Claudio Alvarado Rojas (1984) es abogado y magíster en derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy es director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), profesor de las universidades Católica y de los Andes (Chile), y columnista del diario «La Segunda». Autor del libro La ilusión constitucional . Sentido y límites del proceso constituyente (2016).

El contundente resultado del plebiscito del domingo pasado es una muestra irrefutable del hastío de la ciudadanía respecto de las posturas maximalistas y alejadas del sentido común que imperaron en la Convención.

Si se deseaba una nueva forma de hacer política, pocas veces se ha estado tan lejos de cumplir las expectativas. Desde luego, sería un error no intentar sacar las lecciones del caso: cualquier nuevo itinerario constituyente debe basarse en un aprendizaje de los errores cometidos. Nada de esto, sin embargo, debería llevarnos a dejar inconcluso el cambio constitucional. Tal como lo han señalado las fuerzas políticas de centroizquierda y centroderecha que estuvieron por el Rechazo, el proceso debe continuar hasta ofrecer al país, tan pronto como sea posible, una “buena y nueva Constitución”. Chile necesita cerrar este capítulo para avanzar en la solución de la crisis que explotó en octubre de 2019.

Para ello, no solo es clave cumplir los compromisos adoptados e insistir en la vigencia de la necesidad de cambio, sino también comprender que el debate no comienza ni termina con la propuesta de la Convención. En efecto, un análisis pausado de las distintas posiciones muestra que, a pesar del holgado triunfo del Rechazo, no es necesario ni conveniente volver la discusión a fojas cero. De hecho, durante los últimos años se han asentado en el país objetivos transversales en materia constitucional, tanto de corte procedimental como a nivel de contenidos.

En términos generales, el propósito de ofrecer a Chile un nuevo pacto constitucional atraviesa a gran parte del espectro, y la reciente aprobación de la reforma que baja los quorum de la actual Constitución a 4/7 así lo confirma. Ello augura la posibilidad de alcanzar un acuerdo político, análogo al del 15 de noviembre de 2019, para dar continuidad al proceso. La dirigencia política debe abocarse a esto con sentido de urgencia y mostrar un camino concreto a la ciudadanía.

Ahora bien, más importantes aún son los acuerdos sobre los contenidos que, en base a las necesidades y urgencias ciudadanas, han ido alcanzando transversalmente distintas tradiciones. Muchos socialdemócratas, liberales, socialcristianos y conservadores democráticos comparten hoy elementos o contenidos clave. Entre ellos, destacan la igual dignidad de todas las personas, lo que exige una auténtica equidad entre hombres y mujeres, en especial en el ámbito salarial, en materia de cuidados y en el acceso a cargos públicos; un Estado social de Derecho que, con un rol más robusto del aparato estatal, pero abierto a la participación de la sociedad civil organizada y a espacios de colaboración público-privada, garantice progresivamente prestaciones dignas en áreas como salud, pensiones, educación y vivienda.

Existe consenso también sobre la necesidad de reconocer a los pueblos originarios en el marco de la unidad del Estado chileno. A ello se agregan los esfuerzos para lograr una efectiva descentralización del poder; la necesidad de favorecer una mayor colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo a partir de un nuevo régimen presidencial que facilite la gobernabilidad, disminuya la fragmentación y fortalezca a los partidos como instituciones fundamentales para la democracia; y la búsqueda de soluciones ambiciosas para la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Si a lo anterior añadimos el descarte de los aspectos más problemáticos de la propuesta de la Convención (como la plurinacionalidad, el tipo de autonomías regionales que se propusieron y el debilitamiento de las capacidades del Estado en materia de orden público), tenemos un norte claro hacia el cual encaminarnos. Frutos de años de debate y de aciertos y errores, hoy asoman acuerdos que permiten acotar la incertidumbre y redactar una Constitución de unidad. Todo esto también ayuda a acortar los tiempos de la discusión, considerando los aprendizajes e insumos disponibles como la propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet, el texto de la Convención rechazado, las propuestas de otros convencionales y las iniciativas populares de norma. Así, es razonable pensar que la preparación de una nueva Constitución no debería tardar demasiado desde la definición del mecanismo que habrán de habilitar el Ejecutivo y el Legislativo en las próximas semanas.

