Walker Prieto Ignacio (1956) [1] abogado, doctorado en Ciencia Política, Universidad de Princeton 1989,

casado con Cecilia Echenique, cantante.

Walker Echenique Benjamín, [1] estudiante de derecho, músico, adherente a Izquierda Autónoma

Walker Echenique Elisa (1982) [2] abogada, “no solo redactó el proyecto de ley de tres causales de aborto, sino que ha hecho un intenso lobby en la DC para conseguir la aprobación de la iniciativa” (1); consejera del Colegio de Abogados. Candidata a convencional constituyente 2021 por el distrito 11 de la región metropolitana, obteniendo 7.199 votos (1,87%) no logrando ser elegida.

Walker Echenique Ignacio Tomás

[1] “De mi viejo tengo ese racionamiento profundo de las situaciones, de los actos, sin importar cuáles sean las conclusiones que uno saque. Eso es muy propio de mi viejo. De mi mamá, está lo metódico, el profesionalismo. El estándar que tengo para hacer mis cosas, sobre todo en términos musicales, lo aprendí de mi madre. Yo soy un admirador de mis padres… me considero de izquierda” La Segunda, 8 agosto 2015

[2] (1) La Tercera, 6 marzo 2016. EM 19 julio 2017 “El Estado no es moralmente neutro”.

Walker Elisa, abogada «Mortinatos», columna La Tercera, 6 septiembre 2019: «Lo que busca la ley, simplemente, es hacer mas amable un tránsito desgarrador, ayudando a paliar el dolor de esta pérdida y evitando usar la nomenclatura NN…»

(1) Entrevista La Tercera 8 noviembre 2015.

(2) WALKER p. 13.

 (3) Discurso al asumir nueva directiva, 5 septiembre 2010.

(4) discurso en ICARE 23 marzo 2011.

(5) “La DC, el PC y los temas valóricos” El Mercurio 21 septiembre 2016.

(6) “¿Tiene futuro la Nueva Mayoría?” La Tercera, 25 octubre 2016

(7) Entrevista, La Tercera 3 diciembre 2016.

(8) Carta “El PS y el centro”, 15 de julio 2018.

(9) Entrevista, El Mercurio 25 noviembre 2018.

(10) Columna «En favor de una forma de gobierno parlamentaria» El Mercurio 28 octubre 2020

(11) Carta «Prestigio parlamentario» en respuesta a destacados académicos, 2 noviembre 2020

(13) Columna «Centroizqueirda» El Mercurio 17 junio 2021

(15) 30 diciembre 2021

(14) Carta Columna de Axel Kaiser, El Mercurio 27 junio 2021

(16) julio 31, 2022, Twitter:

Tanto durante el proceso electoral como al revisar las labores que realiza la Convención Constitucional, todos y todas hemos podido informarnos sobre el valor que tiene una Constitución para un país y la importancia de respetar su contenido. La Constitución establece los valores y principios sobre los que queremos organizarnos en sociedad, regula los tres poderes del Estado y establece sus facultades. Pero más importante aún es el hecho de que la Constitución regula y garantiza derechos fundamentales; garantías universales, inalienables, interdependientes, y que fueron reguladas por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.

Me permito recordar estos principios a raíz de las declaraciones efectuadas por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en Iquique, quien acusó a 42 parlamentarios de “inconsecuencia y amnesia política” o “torpedear y poner un tapón” a la nueva ley de migraciones, solo por el hecho de acudir al Tribunal Constitucional para tratar de “echar abajo” 14 artículos de la misma.

Es importante recordar que de las catorce normas impugnadas, el TC resolvió que siete de esas disposiciones eran contrarias a la Constitución; entre ellas, aquella que regulaba normas sobre el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes (NNA). El TC declaró que dicha disposición no cumplía “con el estándar nacional respecto de la protección de los NNA en general, por cuanto no regula la forma de designación de un tutor; tampoco un procedimiento definido a seguir ni un recurso judicial que permita la revisión de la actuación administrativa y la evaluación del interés superior de los NNA”. Asimismo, se indicó que la regulación era “incompatible con el estándar internacional en materia de NNA no acompañados en proceso de migración”.

Imagino que un gobierno que declaró a “los niños primero”, no es indiferente a este razonamiento del TC.

El proyecto de ley original también señalaba que en el marco de la ejecución de la medida de expulsión del extranjero del territorio nacional, una persona podría ser sometida a restricciones y privaciones de libertad por un plazo no mayor a 72 horas. El TC declaró esta disposición inconstitucional, señalando que “la libertad constituye un valor supremo y un pilar fundamental en el entramado de la institucionalidad que nos rige”, constituyendo la libertad y la seguridad individual una parte importante de la misma. Por lo mismo, resolvió que el plazo de 72 horas no se ajusta a los especificado por la Constitución. Y de nuevo imagino, sin temor a equivocarme, que la libertad es un derecho que todo gobierno, sin importar su color político, debería proteger y promover.

En definitiva, cuesta entender que el resguardo de la supremacía constitucional y el respeto a los derechos fundamentales sea considerado como un artilugio político.

La tradición constitucional chilena tiene una larga historia de protección al derecho de autor, resguardando el equilibrio que existe entre la protección del mismo y el interés general.

Ya en la Constitución de 1833 se regulaba el derecho de autor, señalando que “todo autor o inventor tendrá la propiedad esclusiva de descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la lei; i si esta exijiere publicación, se dará al invento la indemnización competente” (artículo 152, Capítulo X, de las Garantías de la Seguridad y Propiedad). La Constitución de 1925 sigue esa misma tradición jurídica y regula esta materia en términos casi exactos.

Lo mismo hace la Constitución de 1980, pero innova en el sentido de especificar con detalle algunos derechos que integran el derecho de autor, haciendo mención no solo a derechos patrimoniales, sino también a derechos morales que forman parte del derecho de autor. Finalmente, y reconociendo la importancia de que exista un balance entre la protección del derecho de autor y la limitación del mismo en favor del interés general, esa Constitución explícitamente señala que la ley puede imponer limitaciones y obligaciones a esa propiedad en razón de su función social.

La necesidad de promover un balance entre la protección del derecho de autor y el público en general es una temática inherente a la propia regulación de estas materias. Tanto la existencia de un plazo de protección como la regulación de excepciones a su protección, lo que hacen es promover ese equilibrio. Este equilibrio no solo está presente en la regulación nacional sobre derecho de autor, sino que también se regula en los tratados internacionales sobre esta materia, destacando para estos efectos el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

Tomando en cuenta todos estos antecedentes, preocupa de sobremanera que exista la posibilidad de que la nueva Constitución no se pronuncie sobre la protección al derecho de autor, ya que automáticamente pondría fin al esfuerzo de cientos de años de darle resguardo y asegurar su equilibrio con el interés general. Con las normas que hasta ahora han sido aprobadas, solo existiría una referencia a la posibilidad de participar de una creación, pero eso no es equivalente a garantizar la protección de derechos sobre la creación misma. Asimismo, las indicaciones que están en discusión se refieren al derecho de autor como un interés, relativizando la existencia de un derecho propiamente. El equilibrio que existe en la regulación nacional y en los tratados internacionales debe verse reflejado en el texto constitucional. Eso implica que sea imperiosa la protección de un derecho de autor, junto con reconocer que el mismo puede ser objeto de excepciones o limitaciones legales. Ojalá este equilibrio se logre. La nueva Constitución no puede precarizar los derechos de autor de nuestro país.

«Hoy domingo espero que se apruebe una nueva Constitución creada en democracia, con un proceso participativo, paritario, con inclusión de los pueblos originarios y que se hace cargo de los desafíos actuales del país y que regula un Estado Social Democrático de Derechos.

El lunes 5 de septiembre espero que se generen gestos republicanos que marquen el sello de lo que será el proceso de implementación de la nueva Constitución.

Espero que se concreten iniciativas, tales como que el Presidente de la República convoque a un Consejo asesor que reúna a juristas que hayan apoyado el Apruebo y el Rechazo, para efectos de orientar estas labores de implementación.

También espero que el 5 de septiembre se vuelvan a reunir los partidos oficialistas y preparen el proyecto de reforma constitucional comprometido en campaña, con temas tan importantes como poner contornos al pluralismo jurídico para que sea voluntario, se aplique a personas de un mismo pueblo y no se aplique a delitos penales; volver a incluir las prerrogativas de gasto fiscal como materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; eliminar la reelección presidencial consecutiva; y restablecer el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia».

Que la Democracia Cristiana -partido que en algún momento presidió- está en descomposición es una idea que repite en más de una ocasión. Sin embargo, el exsenador Ignacio Walker cree que todavía se puede salvar el proyecto político de la colectividad en la cual ha militado por años. El exparlamentario hace un diagnóstico de la crisis que atraviesa la decé y una proyección de las alianzas del sector político que representa.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de la DC?

La DC está viviendo una descomposición que puede conducirnos a una crisis terminal. Así de grave es la situación. Doy un solo ejemplo: hemos tenido ocho presidentes del partido en siete años, tres de ellos elegidos democráticamente. Eso es un síntoma de que algo no está funcionando.

¿Qué es lo que espera de la mesa?

Que se logre un acuerdo entre la mayoría y la minoría, la mal llamada disidencia, para poder avanzar en una mesa integrada e integradora, con el único propósito de elegir democráticamente y en forma simultánea una directiva nacional y una junta nacional.

¿A qué atribuye la descomposición de la que habla? Algunos sugieren que la DC se ha izquierdizado, que está sometida en el gobierno.

Bajo esta conducción partidaria, no somos ni chicha ni limonada, porque no estamos en el gobierno, pero tampoco podemos asumir que somos un partido de oposición. Ni siquiera en esa materia podemos tener una definición. Pero hay varios factores: hemos ido abandonando el centro político, ha habido una suerte de complejo izquierdista. La actual conducción partidaria, y hablo de Carmen Frei, Felipe Delpin y Aldo Mardones, han basado su acción en el sectarismo y la exclusión, sin ninguna capacidad de entender que hay una minoría que tiene que ser tomada en cuenta. Por donde uno lo mire, ve signos de descomposición, que pueden conducir a una crisis terminal. El gobierno dice: “¿con quién me entiendo al interior de la DC?”. Estamos intoxicando el diálogo político constitucional producto de nuestra pelea interna. A mí me da mucha pena y mucha vergüenza esto frente a los demás partidos y frente al gobierno.

¿Esperaba un gesto como invitar a los jefes de bancada?

Pero mira lo que ocurrió en el último capítulo de esta historia, es una cosa increíble. Aquí se trató de excluir del diálogo constitucional a la jefa de la bancada de senadores, Ximena Rincón, y al subjefe de la bancada, Matías Walker, que además es presidente de la comisión de Constitución. Tuvieron que golpear la mesa, lo hicieron con mucha fuerza. Y claro, se les llamó y se les incluyó en la mesa de conversación, pero a ese punto hemos llegado.

Parlamentarios como Ximena Rincón y Matías Walker se han declarado en reflexión. ¿Cuál es el estado de su militancia?

No me he declarado en reflexión, porque siempre estoy en reflexión. Habemos muchos que estamos reflexionando acerca de cuál es el curso de acción frente a este estado de situación que realmente es deplorable. Aquí hay muchas conversaciones, pero yo sigo siendo militante de la DC.

¿Podría ser la última oportunidad de mantener el partido?

Tenemos probablemente una última oportunidad. El estado de descomposición es tan grande, que si no hay una reacción en los próximos días, tal vez en los próximos meses, ya es muy tarde. Porque la vida y la política continúa, pero la DC deja de ser un actor.

¿Tiene definida alguna línea roja para permanecer en el partido?

Voy a permanecer en la DC mientras exista alguna posibilidad de rectificación.

Me imagino que por lo mismo fue difícil la renuncia de su hermano.

Muy difícil. Pero yo lo entiendo.

¿Considera que como partido han caído en la irrelevancia?

Sí. Si no fuera por el liderazgo de nuestros parlamentarios, que han sido de una valentía, al igual que esa centroizquierda por el Rechazo de la cual me siento parte, estaríamos en una situación muy compleja.

¿No existe un tema de voluntarismo en permanecer en la DC? Es evidente que es un partido que reúne a personas que no tienen nada en común.

Siempre la DC ha tenido tendencias. Eso no me asusta, no es nuevo. Pero siempre ha habido una cierta capacidad de procesar los conflictos. Yo no veo nada de eso en esta conducción partidaria, bajo Carmen Frei, Felipe Delpin y Aldo Mardones. Realmente me deja perplejo.

¿Podría decir que tiene algo en común con militantes como Yasna Provoste o Francisco Huenchumilla?

¡Pero mucho en común! (…). Somos parte de un partido, luchamos contra la dictadura, nos jugamos por la recuperación de la democracia. Los dos casos que usted menciona por supuesto que merecen mucho respeto, pero, para ser franco, me desconcierta lo que veo en la actitud de muchos de ellos.

Existe un debate sobre dónde ubicar a la DC. Algunos quieren girar un poco más al centro. Calisto habló de hacer una alianza con Evópoli. ¿Cómo lo ve usted?

Siempre he dicho que somos el centro de la centroizquierda. Pero desde que nuestros aliados y socios del Socialismo Democrático cruzaron a la vereda del frente para aliarse con el Partido Comunista y al Frente Amplio, se creó un vacío en la centroizquierda. Producto de esa migración en un casillero vacío y el centro está huérfano de representación política, principalmente por estas decisiones de la DC.

En el entendido de que hay un casillero vacío en la centroizquierda, ¿puede ser una oportunidad para movimientos como Amarillos, del que usted forma parte?

Yo soy socio fundador de Amarillos, era parte del comité estratégico hasta hace un mes, porque, cuando tomó la decisión de transformarse en un partido político, yo di un paso al costado. Yo soy militante de la DC.

¿No sopesó nunca sumarse?

No, francamente no. Pero quiero ser claro: hubiese preferido que esa centroizquierda por el Rechazo se pudiese haber transformado en un solo gran partido democrático y reformista, con el sector democratacristiano, con Amarillos, una que nos una, los ocho exdiputados del PPD que firmaron su declaración en favor del Rechazo, los dirigentes del Partido Radical. De hecho, hice una gestión con Cristián Warnken. Matías Walker y otros hicieron una gestión con Amarillos. No fue posible.

¿Por qué no?

Amarillos sintió dos cosas: que hay un momentum de una marca muy exitosa. Y dos, que hay que tratar de tener candidatos a la Convención Constitucional. Pero yo no tengo ninguna duda que desde estas distintas vertientes que estamos mencionando, finalmente vamos a converger.

Pero como coalición, no como partido.

Como coalición, pero vamos a converger (…). Todos los que en la centroizquierda estuvimos por el Rechazo terminaremos por converger. Ese es el germen.

Durante los 20 años de la Concertación, una coalición de centroizquierda, nunca se decretó un estado de excepción constitucional (salvo por catástrofes naturales). Los grupos terroristas fueron desarticulados en los primeros años.

El país creció en un promedio anual de 5%, lo que permitió reducir la pobreza a una cuarta parte. Actuábamos sin complejos izquierdistas ni derechistas, lo hacíamos pensando en Chile.

Cuando sobrevino la Guerra del Golfo (1990), el gobierno de Aylwin decretó un ajuste económico, el que además fue necesario porque recibimos una economía sobrecalentada. Simultáneamente, se aprobaba una reforma tributaria y laboral, a la vez que se suscribía un Acuerdo Marco entre empresarios y trabajadores.

