“No supimos hablarle a ese pueblo ni conectar correctamente con su diversidad”. Con estas palabras, un abogado y convencional del Frente Amplio analizaba la derrota del Apruebo. Reconociendo la existencia de un país diverso, el gran problema de la Convención habría sido cerrarse a la diversidad de grupos en el país. Pero todo apunta a que la explicación es exactamente la opuesta; por hablarles casi exclusivamente a grupos específicos, la propuesta dejó de lado el factor común que une a los chilenos.

La convivencia en la diversidad es una de las preguntas más complejas de las democracias modernas. La globalización, las redes sociales y el desarrollo económico han realzado la existencia de grupos diversos y han potenciado su demanda por reconocimiento. Chile no es la excepción, y los debates sobre pueblos originarios o ciertas minorías, por nombrar algunos, son reflejo de ello. Respetar y abrazar la diversidad no solo es necesario en el mundo actual, sino también es una fuente de gran riqueza cultural y económica.

Pero la elevación de grupos identitarios por sobre los valores comunes de la sociedad termina cooptando la discusión pública y, finalmente, secando el engrudo que une a los países. Con fascinante claridad, el escritor y profesor inglés-musulmán Ed Husain describe este dilema en la sociedad inglesa, en su libro “Entre mezquitas”, donde relata su recorrido por los principales barrios musulmanes de Inglaterra, revelando cómo sociedades paralelas se han desarrollado en las narices de la inocente sociedad británica. Un mal entendido respeto por la diversidad ha permitido el surgimiento de grupos que viven de acuerdo a principios inconsistentes con los mínimos civilizatorios que Inglaterra trata de establecer.

No es del caso en estas líneas evaluar la situación de comunidades musulmanas en países europeos, pero sí reconocer que la tensión planteada por Husain es universal. La pregunta que cruza a las sociedades modernas dice relación con cómo abrazar la diversidad sin que ello signifique dinamitar su esencia. Sin la promoción y búsqueda de valores comunes, se corre el riesgo de imponer una visión naíf del liberalismo, cuya autodestrucción puede estar a la vuelta de la esquina.

El renacer de fuerzas conservadoras en diferentes países posiblemente da cuenta de cómo grandes masas de la población sienten desatendidas sus preocupaciones en favor de algunas minorías, y representa un grito en favor de la búsqueda de principios comunes. La celebración dieciochera es un buen momento para destacar los valores que nos unen, y un buen punto de partida para reencontrarnos. ¡Viva Chile! (El Mercurio)

Sebastián Claro

El debate sobre el presupuesto siempre es álgido. Después de todo, repartir los fondos públicos entre necesidades como educación, salud, infraestructura o seguridad, es siempre una tarea ingrata. Casi por definición, nadie queda contento. En años previos fueron salud y cultura. En esta ocasión, la tensión está en educación superior. Lo cierto es que la situación financiera de las universidades adscritas a gratuidad se ha enredado sustancialmente en los últimos años. La recesión simplemente ha puesto el broche de oro a una realidad que se arrastra hace un tiempo.

Curiosamente, esto se produce en un contexto donde el gasto público en educación superior ha subido de forma importante en los últimos años. De acuerdo con la Dirección de Presupuestos, entre 2019, último año del que se tiene información, y 2015, el gasto nominal en educación subió un 44%, y en educación superior lo hizo en 84%. En el mismo período, el gasto público total aumentó un 30%, mientras que salud creció un 46%, y en protección de adultos mayores, un 23%.

¿Cómo es posible que un aumento del gasto de 84% tenga a las instituciones de educación superior complicadas? La gratuidad distribuye los fondos públicos en cientos de miles de alumnos, y las transferencias por alumno simplemente no alcanzan a cubrir los aumentos de costos. Este problema se ve agudizado ya que no se distingue entre docencia e investigación, por lo que la fijación de miles (sí, ¡miles!) de aranceles de gratuidad por parte del ministerio hace imposible reflejar adecuadamente la realidad de cada institución. Finalmente, todo indica que el gasto privado en educación superior se ha contraído de manera importante. De acuerdo a la OCDE, Chile es el país donde el aporte de los privados a la educación en sus distintos niveles cayó más entre 2012 y 2017 (último dato disponible).

Estos problemas no serían importantes si las platas públicas fueran ilimitadas, o si no existieran otras necesidades o grupos de interés reclamando su porción. Pero ese mundo no existe. Hacia adelante, el gasto público deberá ajustarse a la nueva realidad del país, y la presión en otros programas sociales —como pensiones— crecerá. Poco a poco, los presupuestos universitarios se verán más apretados y, silenciosamente, la calidad de la docencia y la investigación corren un serio riesgo de retroceder.

