El modelo de desarrollo económico en Chile está enfrentando un proceso de cuestionamientos y las personas e instituciones no han hecho lo necesario por proteger los avances del libre mercado. Estas fueron los principales puntos expuestos hoy por el economista Sebastián Edwards.

En el marco de un seminario de Libertad y Desarrollo, el titular de la cátedra Henry Ford II de Economía Internacional en la Universidad de California (UCLA), advirtió que no se ha hecho lo suficiente por resguardar las políticas de libre mercado, principalmente en el nivel mediático.

«El modelo económico está bajo ataque (…) Los que deberían defenderlo han fallado», expuso.

Según el economista, dicho cuestionamiento al modelo se está produciendo pese a que las cifras económicas de las últimas décadas son favorables para Chile y le permiten ser «el único país exitoso de América Latina».

Por otra parte, Edwards volvió a criticar las reformas que impulsa el gobierno, específicamente la educativa y laboral y las calificó como «del siglo XX».

De ahí que, según su visión, el principal problema para la inversión son las reformas que se están discutiendo. «No va haber inversión cuantiosa (en Chile) hasta que se resuelva el problema político», apuntó.

Por último, en términos macroeconómicos, el académico hizo un negativo diagnóstico para el país, con un crecimiento bajo 2%, una inflación rebelde, tasas de interés al alza y una región deprimida.

egún el constitucionalista Frederick Schauer hay dos tipos de constituciones: las “constituciones de la esperanza” y las “constituciones del miedo”. Las primeras son optimistas. Sus arquitectos creen que el texto constitucional puede utilizarse para avanzar hacia la prosperidad y la igualdad, hacia estados superiores de bienestar. Todo lo que se necesita es una hoja de ruta y un sistema que establezca la organización política del estado. Estas constituciones solo funcionan cuando las “aspiraciones” son compartidas por la gran mayoría de la población; digamos, por más del 70%.

Las “constituciones del miedo”, de otro lado, están asociadas a Winston Churchill. El primer ministro británico temía que los gobiernos –aún los elegidos democráticamente– abusaran su poder. Para quienes piensan como Churchill, los textos constitucionales deben protegernos de estos (posibles) abusos, de las intromisiones inaceptables y de las imposiciones autoritarias que violan nuestra autonomía. Las constituciones, nos dicen, deben ser “protectoras”, deben establecer un catálogo de acciones que el estado no puede emprender, de políticas vedadas, ya que su implementación resultaría en una disminución de nuestras libertades personales.

La constitución chilena de 1980 es, esencialmente, una “constitución del miedo”. Pero para entenderla es necesario reconocer que no todos los miedos son iguales. Los miedos, como tantas cosas, están circunscritos a su momento histórico. La constitución chilena actual es, por ponerlo de alguna manera, hija de la Guerra Fría. Fue diseñada para proteger al país de lo que sus redactores consideraban la peor amenaza que se cernía sobre los ciudadanos: el comunismo.

Pero, obviamente, la chilena no es la única constitución protectora. La Bill of Rights de los Estados Unidos es quizás el mejor ejemplo de un catastro de derechos adoptados en un momento histórico específico, con un sentido protector. Son 10 preceptos que protegen a los ciudadanos de los miedos churchillianos, y de los abusos que experimentaron durante la época colonial. La Tercera Enmienda es, posiblemente, la que mejor lo ilustra: “Ningún soldado podrá… ser alojado en una casa sin el consentimiento de su propietario…”. Mirada a través de los cristales contemporáneos esta enmienda es absurda, casi risible. Nadie se imagina a un pelotón de marines, armados hasta los dientes, siendo acuartelados en una casa particular.

El proyecto constitucional rechazado el 4 de septiembre era, sin dudas, una constitución aspiracional. En el texto se plasmaron las aspiraciones de variopintos grupos de activistas, incluyendo los partidarios del “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, los protectores de los glaciales y de las mascotas, y los defensores de la plurinacionalidad. El problema, claro, es que el resultado fue un texto que escapaba del sentido común y que tensionaba nuestra historia como república. Las aspiraciones planteadas no eran las de la gran mayoría nacional. Lo que se rechazó fue un texto con una gran cantidad de aspiraciones identitarias promovidas por una élite educada bajo los cánones de la “teoría crítica”, tan de moda en tantas universidades.

Nuestro desafío en el nuevo proceso constituyente es lograr una síntesis entre lo aspiracional y lo protector. Es imperativo redactar una constitución “de sentido común”. Un texto que recoja nuestros anhelos sobre tolerancia e inclusividad, sobre igualdad y respeto, sobre libertad y autonomía, sobre descentralización y cuidado de la naturaleza, y que al mismo tiempo nos proteja de las experiencias traumatizantes del pasado. Una constitución que nos resguarde de la violencia, del autoritarismo, del abuso, de “el que no baila no pasa”, de la polarización fratricida, de las crisis económicas, de la inflación y del desempleo.

Ese es el desafío del nuevo proceso. Lograr la síntesis que nos permita vivir en armonía, con un propósito compartido entre todos.

¿Es difícil lograrlo? Sí.

¿Es imposible? No.

Para hacerlo hay que poner cabeza y buena voluntad, conversar hasta que duela, tener respeto y auscultar nuestra historia, analizar las experiencias de nuestra región y preguntarnos por qué Latinoamérica se ha ido quedando atrás. Si hacemos todo eso, saldremos adelante y lograremos entrar de lleno en la tan esquiva reconciliación nacional.

Hacerlo cuando se cumple medio siglo del golpe de estado sería especialmente simbólico. Nos permitiría legarles a nuestros hijos y nietos un país donde todos miramos en la misma dirección. El desafío concreto es que en el plebiscito de salida más de un 75% de ciudadanos aprueben el nuevo texto. Quizás suene ilusorio, pero si lo pensamos bien, no lo es. Después de todo, un 70% de los diputados y diputadas -109 de 155- aprobaron la reforma constitucional que lanzó el nuevo proceso.

Ximena Rincón y fallida propuesta de Edwards para Comisión de Expertos: “Nadie estuvo dispuesto a generar un espacio”
La presidenta del partido en formación Demócratas, se refirió a la conformación de la Comisión de Expertos en el nuevo proceso constituyente. En conversación en CNN Chile, confirmó que desde su colectividad propusieron al economista Sebastián Edwards, pero que “nadie estuvo dispuesto a generar un espacio». «Lo lamento porque tenemos en el Consejo de Expertos a una sola economista».

«El gobierno tiene que concretar medidas específicas para despegar: estamos a la espera» Deterioro fiscal: «La razón la iene el ministro de Hacienda Felipe Larrain», pero no an solo enfocarse en un solo objetivo. Se pueden y deben, persegir varias metas a la vez» Entrevista, 5 agosto 2018 El Mercurio

Columna de Sebastián Edwards: ¿Un país más pobre, pero más feliz? 17 julio 2021
¿Cómo será Chile en el año 2032? Nadie puede responder con certeza. Pero si tuviera que apostar, diría que cuando la nueva constitución cumpla diez años, Chile será un país más pobre, y quizás – solo quizás – un país más feliz.
Cuando digo “más pobre” no hablo en un sentido absoluto, medido en pesos o dólares. Hablo en términos relativos, en relación con lo que pudo haber sido bajo otras circunstancias. Hablo del lugar donde el país hubiera estado si la tendencia orgánica de los últimos y vilipendiados 30 años se hubiera mantenido. (Sí, estoy defendiendo los 30 años, sin complejos ni dobleces ni vacilaciones.)
Mi vaticinio, entonces, es que Chile en diez años estaría en mejores condiciones si hubiera seguido una senda gradual de reformas democratizadoras y modernizadoras. Nótese que no hablo de haber mantenido el estatus quo. Me refiero a reformas necesarias que, por la ineptitud de la centroizquierda y la ceguera suicida de la derecha, no fueron implementadas a tiempo. Es decir, estoy comparando la tendencia actual con un “contrafactual” que solo podemos imaginar.
Creo que Chile también será un país más pobre en comparación con nuestros vecinos. En 2032 ya no estaremos entre los tres países con mayor ingreso en la región, ni entre los tres con los mejores indicadores sociales. Tampoco seremos el país con menores niveles de pobreza o con mejor distribución del ingreso. Estaremos volviendo a nuestros orígenes de país del montón, con un desempeño más bien mediocre.
¿Seremos un país más feliz?
Es posible que lo seamos. Pero no está asegurado.
En esos momentos de negrura pienso en 1984 de George Orwell, y recuerdo la falta de humanidad de los regímenes de extrema derecha.
En medio de ese pesimismo, me imagino un futuro horrible, un futuro poblado de pequeños Baradit arrogantes y misóginos, disparando cizaña a diestra y siniestra, humillando a mujeres y a adversarios. Visualizo una multitud de Fernando Atria de retórica alambicada, justificando la violencia. Veo, con preocupación, un mundo lleno de José Antonio Kast que exigen la militarización de país. Mi pesadilla está repleta de seguidores de Daniel Jadue que celebran la dictadura cubana. Me imagino todo eso, y me digo a mí mismo que un país así es un país sombrío y dividido, exasperado y sin tolerancia, un país sin alegría, sin felicidad.
Quizás, pienso, nuestro futuro sea el de un país más pobre y menos feliz.
¿En qué momento se torció el destino de Chile? ¿Qué eventos contribuyeron a que la realidad se apartara de mi “contrafactual” imaginario de progreso gradual y continuo, de prosperidad y equidad?
Desde luego, Chile no perdió el rumbo en un solo día. Fue un proceso lento, donde poco a poco las elites fueron alejándose de las personas comunes y corrientes
Pero si tuviera que elegir un hito, diría que la torcedura empezó cuando el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle decidió defender a Pinochet durante su detención en Londres. Para los ciudadanos fue difícil entender que un gobierno democrático, que se decía de izquierda, hiciera todos los esfuerzos por liberar al Capitán General de las manos de la justicia internacional. Esto alimentó la entonces pequeña hoguera que acusaba a la Concertación de conciliábulos y componendas, de meterse a la cama con la dictadura, de docilidad y temor. Las explicaciones dadas por el presidente y sus ministros de relaciones exteriores sonaron vacuas, y no se condecían con la narrativa que la propia izquierda había urdido y popularizado. ¿Cómo explicar que un gobierno que se quejaba porque Pinochet había dejado una Constitución repleta de “candados” autoritarios, amparara al dictador en cortes extranjeras que no estaban sujetas a esas restricciones jurídicas?
Desde luego hubo otros hitos importantes como la autosegregación de las elites de derecha, la pereza acomodaticia de la centroizquierda, y la incapacidad del segundo gobierno de Piñera de que había sido elegido con votos prestados.
Hay días de luz en los que creo, lleno de optimismo, que mejoraremos en las áreas que definen la felicidad. Quizás, me digo a mí mismo, seremos un país más amable, más horizontal y descentralizado, más igualitario y con respeto al medio ambiente, menos segregado y más democrático; un país donde las relaciones interpersonales se basen en el respeto y en el principio de la dignidad.
Pero, debo confesar que la euforia y el optimismo me duran poco. Las noches de violencia y de terror, las declaraciones destempladas de algunos constituyentes y la arrogancia de cierta derecha me devuelven a un estado de pesimismo del que me cuesta sacudirme. 17 julio 2021

