Arriagada Herrera Genaro (1943) [1] abogado; casado con Ana María Urzúa Pilotti (1942) médico cirujano.

Arriagada Urzúa Anamaría Isidora (1971) médico, elegida Presidenta del Colegio Médico en 2023: »

¿Qué debe ocurrir con las isapres?

Diré lo mismo que durante la época de campaña: deben haber prontas certezas para el mundo médico. Para aquellos que están en el sector privado, en primer lugar, y que la crisis no se transforme en deudas a médicos. Pero también hay que preservar el sistema privado, porque en Chile tenemos un sistema mixto que está asentado hace rato, entonces hay que ser capaces de dar esas certezas. Las isapres no deben quebrar, para que con cierta estructura definida podamos migrar a un sistema de aseguramiento.»

Es cierto que en un plebiscito hay solo dos opciones: Sí o No. Pero, no obstante la dureza del dilema, que parece de hierro, el grueso del país se ubica fuera de esas minorías que creen que el “Apruebo” es un contrato de adhesión a un borrador inmodificable; o el “Rechazo” la oportunidad para recuperar un derecho a veto sobre cualquier reforma constitucional futura. Si lo anterior es cierto -como creo que es-, habrá que considerar que traspasada esta opción binaria, hay un espacio común que construir. Ello quiere decir un acuerdo para considerar que el plebiscito de salida no ha sido un quiebre, sino una etapa de un proceso que debe seguir adelante.

En el caso del triunfo del Rechazo, el mecanismo para dar forma a esta continuidad es una reforma constitucional que requiere, para su aprobación, el acuerdo del Presidente y de la Cámara de Diputados y el Senado, camino que se utilizó para dar origen a la CC que acaba de terminar. En el caso del triunfo del Apruebo, el camino es más largo, pues supone reformas constitucionales cuya materialización se verá obstaculizada por los muy altos quórums y la negativa de la izquierda más militante a ceder en aspectos que estiman intranzables en el sistema político y que la oposición declara no poder aceptar.

Obviamente, reconocer la continuidad del proceso significa valorar en el trabajo de la CC avances que deben ser incorporados a la nueva Constitución, como lo han señalado en sus cartas los expresidentes Frei y Lagos: Estado democrático social de derechos, paridad de género, reconocimiento de pueblos originarios, multiculturalidad, fin de leyes supramayoritarias, protección del medio ambiente y varios otros.

Sea la continuidad que ofrece el Rechazo o el camino largo que supone el Apruebo, no habrá una Constitución “no partisana”, si no se abordan aquellas áreas donde el trabajo de la CC fue deficitario y se tradujo en disposiciones que parte significativa del país ha estimado insatisfactorias o equivocadas. Un sistema político que no sea un experimento que no existe en Estado democrático alguno; establecer un adecuado equilibrio y división de poderes, evitando los riesgos de una Cámara omnipotente, frente a un Presidente debilitado y un Senado inexistente; precisar el sistema electoral y el rol de los partidos políticos; garantizar la independencia del Poder Judicial; una regionalización que no se vea frustrada por una superposición de autonomías, un exceso de asambleas, la creación de una gran burocracia y un débil reconocimiento del rol fundamental de alcaldes y gobernadores.

Es cierto que hay tareas importantes por delante; pero es cierto también que el país ha avanzado enormemente en su debate constitucional. Más allá de los resultados de hoy, debemos mirar con realismo y una dosis de optimismo la nueva etapa que se abrirá a partir de mañana. (La Tercera)

Genaro Arriagada

El texto original de la Constitución del 80 fue aberrante y particularmente sus 29 artículos transitorios. Pero tanto o más lo fue su forma de elaboración.

Es importante recordar este proceso porque explica, al menos en parte, el actual interés por la participación.

La Constitución del 80 fue elaborada en secreto. El proceso de estudio tomó cinco años en la Comisión redactora del anteproyecto, la que se hizo en recintos cerrados y con total opacidad. Luego, el texto fue enviado al Consejo de Estado, una institución integrada por personas designadas por el régimen, las que se tomaron veintidós meses para emitir su informe.   Éste pasó a la Junta Militar que debía aprobarlo y que lo hizo en secreto, tomándose dos meses adicionales y sin que de sus discusiones se conozcan actas ni la presencia de asesores, lo que habría parecido necesario dada la absoluta ignorancia de sus miembros en materias constitucionales.

Y al cabo de estos siete años de elaboración en secreto, bruscamente, la noche del 10 de agosto de 1980, un discurso de Pinochet notificó a los chilenos que tendrían treinta días para discutir, organizarse y votar la que él llamó “la Constitución de la Libertad”. En treinta días debían ir a un plebiscito para aprobar o rechazar la Carta que marcaría sus vidas y que estaba construida para asegurar por, a lo menos, 16 años el gobierno del dictador y probablemente por 24 (8 años del período transitorio; 8 años más por una designación plebiscitaria; y ello sin que hubiera obstáculo para su reelección en 1996).

Pero los chilenos, en esos treinta días de plazo que tenían para “participar” en el proceso constituyente, debían hacerlo bajo Estado de Sitio, con censura de prensa, con las universidades bajo intervención militar y donde los partidos y los sindicatos estaban proscritos.

Hoy, acorde a las encuestas, sobre el 65% de la gente quiere una nueva Constitución. Y más de un 50% dice estar decidido a participar o considerando hacerlo. La cifra sorprende, pues es sabido que lo que caracteriza a las masas es una “pereza gregaria”, en que salvo la preocupación por sus asuntos personales, “no está ni ahí” con participar en sindicatos, gremios, partidos o cabildos para discutir un asunto tan complejo como una Constitución.

Pretender que -en el actual clima y desarrollo del país- el anteproyecto de una nueva Constitución pueda ser elaborado en salas cerradas y por un puñado de notables, no sólo es un imposible político sino un acto de ceguera y estupidez. Negar la participación es imposible. Si en la derecha  hay quienes piensan que los cabildos se llenarán de “minorías proféticas”, mayormente de izquierda, lo que deben hacer es abandonar su “pereza gregaria” e ir a plantear aquellas ideas en que creen; vencer la apatía y la indiferencia que tanto daño ha hecho a ese sector y al país. Entender que en política, más que en ninguna otra actividad, las buenas causas e ideas  -y todos creemos tenerlas- si no hay una masa crítica que las defienda, están condenadas a ser derrotadas. (La Tercera)

Genaro Arriagada

Patricio Valdés (martes) dice que estábamos equivocados en nuestra afirmación sobre eliminación de los pactos electorales en 1958-1973. La verdad es que estábamos en lo cierto.

En efecto, la alta fragmentación político-electoral de los años cincuenta —19 partidos con escaños en 1953 y 13 en 1957— condujo a la eliminación de los pactos electorales en virtud de sendas reformas electorales aprobados entre 1958 y 1962 (ver Ricardo Gamboa, “Reformando reglas electorales: la cédula única y los pactos electorales en Chile (1958-1962)”, en Revista de Ciencia Política, Santiago, Vol. 31, No. 2, 2011). Ello condujo a que el número de partidos efectivos disminuyera de 11,9 y 8,6 en 1953 y 1957, a entre 4,0 y 5,1 entre 1965 y 1973, produciéndose una simplificación de la oferta partidaria.

