Schaulsohn Brodsky Jorge (1952) abogado, casado con Patricia Frenz (+2019), médico cirujano,

Al Presidente le faltó estatura de estadista para entender hasta qué punto el destino de su gobierno y liderazgo personal está en juego en este plebiscito. Adoptó una actitud acrítica y prescindente durante los debates, observó impertérrito como se eliminaba el Senado, conociendo la molestia del Partido Socialista y expresó en múltiples oportunidades su respaldo a lo resuelto en las distintas comisiones y en el pleno.

A horas del plebiscito todas las encuestas desde el mes de abril hasta la fecha, sin excepción, dan por ganador al rechazo por diez puntos, lo que no necesariamente significa que eso vaya a suceder. Hay “modelos matemáticos” que indicarían lo contrario. También existe incertidumbre sobre el efecto de los nuevos votantes y hay quienes dicen que predecir un plebiscito es más difícil que una elección unipersonal, citando a lo sucedido con el Brexit.

El punto es que el Gobierno pudo haber evitado llegar a este momento en condiciones tan precarias, encontrándose al borde del precipicio.

Si gana el rechazo el gran derrotado será el Gobierno y particularmente el Presidente Boric, por no haber intervenido políticamente durante el desarrollo de la Convención teniendo los medios para hacerlo y lograr un texto capaz de concitar el apoyo de la mayoría; o por lo muy menos de toda la centroizquierda lo que habría sido suficiente para cambiar drásticamente la correlación de fuerzas.

El Presidente debió haber utilizado su liderazgo e influencia para “enderezar el clavo” en la Convención, convocando a los líderes de los partidos del Gobierno y poniendo sobre la mesa su autoridad. Había suficientes convencionales socialistas, comunistas y del Frente Amplio sin cuyo apoyo no se habrían logrado los dos tercios para aprobar algunas de las normas que hoy están más cuestionadas.

Al Presidente le faltó estatura de estadista para entender hasta que punto el destino de su gobierno y liderazgo personal está en juego en este plebiscito. Se compró la tesis de la prescindencia y “autonomía” levantada por los convencionales frente a un gobierno que consideraban hostil como el de Piñera, pero no al suyo.

Adoptó una actitud acrítica y prescindente durante los debates, observó impertérrito como se eliminaba el Senado, conociendo la molestia del Partido Socialista y expresó en múltiples oportunidades su respaldo a lo resuelto en las distintas comisiones y en el pleno.

Tuvo un comportamiento errático. Ante las primeras evidencias de que había un clima adverso, quiso tomar distancia del borrador llegando a pedir en el acto de clausura de la Convención que a la hora de votar no se confundiera al Gobierno con ella.

Al final, quedó atrapado en la defensa del trabajo de la Convención y cuando vio el peligro de un triunfo del Rechazo decidió meterse de lleno en la campaña, lo que a esas alturas era el único camino razonable que le quedaba.

En una extensa entrevista en la revista Time (cuya lectura recomiendo) el Presidente Gabriel Boric se esfuerza por relativizar los efectos que un eventual triunfo del Rechazo tendría sobre su gobierno y liderazgo, rechazando la afirmación del periodista que le dice de que ello “sería un desastre para su agenda”.

Boric se defiende señalando estar “convencido de que llegará a “buen término independientemente del resultado del 4 de septiembre y que igual tiene el deber de gobernar “independientemente de lo que pase”.

Pero su “negacionismo”, como es obvio, no cambia la realidad.

El triunfo del Rechazo sería un golpe demasiado duro a la línea de flotación de la coalición gobernante. Desde un punto de vista de la izquierda oficialista y especialmente de Apruebo Dignidad sería políticamente equivalente a que en las elecciones de 1970 hubiese sido derrotada la Unidad Popular.

Se viene abajo todo un proyecto político que empezó con el estallido social y que solo ha conocido la victoria y que habría estado a punto de trasformar su programa político nada menos que en la Constitución de la República

En la entrevista de Time Boric minimiza los efectos que sobre su gobierno tendría el triunfo del rechazo, señalando que si gana “nos demoraremos un poco más, pero vamos a llegar igual”.

Sería lamentable que el presidente realmente pensara que la derrota en el plebiscito solo significa un pequeño bache en el camino y que va a poder continuar “igual” con su proyecto.

Su gobierno quedaría como un barco encallado que hay que reflotar con cambios estructurales en su diseño y objetivos; y que solo un presidente que tenga conciencia plena del momento que se vive puede materializar.

En todo caso, este gobierno ha demostrado una notable capacidad de adaptación y cinismo que les permite cambiar de opinión y discurso sin anestesia en cualquier momento.

El periodista de la revista Time se lo hace ver al Presidente aludiendo a “varios giros de 180 grados desde que asumió el cargo”. Tal vez esta habilidad de “cambiarse de caballo” le podría resultar de mucha utilidad a la hora de pararse frente al nuevo escenario político que requerirá de contorciones políticas y sobre todo retóricas.