«Chile necesita al antiguo Eyzaguirre, el Nicolás de la Segpres es para olvidar» 2 septiembre 2017

«Vargas Llosa, Friedman y la dictadura chilena» El Mercurio 13 mayo 2018 «Vargas Llosa ha sido enormemente consistente. En su nuevo libro dice: «No hay mal menor cuando se trata de elegir entre dos totalitarismos» Ha sido desde hace décadas, un paladín de la libertad, como olvidar su declaración haca 30 años, cuando espetó que México bajo el PRI era «una dictadura perfecta»… una carta del 7 de agosto de 1976, Friedman dirigida a Pinochet donde intercede por Fernando Flores, en ese momento preso político… termina la epístola de la siguiente manera: ‘la libertad es indivisible. Una mayor libertad económica promueve y facilita la libertad política. Pero igualmente, una mayor libertad política promueve la libertad económica y contribuye al progreso y al desarrollo»… tanto la visita de Vargas Llosa como las palabras de Milton Friedman nos recuerdan que la libertad es una sola, y que no se puede fraccionar, dividir o segmentar. La libertad no debe ser coartada con argumentos religiosos o ideológicos, menos aún autoritarios…»

«No me gustaría que mis hijas y nietas vivieran en un país donde el Estado controla sus cuerpos» «En el 2006, Michael Sandel, quien se define como liberal, debatió sobre este tema con su colega, igualmente prominente, Thomas Nagel, cuando se trata del aborto, dice Sandel, no cabe la distinción entre «moral privada» y «moral pública». Nagel, opina lo contrario» 2018

«Lloro por ti, Argentina» 2 septiembre 2018 «Para Chile hay una leccion muy clara. Los efectos novivos del populismo son extremadamente difíciles de revertir. Las malas políticas -y las d elos Kirchne fueron pésimas- dejan largas secuelas»

La decisión del gobierno de presentar una “ley corta de pensiones” es un paso en la dirección correcta. Un paso necesario, pero insuficiente. Una ley corta que se queda corta y que llega con seis años de retraso.

En septiembre del 2015 se publicó el informe de la Comisión Bravo, un texto de casi 250 páginas con 58 propuestas específicas sobre cómo mejorar las pensiones.

La primera de las 58 sugerencias era expandir la cobertura del pilar solidario al 80% de la población. La propuesta número dos era aumentar los montos del citado pilar en forma sustancial. Vale decir, nada nuevo bajo el sol en la “ley corta” anunciada por el presidente.

Pero, seis años no pasan en vano. Lo que en el 2015 era adecuado, ya no lo es. El “pilar solidario” es excesivamente burocrático, complejo y difícil de navegar. Tiene demasiados componentes -PBS, APS, PMAS-, y demostrar que se está dentro del umbral requerido es engorroso y, muchas veces, humillante. Esto lo entendió perfectamente la Comisión Bravo, al punto que las propuestas tres y cuatro sugerían cambiar los mecanismos de acceso a la pensión solidaria.

Hoy hay acuerdo entre los expertos– incluyendo la OCDE – que lo adecuado es implementar una Pensión Básica Universal. Todos los pensionados deberían recibir una pensión base del mismo monto, que les garantizara un determinado ingreso. La cantidad que se menciona para la PBU es la línea de la pobreza, aproximadamente 180 mil pesos mensuales. A ella se suma la pensión contributiva.

Si esta PBU se le pagara a todos los actuales pensionados– cerca de un millón de personas – su costo bruto sería entre el 1.2% y el 1.4% del PIB, y su costo neto (que es el que importa) cerca de 0.5% a 0.65% del PIB. Esta es una cantidad importante, pero no es exorbitante. Si se eliminan suficientes exenciones, la PBU se puede financiar sin arriesgar la solvencia de la república.

En la actualidad, la mediana de las pensiones de quienes contribuyeron menos de cinco años es de 150 mil pesos (solidaria más contributiva). Si el componente solidario (el espagueti formado por PBS+APS+PMAS) es reemplazado por una PBU en la línea de la pobreza, la pensión mediana total subiría a 321 mil pesos. Vale decir, para esa persona típica, con menos de cinco años de contribuciones, la pensión más que se duplica.

¿Cuál sería la tasa de reemplazo para esta persona?

Alguien con menos de cinco años de contribuciones, típicamente labora en el mercado informal; es un trabajador/a por cuenta propia que se desempeña en su casa o en la calle. De acuerdo al INE, la mediana de ingresos de estos trabajadores por cuenta propia es aproximadamente 200 mil pesos por mes. Vale decir, para un trabajador informal tipo, implementar una PBU resultaría en una tasa de reemplazo de más del 150%.

¿Cómo afecta una posible PBU a las clases medias? Definamos “clase media” como quien está, exactamente, en la mitad de la distribución de ingresos y de la distribución de pensiones.

En términos de pensiones, esa “persona tipo” contribuyó tan solo durante 20 años, y tiene una pensión total de aproximadamente 208 mil pesos. De otro lado, el ingreso mediana en Chile, es de 420 mil pesos. Entonces, la tasa de reemplazo de esta persona representativa de la clase media es, hoy en día, de 49.5%. (208 dividido por 420).

¿Cómo cambiaría esto si se implementa una PBU?

La pensión total subiría desde 208 mil a 328 mil pesos, lo que significa un aumento del 58%. La tasa de reemplazo pasaría del 49.5% al 78%. Ambos aumentos importantes; mucho mayores de lo que habitualmente se discuten.

Esta columna, repleta de números, es bastante nerd. Eso es deliberado y tiene un triple objetivo.

Por un lado, mostrar que el tema pensiones es complejo, mucho más complicado de lo que los activistas sugieren. En segundo lugar, señalar que las pensiones son bajas porque los salarios son muy bajos, especialmente en el sector informal. Aún con una tasa de reemplazo del 100%, las pensiones de los informales serían solo 200 mil pesos. Por último, para señalar que, si bien la ley corta va en la dirección correcta, es posible hacer mucho más por medio de una PBU, cuyo costo marginal no es excesivo. Pero claro, ello requiere audacia para eliminar una mayor cantidad de exenciones – ¿alguien dijo diésel? -, pero “audacia informada y razonable” es, justamente, lo que falta en nuestro Congreso nacional, institución que ha sido víctima de una pandemia de populismo. De eso se están salvando pocos.

Finalmente, debe notarse que una PBU que cubra a todos los actuales pensionados es solo un primer paso. Luego se debe ampliar a todos los adultos mayores, aun a aquellos que no han participado en el mercado laboral remunerado, grupo conformado, especialmente, por mujeres que han dedicado su vida a los cuidados de sus familias.

Cuando los historiadores del futuro analicen lo que ha ocurrido en Chile en los años finales de la segunda década de este siglo, se preguntarán perplejos cómo fue posible que el país más exitoso de la historia de América Latina decidiera, por una abrumadora mayoría, destruir la institucionalidad que le había permitido convertirse en referente regional.

Especularán que el sistema había fallado, pues no lograba satisfacer las demandas de la ciudadanía y formularán todo tipo de teorías acerca de fuerzas sociales misteriosas que nadie anticipó. La verdad, sin embargo, es que el suicidio de Chile era previsible y algunos veníamos advirtiendo hace más de una década que ocurriría.

Y es que, hace muchos años que Chile viene cultivando un estado depresivo mediante un discurso público flagelante, que se negó sistemáticamente a reconocer el progreso que habíamos conseguido mientras se encargaba de demonizar al mercado, a los empresarios, al lucro y a todos aquellos principios que nos habían sacado de la mediocridad que históricamente nos había caracterizado.