La Ley 13.913 de 1960 terminó con los pactos electorales en las elecciones municipales, la Ley 14.089 hizo otro tanto con las elecciones de diputados y, finalmente, la Ley 14.851 (1962) eliminó los pactos en las elecciones senatoriales (el caso que cita Valdés Aldunate es de 1961). Tales normas se mantuvieron vigentes hasta 1973.

Ahora bien, efectivamente, el Tribunal Calificador de Elecciones, ante una consulta de los partidos de la Unidad Popular, en fallo de junio de 1972, sostuvo que en virtud del Estatuto de Garantías Constitucionales (1971) los partidos podían constituir pactos electorales, lo que se expresó en la constitución de la Confederación Democrática (Code) y la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Se trató en verdad de una ficción o simulación que consideraba a una federación como equivalente a un partido político para todos los efectos legales. Hasta tal punto fue un resquicio que las leyes vigentes sobre prohibición de pactos electorales se mantuvieron vigentes.

Finalmente, es de esperar que la nueva Constitución que hoy se discute definitivamente elimine los pactos electorales, los que no hacen más que fomentar y hasta subsidiar —especialmente en la relación entre partidos grandes y chicos— la fragmentación político-electoral, la que es una enfermedad de la democracia en Chile y América Latina. (El Mercurio Cartas)

Genaro Arriagada
Ignacio Walker

Hay quienes al construir pactos electorales actúan como si se tratara de un asunto de derecho comercial, donde es posible sumar (o transar) con entera seguridad los papeles que se poseen en una sociedad anónima, de modo que si sumamos los votos del Partido Z (12%) a los del W (20%), a los del M (18%) y a los del P (4%), habremos construido una mayoría. Perfecto… salvo que la política es distinta a la aritmética y los votos de los partidos distintos a paquetes accionarios. La política son convicciones, no títulos de propiedad; los apoyos electorales —salvo el núcleo duro que siempre es minoritario— son escurridizos como una gota de mercurio sobre un vidrio. Por eso, en las alianzas políticas rara vez dos más dos son cuatro. Si la alianza es considerada virtuosa, la sumatoria puede elevarse a cinco o incluso seis; si aparece como contradictoria o espuria, dos más dos pueden ser tres o aún menos.

Partiendo por lo elemental, sorprende que entre los que hoy plantean con más fuerza una unidad que vaya desde el PC a la DC, se encuentren algunos que hasta hace poco declaraban que ella no era posible ni conveniente para las listas de concejales, alcaldes, primarias presidenciales y constituyentes y, más aún, que entre estos figuren algunos que han dividido a sus partidos, de modo que se puede decir que practican el fraccionalismo puertas adentro y la unidad a nivel nacional.

Yendo al fondo del asunto, la unidad en sí misma no es una categoría moral, sino un instrumento que procede en algunas circunstancias y en otras no; que hecha al margen de principios no solo tiene el feo olor del oportunismo, sino que puede tener costos políticos y electorales muy elevados. Hay un cierto consenso en que desde hace una década una contribución a la pérdida de fuerza electoral de los partidos de centro y de izquierda no ha sido el resultado de sus diferencias, sino de un exceso de unidad que fue matando su mayor riqueza: su diversidad en la tolerancia.

En tal sentido, concuerdo con Manuel Antonio Garretón y Carlos Ominami cuando plantearon que los partidos que formaban parte de la Concertación, en vez de una unidad forzada, debían formar dos coaliciones —una más al centro y otra más a la izquierda— que luego pudieran entenderse sin complejos. Creo que uno de nuestros errores ha sido la obsesión de limar, una y otra vez, nuestras asperezas ideológicas y programáticas para no incomodar a los aliados. El PS fue descafeinando cada vez más sus proyectos, de modo de no contrariar a su aliado de centro. La DC, por aquello de que “amor con amor se paga”, derivó hacia un discurso aguachento, fofo, con el que perdió a raudales su atractivo hacia el centro. Los partidos que integramos la Concertación fuimos decayendo electoralmente porque a nuestro electorado de centro lo dejamos emigrar a la derecha y al de izquierda, hacia el FA. En estos días, el PC, el FA y sectores del PS nos llaman a una sola lista para la elección de consejeros. Una unidad que el país verá como oportunista, pues comprenderá a quienes en la pasada CC lideraron los excesos que condujeron a su derrota —el FA y el PC llamando a defender en las calles el triunfo del Apruebo— y los que hicieron esfuerzos de rectificación (hay que reconocer la responsabilidad del Colectivo Socialista). Una unidad desde el PC a la DC que tendrá un alto costo electoral, pues no agregará un voto de izquierda, hará perder torrentes de sufragios de centro y que hará más fácil que Amarillos y Demócratas asuman la tentación derechista que, aparentemente, los consume. Un camino de derrota.

No se trata de caer en el vicio que se critica de hacer de la unidad o pluralidad de listas un dogma moral. Es razonable que en aquellas seis circunscripciones que eligen 2 consejeros, la fuerza del binominalismo imponga severos pactos por omisión. Sin embargo, en todas las demás, la competencia entre cuatro listas parece la opción políticamente más legítima, transparente y electoralmente mejor. Al fin y al cabo, como lo he señalado en otras oportunidades, la unidad que en porciones pequeñas es un remedio, en altas dosis operará como un veneno. Una pastilla para dormir soluciona un problema; tomar un frasco mata. (El Mercurio)

Genaro Arriagada Herrera

En la construcción de una democracia hay ciertas “líneas rojas” que ninguna Constitución debe traspasar. Una de ellas es la independencia del Poder Judicial. Las recientes dictaduras descansan menos en la fuerza militar —que es demasiado evidente— y sí en el control de la judicatura que es una forma más solapada e hipócrita.

Daniel Ortega no manda a la policía para que le asegure un fraude electoral, sino que ordena al Poder Judicial, que controla, que dicte una sentencia contra todo candidato que le incomode. Maduro no dispone la clausura del diario “El Nacional”, sino que una condena judicial a pagar una decena de millones de dólares provoca su cierre. Orban en Hungría y Kaczynski en Polonia son acusados por la Unión Europea de estar destruyendo el Estado de Derecho mediante el control del Poder Judicial.

Otra amenaza se encuentra en el abuso de mecanismos de democracia directa. No cabe negar de modo absoluto la existencia de referéndums y revocatorios; pero hay que ser conscientes de que salidos de madre pueden dar origen a la dictadura. Se ha hecho frecuente que un autócrata acuda directamente al pueblo, al que le pide una vinculación íntima —no mediatizada por partidos, ni clases, ni mayorías parlamentarias—, sino a través de plebiscitos que le permiten privar de derechos a las minorías, concentrar el poder, transformar el Congreso en un ente decorativo y, por esa vía, sin controles ni balances, establecer un gobierno despótico. Es el camino de, entre otros, Putin, Erdogan, Sri Lanka, AMLO, que ha anunciado que acudirá a consultas populares que sean vinculantes si vota el 20 o 30 por ciento del padrón.

