Europa ha sido campo de batalla por siglos. La Segunda Guerra Mundial fue especialmente dramática: Holocausto, bombardeo de ciudades y entre 50 y 70 millones de muertos. Me tocó vivir siete años en Alemania entre 1999 y 2006, y pude presenciar como franceses, italianos y otros europeos aún resentían a los alemanes. Sin embargo, los líderes políticos europeos comprendieron después de la guerra que la única forma de asegurar la paz en el continente era a través de la unión.

El proyecto de la Unión Europea se comenzó a formar a fines de la Segunda Guerra Mundial y tiene su primer hito en 1949, solo cuatro años después del fin del conflicto, con la creación del Consejo de Europa. El estatuto declara la consolidación de la paz, justicia, cooperación internacional, valor espiritual, valor moral, libertad individual, libertad política, democracia, progreso social y económico.

En 1950 el ministro francés Robert Schuman presenta un plan que busca estrechar aún más la cooperación entre los países, proponiendo integrar las industrias del carbón y el acero. En 1957 se firman dos nuevos tratados que integran otros sectores económicos. Así surgen la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Ello dio pie para la UE conformada hoy por 27 Estados, asegurando la paz al interior de la comunidad.

¡Qué diferencia con Chile! Han pasado casi 50 años del Golpe Militar y más de 30 años del retorno a la democracia, pero gran parte de nuestros líderes políticos sigue preso del pasado, sin capacidad de mirar al futuro. Un fiel reflejo de ello es la carta de Jorge Arrate al ex Presidente Lagos, quien desde el pedestal de la autoridad moral considera que el exmandatario abandonó la lucha “por un mundo más justo y humano” y califica de aberrantes sus argumentos sobre la nueva Constitución.

Para un simple espectador, aberrante es la virulencia de la carta, que refleja el desprecio y odio que sienten algunos por quienes no piensan igual. En otro tono, Sergio Bitar, un hombre extraordinario, también queda preso de la trinchera. Cualquier lector común queda aún más preocupado por la nueva Constitución a partir de las aprensiones de Bitar. Aún así él prefiere aprobar una mala Constitución antes que negociar con la derecha.

¿Será la última pugna entre derecha e izquierda lo que se juega el próximo 4 de septiembre, como nos hace creer cierta izquierda? ¿Estamos eligiendo entre dictadura y democracia? Definitivamente no. Lo que está en juego con la nueva Constitución no es Pinochet, la democracia ni el ideario de izquierda, sino las reglas más básicas de la vida en comunidad, que tienen relación con los derechos y deberes de las personas, la creación del Estado, sus atribuciones, deberes y límites, y las reglas para el gobierno.

¿Qué dicen las encuestas? Todas son consistentes en mostrar que a una mayoría abrumadora no le gusta la propuesta. Según la última encuesta Cadem, al 86% de los consultados no les gusta y están por rechazar o aprobar con reformas. En nuestro país solemos normalizar lo anormal, pero ¿no habla mal de la Convención y su propuesta constitucional que la mayoría de quienes están por el Apruebo estén por reformarla inmediatamente después del plebiscito y de forma sustantiva?

Una Constitución que divide a los chilenos no puede ser buena para el país, de ahí el rotundo fracaso de la Convención. Es imposible pensar que de ganar el Rechazo seguiremos con la actual Constitución, pues cerca del 80% votó por una nueva. En estos minutos críticos, Chile necesita líderes con agallas, capaces de mirar hacia el futuro pensando en la unidad. Ahí están el ex Presidente Lagos y Ximena Rincón, entre otros, que han sabido desprenderse de los fantasmas del pasado para ofrecer una oportunidad que permita la unidad. (La Tercera)

Sylvia Eyzaguirre

Solo el 12% de los mapuches considera que Chile debe ser un Estado plurinacional donde conviven los diferentes pueblos y naciones, según la última encuesta CEP (agosto 2022). La gran mayoría de ellos se inclina por un único Estado nación (48%), donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones, o un Estado multicultural (30%), donde conviven las diferentes culturas. Esto no debiera sorprendernos, pues solo el 17% de los entrevistados mapuches se siente exclusivamente mapuche, es decir, no chileno. A partir de la encuesta, la definición del Estado como plurinacional no parece responder a sus demandas, sino más bien a caprichos intelectuales personales de los convencionales. No es de extrañarse, entonces, que solo el 17% de los mapuches encuestados tiene confianza en los convencionales con escaños reservados, mientras que más del 50% confía en el longko, presidente, machi o werkén de su comunidad.