Este discurso sumió a los chilenos en una depresión que a su vez los llevó a odiar lo que habían construido. En otras palabras, la raíz del problema chileno fue psicológica. En su best seller 12 Rules for Life, Jordan Peterson sugiere una regla de salud mental que Chile claramente no aplicó: compárate con el lugar en el que te encontrabas antes y no con el lugar en que están los demás.

En el caso de Chile la evidencia de superación es irrefutable. La inflación crónica, que había alcanzado un peak de más del 500% en 1973, cayó por debajo del 10% en la década de 1990 y por debajo del 5 por ciento en los años 2000. Entre 1975 y 2015, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó hasta alcanzar los 23.000 dólares, el más alto de América Latina. Como resultado, desde principios de la década de 1980 hasta 2014, la pobreza se redujo del 45% al 8%.

Varios indicadores muestran que este “milagro económico” benefició a la mayor parte de la población. Por ejemplo, en 1982 sólo el 27 % de los chilenos tenía un televisor. En 2014, el 97% lo tenía. Lo mismo ocurre con los refrigeradores (del 49% al 96%), lavadoras (del 35% al 93%), los automóviles (del 18% al 48%), y otros artículos. Todavía más importante es que la esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años en el mismo período y el hacinamiento en las viviendas se redujo del 56% al 17%. La clase media, según la definición del Banco Mundial, aumentó de un 23,7 % en 1990 a un 64,3% en 2015 y la pobreza extrema se redujo del 34,5% a 2,5%.

En promedio, el acceso a la educación superior se multiplicó por cinco en el mismo período, beneficiando principalmente al quintil más bajo, que vio su acceso a la educación superior multiplicado por ocho. Esto es coherente con el crecimiento de los ingresos en los diferentes grupos socioeconómicos. Si bien entre 1990 y 2015 los ingresos del 10% más rico crecieron un total de 30%, los ingresos del 10% más pobre experimentaron un aumento del 145%.

A su vez, el índice de Gini cayó de 52,1 en 1990 a 47,6 en 2015. Si se mide la desigualdad de ingresos dentro de las diferentes generaciones, la reducción es aún mayor. Otros indicadores de desigualdad también muestran una reducción de la brecha entre los ricos y el resto de la población. El índice de Palma, que mide la desigualdad de ingresos del 10% más rico en relación con el 40% más pobre, se redujo de 3,58 a 2,78 en el mismo período de tiempo, mientras que la relación entre los ingresos de los quintiles más bajos y los más altos disminuyó de 14,8 a 10,8.

Además de esta disminución de la desigualdad de ingresos, un informe de la OCDE de 2017 mostró que Chile tenía mayor movilidad social que todos los demás países de la OCDE. Chile también ocupaba la posición más alta entre las naciones latinoamericanas en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Nada de eso importó, porque una élite política e intelectual populista, progresista y conservadora social cristiana, convenció a la ciudadanía de que el problema del país era la desigualdad y el “neoliberalismo” y comenzó a comparar a Chile con Suecia y Noruega sin reparar, por su puesto, en los niveles de productividad, baja corrupción, eficiencia estatal, ingreso per cápita o libertad económica de esos países.

Así se instaló la idea de los “derechos sociales” que abrazó la población esperando que el Estado mágicamente le proveyera de los recursos que le faltaban para vivir mejor. El reciente referéndum, que dio a la nueva Constitución un respaldo aplastante, es nada más que el último paso en el giro que, movido por la depresión y falta de fe en sí mismo, Chile dio en el camino hacia un Estado omnipotente.

Un Estado cada vez más corrupto e ineficiente que las élites de siempre han capturado en su propio beneficio mientras convencen a la masa de que todo lo que hacen es “por justicia social.”

Mientras tanto, los capitales se van del país, la inversión se seca, el gasto fiscal – y la deuda- explotan y la inestabilidad política se agudiza. Nada de esto, como es obvio, se resolverá con una nueva constitución sino por el contrario: se agudizará. Pero la suerte ya está echada; el suicidio de Chile parece asemejarse cada vez más al que cometió hace casi un siglo la vecina Argentina. Un suicido de manos de una ideología tan ponzoñosa y resistente que parece admitir resurrección

En un nuevo capítulo del podcast Sin Fronteras, el economista y consultor internacional, Sebastián Edwards, entrega su mirada sobre la forma en que se desenvolverá el dólar, la inflación y la bolsa el próximo año. Sus predicciones  las intercala con un balance político y económico de 2021, incluyendo el rumbo de la Convención, la reconfiguración de la derecha y la gestión del gobierno de Piñera.

Recesión. “¿Va a haber recesión el 2022? ¿Una recesión técnica? ¿Dos trimestres con crecimiento negativo? La probabilidad de que eso suceda en mi opinión es muy baja. Creo que no va a haber una recesión. Aquí espero no equivocarme, casi siempre me gustaría equivocarme, pero aquí no va a haber recesión. Esa es la primera predicción”.

El comportamiento de la Bolsa. “¿Va a subir la bolsa en forma sustancial? La respuesta es no. Hay mucha incertidumbre, esto de la Convención va a continuar produciendo ruido, la instalación del nuevo gobierno, a pesar de que hasta ahora lo han hecho bien, va a ser complicada. La decisión o las declaraciones del Presidente electo con respecto a la licitación sobre el litio hace ruido y presenta hacia adelante algunos signos de interrogación, por tanto la bolsa no va a subir, por lo menos no de forma importante. Yo diría horizontal o incluso caer un poco”.

El factor inflacionario. “¿Va a seguir subiendo la inflación? Un poco, no mucho. El Banco Central va a estar alerta. Va a haber presiones por controlar los precios, lo cual es una pésima idea, pésima idea”.

Lo que ocurrirá con el dólar. “¿Dólar a mil pesos? No creo. Dólar a 900 pesos es mucho más posible que nos movamos en esa dirección, pero con una gran dispersión en esa dirección”.

En su ensayo de 1930, “Las posibilidades económicas de nuestros nietos”, el economista inglés John Maynard Keynes escribió que sería muy positivo si, en algún tiempo futuro, la economía se transformara en una disciplina práctica para la sociedad, y que los economistas hicieran cosas tan útiles como las que hacían los dentistas. Recordé estas líneas al enterarme que la nueva presidenta de la Convención Constitucional es, precisamente, una dentista. No conozco a la doctora Quinteros, pero toda la información disponible indica que es un buen nombramiento y que en conjunto con el doctor Gaspar Domínguez jugará un muy buen rol en la conducción de la CC.

Pero, desde luego lo más importante de esta designación no es la profesión de la reemplazante de Elisa Loncon. Los nombramientos, y la maneara dramática como se produjeron, nos dan pistas sobre el rumbo que tomará Chile.

El proceso confirma el ocaso de los partidos políticos chilenos. Esta es una noticia buena y mala a la vez. Es buena porque ya era hora que los dirigentes trasnochados recibieran un mensaje incuestionable y severo por parte de la población. Y es malo porque ninguna democracia funciona bien sin partidos fuertes, transparentes e internamente democráticos. Chile solo tendrá una democracia vibrante y estable si hay un cambio completo de la cultura de los partidos.

También se confirma el cambio generacional. La doctora Quinteros tiene 40 años, el vicepresidente Domínguez, 33, y el presidente electo 35. Esto también es bueno y malo a la vez. Es positivo que un grupo de mujeres y hombres llenos de vitalidad, pasión, ideales, esperanza e ideas rupturistas tengan un rol central en definir el futuro de Chile. Es malo, porque esta abundancia de entusiasmo está acompañada de una enorme escasez de experiencia.

Esta falta de experiencia podría producirle problemas serios al nuevo gobierno. Porque resulta que manejar el aparato gubernamental no es fácil. No es lo mismo que presidir la FECH, estar a cargo de una cátedra universitaria, o tener un emprendimiento. Se requieren conocimientos, maña, erudiciones sobre historia, y un gran poder de negociación.

Esta falta de experiencia y visión profunda se puede suplir a través del nombramiento de cuerpos colegiados de asesores. Por ejemplo, en el caso de la economía sería muy recomendable que el presidente Boric contara con un equipo asesor permanente, formado por economistas de primer nivel. Una especie de “Consejo de sabias y sabios,” que trabajara para La Moneda a tiempo completo y tuvieran oficinas en palacio. Algunos posibles miembros (si no son nombrados en el gabinete) podrían ser Stephany Griffith-Jones, Ana María Jul, Ricardo Ffrench-Davis, Joe Ramos, y Manuel Agosín. Ninguno es un “pollito nuevo”, pero en sus cabezas hay conocimientos y experiencias extraordinariamente valiosas, que le ayudarían a la nueva administración a mantener un rumbo seguro, e implementar reformas fructíferas sin dejar “la embarrada.”

Pero lo más impresionante de las elecciones de la nueva mesa de la CC es que dos personas con postgrados – Elisa Loncon y Jaime Bassa — han sido reemplazados por dos personas con postgrados: María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez. Dos doctores fueron sustituidos por dos doctores. Esto, que ha pasado inadvertido para la mayoría de los analistas, tiene varias lecturas, y también puede calificarse como, simultáneamente, “bueno y malo”. Es muy bueno porque indica que, especialmente en este segundo tiempo, la CC estará en manos seguras, en manos de científicos con capacidad analítica y de abstracción, de personas que han tenido el mérito de aprobar programas de estudios exigentes y rigurosos.