Una tercera “línea roja” es la creación de un extremo desbalance de poder al acumular en un órgano —sea la presidencia o una asamblea— una suma tal de atribuciones que lo haga superior en poder político a todo otro poder del Estado. No es que desaparezcan los tribunales o la presidencia o el Parlamento o una de sus ramas, sino que esas instituciones, degradadas de atribuciones, quedan sometidas al órgano dominante sin que puedan controlar ni balancear su poder.

Hasta hoy, la Convención ha puesto la Cámara de Diputados en el centro de la “sala de máquinas”, con lo cual no vamos hacia un “presidencialismo atenuado”, sino a un gobierno de Asamblea, que es el más inoperante de los sistemas políticos. Aun creyendo que esto es un error, su naturaleza democrática depende de cómo sea regulada. Dado su enorme poder, si sus atribuciones y límites no están claramente establecidos en la Constitución o son dejados al arbitrio de la ley común (el número de sus miembros; escaños reservados; sistema electoral; acusador y juez en la destitución de ministros; atribuciones para reformar la Constitución, y otros asuntos fundamentales) arriesga ser la antesala de un orden autocrático.

Además, hay que prestar especial atención a tres capítulos de la Constitución, que están en curso y que pueden constituir amenazas mayores. Uno es el control constitucional que, como bien ha señalado Carlos Peña, si “se lo hace desaparecer o se le aminora o mitiga o deforma hasta hacerlo irrelevante, entonces la misma Constitución no existiría”. Otro, son los artículos transitorios, donde so pretexto de regular la transición desde las antiguas instituciones a las que crea la nueva Constitución, autoritarios de distinto signo han encontrado la oportunidad para hacerse con el control o descabezar al Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Banco Central y otros organismos. Finalmente, un tercer capítulo son las normas para la reforma de la Carta, donde circulan, en la comisión, textos que por el prestigio de la Convención es de esperar que sean rechazados por el pleno.

Precisar estas “líneas rojas” es fundamental porque en las últimas décadas la democracia, más que nunca, está desafiada. En Estados Unidos y en Francia, por Trump y Le Pen, respectivamente; en India, en México, Brasil. En Europa Central, por una ultraderecha cada vez más agresiva, y en otros lugares por la “izquierda borbónica”, esa que no olvida ni aprende nada. En este cuadro, la Convención tiene la oportunidad de fortalecer las posibilidades del Apruebo, desechando amenazas contra la democracia, como la insuficiente autonomía del Poder Judicial, la mala regulación de la justicia constitucional, rechazando elementos cuestionables de la democracia plebiscitaria o evitando una estructuración del sistema político en torno de un órgano dominante carente de equilibrios y controles reales. La Convención puede desechar estas peticiones —que son moderadas y razonables, pues se ajustan a la teoría y práctica universal de la democracia—, pero en ese caso debe asumir que no puede pedir a quienes piensan distinto que apoyen una propuesta que significa abdicar de sus convicciones y de su historia. (El Mercurio)

Genaro Arriagada

Klaus Schmidt-Hebbel ha hecho bien al plantear la necesidad de un régimen parlamentario. Comparto su convicción de que entre nosotros el presidencialismo está superado. Variadas publicaciones académicas le dan la razón. En 2017, en un libro que escribiéramos con Jorge Burgos e Ignacio Walker, aludíamos a diversos trabajos que al evaluar la estabilidad y fuerza de los gobiernos parlamentarios y presidenciales, mostraban resultados lapidarios en contra de los segundos. F. Riggs señalaba que en 76 sistemas políticos abiertos, los fracasos fueron 30 en los sistemas presidenciales, en tanto que solo 13 en los parlamentarios. Mainwaring, al considerar 31 democracias que entre 1967 y 1992 no fueron interrumpidas, indica que solo cuatro de ellas (Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Venezuela) eran presidenciales, en tanto las restantes, parlamentarias.

Alfred Stepan y Cindy Skach, al comparar la eficiencia democrática de ambos sistemas, concluyen en una notable superioridad del parlamentarismo. Luego, al trasladar el interés a la sobrevivencia de la democracia por diez años consecutivos (su observación se extiende al período 1973 a 1989), el régimen parlamentario muestra una tasa de sobrevivencia que es tres veces más alta que la del presidencial. Y en cuanto a las posibilidades de ser víctimas de un golpe de Estado, ellas fueron dos veces más altas en las democracias presidenciales que en las parlamentarias.

No es extraño, por tanto, el juicio adverso de Giovanni Sartori: “el presidencialismo, por mucho, ha funcionado mal. Con la única excepción de los Estados Unidos, todos los demás sistemas presidenciales han sido frágiles —han sucumbido regularmente ante golpes de Estado y otras calamidades”. Karl Loewenstein, uno de los grandes constitucionalistas del siglo XX, refiriéndose a Estados Unidos, decía que “el milagro de la república americana no se basa en su Constitución, sino que se ha dado a pesar de ella”. Pero como lo advirtiera Maurice Duverger, “si presidente y mayoría del Congreso pertenecieran a partidos diferentes (…) la separación de poderes se haría muy rígida y se llegaría por ahí a la imposibilidad de ejercer el gobierno”. Una advertencia que formulada hace 70 años no ha hecho sino cumplirse. El presidencialismo norteamericano, carcomido por la escalada del conflicto del Congreso y el jefe de Estado, es hoy, según el reciente índice elaborado por The Economist, una “democracia defectuosa”, ubicada en el lugar 30 del ranking, que ha perdido en un año cuatro escalones, ubicándose más abajo que Chile (una “democracia plena”, 19° en la escala).

Distintos autores han cuestionado que el presidencialismo conduzca a gobiernos fuertes y estables. Al mirar el presidencialismo de la Constitución del 25, lo que vemos es una rotativa ministerial que ha sido una pesada carga. En Chile, entre 1932 y 1973, hubo ocho presidentes, que tuvieron 45 ministros de Hacienda y 60 de Interior; secretarios de Estado que duraron, en promedio, 11 y 8 meses, respectivamente. Con la excepción de Jorge Alessandri y Eduardo Frei, todos los presidentes entre 1932 y 1973 tuvieron gabinetes que duraron menos de un año y cuatro de ellos menos de siete meses.

Concuerdo, además, en que no basta el cambio de régimen, sino que son necesarias varias reformas complementarias: fortalecer el sistema de partidos, variar las leyes electorales, mejorar el financiamiento de la política y revisar el funcionamiento del Congreso.