El desafío es mayúsculo, por cierto. No obstante, considerando el largo debate constitucional que ha tenido Chile, el período que ahora iniciamos asoma como la última fase antes de ofrecer al país una Constitución que, tal como dijera el expresidente Lagos, finalmente logre unirnos como chilenos y nos permita debatir en el marco de la Carta Fundamental, y no sobre ella. (El Mercurio)

Claudio Alvarado
Josefina Araos
María José Naudon
Juan José Obach
Juan Luis Ossa
Magdalena Vergara

Distintas figuras de derecha, dentro y fuera del Partido Republicano, están empeñadas en obstaculizar el acuerdo constitucional que empujan las directivas de Chile Vamos y otras fuerzas políticas. Este empeño, sin embargo, se caracteriza por recurrir a argumentos deficientes. Por ejemplo, se denuncia una “cocina” o una “traición” de los representantes que dialogan para alcanzar un acuerdo. Algo no calza bien ahí, considerando que estas mismas figuras suelen reivindicar el papel de las instituciones y el Congreso Nacional. ¿Acaso la crítica a la democracia plebiscitaria o asambleísta solo vale contra la izquierda?

En la misma línea, otros invocan la “voz del pueblo” para sustentar su crítica, como si esta voz fuera unívoca, uniforme; como si no exigiera interpretación y mediación política. Así incurren, paradójicamente, en el mismo tipo de error en el que cayeron Fernando Atria y otros confidentes de la Providencia que aludían al “pueblo” luego de octubre de 2019.

En el caso de los republicanos, además, sorprende la rapidez con la que olvidaron su participación (voluntaria) en una franja televisiva cuyo eje central era “rechazarla por una mejor”. Quienes hablan con tanto entusiasmo de valores y principios deberían tomarse más en serio la palabra empeñada.

Es obvio que el nuevo proceso debe ser distinto y aprender de las lecciones que dejó el fracaso de la Convención. Pero quizá la principal lección es que sin acuerdos políticos transversales, Chile no tendrá un pacto constitucional legitimado, de vocación mayoritaria y alcance nacional. Los críticos de derecha deberían recordar esto, en vez de entregarse a la búsqueda de pequeñas ganancias de corto plazo. Esa actitud es la que desprestigió la política e impide la estabilidad que tanto añora el país. (El Mercurio Cartas)

Claudio Alvarado R.
Pablo Ortúzar M.
Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)

Entre muchas otras voces, la prestigiosa Comisión de Venecia sugirió que la fallida Convención Constitucional intentara alcanzar el “más amplio consenso posible”. Como es sabido, si algo caracterizó el trabajo del fracasado órgano constituyente fue la indiferencia o franco desprecio respecto de ese tipo de propósitos. En contraste, ahí reside el principal mérito del acuerdo al que arribaron las fuerzas políticas el lunes en la noche. Tanto la firma misma de este pacto, sobreponiéndose a un ambiente crispado, como el diseño mixto y los equilibrios que contempla, favorecen la articulación de un texto constitucional políticamente transversal, de vocación mayoritaria y alcance nacional.

Nótese la diferencia. Apenas ayer se quiso imponer la visión según la cual la cuestión constituyente era la “madre de todas las batallas” (Guillermo Teillier). Ahora —gracias al masivo triunfo del Rechazo y al diálogo político posterior— se apunta a un cambio constitucional entendido como “la madre de todos los acuerdos” (Ricardo Lagos). Se trata de un saludable cambio de paradigma, indispensable para la estabilidad del país.

Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES

En las últimas semanas, algunas voces han sugerido que Chile adopte un régimen parlamentario. Más allá de las nobles intenciones que subyacen a esta propuesta, en ella laten el mismo tipo de errores que condujeron al fracaso de la Convención Constitucional.

Un primer error común al malogrado órgano constituyente y a la propuesta parlamentarista es la indiferencia (o franco desprecio) respecto de prácticas políticas muy arraigadas en el país. Lo mismo ocurre con la agenda parlamentarista, en la medida en que ignora la enorme resistencia que generaría trasladar al Congreso Nacional la elección del jefe de Gobierno. ¿Cómo desconocer que en el Chile de hoy sería incomprensible quitarle a la ciudadanía la elección del gobernante para pasarles esa decisión a las cúpulas partidarias? En rigor, se les regalaría una bandera a quienes buscan rechazar a priori el nuevo proceso.

Lo anterior guarda relación con otro defecto compartido por el ímpetu parlamentarista y la “constituyente ciudadana”: la excesiva confianza en las posibilidades de un texto constitucional para rehacer nuestra cultura institucional. La Convención derrotada el 4 de septiembre ya mostró las graves consecuencias de esa lógica. Acá no se trata de escribir un paper ni de realizar un ejercicio abstracto —no basta con citar datos internacionales—, sino de articular instituciones concretas, mejorando las ya existentes. Esto exige considerar tanto las necesidades del Chile actual como su valiosa tradición constitucional. Y dicha tradición encuentra en el régimen presidencial —en la elección popular de un Presidente que es jefe de Gobierno y jefe de Estado— uno de los principales factores de continuidad entre 1833, 1925 y nuestros días.

Además, si el poco tiempo con el que cuentan la Comisión Experta y el Consejo Constitucional se malgasta en intentar instalar el parlamentarismo, la discusión se trabará, desaprovechando una oportunidad única para ayudar a corregir los problemas que padece nuestro sistema político. Urgen medidas para disminuir la fragmentación y favorecer la gobernabilidad, pero los plazos disponibles invitan a pensar esas correcciones en el marco de un régimen presidencial y no fuera de él.

Por cierto, dentro de ese marco el debate sigue abierto. De una parte, se requiere deliberar sobre las medidas más idóneas para luchar contra la fragmentación y favorecer una mayor cooperación entre Ejecutivo y Congreso. ¿Trasladar la elección de los parlamentarios para la fecha del balotaje presidencial o incluso después de ella, emulando el caso francés? ¿Fijar un umbral mínimo de representación parlamentaria, como en Alemania y otros países? ¿Sentar las bases de un nuevo sistema electoral mixto o derechamente mayoritario? Y así.

De otra parte, hay innovaciones adicionales posibles, directamente vinculadas al presidencialismo imperante. ¿Alargar el período presidencial a 5 o 6 años, impidiendo toda reelección futura? ¿O tal vez mantener el período de 4 años y admitir una sola reelección inmediata? ¿Y por qué no crear una vicepresidencia, como en EE.UU.? En cualquier caso, ¿cómo resguardar en forma adecuada el equilibrio de poderes?

Preguntas de esa índole apuntan a perfeccionar nuestro sistema político y exigen una serena reflexión. Priorizar la agenda parlamentarista impediría tratarlas debidamente, y alejaría a la ciudadanía de un proceso cuyo éxito y legitimidad distan de estar asegurados. Eso es lo que está en juego. (El Mercurio)

Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES y profesor Derecho UC

Con más entusiasmo que rigor, a diario se alude a la “hoja en blanco” en distintos espacios. El trabajo del eventual órgano constituyente supone esa lógica, pero en un sentido acotado: para su deliberación no se contempla ninguna regla por defecto. En términos simples, su finalidad sería proponer un nuevo texto y no solo una reforma constitucional. Sin embargo, toda deliberación presupone un contexto, y este caso no es la excepción.