Pero, al mismo tiempo, el paso de “los doctores a los doctores” refleja algo que nunca nadie ha querido reconocer. A pesar de toda la publicidad, a pesar de todos lo tuits y de todas las declaraciones de los activistas, esta convención no es un fiel reflejo de la sociedad. No representa a la señora Juanita, ni a las personas que andan en metro, viven hacinadas, o tienen dificultades para llegar a fin de mes. Esta es una convención repleta de miembros de la élite educacional, de personas que se han beneficiado de los últimos 30 años, de activistas nacidos y criados al alero de las Becas Chile.

La realidad es esta: En Chile menos de 30% de la población tiene estudios superiores. Y, sin embargo, 95% de los y las convencionales tienes estudios superiores. La CC fue dirigida durante seis meses por dos doctores, los que fueron reemplazados por dos doctores. ¿Una convención ilustrada? ¡Sí! ¿Una convención representativa de las vivencias y experiencias del pueblo chileno? ¡No!

Cuando los historiadores del futuro analicen lo que ha ocurrido en Chile en los años finales de la segunda década de este siglo, se preguntarán perplejos cómo fue posible que el país más exitoso de la historia de América Latina decidiera, por una abrumadora mayoría, destruir la institucionalidad que le había permitido convertirse en referente regional.

Especularán que el sistema había fallado, pues no lograba satisfacer las demandas de la ciudadanía y formularán todo tipo de teorías acerca de fuerzas sociales misteriosas que nadie anticipó. La verdad, sin embargo, es que el suicidio de Chile era previsible y algunos veníamos advirtiendo hace más de una década que ocurriría.

Y es que, hace muchos años que Chile viene cultivando un estado depresivo mediante un discurso público flagelante, que se negó sistemáticamente a reconocer el progreso que habíamos conseguido mientras se encargaba de demonizar al mercado, a los empresarios, al lucro y a todos aquellos principios que nos habían sacado de la mediocridad que históricamente nos había caracterizado.

Este discurso sumió a los chilenos en una depresión que a su vez los llevó a odiar lo que habían construido. En otras palabras, la raíz del problema chileno fue psicológica. En su best seller 12 Rules for Life, Jordan Peterson sugiere una regla de salud mental que Chile claramente no aplicó: compárate con el lugar en el que te encontrabas antes y no con el lugar en que están los demás.

En el caso de Chile la evidencia de superación es irrefutable. La inflación crónica, que había alcanzado un peak de más del 500% en 1973, cayó por debajo del 10% en la década de 1990 y por debajo del 5 por ciento en los años 2000. Entre 1975 y 2015, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó hasta alcanzar los 23.000 dólares, el más alto de América Latina. Como resultado, desde principios de la década de 1980 hasta 2014, la pobreza se redujo del 45% al 8%.

Varios indicadores muestran que este “milagro económico” benefició a la mayor parte de la población. Por ejemplo, en 1982 sólo el 27 % de los chilenos tenía un televisor. En 2014, el 97% lo tenía. Lo mismo ocurre con los refrigeradores (del 49% al 96%), lavadoras (del 35% al 93%), los automóviles (del 18% al 48%), y otros artículos. Todavía más importante es que la esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años en el mismo período y el hacinamiento en las viviendas se redujo del 56% al 17%. La clase media, según la definición del Banco Mundial, aumentó de un 23,7 % en 1990 a un 64,3% en 2015 y la pobreza extrema se redujo del 34,5% a 2,5%.

En promedio, el acceso a la educación superior se multiplicó por cinco en el mismo período, beneficiando principalmente al quintil más bajo, que vio su acceso a la educación superior multiplicado por ocho. Esto es coherente con el crecimiento de los ingresos en los diferentes grupos socioeconómicos. Si bien entre 1990 y 2015 los ingresos del 10% más rico crecieron un total de 30%, los ingresos del 10% más pobre experimentaron un aumento del 145%.

A su vez, el índice de Gini cayó de 52,1 en 1990 a 47,6 en 2015. Si se mide la desigualdad de ingresos dentro de las diferentes generaciones, la reducción es aún mayor. Otros indicadores de desigualdad también muestran una reducción de la brecha entre los ricos y el resto de la población. El índice de Palma, que mide la desigualdad de ingresos del 10% más rico en relación con el 40% más pobre, se redujo de 3,58 a 2,78 en el mismo período de tiempo, mientras que la relación entre los ingresos de los quintiles más bajos y los más altos disminuyó de 14,8 a 10,8.

Además de esta disminución de la desigualdad de ingresos, un informe de la OCDE de 2017 mostró que Chile tenía mayor movilidad social que todos los demás países de la OCDE. Chile también ocupaba la posición más alta entre las naciones latinoamericanas en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Nada de eso importó, porque una élite política e intelectual populista, progresista y conservadora social cristiana, convenció a la ciudadanía de que el problema del país era la desigualdad y el “neoliberalismo” y comenzó a comparar a Chile con Suecia y Noruega sin reparar, por su puesto, en los niveles de productividad, baja corrupción, eficiencia estatal, ingreso per cápita o libertad económica de esos países.

Así se instaló la idea de los “derechos sociales” que abrazó la población esperando que el Estado mágicamente le proveyera de los recursos que le faltaban para vivir mejor. El reciente referéndum, que dio a la nueva Constitución un respaldo aplastante, es nada más que el último paso en el giro que, movido por la depresión y falta de fe en sí mismo, Chile dio en el camino hacia un Estado omnipotente.

Un Estado cada vez más corrupto e ineficiente que las élites de siempre han capturado en su propio beneficio mientras convencen a la masa de que todo lo que hacen es “por justicia social.”

Mientras tanto, los capitales se van del país, la inversión se seca, el gasto fiscal – y la deuda- explotan y la inestabilidad política se agudiza. Nada de esto, como es obvio, se resolverá con una nueva constitución sino por el contrario: se agudizará. Pero la suerte ya está echada; el suicidio de Chile parece asemejarse cada vez más al que cometió hace casi un siglo la vecina Argentina. Un suicido de manos de una ideología tan ponzoñosa y resistente que parece admitir resurrección

Economista Sebastian Edwards

Hace una semana, en la primera reunión presencial de “La Alianza de Álamos” desde el comienzo de la pandemia, el ex gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, se deshizo en halagos a Mario Marcel. El ministro de Hacienda no estaba en San Antonio, Texas, pero todos los presentes coincidimos con las palabras del mexicano: Mario Marcel es un gran economista. Serio, experimentado, tranquilo, profundo y con una visión global que va más allá de cuestiones puramente técnicas.

El nombramiento de Marcel ha sido universalmente celebrado como una gran movida por parte del presidente Boric. Algunos, aseveran que la designación es un claro indicio de que el nuevo gobierno será, después de todo, una administración socialdemócrata, sin las ínfulas “revolucionarias” de la primera vuelta. Esto último es un error de interpretación. Marcel lo ha dicho varias veces. Está de acuerdo y hace suyo el programa de Apruebo Dignidad; no hay nada en éste que lo incomode. Es un miembro leal y entusiasta del equipo de gobierno del presidente Boric.

Mario Marcel tendrá dos roles: el primero es asegurarse que las medidas específicas que el gobierno vaya tomando no produzcan daño a la economía. Tal como el propio Marcel ha dicho, si bien la economía chilena sigue siendo robusta y tiene un importante potencial, es una máquina delicada. Medidas a tontas y a locas y populistas, como un quinto retiro de las AFP, la afectan negativamente, dañando el empleo y a los que no tienen nada que retirar. En palabras del ministro, no se trata de una “campaña del terror”. Todo lo que se predijo con respecto a los retiros, la inflación, las tasas de interés, y los préstamos para la vivienda ha sucedido.

El segundo desafío de Marcel es llevar a buen puerto la reforma tributaria.

El ministro ha planteado que para ello es necesario hacer un “pacto social” donde todas las fuerzas de la sociedad entiendan que en esta etapa del desarrollo nacional el gobierno necesita mayores recursos. Éstos deben ser permanentes, aportados en mayor proporción por quienes tienen mayores ingresos y patrimonio, y de una forma que no distorsione los incentivos al ahorro, la inversión y la creación de empleo.

Además, ha hablado, correctamente, de gradualidad. No busca incrementar los ingresos fiscales en 8% del PIB en este gobierno; esa meta es de más largo plazo, y debiera cumplirse en un plazo de ocho años. Como primera etapa, se ha planteado un aumento equivalente al 4% del ingreso nacional.

Es en este segundo desafío donde Marcel enfrentará mayores problemas.

Un “pacto social” es, ante todo, un “pacto político” en el que dos actores – gobierno y oposición – negocian y llegan a un acuerdo. Durante las negociaciones ambas partes consultan e involucran a la sociedad civil.

Para que un “pacto político y social” funcione y sea exitoso, cada parte tiene que ceder algo o, lo que es lo mismo, cada parte obtiene algo que desea a cambio de concederle algún punto a la contraparte.

Y he aquí, precisamente, donde los objetivos de Mario Marcel se estrellan con la realidad y con la Convención Constituyente (CC).

La cuestión es muy simple: mientras no haya, a lo menos, un borrador de la nueva constitución, Marcel no puede ofrecerle nada a cambio a la oposición. No es que no tenga poder; desde luego que el ministro de Hacienda lo tiene, y mucho (pregúntenle a Andrés Velasco). El problema es otro: mientras no se sepa qué sistema político, económico y social será plasmado en el nuevo texto constitucional, ninguna oferta que pueda hacer Marcel es creíble.

