Valdés Pulido Rodrigo (1966) [1] hijo de Osvaldo Valdés Marín (1937-2016) [2] industrial, y María Eugenia Pulido Cruz (1942) psicóloga; ingeniero comercial,  elegido el Economista del Año 2015 (“Rodrigo es una persona súper sencilla, no tiene ningún afán más allá de hacer bien su trabajo… su trabajo como ministro de Hacienda no ha sido fácil, le ha tocado delinear y negociar reformas en una gran diversidad de ámbitos en un contexto macroeconómico menos favorable que el de años anteriores” (1)); director de State Grid 2021.

(1) Andrea Repetto, EM 20 diciembre 2015.

[2] Hijo de de Osvaldo Valdés Morande (de Alejandro Valdés Riesco, abogado, P. Conservador, regidor y alcalde de Providencia y Elena Morande Vicuña (de Juan de Dios Morande Portales)

Valdés Meller Nicolás, puntaje nacional en Matemáticas 2015: “quiero ser físico”

(2) Entrevista El Mercurio 10 enero 2016

(3) El Mercurio 26 junio 2016.

(4) 31 agosto 2017.

(5) Revista Capital, 18 mayo 2018 en base a documento “Growth-Redistribución Balance and Shifting Coalitions: a view from Chile”.

(6) Carta de 5 economistas «El 10% y el marco fiscal» El Mercurio 12 julio 2020

(7) El Mercurio, 25 julio 2020.

(8) El Mercurio, 25 octubre 2020

(10) El Mercurio, 11 julio 2016

(11) El Mercurio, columna, 8 marzo 2021

(12) El Mercurio, 3 abril 2016 «Nuestro compromiso con el crecimiento» «Este segundo tiempo del Gobierno nos exige volcar nuestras energías en recuperar la capacidad de crecimiento de la economía» «Creo que las discrepancias sobre la necesidad y los efectos de las reformas se mantendrán, y es legítimo que así sea, pero eso no  debe ser un obstáculo para coincidir en que hoy lo relevante es expandir el potencial de crecimiento del país»

La propuesta de pensiones ha dado inicio a la predecible batalla para determinar cuál es el diseño más adecuado. Se trata de un tema complejo y, como suele suceder en estos casos, la simple intuición no garantiza la respuesta correcta. Varias de las críticas de los opositores a la reforma parecen razonables, pero no lo son.

Los detractores de esta reforma repiten tres ideas que vale la pena analizar (del otro lado también hay ideas que es necesario revisar con detención, pero será en otra oportunidad). Se argumenta que (a) si el dinero no va a una cuenta individual se trataría de un impuesto al trabajo, en cuyo caso es más eficiente financiar la solidaridad con impuestos generales; (b) se coartaría una valiosa libertad de elección; y (c) las encuestas muestran que la gente prefiere que “su 6%” vaya a “su cuenta”. Estos argumentos parecen sensatos, pero son superficiales o derechamente incorrectos.

Impuesto al trabajo

Más allá de la inevitable pregunta “¿qué otro impuesto subimos?”, debemos tener claro que cualquier aumento de cotización es, en algún grado, un impuesto al trabajo. También si se destina por completo a una cuenta individual, pues constituye una incómoda obligación. Y, es cierto, aunque lo pague el empleador, gradualmente se descontará mayoritariamente de los salarios.

Por ello, es más productivo preguntarse cuánto disminuye la distorsión si el destino de la cotización fuera una cuenta individual, y cuánto menos distorsionarán los otros impuestos que, supuestamente, financiarían la solidaridad.

Los matices rápidamente aparecen. Una cuenta colectiva con transferencias intrageneración (sin reparto intergeneracional) puede fácilmente distorsionar menos que una cuenta individual. Todo dependerá de cómo reacciona la oferta de trabajo y la informalidad de la mitad de trabajadores subsidiados y de los que subsidian.

También, respecto de una situación sin reforma, las distorsiones pueden atenuarse en el tiempo con el mayor empleo que genera la mayor acumulación de capital gracias al mayor ahorro.

Por supuesto, si hay reparto intergeneracional, el componente de impuesto será mayor, así como la distorsión que provocará. Pero nunca llega al nivel de un impuesto al trabajo, porque en la seguridad social solo las personas que contribuyen reciben un derecho (lo que no sucede con un impuesto).

Por último, vale la pena recordar que en Chile la tasa media de impuestos al trabajo es bajísima en comparación internacional. Por lo mismo, no se entiende que una cotización pueda tener consecuencias graves y, simultáneamente, ante la pregunta sobre qué impuesto se debería aumentar, se identifique (correctamente) disminuir el elevado mínimo exento y aumentar más rápido las tasas de los primeros tramos del impuesto a la renta.

Libertad y competencia

Obligar a cotizar es coartar la libertad. Pero esto no es, necesariamente, negativo ni tampoco inusual: obligamos a usar el cinturón de seguridad y a tener receta médica para acceder a fármacos; limitamos dónde se puede fumar o quién puede tener un arma.

La pregunta relevante, entonces, es si coartar la libertad de elección ayuda o no a tener mejores pensiones. Y, como en el caso del impuesto al trabajo, la respuesta más simple puede ser la equivocada.

En teoría, la libre elección de proveedor debería potenciar la competencia y llevar a mejores resultados. Pero ¿sucede así en la realidad?

Para que las personas puedan libremente cambiar de proveedor, las administradoras deben mantener un portafolio más líquido que el óptimo, sacrificando rentabilidad. Se gastan considerables recursos en una fuerza de ventas de escaso valor social. Las elevadas ganancias de las AFP dan cuenta de que la libertad es insuficiente para disciplinar este mercado. En un trabajo, con mis colegas Benavides y Tessada, confirmamos, nuevamente, que los afiliados casi no reaccionan a cambios de precios, por grandes que sean. No hay —más bien, no conozco— ningún trabajo que muestre que, en promedio, los afiliados tomen decisiones acertadas en la elección de AFP o de multifondos. En un mercado así de complejo, la libre elección no garantiza nada.

Es que la gente lo pide

El peor argumento para defender que el 6% vaya a cuentas individuales es invocar las encuestas. Por dos motivos.