Un desencuentro entre la autoridad monetaria y fiscal hizo que los efectos de la Crisis Asiática (1998) se prolongaran más allá de lo razonable. Un Presidente socialista, Ricardo Lagos, instruyó a su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, que buscara y lograra un acuerdo con el presidente de la CPC, Juan Claro, en torno a una Agenda Procrecimiento. No solo eso, Lagos nombró presidente del Banco Central a Vittorio Corbo. No le tembló la mano al Presidente socialista, porque se actuaba sin complejos izquierdistas, pensando en Chile.

La Presidenta Bachelet, en su primer gobierno, de la mano de su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, fue la guardiana de la responsabilidad política y fiscal: ante la peor crisis de la economía internacional en 60 años, siguió una política contracíclica, asegurándose de no perder la trayectoria en materia de equilibrio fiscal. Mientras la borrachera de los países del ALBA hizo que se gastaran los recursos del boom de los commodities, Chile ahorraba los excedentes para asegurar el financiamiento de los programas sociales en momentos de vacas flacas. Eso no obstó a seguir avanzando en la agenda de protección social: la instalación de un pilar solidario, a través de la Pensión Básica Solidaria, fue un gran paso adelante.

Cambio sin ruptura a través del reformismo gradualista: esa fue la fórmula de los gobiernos de la Concertación. Estos tuvieron un solo horizonte en materia de estrategia de desarrollo: la apertura externa, la integración a la economía internacional y el libre comercio, dando lugar a la situación de mayor progreso y bienestar de la sociedad chilena a través de su historia. El gobierno del Presidente Boric, basado en un difícil equilibrio entre dos coaliciones, tiene que elegir: o asume una agenda proseguridad y procrecimiento como propia, con la consiguiente rectificación de su política, o se le puede caer encima la estantería.

En materia de seguridad, desde el desistimiento de las 139 querellas criminales por delitos contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, hasta el zigzagueante apoyo/no apoyo a Carabineros de Chile en días y semanas recientes, las señales han sido erráticas, reforzando la sensación generalizada de impunidad que ya se venía gestando en los últimos años.

En materia económica, los loables esfuerzos de la autoridad monetaria y fiscal por controlar la inflación, el déficit fiscal y la deuda pública chocan todos los días con la realidad de una economía estancada, con inversiones que se resienten o que se cancelan —como acaba de ocurrir en la industria del hidrógeno verde—, y un crecimiento que se estima negativo para 2023. Los prejuicios ideológicos en torno al TPP11 son una demostración de las nulas convicciones en materia de inserción económica internacional, comprometiendo la exitosa estrategia de apertura externa de los últimos años y décadas.

El gobierno de Boric tiene que entender que la seguridad y el crecimiento no son temas de la derecha. Los gobiernos progresistas, de centroizquierda, que le antecedieron, demostraron que es posible impulsar los cambios sobre la base de la responsabilidad política y fiscal.

Si el Presidente Boric realmente cree estar parado sobre hombros de gigantes, entonces tiene que sacar las lecciones de nuestra historia más reciente. Al Gobierno no se le pide que abdique de sus convicciones, sino que actúe con responsabilidad, pensando en el bien de Chile. Un sano (re)equilibrio entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad es lo que se impone hacia el futuro, en la perspectiva del progreso y el bienestar. (El Mercurio)

Ignacio Walker

Una nueva baja en sus filas sufrió este lunes la Democracia Cristiana. Esto porque el expresidente de la colectividad, Ignacio Walker comunicó su renuncia al partido.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales: “Con mucho dolor, he renunciado al partido de toda mi vida, la Democracia Cristiana”.

“Solo tengo palabras de gratitud hacia un partido que ha escrito de las paginas mas notables de la historia política chilena y latinoamericana”, agregó.

El pasado 7 de octubre, en entrevista con La Tercera, Walker analizaba la situación que enfrentaba su partido: “La DC está viviendo una descomposición que puede conducirnos a una crisis terminal. Así de grave es la situación. Doy un solo ejemplo: hemos tenido ocho presidentes del partido en siete años, tres de ellos elegidos democráticamente. Eso es un síntoma de que algo no está funcionando”.

Sobre los factores que llevaron a la falange a dicha situación, Ignacio Walker aseguró que “hemos ido abandonando el centro político, ha habido una suerte de complejo izquierdista. La actual conducción partidaria, y hablo de Carmen Frei, Felipe Delpin y Aldo Mardones, han basado su acción en el sectarismo y la exclusión, sin ninguna capacidad de entender que hay una minoría que tiene que ser tomada en cuenta. Por donde uno lo mire, ve signos de descomposición, que pueden conducir a una crisis terminal. El gobierno dice: “¿con quién me entiendo al interior de la DC?”. Estamos intoxicando el diálogo político constitucional producto de nuestra pelea interna. A mí me da mucha pena y mucha vergüenza esto frente a los demás partidos y frente al gobierno”.

Como militante falangista, Walker ejerció como diputado y senador, pero también se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Ricardo Lagos.

La salida de Walker de la DC es una más de las varias bajas que ha sufrido la tienda liderada interinamente por Aldo Mardones durante los últimos meses.

De hecho, la semana pasada, su hermano, Matías Walker, junto a la senadora Ximena Rincón, quienes también renunciaron a la DC, anunciaron la formación del Partido Demócratas, colectividad que actualmente está en la búsqueda de militantes para conformarse como partido político. (La Tercera)

Patricio Valdés (martes) dice que estábamos equivocados en nuestra afirmación sobre eliminación de los pactos electorales en 1958-1973. La verdad es que estábamos en lo cierto.

En efecto, la alta fragmentación político-electoral de los años cincuenta —19 partidos con escaños en 1953 y 13 en 1957— condujo a la eliminación de los pactos electorales en virtud de sendas reformas electorales aprobados entre 1958 y 1962 (ver Ricardo Gamboa, “Reformando reglas electorales: la cédula única y los pactos electorales en Chile (1958-1962)”, en Revista de Ciencia Política, Santiago, Vol. 31, No. 2, 2011). Ello condujo a que el número de partidos efectivos disminuyera de 11,9 y 8,6 en 1953 y 1957, a entre 4,0 y 5,1 entre 1965 y 1973, produciéndose una simplificación de la oferta partidaria.

La Ley 13.913 de 1960 terminó con los pactos electorales en las elecciones municipales, la Ley 14.089 hizo otro tanto con las elecciones de diputados y, finalmente, la Ley 14.851 (1962) eliminó los pactos en las elecciones senatoriales (el caso que cita Valdés Aldunate es de 1961). Tales normas se mantuvieron vigentes hasta 1973.

Ahora bien, efectivamente, el Tribunal Calificador de Elecciones, ante una consulta de los partidos de la Unidad Popular, en fallo de junio de 1972, sostuvo que en virtud del Estatuto de Garantías Constitucionales (1971) los partidos podían constituir pactos electorales, lo que se expresó en la constitución de la Confederación Democrática (Code) y la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Se trató en verdad de una ficción o simulación que consideraba a una federación como equivalente a un partido político para todos los efectos legales. Hasta tal punto fue un resquicio que las leyes vigentes sobre prohibición de pactos electorales se mantuvieron vigentes.

Finalmente, es de esperar que la nueva Constitución que hoy se discute definitivamente elimine los pactos electorales, los que no hacen más que fomentar y hasta subsidiar —especialmente en la relación entre partidos grandes y chicos— la fragmentación político-electoral, la que es una enfermedad de la democracia en Chile y América Latina. (El Mercurio Cartas)

Genaro Arriagada
Ignacio Walker

El pasado 12 de diciembre se suscribió el “Acuerdo por Chile”, que fija las bases para el desarrollo de un nuevo proceso constituyente en nuestro país. Muchos fuimos espectadores del proceso y a ratos parecía que no iba a ser posible llegar a un entendimiento sobre esta materia tan importante. Por lo mismo, es importante valorar este acuerdo. Da cuenta de un ejercicio cívico y de generosidad por parte de los diversos actores políticos. Asimismo, reafirma la importancia de la vía institucional como mecanismo de solución de conflictos.

Tomando como antecedente el proceso anterior, el que, lamentablemente, fue un proceso fallido, se deben hacer los mejores esfuerzos para que este nuevo esfuerzo sea exitoso. La integración de la comisión experta juega un rol central en este éxito. Si hay algo que le faltó al proceso anterior, fue el desarrollo de habilidades políticas para llegar a acuerdos. El hecho de tener una indiscutible trayectoria profesional no asegura tener dichas habilidades, por lo que es esperable que la Cámara y el Senado consideren esta variable para efectos de hacer la designación de expertos y expertas.

Junto con la importancia de la política, hay otro aspecto que es de gran relevancia para efectos de tratar de que esta segunda oportunidad constituyente sea exitosa. Hay múltiples estudios que indican los beneficios que tiene para cualquier proceso el desarrollarse bajo parámetros de diversidad e inclusión. En esta misma línea, Naciones Unidas lleva algunos años promoviendo elementos de diversidad e inclusión dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como orientación que permiten construir sociedades sostenibles en el tiempo.

El diseño de la comisión experta tiene algunos aspectos que aseguran la incorporación de diversidad e inclusión en su integración. En primer lugar, se exige que sea una integración paritaria; segundo, que la representación se defina en proporción a las distintas fuerzas políticas, lo que asegura diversidad en cuanto a las visiones políticas de quienes integren la comisión. Ambos elementos son positivos, pero hay otros factores que podrían considerarse para fortalecer la diversidad e inclusión; por ejemplo, que quienes se integren sean de Santiago y de regiones, o asegurar la presencia de distintos grupos etarios. Finalmente, como este es un proceso normativo, puede existir la tentación de nombrar únicamente a constitucionalistas. Las bases constitucionales que forman parte del Acuerdo por Chile identifican varios elementos de gran relevancia para la nueva Constitución: conservación de la naturaleza, descentralización, pueblos indígenas, Estado social y democrático de derecho, y varios otros. Es de esperar que las personas que integren esta comisión provengan de distintas disciplinas, para efectos de poder abordar estas temáticas tan variadas y fundamentales en este proceso con conocimiento de causa. (La Tercera)

Elisa Walker

La tesis de Arriagada es que la Vía Chilena expresa un “revisionismo que no nació”; el recuento de que da cuenta su pormenorizado análisis, “muestra de una manera irredargüible» la absoluta carencia de base política del proyecto presidencial sobre “la Vía Chilena” (p. 84). De hecho, añade el autor, desde comienzos de 1972 no hay un solo pronunciamiento del Presidente Allende en que se plantee esta “segunda vía” al socialismo. La mayor parte de las energías y su propia y reconocida habilidad política las dedicaría el Mandatario socialista a tratar de arbitrar las crecientes diferencias al interior de la UP sobre las cuestiones “tácticas” y las “vías” para alcanzar el poder y avanzar al socialismo, y la situación política general en términos de la relación entre Gobierno y oposición, y a todo nivel, incluyendo al Poder Judicial, la Contraloría General de la República, y las FF.AA. y de Orden, entre otras.

Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, una de las referencias obligadas de lectura y reflexión será, a no dudarlo, el libro de Genaro Arriagada, De la ‘Vía Chilena’ a la ‘Vía Insurreccional’, publicado por Editorial del Pacífico y el Instituto de Estudios Políticos, en 1974.

Contando con una presentación de Jaime Castillo V. (“sobre la base de una interpretación fidedigna de las realidades sometidas a la crítica (…) el autor ha reunido un caudal de datos que le permitirá mantener el nivel de su trabajo frente a cualquier crítica”) y un prólogo de Eduardo Frei M. (“el libro de Genaro Arriagada significa un aporte invaluable para clarificar la verdad histórica”), el autor analiza en forma pormenorizada y en profundidad los hechos y acontecimientos que condujeron desde la “Vía Chilena”, entendida como “vía político-institucional”, hasta la “Vía Insurreccional”, culminando en el fracaso de aquella y el quiebre de la democracia chilena.

Tal vez el aporte más interesante y original de Arriagada, uno de los más destacados intelectuales y políticos democratacristianos, junto a su enorme caudal analítico, es el método elegido, consistente simplemente en dejar hablar a los hechos, sobre la base de los documentos de la época, de las declaraciones de los actores políticos y sociales, los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, los ministros, algunos de sus principales intelectuales, de modo tal que va tejiendo un relato que explica, con enorme rigor intelectual, el proceso político que deviene en el fracaso de la Vía Chilena al socialismo, construida “en democracia, pluralismo y libertad”.

La tesis de Arriagada es que la “Vía Chilena” corresponde a “una esperanza sin base política”; se trata de un proyecto en cuya génesis estuvo la impronta del propio Salvador Allende –por algo se le conoce también como “Vía Allendista”–, contando con la asesoría política de Joan Garcés, en permanente tensión con los partidos de la Unidad Popular, principalmente el Partido Socialista, el MAPU, y la Izquierda Cristiana, en alianza con el MIR, los que nunca se avinieron a adoptar como propia dicha tesis.

Como sabemos, los lineamientos básicos de la “Vía Chilena” fueron expuestos por el Presidente Allende en el mensaje del 21 de mayo de 1971 ante el Congreso Pleno, contando con una estrecha colaboración de Joan Garcés, en tensión y contradicción con las definiciones que el PS, el partido de Allende (no hay que olvidar que este fue designado como su candidato presidencial por una minoría de votos del Comité Central), había adoptado desde mediados de la década de 1960. Es así como ya en el Congreso de Linares (1965), con el triunfo de las tesis de Adonis Sepúlveda –que sería subsecretario nacional bajo la directiva de Carlos Altamirano elegida en el Congreso de La Serena (1971)–, el PS se pronuncia en el sentido de “que nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder”, mientras que en el Congreso de Chillán (1967) el PS declara que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima” y “constituye la única vía que conduce a la toma del poder político”.

Lo cierto es que la “Vía Chilena” vino a insuflarle a la izquierda mundial una renovada esperanza en momentos en que se apreciaba un notorio declive en el mundo de los “socialismos reales” –baste con recordar el aplastamiento por parte de los tanques soviéticos del movimiento del “socialismo con rostro humano” encabezado por Alexander Dubček, en Checoslovaquia, en 1968, represión que contó con la abierta adhesión del PC de Chile– y de la propia Revolución Cubana, que al aliarse con la URSS, sumado esto a la derrota de la guerra de guerrillas encabezada por el Che Guevara, muerto en Bolivia en 1967, había perdido una parte de su atractivo inicial.

En ese contexto, la izquierda mundial ya no tendría un solo modelo que ofrecer (la URSS) y América Latina tendría al menos dos modelos, el de Cuba y de Chile, dando lugar a una experiencia inédita, anticipada esta última por los clásicos del marxismo, pero nunca antes realizada. Es fácil imaginar y entender el entusiasmo que ella provocara en la izquierda mundial. Adicionalmente, en el caso del PC, y sin perjuicio de sus propias contradicciones internas y externas, era concordante con las definiciones sobre la “vía pacífica” adoptadas por el XX Congreso del PCUS, en 1956.