Finalmente, la elección directa del Presidente, como ocurre en los sistemas presidencial y semipresidencial, facilita el acceso al poder de líderes populistas sin respaldo de partidos, carentes de equipos técnicos, con un discurso mesiánico; riesgo que es mayor en sistemas donde, de no haber una primera mayoría indubitada, es obligatorio el balotaje entre las dos primeras fuerzas. Es el caso de Perú, donde, en 2021, compitieron 16 candidatos, alcanzando la primera mayoría un 19% de sufragios, y la segunda, un 11%. En ese cuadro, en la segunda vuelta, los peruanos fueron forzados a decidir entre dos propuestas nefastas: o un político analfabeto (Castillo) o una corrupta (Keiko).

Es bueno saber que si se opta por un sistema que comprenda acumulativamente: (i) un sistema de partidos fragmentado; (ii) la elección directa del jefe del Estado; y (iii) una segunda vuelta, hay un alto riesgo de que se abra camino a una de las peores formas de sistema político. (El Mercurio)

Genaro Arriagada

En las últimas horas de su gobierno, el Presidente Allende preparaba un discurso en que llamaría a un plebiscito.

La idea de un referendo había circulado en los días iniciales de la Unidad Popular, pero fue perdiendo fuerza en la medida que los resultados electorales empezaron a mostrarse adversos. En las municipales de abril de 1971, efectivamente la UP superó a la suma de los partidos de la oposición, pero por una fracción de un uno por ciento. Con ese resultado era absurdo convocar a un plebiscito, y aunque los socialistas tibiamente lo plantearon, no los siguió nadie.

Las elecciones de un senador y un diputado, en enero de 1972, mostraron un inocultable declive electoral de la UP, lo que alejó aún más la idea de un plebiscito. A fines de enero de ese año, Allende propone ir a un referendo y la respuesta, unánime, de los partidos es un no rotundo, que el secretario general del PC, en su estilo campechano, justifica diciendo que en él “perdemos de aquí a Penco”.

El resultado de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 (un 55% de votos para la oposición y un 45% para el gobierno) alejó aún más esa posibilidad. Sin embargo, el Presidente, el 5 de junio de 1973, volvió a plantear la idea del plebiscito, obteniendo nuevamente un rechazo unánime de los partidos.

Seis días antes del Golpe, el 5 de septiembre, Allende convoca al Comité Político de la UP y le expone (Joan Garcés, “Allende y la Experiencia Chilena”, p. 332.) la urgencia de “optar entre a) recurrir a las urnas, b) un acuerdo con la Democracia Cristiana, c) formar un gabinete de seguridad y defensa nacional integrado esencialmente por militares. Por último, si los partidos no se ponen de acuerdo sobre alguna de las opciones anteriores el Presidente solicita que durante un período máximo de tres meses acepten que él tome decisiones… pues el gobierno no puede permanecer semiparalizado en medio de la insurrección”.

Pide una respuesta para el día siguiente, pero que no llega sino el 8 de septiembre, dos días y horas antes del Golpe. Su contenido —y cito de nuevo a Garcés— es: “acuerdo con la DC, rechazado; convocatoria de un referéndum, rechazado; formación de un gobierno de defensa y seguridad nacional, rechazado; voto de confianza al Presidente para que adopte temporalmente decisiones inaplazables, rechazado. Recomendaciones propias del comité político en sustitución de las anteriores: ninguna”.

El 9 de septiembre (48 horas antes del Golpe) la idea del plebiscito registra dos nuevos hechos. “El primero es que el Partido Comunista informa al Presidente que acepta la convocatoria. El otro es que Edgardo Boeninger, rector de la Universidad de Chile y con el pleno respaldo de la DC, propone que el Presidente de la República deje el ejercicio de su cargo, lo mismo que los parlamentarios, y se llame a elecciones generales donde el pueblo, en ejercicio de su soberanía, zanje la disputa eligiendo nuevo Presidente y Congreso Nacional” (Patricio Aylwin, “La Experiencia Política de la Unidad Popular”, p. 725). Los días 9 y 10 Allende informa a ministros y a los comandantes en jefe que pronunciará un discurso el 11 o 12 de septiembre llamando a un referendo.

Aun cuando hubiera habido un respaldo pleno de los partidos de la UP a la convocatoria, es claro que no existía acuerdo con la DC. El PDC propone que ese plebiscito sea un revocatorio que lleve a la renuncia y la inmediata elección del Presidente y la totalidad del Parlamento. El PC, en cambio, plantea que debe ser para aprobar la convocatoria a una Asamblea Constituyente que funcionará paralelamente al Parlamento y no hace mención a la idea de una revocación de mandatos.

El borrador del discurso tantas veces citado —y nunca conocido—, hay quienes dicen haber conocido sus ideas centrales, no considera una revocatoria de mandatos, pero sí el llamado a elegir una asamblea constituyente y la mantención del Presidente y el Parlamento. Dicho en honor de Salvador Allende, su decisión de ir al referendo es ajena a un cálculo electoral mezquino; de ello da cuenta Carlos Prats: “Piensa (el Presidente) que de ese veredicto saldrá perdedor, pero será una honrosa derrota para la UP… que evitará la guerra civil”. Sin embargo la oposición del Partido Socialista, la Izquierda Cristiana y el MAPU-Garretón se mantiene inalterada.

El tiempo se ha agotado. Es lo que le dice, dos días antes del Golpe, el general Prats a Allende: “Perdone, Presidente, usted está nadando en un mar de ilusiones. ¿Cómo puede hablar de un plebiscito que demorará 30 o 60 días en implementarse, si tiene que afrontar un pronunciamiento militar antes de diez días?”. Allende le pregunta: “¿Qué salida ve usted, entonces?”. El general Prats le da una respuesta dramática: “Que el lunes usted pida permiso constitucional por un año y salga del país”. La respuesta del Presidente es “¡Jamás!…” (Memorias del Gral. Prats, p. 510).

Genaro Arriagada

En las últimas horas de su gobierno, el Presidente Allende preparaba un discurso en que llamaría a un plebiscito.

La idea de un referendo había circulado en los días iniciales de la Unidad Popular, pero fue perdiendo fuerza en la medida que los resultados electorales empezaron a mostrarse adversos. En las municipales de abril de 1971, efectivamente la UP superó a la suma de los partidos de la oposición, pero por una fracción de un uno por ciento. Con ese resultado era absurdo convocar a un plebiscito, y aunque los socialistas tibiamente lo plantearon, no los siguió nadie.

Las elecciones de un senador y un diputado, en enero de 1972, mostraron un inocultable declive electoral de la UP, lo que alejó aún más la idea de un plebiscito. A fines de enero de ese año, Allende propone ir a un referendo y la respuesta, unánime, de los partidos es un no rotundo, que el secretario general del PC, en su estilo campechano, justifica diciendo que en él “perdemos de aquí a Penco”.

El resultado de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 (un 55% de votos para la oposición y un 45% para el gobierno) alejó aún más esa posibilidad. Sin embargo, el Presidente, el 5 de junio de 1973, volvió a plantear la idea del plebiscito, obteniendo nuevamente un rechazo unánime de los partidos.