La nueva Constitución debiera ser un pacto social que concite unidad nacional y permita establecer una nueva forma de trato entre el Estado y los pueblos originarios, que responda a sus expectativas. Sin embargo, no parece avanzar en esa dirección. Por el contrario, la forma de abordar la cuestión indígena se ha vuelto una de las principales razones para votar Rechazo y tampoco parece concitar adhesión de la población mapuche. Ante la pregunta por las principales medidas para lograr la paz social en la zona, las dos alternativas más votadas son el diálogo entre todos los grupos en conflicto y la mayor presencia de carabineros. Bastante más abajo aparece mencionado el Estado multicultural y casi en el último lugar, con el 3% de las menciones, el Estado plurinacional.

En línea con lo anterior y la baja adhesión a la plurinacionalidad, los sistemas de justicia indígena y la representación política especial tampoco aparecen como demandas generalizadas. Por ejemplo, cuando se les pregunta cómo creen que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche, las alternativas con mayor número de menciones son la restitución de tierras, el reconocimiento constitucional y un mejor acceso a educación de calidad. De hecho, la representación política especial es la alternativa con menor cantidad de menciones (3%). Asimismo, frente a la pregunta por las medidas más importantes para que Chile sea un Estado plurinacional, mencionan, primero, el derecho a su patrimonio cultural; segundo, el derecho sobre los recursos naturales en sus territorios; y, tercero, que las lenguas indígenas sean lenguas oficiales. Las alternativas con menos menciones son los escaños reservados (10% de las menciones) y un sistema de justicia propio (5%).

La falta de sintonía de los convencionales con la ciudadanía e incluso con los propios pueblos originarios no debiera sorprendernos. Ninguna de las iniciativas populares fue considerada en el texto constitucional y la consulta indígena de la propia propuesta fue un rotundo fracaso (7.549 personas), no cumpliendo con el estándar que la propia Constitución establece (participación efectiva, procedimientos apropiados, informados y de buena fe, artículo 66). Ello deja ver la soberbia con la que asumieron su rol de representantes.

El acuerdo alcanzado este jueves entre los partidos políticos oficialistas sobre las materias a reformar o acotar de la propuesta constitucional busca responder a estas aprensiones. De hecho, uno de los cinco puntos mencionados es la plurinacionalidad. Sin embargo, las propuestas son meramente cosméticas. Las relativas a plurinacionalidad solo se llevarían a cabo a nivel de la ley y la plurinacionalidad como forma central del Estado permanece como eje articulador central. Tampoco hay garantías de que estas puedan llevarse a cabo, así lo reconoció el propio presidente del Partido Comunista, y se ha tildado el acuerdo de antidemocrático por parte de los exconvencionales y también el alcalde Jadue. Como dijo el escritor Saavedra Fajardo, la soberbia derribó más reinos que la espada y parece que ahora no será la excepción.

Ante la amenaza mortal de un virus desconocido, el miedo hace de lo suyo y surge ese buenismo que de alguna forma todos llevamos dentro.

La pandemia nos ofrece una oportunidad para enmendar el rumbo. Nada volverá a ser lo mismo; hemos aprendido como sociedad la lección. Esta es una oportunidad para ser mejores personas, para entender que la vida en comunidad se trata de la colaboración y la solidaridad, y no de la competencia y el individualismo». Estas son algunas de las reflexiones de intelectuales y académicos recabadas durante la pandemia. Ante la amenaza mortal de un virus desconocido, el miedo hace de lo suyo y surge ese buenismo que de alguna forma todos llevamos dentro. Lástima que la naturaleza humana una vez se impone para enrostrarnos lo poco que nos conocemos.