Primero, las preguntas no dan cuenta de los dilemas (trade-offs) que se enfrentan. Se enmarcaría mejor el asunto si se preguntara: ¿prefiere usted que todo vaya a su cuenta individual y que tome (por ejemplo) 20 años para ver una mejora relevante en pensiones? En las encuestas parece dominar la lógica de que todo se puede hacer y “paga Moya”, incrementando la desinformación.

Segundo, es poco serio apelar a las encuestas en este tema, pero despreciarlas (por populistas) cuando el 90% de los encuestados quiere nuevos retiros de fondos o se opone férreamente a aumentar la edad de jubilación. Si las encuestas deciden las políticas públicas, ¿para qué está el sistema político? Cuidado con transformar el debate de políticas públicas en un circo romano.

Este es el tercer intento de una crucial reforma. Para que vea la luz, hay que evitar los argumentos que, guiados por la intuición o por nociones muy básicas de la economía, arriesgan con echar por la borda una urgente reforma al sistema de pensiones. (El Mercurio)

Rodrigo Valdés

El Centro de Estudios Públicos (CEP) entregó hace pocos días una medición en que mostraba un pesimismo de las personas que viven en Chile respecto a la situación económica del país. Sin embargo, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, matizó ese sentimiento.

“Las cosas se ven mucho mejor de lo que la gente lo siente hoy día. Estamos en un proceso recesivo que era necesario, porque nos fuimos de fiesta y eso hay que pagarlo”, dijo el economista en entrevista con T13 radio.

El exsecretario de Estado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet apuntó que la situación económica de Chile responde a un ajuste que debía tener el país tras la expansión del consumo sobre lo normal. Esto, luego de las ayudas masivas entregadas por el Estado durante el proceso de cuarentena por motivo del Covid-19 y los retiros de dinero desde los fondos de pensiones.

“Requería una leve recesión para poder ajustar la economía y para volver a crecer (…) Eso es algo que había que hacer y que lo estamos haciendo relativamente bien. La economía no se está desplomando, se está ajustando a un ritmo adecuado”, agregó Valdés.

El economista también respaldó su punto sobre el estado de la economía en Chile apuntando a la apreciación que tiene el peso chileno durante el último tiempo y la recuperación de la Bolsa de Santiago.

Ante este contexto, el director de empresas apuntó uno de los problemas de Chile, que debe ser solucionado en el proceso de nueva Constitución, está en el funcionamiento de la política y sus representantes: “Ese despelote se puede solucionar solo cambiando las reglas de juego (…) hay que apostar más por cambiar las reglas y los incentivos de manera que el mundo político se comporte mejor y tenga alianzas más grandes y sólidas”.

Por otro lado, el académico de la Universidad Católica aprovechó la instancia para destacar el manejos económico del gobierno del Presidente Gabriel Boric en ciertas áreas. El respaldo al Banco Central, el manejo de la política fiscal y la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) fueron parte de los temas elogiados por Valdés.

No obstante, el exministro de Hacienda apuntó que ahora el Ejecutivo tendrá una nueva tarea en el plano económico: frenar la posibilidad de nuevos retiros de dinero desde los fondos de pensiones ante el mecanismo de autopréstamo con cargo a los fondos previsionales que proponen algunos parlamentarios.

La gran mayoría de nuestros líderes políticos mostraron responsabilidad y sabiduría en la negociación y ahora aprobación legal que habilita el nuevo proceso constituyente. Me parece que es indispensable repetir ese mismo espíritu en otros ámbitos y específicamente en la reforma de pensiones.

Porque la reforma de pensiones conjuga aspectos altamente políticos e ideológicos con elementos muy técnicos, es fácil que, sin un acuerdo global sobre contenidos, ella no vea la luz. Lo más probable es que si se sigue un proceso de votación como cualquier proyecto de ley, en que se votan distintas indicaciones, muchas contradictorias entre sí, el proyecto se desordene y pierda lógica.

Los partidos políticos que quieran construir colectivamente en vez de vivir del uso escandaloso de las redes sociales harían muy bien en encontrar un espacio de negociación del más alto nivel para que esta reforma sea finalmente realidad. (El Mercurio-Cartas)

Rodrigo Valdés

En política, el peso relativo de cada argumento es subjetivo. Personas que estimo y admiro concluyen lo opuesto a mí con, prácticamente, la misma información. A diferencia de ellos, considero que es mejor para Chile rechazar la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre.

Contenidos problemáticos Es evidente que la propuesta tiene elementos valiosos; sin embargo, también hay temas de alta complejidad que no serán fáciles de reparar y que dificultarán nuestro desarrollo.

Entre lo positivo está convertir a Chile en un Estado social, democrático y de derecho (aunque me parece, que en las dos últimas ya lo es) y otorgar reconocimiento y derechos a distintos grupos que hemos postergado por demasiado tiempo. Son paradigmas ya cristalizados y que, con seguridad, estarán en la próxima Constitución que organice nuestra convivencia.

Los problemas, no obstante, también son varios. Algunos ya fueron identificados en el acuerdo de reforma de los partidos del oficialismo. Por ejemplo, la importancia de restablecer la iniciativa exclusiva del Presidente, eliminar la reelección presidencial inmediata y precisar el rol del consentimiento indígena. Son cambios que reducen la probabilidad de que extraviemos el rumbo.

Pero hay otros problemas que serán muy difíciles de cambiar y que, en mi opinión, producirán grandes inconvenientes. Por ejemplo, más allá de su composición, el Consejo de Justicia concentra un poder excesivo y arriesga politizar el sistema. Más allá del tema del endeudamiento local, el modelo de descentralización deja muchos cabos sueltos. La imposibilidad de comercializar las autorizaciones de uso de agua generará un grave costo de eficiencia. Y que la ley no pueda restringir la huelga (excepto en casos excepcionalísimos) abrirá una caja de Pandora.

Por otro lado, hay asuntos que, aunque puedan ser del agrado de unos, no deberían ser parte de la Constitución. Parecen, más bien, amarres ideológicos (como los muchos que dejó la dictadura). Como un péndulo, pasaremos de un régimen en que la titularidad sindical es inconstitucional a uno en que es inconstitucional no tenerla. Lo mismo con el 7% de las cotizaciones de salud y un fondo común. La manera en que la nueva Constitución trata estos asuntos trasluce desconfianza en la capacidad de la democracia para encontrar las mejores políticas públicas.

Ausencia crítica

El mayor problema de la propuesta constitucional quizás sea aquello que no logró plasmar: el sistema político será tanto o más disfuncional que el actual.