La cuestión de las “vías” y las “tácticas” del movimiento revolucionario habían estado en el centro de las discusiones de la izquierda mundial desde comienzos del siglo XX, en el enfrentamiento entre Kautsky (el “renegado”) y Bernstein (el “revisionista”), por un lado –sin perjuicio de las diferencias entre ambos– y, por otro, de Lenin y Trotski, quienes resultaran triunfantes en la forma definitiva que alcanzara la Revolución Bolchevique, en 1917. Los enfrentamientos entre la “Vía Chilena” y la “Vía Insurreccional”, y la cuestión de las “tácticas” y las “vías” estuvieron en el centro de los debates al interior de la UP, con el triunfo para el ala más radical representada por el PS, el MAPU (Garretón), la Izquierda Cristiana y el MIR, enfrentados al PC y una facción del MAPU (Gazmuri), más cercanas a las posiciones de Allende. Todo esto transcurrió más en el plano táctico que estratégico, hasta el punto que Luis Corvalán aclaraba en diciembre de 1970 que, si bien los caminos y métodos del proceso revolucionario “tienen en cada país sus propias particularidades” (hasta ahí lo táctico), “no se puede prescindir en modo alguno de la debida consideración de las leyes universales que rigen el paso al socialismo” (p. 80). Diríase, pues, que los partidos de la UP, definidos casi todos ellos como marxistas-leninistas, compartían una misma perspectiva estratégica, pero divergían en cuanto a las tácticas y las vías para transitar al socialismo.

La tesis de Arriagada es que la Vía Chilena expresa un “revisionismo que no nació”; el recuento de que da cuenta su pormenorizado análisis, “muestra de una manera irredargüible» la absoluta carencia de base política del proyecto presidencial sobre “la Vía Chilena” (p. 84). De hecho, añade el autor, desde comienzos de 1972 no hay un solo pronunciamiento del Presidente Allende en que se plantee esta “segunda vía” al socialismo. La mayor parte de las energías y su propia y reconocida habilidad política las dedicaría el Mandatario socialista a tratar de arbitrar las crecientes diferencias al interior de la UP sobre las cuestiones “tácticas” y las “vías” para alcanzar el poder y avanzar al socialismo, y la situación política general en términos de la relación entre Gobierno y oposición, y a todo nivel, incluyendo al Poder Judicial, la Contraloría General de la República, y las FF.AA. y de Orden, entre otras.

La “vía político-institucional” constituyó el corazón de la “Vía Chilena”, pero esa vía se iría abandonando paulatina y sostenidamente, en medio de una creciente polarización del país, y de un conflicto al interior de la UP que iría definiéndose en favor de la “vía insurreccional”. Especialmente a partir del paro de octubre (1972), los partidos de la UP se pronunciarían crecientemente en favor de la conquista del “poder total”, en términos de un “poder popular” construido como alternativa al Estado burgués, el que debía ser destruido, junto a su legalidad y sus instituciones (las de la democracia “formal” o “burguesa”).

“Vía Insurreccional y vía política, dos tácticas” es el sugerente título de un artículo que publica Joan Garcés en mayo-junio de 1973 (Garcés prefería hablar de “camino político” más que de “vía pacífica”), en momentos en que la “vía político-institucional” como expresión de la “Vía Chilena” estaba virtualmente agotada en favor de la “Vía Insurreccional”, dice Arriagada. No hay declaraciones del PS –menos aún del MAPU (Garretón), la Izquierda Cristiana, o el MIR– en todo el periodo del Gobierno de Allende en favor de la “Vía Chilena”, la “Vía Allendista”, o la “vía político-institucional”. Como se ha dicho, el propio Presidente Allende fue abandonando, al menos en el discurso, mas no necesariamente en la práctica, y en lo que a él se refiere, la adhesión a una “Vía Chilena al Socialismo” que él mismo, y nadie más que él, había definido en el mensaje presidencial del 21 de mayo de 1971.

Ni siquiera la enorme bonanza económica del primer año de gobierno, con un alto crecimiento de la producción –producto de aquella teoría sobre la utilización “de la capacidad ociosa”–, una baja inflación, generosos reajustes de remuneraciones, y un favorable panorama del comercio exterior (Frei había dejado reservas internacionales por US$ 500 millones) fueron capaces de consolidar la perspectiva de la “vía político-institucional”, concebida como una cuestión táctica.

La “dulce primavera”, producto de una situación económica sorprendentemente floreciente, y el “carnaval del consumo” asociado a aquella, se expresaron en un resultado favorable en las elecciones municipales de abril de 1971 (en que la UP derrotó a la oposición, bordeando el 50% de los votos). Mientras el PS estimaba que había llegado la hora y estaban dadas las condiciones para un cambio radical, recién asumido el Gobierno, Allende y el PC fueron de otra opinión, sosteniendo que quedaba aún mucho por ganar. El momento del “populismo latinoamericano” del primer año, con su balance positivo en términos de redistribución, y su sesgo keynesiano, no logró modificar en lo más mínimo el debate al interior de la UP y sus intelectuales orgánicos sobre el sentido y la dirección de la revolución. “Los actuales pitonisos de la inflación”, señalaba el ministro de Economía, Pedro Vuskovic (PS), en el primer semestre de 1971, exageran al advertir sobre “una inflación desenfrenada en los próximos meses. No entienden nada de lo que está ocurriendo” (p. 116). Una de las características del “populismo latinoamericano”, agrega Arriagada, es su desprecio por la técnica, las cuestiones prácticas de la economía y la administración. El autor recurre a un acopio de antecedentes, hechos, y declaraciones en el caso chileno, en que esas cuestiones eran consideradas como “desviaciones revolucionarias”, propias del “reformismo revisionista”. Más que detenerse en cuestiones sobre inflación, déficit fiscal, o balanza de pagos, el desafío de un proceso revolucionario consistía en avanzar hacia la conquista total del poder político.

No solo la economía se tomaría su revancha en términos de la inflación y la hiperinflación (a octubre de 1973, la inflación llegaba a un 528,5%), sino que el Gobierno se alejaría de cualquier posible acuerdo con la Democracia Cristiana al sustituir la “vía político-institucional” y la apelación a la “legalidad” que le era inherente, por los “resquicios legales” que llevarían a la creciente estatización de la economía y las empresas. Al desempolvar algunas normas de la efímera (4 al 16 de junio de 1932) República Socialista, recurriendo a expropiaciones y sobre todo a requisiciones e intervenciones de la más variada especie, todo ello bajo la elaboración jurídica de Eduardo Novoa Monreal, sumiendo al gobierno en un conflicto creciente y virulento con el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, el Gobierno no solo avanzaba hacia la constitución del “área de propiedad social”, desoyendo y entrando en un conflicto de interpretación jurídica con la Ley sobre Tres áreas de la Economía promovida por los senadores Renán Fuentealba y Juan Hamilton de la DC, sino que, por la vía de los hechos, y en la perspectiva del poder popular, iba abandonando su propio programa de gobierno. A pesar de que este identificada a 150 empresas como constitutivas del monopolio de la “alta burguesía” y de que el programa contemplaba 91 empresas en el área social, estas llegaron, hacia fines del gobierno de la UP, a unas 500 empresas, por la vía de los “resquicios legales” y de los hechos.

Arriagada demuestra en forma rigurosa y pormenorizada cómo, a pesar de las advertencias en el plano teórico y político de Joan Garcés, y de las económicas de Orlando Millas (PC), quien asumiría en la doble calidad de ministro de Hacienda y Economía, ni en Allende ni menos aún en los partidos de la UP, tal vez con la excepción del PC, habría existido un verdadero ánimo de entendimiento y rectificación. Los partidos de la UP irían en forma creciente y sostenida abrazando la causa de la “vía insurreccional”, de los cordones industriales y los consejos comunales, de las vías de hecho, la retórica incendiaria, y la construcción del “poder popular”, colocando a Allende, a la “Vía Chilena” y su expresión práctica, “la vía político-institucional”, en una situación imposible.

En ese proceso, y a pesar de que lo trata con una particular deferencia, el autor no puede dejar de señalar, insinuar y a la postre explicitar la responsabilidad política que le corresponde a Allende en todo ese proceso: “Es Ud., excelentísimo señor, el principal responsable de lo que ocurre, y lo es moral, legal y constitucionalmente”, le decía el presidente de la DC, senador Renán Fuentealba, en carta abierta dirigida al Presidente Allende, de fecha 24 de agosto de 1972, frente a una larga lista de abusos por parte del Gobierno. Es cierto, continúa Arriagada, que Allende dispone de una gran habilidad política y táctica, pero esa capacidad para sortear diversos obstáculos conlleva sus riesgos y límites, como ocurrió con la incorporación de las FF.AA. y de Orden al gabinete ministerial. Si bien ella permitió poner fin al paro de octubre (1972) y comprar paz social con miras a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, que transcurrieron en perfecta normalidad, se les estaba reconociendo a aquellas un rol de arbitraje que tendría, a la postre, consecuencias políticas, incidiendo en el desenlace (trágico) del proceso político. La búsqueda de la totalidad del poder se había convertido en el norte del Gobierno de la UP, con una clara hegemonía de la ultraizquierda, compuesta por el PS, el MAPU, la Izquierda Cristiana, un sector del PR, y el MIR.

El asesinato por parte de la ultraizquierda (VOP) de Edmundo Pérez Zujovic, exministro del Interior y vicepresidente de Frei Montalva, en junio de 1971; la elección complementaria de Valparaíso en el mes siguiente, con la derrota del candidato Hernán del Canto (PS), a pesar de que la DC había ofrecido un acuerdo al Gobierno sobre un candidato conjunto; los triunfos para la oposición a comienzos de 1972 en sendas elecciones complementarias de senador y diputado en el sur de Chile; la negativa por parte del Presidente Allende a promulgar la reforma sobre las tres áreas de la economía aprobada por el Parlamento (de autoría de la DC); la gigantesca concentración de la “marcha de las cacerolas” el 1 de diciembre de 1971, acompañada de la dictación de un Estado de Emergencia y toque de queda en Santiago, seguido de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Tohá (quien fuera destituido y a quien Allende lo nombrara ministro de Defensa, sobre cuya legalidad el Tribunal Constitucional se pronunciara favorablemente); el empeoramiento de todos los índices económicos y su impacto en la población, la clase media, y la “pequeña burguesía” (como los transportistas y comerciantes), fueron todos ellos alejando cada vez más las posibilidades de un acuerdo con la DC, que radicalizaría su actuar político, a la vez que alienando a las propias capas medias, los campesinos, los trabajadores (la DC entraría a disputarle el terreno a la CUT, compitiendo de igual a igual con al PC y el PS), y sectores importantes del mundo popular (pese a que el Gobierno y los partidos de la UP mantendrían una cuota electoral importante, como lo demostrarían las elecciones de marzo de 1973, con una clara ventaja para la oposición de 56%, con la elección de 30 senadores y 87 diputados, y un nada despreciable 44% de la UP, con 20 senadores y 63 diputados).

De nada servían las autocríticas de los partidos de la UP en la reunión de El Arrayán de febrero de 1972, reconociendo errores políticos y reveses electorales. Los llamados del PC a ganar “la batalla de la producción” eran considerados por el PS y la ultraizquierda como una consigna que escapaba a las exigencias de la revolución. El informe del ministro Orlando Millas ante el Pleno del CC del PC, de marzo de 1972, contiene una fuerte crítica a los militantes y partidos de la UP (incluidos los de su propio partido) y un ataque frontal contra la ultraizquierda, a la que acusa de “contrarrevolución”, con una denuncia abierta del “oportunismo ultraizquierdista” y la “fraseología revolucionaria” al interior de la misma, a la vez que el PS, el MAPU y el MIR acusaban al ministro comunista de “reformista”. Todo lo anterior es signo elocuente de que al interior de la UP las diferencias sobre los tiempos, y las cuestiones “tácticas” y de las “vías” de la revolución y el camino al socialismo, daban cuenta de diferencias insalvables.

Millas va más allá y llama derechamente a hacer “concesiones”, y buscar acuerdos con la DC, debiendo de una vez por todas determinarse los límites del área social, fijando en 91 las empresas del área social, tal como se señalaba en el programa de gobierno (llegarían a ser alrededor de 500 hacia septiembre de 1973). En enero de 1973, en lo más álgido del conflicto, el ministro Orlando Millas va aún más lejos, al sugerir el estudio de la posible devolución de 123 industrias requisadas, intervenidas, o tomadas por la vía de los hechos, agregando que “jamás el gobierno popular dijo que se incluirían en el área social las fábricas de mote con huesillos o las de empanadas” (p. 238).

La fraseología sobre “rectificación” –sin ninguna concreción práctica, tanto entre los partidos de la UP como en el propio Allende– y los reconocimientos de errores en uno que otro documento o actividad, no conducen a nada. La sustitución de Pedro Vuskovic por Carlos Matus, en el Ministerio de Economía, llevan a este último a un discurso y una política aun más radicales sobre la supuesta “irreversibilidad” de las transformaciones en marcha, al margen de toda realidad. Los “resquicios legales” que habían sustituido (en la práctica) a la “vía político-institucional”, que aparece como agotada, dan lugar a un conflicto abierto con la oposición, el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República: “La posibilidad de avanzar hacia el socialismo a través de los ‘resquicios’ de la antigua legalidad estaba definitivamente agotada”, dice Arriagada (p. 183), quedando como una de las pocas posibilidades un acuerdo político con la DC.

Los intentos tímidamente llevados a cabo hasta ese entonces, a este último respecto, como las conversaciones entre el ministro Jorge Tapia (PR) y Renán Fuentealba (DC), no mostraban ningún resultado; antes bien, daban cuenta de un conjunto de recriminaciones mutuas, mientras que la ultraizquierda (el PS, el MAPU, la IC, el MIR) se mostraba permanentemente contraria a un acuerdo con la DC, en un cuadro en que “el agotamiento de la ‘vía político-institucional’ abría paso a la vía insurreccional” (p. 191). La reunión de la Asamblea del Pueblo de Concepción del 26 de julio (aniversario de la Revolución Cubana) promovida por el Regional del PS y partidos y dirigentes de la ultraizquierda, provocó las iras del propio Presidente Allende, el que hubo de escribir la única carta pública de su periodo dirigida a los partidos de la UP, contando solo con el apoyo del PC. El senador Volodia Teitelboim calificaba esa Asamblea de “delirante” y “calenturienta”, mientras que el Presidente Allende decía, en la referida carta, “es mi deber defender sin fatiga el régimen institucional democrático”.

La atención y perspectivas de una definición política y democrática por parte de Allende se volcaron a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, con miras a obtener una mayoría para impulsar los cambios. La incorporación de las FF.AA. y de Orden tras el paro de octubre de 1972 había conducido a una cierta pausa en la marcha del proceso revolucionario, pero presentaba a su vez sus propias complejidades: “El fracaso de la ‘vía político-institucional’ iba colocando a las FF.AA. como el árbitro de la situación política”, afirma Arriagada (p. 240), mientras no todos los partidos de la UP compartían el énfasis en esas elecciones parlamentarias.

La conquista del poder total en torno a la construcción de un “poder popular” concebido como alternativa al Estado burgués, en el marco de lo que Arriagada llama “la teoría y práctica chilena de la vía insurreccional”, tenían como cuestión medular los viejos debates de comienzos del siglo XX, incluyendo a Lenin y Trostki, sobre la “dualidad de poderes” al interior de un proceso revolucionario. La resistencia de los partidos de la UP a reconocerse como una fuerza política minoritaria, y la oposición de los mismos –con la excepción del PC y eventualmente del propio Allende– a buscar un acuerdo con la DC, lo que suponía “un muy drástico rompimiento con la ultraizquierda” (p. 275), dejaba planteada la vieja cuestión de la “vía insurreccional” construida en torno al concepto de “dualidad de poderes”, que apareció con nitidez en el proceso revolucionario que culminara con la Revolución Bolchevique de 1917.