Este viernes (2 de octubre) nos enteramos de la masiva estafa que sufrió el Estado respecto del Bono de Clase Media. Ante la recesión económica producto de las medidas sanitarias para combatir la pandemia, que se reflejaba dramáticamente en un aumento exponencial de los cesantes y en una fuerte caída de los salarios, el gobierno salió en auxilio con distintos instrumentos. Uno de ellos fue el Bono de Clase Media, pensado para trabajadores dependientes con ingresos entre 400 mil y dos millones de pesos mensuales, que habían sufrido una disminución significativa (30% o más) en sus ingresos, y que benefició a más de 1,6 millones de trabajadores. Como el tiempo apremiaba y la bondad cundía, la entrega del bono se hizo basada en un acto de confianza: los postulantes al beneficio solo debían declarar bajo juramento la disminución de sus ingresos y después con datos en mano el Sistema de Impuestos Internos (SII) fiscalizaría la veracidad de los juramentos. El resultado de la fiscalización del SII arrojó que más de 400 mil trabajadores habrían mentido, declarando un ingreso menor al real, y de estos, más de 37 mil son funcionaros públicos. Es decir, el 25% de los beneficiarios de este bono le robó al Estado en el momento más crítico que nos ha tocado vivir durante este siglo. Los recursos fiscales involucrados son del orden de 250 millones de dólares; recursos que podrían haberse destinado a salvar vidas, a proteger mejor a los más necesitados.

¿Por qué es tan grave este robo en especial? En primer lugar, porque cuando se le roba al Estado se le está robando a todos los habitantes que contribuyen a las arcas fiscales. Estos beneficiarios le robaron a sus familias, a sus amigos, al taxista, al que barre la calle, a todos los que pagan IVA. En segundo lugar, porque le roban a los más necesitados, que deberían ser los mayores beneficiados por las políticas públicas. En tercer lugar, porque ante la desgracia de cientos de miles de familias que lo están pasando muy mal, estas personas representan un grupo privilegiado que ha logrado mantener su trabajo y sus remuneraciones no se han visto tan afectadas. En cuarto lugar, porque son personas que tienen en promedio ingresos que están por sobre la media nacional y, por ende, deberían tener mayor responsabilidad social. En quinto lugar, porque roban en un momento crítico para el país, cuando los ingresos fiscales se han visto tremendamente disminuidos y el número de personas a auxiliar ha aumentado drásticamente. Pero lo más indignante de todo es que casi 40 mil funcionarios públicos hayan robado. Eso es inaceptable. Así como el estándar ético que se le exige a un parlamentario, ministro, juez o Presidente es distinto al del resto de los funcionarios públicos, también el estándar ético que se espera de los funcionarios públicos es distinto al del resto de los trabajadores en el sector privado, pues sus actos dañan la fe pública, socavando aún más la confianza en las instituciones del Estado.

La pillería es transversal y el oportunismo egoísta una vez más nos muestra la fragilidad de nuestra naturaleza humana, que ni siquiera la pandemia logró cambiar.

Gravísimo, gravísimo!” fueron las palabras de la ministra del Interior, Izkia Siches, en el Congreso a la hora de calificar la actuación del gobierno de Piñera respecto de un acontecimiento puntual que nunca tuvo lugar. Igualmente grave resultan las declaraciones de la ministra sobre el diario La Segunda y los medios de comunicación en general, cuestionando sin evidencia el compromiso de estos con la verdad. Pero más grave que la chambonada de la ministra es la pequeñez a la hora de asumir sus responsabilidades. Delegar la responsabilidad de su actuación en Carmen Gloria Daneri, una funcionaria de carrera del Servicio Nacional de Migraciones, con una trayectoria impecable y desempeño notable, reconocido por todas las autoridades, independiente del signo político, es sencillamente miserable.

Más allá de la mezquindad y las reiteradas metidas de pata, lo gravísimo es lo que delata el actuar de la ministra: no entender qué significa ser ministro de Estado. Su fallida visita a La Araucanía, su polémica referencia al Wallmapu, su ofensa al Poder Judicial al suponer discriminación de los jueces en función del color de la piel de las personas, sus declaraciones falsas sobre el gobierno anterior, no son simplemente una seguidilla de errores no forzados, sino que delatan absoluta improvisación, falta de preparación y conocimiento. Más importante aún, ausencia de rigor y prudencia, que son clave para ejercer el cargo que ostenta.

El origen de estos “errores” no es la falta de experiencia de la ministra -de ser así, podría enmendarse-, sino su frivolidad, que consiste en creer que basta el encanto natural o las cualidades innatas de líder para ejercer el cargo más complejo del gabinete. En pocas palabras, el problema es la ministra y no su edad, ni profesión ni inexperiencia.