Las causas de este error, me parece, son tres: escasa reflexión previa; cierto desprecio por el rol de los partidos y la política tradicional; y un diagnóstico incompleto, o derechamente incorrecto, sobre el “exceso de presidencialismo”.

Si el poder del Presidente fuera tan grande, como se sostiene, habríamos visto a los últimos gobiernos implementando sendos programas. Pero pasó lo contrario: fricción e inacción. El problema, más bien, parece ser la fragmentación, la abundancia de partidos y las dificultades para formar mayorías sólidas. La propuesta constitucional no ofrece nada para solucionar esto. Y el acuerdo de reformas solo se compromete a “analizar” el sistema político para “lograr un mejor equilibrio”.

Incluso si se lograran acuerdos significativos para fortalecer el sistema político, las dificultades de llevarlos a la práctica son enormes, pues se necesitará del voto de los incumbentes. ¿Qué incentivo podría tener un parlamentario para modificar el sistema bajo el cual fue electo pudiendo reducir sus chances? ¿O múltiples partidos en firmar reglas que llevarían a su desaparición? La oportunidad real de hacer cambios al sistema político la tiene un grupo externo al sistema, es decir, una Convención. Lamentablemente, esta no la aprovechó.

Aprender y mejorar

En octubre de 2015, en un encuentro anual de un gremio empresarial, señalé, con convicción, que “si una nueva Constitución deja a la centroderecha, al empresariado, u otro grupo amplio con un sabor como el que la centroizquierda ha sentido bajo la Constitución actual, habremos fracasado”. Lamentablemente, a pesar de los valiosos esfuerzos de algunos, eso es lo que ha sucedido.

Así, la última razón que tengo para rechazar la nueva Constitución no guarda relación con la idea de reformar la actual, sino con la convicción de que Chile necesita una nueva Constitución y de que somos capaces de elaborar una que pueda ser aprobada ampliamente en un plebiscito de salida.

Necesitamos una nueva Convención, paritaria, quizás menos numerosa, con representación indígena, elegida popularmente con reglas que faciliten acuerdos; y que trabaje alrededor de seis meses, sobre una nueva hoja en blanco y con dos tercios de quorum de aprobación. Un sistema de listas nacionales bloqueadas y cerradas podría dar cabida a más expertos y ofrecer más transparencia respecto de qué ideas hay detrás de cada plataforma.

También necesitamos que la derecha no se parapete a partir del 5 de septiembre. Espero no pecar de ingenuo al confiar en que colaborarán para que tengamos una nueva Convención.

En economía se enseña que una opción tiene un valor intrínseco que se pierde una vez que se decide no usarla. Si se aprueba la propuesta constitucional perdemos la opción de escribir una que sea la piedra angular de un nuevo y amplio pacto social. (El Mercurio)

Rodrigo Valdés

¿Cuál es la disponibilidad para pagar por un plan de celular que entregue más gigabytes o conexión 5G? Siempre queremos más gigabytes y una mejor conexión, pero ¿estamos dispuestos a pagar?

Aplicamos métodos bien conocidos en investigación de mercados para contestar preguntas como las anteriores, pero aplicados ahora a atributos del sistema de pensiones. Esto permite conocer las preferencias en algunos atributos específicos, como es habitual en las encuestas de opinión, pero también unirlas y evaluarlos en conjunto, tal como se discute una reforma en el Congreso.

Como los distintos componentes de un sistema de pensiones financiable están estrechamente relacionados entre sí, solo con esta mirada conjunta es posible aproximarse al diseño que entregue el mayor bienestar a las personas.

Seguramente a muchos nos gustaría que el Estado nos ofrezca un beneficio que mejore nuestras pensiones, pero el dilema relevante es si, descontada la contribución que tendremos que hacer para financiar ese beneficio, las personas quedarán con un mayor nivel de bienestar.

A una muestra de 920 personas representativas de la población adulta en Chile aplicada por Cadem, se le pidió evaluar sistemas de pensiones con distintos atributos: (i) un aumento de las pensiones (PGU); (ii) una eventual focalización de esta mayor pensión entre quienes han cotizado más; (iii) eventuales beneficios adicionales para mujeres y cuidadores; (iv) opciones de financiamiento vía impuestos generales (IVA) o cotizaciones (que implica no destinar el 6% completo a la cuenta individual); y (v) distintas instituciones administradoras de las cuentas individuales.

El análisis de estas preferencias declaradas entrega importantes resultados. Algunos en línea con estudios previos, otros más novedosos.

En primer lugar, las personas están muy disponibles para financiar beneficios para mujeres y cuidadores. Las ganancias de bienestar que generan estos beneficios más que compensan las contribuciones que debemos hacer para financiarlos.

Segundo, las personas valoran de manera muy significativa una mayor pensión (por encima del mejoramiento de la PGU a $250.000) y también están disponibles para financiar este aumento de pensiones. Este resultado es muy transversal en distintos grupos de edad, sexo y nivel socioeconómico. Para algunos sectores de la población este aumento debiese ser para todos por igual, mientras que una leve mayoría considera que el incremento en la pensión debiese estar focalizado en quienes han cotizado más. Para financiar el aumento en pensiones y los beneficios a mujeres y cuidadores, las personas prefieren que esto se haga con una parte de los seis puntos porcentuales de la cotización adicional, aunque también están abiertos a un sistema de financiamiento basado en impuestos generales.

Tercero, las personas prefieren, salvo por algunos grupos minoritarios, que la cotización adicional que no se destina a financiar los beneficios anteriores (mujeres, cuidadores y aumento de pensiones) vaya completamente a su cuenta de cotización individual.

Y cuarto, las personas no quieren que el Estado, ni menos las AFP, les administren las cuentas del sistema. Las personas optan, en su gran mayoría, por que sean otras instituciones privadas, distintas a las AFP, mientras una minoría prefiere al Estado.

