escasez de litio se estima se mantendrá durante esta década. No obstante, con posterioridad, debido a la abundancia del recurso, el avance tecnológico y el reciclaje de baterías, se generaría suficiente oferta, de modo que el precio caería al nivel de los costos de largo plazo de los productores marginales.

Existe una ventana de oportunidad para más que duplicar la producción de litio en el Salar de Atacama y permitir que el Estado aumente la captación de recursos extraordinarios por algunos años que pueden exceder el 2% del PIB, hasta que se ajusten a la baja los precios. Ello requiere inversiones cuantiosas y modificar las tecnologías de extracción para lograr la sustentabilidad hídrica de la cuenca del Salar.

La CORFO tiene contratos con Albemarle y con SQM Salar. Albemarle tiene un contrato con un plazo suficiente para innovar en las tecnologías de extracción de salmuera y así reducir el impacto hídrico de su operación y expandir la producción. SQM Salar, donde está más del 80% de las reservas del salar, no tiene el horizonte contractual que le permitiría realizar las inversiones para más que duplicar su producción e innovar en las tecnologías de extracción de litio.

Así, el Estado tiene dos opciones: dejar pasar la oportunidad de aportar a las arcas fiscales recursos significativos adicionales y esperar a que el contrato expire en 2030; o bien renegociar los contratos, creando una nueva empresa en que el Estado se asocia con SQM Salar, aportando esta los activos asociados a la operación en el salar y el Estado capitaliza los beneficios de la expansión del contrato.

Considerando la historia de incumplimientos normativos y éticos de esta empresa, para hacer viable esta propuesta se requerirían cambios muy profundos que garanticen los más altos estándares de cumplimiento y buen gobierno corporativo para dar certezas a la sociedad chilena de que este proyecto aportará gran valor al país, sin comprometer sus activos ambientales. (DF)

Eduardo Bitrán

La crisis Covid-19 ha golpeado fuerte al empleo, especialmente en los servicios no esenciales. En Chile la tasa de participación laboral cayó un 13% en un año, con una pérdida de un millón ochocientos mil empleos. Estas desalentadoras cifras hacen que sea prioritario establecer políticas para recuperar y generar nuevos empleos, de calidad y de carácter permanente.

Esto no es trivial, ya que el futuro de los negocios y del trabajo está enfrentando cambios vertiginosos. Por una parte, el imperativo de ganar resiliencia empresarial, de la mano de la transformación digital; y por otra parte, la necesidad de incorporar la sostenibilidad en las estrategias de negocios, ya que se establece como requerimiento de las cadenas de valor globales en que compite Chile.

En este contexto, la innovación empresarial es fundamental para lograr una recuperación resiliente y sostenible, y determinará la capacidad de las empresas para crecer y generar empleo de calidad. En este desafío aparece un tipo particular de empresas: las “gacelas”, definidas por la OCDE como aquellas con más de 10 trabajadores, que crecen rápidamente y que pueden tener gran impacto en la generación de empleo. La buena noticia es el rol que han adquirido estas empresas en Chile. En efecto, la Comisión Nacional de Productividad realizó un estudio comparado (2017). En la OCDE representan las “gacelas” representan el 3% de la empresas, generan el 65% de los nuevos empleos y explican el 70% del aumento de productividad. Mientras que en Chile representan el 4% de las empresas, generan el 75% del empleo y explican el 85% del aumento de productividad. Una característica de las gacelas chilenas es que están en todos los sectores y tienen gran flexibilidad para adaptarse a cambios del mercado y la tecnología.

Impulsar la innovación empresarial, apoyando el crecimiento de las empresas gacelas debe ser una política priorizada en el contexto actual. Existen diversos estudios para nuestro país que señalan que los programas de desarrollo productivo tienen un impacto positivo en innovación empresarial, empleo, productividad, ventas y exportaciones empresariales. El principal programa de apoyo a la innovación, INNOVA-CORFO, tuvo en 2017 una muy positiva “evaluación comprensiva del gasto” por la Dirección de Presupuesto. Más del 60% del aporte del programa se orienta a empresas de rápido crecimiento y con elevado impacto en empleo.

No obstante, resulta incomprensible que aún con estos antecedentes, el gasto de INNOVA-CORFO caiga de $ 75 mil millones promedio (moneda de hoy), entre 2015 y 2017, a menos de $30 mil millones en el presupuesto 2021. Por otra parte, todos los centros tecnológicos desarrollados por CORFO en los últimos años se transfieren al Ministerio de Ciencias, con el riesgo de generar un sesgo científico en iniciativas orientadas a impactar la innovación empresarial.

Debilitar el ya limitado soporte al sistema de innovación empresarial, en momentos que las empresas enfrentan desafíos de adaptación sin precedentes, amenaza la posibilidad de generar los empleos de calidad que requerirá nuestro país a futuro. (DF)

Eduardo Bitrán

El director de Espacio Público afirma que la crisis de las isapres es un tema complejo, pero que tiene solución. Cree que se ha generado una falsa expectativa de que las isapres podrán devolver US$ 1.400 millones. “Esa plata no existe”, asegura. Bitran estima que es el momento de llegar a un amplio acuerdo y hacer un cambio al sistema.

Hay gente que empieza a tener la ilusión de que aquí hay compensaciones al estilo de lo que ocurrió con los retiros de las AFP. Esa plata no existe, porque el sistema, si usted va a retirar esa plata, quiebra de inmediato. Y por lo tanto, aquí se ha generado expectativa, hay cierto populismo de corto plazo.

Las propuestas que han ingresado hasta ahora al Congreso para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores no parecen tener un respaldo que permitan su aprobación. A juicio de las isapres, si se aprueba este mes la ley corta que presentó el gobierno, el sistema cierra en septiembre. Y a juicio del gobierno, la reforma constitucional que impulsan senadores de Chile Vamos junto a los senadores de Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón, no cumpliría con el fallo.

En Espacio Público elaboraron una propuesta titulada “Crisis de las isapres: vías de solución para un problema crónico”, donde plantean varias medidas para hacer frente a los principales problemas que enfrenta el sistema de salud privado, algunas son medidas inmediatas y otras ya para el mediano plazo.