En un escenario económico y político complejo, como el que está enfrentando el país, no hay mucho espacio para resistir tantos errores. Un cambio de gabinete más temprano que tarde es inevitable, pero también deseable. Si bien un cambio a tan pronto andar puede conllevar un costo político, el costo de mantener al gabinete intacto está siendo aún mayor. Además, un cambio de gabinete le ofrece al Presidente Boric la oportunidad de hacer ajustes necesarios y oportunos, que permitan ordenar su gobierno y fortalecer la seguridad pública y la relación con el Congreso.

El quinto retiro se avizora como la primera prueba de fuego que deberá enfrentar el gobierno. De ser aprobado, la situación económica del país empeorará aún más y el liderazgo del Presidente se verá muy debilitado. Ello deja al gobierno en una situación muy desmejorada para enfrentar la campaña del Apruebo a la nueva Constitución y el plebiscito de septiembre, que injusto o no será un referéndum para el propio gobierno. En este escenario, resulta indispensable repensar quién debería llevar la relación con el Congreso, dado que el actual ministro Giorgio Jackson no es muy querido por los parlamentarios, especialmente por los de su propia coalición.

Las dificultades ofrecen oportunidades. La agilidad en la toma de decisiones depende en gran parte de si prima el pragmatismo o el sentimentalismo. Pronto lo sabremos. (La Tercera)

Sylvia Eyzaguirre

Se ha vuelto un lugar común en la campaña del Apruebo decir que la campaña del Rechazo se basa en fake news, es decir, en mentirle a la gente. Se argumenta, que el éxito del Rechazo solo sería posible gracias a esta campaña de desinformación. El propio ex convencional Fernando Atria así lo sugirió el 24 de agosto en el programa “Tú Decides” de Canal 13: “El acuerdo tiene varias partes (…) primero tiene un conjunto de aclaraciones que no cambia la Constitución solo aclara cuestiones. Y ¿por qué las aclara? (…) No era necesario por un defecto del texto, era necesario porque estamos enfrentados a la misma campaña que ya hemos visto ocurrir en el Reino Unido cuando fue el Brexit, en Estados unidos cuando fue la elección de Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Colombia para el plebiscito de paz, y es una campaña de desinformación y de tergiversación del contenido de la Constitución que, como en esas elecciones que he mencionado, puede tener efectos electorales”. ¿Me pregunto si para Atria las críticas a la propuesta constitucional de economistas de centroizquierda como Rodrigo Valdés, Óscar Landerretche y Manuel Marfán también son parte de la campaña del terror? Se podría argumentar que al carecer de conocimientos constitucionales erran en sus apreciaciones. Pero ¿qué pasa entonces con las críticas de abogados como Antonio Bascuñán, Jorge Correa Sutil y Felipe Harboe? ¿También son parte de la campaña de tergiversación? ¿Y qué pasa con las críticas de Ricardo Lagos o con las profundas críticas de quienes votan Apruebo como Sergio Bitar o José Miguel Insulza?

Si le ponemos coto a nuestro ego y paños fríos a las pasiones veremos que tergiversaciones hay de lado y lado. Sin embargo, más allá de algunas mentiras por aquí y por allá, la verdad es que no se requieren fake news para votar Rechazo o Apruebo; ambas alternativas son legítimas (aunque le pese a Atria) y existen muy buenas razones para votar por ambas. Ahora bien, lo que muestran las encuestas es que a la gran mayoría de los chilenos no les gusta la propuesta constitucional y eso es una realidad que deben hacerse cargo con más humildad los convencionales. De hecho, distintas encuestas coinciden en que solo el 11% estaría por aprobar sin reformar; la gran mayoría de quienes votarían Apruebo les gustaría que se reformara la actual propuesta. Esto no es producto de una campaña exitosísima de la ultra derecha, como nos quiere hacer creer Atria y compañía, sino gracias a los propios convencionales. Ellos y no otros han sido la mejor campaña para el Rechazo, así lo muestran las encuestas. Basta recordar lo que sucedió el día de la inauguración de la Convención, cuando los propios convencionales dejaron llorando al coro de niños que intentaba cantar el himno nacional, o el convencional votando desde la ducha, la enfermedad trucha de Rojas Vade o las destempladas declaraciones de Stingo, entre tantos otros acontecimientos bochornosos. En segundo lugar, otro aspecto con alto rechazo ciudadano es la definición del Estado de Chile como plurinacional, definición que por cierto Atria defiende. No hay que ser de derecha para estar en contra del Estado plurinacional; de hecho, la encuesta CEP muestra que la mayoría de los mapuche tampoco está de acuerdo con esta definición de Estado.