Consideremos algo tan simple como la “invariabilidad tributaria”, la herramienta que usó el presidente Lagos para implementar el impuesto a la gran minería. El ministro Marcel podría ofrecer algo similar: acordemos subir algunos impuestos ahora, con el compromiso que no habrá más cambios en los próximos 15 años. Pero la CC puede decidir lo contrario, o incorporar normas que impidan ese tipo de pacto.

En suma, en la negociación sobre la reforma tributaria, Marcel no puede ofrecerle (casi) nada a la oposición, ya que no está claro qué controla y bajo qué sistema el país operará en los próximos años y décadas. Lo que controla hoy, mañana puede estar completamente fuera de su alcance, gracias al Frankenstein que se está construyendo en la CC.

Toda negociación tiene dos lados, y la actual oposición también debe entender que es muy peligroso e irresponsable llegar a un acuerdo en circunstancias como las actuales, en las que no se sabe cómo será la cancha en la que se jugará el partido, ni las reglas bajo las cuales éste será disputado.

¿Qué significa todo esto? Que es muy poco probable – casi imposible, diría yo – que se logren avances profundos en el tema tributario mientras no se conozca el borrador de la nueva constitución, y ésta haya sido votado en el plebiscito de salida. Solo en ese momento las ofertas negociadoras adquirirán sentido.

Lo anterior, claro, tiene un corolario. Si se le da más plazo a la CC, las negociaciones se retrasarán y el Pacto Social que, con acierto, busca Marcel no podrá ser implementado con la premura que el ministro ha planteado.

En el cuento de Hans Christian Andersen, “El emperador está desnudo”, nadie se atreve a señalar que el jefe de Estado, el hombre más poderoso de la región, se pasea sin ropas. Al pueblo le han dicho que el emperador se viste con un traje elegantísimo, y que sólo los tontos y quienes no confían en el monarca, en su infinita bondad y en su habilidad para gobernar, no ven tan magnífica vestidura. Pero un día, un niño inocente, que no sabe mentir, ve pasar al emperador en pelotas, y espontáneamente grita ¡El emperador está desnudo! Ese niño, que hablaba con la verdad, rompió un embrujo nacido del miedo colectivo, del temor a contradecir la visión fomentada por el reyezuelo y sus acólitos.

Recordé esa historia luego de leer una muy buena entrevista a María Soledad Font, la madre del Presidente, Gabriel Boric. Dice María Soledad que se sorprendió al ver que los miembros de la Convención Constituyente no estaban preparados para cumplir con su labor: “Me preocupé cuando me di cuenta que no todos eran eruditos… ¡lo importante es que el que redacte y el que escriba sean tipos con conocimientos! … Pero no todos tenían los requisitos…”

En clave de Carlos Peña, preguntamos: Y, ¿es importante que los que redactan la nueva constitución no sean eruditos?

Y, en la misma clave, la respuesta es: Desde luego que importa.

Las constituciones son el ordenamiento jurídico y político superior de un país. Son textos poderosos y delicados a la vez. Las buenas constituciones – aquellas que protegen la libertad y la democracia, y aseguran los derechos de la población – responden a las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía, pero son redactadas por expertos y expertas con conocimientos de la experiencia histórica e internacional. Son textos breves, claros, bien escritos. Son textos consistentes, donde las distintas partes se complementan, armando un todo armónico y coherente.

Esto es exactamente lo opuesto a lo que está haciendo la Convención. Los más de 200 artículos ya incorporados al borrador proveen ejemplo tras ejemplo de mala prosa, de normas contradictorias, y de ideas superfluas y vagas. Son platos a medio cocinar. Esto, a pesar de que se suponía que algunos de los 59 abogados/as elegidos tenían conocimientos de derecho constitucional y habían estudiado la experiencia internacional. Mientras más conocemos los devaneos de la CC, más pertinente se hace la pregunta de María Soledad Font: ¿Dónde están los eruditos?

Pero más allá de la falta de erudición, lo que más llama la atención es la soberbia de tantos convencionales. Quizás lo más grave ha sido el intento por acallar toda crítica, usando el argumento pueril de que el texto final aún no está disponible. Es preocupante que muchos convencionales – incluyendo Patricia Politzer, Jaime Bassa y la doctora Elisa Loncón – no entiendan que la libertad de expresión es sagrada en cualquier circunstancia, y que todos tenemos derecho a opinar sobre cualquier cosa, sobre procesos en marcha, sobre textos mal escritos y a medio cocinar, sobre textos incompletos. Querer silenciar estas críticas no solo es antidemocrático, sino que además es absurdo. Es como si uno no pudiera opinar sobre un partido de la selección antes de que éste termine.

En un paralelo futbolero, lo que hemos visto hasta ahora en la CC es un equipo que juega mal, que se enreda, que es mañoso, que se contradice, y que ha metido dos o tres autogoles. Puede ser que el partido no haya terminado, pero es legítimo opinar que el equipo va mal, y que con un altísimo grado de probabilidad va a perder el partido. Y, desde luego, es válido opinar que sería bueno empezar a pensar en un cambio de entrenador y seleccionados. Estos comentarios son legítimos, aun cuando antes del partido, el 78% de los consultados hayan apoyado al director técnico y a la oncena titular.

Los “no eruditos” de la CC también están siendo irresponsable. Están lanzando a Chile por un camino desconocido y peligroso, sin informarle cabalmente a la población los antecedentes de lo que están haciendo. Uno hubiera esperado que explicaran qué significa, exactamente, que Chile sea un país “plurinacional”. Pues, como dos miembros de la CC lo han afirmado en el podcast “Sin Fronteras”, ni los mismos convencionales que lo promueven entienden el significado preciso de “plurinacional”. Nos dicen que es un concepto “en construcción”. Nos vamos a casar con un concepto desconocido. ¡Mala idea!

Tampoco han dicho que hay tan solo dos países cuyas constituciones incorporan el concepto de país “plurinacional”: Bolivia y Ecuador. No parecen estar informados de cuál ha sido el destino político y social de estos dos países desde que aprobaron sus constituciones (2009 y 2008). No parecen saber – o quizás no quieren contarnos – que desde esas fechas ha primado la inestabilidad política y que los niveles de satisfacción de la población con la calidad de vida han caído estrepitosamente. Desde luego que no podemos culpar exclusivamente a las constituciones por esos desarrollos, pero lo que está claro es que la adopción de la plurinacionalidad no ha mejorado la realidad política y social de Bolivia y Ecuador.

Esto debiera ser una voz de alerta para chilenos y chilenas, voz de alerta que, tristemente, muchos de los convencionales no quieren que los ciudadanos escuchen.

Una de las peores situaciones que puede enfrentar un funcionario es que sus superiores lo corrijan en público. Cuando eso sucede – lo que de por sí es raro –, el funcionario sufre una humillación de la cual es difícil recuperarse. Eso le ocurrió hace unos días al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien afirmó que el gobierno llevaría a cabo una consulta ciudadana para “legitimar” la política comercial chilena. A las pocas horas el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que su cartera – que algo tiene que decir en el asunto – no tenía idea de qué estaba hablando el subsecretario, y la canciller, Antonia Urrejola, aclaró que se trataba, tan solo, de recoger opiniones, y que los resultados del proceso no eran vinculantes. La política de comercio exterior, agregó Urrejola, la definirá el Presidente de la República.

Más allá del bochorno, hay dos aspectos del episodio que merecen comentarios. El primero es la creencia (incorrecta) que Chile es un país “extractivista”, que desperdicia la posibilidad de exportar bienes sofisticados, tecnológicos, y de altísimo valor agregado. Esto se debería a la flojera de los empresarios chilenos, que prefieren ser “rentistas” antes que innovadores, y a la estrategia de apertura externa seguida durante los últimos 40 años. La llamada “consulta ciudadana” buscaba un apoyo “popular” a esta idea, y en base a ello, emprender una serie de revisiones a tratados comerciales y otros aspectos de la política exterior.

El problema con esta visión es que ignora la evidencia técnica, empírica, estadística y comparada que se ha acumulado durante décadas de investigaciones académicas. Esta evidencia indica, en forma concluyente, que un país pequeño, lejano y relativamente aislado, como Chile, tiene grandes dificultades para participar en forma competitiva en las cadenas globales de suministro industrial (global supply chains). Nuestra matriz exportadora no es por flojera de los empresarios; tampoco porque Elon Musk no se ha dado cuenta que podría producir Teslas en el norte del país, aprovechando el litio chilensis. Nuestra matriz exportadora -que, como ha concluido Patricio Meller, incluye productos con alto valor agregado – se debe a nuestra lejanía y a que tenemos escasos operarios técnicamente preparados. Nuestras exportaciones son, de hecho, más “complejas” y sofisticadas que las de Australia, otro país aislado, lejano y con una gran dotación de recursos naturales.

¿Se puede mejorar esta situación? Desde luego. Mayor inversión en investigación y desarrollo, mayor capital de riesgo, y un salto cualitativo en la educación técnica, ayudarían. Cancelar, y caducar tratados y acuerdos comerciales iría en la dirección opuesta.

El segundo aspecto de este bochorno es la proclividad del gobierno a hacer “consultas ciudadanas” antes de iniciar procesos legislativos. En principio, esta práctica no es objetable; siempre es bueno consultar. Pero existe el peligro de darle una exagerada importancia a “consultas” parciales y con muy pocos participantes, como la consulta indígena en la Convención Constitucional. Este peligro está relacionado con el origen asambleísta-estudiantil de la gran mayoría de los altos directivos del gobierno. Quien haya participado en una asamblea sabe que no son exactamente democráticas. Predomina quien grita más fuerte y tiene mayor perseverancia.