Uno de los autores de esa iniciativa es el ingeniero civil industrial Eduardo Bitran, quien es director de Espacio Público. El también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha estudiado con anterioridad el sistema de salud. De hecho, comenta que en uno de sus artículos académicos abordó la propuesta que hizo durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich, de crear un plan garantizado universal básico para las isapres, donde concluyó que “ese programa implicaba una emigración masiva de personas de mayor edad y de menores ingresos y de mayor riesgo, hacia Fonasa. Y estimamos en ese estudio pérdidas o costos adicionales del orden de US$300 millones al año, que al final terminaba absorbiéndolos el Fisco”.

Sobre la crisis que viven hoy las isapres, dice que “este tema es complejo. El propósito nuestro a partir del trabajo que se ha hecho es contribuir con un análisis técnico a esclarecer un poco cuál es la situación, y tenemos la expectativa de que finalmente en esto se pueda avanzar, gobierno y Parlamento, en una solución que evite la quiebra del sistema, pero que al mismo tiempo genere los incentivos a contener costos y que resuelva todos los otros problemas de discriminación por riesgo y por ingreso, etcétera, que tiene el sistema actual”. Bitran cree que esta es la oportunidad de hacer una reforma al sistema que sí pueda avanzar.

El gobierno dice la ley corta que presentaron sí da continuidad al sistema y entrega un equilibrio. ¿Está de acuerdo?

Yo creo que la ley corta tiene una intención, una declaración de política, que es el evitar la quiebra y el colapso, pero simultáneamente tiene elementos contradictorios cuando se anuncia y en su contenido, porque simultáneamente la Superintendencia está entregando en la Comisión de Salud del Senado cuánto es lo que debería restituir o devolver cada isapre. Y ese cálculo no proviene de un análisis de equilibrio financiero, y por lo tanto, el espacio que supuestamente ganaba el proyecto de ley era generar un ámbito para poder incorporar estos análisis, que no se trata de perdonazo, se trata de que cuando uno tiene un seguro, ya sea de automóvil o de salud, aquellos que les va bien, de alguna manera tienen que generar un subsidio cruzado a aquellos que les va mal. Esa es la esencia de un seguro. Se habla de un esquema de compensación de riesgo, y lo que hacen las estimaciones de la propia Superintendencia, es de alguna manera bajar las primas de aquellos que pudieran haber tenido cobros excesivos, pero no sube la de aquellos que tuvieron cobros por debajo de los que serían primas de equilibrio financiero. Y además se incorporan nuevos grupos de edad que están exentos de cobro, y eso genera un desequilibrio financiero, y la principal consecuencia no es esto que se ha discutido tanto, que es hacia atrás, la principal consecuencia es hacia adelante.

¿Por qué?

Si uno aplica eso, lo que tiene es un sistema en que sus gastos operacionales generarían, en relación a sus ingresos, un déficit crónico superior a US$400 millones al año. Por lo tanto, en términos de perspectiva futura, no hay una perspectiva en que (el controlador) diga: “Mira, yo voy a hacer un esfuerzo de capitalización hoy día”, y eso ocurre porque no hay una posibilidad de tener una viabilidad financiera futura. Entonces, la falta de un horizonte hacia adelante, evidentemente lo que lleva a los que han invertido en estas isapres es que vean que, tal como estamos, no hay una salida. No hay salida viable. Y los cálculos y las estimaciones de la Superintendencia lo que hacen es oscurecer el panorama más que aclararlo. Y, por otro lado, se pone mucho énfasis en la creación de un seguro complementario en Fonasa, el cual tiene problemas.

Dice que el foco no es hacia atrás, es hacia adelante…

No, es ambos, pero cuando no hay un horizonte hacia adelante, aunque tú tengas una pérdida hacia atrás, por ejemplo, no hay incentivo para capitalizar y echarle para adelante. ¿Por qué? Porque el panorama futuro es pérdida permanente. (…) Lo que hay que hacer son varias cosas (…), avanzar en regulación de tal manera de que haya contención de costo y tener un sistema de precios o de primas que efectivamente permita compensar riesgos, es decir, que tenga subsidios cruzados, y no puede, por lo tanto, ser viable un sistema en que a aquellos que estaban pagando de más yo les bajo, pero los que estaban pagando de menos no les subo, entonces lo que estoy haciendo es dejándolos desequilibrados financieramente. Eso es casi un tema básico de cualquier seguro.

Pero eso no estaría cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema, porque dijo que a aquellos que les baja el plan, bájele, y a aquellos que les suba, no les suba.

Yo creo que hay que hacer una interpretación de la Corte Suprema. Lo que plantea efectivamente es un dilema. Entonces, lo que el trabajo de Espacio Público insinúa, es por qué no aprovechamos esta crisis para avanzar a un plan garantizado de salud estándar, común para todos los prestadores de seguro, y con un fondo de compensación de riesgo. Y, por lo tanto, no es necesario empezar a hacer los ajustes en los cuales estaríamos infringiendo eventualmente lo que plantea la Corte Suprema, sino que iríamos a un nuevo modelo.

¿A su juicio es inviable el proyecto tal cual se ha planteado hasta ahora?

Sí, es inviable el proyecto de ley con los cálculos que ha hecho la Superintendencia.

¿Pero sí existe alguna fórmula que se pueda aplicar para cumplir el fallo?

Creo que hay fórmulas que se pueden estructurar para de alguna manera mantenerse dentro del espíritu del fallo, con interpretaciones adecuadas de lo que se ha querido en los tribunales de justicia, la Corte Suprema, y digamos, el Tribunal Constitucional corregir. Yo creo que eso es posible. Requiere transitar hacia un nuevo sistema donde la propuesta es básicamente este plan básico garantizado, igual para ambos sistemas con un esquema de compensación intersistema. Eso es lo que habría que hacer. Eso, a nuestro entender, no viola lo que se ha estado planteando, porque corrige la discriminación, elimina los problemas de cautividad (…). Aquí se requiere una reforma muy profunda de cambio, y creo que es la oportunidad política de hacer lo que no pudimos hacer en los 20 años anteriores. Pero eso pasa por reconocer que la quiebra del sistema de isapres no permite planificar ordenadamente una transición hacia un nuevo esquema.