Seis días antes del Golpe, el 5 de septiembre, Allende convoca al Comité Político de la UP y le expone (Joan Garcés, “Allende y la Experiencia Chilena”, p. 332.) la urgencia de “optar entre a) recurrir a las urnas, b) un acuerdo con la Democracia Cristiana, c) formar un gabinete de seguridad y defensa nacional integrado esencialmente por militares. Por último, si los partidos no se ponen de acuerdo sobre alguna de las opciones anteriores el Presidente solicita que durante un período máximo de tres meses acepten que él tome decisiones… pues el gobierno no puede permanecer semiparalizado en medio de la insurrección”.

Pide una respuesta para el día siguiente, pero que no llega sino el 8 de septiembre, dos días y horas antes del Golpe. Su contenido —y cito de nuevo a Garcés— es: “acuerdo con la DC, rechazado; convocatoria de un referéndum, rechazado; formación de un gobierno de defensa y seguridad nacional, rechazado; voto de confianza al Presidente para que adopte temporalmente decisiones inaplazables, rechazado. Recomendaciones propias del comité político en sustitución de las anteriores: ninguna”.

El 9 de septiembre (48 horas antes del Golpe) la idea del plebiscito registra dos nuevos hechos. “El primero es que el Partido Comunista informa al Presidente que acepta la convocatoria. El otro es que Edgardo Boeninger, rector de la Universidad de Chile y con el pleno respaldo de la DC, propone que el Presidente de la República deje el ejercicio de su cargo, lo mismo que los parlamentarios, y se llame a elecciones generales donde el pueblo, en ejercicio de su soberanía, zanje la disputa eligiendo nuevo Presidente y Congreso Nacional” (Patricio Aylwin, “La Experiencia Política de la Unidad Popular”, p. 725). Los días 9 y 10 Allende informa a ministros y a los comandantes en jefe que pronunciará un discurso el 11 o 12 de septiembre llamando a un referendo.

Aun cuando hubiera habido un respaldo pleno de los partidos de la UP a la convocatoria, es claro que no existía acuerdo con la DC. El PDC propone que ese plebiscito sea un revocatorio que lleve a la renuncia y la inmediata elección del Presidente y la totalidad del Parlamento. El PC, en cambio, plantea que debe ser para aprobar la convocatoria a una Asamblea Constituyente que funcionará paralelamente al Parlamento y no hace mención a la idea de una revocación de mandatos.

El borrador del discurso tantas veces citado —y nunca conocido—, hay quienes dicen haber conocido sus ideas centrales, no considera una revocatoria de mandatos, pero sí el llamado a elegir una asamblea constituyente y la mantención del Presidente y el Parlamento. Dicho en honor de Salvador Allende, su decisión de ir al referendo es ajena a un cálculo electoral mezquino; de ello da cuenta Carlos Prats: “Piensa (el Presidente) que de ese veredicto saldrá perdedor, pero será una honrosa derrota para la UP… que evitará la guerra civil”. Sin embargo la oposición del Partido Socialista, la Izquierda Cristiana y el MAPU-Garretón se mantiene inalterada.

El tiempo se ha agotado. Es lo que le dice, dos días antes del Golpe, el general Prats a Allende: “Perdone, Presidente, usted está nadando en un mar de ilusiones. ¿Cómo puede hablar de un plebiscito que demorará 30 o 60 días en implementarse, si tiene que afrontar un pronunciamiento militar antes de diez días?”. Allende le pregunta: “¿Qué salida ve usted, entonces?”. El general Prats le da una respuesta dramática: “Que el lunes usted pida permiso constitucional por un año y salga del país”. La respuesta del Presidente es “¡Jamás!…” (Memorias del Gral. Prats, p. 510).

Genaro Arriagada

Arriagada Herrera Genaro (1943)  Partido Radical hasta 1961, Partido Demócrata Cristiano, en la discusión de Garantías Constitucionales en octubre de 1970 «el corazón de la cosa era el Ejército, y se trataba de asegurar que en Chile no hubiese otro grupo armado si no las FFAA y Carabineros» (4); director nacional de difusión del PDC 1973; escribe “De la vía chilena a la vía insurreccional” en 1974 criticando al gobierno de la UP; secretario ejecutivo del comando por el No 1988, Ministro Secretaría General de la Presidencia 1994-96;

sobre una alianza con la izquierda: “hay una izquierda que ha hecho y hace una contribución al desarrollo del país. Hay otra, en cambio, que es lejana y que ante sus errores y contradicciones no es posible guardar silencio ni dejar de criticarla” (2) (2) “La izquierda, ¿en punto muerto? El Mercurio 2 enero 2016.

«…los defensores de equiparar a los partidos con grupos de ‘independientes’ presentan la medida como un valor moral, el reconocimiento de un derecho inalienable. No lo es. Es simplemente una política desacreditada, probadamente errónea…» (5)

«A inicios de esta semana, tras 58 años de militancia, el ex ministro Genaro Arriagada renunció a la DC a través de una carta señalando que “en los tiempos que vienen, los partidos, individualmente y como sistema, deberán ser sometidos a una crítica de sus prácticas, estrategias e incluso revisar su propia naturaleza. En esa tarea, que estimo indispensable, quiero disponer de una independencia que es incompatible con el acatamiento que los militantes deben a las decisiones que adopten las colectividades de que forman parte”. (6)

(3) Sobre el PDC, columna, “Con la unidad me matan; con ‘el camino propio’ me muero” El Mercurio 30 junio 2018.

(4) Recordando la trasferencia de poder en Octubre de 1970, El Mercurio, 25 octubre 2020.

(5) Columna en el Mercurio, 12 junio 2021 «Partidos: el niño, el agua y la bañera»

(6) 28 diciembre 2021

Bibl: “La oligarquía patronal chilena” (1970).

“De la ‘vía chilena’ a la ´vía insurreccional´ (1974).

«Leninismo y Democracia» (1976) junto a Claudio Orrego

“10 años: visión crítica” (1983).

«El sistema político chileno (una exploración del futuro)» (diciembre, 1984) en Colección Estudios Cieplan Número 15.

“La política militar de Pinochet” (1985): en el gobierno de Pinochet  a las FFAA «en nombre dle profesionalismo militar y de las virtudes castrenses, se les niega derecho a una deliberación sobre los asuntos del gobierno» (p. 113)

“Pinochet” (1988).

“Eastern Europa, Latin America and Compartive Politics” (1991).

“Cambio de régimen político” (1992, con Oscar Godoy).

«Los empresarios y la política» (2004)

“Hacia un ‘big band’ del sistema de partidos?” (1997).

“Por la Razón o la Fuerza: Chile bajo Pinochet” (1998).

“Los empresarios y la política” (2004).

“Chile: memoria a 40 años” (2013, varios autores).

“Sobre derechos, deberes  y poder: una nueva constitución para Chile” (2017 con Jorge Burgos e Ignacio Walker). «Al observar el actual debate político en Chile, es claro que lo que aquí hemos llamado presente, esta superado. y lo esta de varias maneras. De partida porque la Constitución aprobada en 1980, ya no es lo que fue. También porque, no obstante sus más de treinta reformas, no ha logrado superar el estigma de ilegitimidad con que nació….»