También debe inquietarnos el que estas consultas sean manipuladas para generar resultados sesgados y precocinados por una camarilla política.

Un ejemplo palmario de una consulta sesgada son los “diálogos sociales” que se realizarán entre el 27 de abril y el 8 de junio, como preámbulo a la presentación del proyecto de reforma de pensiones. En estos diálogos se les pedirá a los participantes que le pongan nota al sistema actual de pensiones, usando una escala de 1 a 5. El ejercicio se centra en la evaluación de seis atributos de la capitalización individual: universalidad, solidaridad, igualdad, participación, suficiencia, y sostenibilidad. El problema, claro, no son las seis características indagadas, el problema es lo que se deja fuera de la evaluación. No se pregunta por propiedad de los ahorros, el retorno de las inversiones, la heredabilidad, o la calidad de gestión. Además, no se pregunta por el sistema total (PGU+AFP), sino que las evaluaciones se centran en solo un componente de nuestro sistema mixto. Se trata de un sesgo por omisión, el gobierno deliberadamente está omitiendo algunos de los atributos del sistema más valorados por las personas. Son los peligrosos sesgos del asambleísmo frenteamplista.

El 10 diciembre de 2021, cuando las encuestas ya indicaban que Gabriel Boric sería el próximo presidente de la República, Rodrigo Valdés dijo en el podcast “Sin Fronteras”: “Hay escenarios de dólar a $1.000 el próximo año, si las cosas se manejan mal.”

Pues bien, la semana pasada el dólar llegó a los mil pesos, algo que unos meses atrás era considerado imposible.

¿Se debe el derrumbe del peso a que las cosas se han manejado mal?

A primera vista ese no parece ser el caso. Consciente de que “el mercado” es un animal quisquilloso, el Presidente nombró a Mario Marcel en la cartera de Hacienda. Difícil un mejor fichaje: Marcel es un hombre serio y comedido, estudioso y de hablar suave, de corbatas impactantes y de probada eficiencia profesional. Es un ministro de lujo. Algunos incluso han dicho – con bastante razón – que es uno de los pocos adultos en el gabinete.

Pero, el quehacer del ministro de Hacienda no es el único determinante del precio de la divisa. Desde tiempos inmemoriales sabemos que el mercado cambiario es delicado y que responde a las percepciones sobre la estabilidad política y financiera. Y, cuando se mira la situación nacional en su conjunto, lo que vemos es un gobierno que suma desaciertos a un ritmo preocupante, una administración que ha cometido un cúmulo de errores que se van apilando hasta conformar un cuadro alarmante. Si a esto le agregamos el comportamiento de la Convención Constitucional, con su propuesta de un texto constitucional experimental, repleto de desincentivos a la inversión, lo que tenemos es una tormenta casi perfecta. Ante este cuadro el derrumbe del peso no es nada sorprendente.

Algunos analistas han intentado restarle responsabilidad al gobierno por el “dólar a luca”. Han dicho que se trata de una cuestión global; no es que el peso chileno haya perdido valor, sino que el dólar se ha fortalecido en los mercados internacionales. Pero estas son explicaciones propias del Ratón Mickey, excusas que no aguantan el más mínimo análisis de los datos.

Empecemos por lo más simple, por una comparación entre el aumento del precio del dólar en Chile y el aumento del precio del dólar en los principales mercados de monedas en el mundo – esto último capturado por un índice construido por la Reserva Federal, llamado “Nominal Broad U.S. Dollar Index”. El 14 de marzo de este año, unos días después de la toma de poder del Presidente Boric, el dólar se cotizaba a 802 pesos. El viernes 8 de julio su precio fue de 973 pesos, un aumento de 171 pesos. Vale decir, en lo que va de este gobierno el tipo de cambio se disparó 21%. ¿En cuanto subió el dólar en los mercados globales en esos días? Pues, en tan solo 4.3%. Vale decir, solo una mínima fracción del derrumbe del peso se puede atribuir al comportamiento internacional de la moneda estadounidense. Si ese ejercicio se repite para otras fechas, los resultados son aún más fulminantes, y señalan que el estallido, la violencia, y la Convención también han contribuido al “dólar a luca”. El 15 de octubre del 2019 – unos días antes de “la revuelta” – el dólar estaba a 712 pesos. Desde entonces su precio ha subido en 36.5%. Durante el mismo periodo la apreciación de “billete verde” en los mercados financieros globales ha sido de tan solo 4.3%.

¿Y el precio del cobre, uno de los llamados determinantes “fundamentales” del tipo de cambio? Aquí el cuadro es un poco más complejo. A fines de junio el metal rojo se cotizaba 57% por encima de su precio en septiembre de 2019, pre-estallido. Esto significa que, si todo lo demás estuviera constante – lo que, obviamente, no es así – hoy el precio del dólar debiera estar en aproximadamente 630 pesos. Es verdad que en las últimas semanas el metal rojo ha sufrido una corrección, pero ello en ningún caso revierte su enorme aumento desde septiembre 2019: 36%.

La experiencia internacional indica que cuando las monedas se deprecian por inestabilidad política, las intervenciones de la banca central, o de los gobiernos, raramente funcionan. Es como tirar el dinero al mar. En la literatura económica esas intervenciones se llaman “apoyarse en el viento”, y se considera una acción fútil.

Hace unos días, la ministra Camila Vallejo llamó al Banco Central a “tomar medidas, respetando su autonomía, pero son ellos los que manejan la política cambiaria”. Si bien al día siguiente declaró que no era su intención pautear al instituto emisor, sus declaraciones fueron un error por partida doble. Primero porque se puede interpretar como una intromisión indebida en el quehacer de una institución autónoma que ha funcionado muy bien. Segundo, porque, dadas las circunstancias actuales, una intervención del Central tendría muy pocos efectos. El mercado cambiario solo se calmará si la situación política se calma, si el gobierno es más claro en su actitud contra la violencia y la inseguridad, si se llega a un entendimiento nacional sobre la futura carta magna, si la gran mayoría reconoce que el proyecto de la Convención es deficiente y que nuestra nueva constitución debe ser moderna, inclusiva, y pro-crecimiento.

El principio básico de las democracias es “una persona un voto”. Desafortunadamente, este fue ignorado en la elección de la Convención Constitucional. Los candidatos de los pueblos originarios recibieron 283 mil votos, o un 4,4% de los sufragios. El principio “una persona un voto” indicaba que con ese 4,4%, los pueblos originarios debían ocupar siete de los 155 escaños de la Convención. Sin embargo, se les asignaron 17 asientos protegidos. Es decir, el voto de un miembro de los pueblos indígenas valió más del doble que el de un ciudadano no indígena.

Desafortunadamente, la Convención decidió seguir violando el principio de “una persona un voto” en la propuesta constitucional. El artículo 252 indica que el número de escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados se determinará “en forma proporcional a la población indígena en relación con la población total del país”. Es decir, el número de escaños se establece sobre la base de cuántas personas se declaran indígenas, y no en base a cuántas ejercen su derecho a voto por medio de la papeleta especial para los pueblos originarios.

De acuerdo con el último censo, un 11,9% de la población chilena se identifica como indígena. Será ese, entonces, el porcentaje que, de aprobarse la propuesta, se usará para definir el número de escaños reservados. Si el futuro Congreso de Diputadas y Diputados tiene 155 integrantes, 17 escaños serán apartados para congresistas indígenas. Pero lo más probable es que tan solo una fracción de los miembros de las etnias reconocidas opten por la papeleta reservada, tal como sucedió en la elección de convencionales.

Supongamos, a modo de ejemplo, que tan solo un tercio de los indígenas que votan en las próximas elecciones parlamentarias lo haga usando la opción para escaños reservados; el resto votaría usando el esquema general. El resultado sería alarmante: un 4% de los votantes elegiría al 11,9% de los congresistas. En este ejemplo, la propuesta constitucional generaría una sobrerrepresentación de los pueblos originarios de casi 200%.

La sobrerrepresentación recién descrita no es el único privilegio electoral que la propuesta constitucional les otorga a los pueblos originarios. En efecto, el artículo 252 establece que mientras los miembros no indígenas del Congreso de Diputadas y Diputados serán electos en votación directa por “distritos electorales”, los escaños reservados serán elegidos en un “distrito único nacional”. Vale decir, los pueblos originarios serán el único grupo que podrá aglomerar votos a lo largo y ancho del país en un distrito especial y único para elegir a sus representantes.

Esta práctica de aglomeración de votos se conoce en la literatura como “gerrymandering” y es reconocida como una violación profunda del principio básico de la democracia. En Estados Unidos, el “gerrymandering” ha dado origen a distritos con contornos geográficos incomprensibles, lo que permite agrupar en ellos a personas de una cierta posición política, torciendo el sentido democrático de las elecciones.

Para ejemplificar el privilegio que otorga ser el único grupo que puede aglomerar votos a nivel nacional, consideremos el caso de los evangélicos. Según estadísticas recientes, un 17,5% de la población se identifica como evangélica. Estos ciudadanos se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional, y deben competir en los distritos electorales con representantes de otros grupos y partidos políticos. Si se les diera el mismo trato que a los pueblos originarios y se les asignaran asientos protegidos, los evangélicos tendrían 23 escaños asegurados en un Congreso con 155 miembros. Sin embargo, eso no sucede. Este grupo tiene que competir en igualdad de condiciones con el resto de los chilenos.