Pero hoy la urgencia es que hay seis meses para poder legislar y salir de esta crisis, que hasta ahora, según han dicho las isapres, podrían cerrar este mismo año si se aprueba el proyecto de ley ahora.

Es que podemos tener un poco más de seis meses o hacerlo en dos tandas, dejar un acuerdo político sobre la segunda tanda. Yo no soy experto en estos temas de negociación política legislativa, pero hay maneras de dar certezas. Lo que se requiere son una certidumbre de que aquí no hay ninguna agenda distinta, y a veces algunas señales pueden confundir, y yo sí creo que en el proyecto del Ejecutivo hay ciertos elementos que son contradictorios y pueden llamar a confusión. Por lo tanto, de lo que se trata, es apoyar el proyecto del Ejecutivo, todos los sectores que puedan hacer una contribución, y avanzar hacia una reforma y una transformación, un sistema mucho más integrado, que además elimine este sesgo crónico en contra de Fonasa, que al final es el receptor de todos los peores riesgos del sistema de salud. Yo creo que es la oportunidad de hacer algo que está pendiente (…) Hay gente que empieza a tener la ilusión de que aquí hay compensaciones al estilo de lo que ocurrió con los retiros de las AFP. Esa plata no existe, porque el sistema, si usted va a retirar esa plata, quiebra de inmediato. Y por lo tanto, aquí se ha generado expectativa, hay cierto populismo de corto plazo.

¿Se han generado falsas expectativas con los US$1.400 millones?

Absolutamente, no existen.

¿No hay forma de devolver algo así?

Pero mira el patrimonio del sistema.

Pero entonces, ¿por qué el gobierno dice que su propuesta le da viabilidad al sistema y le da equilibrio? Lo han dicho todos los ministros.

Acuérdense que la ministra de Salud, en su proyecto, lo que ella plantea, es recibir una propuesta de las isapres. No hay una propuesta específica de cómo devolver en concreto. El regulador lo que hace en el mismo momento en que la ministra está dando señales de que quiere rescatar el sistema y avanzar hacia un mejor sistema, él va al Parlamento y pone números que nadie le ha pedido y que lo que hacen es mostrar que es inviable. Y lo que dan es la señal confusa de decir, mira, la propuesta del gobierno en realidad lo que hace es enterrar el sistema de isapre y generar un caos que nadie quiere. Entonces, para mí, ahí hay un tema que no comprendo, no conozco la dinámica, pero sin duda que las señales del regulador han sido incongruentes con las señales de la ministra de Salud.

No está conversando lo que dice el proyecto de ley del gobierno con lo que dice el regulador.

El proyecto de ley del gobierno no toma posición respecto a los montos y da un plazo para abordarlo.

¿Entonces cuál es la solución al fallo?

Políticamente es muy complicado y la tentación es salir a pegarle a las isapres y decirle que… Ahora, las isapres, su tono, es desvergonzado, si ellos son probablemente los principales responsables de los últimos 20 años de que no hayamos avanzado en esta materia. Entonces, salir a hablar de engaño de la manera en que ellos salieron, es incomprensible.

¿Y la reforma constitucional de los parlamentarios, qué le parece?

Por una parte, hay distintos juristas que han señalado que esa reforma es inconstitucional. Por otro lado, cada vez que hay que hacer cambios de política y regulaciones, usar el resquicio de los retiros de fondos de pensiones me parece aberrante. Me parece una pésima solución. Y por lo tanto, la visión compartida en Espacio Público es que ese no es el camino para abordar este problema.

Entonces, estamos viendo dos propuestas hasta ahora que están en los extremos y que ninguna resuelve el problema de fondo.

La propuesta del gobierno tiene varios elementos positivos y tiene otros no tanto, y por lo tanto, es perfectible. Y no sólo perfectible, lo que hay que hacer es incorporar algunos temas nuevos de tipo regulatorio que son fundamentales para mejorar el sistema.

¿Pero se puede salir de esta crisis y que no cierra el sistema cumpliendo a la vez con el fallo?

Creemos que sí, y se puede además aprovechar de hacer las reformas y avanzar en las reformas que no fueron viables, que su economía política las hacía inviables en todos los años anteriores porque grupos de interés incidían en el juego político de manera de impedir su avance. Y también porque había posiciones ideologizadas en términos de cuál es el rol de lo público y de lo privado. La propuesta nuestra le da un espacio a lo privado, pero permite avanzar también en corregir las distorsiones que hay y que afectan al sistema público, e incluso avanzar en un componente de seguro público que tiene que ver con la atención primaria de salud y los bienes públicos que están disponibles para todos.

Bitrán Colodro Eduardo (1957) militante del  Partido Por la Democraica, gerente general de Corfo 1994-1997, Ministro de Obras Públicas 2006-2008, “el principal problema de equidad se origina en la mala calidad de la educación básica y media, especialmente para los sectores más pobres. En educación superior, la principal urgencia es desarrollar un sistema de educación técnico profesional, con una oferta debidamente acreditada, generando becas y créditos que no la discriminen en relación con las carreras de universidades” (1);

opositor a la construcción del Puente Chacao, y propone la alternativa de un túnel (2);

Vicepresidente de Corfo 2014-2018, impulsando la innovación y el desarrollo de una industria del litio en Chile: “con el acuerdo con SQM además se cumple un objetivo político, pues la gente no podría entender un acuerdo que deja en gloria y majestad a la persona que corrompió el sistema político… la descomposición de la centro izquierda viene de hace muchos años, la política se fue transformando en una máquina de poder y se perdió de vista cuáles son los objetivos últimos” (3);

miembro de la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo 2015.