Debe ser muy frustrante para Atria ver cómo el Rechazo se impone en regiones, en los sectores rurales, en los sectores más pobres y finalmente en la mayoría de la ciudadanía, cuando él sabe que “esta es la Constitución que Chile necesita”. Pero más frustrante es para los chilenos que votamos Apruebo saber que la Convención se farreó la oportunidad de construir una Constitución que fuera de verdad la casa de todos, que llamara a la unidad y no a la división, lo que ya es un hecho. Patético e indignante resulta ver cómo los mismos que se pegaron la farra ahora con arrogancia le echan la culpa a las famosas fake news en vez de asumir sus responsabilidades. (La Tercera)

Sylvia Eyzaguirre

El triunfo del Rechazo es transversal y demoledor. Transversal porque ganó en todas las regiones del país y en todas las comunas con excepción de 8, en todos los niveles socioeconómicos, en los distintos grupos etarios y en las comunas con un padrón electoral mayoritariamente indígena. Demoledor por la altísima votación -sobre el 60% y con más de 7 millones de votos-, y por la enorme distancia con el Apruebo -24 puntos porcentuales-. Este triunfo viene a ratificar lo que muchos pensamos: el texto constitucional no unió a la ciudadanía, tenía enormes problemas de diseño, además de ser excesivamente partisano, excluyendo a la mayoría de los chilenos. Este resultado ratifica la desconexión de los convencionales de izquierda con el pueblo de Chile, pues la mayor parte de la gente en Chile es sensata y no está por lo extremos.

Qué fácil resulta caer en la trampa del autoconvencimiento, cuando los resultados coinciden con el propio punto de vista. Es precisamente lo que les ocurrió a quienes interpretaron el estallido social en clave anticapitalista, validando sus tesis sin siquiera ponerlas a prueba. Como Popper nos enseña, no basta que las hipótesis sean plausibles, es importante para su robustez intentar falsearlas. En esta línea, es imposible no preguntarse qué hubiera pasado si en vez de Boric estuviera gobernando José Antonio Kast. Política ficción, es verdad. Pero no parece absurdo pensar, que en ese escenario el Apruebo hubiera arrasado o, al menos, permite dudar del triunfo del Rechazo.

A la hora de las interpretaciones electorales es importante no olvidar el contexto. En estos seis meses de gobierno hemos visto improvisación, mala gestión, recrudecimiento de la violencia, alta inflación y malas señales económicas para el presente y futuro. A lo que más se parecen los resultados de la elección es al nivel de apoyo y rechazo que tiene el gobierno. La pérdida de apoyo que ha sufrido el Presidente es brutal. Para que se hagan una idea, en la comuna de Punta Arenas, donde el Presidente Boric obtuvo el 61,35% con 38.851 votos, el Apruebo no solo obtuvo 20 puntos porcentuales menos, sino que perdió en todas las mesas de la comuna con excepción de una. En parte, este resultado es también un referéndum al gobierno.

Pero nuevamente, no conviene sacar cuentas alegres. La oposición haría mal en engolosinarse con este rechazo al gobierno, porque es posible -y es la tesis que sostengo- que este rechazo sea a la política, a la democracia representativa, y eso le pega a todos los partidos políticos, oficialistas y de oposición. Hay que hacer un nuevo esfuerzo por entender el estallido social, el resultado en las elecciones de convencionales, la polarización Boric-Kast, el triunfo de Boric y el rotundo rechazo a la propuesta convencional de forma integral, como manifestaciones aparentemente contradictorias de un mismo malestar. Si esta tesis es correcta, entonces lo que aquí está en juego es la democracia y con ello el oficio de los políticos, quienes de forma miope han malentendido sus victorias provisionales como propias sin entender que solo se deben al rechazo de la alternativa contraria. Esta miopía los ha llevado a ser mezquinos con el oficialismo de turno, agudizando aún más el problema de fondo: la grave crisis política que sufre Chile, que nos ha llevado a un punto de ingobernabilidad.