Nada de esto es muy sorpresivo. La gratuidad pudo haber perseguido objetivos nobles, pero su diseño voluntarioso está llevando a muchas instituciones a un callejón sin salida. No vaya a ser que tropecemos con la misma piedra, y que una letanía de derechos sociales reclamables ante la justicia en la Constitución nos meta en un callejón parecido. (El Mercurio)

Sebastián Claro

Economista, consejero del Banco Central, columnista del diario El Mercurio

Todo apunta a que la Reserva Federal en Estados Unidos ha calibrado mal su política monetaria. Mientras la inflación es la más alta en las últimas cuatro décadas, el desempleo roza los mínimos históricos y la tasa de política monetaria es de las más bajas de que se tenga registro. Con una economía boyante y la inflación arriba, la Fed sigue bombeando. El problema es que no estamos hablando de un error de décimas en la tasa de interés, o de un atraso de pocos meses en decidirse a actuar, sino que la evidencia sugiere que podemos estar en un embrollo. La inflación se está escapando y la política monetaria está recién despertando.

Como no estamos hablando de cualquier banco central, sino del único productor de dólares en el mundo, el problema puede ser grande. De esos que se ven cada una generación. Después de todo, fue a fines de los 1970s cuando la espiral inflacionaria en el país del norte tuvo que ser detenida con fuertes alzas de tasas de interés que generaron un remezón de aquellos. No en vano los 80s se conocen como la década perdida en América Latina.

La política monetaria súper expansiva durante la crisis financiera fue muy necesaria, así como también lo fue durante la crisis del covid. Es que cuando la incertidumbre se apodera de los mercados y la demanda por dólares sube como la espuma, su oferta debe responder para evitar una crisis mayor. Pero lo que hemos visto desde 2009 es mucho más que eso. Mirado en perspectiva, es muy difícil justificar que el balance de la Reserva Federal —una aproximación de la cantidad de dinero en la economía— haya crecido 900% desde 2008, mientras la economía de Estados Unidos sea solo un 25% más grande.

Este descuadre no puede sino tener consecuencias. Por diferentes razones, el dinero fácil por más de una década no tuvo en un comienzo efecto en la inflación de bienes, aunque sí impulsó fuertemente los precios de los bonos y de los bienes raíces. Los efectos inflacionarios de esta estrategia solo se han manifestado cuando el desequilibrio se ha acumulado.

¿Cómo salimos de aquí? Los mercados están nerviosos y no parecen convencidos de que con un paracetamol se podrá controlar la fiebre alta. Por eso, varios apuestan a que los aumentos de tasas deberán ser bastante más agresivos. Otros simplemente sugieren que la Reserva Federal deberá ponerse colorada y desinflar muy lentamente para no espantar a los inversionistas. Finalmente, están quienes, más tranquilos, apuestan a que la recesión llegará antes y solucionará el embrollo.

Menudas soluciones. Es que no hay salida fácil cuando la ilusión se desvanece. (El Mercurio)

Sebastián Claro

El Gobierno anunció unos diálogos ciudadanos para que “los distintos actores que han estado involucrados en la política comercial desde el mundo privado, el sector sindical, comunidades indígenas y locales puedan plantear cuál tipo de política comercial desean”. Con ello, se estaría buscando “una mayor legitimidad en la política comercial, contribuyendo a un desarrollo con más productividad, equidad y sustentabilidad”.

Aunque esta estrategia podría reflejar indecisión por parte del Gobierno —como han criticado varios—, lo cierto es que los resultados de los diálogos son completamente predecibles. Más que indecisión, aquí hay una decisión de procesar opiniones que son por todos conocidas y, como tales, con consecuencias anticipables.

Cada invitado hará valer su interés. Los sectores que enfrentan mayor competencia externa querrán morigerarla. Los grupos de trabajadores que enfrentan competencia externa de productos intensivos en mano de obra querrán mayor protección. Los grupos ambientalistas querrán libertad para que el Estado pueda limitar ciertas actividades.

Los grandes ganadores del comercio, en cambio, rara vez tienen voz en estos diálogos. Numerosos estudios muestran que buena parte de las ganancias de la apertura provienen del acceso a nuevos productos e insumos. ¿Quién alegará por mayor acceso a productos que ni siquiera conoce? También el acceso a bienes más baratos representa una ganancia directa del comercio. ¿Quién hará ver los costos en precios de una mayor protección? Menos voz tendrán los futuros emprendedores en actividades que hoy ni siquiera existen.