«Chile se inserta de esta manera en la cadena de la electromovilidad a nivel mundial, lo cual es una muy buena noticia para las regiones del norte del país, donde empezamos a generar industrias manufactureras en regiones que hasta ahora dependían fundamentalmente de recursos mineros» 9 marzo 2018.

Presidente del Club de Innovación  (4) y miembro de la Comité Asesor para la Acción Climática 2020.

Eduardo Bitran responde a Jobet por pacto con SQM de enero de 2018: “El gobierno electo (de Piñera) no tuvo ningún cuestionamiento del acuerdo”. Juan Carlos Jobet recordó en Pulso que Eduardo Bitrán, entonces vicepresidente de Corfo, «firmó el 17 de enero de 2018 una modificación de un contrato con SQM, que fue una negociación bilateral, y critica ahora que nosotros, en una licitación internacional, pública, transparente y competitiva, otorguemos contratos de explotación del litio”. Bitrán responde que representantes de Piñera pidieron cerrar el litigio antes del 11 de marzo de 2018.

Con respecto a la pérdida de competitividad de Chile en el mercado del litio, Bitran comenta que “el ministro tiene razón al señalar que Chile está perdiendo participación de mercado por las condiciones especiales que regulan la explotación del litio”. En este contexto, precisa que “la única opción para desarrollar la explotación del litio es mediante concesiones previas al año 1979, a través de entidades estatales o mediante licitación de Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL)”. No obstante a ello, puntualiza que “el problema de esta licitación de CEOL son los plazos y la oportunidad. En este contexto debe ser concordada con el gobierno electo. Se requiere colaboración con el Estado para que el proceso sea exitoso a futuro”. (5)

Bitran: «Mi opinión personal es que Corfo ya es una banca de desarrollo. Es la institución que creó en Chile el capitalismo de riesgo y tiene hoy colocados mas de US$ 1.000 millones en capital de riesgo junto con inversionistas privados. Adicionalmente, coloca entre US$ 1.500 a US$ 2.000 millones en garantias todos los años, e intermedia recursos de la bancao multilateral para financiamiento de pymes, especialmente en temas de eficiencia energética y energías verdes. En 2017 se envió un proyecto para crear una subsidiaria financiera…» (6)

La norma aprobada en comisión constitucional establece la caducidad “de los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas″, en un marco donde este último “pierde toda validez y eficacia jurídica”, una vez aprobada la nueva Carta Magna. “La verdad es que esta propuesta es extremadamente inadecuada”, asegura el exministro de Obras Públicas de Michelle Bacheleten su primer mandato, Eduardo Bitran. Considera que la norma como está “genera una incertidumbre tremenda”, ya que “una gran cantidad de industrias pierden su derechos de agua en dos años. Se acaban”. Crítico de las últimas normativas aprobadas en general en las comisiones de la Convención, la exautoridad también señala que “hay una serie de propuestas muy extremas que en muchos casos responden a visiones muy ideologizadas de los años ‘70 y que no tienen nada que ver con las necesidades del Chile de hoy” (7)

«estamos en un momento donde hay muchos cuestionamientos sobre el modelo de concesiones, solo basta remitirnos a la Convención Constitucional Se cuestionan los esquemas donde participa el sector privado, estoy convencido qe el tema de concesiones ha generado grandes beneficios al pais en términos de infraestructura y por lo tanto es un sistema que hay que cuidar, porque le ha permitido al país enfrentar desafíos de gestión de inversión en ámbitos en que el Estado tiene limitaciones» (16)

El hub APTA -Andes Pacific Technology Access- es una corporación privada enfocada en gestionar nuevas oportunidades de negocios basados en ciencia, identificando el potencial de las capacidades de Investigación y Desarrollo de sus socios -universidades y centros de investigación naiconales- para conectarlos con mercados globales.
Bitran dice que existe un gran desafio a nivel país de poder aumentar el impacto en la sociedad de la investigación que se realiza en las universidades, con foco en captar sustantabilidad y generar insumos para políitcas públicas en el ámbito social.
«El modelo APTA tiene como foco fundamentalmente el impacto en productividad y sustentabilidad, porque está orientado hacia la comercialización de la tecnología y de la propiedad intelectual que se genera en las universidades. (17)

(8) 15 abril 2021

(9) El mercurio 23 mayo 2021

(10) La Tercera 10 junio 2021

(11) 4 enero 2022, ante la elección de la nueva directiva de la Convención Constituyente

(12) La Tercera 8 enero 2022

(13) El Mercurio 11 febrero 2022

(14) Frente a opinión del presidente Boric en Buenos Aires, pidiendo mas acuerdo en la Convención Constituyente, 6 abril 2022

(15) La Segunda 14 abril 2022

(8) 15 abril 2021

(9) El mercurio 23 mayo 2021

(10) La Tercera 10 junio 2021

(11) 4 enero 2022, ante la elección de la nueva directiva de la Convención Constituyente

(12) La Tercera 8 enero 2022

(13) El Mercurio 11 febrero 2022

(14) Frente a opinión del presidente Boric en Buenos Aires, pidiendo mas acuerdo en la Convención Constituyente, 6 abril 2022

(15) La Segunda 14 abril 2022

(16) La Segunda, 14 abril 2022

(17)  Diario Financiero  18 Julio 2022

«Contrato con Albemarle» carta 29 diciembre 2018, El Mercurio. «Me veo en la obligación de desmentir las afirmaciones de la contry manager de Albermarle, respecto del supuesto intento de CORFO de reescribir lo acordado en los contratos. En la convocatoria internacional a productores especializados para producir productos de valor agregado en Chile, CORFO se atuvo estrictamente a la cláusula del contrato de precio preferente, la que señala que Albemarle deberá ofrecer a los productores especializados indicados por la Corporación hasta el 25% de su producción a un precio preferente, que corresponde al menor precio de paridad de exportación FOB. Lo insólito es que el año 2017 Albemarle propueso a CORFO, varios meses después de firmado el contrato y tomada razón por la Contraloría, que se excluya del cálculo de los precios de paridad de exportación los ventas a su matriz en Estados Unidos y a otras personas jurídicas relacionadas fuera de Chile…Albemarle vende a sus personas relacionadas a precios sustancialmente mas bajos, lo denunciamos oportunamente al SII porque implicaría una figura para pagar menos impuestos en Chile… mientas no cumpla Albemarle, esta causando un grave perjuicio al desarrollo de la industria de valor agregado del litio en Chile.