En primer lugar, hay una serie de normas constitucionales que regulan el órgano constituyente. Ellas comprenden límites formales (“no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución”), y también sustantivos (“respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales”, entre otros). Además, los convencionales difícilmente podrían ignorar la historia constitucional del país, incluyendo la evolución de las últimas décadas. Al menos una porción relevante de ellos destacaría este aspecto.

Con todo, el principal equívoco relativo a la expresión “hoja en blanco” es que, mirado en su totalidad, el proceso constituyente sí tiene una regla por defecto. Si este proceso fracasa en cualquiera de sus etapas, sigue rigiendo la Constitución vigente. Solo se procedería a su derogación si en el plebiscito de salida (que requiere voto obligatorio) se aprueba el nuevo texto propuesto por la Convención.

Este panorama debiera llevar a la mesura a los actores políticos. El mundo de derecha debe ser capaz de distinguir entre el (indudable) ímpetu refundacional e incluso revolucionario de ciertos dirigentes, y lo que efectivamente dispone el proceso en curso. Por su parte, las izquierdas han de tomar conciencia del enorme desafío que implica el cambio constitucional. Este exige un esfuerzo transversal y mancomunado entre diversas fuerzas políticas. En las futuras discusiones, partiendo por el reglamento de la Convención, debieran ser los primeros en recordarlo. Si no es la “casa de todos”, seguramente no habrá nueva casa. (El Mercurio Cartas)

Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES

es cierto lo que dice Claudio Alvarado, el director ejecutivo del instituto de Estudios Sociales. Al iniciarse el último año del gobierno de Sebastián Piñera, La Moneda también convive entre luces y sombras. “Si ante la crisis social y política el gobierno ha tenido severas dificultades para guiar al país, la impresionante gestión de las vacunas posiciona a Chile en un inesperado podio a nivel mundial”, asegura. Pero lo que viene ahora es “conducir a Chile pos-transición, donde la persuasión política y no las técnicas de gestión juegan un papel central”. La Tercera, marzo 2021

Parece inconveniente erradicar una práctica tan arraigada en la sociedad chilena como la elección popular del jefe de Estado… hay otras alternativas para propiciar mayorías gubernamentales, entre ellas destaca la elección de los diputados y senadores después de la primera vuelta presidencial, así como también la instauración de un sistema electoral de carácter mayoritario o mixto» El Mercurio 15 noviembre 2021

Claudio Alvarado: “Si la Convención sigue así no habrá ni casa de todos, ni nuevo pacto social ni nada que se le parezca”
Director ejecutivo del IES, abogado y autor del libro “Tensión constituyente”, dice que a diferencia de Gabriel Boric, que tuvo un balotaje para rectificar, “la Convención no tiene una segunda vuelta disponible”. Advierte que el riesgo de tener un popurrí de normas aprobadas por dos tercios referidas a materias disímiles, “con desarrollo disparejo” carezca de contenidos que permiten hablar de una constitución. 2 febrero 2022

Claurio Alvarado R «Cuando defiende el Senado y cuestiona la plurinacionalidad, el expresidente Lagos reivindica la historia larga de nuestra república» 11 abril 2022

Tensión constituyente. Estado, gobierno y derechos para el Chile postransición

¿Qué se juega Chile realmente en la discusión constitucional? ¿Cuáles son las principales oportunidades y riesgos del enorme desafío político que enfrentamos? Tensión constituyente busca articular una visión de conjunto respecto de los debates centrales que protagonizarán la Convención, arrojando luces no solo sobre un crucial momento político, sino también sobre el contexto histórico en el que este se inserta.

Esta nueva publicación de Claudio Alvarado —autor de La ilusión constitucional— examina aquellos temas que pertenecen al núcleo más íntimo de la deliberación constituyente: por qué este proceso, para ser exitoso, no ha de ser estrictamente refundacional; por qué un régimen democrático vigoroso exige un catálogo de derechos fundamentales acotado; por qué hemos de mantener un régimen presidencial más allá de las múltiples reformas que este requiere; y, por qué importa la subsidiariedad del Estado, un principio que suele ser malentendido.