En ese proceso, Rusia contaba con dos revoluciones, y dos gobiernos; a saber, la “burguesa”, expresada en el gobierno provisional de febrero (revolución democrático-burguesa en términos de los clásicos del marxismo), y la “proletaria”, que se expresara en los Soviets de diputados, obreros y soldados, bajo el liderazgo de Lenin y Trotski, con el triunfo para estos últimos en torno a la “vía insurreccional”, la que llevó aparejada la derrota de la disidencia reformista representada por Kamenev y Zinoviev. En el centro de la “vía insurreccional” se da la cuestión de la “dualidad de poderes”, la que tiene que ser resuelta en uno u otro sentido. Frente a los poderes constitucionales surgirá un poder revolucionario que, en la definición de Lenin, “es un poder completamente diferente del de la república parlamentaria democrático-burguesa” (p. 281).

¿Y qué tiene que ver esto con la revolución chilena, en un contexto completamente distinto? Tiene todo que ver, dirá Arriagada. El debate sobre la “dualidad de poderes” estuvo en el centro de la discusión sobre la “vía insurreccional” al interior de la UP, en el último año del Gobierno de Allende. Más aún, citando al propio Joan Garcés y pasando revista a los debates y definiciones de los partidos y dirigentes de la UP, “la verdad es que la ‘vía insurreccional’ estuvo siempre presente en la Unidad Popular” (p. 281), incluyendo el tema de la “inevitabilidad” del enfrentamiento armado (tema que, por lo demás, me atrevo a agregar, aborda Carlos Altamirano en su libro Dialéctica de una derrota, en 1977).

Uno de los precursores de la “vía insurreccional” había sido, en el caso chileno, el propio Rodrigo Ambrosio, secretario general del MAPU, quien, a solo veinte días del arribo de Allende a La Moneda, contradecía la tesis de la “Vía Chilena”, argumentando que Chile no sería una excepción a la necesidad de asumir la destrucción del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado de clase, la dictadura del proletariado (p. 284). La lucha de clases conduce a un enfrentamiento de dos poderes de clase, un poder institucionalizado, legitimado por la tradición, y un poder nuevo, emergente, sin instituciones adecuadas todavía (entrevista a Rodrigo Ambrosio, en Punto Final, 24 de noviembre de 1970). En su pensamiento no había dudas sobre el concepto de “dualidad de poderes” que está presente “en todos los procesos revolucionarios del mundo” (dice en la entrevista).

El MIR sigue la misma lógica, como lo demuestra una carta-respuesta al PC de febrero de 1973, en torno al concepto de “Poder Popular”, en contradicción y lucha con el Estado burgués: “Se trata de un poder autónomo y alternativo al Estado burgués e independiente del Gobierno actual” (p. 285). La “vía insurreccional”, en el caso del PS, se expresaba en el “avanzar sin transar”, y su instrumento era uno solo, “crear poder popular”, apuntando a la destrucción del Estado burgués. En diciembre de 1972, Óscar Guillermo Garretón, líder del MAPU (que experimentaría una división hacia marzo de 1973), en el Segundo Congreso del partido, confirma la “vía insurreccional” encaminada a la destrucción del Estado burgués y su sustitución por el Estado proletario, lo que “implica una agudización de la lucha de clases que envuelve siempre la posibilidad concreta de un enfrentamiento armado” (p. 291). La Izquierda Cristiana, cada vez más en la línea de construir acuerdos tácticos con el MIR, confirma la misma línea de pensamiento y acción, y hasta Benjamín Teplizky, vicepresidente del PR, se inscribe en esa línea.

En un intercambio de cartas de febrero de 1973 entre el PS y el PC, dando cuenta de fuertes disensiones sobre la política (“reformista”) de Orlando Millas referidas al área social, se refleja plenamente la lógica de la “dualidad de poderes” en torno al “poder popular” y la movilización de masas apuntando a la destrucción del Estado burgués y su sustitución por una “nueva institucionalidad”, que sea la expresión del proceso revolucionario. Carlos Altamirano (PS), en la víspera de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que Allende había pedido se concentraran los esfuerzos, señalaba: “¡Nada ni nadie podrá impedir que este proceso se convierta en una revolución! (…) No hemos sometido a plebiscito la revolución chilena. Las revoluciones no se hacen por votaciones”; agrega que los resultados de los comicios de marzo son importantes, pero “no modificarán básicamente el curso del proceso” (p. 294). En enero de 1973, Víctor Barberis, miembro del CC del PS, hablando a nombre del partido, afirma que “todas las revoluciones de la historia, triunfantes o no, han llevado en su vientre el poder dual”, añadiendo que la perspectiva del poder dual y la creación del poder popular “tiene que enfocarlo en términos objetivos, leninistas, vale decir, científicos”; para ser claros –añade–, esta es la perspectiva del poder popular y el poder dual, “quiero decir que mi partido ha dicho –y lo reitera ahora a través mío– que no hay dos vías al socialismo” (p. 295).

Y suma y sigue. En vano el PC y un sector del MAPU, más cercanos a la línea de Allende, intentaron contrarrestar la línea política de la ultraizquierda. Los CUP y las JAP de la primera hora eran reemplazados por los cordones industriales y los consejos comunales, tras la conquista del poder total. El fracaso de la “vía político-institucional” y la adopción de la “vía insurreccional” definió el escenario político de 1973 en forma trágica. El potencial arbitraje de las FF.AA., tal como implícitamente se había reconocido con su incorporación a las tareas de Gobierno, solo tenía como alternativa un acuerdo político con la Democracia Cristiana, el que contaba con la franca y decidida oposición del PS y la ultraizquierda. Por su parte, todos los diputados DC suscribían un Acuerdo en la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, en que declaraban “que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total (…) y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo”.

Si Allende quería evitar la “vía insurreccional” e insistir en la «vía político-institucional”, como expresión de la “Vía Chilena”, “ello significa llegar a un acuerdo político con la Democracia Cristiana” (p. 325). No se vislumbraba otra alternativa. Tal fue el sentido del diálogo con la directiva de la DC, y su presidente, Patricio Aylwin, en julio de 1973, mientras el PS y la ultraizquierda se oponían públicamente a ese diálogo y la posibilidad de un acuerdo político con la DC. Es así como el CC del PS, en uno de los tantos intercambios con el PC, declaraba que “toda tendencia a buscar entendimiento con grupos políticos de la burguesía, como la Democracia Cristiana, para resolver mediante el juego político tradicional los conflictos que genera la lucha de clases, dañan el curso ascendente del proceso revolucionario, inevitablemente sujeto a las leyes generales de la Revolución” (p. 327).

Allende, que era consciente de que un acuerdo con la DC significaba una ruptura con la ultraizquierda, incluyendo a su propio partido, administraba la ambigüedad en su relación con la Democracia Cristiana, hasta el punto que Joan Garcés, en un escrito posterior al golpe de Estado, relata lo siguiente: “Cuando a menos de tres semanas del golpe militar, conversando con el presidente Allende, le manifesté mi temor de que se encontrara abocado a la disyuntiva de estrellarse –por falta de respaldo militar– o de claudicar ante el Partido Demócrata Cristiano –algunas voces insinuaban que fuera llamado como partido al gabinete–, Allende me respondió tajante: “Eso último jamás. Provocaría la división de la Unidad Popular y el término, por consiguiente, del movimiento revolucionario” (p. 328).

De mi parte, solo me permito agregar, citando al propio Joan Garcés (Allende y la experiencia chilena, Ariel, Barcelona, 1976, p. 386) , principal asesor político y una de las personas más cercanas al Presidente Allende, el dramático relato que él mismo hace del último día de Allende y de la democracia chilena: “La mañana del día 11 de septiembre, poco antes de las nueve, cuando ya el ruido de los vuelos rasantes de la aviación dificultaban las conversaciones, en el minuto escaso que Allende concedió a Hernán del Canto, confluían tres años de interrelación entre la dirección del Partido Socialista y el Presidente de la República:

–Presidente, vengo de parte de la dirección del partido a preguntarle qué hacemos, dónde quiere que estemos.

–Yo sé cuál es mi lugar y lo que tengo que hacer –respondió secamente Allende. Nunca antes me han pedido mi opinión. ¿Por qué me la piden ahora? Ustedes, que tanto han alardeado, deben saber lo que tienen que hacer. Yo he sabido desde el comienzo cuál era mi deber.

Ahí terminó la conversación. Del Canto partió. Los demás partidos no enviaron a preguntar qué hacían”.

Concuerdo con Jorge Correa («El Mercurio»-lunes) en cuanto a que las bases del sistema electoral tienen que quedar en la Constitución y no dejar su determinación a la decisión de los parlamentarios, que, muy probablemente, por ser incumbentes, tenderán a reproducir y no subsanar los vicios actuales, sobre todo referidos a la fragmentación partidaria.

Sin embargo, tengo muchas dudas sobre hacer coincidir las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial (casi siempre habrá segunda vuelta en un país como el nuestro, y es bueno que así sea). Mi temor es que puedan surgir dinámicas del tipo “un Parlamento para Chávez” o “un Parlamento para Bolsonaro” o “un Parlamento para Bukele”, solo por mencionar presidentes populistas de izquierda, derecha o centro, para el caso de que sean elegidos en segunda vuelta. El populismo, el caudillismo y la irrupción de los outsiders siguen siendo la gran lacra de la política latinoamericana y la principal amenaza para la democracia en el mundo. Una Constitución tiene que contener una estructura de incentivos y desincentivos para impedirlo.

Con la fórmula propuesta por la Comisión Experta —que ha hecho un trabajo encomiable en esta primera parte de su cometido— se pretende incentivar que los presidentes cuenten con mayorías parlamentarias. Eso suena bien, pero no siempre es una virtud. Si vamos a tener presidencialismo, entonces hay que fortalecer y no debilitar los checks and balances, y el “gobierno dividido” (cuando no se corresponden las mayorías en el gobierno y el Parlamento) es un peso y contrapeso del sistema.

Cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso, tiene que negociar, que es lo propio de la democracia representativa y deliberativa. Clinton y Obama tuvieron mayoría adversa en el Congreso durante 12 de los 16 años de sus mandatos y nadie puede pensar que la democracia estadounidense estuviera en peligro.

Sería del todo recomendable que presidentes como Chávez, Bolsonaro o Bukele tuvieran mayorías adversas en el Congreso, y no favorables. Frente a la amenaza del populismo, el gobierno dividido se transforma en una virtud y no en un problema. (El Mercurio Cartas)

Ignacio Walker

Interesante el intercambio entre David Gallagher y Lucía Santa Cruz sobre el PC. Intentaré terciar en el debate.

El PC se organiza en el siglo veinte en torno a una idea central expuesta por Lenin: los trabajadores tienen por sí mismos una conciencia sindicalista, la conciencia socialista tiene que serles inculcada desde fuera. Esa es la labor del PC, la vanguardia organizada del pueblo.

¿Quién tiene el poder en los países comunistas, se preguntaba Radomiro Tomic, el proletariado o el secretariado? Sin duda que este último.

Lenin es hijo de la Ilustración, el bolchevismo es hijo del jacobinismo, es la idea de una revolución social seguida de una dictadura desde arriba.

Lenin le puso ruedas al chasís del marxismo, a comienzos del siglo XX, cuando las premisas de este sobre el desarrollo del capitalismo se veían sistemáticamente negadas por la realidad.

Como sabemos, Marx pensaba que la revolución iba a aparecer en los países avanzados como Alemania, Francia o Inglaterra, producto de la maduración de sus contradicciones internas. La democracia burguesa sería reemplazada por la democracia proletaria y la dictadura de la burguesía (minoría) por la dictadura del proletariado (mayoría).

Marx se equivocó en toda la línea y es ahí donde aparece Lenin. Su teoría del Estado y la revolución permite que un país atrasado, como Rusia, en la periferia del capitalismo avanzado, fuera el portaestandarte de la revolución socialista en el siglo XX.

El PC chileno (1922), que tiene su origen en el Partido Obrero Socialista (1912), es tributario de todo aquello, pero tiene la impronta de las luchas de la clase obrera, bajo el liderazgo de Luis Emilio Recabarren.

El PC fue fiel a la Internacional Comunista y a la Unión Soviética en toda la línea. De hecho, la creación del Frente Popular fue la expresión directa de las resoluciones del VII Congreso de la Internacional Comunista (1935), mientras que la participación en la Unidad Popular fue consistente con las tesis del XX Congreso del PCUS (1956) sobre las vías nacionales o pacíficas.

Todo eso es cierto, pero no lo es menos que, desde su fundación, y hasta el día de hoy, el PC se ha insertado plenamente en la lucha político-electoral al interior de una democracia representativa. Puede decirse que su práctica política ha entrado en abierta contradicción con sus postulados ideológicos, hasta el punto de que Ernesto Ottone ha dicho que el PC ha sido un partido “bipolar” (ver Ernesto Ottone e Ignacio Walker, “Cambio sin ruptura”, 2022, p. 134).

Sostengo que el PC de Chile, desde Luis Emilio Recabarren hasta Guillermo Teillier, ha tenido una trayectoria respetable. Frente a esa realidad indesmentible, el argumento del anticomunismo ha resultado perfectamente estéril. Ya lo decía Frei Montalva en los años cuarenta: “hay una sola cosa peor que el comunismo, y es el anticomunismo” (que lo diga nuestra historia más reciente, bajo una dictadura que se definió como cruzada anticomunista y que, esa sí, practicó la violencia como nunca antes en la historia de Chile y violó sistemáticamente los derechos humanos).

Al PC se le combate en el plano de las ideas. Fue esa la razón por la cual la Falange Nacional y líderes conservadores socialcristianos se opusieron en 1948 a la dictación de la Ley de Defensa de la Democracia. Ad portas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, tal vez sea propicia la ocasión para fortalecer, y no debilitar, nuestra frágil democracia. Eso se hace sobre la base de la inclusión y no de la exclusión de las ideas y los partidos que objetivamente han contribuido a través de nuestra historia —no la de la ex Unión Soviética, ni la de Cuba o Corea del Norte— al asentamiento de una democracia pluralista y representativa.