Estamos ante el desafío más importante de los últimos 40 años, recuperar la gobernabilidad de Chile. El triunfo del Rechazo nos ofrece un escenario inmejorable para redactar una nueva Constitución. El cansancio de la gente, la desilusión y las bajas expectativas le quita presión al nuevo proceso y puede permitir pensar el diseño del Estado de forma racional y menos apasionada. Dejar pasar esta oportunidad sería un error histórico. (La Tercera)

Sylvia Eyzaguirre

El acuerdo por la nueva Constitución se ha dilatado a un punto que su materialización se encuentra en peligro. Las voces disonantes han ido cobrando fuerza y hoy tienen a la derecha tensionada entre quienes entienden la importancia de llevarlo a cabo y quienes ven una oportunidad para dilatarlo. A su vez, en la izquierda no hay incentivos para avanzar en el proceso constituyente, toda vez que entienden que de haber una elección de convencionales ellos serán castigados por el mediocre desempeño del gobierno. Complejo escenario para la narrativa política de izquierda si se aprueba una Constitución que sea lo más neutral posible, pues perderían una de sus principales armas de campaña.

Es innegable que existe un agotamiento de la ciudadanía respecto del tema constitucional. Después de tres años del estallido social, un año de deliberación constitucional a través de la Convención, el rechazo del texto constitucional y seis meses del gobierno de Apruebo Dignidad, Chile se encuentra peor. La situación económica ha empeorado y los pronósticos para el próximo año son preocupantes, la percepción de inseguridad ha aumentado, probablemente por el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía, el incremento en la tasa de homicidios, la violencia en la comisión de delitos y la penetración del narcotráfico, y finalmente tampoco hemos visto avances en derechos sociales como salud, educación y vivienda, con excepción de la Pensión Garantizada Universal. En este contexto no es de extrañarse que las personas hayan perdido interés por el debate constitucional. Sin embargo, habría que ser ciego para no ver que, más allá de la coyuntura y las encuestas, Chile necesita cerrar bien este debate y con él la incertidumbre que este genera.

El escenario actual es el más propicio para llevar adelante el proceso constitucional. Dadas las bajas expectativas de la ciudadanía respecto de un nuevo proceso constitucional, el nuevo órgano constituyente tendrá menos presión para trabajar y debiera ser más prudente en sus decisiones atendiendo al reciente fracaso. Para ello se requieren líderes políticos con convicción, que no se dejen esclavizar por el people meter y la presión de sus bases, que hagan honor a la palabra empeñada en el último plebiscito y conduzcan un proceso constituyente responsable que permita al país contar con una mejor Constitución que entregue certidumbre, promueva el desarrollo, proteja los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, mejore el actual sistema político que dificulta la gobernabilidad de Chile.

Actualmente, la piedra de tope para avanzar en este acuerdo es la configuración del nuevo órgano constituyente. Los partidos, como es natural, velan por sus propios intereses con calculadora en mano para decidir el mecanismo de elección de los nuevos convencionales. Ante la incertidumbre de la configuración de poder del nuevo órgano, empieza a surgir la alternativa de que sea el Congreso quien asuma la tarea. Pero esta alternativa sería riesgosa de no plebiscitarse antes, dado el desprestigio del Congreso, y a la derecha le complica un plebiscito de entrada, pues difícilmente lograrán un éxito como el del Rechazo, éxito que por cierto no es de ellos. La legitimidad del órgano constituyente es tan relevante como la calidad del texto que propongan. Dada la dificultad de satisfacer múltiples criterios con un solo mecanismo, tal vez podría pensarse en un mecanismo mixto, que por una parte releve la representatividad dando acceso de representación a las minorías (por ejemplo a través de la elección de 50 convencionales a través de listas cerradas en un único distrito nacional) y por otra parte releve la representación regional y la gobernabilidad (por ejemplo a través de la elección de 50 convencionales a través del sistema de elección de los senadores). Más allá del mecanismo llegó la hora de pensar en el mediano y largo plazo y no en la encuesta del próximo mes. (La Tercera)

Sylvia Eyzaguirre