Pero más complejo aún es el silencio de la autoridad respecto de los criterios para ponderar las opiniones. Una vez oídos a los críticos, ¿qué corresponde hacer? Este es el meollo del asunto. La apertura comercial siempre, y en todo lugar, genera ganadores y perdedores. Esta es su esencia, y por eso los países exportan aquello para lo cual tienen ventajas de costos e importan bienes y servicios en los que no son competitivos. Por ello, no es la existencia de perdedores lo que define la bondad de la apertura comercial, sino la evaluación agregada del bienestar.

Las políticas públicas para compensar a aquellos grupos que pierden con el comercio deben correr por otro carril. No son ni la política comercial ni menos la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, sino las políticas sociales, las encargadas de velar por los grupos perjudicados.

La estrategia seguida por el Gobierno es la mejor receta para la captura del Estado por parte de grupos de interés. Si este hubiese sido el camino usado en el pasado, quizá seguiríamos ensamblando autos en Arica y usando jeans made in Chile, por cierto, sin exportar ni medio. (El Mercurio)

Sebastián Claro

El interés que generan en los jóvenes el emprendimiento y la innovación es de tal intensidad, que vale la pena reflexionar sobre lo aprobado en la Convención acerca de la libertad para emprender. Después de todo, este debiera ser uno de los asuntos que más mueva a la juventud.

Una manera de aproximarse al tema es comparando la Constitución vigente con el texto propuesto. Las diferencias son indicativas de la dirección de los cambios y del ambiente que espera a las generaciones futuras de emprendedores. La Constitución actual establece (arts. 21 y 22), básicamente, dos principios: existe libertad para desarrollar cualquier actividad económica, y el Estado no podrá discriminar de manera arbitraria a través de leyes y regulaciones en contra de alguna actividad en particular.

La norma propuesta mantiene el primer principio y elimina el segundo. Esto no es inocuo. Las regulaciones entre sectores no tienen por qué ser idénticas, pero esas diferencias deben obedecer a condiciones objetivas y no discriminatorias. A su vez, es una mala idea que el Estado pueda privilegiar la actividad pública por sobre la privada sin mayor justificación. Si puede decidir a su antojo a quiénes les da zanahoria y a quiénes visita con el garrote, el espacio para la ineficiencia y el amiguismo crece exponencialmente.

La eliminación del principio de no discriminación arbitraria no parece ser accidental. Otros artículos establecen esta definición para el trato del Estado con entidades territoriales y para el trato del Estado con diversas cosmovisiones que componen la interculturalidad del país. Sobre el trato no discriminatorio a los emprendedores o a la actividad económica privada, nada.

El texto propuesto por la Convención, en cambio, incorpora nuevos principios que regulan o limitan la libertad de emprendimiento. Uno de los más llamativos es que “el contenido y los límites a este derecho (a emprender) serán determinados por leyes, las que deberán promover el desarrollo de empresas de menor tamaño y asegurarán la protección a los consumidores”.

Que el emprendimiento tenga como límite la promoción de las pequeñas empresas es una contradicción en los términos. Se entendería si el objetivo fuese fomentar pequeños negocios, pero si se trata de empujar la creatividad en grande, el asunto va por otro lado. La libertad para emprender debe dar rienda suelta a soluciones novedosas que puedan desplazar a los incumbentes, revolucionar mercados y transformarse en grandes empresas. Más que reglas inciertas o un velado impuesto al éxito, los emprendedores necesitan un Estado predecible y comprometido con la libre competencia. (El Mercurio)

Sebastián Claro

Las imágenes desiertas de las calles de Shanghái, con millones de personas encerradas, golpean nuestras memorias de aquellos días de encierro por la pandemia. Mientras la apertura se ha consolidado en buena parte del mundo, China mantiene una férrea política de cero covid, basada en una rápida reacción a casos puntuales para evitar la propagación al resto de la población.

Si durante la pandemia fueron varios los entusiastas con el encierro total y un control abrumador del Estado sobre las actividades sociales, poco a poco ha quedado de manifiesto que los esfuerzos centralizados —pudiendo ser exitosos en el muy corto plazo— generan problemas graves con el paso del tiempo. El caso de Shanghái es una muestra patente de ello. La pandemia requirió en sus inicios de un esfuerzo centralizado, pero su persistencia ha generado dependencia del Estado, al mismo tiempo que ha modificado los incentivos de las personas.