La finalidad de este ensayo es expresar ese impulso reformista que promueve la mejora del orden social y la necesidad de un liderazgo político comprometido con el diálogo democrático y la vigencia del estado de derecho. Un liderazgo, en suma, que no pierde de vista esta premisa fundamental: la hoja sobre la que se escribirá la nueva constitución es solo una más en una larga historia que no comienza ni termina con nosotros.

Claudio Alvarado: La Tercera, carta, 5 junio 2021
«Y si La Moneda ignoró sus promesas de campaña – la ‘clase media protegida’ jamás fue prioridad, la tarea será articular un programa presidencial de cambios sociales significativos, creíbles y consistentes con la propia identidad. Es decir, rigurosos en lo técnico y orientado a fortalecer no solo el Estado,, sino también la sociedad civil. Acá reside la opción de unificar al sector y de ofrecer un proyecto político con convicción de mayoría»

«el profesor Renato Cristi identifica a lo público on el Estado y a la sociedad civil con el mercado. Conviene abandonar las dicotomías helegianas y distinguir entre Estado, mercado y sociedad civil, «tercer sector» cuyo existencia hoy muy pocos podrían negar de manera fundada. Solo aceptando esta elemental distinción podremos reconocer la diversidad social e institucional característica de nuestro mundo» 9 septiembre 2021. Fernando Claro interviene en esta polémica criticando a Cristi, afirma que la única forma de aportar al bien común y al ámbito de lo publico es a través de bienes y actos estatales. Para el Fundación Las Rosas y la Unión de Ornitólogos de Chile no aportarían al bien común. Tampoco la Teletón y la Universidad de Concepción. Un simple espejismo, ya que no hay nada inherente a un bien que lo permita ser calificado como público o privado, y menos si aporta o  no al bien común. La naturaleza de los bienes es contingente y está en constante evolución».

JAK y la centroderecha
El mejor aporte que podrían ofrecer los partidos oficialistas no es un respaldo complaciente o incondicional»
El problema de Kast, dicho sea de paso, nunca ha sido abrazar posiciones conservadas o socialcristianas: esos debates son inherentes a nuestra época y el impulso conservador forma parte de la derecha
Las dificultades van por otro lado. Comienzan con apuestas programáticas tan descaminadas como cerrar ciertas instituciones o un Estado de excepción ajeno a cualquier estándar razonable. Y siguen con la falta de cuadros técnicos, rigor económico y una agenda robusta de reformas sociales, por mencionar ejemplos relevantes. La Segunda 22 noviembre 2021

«Por sus obras los conocereis» La Segunda 20 diciembre 2021 «La interrogante es el cambio de Boric de las últimas semanas fue solo una táctiva electoral. Habrá que ver su gabinete, sus prioridades y sus gestos»

La Segunda, 27 diciembre 2021  «El mayor desafio deel centro y la derecha continúa siendo delinear un horizonte de cambios sociales significativos, creíbles y coherentes»

Los partidos de Chile Vamos (RN, la UDI y Evópoli) se comprometieron a dar sus votos para aprobar la reforma presentada por los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, que flexibiliza los quorum de modificación al texto constitucional vigente. Esto con vistas a rehabilitar el principio de mayoría, evitar cualquier tipo de veto y favorecer los acuerdos ante un eventual triunfo del Rechazo en el plebiscito de septiembre.

Mientras tanto, la comisión de Normas transitorias de la Convención aprobó una propuesta que dificulta las reformas bajo el actual Congreso en caso de ganar el Apruebo. En concreto, se establece que los cambios “sustanciales” —régimen político, órganos legislativos, derechos fundamentales, medio ambiente y otros— requieren un quorum parlamentario o bien de 2/3, o bien de 4/7, más un referéndum ratificatorio.