«Plebiscitos 1988 y 2020: tan importantes, tan distintos» En el plano de la emotividad, estos dos plebisictos pertenecen a mundos distintos. El de 1988 uno de esos momentos mágicos que suelen ser las luchas finales contra las dictadurras y de los que hubo muchos en los años setenta y ochenta. Que el plebiscito de esta año no sea peribido como una épica, no le resta importancia» El Mercuri, 4 octubre 2020

“Todas las dictaduras del mundo se autodenominan “democracias”. No hay nadie que cometa el error de llamarse a sí mismo dictador” HOY, 6 mayo 1981.

En 2006 anticipó la crisis por financiamiento ilegal de la política destapada en  el 2015: ”Lo que tenemos hoy ante los ojos en Chile, siendo claro se trata de una corrupción flagrante e inexcusable… está compuesto por dos órdenes de cosas distintas. Una de estos e el financiamiento de la política, que revela irregularidades como el uso de facturas falsas, el empleo de empresas fantasmas y tal vez otros males que van a aparecer. El objetivo… es establecer un vínculo torcido y clandestino entre los funcionarios públicos electos (parlamentarios, alcaldes, concejales) y grupos privados que financian sus campañas… o a los partidos que pertenecen. La política es cara, requiere costosas campañas electorales. El otro es el uso corrupto del Estado, con propósitos de intervención política y electoral… el propósito es financiar campañas o crear bases políticas fundadas en el clientelismo”. “Corrupción, sobre operadores y facturas falsas” 2006 CED.;

«Gobierno y oposición: ‘cuando tenía las respuestas… me cambiaron las pregunas» Columna El Mercurio 18 abril 2012 «… gobierno y oposición han dejado de interpretar al país. NI uno ni otra saben cuales son las preguntas que la nación formula, sus anhelos profundos, la razón de su malestar… la historia muestra, una y otra vez, que de las crisis políticas, incluso cuando son profundas, rara vez se dan cuenta los que detentan el poder… hasta que se hacen incontrolables»

en 2015 propuso para una nueva Constitución debieran introducirse dos elementos ‘parlamentarios’ al sistema presidencial: que el Presidente nombre un Primer Ministro que debe contar con la aprobación del Parlamento, y que si hay un choque de poderes, el Presidente pueda disolver al Parlamento (1);

“Todas las estrategias de polarización destruyen a la DC. Por eso ha hecho bien el presidente PDC en decir que nosotros estamos en contra de los populismos de izquierda y de derecha. Si el país, en cambio, empieza a buscar políticas de prudencia, de sensatez, de cambios graduales, de mejoramientos relativos de la situación, el país va a girar hacia el centro y en ese cuadro nosotros crecemos” (4);

(1) ¿Qué hacer con el mal gobierno? El Mercurio 15 noviembre 2015.

(4) Entrevista, El Libero, 9 mayo 2019.

«Corbynism: el mal que amenaza a la izquierda» El Mercurio 8 noviembre 2016: «en términos simples, el corbynismo ha creado un divorcio entre la base electoral del partido y la base electoral del Reino Unido… en la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana continuó su desangramiento hacia la derecha y las caídas de los tres partidos de la izquierda fueron a engrosar las arcas electorales del centrista Partido Radical… el corbynismo criollo no escucha… el blanco de sus ataques y fobias no son los conservadores, sino la socialdemocracia, la DC, la viaja Concertación… y Ricardo Lagos, como Blair en Inglaterra o Felipe González en España…»

«Izquierdismo a la violeta» carta respuesta a Fernando Atria y Michelle Peutat que criticaron una carta anterior de él: «Jeremy Corbyn, al radicalizar hacia la izquierda las propuestas y programas del laborismo inglés, está perdiendo de sus base electoral a sectores de centro y moderados que antes lo apoyaban y que hoy emigran hacia los conservadores, al punto que cálculos indican que, de haber elecciones hoy en el Reino Unido, la representación parlamentaria del Partido laborista caería en hasta 100 de sus 230 representantes….» 13 noviembre 2016

El Mercurio, columna 21 julio 2019 «Los temas de ´papi´y los de ´mami´»:

Piñera en el periodo anterior a la elección y los rpimeros seis meses de su instalación tenia los temas de crecimiento económico y seguridad ciudadana como promesa y confianza. Pero, hoy, acosado por los infortunios ecnómicos, el Gobierno parece desplazarse a políticas de bienestar, salud, pensiones, educación…. es probable que el Gobierno piense que se le ha abierto una oportunidad no menor para abordar los temas de mama»

Columna «EN CHILE, ¿DONDE ESTAMOS HOY?», El Mercurio 17 agosto 2019:

El Libero, 29 de julio, 2019
Genaro Arriagada: «Revivir la Concertación es una pura nostalgia. Lo que hay que hacer es crear algo nuevo, fuerte, poderoso»
El ex ministro y «cerebro» de la Democracia Cristiana precisa que la unidad de todos «desde la DC hasta el Frente Amplio es un imposible». Destaca el nuevo camino de acuerdos entre oposición y gobierno. «Hemos pasado del obstruccionismo a una actitud que es propia de un régimen político». Sobre el actual debate en el Partido Comunista, subraya: «Sería mezquino no reconocer el valor de quienes, siendo comunistas, han desafiado a su directiva».

«No solo la oposición, sino que el sistema político, se ha hecho mucho más fragmentado… en el mundo entero hay un cambio político… El PC en el mundo está desapareciendo… a la DC le empiezan a encontrar razón. Ya vamos entendiendo que esta cosa de la unidad plena en la oposición no solo era un imposible político, sino que era un absurdo… la calve para recuperar el poder está en girar hacie el centro y nuestros aliados se estánconduciendo ellos y a nosotros a una derrota mayor… con la indignación no se hace un proyecto político… la verdad es que el Frente Amplio es una realidad en ebullición y en proceso, epro hoy no es un proyecto político» Entrevista La Tercera 6 agosto 2019.

“Todas las estrategias de polarización destruyen a la DC. Por eso ha hecho bien el presidente PDC en decir que nosotros estamos en contra de los populismos de izquierda y de derecha. Si el país, en cambio, empieza a buscar políticas de prudencia, de sensatez, de cambios graduales, de mejoramientos relativos de la situación, el país va a girar hacia el centro y en ese cuadro nosotros crecemos” (4);

«Hoy ve el futuro DC muy complicado, amenazado. ‘Cuando representábamos el 20% dijimos: «nos reformamos o desaparecemos»; hoy con 5%, es muy claro’  «Los grandes derrotados son Evópoli y las fuerzas que pretendían ‘una derecha social’, Desbordes y Lavín. Un cambio importante, pero no dramáticos» … tengo una visión optimista, no veo esta elección coo una tragedia, con un Parlamento en equilibrio, una Constituyente con marco constitucional acotado y los extremistas perdiendo poder, elección tras elección. No es cierto que el sistema chileno estallará porque un candidato de ultraderecha gane la segunda vuelta, tampoco si un candidato en coalición con el PC llega al poder… Durane 17 años del régimen militar, la DC no aceptó ningún acuerdo con quienes sostenían la violencia, marginó al PC, condenó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y a todos los que querían la lucha armada. De repente quedamos en un buenismo frente a la violencia. La DC debió haber recuperado su identidad con una posición clara… en 1970 se hizo una negociación y permitió un periodo de paz que terminó, provocado por la ultraizquierda en su infinita brutalidad, en el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic. Desde el 2005, en que empieza la caída, la DC no ha tenido un principio de identidad ni de contradicción claro. De identidad para afirmar lo que cree y de contradicción, para decir hasta aquí llego… el presidente Piñera cometió un error, fue elegido por 36% de los votos y creyó que su mandato era del 54% que obtuvo en segunda vuelta» (5)

(4) Entrevista, El Libero, 9 mayo 2019.