Uno de los antecedentes más notables de la situación en China es la poca densidad de vacunados en personas mayores. Parece inverosímil que el país donde se han fabricado miles de millones de dosis de vacunas no haya logrado inocular a buena parte de sus adultos mayores. Esto no necesariamente obedece a una falta de interés del gobierno por el proceso, sino también a una falta de interés de las personas por las inyecciones. ¿Para qué vacunarme si cualquier foco será rápidamente controlado? Una vez dentro del círculo vicioso, resulta muy difícil escapar. La falta de vacunación refuerza la necesidad de controlar la movilidad, que a su vez desincentiva la vacunación. Y así sigue.

La dependencia de la acción del Estado, sin embargo, no tiene fronteras y tampoco se agota en el control del covid. Lo sucedido esta semana en nuestro país es muestra fehaciente de esto. Las transferencias estatales —necesarias al comienzo de la pandemia— y los retiros previsionales han generado dependencia y han modificado incentivos. La máxima parece ser que mientras existan dificultades económicas o deudas —esto es, siempre— se justifica la destrucción del sistema de pensiones o la ayuda ilimitada del Estado. El deterioro institucional está abonando al deterioro económico, y cuando este se manifieste con más fuerza la presión será inmensa.

Salir de estos callejones sin salida requiere de golpes de timón. Difíciles, pero necesarios para cambiar la dinámica. Desafortunadamente, esta semana en Chile hemos presenciado más bien un golpe al timón. El Gobierno nunca tuvo demasiadas balas para enfrentar estas presiones, toda vez que sus máximas autoridades fueron las más entusiastas impulsoras de transferencias incondicionales. Esta semana mojó parte de sus municiones. (El Mercurio)

Sebastián Claro

Las cifras económicas no son auspiciosas. Las proyecciones del Banco Central apuntan a una inflación que bordeará el 10% a mediados de año, y donde la actividad crecerá en promedio un 0,9% en los próximos dos años. En términos per cápita, una larga contracción económica.

Después de lamentar las noticias, las primeras miradas siempre apuntan al Gobierno. ¿Qué paquete de medidas estará considerando? Como si fuera una sastrería, la reacción casi instantánea es esperar las medidas del Ejecutivo para enfrentar la desaceleración. Ello no es del todo sorpresivo. La economía lleva varios años a los tumbos, y los gobiernos han reaccionado casi siempre con estímulos a la demanda. El exceso de gasto fiscal que arrastramos tiene mucho de esta lógica, y la pandemia no hizo sino agudizarla.

La necesidad de estimular la demanda a través de transferencias o de inversión pública se justifica cuando los privados están retraídos. Ya desde Keynes, el gran promotor de esta visión, se establecieron condiciones bajo las cuales el gasto fiscal podía transitoriamente compensar una baja demanda privada. Los esfuerzos contracíclicos de la política fiscal buscan exactamente aquello.

Pero ello no significa que toda desaceleración sea un problema de demanda, y que por lo tanto requiera nuevos impulsos. Todo apunta a que esta es una buena descripción de la realidad chilena. La alta inflación y un significativo déficit de la cuenta corriente —que sería aún mayor sin un precio del cobre en las nubes— reflejan que la presión en la economía sigue alta. En jerga coloquial, la actividad se está enfriando después de un período caliente y, en las condiciones actuales, no necesita más temperatura. Por ello, los llamados a nuevos IFEs deben ser desoídos.

Ello no quita que el bajo crecimiento no sea preocupante. Lo es, y mucho. Pero no tanto porque se esté corrigiendo un período de excesivo dinamismo, sino porque la capacidad de crecimiento de mediano plazo está en la UTI. Para reencantar la inversión no se necesita más política fiscal, sino señales y compromisos opuestos a los que vemos a diario. El mayor costo de financiamiento de largo plazo y la amenaza de fuertes alzas de impuestos no son particularmente convocantes para la inversión. Pero estos temas son secundarios al lado de lo que sale de la Convención Constitucional a diario. El abierto desprecio por la actividad privada, y las innumerables cortapisas al emprendimiento no solo agudizan la desaceleración, sino que la hacen persistente.

El Gobierno no puede eludir la responsabilidad de esto. Por ello, si quiere revitalizar la economía no debe estimular la demanda, sino más bien la reflexión de sus propios constituyentes. Ahí está el meollo del asunto. (El Mercurio)

Sebastián Claro

“La Naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos”. Más allá de consideraciones filosóficas, religiosas o ambientales, el otorgamiento de derechos a la naturaleza en la Constitución —y la obligación del Estado de garantizarlos y promoverlos— tiene implicaciones económicas de primer orden, que no deben ser ignoradas.