¿Por qué se beneficia a los pueblos originarios? ¿Por qué ese privilegio no se extiende a una minoría religiosa? ¿Por qué no permitirles a otros grupos, como las disidencias sexuales, competir en una lista única nacional, tal como se permite a los pueblos originarios?

Esta falencia de la propuesta constitucional atenta contra las bases mismas de la democracia y ha contribuido a mi decisión de “rechazar para seguir conversando”.

Una manera de continuar con esta conversación es considerar un sistema de “dos papeletas”, como el que existe en Alemania, Japón y Nueva Zelandia, entre otros. Por medio de la primera papeleta se elige una parte de la cámara usando distritos con contornos geográficos bien definidos. La segunda papeleta permite votar por listas nacionales, donde distintos grupos compiten en igualdad de condiciones, sin que ninguno tenga privilegios o escaños asegurados. Adoptar ese procedimiento sería un paso en la dirección correcta, un paso hacia una verdadera democracia, sin privilegios o prebendas.

Sebastián Edwards

Durante las primeras horas del jueves empezó a circular en las redes sociales un archivo llamado “FINAL FINAL.” Se trataba del acuerdo firmado por representantes de los partidos de gobierno para “perfilar” la nueva constitución (NC), en caso de ganar el Apruebo el 4 de septiembre. Es un texto corto, pobremente escrito, oportunista, insípido y banal.

Como Fernando Atria expresó en un diario de la capital, el propósito del documento no es ofrecer grandes reformas a la reforma. De lo que se trata, dijo Atria con su habitual soberbia, es de clarificar algunos aspectos de la NC que los del Rechazo han tratado de tergiversar. No es un texto reformista, sino que una explicación para los confundidos, para los ingenuos y para aquellos que Atria y sus colegas aún no logran iluminar. Aunque el acuerdo menciona que la reelección presidencial inmediata no será permitida, y habla de fortalecer la disciplina fiscal, Atria tiene bastante razón: es un texto superficial que cubre cuestiones más bien semánticas. Ninguna de las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía está incluida en la lista de “perfilamientos”.

La tinta en el comunicado no se había alcanzado a secar cuando aparecieron las críticas de ex convencionales y de partidarios del propio gobierno. Los ex convencionales más histriónicos insinuaron traición, y dijeron que había que aprobar lo escrito sin condiciones, y que cualquier cambio o reforma debía esperar después del plebiscito. En un raro ataque de sinceridad, el presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier dijo “No podemos garantizar todas estas cosas”. Daniel Jadue, sumó su voz a las críticas y apuntó que el acuerdo era una hipocresía.

El mítico beisbolista Yogi Berra dijo que “la contienda no se termina, hasta que se termina”. Es decir, nada es definitivo, hasta el final. Esto es, desde luego, válido para el plebiscito de salida. Sin embargo, y con el respeto que Yogi merece, todo pareciera indicar que el 4 de septiembre el Rechazo terminará arriba y que la propuesta de NC no se transformará en realidad.

Bajo ese escenario de triunfo de “rechazar para Reformar”, la pregunta clave es cómo se encauzará el proceso a partir del 5 de septiembre.

Dos cosas están claras: Primero, la Constitución actual está muerta y tiene que ser reemplazada. Segundo, la ciudadanía desconfía de los políticos y de los acuerdos de cocinería. Esta desconfianza sugiere que una constitución escrita por el Congreso no tendrá el apoyo transversal y muy mayoritario que el país requiere para retomar la senda de la paz. El desafío, entonces, es cómo lanzar un nuevo proceso que sea participativo y democrático, pero que no tenga los vicios (ni el show) de la CC que terminó el 4 de julio.

He aquí una propuesta que incorpora las experiencias recientes en Islandia e Irlanda:

1. Una Convención formada por 310 personas establece los principios y lineamientos generales de la nueva constitución.

2. Los 310 convencionales provienen de dos grupos. La mitad (155) son elegidos por votación directa. La otra mitad (155) son elegidos por sorteo. Este segundo grupo es un verdadero espejo de la sociedad.

3. Los 155 que son elegidos por votación popular llegan a la convención a través de un proceso que incorpora la paridad y que respeta el principio de “una persona un voto”. Vale decir, el número de escaños reservados debe reflejar el porcentaje de ciudadanos que votan por candidatos indígenas. En otras palabras, los votos indígenas no tienen mayor peso que el de los no indígenas.

4. Los candidatos independientes deben tener el patrocinio de algún partido político.

5. Si el sorteo para nombrar la segunda mitad de la convención está bien diseñado, sus miembros van a reflejar a la población. Un poco más de la mitad serían mujeres, un 15% disidencias sexuales, y un 12% personas que se identifican como indígenas. En este grupo habría jubilados y jubiladas, dueñas de casa, obreros, pescadores artesanales, mineros, panaderas, cuidadoras, y personas con oficio comunes y corrientes, personas con características que no estuvieron representados en el proceso anterior.

6. Esta nueva convención contrataría a un grupo de juristas que, bajo su estricta dirección, en forma abierta y transparente, y en sesiones transmitidas al público, escriben el texto. Al ser juristas los que redactan las normas (bajo la dirección de la convención), se evitan los bochornos y ambigüedades del borrador actual.

7. Los 310 tienen que aprobar el texto redactado (bajo su supervisión) por los juristas por 2/3 de sus miembros.

8. Una vez que lo anterior sucede, se hace un plebiscito de salida. Si más del 50% aprueba este nuevo texto, tenemos una nueva carta fundamental.

Algunas personas – especialmente de derecha – objetarán este modelo, aduciendo altos costos, cansancio, y dando otras excusas. Creen que es posible volver a los mecanismos antiguos y que todo el trabajo lo haga el parlamento. Me temo que ese modelo ya no funciona en un país convulsionado que quiere paz y prosperidad con participación, transparencia y democracia.

Hoy llegará a Chile para participar en el seminario anual de Moneda Asset que se realizará el martes 23 de agosto y en que se analizará el escenario actual y el devenir de la economía chilena tras el plebiscito del 4 de septiembre. Sebastián Edwards, economista y académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), va por el Rechazo, plantea una fórmula para realizar una nueva Constitución y señala que lo peor para la economía es que la opción Apruebo gane por un voto.

Antes que estuviera listo el texto definitivo planteó que votaría Rechazo, ¿por qué se adelantó a esa decisión?

Me parecía que por más que armonizaran el texto, iba a mantener ciertas características que efectivamente mantuvo y que me parecen que generaban un mal resultado, porque no convocaría a una mayoría. Era evidente que una vez que estuvo el primer borrador, el texto final no iba a concitar una inmensa mayoría que es fundamental para lograr este pacto social.

Cuando comenzó este proceso se mostró a favor, ¿qué lo hizo cambiar en el camino?

Yo escribí a favor del Apruebo, hice campaña por Patricio Fernández, que es uno de los articuladores del Apruebo, pero no voté porque no estaba en Chile. Pero sí estuve por el Apruebo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el camino? La Constituyente, por la manera en que fue elegida, estuvo dominada por una serie de activistas de nicho que tenían objetivos muy específicos y parciales que fueron haciendo una transacción. Por ejemplo, yo te apoyo en medioambiente, y tú me apoyas en temas de la matriz productiva y otro en el sistema político. Es decir, mucha relación de activistas de nicho que, al combinarse, produce una Constitución maximalista. La derecha, en su habitual actitud suicida, se encargó para no conseguir un tercio de la Convención. Mi metáfora es que se fueron a Zapallar en vez de ir a las urnas. Esta no es la primera vez y lo más probable es que no sea la última.

¿Dónde ve los mayores problemas del texto propuesto?

Eso se ha repetido mucho y es un poco majadero decirlo de nuevo. No hay mayor novedad en lo que pueda decir. Para mí, la razón principal que debiera tener la gente para rechazar es que si nos esforzamos un poco podemos hacer una de verdad buena, una que concite el apoyo del 70% de la ciudadanía. La idea es lograr un nuevo pacto social, donde una gran mayoría se pone detrás de una idea y principio. En el mejor de los casos es que el Apruebo logre obtener, improbable, pero no imposible, el 50 +1 de los votos, es decir vamos a terminar profundamente divididos. Entonces, lo que digo es que, si nos esforzamos, hacemos la pega, y somos serios, podemos sacar una que de verdad sea mayoritaria y reúna una mayoría del 70%. La segunda razón es que desde el punto de vista del sistema político hay una vulneración del principio democrático esencial que es una persona un voto. Eso se termina con los escaños reservados. Creo que la democracia tiene que manifestarse en que todos somos iguales en su base y esa base es el derecho a voto. La Constitución tiene que ser una minimalista, muy corta y que entregue certezas; no como la que se votará, que da mucha incerteza y tendrá una transición muy larga.

¿Pero el hacer otro proceso igual no mantendría abiertas las incertezas?

Tenemos que ver cómo lo hicieron otros países que tenían que escribir una nueva Constitución y que la vigente ya estaba muerta en su legitimidad. Lo que hicieron fue que implementaron una interina, que duraba sólo durante ese proceso y que sería la definitiva si es que no se lograba acuerdo en una nueva. ¿Y qué Constitución interina podemos tener nosotros? La de la Presidenta Bachelet. Está escrita y en el Congreso. Yo la he leído, no estoy de acuerdo en un 100% con ella, pero sí en un 90%. Si no nos ponemos de acuerdo, nos quedamos con esa, que tiene un origen bien democrático, porque hubo mucho cabildo y participación ciudadana.