Si acaso es cierto que el verdadero dilema del plebiscito de septiembre consiste en “aprobar para reformar” o “rechazar para recomenzar”, estas señales del mundo político sugieren que el segundo escenario no solo podría ser más transversal, sino también más factible. Se trata de un hecho paradójico, pero hasta cierto punto previsible. Después de todo, ya sabemos que algunos convencionales consideran que el Congreso Nacional es una institución “desleal”. (El Mercurio-Cartas)

Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES

“El número de redactores de la Constitución del 80 va creciendo”, decía con sutil ironía Ascanio Cavallo hace pocos días en un programa radial. Con esto aludía al tránsito de “los cuatro generales” de Gabriel Boric a las “nueve personas designadas por una Junta Militar” que menciona el video de La Moneda sobre el plebiscito. No se trata de su única errata: desde la omisión de la Carta de 1828 hasta el olvido -una vez más- de la firma del expresidente Lagos en la Constitución vigente, la pieza audiovisual no destaca por su rigor histórico.

Podría argüirse, con razón, que ese rigor jamás estuvo entre los propósitos del video. Porque hay una clara continuidad entre sus diatribas al pasado desde los códigos dominantes hoy -nada más lejano a la “conciencia histórica” que ayer reivindicaba Boric-, y el imaginario que dominó de punta a cabo la Convención: la trayectoria del Chile republicano entendida como pura opresión y despojo. Esto ayuda a comprender la enorme distancia del borrador con nuestra tradición constitucional. Y también la excéntrica idea de amarrar las eventuales reformas post plebiscito a las “instituciones leales” al órgano constituyente (aquellas creadas a su imagen y semejanza). El video es coherente con todo esto.

Menos voluntario, en cambio, es lo que transmite esa narrativa acerca del contenido mismo del borrador. ¿Por qué para defender el texto se invoca un criterio tan singular como la cantidad de sus redactores? Porque, básicamente, cuesta encontrar otros parámetros donde pueda salir airoso. No fortalece al Estado chileno (lo divide y lo debilita); tampoco a nuestra democracia (la expone tanto a la suma fragmentación como a la concentración autoritaria del poder); y menos a los partidos políticos (casi ni los menciona). ¿Pero no aumenta el número de derechos declarados? Sí, pero su garantía se vuelve más incierta, en la medida en que desaparece el recurso de protección y se vislumbra un desmantelamiento del Poder Judicial. Letra chica: eso habría denunciado la nueva izquierda cuando era oposición.

Quizá el Presidente Boric aún está a tiempo de corregir esta campaña y tomarse en serio sus palabras en la cuenta pública de ayer. En concreto: asumir a cabalidad que “ambas opciones son legítimas”, con todo lo que esto implica. Renunciar a ser el jefe de facto del Apruebo y adoptar la estatura propia de un jefe de Estado ante la coyuntura constituyente. Articular un mensaje de vocación mayoritaria y alcance nacional. Jugársela por ser y parecer un gobierno de todos los chilenos, incluyendo a los del Rechazo tanto como a los del Apruebo.

De lo contrario, y ante un país dividido a consecuencia del borrador de nicho elaborado por la Convención, lo único que pasará a la historia será el incómodo lugar en que Gabriel Boric quedará el 4 de septiembre de 2022. (La Tercera)

Fernando Atria ha sido ampliamente criticado por su excéntrica idea de “proteger” el borrador de la Convención de aquellas “instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella”, aludiendo con esto ni más ni menos que al actual Congreso Nacional.

Conviene advertir, sin embargo, que esa afirmación es plenamente consistente con el proyecto constitucional que Atria viene desplegando durante los últimos años: acá no hay grandes sorpresas ni innovaciones. Por ejemplo, ya en 2016 señalaba en la revista Anales, de la Universidad de Chile, que “un proceso constituyente es un proceso de acumulación de poder político… Si el proceso ha de ser exitoso, el poder aumentará hasta alcanzar la magnitud necesaria para ser constituyente, para poder prescindir de las limitaciones inherentes a los poderes constituidos y tomar una decisión sobre la forma y modo de ejercicio del poder”.