En este sistema de pensiones “óptimo” hay solidaridad y elementos de capitalización individual. El sistema de pensiones “óptimo” descrito genera ganancias en bienestar muy significativas respecto del sistema de pensiones actual y también ganancias respecto del proyecto presentado por el Gobierno. Quizás es hora de escuchar a las personas. (El Mercurio)

Roberto Izikson
Cadem

Pablo Marshall
Escuela de Administración UC

Rodrigo Valdés
Escuela de Gobierno UC

Valdés Pulido Rodrigo (1966) miembro del Partido Por la Democracia, presidente del BancoEstado 2014, Ministro de Hacienda 2015-2017, escribe artículo «Nuestro compromiso con el crecimiento» (12); renuncia tras rechazo del comité de Ministro del proyecto minero Dominga: “avanzar a mayores de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno… creo que no logré que todos compartieran esta convicción” (4);  “tendremos un sistema tributario que va a funcionar y que puede existir por mucho tiempo en Chile, pero eso no quita que un nuevo gobierno tenga derecho a hacer cambios” (2);

«creo que el deber mas importante es ser responsable con las generaciones futuras. Eso implica, primero, cuidar lo que hemos construido entre todos. Me refiero a nuestras instituciones, a la forma como hemos organizado nuestra convivencia, a las libertades que disfrutamos. También incluyo la conducción fiscal. Los recursos de todos los chilenos no se dilapidan ni se usan para satisfacer a grupos de presión, sino para ir solucionando mejoras graduales en la acción estatal. Los recursos naturales son nuestros, pero también de nuestros hijos y de los que vendrán» (3);

«senadores DC apoyan llamado para que ministro Mario Fernández «arrope sin matices» a ministro Rodrigo Valdés (10);

“la injerencia del crecimiento es mucho más trascendental para la gente que la redistribución, que ha sido, equivocadamente, el único caballito de batalla de la centro izquierda… las personas dejaron de creerle a la centro izquierda. Los chilenos consideran que es importante el discurso de equidad, pero creen que no se puede desatender la importancia del crecimiento… llama a poner el foco en las dos variables” (5).

En la pandemia 2020, frente al proyecto de autopréstamo del 10% de fondos de las AFP: «creemos que hay mecanismo alternativos mas eficientes, equitativos y menos costosos en términos fiscales y de futuras pensiones para asistir a la clase media durante la crisis» (6)

Durante la pandemia, y luego de la aprobación del retiro del 10% de fondos de las AFP: «el confinamiento para la contención de la pandemia ha durado mas tiempo, por lo que la situación de la economía ha empeorado respecto a los supuestos considerados en el Acuerdo COVID, de una caída de la economía del 5-6% este año, pero hoy los número están mas cerca del 8%» (7).

«Nuestro régimen político funciona cada vez peor y una nueva Constitución es una oportunidad única para construir uno nuevo. Es imprescindible que una sociedad tenga una Constitución que sea apreciada por una mayoría sustancial. Sin eso, lo que se construye nace con fallas, no se siente propio… me duela y preocupa la violencia y estoy convencido de que en democracia es inaceptable…» (8)

Sobre proyecto de pensiones: «parece incomprensible comprometerse a un mayor gasto permanente bajo una situación deteriorada» (11)

«Es necesario aumentar las capacidades del Estado, la urgencia del nuevo pacto social lo exige. Ello no constituye un problema si el gasto requerido avanza gradualmente y de la mano de nuevos ingresos. Porque si no es así, vaya lío fiscal que tendremos… los niveles de deuda pública que se avizoran significarán tener tasas de intereses como las de Colombia o Uruguay… si en Chile se pide un crédito a 20 años para adquirir una casa de UF 2.000 y con un pie de 20%, se puede obtener una tasa de 3.5%, lo que implica un dividendo de $277 mil (de los cuales $77 mil en intereses). El mismo crédito en Uruguay tendría un interés de $120 mil (tasa 5,25%) y en Colombia de $153.000 (tasa 6,5%) El Mercurio «Nuestro lío fiscal» 25 julio 2021

Rodrigo Valdés: «Hay quienes creen , entre el delirio y la ignorancia, creen que los retiros están destruyendo a las AFP. Estas ya cobraron por la administración. Que no quepa duda: los únicos que pierden aquí son los titulares de los Fondos de Pensiones, millones de personas que tendrán una jubilación peor» El Mercurio 17 octubre 2921

En carta a El Mercurio, los exministros José De Gregorio  y Rodrigo Valdés  junto a Andrea Repetto y Eduardo Engel advierten sobre la necesidad de tramitar la propuesta de PGU junto a lo que será reforma del pilar contributivo del sistema de pensiones.  Así, la propuesta enviada por el actual Presidente, debería quedar en pausa para asegurar la viabilidad de que los nuevos gastos que implica la PGU tengan financiamiento. “Nos parece que la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses. Solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas de pensiones”, 28 diciembre 2021

Apoya movimiento Amarillos 2022: «…Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado “estallido institucional”, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron “apruebo” y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un “No” a una Constitución que no nos represente a todos…»

sea cual se el resultado de plebiscito, seguiremos con el tema constituicional por mucho tiempo… perdimos la oportunidad de hacer un proceso mas reparador» La Segunda 26 abril 2022

 Preocupado y poco optimista sobre el futuro económico se mostró ayer el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ante el consejo general de la Sofofa.

“Él mismo dijo que le cuesta ser constructivo hacia adelante, y es una sensación que tenemos todos los que miramos la macro”, comentó la consejera Andrea Tokmann.

En su presentación, Valdés habría manifestado inquietud en torno a los objetivos de la reforma tributaria, y la meta del gobierno de recaudar 5 puntos del PIB, así como por el debate sobre el sistema político, judicial y descentralizacion, que se debaten en la Convención Constitucional. DF 28 abril 2022

Rodrigo Valdés «Oportunidad perdida»
«Mas preocupante es que el nuevo sistema político que tendrá la Constitución no parece garantizar una mejor democracia… aunque se avanzó, al menos, en no reproducir el sistema que llevó a la Convención, la excesiva fragmentación continuará»
«Lo acordado -presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico- necesita mayores detalles, pero ya está claro que una mayoría transitoria tendrá mayor poder. Sin ningún quorum calificado, con una asamblea fuerte, una seria de reglas que atenuan el poder del Ejecutivo y la mencionada fragmentación, no es claro que nuestra democracia se vea robustecida. Dejan muchas dudas, también, los cambios al Poder Judicial.
Según Samuel Huntington «la esencia de la democracia radica en la posibilidad de que los gobernantes en ejercicio puedan ser desplazados del poder en las elecciones siguientes.
En el ampliamente utilizado proyecto Polity V, que intenta medir el grado de democracia, Chile obtiene el indicador máximo de 10 desde 2006.
Si se comparan las décadas anteriores y posteriores al cambio constitucional, tanto Bolivia como Ecuador retrocedieron con sus nuevas constituciones (de 9.5 a 7 y de 6.6 a 5, respectivamente. Y tuvieron a Morales y Correa por un tiempo prolongado. Es calve que nuestras nuevas reglas eviten un resultado de este tipo» 1 mayo 2022