Ignacio Walker

Walker Prieto Ignacio (1956) [1]  Diputado 1994-1998 y 1998-2002 por el distrito 10 de la región de Valparaíso; Ministro de Relaciones Exteriores 2004-2006; senador por la circunscripción V Interior 2010-2018, Presidente del PDC 2010-2015;

en 2010 afirmaba: “La DC es, en verdad, un gran acto de amor por Chile. Para quienes profesamos el humanismo cristiano, la política es, la expresión concreta del amor al prójimo (3); en 2011  pedía: “hay que acometer la reconstrucción de la política, debemos ‘resetear’ la política en una perspectiva de futuro” (4);

el 18 de enero de 2012, las directivas de RN y DC publican documento de acuerdo con un sistema semipresidencial, una efectiva descentralización y la sustitución del sistema electoral binominal por una do «representación proporcional corregido»;

Yo negocié la lista municiapl con Guillermo Teillier el año 2012. Nos pidió cinco comuna. ¿Cómo le íbamos a decir que no. Pedro Aguirre Cerda, La LIgua, algunas en el norte. Entonces había mucho pragmatismo en el Partido Comunista de esa época. (en el libro del 2021)

«el fin del binominal, de las leyes orgánicas constitucionales y del control preventivo por parte del Tribunal Constitucional constitye una nueva Constitución. En estos tres mecanismos radica el «poder de veto» de la minoria acorde con las características de la «democracia protegida» que sirvió de base a la Constitución de 1980… resolver la llamada ‘cuestión constitucional’ de una manera inteligente es una exigencia patriótica que recae sobre los hombres de la élite política chilena» 21 diciembre 2013, El Mercrio;

precandidato presidencial 2015: “la DC hoy más que nunca tiene que marcar  un liderazgo, y constituirse en un referente político que contribuya a definir un rumbo”; en 2015 afirma: “Siento una creciente desafección de la militancia y la dirigencia DC hacia el gobierno…por la misma puerta que entra el PRO a la NM sale la DC” (1); tras elección municipal 2016: “La DC tiene que pararse sobre sus propios pies, marcando una identidad sin complejos, ni derechista ni izquierdista. Se trata de ejercer un liderazgo especialmente sobre el mundo de los sectores medios, los independientes y el votos de centro, los cuales están huérfanos de representación política” (6);

Exonerar al P. Costadoat lo daña a él, a la Facultad de Teología, a los estudiantes que se forman allí, y a toda la comunidad universitaria que deberá tomar nota que, en lo sucesivo, el ejercicio de su propia libertad de cátedra estará sometido a censura y eventuales castigos por parte de la autoridad eclesiástica, prescindiendo de la opinión de la autoridad universitaria y de procedimientos transparentes. Se instala así un ambiente de suspicacia, que promueve el acomodo sumiso antes que la creatividad académica. (declaración conjunta, 23 marzo 2015)

“Tengo la cereza de que lograremos salir adelante con el concurso de todos, gobierno y oposición. Lo que está en juego es la necesidad de fortalecer y consolidar aquello que ha sido el hilo conductor de nuestra historia política en el siglo XIX y XX, referido a la construcción de una auténtica Democracia de Instituciones, en la tradición de la democracia representativa (2). Publica en 2015 su libro de recopilación de su labor política como presidente del PDC: “no son tiempos fáciles para la política y los partidos… el conflicto entre el dinero y la política, y entre lo público y lo privado, están en el centro de este radical cuestionamiento de las instituciones, sumiendo a la política, los políticos, los partidos y el parlamento, también a las empresas y los empresarios, en un seria crisis de credibilidad y de confianza” (2).

«Veo, por su discurso, por su actitud, el gérman de la demagogia y el populismo en una eventual candidatura de Alejandro Guillier» La Tercera, 13 noviembre 2016;

Yo sé que la DC incomoda a muchos. Eso ha sido así desde siempre. No es fácil instalar un partido de inspiración humanista y cristiana, y de vocación popular, de carácter no confesional y no clerical, al interior de un espacio de centroizquierda (como lo ha sido la DC desde el Frente Popular hasta la Nueva Mayoría). Hemos sido signo de contradicción desde nuestro nacimiento como partido. Al final, lo que queda es el juicio de la historia y el veredicto de las urnas. En lo personal, creo que la DC ha sido una contribución positiva para Chile (5). “Constato que no están dadas las condiciones para impulsar una candidatura presidencial… he decidido ir a la reelección como senador por Valparaíso” (7);

candidato a senador 2017 por Valparaíso (30.887 votos, 4.7%; PDC 7.4% no elige senador); “el entendimiento entre la DC y el PS fue una de las claves de la gobernabilidad en el Chile de los últimos 30 años, y con la Concertación, el país progresó como nunca antes… ¿Qué lo posibilitó? Principalmente un proceso de aprendizaje acerca de las lecciones derivadas del quiebre democrático” (8); “haría una coalición política desde el laguismo a Evópoli” (9).

«la forma de gobierno parlamentaria es básicamente una formula simple: se forma gobierno en la medida que se reúne una mayoría en el Parlamento, se  pierde el gobierno en la medida que se deja de tener esa mayoría» (10)

«un sistema de gobierno parlamentario supone un esquema de colaboración más que de separación estricta de poderes, en que las coaliciones se forman después ( y no antes) de las elecciones, en favor de la disciplina partidaria y la corresponsabilidad del Ejecutivo y el Legislativo, con incentivos para la formación de coaliciones mayoritarias de gobierno» (11)

Carta «cambio de régimen político», contesta carta que cuestionan «un sistema proporcional de gran magnitud en un pais presidencial», con la propuesta efectuada en el 2012 con el partido Renovación Nacional. 4 noviembre 2020

«Apelar a la unidad de Chile sobre la base de un renovado liderazgo de centroizquierda es la mejor forma de avanzar hacia una nueva mayoría social y política qu ele dé progreso y bienestar al país» (13)

«Axel Kaiser, nunca ha entendido que hay una liberalismo anterior (y superior) a Von Hayek y Friedman, que choca con el liberalismo clásico entendido como una formulación moral, filosófica, social, política y económica. John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville, entre otros, deben estar revolcándose en su tumba al constatar los excesos y el despropósito que ha llegado este neoliberalismo realmente existente que, en el caso de Chile, llevó a la experiencia del capitalismo autoritario» (14)

Adhiere a «Un comprimiso democrático» diciembre 2021 (ver sección)

Ignacio Walker sobre futuro de la centroizquierda: «Creo en una alianza desde el laguismo a Evópoli, desde la social democracia hasta el social liberalismo». «Los demócratas cristianos hemos abandonado el centro y el centro está huérfano de representacion política, y la centroizquierda oy es cada vez más un casillero vacío» (15)

Apoya movimiento Amarillos 2022: «…Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado “estallido institucional”, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron “apruebo” y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un “No” a una Constitución que no nos represente a todos…»

Declaración de 21 demcratacristianos, 12 julio 2022: «Votaremos Rechazo para seguir luchando por una nueva y buena Constitución que refleje un amplio acuerdo nacional»   «Votaremos Rechazo para seguir luchando por una nueva y buena Constitución que refleje un amplio acuerdo nacional»

La idea de Karol Cariola (PC) de “marcar casas” recuerda a los nazis y los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba; será que la campaña de la “Centro-izquierda por el Rechazo” le produjo una descompensación o tal vez una crisis de pánico! (16)

“Representa una oportunidad para nuestro país en un momento de estrecheces económicas”: excancilleres de Chile expresan su apoyo al TPP11. Los exministros de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Alejandro Foxley, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz e Ignacio Walker Prieto, aseguraron que “la ratificación del tratado permitiría que Chile continúe en la exitosa senda de apertura al mundo». 24 septiembre 2022

Nueva baja en la DC: Ignacio Walker renuncia al partido.   7 noviembre, 2022

«El TTP11 ES UN INSTRUMENTO UTIL  al servicio de una estrategia de desarrollo y una política exterior que han traído progreso y bienestar a Chile. A decir  verdad, la ministra Urrejola y el Socialismo Democrático, y la inmesa mayoría del Parlamento, nunca han enido duds sobre un tratado negociado y firmado bajo el gobierno de la presidenta Bachelet» El Mercurio 5 diciembre 2022

Ignacio Walker: «Hoy soy independiente de centro izquierda, una mezcla de democrataristiano, socialdemócrata, y social liberal. Desde hace unos 5 años me he manifestado en favor de una colalición desde el lagismo o socialdemocracia hasta Evopoli o centroderecha liberal… No pierdo la espeanza de reunir todo, Amarillos, Demócratas, Una que nos Una, y los sectores de la DC, el PPD y el PRSD que estén disponibles en torno a un gran partido» El Mercurio, 19 septiembre 2023

[1]  “Como conciliar democracia política, crecimiento económico y equidad social, es el principal desafío que enfrentan los países de América Latina” Ignacio Walker, Democracia de Instituciones, pág. 67 en libro “A medio camino”, 2009.

“Democracia en Chile: 12 conferencias” (1986);

“Del populismo al leninismo y la ‘inevitabilidad el conflicto’: el Partido Socialista de Chile (1933-1973” (1986);

“Perfil de la élite política chilena” CIEPLAN (1988);

“Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada” (1990); “Familia y divorcio, razones de una posición” (1996): , para Ignacio Walker el factor central en el fracaso de la “Vía Allendista al socialismo” es la ausencia de una tradición socialista democrática en el PS. Si bien el trabajo reconoce en el humanismo socialista de Eugenio González una vertiente del mencionado “socialismo democrático”, el PS habría sostenido una actitud ambigua sobre la democracia política y una tendencia constante a los liderazgos populistas expresados en figuras como Marmaduke Grove y
en los apoyos del Partido Socialista Popular (PSP) a la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez en 1952. Para Walker, el desarrollo del PS después de la experiencia populista de Ibáñez se caracterizó por la radicalización de los antagonismos de clase, girando progresivamente hacia “una postura crecientemente leninista e insurreccional, que veía en las instituciones de la democracia representativa un obstáculo mayor en el proceso de instauración de una sociedad socialista”. Producto de lo anterior, durante el gobierno de la Unidad Popular se habría registrado un desencuentro agudo entre las opciones políticas socialistas y la vía allendista en democracia, pluralismo y libertad

“El futuro de la democracia cristiana” (1999);

“La democracia en América Latina: entre la esperanza y la desesperanza” (2009);

“Chile and Latin American in a Globalized World” (2006);

“Democracia Cristiana y Concertación: los casos de Chile, Italia y Alemania” Revisa de ciencia política UC, vol. 26 (2006);

“Democracy in Latin America: between hope and despair” (2013)

«Sobre derechos, deberes y poder (una nueva constitución para Chile» (con Genaro Arriagada y Jorge Burgos) (2017) «Al observar el actual debate político en Chile, es claro que lo que aquí hemos llamado presente, esta superado. y lo esta de varias maneras. De partida porque la Constitución aprobada en 1980, ya no es lo que fue. También porque, no obstante sus más de treinta reformas, no ha logrado superar el estigma de ilegitimidad con que nació….»

«La Nueva Mayoría. Reflexiones sobre una derrota» 2018)

En el debate sobre «¿políticos católicos?» que iniciara, sobre su libro «Cristianos sin cristiandad» (2020): «La doble lealtad a la que me he referido no ‘hace las cosas fáciles para un católico’, al contrario de lo que afirma Carlos Peña. La tensión que está presente en la función de un político católico solo puede ser vivida si sabemos distinguir entre fe y ley… lo que para algunos puede ser una tragedia, yo lo veo como una gran liberación y una gran oportunidad primero, para la comunidad política, que se ve libre de la tutela eclesiástica, y luego para la Iglesia, libre de las ataduras del poder temporal» carta 22 diciembre 2020. «Jaime Antúnez y Carlos Peña, cuyas posturas tienen a coverger, ignoran lo fundamental: la libertad religiosa, entendida como una de las grandes definiciones del Concilio Vaticano II» cara 28 diciembre 2020. En carta del 28 de noviembre: «Jaime Antúnez y Carlos Peña ignoran lo fundamental: la libertad religiosa, entendida como una de las grandes definiciones del Concilio Vaticano II… conta el catolicismo integrista Jacques Maritain luchó durante buena parte de su vida, hasta convertirse en uno de los principales  filósofos cristianos de la democracia»

«Camino sin ruptura» (2021) con Ernesto Ottone «… cruzada por recuperar el reformismo… una triple convergencia entre socialismo, DC, liberalismo» «… tiene muco que ver con la abdicación de nuestras propias convicciones… en la medida que transitemos a este país mas polarizado, se valorará el espacio de centro y centroizquierda, sin nostalgia, com sujeto reformador» «nuestro proyecto de centro izquierda comenzó a trastabillar, cuando nuestros dirigentes y partidos renegaron del legado de los mejores 20 años del último siglo, de la Concertación. Un momento importante fue cuando el Partido Socialista desechó la candidatura de Ricardo Lagos a la presidencia de la república» «En la Concertación, después Nueva Mayoría, se empezó a instalar que habíamos administrado el modelo neoliberal de la dictadura. Fue dispararse en los pies y no entender el significado histórico del proyecto de transformación» «La Concertación tuvo tres grandes principios: valor universal de los DDHH, la democacia y rechazo de la violencia en cualquier de sus formas» «El espacio político de la DC chilena siempre ha sido la centroizquierda, la convergencia con el socialismo democrático. La affectio societatis se empezó a resquebrajar el día que Paula Narváez con el PS, PPD y Nuevo Trato fueron a golpear la puerta del PC y FA, y recibieron un portazo. Después de la elección, las cartas se van a rebarajar» «La democracia está amenazada por una oleada poulista, naiconalista de derecha e iquierda. Lo nuestro es la defensa de la democracia en clave reformista, no refundacional. En Europa, las fuerzas políticas progresistas han levantado un dique de contecnión frente a la amenaza nacionalista populista» El Mercurio 19 diciembre 2021

Carta a la Tercera, 7 julio 2013 «Reunión con Michelle Bachelet»: «… jamás planteé el tema parlamentario en dicha reunión. Es contrario a todo lo que pienso y he dicho en estos días, en todas las reuniones que hemos tenido, con la directiva nacional, senadores y diputados DC, e incluso en la que sostuviéramos con la directiva del PS… no debemos involucrar a Michelle Bachelet en la negociación parlamentaria porque esta es una tarea que compete exclusivamente a los partido políticos de la Nueva Mayoría…»

«Ha habido un cierto progresismo infantil y refundacional que creyó, ingenuamente y en forma simplista, que gobernar era un acto de voluntad, y que nuestra misión era enarbolar las banderas de la calle» La Tercera, 21 septiembre 2014

Carta «¿Agotamiento del modelo?» El Mercurio, 19 junio 2019, en respuesta a Oscar Landerretche: «Espero que la tesis del agotamiento del modelo de Landerretche, y su sustitución por un nuevo modelo, no nos conduzca por nuevas improvisaciones y esquemas abstractos y refundacionales que terminen por tirar por la borda muchos de los logros de una estrategia (no un modelo) de desarrollo que necesita de cambios, en una perspectiva de profundización, pero que en ningún caso está agotado.