Finalmente, hay que constatar que como la historia la escriben los vencedores, si pierde el Rechazo, Boric será un héroe, gracias a cuya sabiduría y oportuna intervención en la campaña, pese a los reparos injustificados de la Contraloría y las “fake news” de la derecha, fue capaz de arrancar una victoria desde las fauces de la derrota.

Jorge Schaulsohn , ex presidente de la Cámara de Diputados, dice que la derrota del Apruebo “es un repudio transversal inapelable de la ciudadanía al proyecto refundacional que empezó con la captura por la extrema izquierda del estallido y su secuela de violencia”.

-¿Qué consecuencias para la izquierda tiene el triunfo del Rechazo?

-El categórico triunfo del Rechazo muestra que los chilenos están más traumatizados por el recuerdo de la Unidad Popular que por la dictadura de Pinochet. No quieren delegar en un estado todopoderoso su destino aunque sí aspiran a más derechos sociales.

Es un repudio transversal inapelable de la ciudadanía al proyecto refundacional que empezó con la captura por la extrema izquierda del estallido y su secuela de violencia; y que después tomó el control de la Convención entronizando en el borrador de constitución su programa político.

-¿Y cómo golpea al Gobierno?

-Para el Gobierno es una tragedia, porque el Presidente Boric cometió muchos errores: fue el jefe de la campaña del apruebo, no intentó moderar a sus propios convencionales y se negó a cambiar ministros y ministras que, a todas luces no daban el ancho.

Podríamos hablar simbólicamente de un notable abandono de deberes de su parte que lo llevó a la encrucijada en que se encuentra hoy.

-¿El Presidente pierde una parte importante de su capital político?

-Su capital político esta como los fondos de las AFP, es decir a la baja.

Pero no todo está perdido para él. Su carisma y capacidad de cambiar de opinión le abren la posibilidad de reconducir el nuevo proceso constituyente que se avecina, lo que requiere reestructurar su coalición de gobierno.

-¿Qué papel debe jugar en el nuevo proceso?

-Boric debe transformarse en un Lagos 3.0. El arquitecto de una nueva constitución respaldada por la mayoría que lleve su firma. Para eso debe cambiar su equipo y modificar su programa que ahora aparece como inviable en muchos aspectos.

La gran pregunta es si será capaz de dominar al Partido Comunista, uno de los grandes responsables de la debacle de la Convención Constitucional.

-¿Qué aspectos de la propuesta derrotada deberían rescatarse?

-El texto rechazado tiene muchos aspectos rescatables, sobre todo en el plano valórico, ambiental y en el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Es un punto de partida, junto con el proyecto que presentó en su día la expresidenta Bachelet.

El ex presidente de la Cámara de Diputados elogió el resultado de la negociación entre los partidos con representación parlamentaria. Piensa que la fórmula de 50 constituyentes cien por ciento electos, apoyados por 24 expertos, permitirá “una altísima probabilidad que el texto sea aprobado por una abrumadora mayoría en el plebiscito de salida”. “Se aprendió de una Convención fracasada”, afirma.

-¿Quién gana con este acuerdo? 

-Leyendo a información que hay, que entiendo que podrían faltar algunas cosas, me parece que el triunfo del Rechazo la devolvió la sensatez a los políticos chilenos. Creo que este es un muy buen acuerdo que va a permitir efectivamente hacer una Constitución que una a todos los chilenos, a diferencia de lo que ocurrió en el proceso anterior, que no funcionó.

-¿Por qué, a su juicio, es funcional un Consejo Constitucional de 50 escaños electos?

-Lo que pasa es que hay que verlo como un todo. Porque no es solo que se van a elegir 50 personas, sino que también está la comisión de 24 expertos, que serán elegidos por partes iguales por el Senado y la Cámara de Diputados. Esa comisión de expertos va a preparar un anteproyecto. Por lo tanto, está todo estructurado, de manera de que se construya en el camino por los representantes electos, por los expertos, con el comité de juristas que van a estar también haciendo un papel de árbitro, más las 12 bases constitucionales que ya están aprobadas, hay una altísima probabilidad que el texto sea aprobado por una abrumadora mayoría de los chilenos en el plebiscito de salida.

-¿El quórum de 3/5 es una señal de equilibrio?

-Me parece que lo que está buscando el quórum de 3/5 es que produzcan los consensos más amplios posibles, sin llevarlo a un cifra que hagan imposible los acuerdos. Esto demuestra que se aprendió la lección de la convención fracasada, que al final era un ring donde un sector quería derrotar al otro. Ahora tenemos un mecanismo democrático, cuyo propósito es llegar a un acuerdo que sea de unidad nacional en torno a una nueva Constitución. Un nuevo pacto social. Por eso que digo que, gracias al triunfo del Rechazo, ha vuelto la sensatez y la cordura al país, a los parlamentarios y a los políticos chilenos.