«El impuesto al patrimonio genera tensiones mas grandes que las que quizás vale la pena pgar… la reforma tributaria, en general, está bien orientada, pero para poder recaudar 4 puntos del PIB lleva las tasas quizá un poco más allá de lo que es absorbible sin complicaciones de crecimiento e inversión» 3 julio 2022, entrevista, El Mercurio

“Estoy seguro de que gane el Apruebo o el Rechazo, ese inversionista que está esperando el 5 de septiembre, la verdad es que no va a lograr demasiado despeje de sus incertidumbres, porque vamos a continuar con temas constitucionales por varios años posteriores al plebiscito” La Tercera 9 junio 2022

«Proponemos poner atención en la carga tributaria total de Australia y Nueva Zelandia. El primero tiene un sistema de capitalización indivicual y el segundo uno basado exclusivamente en una PGU. El promedio de ambos, de la carga tributaria total de 26.2% es un punto focal util, sugiriendo que la brecha acctual respecto  de paises OCDE estaría en torno a 5%… en Australia y Nueva Zelandia la carga tributaria creció en torno a 3% en la década siguiente a cuando alcanzaron nuestro nivel de ingresos. Nos parece razonable el objetivo de aumentar nuestra carga tributaria (excluyeno la seguridad social) en 5pp en una década» Jose de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto, Rorigo Valdés. El Mercurio, carta, 29 junio 2022

“Estas son de las preguntas más misteriosas que hay en economía. Uno nunca está seguro de qué hubiese pasado, si hubiera pasado algo, se llama contrafactual. Tampoco sabemos qué hubiese pasado sin la intervención, pero posiblemente el tipo de cambio habría seguido para arriba por las condiciones del mercado, pero además salieron malas noticias de China, el cobre sigue cayendo. Probablemente se habría depreciado (el peso). Lo que pasó en los últimos meses es que se fueron acumulando malas noticias, y hacia el final esas noticias tienen que reflejarse en el tipo de cambio. Estábamos arrastrando unos $150 de depreciación del peso en los últimos dos años que no son posibles de achacar a las condiciones externas. Eso básicamente partió notoriamente cuando sucedió el estallido social, se acrecentó con los retiros, después pasó otro escalón cuando se escogió la convención, eso arrastró” 16 julio 2022 La Tercera, ante intervención del Banco Central por la alta subida del dolar.

“Me representa bien la carta del expresidente Lagos, nos representa a muchos en esto de estar bien ‘tostados’ con el proceso (constituyente) y dudosos de qué camino es mejor (…). Es importante que tanto como el Apruebo como el Rechazo vayan ofreciendo el camino posterior. Y ahí el PPD hizo interesante lista de 10 cambios. Encontré brutalmente importante lo que hizo el PPD de decir esta Constitución que se nos propone no es perfecta, que necesita un montón de cambios” 18 julio 2022

Rodrigo Valdés, quien también fue ministro de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Lo de ayer es una gran noticia. Nos da una gran oportunidad como país, y ahora hay que aprovecharla. No está garantizada que se aproveche, pero quienes sean parte del consejo tienen la oportunidad para hacerlo y es una gran oportunidad para resolver un tema crucial que es que la política no está funcionando”. No obstante, Valdés mostró una preocupación por la cercanía que pudieran tener los expertos que serán nombrados por el Congreso. “Me preocupa que tal como se conformó el acuerdo, el mundo incumbente puede no tener todos los incentivos para hacer los cambios que Chile necesita. Ojalá que los expertos tengan plena libertad y estén lejos de los incumbentes, que sean personas que no dependan de los partidos”. acuerdo constitucional 14 diciembre 2022

Entrevista El Mercurio, 16 abril 2017 «Desdramaticemos las diferencias. Estamos discutiendo cuestiones importantes, no quiero minimizarlas, pero tampoco son dramáticas» «Cuando hay tensiones es la Presidenta la que corta el queque en el gobierno y ella ha sido muy importante para  mi» «Que casa cosa que a uno no le gusta sea inconstitucional, es también un poquito una exageración que tenemos en Chile» «estamos construyendo sobre el pilar que hoy existe de ahorro previsional individual en la AFP, cuidando lo mas posible los incentivos que hoy tiene el sistema y valorando mucho el esfuerzo individual. Si no hay esfuerzo individual, prácticamente no se va a percibir nada. Esto es muy distinto al pilar solidario que es para todos, universal. Aquí es un extra para aquellos que participan y les cuesta más» «quiero valorar mucho que en la mesa se convencieron de que el reparto tiene un problema directo por el envejecimiento»

«Tareas para 2019»: «Repetir casi como jingle de publicidad que 2018 es ‘el año en que Chile se puso en marcha’, innecesariamente reduce la gestión económica a la refriega política chica. Justo lo contrario de lo que logró la Concertación en su búsqueda de acuerdos, y que el Gobierno asegura querer emular» columna El Mercurio, 13 enero 2019

«TPP11, un acuerdo que beneficia a Chile» «… nos preocupa la oposición que se ha generado en torno a este acuerdo y, en particular, la desinformación que se ha propagado respecto del mismo. Se han construido fantasmas donde no los hay… rechazar el CPTPP sería un retroceso en lo que Chile ha avanzado en las últimas décadas» (con Rodrigo Vergara M. El Mercurio, columna, 4 mayo 2019)

El Mercurio, 19 mayo 2019, sobre el «ente» estatal de la reforma previsional: «es importante definir que significa ‘administrar’. Creo que eso está provocando problemas. Administrar no significa hacer todas las tareas dentro de la organización»

Columna «Exceso de cemento» El Mercurio, 18 octubre 2020: «Por muchas obras públicas que hagamos, si las personas no quieren ir a un restaurante o a una peluquería, el problema de esos sectores no cambiará» «Se puede defender la necesidad de apuntalar la inversión pública; sin embargo, no parece una estrategia sabia poner prácticamente todas las fichas en ese rubro. A un año del estallido social, mejor diversificar»

Columna «Resoluciones para el nuevo año» El Mercurio 10 enero 2021 «Un paso mas significativo, pero dentro de la institucionalidad de la regla fiscal actual, sería convocar a la comisión del precio del cobre para actualizar el precio de largo plazo. Ello permitiría gastar aquella parte de la aumento que se considera permanente»

Carta El Mercurio 9 febrero 2021 «Algunas excepciones tributarias son mas bien un beneficio a grupos de interés específicos… en la mayoría de las excepciones hay información suficiente como para avanzar pronto»

“Aunque en algunos casos no se tiene toda la información de pérdida de recaudación o efectos, el peso de la prueba debe estar en los que defienden las exenciones. Si no hay una buena razón, no debieran existir”. Diario Financiero, 23 marzo 2021, reproduciendo opiniones en el Senado.