Escribe columna con Ignacio Walker sobre el futuro de la DC, que es refutado por Alejandro Krauss e Alberto Undurraga. Escriben una carta de respuesta: » ser minoria no es sinónimo de irrelevancia política Se puede hacer mucho en la perspectiva de «construir un proyecto transformador de la sociedad», un «proyecto de mayoria» o una «convergencia en la divresidad; no se trata de atrincherarse sino de construir  mayorías desde lo que somos y no desde lo que no somos, con coherencia y no por semple calulo electoral de corto plazo» El Mercurio, 14 mayo

«Marimonio entre un hombre y una mujer «Revista Mensaje Agosto 2017 «Este es un bien público yn o solo un contrato privado; se trata de un bien humano básico, de una institución social, a partir de los elementos que lo definen como tal»

Finalmente les responde  Fuad Chahin, 15 mayo 2020 «Es tiempo de pensar en Chile»: «… aportando ideas para enfrentar esta coyuntura, pero también con una mirada larga que nos permita alcanzar un nuevo Pacto Económico y Social, que renueve los consensos mínimos en en búsqueda del desarrollo humano, justo y sustentable , que nuestro país se merece»

Ignacio Walker @ignaciowalker 27 octubre 2020
La Convención Constitucional no debe plantearse en términos de gobierno y oposición (así no se llega nunca a 2/3) sino de apruebo y rechazo (80/20); hay que convocar a fuerzas del apruebo que no son de oposición (Desbordes y diputados RN, Evópoli y otros)

«Axel Kaiser acusa a Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva de antisemitas. En el caso de Frei, la falange y la DC, los acuda además de profascistas, pronazis y procomunistas.  La identificación con estas fuerzas totalitarias las deduce Kaiser del carácter anti individualista, antiliberal y anticapitalista del partido socialcristiano. De allí habría surgido la identificación con el «socialismo» fascista, nazi y comunista. Dejo al buen juicio de los lectores la palabra final frente a tamaña insensatez»  2 julio 2021

Estoy colaborando en el tema internacional. Yasna Provoste me pidió la semana pasada que le ayudara a coordinar eso, además de tener una muy estrecha relación con ella desde hace muchos años.
La senadora representa a un sector más a la izquierda dentro de la DC. ¿Está cómodo con su candidatura?
Me siento muy cómodo, muy interpretado. Hay muchas caricaturas con esto de ser progresista, es una vieja historia en la DC. Ella me interpreta mucho y una de las grandes características suyas es que ha logrado trascender a la DC.
Evidentemente que si de nuevo nos izquierdizamos, porque pienso en una segunda vuelta, habrá gente del mundo independiente, del voto de centro moderado, de los sectores medios que puede terminar votando por Sichel en una segunda vuelta. Pero estoy muy optimista de que vamos a salir fortalecidos el 21 de agosto. Entrevista La Tercera 4 agosto 2021

Ocho ex cancilleres cuestionan opinión de candidato presidencial Gabriel Boric  «sobre los tratados, vamos a revisar no para hacer borrón… queremos revisar algunos tratados que han impuesto condiciones  a Chile, que desde nuestra perspectiva pueden ser desventajosas»… afirman que «se repite la afirmación de que Chile revisará sus tratados comerciales y de inversión, como si estos fuesen imposiciones agraviantes del resto del mundo a nuestro país… ven con inquietud las afirmaciones que sugieren suspender los procesos de asociación con regiones de enorme importancia para Chile, como la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea…» 11 octubre 2021

«Sobre neoliberalismo», luego de un largo intercambio de cartas: «no he visto nadie contraargumentar sobre mi afirmación central relativa al abismo existente entre el liberalismo clásico, entendido como una formulación a la vez filosófica, moral, política, social y económica y el neoliberalismo con su reduccionismo economicista» El Mercurio 11 octubre 2021

Gabriel Boric ha demostrado con creces sus aptitudes de liderazgo político, asumiendo sus propias tensiones y contradicciones, y las dificultades inherentes al ejercicio del cargo de Presidente de la República; lo que queda por saber es si podrá hacer frente a las tensiones y contradicciones al interior de su propia coalición política, la del Apruebo Dignidad, o la que pudiera resultar de las conversaciones en días venideros. 20 diciembre 2021 El Mostrador

Ignacio Walker: «Como lo demuestra el debate sobre quinto retiro, una de las principales tareas que tendremos que llevar a cabo desde la oposición es apoyar al presidente Boric frente a su propia coalición» Twitter, 28 enero 2022

Ignacio Walker @ignaciowalker 30 marzo 2022
El Panzer JM Insulza golpeo la mesa y hablo duro: “Insulza dice que acuerdo en la Convención es «indigno»: «Este Senado que han inventado no sirve para nada» (radio Universo).

El problema con el programa de Boric II es que está pensado -bajo el concepto de “Estado de Bienestar basado en derechos sociales garantizados”, p. 225- para un país como Suecia, con un ingreso per cápita de US$ 55.000, para ser realizado en un país como Chile, con un per cápita de US$ 26.000. Allá el Estado lo puede casi todo en materia de derechos sociales garantizados, aquí mucho menos. Sencillamente los números y las realidades no calzan. Aparece como un programa irrealizable e imposible de financiar.

Cuando en días pasados (8 de octubre) Nicolás Grau, uno de los principales asesores económicos de Boric, actuando en su nombre y representación, dijo en una exposición ante el mundo empresarial que, en el corto plazo, el crecimiento no es una prioridad del próximo gobierno, estaba revelando una gran verdad (al menos en lo que se desprende del programa): Apruebo Dignidad apuesta a la equidad más que el crecimiento. Y surge la vieja pregunta: ¿Es posible la equidad sin crecimiento? La experiencia internacional, y la de Chile a través de su historia, recuerda que aquello no es posible, pero no hay otra lectura posible para el programa de Boric: el énfasis en el gasto público no tiene un soporte en términos de ahorro, inversión y crecimiento. Una espiral de inflación, déficit fiscal y deuda pública -que ya está en marcha bajo este gobierno- es el escenario más probable para el próximo cuatrienio.

El programa contempla cuatro reformas estructurales; a saber, un acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin AFP, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista en la historia de Chile, teniendo como ejes transversales la descentralización, el feminismo y el trabajo digno.

La reforma de la salud apunta a un sistema y un fondo universal con administrador único de los recursos y universalización de cobertura Fonasa (7%), con copago cero. Si bien se contempla la posibilidad de contratar un seguro complementario voluntario de salud, no queda claro qué pasaría con los tres millones de personas que están en una isapre. Sabemos lo estresado que está el sistema público, con las carencias históricas en materia de listas de espera y falta de especialistas, agravado por el fuerte impacto de la pandemia. Si consideramos el posible traslado de cientos de miles de personas desde el sistema privado al público -porque hacia allá van dirigidos los incentivos y, en todo caso, ¿cuántas personas estarán en condiciones de solventar ese seguro complementario por sobre el 7% que irá al fondo universal de salud?-, entonces podríamos estar frente a una crisis global del sistema de salud, público y privado.

La reforma de pensiones, en cambio, recoge lo que pareciera ser un cierto consenso al interior de la política y de los expertos en cuanto a avanzar hacia un sistema de tres pisos (contributivo, no contributivo y de ahorro voluntario), con varios resguardos que hacen ser un poco más optimistas al respecto: un camino sin atajos (dada la complejidad del tema), con criterio de gradualidad, pleno respeto por los ahorros individuales, traspaso voluntario al nuevo sistema, y un pilar contributivo -a propósito de Suecia- en términos de “un nuevo sistema de cuentas de registro individual previsional administrado por un órgano público autónomo y técnicamente idóneo” (113), son algunas de las definiciones y los resguardos que toma el programa. Subsiste la necesidad de una ingeniería de detalle que nos señale con mayor precisión tanto lo que será el sistema previsional en régimen como la transición para llegar a esa meta.

En materia de educación, la verdad es que se trata de un programa más de continuidad que de cambio, seguramente porque la reforma educacional ya se hizo bajo el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría, en sus cuatro grandes aspectos: ley de inclusión (fin al lucro con fondos públicos, al copago y a la selección), carrera docente, Nueva Educación Pública y educación superior. Lo que hay es más bien una serie de perfeccionamientos y adecuaciones a la actual legislación e institucionalidad.

Más allá del deseo de avanzar hacia una educación “pública, gratuita y de calidad” -esa fue la consigna del movimiento estudiantil del 2011 que está en el ADN de los dirigentes del PC y el FA-, no se advierte ninguna reforma estructural en materia educacional. Lo que hay es un enunciado general de avanzar hacia “un nuevo sistema de financiamiento público de los establecimientos educacionales” (134), sin que se advierta en qué consistiría este último, más allá del consabido aumento del financiamiento basal a los establecimientos educacionales (no se habla del fin del sistema de subvenciones, por ejemplo). La gratuidad universal en educación superior es un objetivo indeterminado en el tiempo (recordemos que en el programa de Bachelet debía estar concluida el 2020). Se pone fin al CAE, pero se sustituye por “un nuevo sistema de créditos” (138).

A propósito de las deudas educacionales, se propone la condonación del CAE (el programa de Yasna Provoste propone su sustitución, pero no su condonación). Esta sola medida tiene un costo de US$ 10.377 M o el equivalente a 10 pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Cabe hacer notar que un deudor del CAE paga en promedio una cuota mensual de
$ 41.994 (casi la mitad de ese total, paga $ 29.504), considerando una deuda promedio total de $ 6.409.225 (condonar significa que el Fisco compra esa cartera). ¿Se justifica una medida como esa frente a la envergadura de las reformas estructurales y las no estructurales y el costo asociado a las mismas?

Este es el tipo de medidas que disparan el costo del programa, junto a una serie de medidas permanentes y transitorias. Así, por ejemplo, se contempla una pensión básica de $ 250.000, un salario mínimo de $ 500.000, la construcción de 260.000 viviendas, una inyección de US$ 1.000 al Fondo Común Municipal, se duplica el presupuesto en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) hasta llegar a 1% del PIB, además de la creación de 15 centros regionales -otros 15 centros se contemplan en salud mental-; “el transporte público será gratuito” (32), lo que plantea una serie de dudas si consideramos que el presupuesto público destina anualmente US$ 1.200 M al transporte público (¿cuánto de eso se dedicará a asegurar la gratuidad y en qué plazo?); adicionalmente, se contempla “gratuidad para la totalidad de fármacos cubiertos por el FUS” (122), un aumento de 60.000 cupos en educación parvularia, sumado todo lo anterior a la creación de cinco empresas estatales -en el programa inicial yo conté nueve- en el campo del litio, telecomunicaciones, Banco Nacional del Desarrollo, construcción de viviendas sustentables y comercializadora de materiales de la construcción (para construir “ferreterías populares”).

Si bien es cierto muchas de esas medidas contemplan una implementación gradual -el criterio de la gradualidad es una de las bases de la buena política pública-, el conjunto de medidas estructurales y no estructurales se supone que tienen un costo de ocho puntos del PIB (según el mismo programa). Y es ahí donde se plantean las grandes dudas en materia de financiamiento, en la medida en que no se vislumbra por ninguna parte una estructura de incentivos sobre ahorro, inversión y crecimiento. Bajo el enunciado de “cambios con responsabilidad fiscal”, lo que incluye una reforma tributaria con perspectiva de consolidación fiscal creíble, sobre la base de una progresividad de los impuestos, se afirma que “la reforma tributaria recaudará del orden del 8% del PIB en régimen” (seis a ocho años), compuesto de la siguiente manera: reducción de exenciones y medidas contra la evasión y la elusión (3,5%), desintegración del sistema tributario (personas y grandes empresas) apuntando a gravar las rentas más altas (1%), impuesto a la riqueza (1,5%), impuestos verdes (1%) y royalty a la gran minería del cobre (1%). Cabe tener presente que el gobierno de Bachelet se propuso recaudar el equivalente a un 3,2% del PIB, habiendo alcanzado solo 1,7 puntos en tres a cuatro años (el promedio de crecimiento anual fue de 1,6%).

¿Bajo qué supuestos de crecimiento se hacen estas estimaciones? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, según Nicolás Grau, en el corto plazo el crecimiento no es una prioridad del próximo gobierno. Si bien el programa -concebido como “hoja de ruta” (lo que está bien)- no contempla estatizaciones ni expropiaciones, y se advierte un criterio en términos de gradualidad, las ambiciosas metas y objetivos propuestos enfrentan una dificultad mayor en términos de financiamiento y un virtual olvido de aquello que es la base de cualquier esfuerzo serio en términos de recaudación fiscal: el crecimiento económico. Lo anterior es aún más grave si consideramos que el programa asume la realidad “de más de una década de estancamiento económico” (61). ¿Qué se puede entonces esperar de un programa que aspira a un estadio superior de bienestar social al margen de cualquier esfuerzo en términos de crecimiento económico?

Hay que decir también, y para ir concluyendo, que hay un ámbito en que el programa de Boric II presenta una evidente ventaja en relación al programa de Boric I. Me refiero al ámbito de las relaciones económicas internacionales. La perspectiva de “revisar y evaluar” los tratados comerciales y de inversiones suscritos por Chile en los últimos 30 años ha sido sustituida por una de “actualización y modernización” de esos tratados (pp. 94-95 y 224), respetando la institucionalidad, derechos y tratados existentes, aprovechado las redes de acuerdos, con pragmatismo, y renuncia a actuar de manera unilateral. Se viene así a corregir, al menos en parte, el que tal vez apareciera como el mayor forado -no se me ocurre otro término- que uno pudiera identificar en el primer programa en términos de revisar los tratados comerciales y de inversiones que han sido uno de los motores del progreso y bienestar del Chile de las últimas tres décadas. Habrá que ver, sin embargo, cómo se materializará esta declaración hacia el futuro. El TPP-11 será la primera prueba.

En fin, junto con aspectos relevantes del programa que no hemos tenido espacio para reseñar, hay algunos que son un claro retroceso bajo cualquier punto de vista: poner fin al delegado presidencial regional en materia de descentralización es la mejor manera de matar el proceso en marcha hacia un Estado unitario descentralizado (Francia hasta el día de hoy tiene los prefectos -representativos del gobierno central- en los gobiernos regionales, en una reforma iniciada por Mitterrand en 1981), amenazando el criterio de transición gradual; la declaración de que los conocimientos generados con fondos públicos en el ámbito de la investigación deberán estar “a disposición de todos y todas cuando corresponda” (77) es otro (¿cuándo corresponde y en qué quedan los incentivos en materia de patentes y propiedad intelectual?); la insistencia en negociación laboral ramal y multinivel y la participación de los trabajadores en los directorios de las grandes empresas introduce un elemento de complejidad en las relaciones laborales, más concebidas para la sociedad industrial del siglo XX que para la era digital del siglo XXI; avanzar en la construcción de una “policía democrática” (211) y en la refundación de las mismas, entre otras, son solo algunas de las medidas que siembran una serie de dudas e interrogantes sobre el futuro.

En apretada síntesis, con ser una versión mejorada del primer programa y a pesar de que no se ve por ninguna parte cómo el PC pudiera haberle doblado a Boric y al FA la mano en materia programática -al menos visiblemente, quedando de manifiesto el abismo que separa a este programa con el de Daniel Jadue– sostengo que el talón de Aquiles de este segundo programa y final de Gabriel Boric y el Apruebo Dignidad es la nula atención a la estructura de incentivos que debiera redundar en un ciclo de ahorro, inversión y crecimiento para el próximo cuatrienio y que, más bien, lo que se puede vislumbrar como escenario más probable es una agudización del ciclo de inflación, déficit fiscal y endeudamiento público en que ya se encuentra el país.

Gabriel Boric ha demostrado con creces sus aptitudes de liderazgo político, asumiendo sus propias tensiones y contradicciones, y las dificultades inherentes al ejercicio del cargo de Presidente de la República; lo que queda por saber es si podrá hacer frente a las tensiones y contradicciones al interior de su propia coalición política, la del Apruebo Dignidad, o la que pudiera resultar de las conversaciones en días venideros. La conformación del gabinete y las iniciativas legislativas y de políticas públicas que se sucedan desde marzo, nos darán pistas sobre las preguntas anteriores. Sabido es que las elecciones se escriben en poesía y los gobiernos en prosa, lo que no sabemos es hasta qué punto la deriva socialdemocratizadora del Presidente electo, que lo condujo al triunfo en la segunda vuelta electoral, encontrará eco al interior de su propia coalición.

Con su triunfo en la segunda vuelta, Gabriel Boric, el Presidente electo, ya ha logrado trascender las fronteras de su propia coalición política. Queda por verse cómo hará frente en los próximos meses y años a las tensiones que de seguro existirán con los partidos del Apruebo Dignidad, compuesto por el Partido Comunista y los partidos del Frente Amplio. Ya ha conquistado el Gobierno, queda por delante la gran tarea de asegurar la gobernabilidad. Más específicamente, queda por verse si la socialdemocratización –no se me ocurre un término más adecuado– de la segunda vuelta, encabezada por el propio candidato y base de su triunfo electoral, encontrará eco al interior de su propia coalición.