El correcto funcionamiento de cualquier economía requiere de un estatuto que establezca cómo se obtienen los derechos de propiedad, cómo se protegen y cómo se ceden. Mientras el otorgamiento de un derecho tiene una connotación fundamentalmente distributiva —qué es de quién—, el diseño de reglas para cederlos tiene importantes efectos económicos. Por ello, las normas que definen la propiedad son tan importantes como aquellas que regulan su intercambio.

Coase identificó el problema hace muchos años. Una empresa contamina un río con sus desechos, afectando a un agricultor aguas abajo. ¿Tiene la empresa el derecho a producir y manejar sus desechos, o es el agricultor quien tiene derecho al agua limpia? Coase mostró que la interacción entre ambos podía solucionar el problema. Si el agricultor tiene los derechos, puede exigir la limpieza total del río. Sin embargo, preferirá una compensación económica aceptando algo de contaminación, que la empresa gustosa dará con tal de seguir funcionando. El mismo resultado se obtendrá si la empresa es la titular del derecho, recibiendo una compensación para contaminar menos de parte del agricultor, interesado en mejorar el rinde de sus tierras.

La negociación entre el agricultor y la empresa solo es posible si los derechos de propiedad están claramente asignados —quién tiene derecho a qué— y si el costo de negociar entre ellos es bajo. La titularidad de los derechos define quién compensa a quién, pero una vez que los derechos están asignados, la solución del problema se logra con una negociación viable.

El establecimiento de derechos a la naturaleza hace virtualmente imposible cualquier transacción con ella. ¿Quién es el sujeto de derecho: la naturaleza como un todo o cada elemento de ella en particular? ¿Podrá el Estado ceder o intercambiar —en su nombre— tales derechos? La redacción propuesta sugiere que no, y parece más bien el establecimiento de un derecho acompañado de una camisa de fuerza.

Como bien enfatizó Robert Solow, otro gran economista, la necesaria protección de la naturaleza no puede significar la obligación de dejar el mundo intacto. Ello no es solo una mala idea, sino que es simplemente inviable. ¿No nos estaremos metiendo en un embrollo? (El Mercurio)

Sebastián Claro

La detención en Palermo de Matteo Messina, el máximo jefe de la mafia siciliana, da para película. Condenado hace 30 años por numerosos crímenes, se mantuvo prófugo ayudado por su clan y por la cirugía estética. Viajó por Europa y hasta publicitó su muerte hace algunos años para pasar desapercibido, pero una enfermedad y, aparentemente, algunos soplones habrían permitido su pacífica captura.

El arresto de Messina ha sido interpretado como un golpe fatal a la mafia que atemorizó al sur de Italia por décadas. Pero cantar victoria puede ser prematuro; las razones del surgimiento de la mafia no necesariamente mueren con la captura de su capo, y las redes de estas organizaciones son profundas. En cualquier caso, mientras el poder de la mafia en Italia pareciera ir amainando, no podemos decir lo mismo en nuestro país, donde los Messina van introduciendo sus tentáculos todos los días.

Los costos de la mafia son inconmensurables, llenando de temor, drogas y violencia a la sociedad. Pero a estos efectos humanos que alteran la vida diaria se suman importantes impactos económicos. Algunos estudios estiman que el ingreso por persona puede caer cerca de 15% en aquellas zonas donde la mafia se expande. Las razones para ello son múltiples. Por de pronto, la inversión privada y las personas simplemente huyen, empobreciendo sus entornos. Pero ello no es todo. Los capos y sus secuaces también infiltran empresas privadas, normalmente medianas, para usarlas como mecanismo para lavar dinero. La productividad en estas empresas se deteriora significativamente, pero eso no es un problema para estos grupos cuyo objetivo es regularizar sus flujos de plata (Mirenda y coautores, 2021).

Un tercer mecanismo por el cual la mafia afecta la economía es a través del control del aparato público. El control del Estado por parte de carteles y sus capos les permite tener acceso a recursos públicos e influir en su administración. Así, grandes sumas de impuestos son usadas para apoyar sus negocios formales e informales, lucrando de inversiones cuyo impacto social es mínimo. En Italia, los gobiernos locales buscaron compensar la salida de capital privado con inversiones públicas, pero ello terminó siendo una pantalla liderada por la mafia para gastar en proyectos de muy baja rentabilidad social, pero alto retorno para ellos (Pinotti, 2015).

Hay pocas cifras sobre el surgimiento de mafias en Chile, pero es cosa de abrir los ojos para ver que el problema es creciente. A juzgar por la experiencia internacional, el peor camino parece ser dejar que la mafia crezca y buscar la intervención estatal para evitar mayores costos económicos. Esa estrategia solo termina dándoles de comer. ¿Quién le pone el cascabel al gato? (El Mercurio)

Sebastián Claro