«Las democracias liberales no funcionan bien sin partidos fuertes y, sin partidos, simplemente no hay democracias. No se trata de dificultar la participación de los independientes; pero, si son como un partido, deben tener las mismas reglas que imponemos a los partidos. La discusión tiene un raro paralelo con el debate sobre el rol de los sindicatos versus el de los grupos negociadores» «Dos semanas después» 30 mayo 2021

Luego de primera vuelta presidencial: «Los candidatos tendrán que convencer a votantes que están a la izquierda de Kast y a la derecha de Boric. Será, por lo tanto, una competencia por buscar la moderación, por abandonar retóricas que exaltan a la base, pero asustan al resto de los ciudadanos… tendrán que recortar aspectos que asustan a las clases medias. También, cambios que puedan dejar nocaut a la economía luego de la recesión que nos espera la segunda mitad de 022. Todo esto con Jadue y el PC, autodesignados comisarios del programa»

Carta junto a Ricardo Lagas Weber a El Mercurio, 3 abril 2020: «proponemos una postergación de cuotas de créditos automática y generalizada, por dos meses y de inmediato»

Rodrigo Valdés, entrevista, 28 noviembre 2021: «Aún no puedo decir que votaré por Boric a cualquier evento»
«Tiene muchas ideas que… en conjunto e interactuando entre ellas, son un nocaut para la economía» dice no ver «ni en Kast ni en Boric una capacidad de construir, de manera durable, reformas y cambios.
El problema es que los protagonistas requieren capacidades que, hasta ahora, no han mostrado ¿Quiénes son los Boeninger y Foxley de hoy? … el camino de menor resistencia va a ser gastar y, por lo tanto, creo que las cuentas fiscales serán uno de los grandes perdedores de este resultado.
Me considero de centro izquierda y liberal… es una sensación rara, después de años de una denostación brutal al sector que logró construir el Chile que tenemos y del cual yo estoy orgulloso.
… lo que de verdad pesa son las definiciones de fondo. Por ejemplo, ¿se van a revisar los TLC no? ¿Van a ajustar los gastos a algo creible y sostenible ¿Cómo será la reforma de pensiones?
El principal riesgo que veo es la interacción del próximo gobierno con la Convenció Constituyente y que haya una aprobación o rechazo del plebiscito de salida por un muy bajo margen y el país siga fracturado.
– quiero ser optimista, pero puchas que está difícil serlo.
Hemos llegado bien lejos, cómo la vamos a embarrar tanto ahora. Espero que prime la sensatez. Ojalá la Convención acuerde cambios en el sistema político de manera que se puedan conformar mayorías fuertes. Ell próximo gobierno tiene la oportunidad de alcanzar pactando, pero los políticos a cargo est´na mucho menos acostumbrados a eso que los viejos políticos. El amarillismo se critica mucho, pero lo que vamos a necesitar son muchos actos amarillos»

«Solo nos queda el ministro Valdés, que ha mostrado rigor, racionalidad y fuerza para controlar daños en la agenda de Michelle Bachelet» Carlos Portales E. «¿Qué hacemos con la Presidenta?» El Mercurio, 19 diciembre 2015

Así deben sentirse muchos votantes respecto del plebiscito del 4 de septiembre. Pese a que el 78% votó que quería una nueva Constitución, distintas encuestas ubican al Apruebo a corta distancia y por debajo del Rechazo, y reportan muchos indecisos. Como ni la propuesta de nueva Constitución ni la actual son satisfactorias, es cada vez más evidente que, sea cual sea el resultado, habrá que reformar para (re) construir un mejor texto que represente a una mayoría más sustancial del país.

Entonces, la pregunta clave es: ¿qué camino tiene más chances de ser efectivo para construir mayor consenso, aprobar para reformar o rechazar para reformar?

La respuesta depende de reformas que se decidirán después del plebiscito, pero que hoy nadie puede asegurarnos de que se llevarán a cabo (en jerga económica, son temporalmente inconsistentes; en jerga popular, son promesas que se lleva el viento). La fuerza política que logre mayor credibilidad en sus promesas podría inclinar la balanza.

Apruebo para reformar

La posibilidad de hacerle cambios al texto aprobado después del plebiscito debe sortear varios obstáculos. En los temas más relevantes tiene que reunir 2/3 de cada Cámara, o bien lograr 4/7 y aprobar un referéndum. Esta segunda alternativa no existe en el texto actual.

Considerando que Apruebo Dignidad (AD) tiene 24% en la Cámara Baja y 12% en el Senado, bastaría un acuerdo entre el llamado Socialismo Democrático y el resto de las fuerzas políticas (sin AD) para impulsar cambios. De ahí la importancia de las propuestas de mejora que planteó el PPD (NB: milité en el PPD). Aunque las propuestas sean insuficientes, son el potencial inicio de un puente. Adicionalmente, creo que se debe permitir la comercialización de las nuevas autorizaciones de uso de agua, poner bordes a la huelga y precisar elementos de la descentralización.

Sin embargo, hay otros escollos. Hacer estos u otros cambios sin AD generará una tensión extrema entre las dos coaliciones que sustentan al gobierno. Y no es claro que todos estén dispuestos a bancársela (la reacción del PS a la propuesta del PPD es sugerente). En otras palabras, es probable que AD siga sosteniendo el mango de la sartén.

En segundo lugar, la NC establece que “los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten” (art. 191, inc. 2do, versión armonizada). Si bien el artículo es parte del capítulo de Estado Regional, dado que no se precisa qué “asuntos” pueden llegar a “afectarles”, el consentimiento podría transformarse en un infranqueable candado a eventuales cambios. Harían bien los convencionales en clarificar su alcance.