La primera prueba estará constituida por la recepción en dicha coalición del documento “Un crecimiento sostenible y equitativo para el corto y mediano plazo”, de 7 carillas, y el “Acuerdo de implementación económica”, de 18 carillas, entregados por el Comité Asesor Económico de la candidatura de Gabriel Boric. El líder de la izquierda ha sido claro en que esos documentos reflejan su propia postura como candidato. ¿Debemos suponer que el PC y los partidos del Frente Amplio hacen igualmente suyos ambos documentos sobre contenidos programáticos, gradualidad y responsabilidad fiscal? Porque lo que está claro es que ambos documentos entran en tensión con las 229 páginas del “Programa de gobierno del Apruebo Dignidad”. No debemos olvidar que, en los días siguientes a la primera vuelta electoral, mientras el candidato Boric decía “por supuesto que vamos a hacer modificaciones (al programa), si no, ¿para qué uno habla?”, el presidente del PC, Guillermo Teillier, decía que “no hay tiempo para ir a discutir un nuevo programa, eso no va a ser así, para que quede claro”, añadiendo que “hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa”. ¿Cuál de estas versiones terminará por imponerse?

Algunos analistas se han preguntado si ese movimiento hacia el centro, la moderación y la socialdemocracia fue un movimiento táctico, de tipo electoral, o si surge desde las propias convicciones. El candidato de la izquierda ha sido claro en señalar que esas definiciones responden a sus propias convicciones. A ambos documentos les ha colocado el timbre “Boric Presidente”. ¿Qué piensan el PC y los partidos del Frente Amplio? A decir verdad, la pregunta es mucho más de fondo. Lo que está en juego es si en definitiva prevalecerá el “populismo de izquierda” –de cuya defensa se encargan Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, a todas luces dos de los principales teóricos del Frente Amplio– que está presente en el ADN del Apruebo Dignidad, o la socialdemocracia que está presente en la segunda vuelta electoral y en los dos documentos del Comité Económico Asesor de la candidatura de Boric (este último dijo en el último debate que no lo incomodaba el término “socialdemócrata” para definir ambos documentos). Lo que está por verse es si prevalecerá el afán refundacional que ha caracterizado al PC y partidos del Frente Amplio, o la impronta reformista que está presente en los aludidos documentos y en la segunda vuelta electoral. En una entrevista en días pasados, el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, dijo que el Gobierno de Boric sería reformista, y no refundacional, y que el programa era de corte socialdemócrata; ¿esa declaración recoge el consenso al interior del Apruebo Dignidad?

Lo que está claro es que a Gabriel Boric –y me imagino que a su equipo– le tomó menos de 24 horas imprimirle un giro a su campaña, tras llegar segundo en primera vuelta frente a José Antonio Kast. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes, en situaciones como esa; si no, pregúntenle a Ricardo Lagos, en 1999, con el giro desde el Crecimiento con Igualdad de la primera vuelta, de la mano de Carlos Ominami, al Crecimiento con Equidad de la segunda vuelta, de la mano de Soledad Alvear y Eugenio Tironi.

Lo que vino después ya lo sabemos: el lunes en la noche anunció en una entrevista en La Red que no habría libertad para los presos políticos de la revuelta que hubiesen cometido delitos; Izkia Siches asumió la conducción de la campaña, recorriendo Chile en el Bus de la Esperanza tras el objetivo de golpear un millón de puertas; al poco andar se incorporaron un puñado de destacados economistas de corte socialdemócrata, con un potente argumento en favor de la responsabilidad fiscal, mientras que Eugenio Tironi instalaba un relato sobre la (real o supuesta) reconciliación de esta nueva generación con la de sus padres –me vino a la mente la acertada imagen que en años pasados instaló Bachelet de que los dirigentes del Frente Amplio eran los hijos de la Concertación–; así, en cuestión de días vinieron los encuentros y abrazos entre Gabriel Boric, Carmen Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, junto con destacar los méritos y los avances de los gobiernos de la Concertación y sus principales líderes (en la carta que dirigió a la Democracia Cristiana ofreció sus excusas por una cierta “arrogancia generacional”).

¿Y el PC y los dirigentes del Frente Amplio donde estuvieron? En ninguna parte, sencillamente, sus partidos y dirigentes fueron guardados en un cajón. Los dimes y diretes de la primera semana con Guillermo Teillier y Daniel Jadue hacían aconsejable una nueva composición de escena, tras la captura del voto moderado, de centro (que es el que decide las elecciones en el balotaje). Solo habría un gran vocero de la campaña: Gabriel Boric mismo, quien tomó personalmente las riendas de su campaña y demostró que está para cosas grandes.

¿Y las frases tales o cuales que pronunció en tal o cual momento y que sacaban ronchas en la antigua dirigencia de la ex Concertación? Eso era parte del pasado. Boric enterró su pasado –y sus propias tensiones y contradicciones– en el mismo momento en que suscribió el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019. Ese fue el momento de su consagración como líder indiscutido del Frente Amplio. Fue el equivalente al dedo de Lagos y el tanque de Bachelet. Y es que así se forjan y se consagran los liderazgos: a punta de audacia. Luego vino la primaria del Frente Amplio, con un mal programa y un aire juvenil de renovación y cambio puso en su lugar a Daniel Jadue y el PC, a pesar de las ventajas que las encuestas mostraban en favor de aquél.

¿Y el resto de las fuerzas progresistas? Ese mismo día domingo, a la luz de los resultados de la primera vuelta, el PS y el PPD le dieron su apoyo –también lo hizo Paula Narváez, quien había desaparecido del escenario político tras su derrota con Yasna Provoste en la consulta ciudadana–. En los días siguientes se sumaron los apoyos del Partido Liberal, Nuevo Trato, el PRSD y, el fin de semana siguiente, la DC le dio su apoyo “sin condiciones” al candidato de la izquierda, a pesar de que en la noche de la elección Carmen Frei dijo que no darían (no daríamos) un “cheque en blanco” a nadie. Lo cierto es que en pocos días el candidato de la izquierda tenía todo el apoyo de la oposición, mientras los dirigentes de Evópoli y la centroderecha hacían grandes esfuerzos por ordenar sus filas en torno al candidato de la derecha.

Lo de Boric no es una súbita conversión, ni menos renegar de su propio pasado. Tendrá que administrar, procesar y digerir sus propias tensiones, consigo mismo y con su propia historia, pero en clave de futuro y no de pasado. Ha sabido reconocer sus errores, incluso pedir perdón y, sobre todo, enmendar y rectificar (como en la segunda vuelta). No es poca cosa para un joven líder de 35 años, el más joven Presidente electo de la historia de Chile. Lo que hay es una evolución y un proceso de maduración para él y para quienes condujeron el movimiento estudiantil, en 2011, como Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Karol Cariola, la generación del recambio. Luego vino la etapa de las elecciones parlamentarias, de asumir funciones de Estado, hasta que el estallido social volvió a trasladar la política a la calle. “Evasión masiva, desobediencia civil y renuncia de Piñera”, gritaban los jóvenes dirigentes del PC y el Frente Amplio hasta desembocar en el proceso constituyente, ahora con un pie en la Convención y otro pie en la calle.

El 18/10 y el 12/11 apareció en todo su esplendor la vía insurreccional, mientras el país estaba en llamas, y el 15/10 y 15/11 se abrió paso la vía institucional. Y fue ese escenario, de tensión entre la vía insurreccional y la vía institucional, el que empieza a plantear las tensiones entre Boric y su propia coalición, la del PC y el Frente Amplio. El liderazgo político del nuevo líder de la izquierda quedó plasmado con su firma en el Acuerdo del 15/11 en el mismo momento en que su propio partido, Convergencia Social, le quitaba el piso: firmó solo, como persona natural. Su partido volvió a quitarle el piso en otro momento importante: el del miércoles aquel, en que Paula Narváez, el PS, el PPD y Nuevo Trato iban a golpear la puerta del PC y el Frente Amplio para ir juntos a una primaria legal. A pesar de que Boric y Revolución Democrática estaban abiertos a la idea, Convergencia Social le volvió a quitar el piso, mientras que Daniel Jadue y el PC hacían lo propio. La frase no es mía sino de Paula Narváez, esa misma tarde, ante toda la prensa y todo el país: “El PC y el Frente Amplio no son garantía de gobernabilidad”.

Una parte de esta ecuación es la manera en que el PC y los partidos del Frente Amplio han legitimado la violencia en los últimos dos años. ¿Cómo va a asumir –o no va a asumir– la coalición Apruebo Dignidad la definición sociológica del Estado como el monopolio del uso legítimo de la fuerza enfrentada a los problemas de orden público que todo Gobierno tiene que encarar? ¿Cómo va a encarar el problema de la privatización de la violencia que pasa por el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia en La Araucanía, hasta el punto que en algunos lugares del país se empieza a hablar de “Estado fallido”? ¿Va a llamar acaso a no “criminalizar la protesta social” cuando Carabineros tenga que reprimir barricadas, destrucción de la propiedad pública o privada y atentados contra la seguridad de las personas o el orden público, cumpliendo órdenes del ministro o ministra del Interior? ¿O va a protestar la coalición de Gobierno cuando el Presidente Boric –quien ya ha dicho que va a aplicar la ley– decida declarar un estado de excepción constitucional en La Araucanía, bajo la consigna de “no militarizar el Wallmapu”? Se pueden gritar consignas en la calle, pero escasamente se puede gobernar sobre la base de ellas.

¿Y en qué estado quedan las definiciones del PC en su reciente XXVI Congreso, concluido en diciembre de 2020, en torno a la tesis de la “ruptura democrática y constitucional”, que incluye, en las palabras del presidente del partido en la clausura de dicho Congreso, “rodear con la movilización de masas a la Convención Constitucional”? Se dirá que hasta ahora no ha sido necesario, pero aún quedan siete meses para la clausura del trabajo de la Convención. ¿Y qué pasa con las evidentes fisuras que han tenido lugar al interior de dicho cuerpo colegiado entre el PC y el Frente Amplio, hasta el punto que el convencional Patricio Fernández afirma que “al interior de la Convención no existe el Apruebo Dignidad”? ¿Se irán a reproducir esas fisuras o tensiones al interior del Gobierno o en el propio gabinete?

Hablo de hechos concretos de los últimos dos años, de los partidos del Apruebo Dignidad, del PC y del Frente Amplio, de los dichos de sus dirigentes enfrentados a diversas coyunturas críticas.

Concluida la elección presidencial es lo más probable que los partidos y dirigentes de los partidos de izquierda reaparezcan en escena, concluida la etapa de la hibernación. Sin duda que estará el argumento del liderazgo político de Gabriel Boric, un argumento contundente bajo cualquier punto de vista, lo que es particularmente relevante bajo un sistema presidencial. ¿Y cómo se gobierna una coalición política que da cuenta de estas tensiones internas? ¿Será cosa de incorporar al polo del “socialismo democrático” (PS, PPD, PRSD y PL) que por estos días ha declarado que negociarán en conjunto, para el caso de ser invitados? ¿Irán a ser invitados? En estos días el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, ha dicho que el PS no debiera ingresar al Gobierno de Boric y el Apruebo Dignidad. ¿Y qué pasará con la DC, que ya acordó en su Junta Nacional que no ingresará al Gobierno (aunque las declaraciones de su presidenta nacional en la noche de la segunda vuelta relativizan esta definición)? ¿Y cómo se gobierna cuando habrá 21 partidos representados en el Parlamento (hoy son “solo” 15)?

Todo eso supone una coalición de gobierno que esté lo suficientemente cohesionada y que sepa cerrar filas con el Presidente de la República. ¿Acaso habrá que recordar que al Presidente Allende su propio partido le quitó el piso, en un escenario de cogobierno de los partidos donde al gabinete se accedía por cuoteo? Y qué decir de un escenario de restricción fiscal y de una economía sobrecalentada como la que existirá en 2022, con un candidato que ya se ha comprometido a respetar el recorte de un 22% del presupuesto para el próximo año, mientras se tramitan en el Parlamento los proyectos sobre reforma tributaria y pensiones. ¿Cuál será el Edgardo Boeninger, hombre o mujer, que sea capaz de ordenar el cuadro con los partidos y parlamentarios, de Gobierno y oposición, en este cuadro de ajuste fiscal –como el de 1990, por lo demás–, dispersión política y fragmentación partidaria?

Gabriel Boric ha demostrado con creces sus aptitudes de liderazgo político, asumiendo sus propias tensiones y contradicciones, y las dificultades inherentes al ejercicio del cargo de Presidente de la República; lo que queda por saber es si podrá hacer frente a las tensiones y contradicciones al interior de su propia coalición política, la del Apruebo Dignidad, o la que pudiera resultar de las conversaciones en días venideros.

La conformación del gabinete y las iniciativas legislativas y de políticas públicas que se sucedan desde marzo, nos darán pistas sobre las preguntas anteriores. Sabido es que las elecciones se escriben en poesía y los gobiernos en prosa, lo que no sabemos es hasta qué punto la deriva socialdemocratizadora del Presidente electo, que lo condujo al triunfo en la segunda vuelta electoral, encontrará eco al interior de su propia coalición.

Ha quedado demostrado que no es el gobierno el que controla a sus parlamentarios, sino que son sus parlamentarios los que controlan al gobierno. El hábil juego de los parlamentarios y convencionales del PC está demostrando que dentro de la coalición oficialista hay socios controladores clase A, acompañados de socios clase B, como los del Frente Amplio, y socios clase C, los del socialismo democrático.

Pasaron relativamente desapercibidas las palabras del diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, del lunes 4 de abril, en medio de la discusión sobre el quinto retiro cuando dijo “sé que algunos parlamentarios están planteando variantes que queremos estudiarlas, nos estamos dando el trabajo de hacerlo, para tener una posición muy responsable frente a la ciudadanía y a este proyecto”; pero, ¿de qué tipo de variantes se trataba?

Parecía que el horizonte quedaba despejado cuando el jueves 7 de abril el presidente Boric junto con los ministros de Hacienda, Mario Marcel y del Trabajo, Jeannette Jara anunciaron el Plan de Recuperación Inclusiva “Chile apoya” por US$ 3.726 millones, incluyendo la creación de 500.000 puestos de trabajo especialmente mujeres y jóvenes, entre otras veinte medidas.

El presidente Boric y el ministro Marcel habían reiterado pública y categóricamente su oposición a un nuevo retiro de fondos previsionales (nunca se les escuchó hablar de las tan mentadas variantes). Es cierto que en el caso del presidente aparecía el contrasentido de haber apoyado, como diputado, los cuatro primeros retiros, pero, otra cosa es con guitarra y como presidente de las República no estaba dispuesto a ceder en una materia que era algo así como “dispararse a los pies” como sociedad, como diría algunos días después.

En el caso del ministro Mario Marcel, en cambio, era casi una cuestión de principios: en forma invariable, como presidente del Banco Central y luego como ministro de Hacienda se había opuesto tenazmente a los retiros de fondos previsionales, con una batería de argumentos claros y contundentes. De hecho, el lunes 11 ante el parlamento hizo una exposición pormenorizada acerca de por qué un nuevo retiro de fondos previsionales era perjudicial para la economía, enfatizando las consecuencias sociales asociadas a la presión inflacionaria y el sobre calentamiento de la economía.