Carta «Proyectos de Infraestructura» El Mercucio  28 febrero 2012: «… se requiera de cinco años de preparación para poder licitar un proyecto Efectivamente, es asi como los 13 proyectos que están en construcción bajo el actual gobierno tuvieron planificados entre 2004 y 2007, y los estudios de ingeniería, contratados en su totalidad en el gobierno anterior y desarrollados fundamentalmente por este. por ejemplo haber modificado el trazado e Américo Vespucio Oriente, postergando su licitación en una zona altamente congestionada, aumentando los costos en al menos US$ 600 millones y el subsidio público en alrededor de US$ 1.000 millones llevó a que un proyecto inicialmente viable pasara a ser inviable. Este es un error inexcusable…»

«Renegaciación del aeropuerto» 20 marzo 2013, carta El Mercurio: «ante mi cuestionamiento al MOP por la renegociación del aeropuerto … si hubiera una política de transparencia activa y manejo riguroso de los conflictos de intereses, toda esta discusión no existiría»

Carta «Vespucio Oriente» 23 julio 2013 «en su articulo sobre el diseño de la autopista Américo Vespucio Oriente propuesto por el MOP, describe un proyecto que hace inconveniente la iniciativa desde la perspectiva del interés colectivo. Ceder una pista en superficie al Municipio de Vitacura e impedir qu ele ministerio de Transporte concrete su plan de un corredor exclusivo de transporte publico en superficie es una aberración inexplicable»

Columna: «Chile sin carbón: una transformación productiva», Diario Financiero, 20 junio 2019: «La cada vez mayor demanda por materiales con baja traza de carbono es una gran oportunidad para Chile»

DF 14 octubre 2020 «Presupuesto 2021: ¿y la innovación emprsaria?
«Impulsor la innovación empresarial, apoyando el crecimiento de la empresas gacelas debe ser una política priorizada en el contexto actual.
Existen diversos estudios para nuestro pais que señalan que lso programas de desarrollo productivo tienne un impacto positivo en innovación empresarial, empleo, productividad, ventas y exportaciones empresariales. El principal programa de apopo a la innovación INNOVA-Corfo tuvo en 2017 una muy positiva «evaluación comprensiva del gasto» por la Dirección de Presupuesto
No obstante, resulta incomprensible que aun con estos antecedentes, el gasto de INNOVA-Corfo caiga de $75 millones promedio a menos de $30 millones en el presupuesto 2021.

El presidente del Club de Innovación y exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduaro Bitran, comenta que la nueva Política de CTCI “reconoce que Chile tiene una buena productividad científica, pero que es necesario generar mayor impacto en la sociedad, abordando el desafío de Desarrollo sostenible e integral”. Sostiene que las principales dificultades del país para aumentar el impacto de esta política son por una parte, “la reducción de los recursos destinados por el Estado a estos ámbitos en casi un 18%, en el presupuesto 2021 respecto a la ejecución presupuestaria 2018” y el cambio drástico en la composición del gasto, “en desmedro de la innovación empresarial y emprendimiento dinámico que ejecuta la Corfo, lo que afectará la capacidad de generar empleo en las empresas gacelas”, sostiene. Añade que si bien establece la importancia de fortalecer el ecosistema de innovación, es clave “que se genere un adecuado balance entre las iniciativas que vienen desde la oferta científica tecnológica con las que están vinculadas a las demandas de innovación de las empresas y servicios públicos”. También aborda la necesidad de coordinarse con el Ministerio de Economía para articular el apoyo a la innovación empresarial, sin embargo “el pilar de innovación empresarial, que en el ámbito de política debe ser liderado por lacartera de Economía, se encuentra extremadamente debilitado. La transferencia de la División de Innovación de este Ministerio al de Ciencias, la reducción de los recursos de Corfo, y la transferencia de los centros tecnológicos vinculados a la demanda empresarial desde Corfo a la nueva agencia ANID, tendrán un impacto adverso en la ya limitada capacidad de innovar de economía chilena”. 3 noviembre 2020

Columna de Eduardo Bitrán: «Estupefacción y jolgorio: populismo previsional» Diario Financiero 19 noviembre 2020.
La inminente aprobación de un segundo retiro de 10% y eventual aprobación de un tercero, nos genera «estupefacción».
Esta vez, la mayoría de los sectores pobres, no podrían retirar, ya que sacaron todos sus ahorros.
Lo que pretenden algunos sectores es terminar con el sistema de pensiones de capitalización individual… estos parlamentarios, además, están poniendo en tela de juicio el concepto de ahorro obligatorio para la vejez, esencial en todo sistema previsional…
la falta de liderazgo del Ejecutivo y la urgente necesidad de ganar adeptos de nuestros parlamentarios hace más conveniente subirse al irresponsable jolgorio populista»

«Esto destruye capital social» Eduardo Bitran pide declara desierta polémica licitación de Corfo por no cumplir con propósito original: «generar una capacidad de desarrollo tecnológico involucrando al sector empresarial, a los proveedores. Y también generar una demanda por investigación aplicada hacia las universidades, pero orientada por propósito, no para hacer papers, ya que encapsula la innovación al mundo académico y no integra a la industria minera… el gobierno no cree que el Estado tenga un rol en el desarrollo industrial y tecnológico» 8 enero 2021

Eduardo Engel y Eduardo Bitran «Desafios pesqueros y licitación de cuotas transferibles»: «… un sistema de licitación de cuotas deja que el mercado defina las rentas económicas que se transfieren al fisco por el derecho exclusivo de explorar recursos de propiedad común, lo cual genera mayores recursos para el Estado y contribuye a una mejor distribución de la riqueza…» El Mercurio, columna 25 enero 2021