Por último, el inaceptable chantaje detrás del argumento de que si gana el Rechazo se incrementará el conflicto, también se podrá aplicar a cualquier cambio que se le intente hacer a la magnum opus que un sector de la Convención cree haber escrito.

Rechazo para reformar

La derecha, por su parte, ha sido incapaz de señalar con claridad cuál es el camino que ofrece. Hace algunas semanas, tres presidentes de partidos de derecha, en una carta, intentaron endosarle al Gobierno la responsabilidad de construir aquel camino y recibieron un predecible portazo. Aparte de sendos acuerdos por el Rechazo y de promesas que hay que reformar, no hay más.

La pregunta es simple: ¿cómo puede la derecha hacer creíble que si gana el Rechazo no usará, una vez más, su poder de veto para evitar cambios?

La respuesta es complicada. En principio, el proyecto de los senadores Rincón, Walker y otros, que propone disminuir a 4/7 los quorums de reforma de la Constitución actual, facilitaría eventuales cambios (e incluso, la posibilidad para llamar a una nueva Convención). La derecha dijo apoyarlo, pero no ha pasado nada. Y, más importante, no es suficiente.

La primera razón es que los partidos EVO, RN, UDI y Republicano tienen 25 de los 50 votos del Senado. Eso significa que, aun si se rebajara el quorum a 4/7, la posibilidad de veto seguiría en las mismas manos en las que estaba antes del acuerdo de noviembre de 2019 (mientras las leyes orgánicas constitucionales seguirían con sus mismos cerrojos).

La segunda razón está relacionada a la anterior. Dado ese poder de veto, un camino creíble de reformas requiere de un listado y descripción precisa de los cambios que se estaría dispuesto a apoyar.

También necesitan de algún mecanismo con el que puedan asegurar que esa promesa se cumplirá. Aunque no es claro que dicho mecanismo exista, deben demostrar que quemarán sus naves.

Por último, está la historia. Haber criticado prácticamente cada uno de los cambios de la nueva Constitución les dificulta la tarea de aparecer como reformadores. Tal vez, podrían comenzar con lo que Marisol Peña propuso hace una semana en este diario, y adherir a la definición de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho.

Imagino que a muchos dudosos les encantaría tener una posición sin ambages respecto del plebiscito, como aquellos que lo tienen todo tan claro. Pero dudan de ambas constituciones y podrían decidir sus votos a partir de las reformas que, en las próximas semanas, se sugieran para uno y otro texto. Apoyarán la posición que sea capaz de proponer un mapa creíble del camino que recorreremos después del 4 de septiembre. (El Mercurio)

Rodrigo Valdés

La inflación de abril llegó a 10,5% anual y probablemente se ubique cerca del 12% en un par de meses. La última vez que vivimos con estos niveles de inflación fue hace casi 30 años. No es sorpresivo entonces que, junto con la delincuencia, sea el aumento de los precios uno de los temas de mayor preocupación de las personas.

Surgen varias preguntas frente a esta compleja situación; aquí analizaremos cuatro.

¿Se origina por condiciones internacionales o situaciones locales?

Por ambas. Por un lado, la economía chilena está pasando por un notorio e insostenible desequilibrio, con un exceso de demanda que produce aumentos en los precios. Los IFE y los retiros del año pasado aceleraron el consumo significativamente y presionaron la capacidad productiva. A esto se le suma una excepcional debilidad del peso, reflejo de nuestros problemas de desconfianza.

En su último reporte sobre la economía mundial, el FMI incluyó un gráfico que exhibía la clara relación existente entre el crecimiento de la demanda y el aumento de la inflación de un gran número de países. El nuestro, gracias a sus excesos, sobresalía.

Por otro lado, ha habido fuertes shocks internacionales. El sobrecalentamiento de Estados Unidos y la invasión de Ucrania son dos ejemplos. Eso explica que haya una mayor inflación en muchos países. Eso sí, en pocos se ve el aumento de la inflación subyacente que ha tenido Chile. Ello es, evidentemente, un reflejo del exceso de demanda, que no solo es en sí mismo inflacionario, sino que, además, propaga los shocks externos hacia otros precios.

Sin embargo, pese a lo que se suele pensar, no importa tanto si el origen del shock es internacional o nacional. Lo relevante es si acaso refleja un exceso de demanda (habitualmente coherente con una acción de política monetaria más intensa) o un problema de oferta, como el aumento del precio de los alimentos. En todo caso, aunque el shock inflacionario fuera 100% externo, el Banco Central (BCCh) no podría quedarse de brazos cruzados.

¿Qué riesgos se corren?

Chile ha logrado construir una economía en la que los shocks inflacionarios persisten menos que en el pasado y en la que los agentes económicos confían en que la inflación será de 3% en el mediano plazo. Es precisamente eso lo que se arriesga: que empresas y personas comiencen a usar con más intensidad mecanismos para protegerse de la inflación, como un mayor uso de la UF, reajustes más seguidos de todo tipo de precios, incluyendo salarios, y que el tipo de cambio se mueva con la inflación. En jerga náutica, el ancla antiinflacionaria garrearía.

Si nos sentamos a esperar que la inflación retorne sola a 3%, nos arriesgamos a que la economía se acostumbre a tener una mayor inflación. Si eso sucede, los dilemas monetarios empeorarán y habrá que desplegar una política aún más agresiva, con mayores efectos colaterales en la actividad y el desempleo.

Una reacción de política monetaria oportuna es parecida a vacunarse a tiempo. Hay molestias en el corto plazo, pero los riesgos de no hacerlo son mucho mayores.

¿Están haciendo lo correcto las autoridades?

En lo grueso, sí. Se podría criticar la comunicación del Banco, que hizo pensar al mercado que el ajuste sería más gradual, para luego hacer justo lo contario. Pero no hay dudas de que el BCCh va adelante en el juego. El caso opuesto es el de la Fed que, por reaccionar tarde, se arriesga a producir una recesión el próximo año (por tener que ajustar más intensamente).

El compromiso del gobierno del Presidente Boric, con el ajuste fiscal y el despliegue de medidas focalizadas, basadas en un instrumento probado y conocido como la asignación familiar, también es una buena noticia. Si bien el significativo aumento del salario mínimo agrava la persistencia inflacionaria, es importante evaluarlo junto a los efectos del ingreso mínimo garantizado. En los hechos, los efectos en salarios y costos son menores a lo que se desprende del titular del reajuste.