(5) Entrevista, El Mercurio, 28 noviembre 2021

El Libero, 29 de julio, 2019
Genaro Arriagada: «Revivir la Concertación es una pura nostalgia. Lo que hay que hacer es crear algo nuevo, fuerte, poderoso»
El ex ministro y «cerebro» de la Democracia Cristiana precisa que la unidad de todos «desde la DC hasta el Frente Amplio es un imposible». Destaca el nuevo camino de acuerdos entre oposición y gobierno. «Hemos pasado del obstruccionismo a una actitud que es propia de un régimen político». Sobre el actual debate en el Partido Comunista, subraya: «Sería mezquino no reconocer el valor de quienes, siendo comunistas, han desafiado a su directiva».

«La profundidad de nuestra crisis política» El Mercurio 28 julio 2020: «… seguir exacerbando el presidencialismo es un imposible y una provocación de aquellas que se pagan caro. Pero avanzar hacia formas parlamentarias o semipresidenciales es un camino que requiere no de una, sino de varias reformas políticas simultáneas…»

Genaro Arriagada «El presidencialismo debe ser superado» La Tercera 22 enero 2021
El parlamentarismo como el semiprsidencialismo (PAR-SP) se basan en la unidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo; el presidencialismo (PRE), en cambio, en una separaicón donde el Presidene detenta la función Ejecutivo y el Congreso.
Normalmente, en el PRE es un Presidente de un color y un Parlamento controlado por la oposoción.
Frente a esta realidad, la respuesta del PRE es su inflexibilidad.
En cambio en el PAR-SP, el jefe de gobierno, puede ser removido por el Parlamento.
… entre 1946-2002 «las democracias PRE tuviern una expectativa de vida de 24 años y las democracias PAR-SP de 58 años» y en el PRE la posibilidad de golpes militares ha sido más de dos veces superior a que ello ocurra en las democracia PRE-SE (Stepan y Skach).
Es cierto que PAR-SE no pueden funcionar con un multipartidismo extremo, pero ello es válido para todo sistema político y la solución está a la mano: basta disponer que el partido que no alcance el 5% de los votos no tendrá representación parlamentaria, para que los partidos en Chile disminuyan de 23 a 6 o 7.

La incorporación de derechos sociales en una Constitución es algo valioso si se considera, como lo hace Carlos Peña, que son orientaciones al poder estatal y un compromiso por evitar que la estructura de clases tenga la última palabra a la hora de determinar las oportunidades más básicas. Pero es obvio que, siendo tan importantes las aspiraciones a un mayor progreso y justicia social, una Constitución, ni aunque fuera la más elaborada del mundo, puede asegurar por sí misma, a cada habitante, una vivienda y pensiones dignas, un salario justo, una tasa de interés baja, atención hospitalaria y educación de excelencia.

Las constituciones de regímenes autoritarios, o en camino de serlo, suelen ser muy generosas —y, me atrevería a decir, más que las de sociedades auténticamente democráticas— en este inventario de derechos. Por ejemplo, el texto original de la Constitución del 80, redactado en los días más duros de la represión, aseguraba, en su Art. 19, a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica… Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo… Toda persona tiene derecho a defensa jurídica… Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley… (y sujeto a prisión) sino en su casa o en lugares públicos destinados a ese efecto… etc., etc”. Y luego un largo listado de derechos “a vivir en un medio ambiente libre de contaminación… el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud… la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa… el derecho a la seguridad social (pues) la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas y uniformes…”. En fin.

La Constitución de Chávez no lo hace mal. En su artículo 2 dice que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de justicia que propugna… la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Y luego endilga 110 artículos (del 19 al 129) que establecen uno de los más generosos catastros de derechos. “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita” (Art. 26). También, “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias” (Art. 82). Además, “toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado asegurará la efectividad de este derecho creando un sistema de seguridad social, universal, integral de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo de contribuciones directas o indirectas” (Art. 86).

Los que están por el “apruebo para mejorar” y por “el rechazo para reformar” debieran llegar, con prontitud y sin grandes dificultades, a un acuerdo sobre un inventario de derechos que deben ser incorporados en la Constitución. Y, a continuación, proceder a discutir aquello que es esencial, que es cómo reglar el poder, hacerlo compatible con la dignidad y libertad de las personas; cómo asegurar un gobierno democrático, eficaz, responsable ante los gobernados, capaz de generar los recursos que hagan reales los derechos que la Constitución plantea como objetivos esenciales de las políticas públicas.

Aunque sea políticamente incorrecto, es bueno repetir con Giovanni Sartori, uno de los más importantes pensadores políticos del último siglo, “que una Constitución sin Declaración de Derechos sigue siendo una Constitución, mientras que una Constitución cuyo núcleo y parte más importante no sea la estructura de gobierno, no es una Constitución”. Esta última es la cuestión. (El Mercurio)

Genaro Arriagada

hay que retomar el espíritu al que aludiera Genaro Arriagada a propósito de la controversia por el uso de la Franja del NO: continuar “respetándonos no obstante que hoy estamos en posiciones distintas” Tironi, 30 agosto 2022

Hirschman expresó muy bien la pregunta: ¿Cómo fue que el comercio, la banca y otras actividades similares, generadoras de dinero, devinieron en honorables en un cierto momento de la historia moderna, después de haber sido condenados o despreciados por siglos como codicia, amor al lucro o avaricia?

A ello contribuyó la difusión de la ética calvinista, pero sus mayores impulsores vivieron en el siglo XVIII como Adam Smith o Benjamin Franklin. Luego vinieron los utilitaristas. Y, como un manto que todo lo cubre, el liberalismo, que no solo vino a defender las libertades individuales y la limitación del poder, sino también a legitimar la riqueza y su búsqueda como objetivo respetable de la libertad personal.

A partir de ese momento, la economía empezó a caminar por el filo de una navaja: una fina línea que separa al bien del mal. Basta un resbalón para estar en el ala buena de la historia, o caer hacia el otro lado, sumido en la ignominia. En lo bueno, esta legitimación de la riqueza hizo posible el capitalismo, el más eficaz sistema económico que haya conocido la humanidad en materia de producción de bienes y servicios (aunque no de justicia social que, por lo demás, no es su función), y con ello abrió un enorme espacio para el alivio de la miseria.