Magallanes: ¿Polo exportador de hidrógeno verde?
Eduardo Bitran 18 de marzo de 2021
El Ministerio de Energía lanzó la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde (H2V), destacando la oportunidad extraordinaria que tiene Chile de descarbonizar las industrias de exportación y ubicarnos entre los principales exportadores de este portador energético verde. La estrategia identifica a Magallanes como uno de los polos de exportación, con un potencial de generación eólico superior a 100 GW, con un factor de planta mayor a 50% lo que permitiría producir H2V a muy bajo costo. Para Magallanes, con su extrema dependencia de combustibles fósiles, esta es una oportunidad única de proyectar un desarrollo sostenible a largo plazo, en un contexto en que la acción climática se fortalece a nivel mundial. No obstante, no basta con tener recursos energéticos renovables abundantes para lograr ser un actor relevante a nivel mundial. Existe competencia de varios países, que aunque no tienen tanta ventaja en la producción de energía renovable, tienen menor riesgo país, apoyan sus iniciativas decididamente con financiamiento concesional, subsidios a la innovación y mitigación de otros riesgos, con el fin de posicionarse como líderes para obtener una participación relevante en un mercado de exportación que se estima en US$ 300 mil millones al 2050.
El desarrollo de capacidad exportadora requiere inversión significativa en infraestructura tecnológica y logística de carácter específico. Tal como señala la Agencia Internacional de Energía los inversionistas hoy enfrentan importantes riesgos, dado el insuficiente escalamiento de las tecnologías de producción de H2V y los desafíos logísticos.

En Magallanes ENAP debería involucrarse en la provisión de servicios de infraestructura, reutilizando su infraestructura portuaria, gaseoductos, oleoductos y servidumbres, que pueden facilitar el desarrollo de las inversiones privadas, reduciendo la inversión hundida necesaria y aprovechando economías de escala y alcance. ENAP podría asociarse con el Fondo de Infraestructura y con los desarrolladores de proyectos específicos, para estos fines, en un esquema similar al proyecto terminal de Gas de Quintero. Por su parte Corfo debería facilitar el acceso a esquema de financiamiento concesional vinculados a la acción climática y otorgar garantías parciales, además de apoyar iniciativas de innovación y de escalamiento piloto a una escala superior a la comprometida hasta ahora. El Ministerio de Medio Ambiente debería impulsar un Estudio Ambiental Estratégico de todas las iniciativas de hidrógeno de Magallanes, de modo que cada proyecto tenga una línea base ambiental conocida y con adecuada participación ciudadana, lo cual facilitaría el desarrollo de los estudios de impacto ambiental específicos. El desarrollo de este polo exportador de H2V tendrá externalidades ambientales positivas permitiendo que el salmón de la Patagonia reduzca su contaminación y traza de carbono.

Para que Magallanes pueda posicionarse tempranamente como exportador de H2V y evitar quedar excluido por las barreras de entrada que se generan debido a la elevada inversión hundida que se requiere en la logística de exportación e importación, es imprescindible una alianza público privada para resolver las fallas de coordinación y mitigar los riesgos de los pioneros.

“Medidas transitorias como el crédito fiscal al impuesto específico al Diesel se han transformado en una franquicia permanente, con elevados costos para la sociedad”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una rebaja de 50% del impuesto específico a los combustibles. Esta propuesta es una manifestación de populismo contaminante y regresivo, y va en el sentido opuesto de las recomendaciones para aumentar la recaudación realizada por la comisión de expertos de diversos sectores, así como del propósito de lograr una recuperación resiliente y sostenible.

Los impuestos a los combustibles tienen diversos objetivos de política pública, en primer lugar, corregir las externalidades negativas que genera el transporte y que afectan la salud de la población; por ejemplo, el material particulado y el dióxido de azufre alteran las funciones respiratorias en infantes y ancianos y aumentan la probabilidad de los adultos de contraer cáncer.

Reducir la emisión de contaminantes de vida corta, como el material particulado, también mitiga el calentamiento global. El transporte representa alrededor del 25% de los gases de efecto invernadero, que Chile está comprometido, en el marco del acuerdo de París, a reducir para lograr carbono neutralidad al 2050.

Para el transporte de carga, medidas transitorias como el crédito fiscal al impuesto específico al Diesel, aprobadas por sólo tres años hace más de dos décadas, se han vuelto una franquicia permanente, con elevados costos para la sociedad al distorsionar la partición modal en el transporte de carga, inhibiendo el desarrollo de medios menos contaminantes como el transporte ferroviario y el cabotaje. La presión y el lobby de gremios de camioneros ha impedido la eliminación de esta franquicia. El impuesto a las gasolinas no sólo busca desincentivar el uso del auto, sino también una recaudación fiscal progresiva. Basta con señalar que el 80% de este impuesto lo paga el quintil de más altos ingresos. La pandemia ha generado un impacto dramático en la pobreza, la distribución del ingreso y el empleo especialmente femenino. Según la encuesta CASEN, los ingresos del trabajo del decil más pobre se redujeron en 40% y la relación de los ingresos del decil de mayor ingreso y el de menor ingreso, aumentó de 40 a 400 veces. La rebaja impositiva propuesta le restaría recursos al Estado por más de mil millones de dólares, necesarios para impulsar una recuperación resiliente y justa, y agravaría la desigualdad de poder adquisitivo que se ha acentuado debido al Covid-19.

Al partir la redacción de una nueva Constitución, diversos centros de pensamiento han planteado incorporar en materia medioambiental principios orientadores de la acción del Estado. Uno de ellos es el de “Progresión y no regresión”. Esto implicaría que, si el país se compromete a determinados objetivos de descarbonización, dichos compromisos no queden sujetos a cambios políticos propios de la alternancia en el gobierno o brotes populistas como los que está haciendo gala la Comisión de Hacienda de la Cámara, que aprobó reducir los impuestos a los combustibles. 15 julio 2021

Bitran: «La gran trampa de la que debemos salir es la institucional. Sólo asi podremos enfrentar los desafíos ambientes, de inclusión social y de productividad y crecimiento»
«El ciclo político, con la debilidad institucional, impide priorizar políticas públicas que maduran en el largo plazo, situación que se ha exacerbado en la pandemia,….» 14 septiembre 2021, Diario Financiero.