En los próximos trimestres las autoridades tendrán que ser particularmente flexibles para evitar que la economía sufra una recesión más intensa y profunda de lo necesario. Ayudaría que el Gobierno hiciera frente hoy al deteriorado clima de negocios e impidiera que la inversión terminara hundiéndose.

¿Qué no hacer?

Lo primero es no perder la paciencia. La inflación tomará un tiempo en volver a la meta y hay costos imposibles de evitar.

Lo segundo es no creer en pócimas mágicas. Fijar precios para disminuir el costo de la vida, otorgar nuevos IFEs para ayudar a la clase media, imponer controles de capital para disminuir el precio del dólar o disminuir la tasa de interés para que haya más inversión y producción, son algunas de las brujerías que estarán a la orden del día.

Hechiceros de la macroeconomía, ¿dónde han funcionado esas recetas? El aumento de la inflación en Turquía, de 15 a 70% en un año, da cuenta de lo que se pone en juego cuando olvidamos lo que sabemos, ignoramos las evidencias y confiamos en soluciones mágicas. (El Mercurio)

Rodrigo Valdés

En política, el peso relativo de cada argumento es subjetivo. Personas que estimo y admiro concluyen lo opuesto a mí con, prácticamente, la misma información. A diferencia de ellos, considero que es mejor para Chile rechazar la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre.

Contenidos problemáticos Es evidente que la propuesta tiene elementos valiosos; sin embargo, también hay temas de alta complejidad que no serán fáciles de reparar y que dificultarán nuestro desarrollo.

Entre lo positivo está convertir a Chile en un Estado social, democrático y de derecho (aunque me parece, que en las dos últimas ya lo es) y otorgar reconocimiento y derechos a distintos grupos que hemos postergado por demasiado tiempo. Son paradigmas ya cristalizados y que, con seguridad, estarán en la próxima Constitución que organice nuestra convivencia.

Los problemas, no obstante, también son varios. Algunos ya fueron identificados en el acuerdo de reforma de los partidos del oficialismo. Por ejemplo, la importancia de restablecer la iniciativa exclusiva del Presidente, eliminar la reelección presidencial inmediata y precisar el rol del consentimiento indígena. Son cambios que reducen la probabilidad de que extraviemos el rumbo.

Pero hay otros problemas que serán muy difíciles de cambiar y que, en mi opinión, producirán grandes inconvenientes. Por ejemplo, más allá de su composición, el Consejo de Justicia concentra un poder excesivo y arriesga politizar el sistema. Más allá del tema del endeudamiento local, el modelo de descentralización deja muchos cabos sueltos. La imposibilidad de comercializar las autorizaciones de uso de agua generará un grave costo de eficiencia. Y que la ley no pueda restringir la huelga (excepto en casos excepcionalísimos) abrirá una caja de Pandora.

Por otro lado, hay asuntos que, aunque puedan ser del agrado de unos, no deberían ser parte de la Constitución. Parecen, más bien, amarres ideológicos (como los muchos que dejó la dictadura). Como un péndulo, pasaremos de un régimen en que la titularidad sindical es inconstitucional a uno en que es inconstitucional no tenerla. Lo mismo con el 7% de las cotizaciones de salud y un fondo común. La manera en que la nueva Constitución trata estos asuntos trasluce desconfianza en la capacidad de la democracia para encontrar las mejores políticas públicas.

Ausencia crítica

El mayor problema de la propuesta constitucional quizás sea aquello que no logró plasmar: el sistema político será tanto o más disfuncional que el actual.

Las causas de este error, me parece, son tres: escasa reflexión previa; cierto desprecio por el rol de los partidos y la política tradicional; y un diagnóstico incompleto, o derechamente incorrecto, sobre el “exceso de presidencialismo”.

Si el poder del Presidente fuera tan grande, como se sostiene, habríamos visto a los últimos gobiernos implementando sendos programas. Pero pasó lo contrario: fricción e inacción. El problema, más bien, parece ser la fragmentación, la abundancia de partidos y las dificultades para formar mayorías sólidas. La propuesta constitucional no ofrece nada para solucionar esto. Y el acuerdo de reformas solo se compromete a “analizar” el sistema político para “lograr un mejor equilibrio”.

Incluso si se lograran acuerdos significativos para fortalecer el sistema político, las dificultades de llevarlos a la práctica son enormes, pues se necesitará del voto de los incumbentes. ¿Qué incentivo podría tener un parlamentario para modificar el sistema bajo el cual fue electo pudiendo reducir sus chances? ¿O múltiples partidos en firmar reglas que llevarían a su desaparición? La oportunidad real de hacer cambios al sistema político la tiene un grupo externo al sistema, es decir, una Convención. Lamentablemente, esta no la aprovechó.

Aprender y mejorar

En octubre de 2015, en un encuentro anual de un gremio empresarial, señalé, con convicción, que “si una nueva Constitución deja a la centroderecha, al empresariado, u otro grupo amplio con un sabor como el que la centroizquierda ha sentido bajo la Constitución actual, habremos fracasado”. Lamentablemente, a pesar de los valiosos esfuerzos de algunos, eso es lo que ha sucedido.

Así, la última razón que tengo para rechazar la nueva Constitución no guarda relación con la idea de reformar la actual, sino con la convicción de que Chile necesita una nueva Constitución y de que somos capaces de elaborar una que pueda ser aprobada ampliamente en un plebiscito de salida.

Necesitamos una nueva Convención, paritaria, quizás menos numerosa, con representación indígena, elegida popularmente con reglas que faciliten acuerdos; y que trabaje alrededor de seis meses, sobre una nueva hoja en blanco y con dos tercios de quorum de aprobación. Un sistema de listas nacionales bloqueadas y cerradas podría dar cabida a más expertos y ofrecer más transparencia respecto de qué ideas hay detrás de cada plataforma.

También necesitamos que la derecha no se parapete a partir del 5 de septiembre. Espero no pecar de ingenuo al confiar en que colaborarán para que tengamos una nueva Convención.

En economía se enseña que una opción tiene un valor intrínseco que se pierde una vez que se decide no usarla. Si se aprueba la propuesta constitucional perdemos la opción de escribir una que sea la piedra angular de un nuevo y amplio pacto social. (El Mercurio)

Rodrigo Valdés