Luego, en los primeros días de la Convención, Atria reivindicó en forma expresa los episodios del 18 de octubre de 2019, y no el Acuerdo de noviembre, como los “hechos necesarios” que “hicieron posible” el proceso en curso. Y así, suma y sigue.

Que estas ideas de filiación schmittiana pugnen con las lógicas democráticas no parece importar demasiado: cuando se cree ser el partero de la historia, lo fundamental es proteger el nuevo orden. Como es sabido desde antaño, al terminar su trabajo, el promotor de la revolución deviene rápidamente en un ferviente reaccionario. (El Mercurio Cartas)

Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES

Es sabido que en 1980 no hubo registros ni tribunales electorales independientes, y tampoco un debate público digno de ese nombre. También es sabido que la Junta Militar empleó una retórica refundacional que repercute hasta nuestros días. Se aludió a la Independencia, a Diego Portales y se invocó un supuesto poder constituyente originario, el mismo que hoy embriaga a esa izquierda que anhela una refundación de signo contrario (volveremos sobre esto). Como ha señalado Joaquín Fermandois, “al plebiscito y a la Constitución les perseguiría siempre este origen pecaminoso”.

Sin embargo, nunca estará de más recordar que el texto de 1980 jamás rigió como tal en la transición. De hecho, su articulado central no entró en vigor ni antes ni después del retorno a la democracia. Mientras en 1981 solo comenzaron a aplicarse sus disposiciones transitorias, en 1989 la oposición democrática y el régimen de Pinochet acordaron más de cincuenta reformas, incluyendo la eliminación del polémico artículo octavo, que proscribía al PC.

Estos cambios fueron ratificados en el masivo referéndum de julio de 1989, con el 91,25% de los más de siete millones de votos, y con un porcentaje de participación electoral sencillamente impensable en la actualidad. Cuando Patricio Aylwin entró a La Moneda, no regía el texto de Pinochet. Tampoco se trataba de una plena normalidad democrática. Como sostendría con cierta ironía Gonzalo Vial en 1996, “vivimos, luego, en una democracia protegida, y vivimos en ella porque así lo hemos querido”.

Conviene subrayar que fue el mismo Aylwin el gran articulador de esta evolución. Desde 1984, el expresidente impulsó la idea de aceptar como “un hecho” las reglas constitucionales, eludiendo “deliberadamente” el debate sobre su legitimidad. En ese gesto inicial está incubada toda nuestra transición.

Ahora somos muy proclives a mirar sus defectos y tareas pendientes —que sin duda existieron—, pero esa apuesta permitió una salida pacífica de la dictadura, una proeza de alta política y elogiada en todo el globo. Es más, puede pensarse que la estrategia de Aylwin interpretó un anhelo nacional. Allí no hubo traición, sino, más bien, conexión con el masivo sentir de un país que deseaba paz luego de varias décadas de confrontaciones fratricidas (cuya máxima expresión fueron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Pinochet).

La correcta lectura de Aylwin se vio confirmada con su propia elección como presidente, y con las altas votaciones que recibieron en los noventa los partidos identificados con ese camino. Nada de esto es un invento, sino que se trata de la trayectoria política y constitucional por la que hasta hoy valoramos al expresidente, al punto que ha sido llamado, con toda justicia, “padre de la nueva democracia chilena”.

Debemos recordar también que los círculos políticos e intelectuales opositores a Augusto Pinochet no tardaron en reconocer que algo relevante había ocurrido en el plano de la legitimidad después del sendero recorrido desde mediados de los años ochenta. Por mencionar solo un ejemplo significativo, para Alejandro Silva Bascuñán —falangista, devenido en crítico de Pinochet y quizá el principal constitucionalista del siglo XX—, los eventos electorales de 1988 y 1989 transformaron “la imposición de un texto en una nueva estructura constitucional firmemente ratificada por la ciudadanía”.