El Presidente Gabriel Boric dijo que en caso de ganar el Rechazo convocaría un nuevo proceso tal como el actual, ¿esa es la mejor fórmula?

Una Convención Constituyente tiene que ser elegida por la ciudadanía. Eso me parece que es inevitable. Pero me gustaría que eso fuera complementado por otro grupo de personas del mismo tamaño, que fueran elegidos por medio de una tómbola. Por ejemplo, 155 personas electas de manera directa y otras 155 a través de la tómbola. De esta manera, tendríamos una combinación entre personas elegidas por la ciudadanía y otro nominado a través de una tómbola. Este elemento nos asegura que al menos la mitad será un reflejo de la sociedad. Esta Convención no era el reflejo de la sociedad. Me gustaría que la señora juanita esté representada, porque tiene sentido común. Además, en mi propuesta habría un grupo de abogados contratados para redactar el nuevo texto. Esto no es una invención mía, lo han hecho países como Irlanda e Islandia. El objetivo es que sea respaldada por el 70% de la población. Si elegimos una nueva constituyente y se hace con un grupo de ciudadanos que reflejen mejor a la sociedad, vamos a hacer una Constitución mucho mejor. Ahora, si lo que hacemos es igual de mala de la que se votará, bueno, nos merecemos lo que tenemos.

¿Cuánto es lo que se podría demorar un proceso como este?

Entre año medio y dos años se podría generar un nuevo texto.

En su columna de la semana pasada critica duramente el acuerdo alcanzado por los partidos oficialistas. ¿No les cree?

No les creo. Primero, son políticos, y segundo, ya han manifestado cambios de opinión, y no pequeños, sino que grandes. ¿Bajo cuál escenario la izquierda y el gobierno tendrían más incentivos para continuar con el proceso? Supongamos que se aprueba, ¿cuál será el incentivo de la izquierda para continuar con el proceso, si a ellos les gusta como quedó esta Constitución? No tienen el incentivo más que mantener su palabra. Pero se lo han pasado todo el rato cambiando lo que dijeron. El incentivo que tiene el gobierno y la izquierda para seguir el proceso si gana el Apruebo es muy bajo. En cambio, si gana el Rechazo, es enorme. El incentivo de don Gabriel para seguir el proceso no es el mismo si gana el Apruebo o gana el Rechazo.

Pero esa misma duda estará si es que gana el Rechazo. ¿Qué incentivo tendrá la derecha para impulsar los cambios que dicen que van a hacer?

Excepto los Republicanos, todos han dicho rechazar para reformar. Lo que pasa es que muchos quieren reformar bajo el sistema antiguo, que es a través del Congreso, entonces ahí lo que se debe hacer es un nuevo plebiscito de entrada para saber el mecanismo.

Algunos expertos han planteado que sería peor para la economía mantener el debate abierto…

Si uno hace una lista de todas las opciones, la peor para la economía es que se apruebe por un voto, porque el proceso de implementación será muy largo y complicado. Lo que hizo el acuerdo de los 10 partidos del oficialismo fue echarle más pelos a la sopa. Una de las cosas que se acordaron es que se clarificará que los chilenos podrán tener libre tránsito por los territorios autónomos. Al incluirlo quiere decir que hay una interpretación que era lo suficientemente plausible en la cual no se podía transitar libremente. Por eso digo que el peor del escenario es que se apruebe por un voto. Ahora, si eso sucede, ¿nos vamos a transformar instantáneamente en Venezuela?: no, pero habrá un periodo muy largo de incertidumbre.

Antes de todo este proceso, había señalado que Chile podría transitar a ser un país entre Ecuador y Costa Rica; ahora si gana el Apruebo, ¿ese tránsito se puede acelerar?

En una generación de 25 años, Chile probablemente iba a terminar entre Ecuador y Costa Rica. Ahora, si gana el Apruebo y se implementan la mayoría de las cosas que tiene esta Constituyente, la probabilidad que eso suceda aumenta y la rapidez con la cual vamos a volver a nuestros orígenes también. Vamos a volver a estar entre Ecuador y Costa Rica, pero ojo, ambos países clasificados para el mundial. Tampoco es tan grave. Hay chilenos, chilenas y chilenes que dirían que, con tal de ir al Mundial, estamos dispuestos. Pero la diferencia es que, si somos como Ecuador, mañana todos los chilenos tendrán un ingreso que es la mitad de lo que tienen hoy. Eso es Ecuador: tiene la mitad del ingreso que tiene Chile, siendo que en 1989 tenían el mismo ingreso. Es decir, el que gana $ 2 millones ganará $ 1 millón; el que gana $ 1 millón recibirá $ 500 mil. Ahora, si somos Costa Rica, sería un tercio menos del ingreso actual.

¿Al interior de la Convención ve que no hubo una mayor importancia por los efectos económicos que los cambios propuestos podrían generar?

Se actuó como si las acciones no tuvieran consecuencias económicas. Durante la semana se publicó que seis o siete de las multinacionales mineras dijeron que sólo con el proyecto del royalty, sin considerar la Constitución, iban a disminuir las inversiones. La Constitución fue escrita como si no tuviera ningún efecto en lo económico, como si las elasticidades fueran todas cero. Esa es materia para sacar mal a un alumno de primer año.

¿Por qué cree que pasó eso en el trabajo de la Convención?

Había un economista, 59 abogados y activistas convencidos con la teoría del cuento de que lo económico es una gran conspiración del gran capital para apropiarse de todas las rentas de todos los chilenos. Es una actitud ideológica y doctrinaria, ignorando el conocimiento técnico. Uno puede argumentar que los economistas se las buscaron, después de 40 años de arrogancia y de creerse los reyes del mundo, tampoco es tan sorprendente que la gente diga que nos cabreamos de ustedes.

La semana pasada se conoció una carta de más de 40 académicos extranjeros que valoran la propuesta constitucional, entre ellos, Thomas Piketty, Mariana Mazzucato y Ha-joon Chang. ¿Cómo lo analiza?

Si uno mira la lista de los más de 40 economistas, hay cuatro que son conocidos, el resto son perfectos desconocidos, lo que no significa mucho más que eso. La reacción que yo tuve fue que le mandé a mis amigos del mundo entero la lista y les hice la siguiente pregunta: en el departamento de economía donde ustedes trabajan, ¿a cuánta de estas personas ustedes contratarían? La respuesta fue que a dos.

Cuando Moody’s dijo que era mejor para la certidumbre la opción Apruebo, usted afirmó que “ellos no viven en Chile”. ¿En este caso es algo parecido?

Es gente que no vive en Chile. Lo más probable es que no leyeron la Constitución y lo único que están diciendo es que entre el progresismo y el no progresismo, estamos por el progresismo. Es una opinión válida, pero la de ellos no es una opinión informada. Hasta donde sé, la nueva Constitución no está traducida. Y si le haces una traducción por Google, queda peor de lo que era antes de la Armonización. Me demoraría 17 minutos en conseguir una lista de 44 economistas del mundo que digan lo opuesto, incluyendo a varios premios nobeles, que en esta lista no había ninguno, pero no lo hago porque me daría vergüenza.

¿Cómo analiza los seis meses de Boric?

Lo que decidieron hacer, de un compás de espera hasta que saliera la Constitución, fue un error. Entrar en un compás de espera en una situación de crisis como la que tiene Chile es muy negativo. No hemos visto avances en temas como la migración, la violencia, se ha postergado la propuesta de pensiones. No hemos visto avances en la educación, en innovación.

Sobre el rol que ha jugado el ministro Mario Marcel, ¿lo ve firme aún?

Sigue siendo el único adulto en la sala de clases. De todo el gabinete, Marcel es el adulto en este gabinete de adolescentes. Lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero es un poco optimista en la recaudación de la reforma tributaria. A lo más logra 2 a 2,5 puntos del PIB de los 4 puntos, pero lo ha hecho bien. Ojalá se mantenga, no se aburra y se vaya. Imagínate quedar a cargo de puros adolescentes o preadolescentes.

Si la reforma tributaria no recauda lo que se espera, ¿cómo queda la implementación del programa de gobierno?

No es tan así porque hay un as bajo la manga, que son los impuestos fantasmas. Hay dos: uno es el 6% de contribución por las pensiones que sería gradual, pero es un impuesto. El otro es el impuesto del 7% de las isapres.

Está instalado que luego del plebiscito habrá cambio de gabinete. ¿Se demoró el Presidente en hacer ajustes?

La política chilena tiene muchas cosas curiosas, incluyendo la reticencia a no hacer cambios de gabinete cuando es obviamente malo, pensando que es un signo de debilidad. En un equipo de fútbol, lo habitual es hacer modificaciones en el entretiempo o en el segundo tiempo, pero si un jugador lo está haciendo mal y ha marcado 18 autogoles, lo cambias de una vez. Eso no es una señal de debilidad para el entrenador.

¿Cómo ha visto el rol de los ministros Jackson y Siches?

El relacionador público que tiene que relacionarse bien con el otro poder del Estado, que es el Congreso, no ha logrado más que armar líos y conflictos. Cambiaría a Izkia Siches y Giorgio Jackson. En su lugar pondría a Carolina Tohá de ministra del Interior, y a Patricio Fernández en la Segpres. ¿Al ministro Grau? Soy amigo de Nicolás y me parece que algunas declaraciones han sido muy desafortunadas e innecesarias. Sé que está trabajando firme, le daría una chance más.