En el lado peligroso de la ecuación, el liberalismo económico, en su búsqueda de la prosperidad, no aludió ni a la razón ni a valores superiores, sino al interés. Es célebre la frase de Adam Smith de que «no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo…».

Para ser honestos con Smith, él no habló de vicios privados, sino de intereses individuales; pero de esa afirmación hay apenas un paso para caer en un utilitarismo vulgar que diga simplemente que los vicios privados acarrean beneficios públicos y que la clave del progreso económico son factores como el egoísmo, el afán desmedido de riqueza, la avaricia, la especulación, la lucha implacable de unos contra otros por los mercados. Que la caída en este tipo de simplismos no está reservada a espíritus zafios lo muestra Milton Friedman cuando en Chile, en 1975, consultado sobre las actividades especulativas, que a la sazón hacían nata, contestó: «Especulativo es solo una palabra y no corresponde a algo malo… la gente siempre culpa a los especuladores, pero en general cumplen una función útil». Es la exaltación de la moral de los bribones.

¿Qué hacer? ¿Volver a siglos atrás y condenar el comercio, la banca y otras actividades generadoras de riqueza? ¿Crear una nueva moral empresarial que condene el dinero, el lucro, la sed de ganancias? Volver a la actitud del siglo XVI sería un imposible reaccionario y crear una moral en los negocios como la que se acaba de mencionar sería negar al empresariado.

Se podría decir que el «maquiavelismo» es en la política lo que el «utilitarismo vulgar» en la economía. El primero afirma que la conquista y conservación del poder se debe hacer por medios brutales, con crueldad y falta de escrúpulos, sin piedad hacia otros, con engaño y mala fe, porque ese es el precio de la estabilidad. El «utilitarismo vulgar» afirma que el interés propio es la medida de todas las cosas, que la finalidad de las personas es el logro de ganancias y que en ese camino nada importa, pues una «mano invisible» hará que el afán de riqueza (mientras más, mejor) sea doblemente beneficioso, ya que favorecerá al individuo que lo lleva adelante y, a la vez, a la sociedad.

Pero ambos son errores morales. No es cierto que la política sea el lugar donde la verdad, la misericordia, la bondad, la aspiración a la superioridad del bien sobre el mal no tengan lugar. Ni tampoco que en la actividad empresarial las preocupaciones morales no sean centrales, pues una «mano invisible» logrará la alquimia de transformar vicios privados en virtudes públicas.

Pero reclamar de los empresarios una moral estricta no puede significar imponer una norma que los niegue. Si al político le impidiéramos la aspiración a la conquista, al ejercicio y a la mantención del poder, simplemente lo mataríamos. Si en el empresario condenáramos la búsqueda de la utilidad, esto es de los medios eficaces para satisfacer las necesidades, entonces haríamos imposible su actividad, también si lo priváramos del racionalismo económico que juzga su acción acorde al valor práctico de la utilidad, el lucro, costos y beneficios.

Lejos de fanfarronadas morales, gratas de escuchar, pero que tienen poco que ver con lo que es la vida empresarial, las universidades tienen mucho que hacer en la elaboración o adaptación de la enseñanza de una moral práctica que, reconociendo la naturaleza de la actividad, le den un mayor sustento ético y, sin negarla, la hagan más respetable ante sí misma y la sociedad. (El Mercurio)

Hay quienes creen que frente al infortunio electoral -caída en las elecciones y en las encuestas- la respuesta debe ser la misma: girar más a la izquierda, radicalizar el discurso y satisfacer a la parte más rabiosa del propio partido. El pueblo se ha equivocado -dicen-, pero más luego que tarde se encontrará con los puros, los revolucionarios, los que siempre han tenido la razón en la política pero solo a veces -y a veces muy pocas veces- en las urnas y las encuestas.

La última delirante expresión de esta receta es Jeremy Corbyn, el actual líder del Partido Laborista inglés. Al PL le está yendo mal en las elecciones, en su influencia y en las mediciones de opinión pública. Tan mal que hoy parecen muy lejanos los tiempos en que ocupaba el gobierno (lo hizo por 12 años bajo la égida de Tony Blair), humillaba a los conservadores y en que, aun estando en la oposición, era una seria alternativa de poder.

Jeremy Corbyn tiene una respuesta política y orgánica. Es cierto que los conservadores crecen, pero no hay que caer en la receta simple de «escuchar al pueblo», pues aunque es verdad que el centro nos abandona, que en las elecciones el país gira a la derecha, la solución es ir a buscar a los que no votan, a «los indignados», a los que odian a la democracia representativa y los cambios graduales. Para ello hay que abandonar las estructuras partidarias y crear un «movimiento» marcado no por los militantes, sino por la sociedad civil, las ONGs radicalizadas. Corbyn abrió el partido a quien quisiera votar en la elección de sus autoridades internas, con solo manifestar su voluntad de hacerlo y pagar tres libras esterlinas. El resultado ha sido que han entrado al partido un par de cientos de miles de personas (el 85 por ciento de los recién llegados votan Corbyn), con lo cual se ha quedado con el control de la organización.

En términos simples, el «corbynismo» ha creado un divorcio entre la base electoral del partido y la base electoral del Reino Unido. La base del laborismo es medio millón de personas; la del Reino Unido 45 millones (noventa veces más). Mientras la primera va hacia la izquierda radical, la segunda va hacia el centro y la moderación. El resultado es que el PL registra en las encuestas el más bajo resultado en 30 años. Si creemos a The Economist, de haber elecciones, el laborismo perdería hasta 100 de sus 230 parlamentarios. Pero Corbyn no se inmuta. Contra viento y marea hay que ir hacia la izquierda. No importa que en un último voto de confianza solo 40 parlamentarios de su partido lo apoyaran y 172 lo rechazaran, ni tampoco que el país tenga hoy la perspectiva de un gobierno indefinido de los conservadores.

El «corbynism» -contagioso como el muy británico mal de «las vacas locas»- se expande a otras latitudes, incluso a nuestras costas. En las recientes elecciones municipales, el país giró -afortunadamente no mucho, pero sí lo suficiente como para ser una dura advertencia- hacia la derecha. En la NM, la DC (el partido que más bajó su votación) continuó su desangramiento hacia la derecha y las caídas de los tres partidos de izquierda (PS, PPD y PC) fueron a engrosar las arcas electorales del centrista Partido Radical. A su vez, la izquierda intransigente y castigadora, que nació de los movimientos estudiantiles, sufrió duras derrotas en los que creía sus puntos más fuertes (La Florida, Estación Central y Punta Arenas).

Pero el «corbynismo» criollo no escucha. Responde pidiendo radicalización de la agenda, más calle y actúa como si le importara un bledo que vuelva la derecha a la presidencia. El blanco de sus ataques y fobias no son los conservadores, sino la socialdemocracia, la DC, la vieja Concertación… y Ricardo Lagos, como Blair en Inglaterra o Felipe González en España.

Genaro Arriagada Herrera