La controversia generada por la licitación de Contratos Especiales de Explotación y Operación de Litio (CEOL), adjudicada por el gobierno saliente, se explica solo parcialmente por la falta de prolijidad del proceso. El litio, a diferencia de otros minerales, no es concesible, ya que la Constitución lo define de carácter estratégico por su hipotético uso nuclear; esto otorga a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) la facultad de establecer cuotas de producción para cada explotación.

Con el fortalecimiento de la acción climática se producirá un súper ciclo de precios del litio, acotado en el tiempo, que permitiría al Estado de Chile participar en forma significativa de las rentas económicas de esta actividad y contribuir al desarrollo regional. La CORFO constituyó las principales pertenencias en el Salar de Atacama, y generó en los años 80 contratos de arriendo con cuotas de explotación consistentes con un mercado reducido. El hecho de que la principal empresa con un contrato de arriendo por más

“Es fundamental que el gobierno saliente concuerde las condiciones de adjudicación con el gobierno electo y que se establezca un proceso con participación amplia para definir una política de Estado para este recurso estratégico”.

de 2/3 de las pertenencias de CORFO en el salar haya sido SQM -con un historial de incumplimientos graves, vinculada al financiamiento ilegal de la política y a la historia oscura de las privatizaciones en dictadura-, sumado al marco jurídico extremadamente restrictivo, hacía muy difícil modificar la situación vigente en el Salar de Atacama.

Es así como hasta 2016 Chile era el principal productor mundial de litio, con 41% de la producción y más del 50% de las reservas. De haberse mantenido los contratos vigentes a esa fecha, al 2030 habríamos sido relegados al cuarto lugar mundial, con una participación de mercado inferior al 10%. La renegociación de los contratos de arriendo por CORFO en el Salar de Atacama permitió revertir transitoriamente la tendencia declinante, pasando de una participación de 20% del mercado en 2018, a un estimado de 32% en 2021. Esto, además de aportes al Fisco, las comunidades, I+D de miles de millones de dólares y la opción de desarrollar valor agregado.

Sin embargo, se estima que a pesar de las ventajas de costos y de que el salar posee casi el 40% de las reservas globales de litio, la participación de Chile en el mercado mundial declinaría a un 18% al 2030. Esto, porque permanecen aspectos ambientales, contractuales y de gobernanza del salar que no han sido resueltos.

En este contexto, el Gobierno lanzó en octubre la licitación de CEOL, equivalente a una producción anual de un 28% del mercado mundial actual por 20 años. En primer lugar, esta licitación debería restringirse a exploración e inversión en otros salares diferentes al Salar de Atacama, dados los temas pendientes en aquel. Asimismo, dado que nos encontramos ad portas de un cambio de gobierno y considerando la complejidad sociopolítica y ambiental del tema del litio, resulta fundamental que el gobierno saliente concuerde las condiciones de adjudicación con el gobierno electo y que se establezca un proceso con participación amplia para definir una Política de Estado para el litio.

La crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania acelerará la incorporación del hidrógeno verde en Europa y Japón. Esto representa una oportunidad para Chile, que posee uno de los costos más bajos del mundo para la producción de este nuevo combustible limpio.

La acción de Rusia ha dejado de manifiesto la vulnerabilidad y dependencia de la Unión Europea (UE) del gas de ese país. El gas natural que consume la UE representa el 23% de la energía bruta que utiliza; la región importa el 90% de sus requerimientos de gas natural y el 45% de estas importaciones proviene de Rusia. En reunión de emergencia, la Comisión Europea anunció el 8 de marzo un plan para “independizarse de los combustibles fósiles de Rusia con bastante anticipación al 2030”, y su presidenta señaló que “cuanto más rápido nos cambiemos al hidrógeno, más rápido seremos realmente independientes energéticamente”.

El abastecimiento a través del Atlántico desde Magallanes es una fuente confiable y barata que permite la diversificación de abastecimientos energéticos clave para la seguridad de los suministros a Europa. Por su parte, Japón importa cerca del 10% del gas desde Rusia, pero es uno de los países del mundo que tiene una de las estrategias más decididas para incorporar hidrógeno verde para descarbonizar su economía. Un reciente estudio del Instituto Japonés de Economía de la Energía compara los costos de importación de hidrógeno verde de

Australia, Medio Oriente y

Chile: el abastecedor más barato sería Chile, a pesar de la mayor distancia. El estudio concluye que el norte de Chile promete jugar un rol fundamental en la seguridad energética de Japón, al facilitar la diversificación de su abastecimiento, en particular por la localización geográfica de Chile en el eje Asia-Pacífico, sin amenazas a la seguridad de suministro mediante transporte marítimo.

Chile tiene la oportunidad de aprovechar la aceleración de la penetración del hidrógeno verde en Europa y Japón. Considerando los aspectos geopolíticos, de seguridad y las ventajas naturales, podemos posicionarnos como un líder global en la exportación de este combustible limpio y también aprovecharlo domésticamente, reduciendo la dependencia del petróleo y la traza de carbono en nuestras exportaciones y sus impactos ambientales locales. Sin embargo, se requiere atraer inversiones por miles de millones de dólares y realizar esfuerzos de innovación para desarrollar usos domésticos.

Existe competencia con otros países y hay ventajas de “mover primero”, ya que se generan señales de que se han abordado los principales desafíos que implica el desarrollo comercial de un nuevo combustible, en un contexto de elevadas asimetrías de información y fallas de coordinación. Al Estado le cabe un importante rol de abordar la provisión de diversos bienes públicos, mitigar los riesgos y promover los encadenamientos domésticos para avanzar en una economía sustentable que genere empleos de calidad.