Desde Edgardo Boeninger hasta Tomás Moulian, diversos actores públicos se pronunciarían en un sentido similar, con más o menos resignación según el caso. De este modo tomó forma la Constitución pactada y el consenso que la sustentaba, basado en la democracia republicana y la economía social de mercado como cimientos del orden político.

En todo esto de seguro influyó el contexto internacional —caída del Muro, fin de la historia y consenso de Washington—, y también las culpas del pasado: se trata de la misma generación que protagonizó el quiebre de 1973. La conciencia en torno a la fragilidad de la nueva democracia chilena naturalmente ayudó a valorar la apuesta gradual de Aylwin, incomprensible hoy para cierta izquierda frenteamplista, tal como a fines de los ochenta la postura del dirigente democratacristiano era inaceptable para los partidarios de la vía insurreccional.

Aunque hoy parezca anacrónico, considerando las circunstancias que vive el país, es indispensable reivindicar la evolución recién resumida por varios motivos. Por de pronto, ella pareciera haber sido sencillamente borrada de la memoria del establishment de izquierda. El fenómeno no deja de ser llamativo, porque la Carta aún vigente fue firmada no solo por Ricardo Lagos, sino también por Nicolás Eyzaguirre (exministro de Michelle Bachelet), Yerko Ljubetic (actual consejero del INDH), Yasna Provoste (hoy presidenta del Senado), Francisco Vidal (exministro de Lagos y Bachelet) y varios otros emblemáticos dirigentes de centroizquierda.

No es defendible, entonces, afirmar que vivimos en algo así como el Chile de Pinochet: por incómodo que suene, el país que estalló desde octubre de 2019 es en gran medida obra de la Concertación. Según revisaremos más adelante, esta curiosa amnesia política se explica en parte por el modo en que han permeado ciertas ideas de la nueva izquierda, cuyo maximalismo —no lo olvidemos— amenaza el éxito del actual proceso constituyente.

Nada de esto es trivial, pues una discusión constitucional fundada en equívocos de ese calado supone un enorme peligro. Uno de los motivos que justifican el proceso en curso es posibilitar una deliberación política amplia y democrática, pero una deliberación de esa naturaleza requiere ciertas disposiciones, y la honestidad intelectual es la primera de ellas. Si el proceso arranca de supuestos falsos, eso inevitablemente contaminará todo el debate. (Ex Ante)

Claudio Alvarado

La creación de un Consejo de la Justicia con minoría de jueces es una de las propuestas más polémicas de la Convención Constitucional. Según ha explicado en forma reiterada un elenco muy transversal de voces, esta entidad supone un severo riesgo de captura de nuestros tribunales. No obstante, la Convención ha ignorado estas advertencias, al punto de que esta semana decidió doblar la apuesta. En efecto, el pleno aprobó que ese mismo Consejo sea el responsable de “la gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales”.

Hemos, entonces, de estar avisados: al peligro de politizar la justicia se suma ahora el riesgo latente de afectación o franca manipulación de los procesos electorales. No hay motivo para modificar la regulación del Tricel (¿por qué cambiarlo todo?), menos en el mundo actual, cuando los autoritarismos del siglo XXI suelen emerger de forma disimulada. En apariencia ellos respetan los mecanismos democráticos, las cortes y los organismos electorales, pero luego los instrumentalizan para obtener el poder total o casi total. Así ha ocurrido en países tan distintos como India, Rusia o Turquía, entre varios otros.

¿Por qué la Convención decide entonces cerrar los ojos a esta clase de fenómenos? ¿Por qué hacerlos más probables? ¿Ignorancia, condescendencia, frivolidad? (El Mercurio Cartas)

Claudio Alvarado R.