Uno pensaba que el gobierno, con el presidente a la cabeza, secundado por su ministro de Hacienda y con el apoyo del Comité Político habían definido un curso de acción que fuese consistente con la apreciación de situación en cuanto a lo altamente inconveniente y perjudicial que sería para la economía, para el país y los trabajadores un nuevo retiro de fondos previsionales.

Uno pensaba que el gobierno tenía un plan y una estrategia política encaminada a comprometer a los parlamentarios del Apruebo Dignidad y el socialismo democrático -tal vez aprovechando la corta luna de miel de no haber cumplido un mes siquiera en el gobierno- en términos de cerrar filas con el gobierno en una materia donde parecía existir un interés vital en el ámbito económico y social.

Y vino la sorpresa enorme cuando al día siguiente de la contundente exposición del ministro Marcel, el martes 12 de abril, el gobierno, a través del mismo ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo -la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, declaró que no tenía conocimiento del proyecto- anuncia el envío de un proyecto de ley que fue ingresado ese mismo día a la Cámara de Diputados para permitir un nuevo retiro de fondos previsionales, aunque acotado a una serie de aspectos que pasaron a detallarse y que siguen en discusión (al momento de escribir estas líneas se dice que la lista de cosas que se podrían hacer con dichos fondos no está cerrada).

La protagonista absoluta de esa jornada fue la diputada Karol Cariola del mismo PC que estaba estudiando desde el lunes 4 de abril, por boca de su presidente, “variantes” al proyecto de quinto retiro del 10% de fondos previsionales. Ella, los diputados del PC, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, del mismo partido, y el mismísimo ministro de Hacienda que desde hace dos años y en los últimos días y semanas había insistido hasta el punto en que su propia credibilidad aparecía comprometida en una férrea y decidida oposición a los retiros de fondos previsionales, aparecían ingresando a discusión parlamentaria el proyecto de marras.

El gobierno, el presidente Boric, los ministros de Hacienda y del Trabajo y los parlamentarios del PC, seguidos de señales de aprobación de la mayoría de los parlamentarios oficialistas, cerraron filas en torno al proyecto sobre retiro de fondos previsionales (aunque algunos diputados y diputadas oficialistas mantienen abierta la posibilidad de aprobar el proyecto de reforma constitucional sobre quinto retiro). El gobierno cedió, el presidente cedió, el ministro Marcel cedió y con ello se tendió un gran manto de duda sobre la credibilidad del presidente, de su ministro de Hacienda y del propio gobierno cuando recién se cumplían 30 días desde que asumiera el gobierno.

El mismo martes 12 el presidente Boric declaró públicamente que un quinto retiro era como “un disparo a los pies” de la sociedad tal vez sin advertir que el proyecto de ley se convertía en un disparo a los pies del propio gobierno y sus más altas autoridades, con consecuencias hacia el futuro desde el punto de vista de la marcha del país.

No por nada al día siguiente, la presidente del Banco Central, Rossana Costa, sucesora de Marcel en el cargo declaraba que el retiro acotado tiene el efecto de “jibarizar el mercado de capitales de largo plazo”, agregando que “tiene un efecto estructural adverso” en el mismo horizonte de tiempo.

Y no es que uno no entienda el estrecho desfiladero por el que transcurre la política y las características de una coalición como la del Apruebo Dignidad, sino que, existiendo un interés vital para el gobierno en términos de las consecuencias económicas y sociales de un nuevo retiro, era el momento de jugársela por la cohesión de una coalición que recién se inicia en las lides del gobierno.

Si la jefa política del gabinete Izkia Siches fue recibida a balazos en la Araucanía en su primera salida a terreno, en una incursión que adoleció de improvisación según la voz de los entendidos, junto a los errores forzados por todos conocidos, todo lo cual redunda en un menguado rol del liderazgo político del gabinete, la situación en que queda el ministro Mario Marcel en su calidad de ministro de Hacienda -cargo al que accedió bajo el más que atendible argumento de que el merecido capital profesional acumulado a través de una trayectoria verdaderamente impecable era para utilizarlo y no para guardarlo- se ve afectada en su propia credibilidad como jefe económico del gabinete.

Ha quedado demostrado que no es el gobierno el que controla a sus parlamentarios, sino que son sus parlamentarios los que controlan al gobierno. El hábil juego de los parlamentarios y convencionales del PC está demostrando, en los primeros 30 días del gobierno y en los meses que van de funcionamiento de la Convención Constitucional, que dentro de la coalición oficialista hay socios controladores clase A, acompañados de socios clase B, como los del Frente Amplio, y socios clase C, los del socialismo democrático.

El disparo a los pies en esta semana es una señal de alerta en cuanto a aquello que es el trasfondo de todo el proceso político gatillado desde el 18/10 y el advenimiento del gobierno del Apruebo Dignidad: la gobernabilidad democrática. Vienen días difíciles y el precedente no puede ser más complejo: ¿Quién podrá detener el sexto retiro (acotado) ad portas del plebiscito del 04/09?

Es de esperar que este tipo de preguntas y las reflexiones que surgen en torno a este episodio sean abordadas en el Comité Político del próximo lunes. Es demasiado lo que está en juego desde el punto de vista de la conducción política y económica del gobierno y su repercusión en la marcha general del país.

Comparto la afirmación del profesor Rodrigo Correa (jueves) en el sentido de que las disposiciones sobre “Procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República” serían “un caso de normas destinadas a ser cumplidas una sola vez, cuyo efecto se encuentra agotado”. Hago míos sus argumentos.

Lo que cabe, pues, es definir qué ocurriría ante un eventual triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida. Descartada la tesis de la obligatoriedad de la Convención en virtud de las normas vigentes, lo más democrático pareciera ser que la propia ciudadanía se pronuncie entre una Comisión de Expertos, el Congreso Nacional (que, junto con el Presidente de la República, poseen el poder constituyente derivado) o una nueva Convención, en los tres casos anteriores acompañado de un plebiscito ratificatorio.

Comparto también la tesis del Presidente Boric de que en tal caso lo más conveniente sería una nueva Convención. Hace suya la afirmación del exsenador Pablo Longueira de febrero pasado, en esta misma página, en el sentido que, de ganar el Rechazo, se debería convocar a una Nueva Convención: “Así el Rechazo no sería la continuidad de la actual, sino una nueva oportunidad para redactar la Casa de Todos”.

Discrepo, sin embargo, del Presidente de que ello significaría “prolongar este proceso por un año y medio más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”. Propongo una nueva Convención por un período de seis meses (ni un día más, el debate constitucional ya se hizo), con 70 miembros (al igual que la Asamblea Constituyente de Colombia en 1991), elegidos en una circunscripción nacional por listas cerradas (sin “listas” de independientes), y con elección de escaños reservados para pueblos indígenas en proporción a su participación electoral (y no como ocurrió en abril de 2021, en que con el 22% de participación electoral se proveyó el 100% de los escaños). (El Mercurio Cartas)

Ignacio Walker

“Yo o el caos” fue la consigna de la dictadura de Pinochet en los plebiscitos de 1980 y 1988. Algo parecido está ocurriendo con algunos de los partidarios del Apruebo. Si llegare a triunfar el Rechazo podría sobrevenir la “guerra civil” (Carlos Ruiz, uno de los principales teóricos del Frente Amplio), una “crisis social y política” (Jaime Bassa) o un “nuevo estallido social” (Camilo Escalona). Este último arremete con virulencia contra las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos.

Las vueltas de la vida: cuando me permití sugerir en una exposición en la FEN de la Universidad de Chile, hace una década, que si la derecha seguía oponiéndose a una reforma constitucional no podía descartarse una Asamblea Constituyente, el mismo Escalona me acusó de “fumar opio”.

Ignacio Walker

Muy interesante el artículo de José Antonio Viera-Gallo, ¿Plurinacionalidad en la Constitución?, en la edición de 18 de julio. Hace una serie de precisiones y distinciones que ayudan al debate.

Sin embargo, quiero decir que hay solo dos constituciones en el mundo -él lo insinúa, pero quiero explicitarlo- que contemplan el concepto de “Estado Plurinacional”: la de Bolivia, bajo Evo Morales, y la de Ecuador, bajo Rafael Correa. No hay otra. Cabe recordar que ambos países tienen una mayoría indígena -un 62% en el caso de Bolivia, con 36 pueblos indígenas reconocidos en la Constitución-, en el marco de la impronta teórica de Álvaro García Linera, uno de los principales ideólogos del Estado Plurinacional en América Latina.

Se cita el caso de Canadá, pero este tiene un “Estado Multicultural” desde la reforma de 1971. Se cita el caso de España, pero este tiene un concepto de “Nacionalidades” y “Autonomías” establecidas en la Constitución de 1978 (¿o alguien cree que vascos y catalanes son pueblos indígenas o naciones preexistentes?). En fin, se cita el caso de Nueva Zelanda, pero lo que hay allí es un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, contemplando formas de representación parlamentaria (a propósito, ni Canadá ni Nueva Zelanda han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena).

Pero no es ese el concepto en que quiero centrar mis observaciones a la columna de Viera-Gallo. Más bien quiero referirme a un tema que está ausente en su análisis y que es una verdadera bomba de tiempo en la futura Constitución (para el caso de ser aprobada): me refiero a las Autonomías Territoriales Indígenas (ATI), entendidas como la dimensión más concreta y aterrizada del Estado Plurinacional.

Fragmentación institucional

Hablamos de autonomía política, administrativa y financiera, de autogobierno y libre determinación, que es el triple estatuto que está presente en todo el tratamiento de los pueblos indígenas y naciones preexistentes en el texto constitucional que se propone. Sostengo que las ATI, muy probablemente, se convertirán en un aspecto de la fragmentación institucional -que tiene varias expresiones en el texto acordado-, conteniendo el germen de la ingobernabilidad.

Lo anterior se puede comprender mejor a la luz de ciertas preguntas: ¿cómo se delimitan geográficamente las ATI?, ¿cómo coexisten (o colisionan) con las propias regiones y comunas autónomas, a partir de sus diversas conformaciones territoriales o geográficas?, ¿qué pasa con la población no indígena dentro de las ATI (basta ver lo que ocurre en la Macrozona Sur)? y, lo más importante, ¿cómo se explica y justifica el «consentimiento previo» que se concede a las ATI en todos los asuntos que les afectan relativos a los derechos reconocidos en esta Constitución (el famoso artículo 191 número 2)?

Hay que decir que este último va mucho más allá de lo contemplado en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (2007), que efectivamente contempla el consentimiento libre, previo e informado de los PPII, pero acotado a una serie de cuestiones específicas (traslados, medidas legislativas y administrativas, desarrollo económico y proyectos mineros y energéticos, como se desprende de los artículos 10, 19 y 32 de la misma). A propósito, cabe decir que dicha Declaración NO es un tratado internacional, NO es vinculante jurídicamente y por lo tanto NO obliga a los estados signatarios; lo cierto es que los convencionales hicieron una suerte de «copy and paste» con esa Declaración y la plasmaron en la Constitución, sin filtro, sin distinciones de ninguna especie, sin tomar en cuenta la realidad local. 

El foco de esa Declaración son las «tradiciones y costumbres» de los PPII, y la propia autonomía y autogobierno se refieren a «asuntos internos y locales» (art. 2), además de lo dicho sobre consentimiento previo. Aquí nos saltamos 10 pueblos -por así decirlo- y se plasmó una estructura político-administrativa en base a un Estado Regional, cuasi federal o de regionalismos autonómicos que fue copiado por la convencional Amaya Alvez de España e Italia; países que tienen miles de años de reinos, principados, repúblicas, y diversas formas de conformaciones autonómicas, completamente al margen de la realidad de Chile (somos hijos de la recentralización borbónica de 1760-1770; justo cuando estábamos avanzando en un tránsito desde el Estado unitario centralizado a uno descentralizado -a propósito, a los convencionales se les olvidó que las constituciones de Evo Morales y Rafael Correa contemplan un Estado unitario y descentralizado-, viene esta arremetida altamente ideológica y refundacional en favor de las ATI).

Cabe preguntarse, ¿qué sectores de la sociedad chilena tienen la posibilidad de dar su “consentimiento previo” frente a cualquier materia que les afecte en los derechos establecidos en la Constitución? Ninguno. Pues bien, este es solo un aspecto de las ventajas -algunos hablan de privilegios- establecidas para los PPII en la Constitución que se propone. Otros aspectos se refieren a los “sistemas jurídicos” de los pueblos indígenas que en virtud de su libre determinación coexistirán en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia -como un aspecto central de los “sistemas de justicia”, en plural-, los escaños reservados, y los múltiples aspectos de las 131 referencias que se establecen en la Constitución respecto de los pueblos indígenas o naciones preexistentes.

Un Estado dentro del Estado

Si el conflicto de la Macrozona Sur tiene lugar sobre una cuestión de tierras, cabe preguntarse por lo que ocurriría si le agregamos un concepto de restitución de territorios (la Constitución contempla el derecho de los PPII sobre tierras, territorios y recursos). Temucuicui es un buen ejemplo de lo primero: un traspaso de tierras a una comunidad mapuche, bajo el liderazgo de Víctor Queipul, va creando la dinámica de un Estado dentro del Estado. Cuando la ministra del Interior trata de visitar dicha comunidad es recibida a balazos, ante la impotencia del Estado chileno y la sensación cada vez más compartida de impunidad. ¿Qué ocurriría si la dinámica ya no es solo una de tierras, sino de territorios? La realidad sería la de varios estados dentro del Estado. Ya se puede ver el primer signo visible de lo anterior -está en todos los medios de prensa, como una práctica habitual- cuando se lee un letrero del tipo “Territorio en Recuperación” enarbolado por alguno de los muchos grupos extremistas que actúan en la zona. Los episodios habituales de tomas ilegales, usurpaciones, y amenazas son solo un anticipo de lo que viene con el concepto de restitución de territorios consagrado en la nueva Constitución, incluidas las ATI (como un aspecto del Estado Regional, cuasifederal o de regionalismos autonómicos). Cabe recordar que en la Macrozona Sur operan actualmente cuatro grupos armados, con la práctica habitual de métodos militares y paramilitares, y la reivindicación de territorios (ellos mismos se encargan de difundir esas prácticas y acciones a través de proclamas, fotos y videos): la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Resistencia Mapuche Lafquenche (a propósito, la Ley Lafquenche ha llevado a que unas 100 organizaciones estén solicitando cuatro millones de hectáreas en el borde costero chileno, de norte a sur), la Resistencia Mapuche Malleco y el Weichafe Antumapu. Cabe preguntarse por la dinámica que se desatará entre los grupos extremistas desde el momento en que la restitución de territorios quede plasmada en la propia Constitución (algunos creen ingenuamente que ello va a aplacar las iras de los grupos extremistas, al reivindicar un anhelo largamente acariciado, lo más probable es que ocurra exactamente lo contrario).

La realidad jurídica de las ATI y la dinámica que estas generan son la gran ausencia de la interesante columna de Viera-Gallo; una ausencia referida al aspecto más central y potencialmente explosivo del Estado Plurinacional y Estado Regional que se propone: las Autonomías Territoriales Indígenas. Si bien sus competencias serán definidas por la ley, su estructura básica ya está establecida en el texto constitucional de marras. Sostengo que ellas contienen un principio de fragmentación institucional del Estado chileno, germen de ingobernabilidad, y exacerbación de los conflictos ya existentes en la siempre difícil coexistencia del Estado chileno con los 11 pueblos indígenas y muy particularmente con el pueblo mapuche. (El Líbero)

Ignacio Walker