En 2021, la inversión de capital de riesgo en nuestro país alcanzó la cifra récord de casi US$ 3.000 millones, más de 20 veces el promedio de inversión anual de los últimos años. Junto con ello, emergieron los primeros unicornios chilenos. Las transacciones cubren a empresas que están en todas las etapas del ciclo de inversión, desde la fase temprana de pre-semilla, a cientos de millones en empresas que se valorizaron en más de US$ 1.000 millones, alcanzando el estatus de unicornio. En las etapas más tempranas participan principalmente fondos de capital de riesgo chilenos, la mayoría con cuasi capital de CORFO. Las fases de crecimiento y expansión regional son financiadas principalmente por fondos internacionales.

El desarrollo de una industria de capital de riesgo requiere ser capaz de generar un flujo significativo de emprendimientos dinámicos con elevado potencial de crecimiento que justifique el desarrollo de una industria que basa su éxito en tomar riesgos que el sistema financiero no aborda.

CORFO lleva 25 años impulsando la industria de capital de riesgo de fases tempranas con el objetivo de facilitar el cruce del llamado “valle de la muerte” de las startups tecnológicas. Sin embargo, en la primera década no se desarrolló una masa crítica de startups innovadoras, lo que retrasó el desarrollo de una verdadera industria de capital de riesgo. Es así como los fondos se orientaron a empresas establecidas de bajo riesgo tecnológico, más parecido a una industria de “private equity”.

No obstante, CORFO perseveró, manteniendo líneas de apoyo al capital de riesgo de fase temprana, pero al mismo tiempo desarrolló una diversidad de iniciativas tendientes a generar un ecosistema de emprendimiento tecnológico de alto impacto. Por ejemplo, se impulsaron iniciativas orientadas a estimular una mentalidad innovadora en las universidades y se desarrolló un sistema de transferencia tecnológica e incubación que permitiera traducir el conocimiento generado en las universidades en negocios innovadores de alto impacto. Además, se atrajo talento emprendedor de todo el mundo, generando un efecto demostración, y se estimuló la vinculación de las startups con grandes empresas, para aprovechar las ventajas de cada una.

La coherencia en el tiempo de estas políticas ha sido uno de los factores esenciales que hoy permiten cosechar sus frutos. En efecto, los estudios de la Comisión Nacional de Productividad muestran que son precisamente las empresas innovadoras de rápido crecimiento las que aportan más a la creación de empleo de calidad y a la productividad. La historia de éxito del desarrollo del capital de riesgo en Chile nos deja como lección que no existe una “bala de plata”, se requiere el desarrollo de los diferentes componentes del Sistema Nacional de Innovación, la interacción entre estos, y el desarrollo de una cultura de evaluación continua del impacto de las políticas. Pero más importante aún, para que las políticas de innovación tengan impacto significativo se requiere una institucionalidad que asegure la consistencia temporal de estas políticas cuyos impactos se concretan en el largo plazo.

“CORFO lleva 25 años impulsando la industria de capital de riesgo de fases tempranas. Perseverar en estas políticas ha sido esencial para cosechar frutos”.

Un concepto ya posicionado en Chile es que el fortalecimiento de la acción climática a nivel global, genera la oportunidad de transformar a nuestro sector minero en líder global en la oferta de los minerales y materiales para la descarbonización de la economía mundial. No obstante, esta minería debe ser verde, ya que las industrias verdes mundiales aumentarán significativamente su participación en la demanda global de minerales. A modo de ejemplo la Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de cobre de industrias verdes subirá de un 3% el año 2020 a un 45% el 2040.

Una minería verde y virtuosa, requiere minimizar la huella de carbono, un uso eficiente y la reutilización de los recursos hídricos, desarrollar una economía circular con impacto positivo en los territorios, establecer los mejores estándares de seguridad y salud ocupacional, minimizar los impactos ambientales en las comunidades y desarrollar relaciones de valor compartido con éstas, mediante el desarrollo de servicios locales, y virtuosa en la medida que los desafíos de innovación impulsan el desarrollo de una industria de servicios tecnológicos en el país, que se pueden expandir más allá de nuestras fronteras.

La innovación en Minería es realizada principalmente por proveedores tecnológicos de países de origen de la inversión y son incorporados en la gran minería cuando están probados a nivel internacional, en los ciclos de inversión de las empresas mineras, no siendo factible la innovación por las empresas de Ingeniería, en las etapas de factibilidad, debido al riesgo que implica. En este contexto el desarrollo de proveedores de clase mundial, impulsado por el programa estratégico Alta Ley, difícilmente logrará sus objetivos.

Una iniciativa impulsada por CORFO, los centros de pilotaje para la innovación en Minería y el desarrollo de proveedores innovadores, nos brinda la sorpresa que la mayoría de los pilotajes está vinculado a la mediana minería con una significativa participación de proveedores nacionales. Por otra parte, hemos aprendido que las soluciones de ingeniería para la gran minería no son replicables a la escala requerida en la mediana minería. La mediana y pequeña Minería empresarial ofrece la posibilidad de desarrollar una minería polimetálica primaria y secundaria productiva, responsable, que acelere su digitalización para mejorar la seguridad y eficiencia operacional, y desarrolle una minería circular que minimice los residuos. En el proceso de innovación a una escala adecuada a la escala de estas operaciones, se puede potenciar el desarrollo de proveedores tecnológicos en Chile, orientado a desafíos con especificidad local.

El pilotaje e implementación de innovaciones en la mediana minería pueden ser escalables a la gran minería. Los proveedores de mediana minería encontrarían un mercado en Perú y México, que puede ser la escala intermedia antes de saltar a nivel global. Así como CORFO financió la elaboración de una hoja de ruta de innovación enfocada en la gran minería, hoy sería pertinente desarrollar el ejercicio de desarrollar con todos los actores relevantes una hoja de ruta enfocada en los desafíos de la pequeña y mediana minería empresarial, incorporando además la participación de proveedores, centros de pilotaje, entidades de formación, centros de investigación, fondos de capital de riesgo, y la gran minería para que en sus territorios busquen sinergias con la mediana minería. El avance en el desarrollo de un ecosistema de innovación ofrece la oportunidad de emprender esta ruta, con la perspectiva de crear capital social y potenciar cadenas de valor sofisticadas asociadas al concepto de minería verde y virtuosa.