-Este acuerdo considera otros contrastes con la Convención. Los escaños indígenas, por ejemplo, serán proporcionales a la votación de los pueblos originarios. 

-Eso me parece muy bien porque es una manera correcta, y no manipulada, de tener presente en la redacción de la nueva Constitución, como corresponde, a los pueblos originarios. En la convención constitucional que falló, la presencia de los pueblos originarios en un número tan elevado vino a distorsionar los quórums necesarios y favorecer a un sector. La de ahora me parece una distribución muy adecuada. No podríamos tener una nueva Constitución si los pueblos originarios no estuvieran representados; y ahora van a estar presentes en función del porcentaje de votos que obtengan, lo que establece el principio de igualdad entre todos los que van a ser electos.

-¿Y los independientes?

-La elección de estas 50 personas no va a ser igual de lo que ocurrió en la convención pasada. Primero, va a ser de acuerdo a las reglas con que se eligen los senadores. En segundo lugar, van a ser listas solamente de partidos constituidos y no listas de falsos independientes, que al final terminaron distorsionando la voluntad popular. Creo que la seriedad y la posibilidad de llegar a acuerdos entre los convencionales electos va ser muchísimo mayor porque el sistema de elección es distinto a través del sistema de listas de partidos políticos.

Van a haber listas de partidos políticos y ellos serán los responsables de incluir independientes en sus listas pero bajo condiciones claras, donde se pueda negociar y no haya una anarquía como ocurrió en el proceso pasado.

El espacio de centro no es necesariamente patrimonio de la izquierda o de la derecha. A mi modo de ver, este es el espacio donde se sitúa la abrumadora mayoría de la población, de donde se nutrió el Rechazo y hoy en Chile no existe ningún partido político que los represente.

Hasta hace no muy poco tiempo los partidos de centro estaban a la baja y todo parecía indicar que la izquierda la llevaba; así fuimos testigos de la emergencia de varios grupos de izquierda no renovada creados al alero del movimiento estudiantil que, gracias a un cambio del sistema electoral, llegaron al congreso poniendo contra la cuerdas a los partidos tradicionales, sobre todo al Socialista y al PPD.

Con el estallido social este fenómeno se profundizó y por un rato parecía que estos grupos radicales eran representativos de un porcentaje importante de la población y con las movilizaciones y la violencia doblegaron al “establishment” a convocar a una asamblea constituyente. La izquierda concertacionista, totalmente descolocada, optó por respaldar con sus votos la propuesta de nueva constitución refundacional.

Sin embargo, todo cambió abruptamente con el inesperado y macizo triunfo del Rechazo; con el voto obligatorio millones de chilenos salieron a las urnas por primera vez, dejando en evidencia que el “radicalismo” era solo una ínfima, aunque muy audaz, minoría.

Como consecuencia de esa debacle electoral algunos partidos están “redescubriendo” su vocación de centrista y se negaron a participar en una lista única gobiernista.

El PPD, junto a la democracia cristiana y el partido radical, hoy proclaman a los cuatro vientos que buscan recuperar el voto moderado, centrista, que en el plebiscito de salida estuvo por el Rechazo; lo que algunos dirigentes del oficialismo han denominado despectivamente como “el centro espurio”.

Es una tarea muy difícil para estos tres partidos convencer a quienes verdaderamente se identifican con el centro político que confíen en ellos, porque su actuación de los últimos años ha sido inconsistente. Y, sobre todo en el caso del PPD, porque aún forma parte de la coalición de gobierno, al que juran lealtad, donde están juntos con Apruebo Dignidad.

¡Pero no es imposible!

El centro político es más bien un espacio que se caracteriza por la mentalidad abierta, la capacidad de entendimiento, la sensibilidad social, la racionalidad, el realismo y, sobre todo, por el compromiso congruente con los derechos humanos de todos, especialmente de los más débiles y de los que menos posibilidades tienen de salir adelante por sí mismos. La mentalidad abierta es lo contrario del prejuicio, el estereotipo, el cliché, el etiquetaje.

La mente abierta es propia de personas que se distancian de los hábitos autoritarios y que confeccionan políticas pensando en la realidad, en las personas y no desde la subjetividad.

La mentalidad abierta presupone una inclinación a superar el pensamiento ideológico y bipolar. No importa quién sea el autor de las medidas ni de dónde vengan las soluciones; si son adecuadas, humanas y eficaces bienvenidas sean.

La capacidad de entendimiento es otra de las características del espacio de centro. Eso significa abrir puertas, tender puentes, el diálogo sincero.

Sus políticas sociales no se basan en el asistencialismo que compra voluntades políticas, sino que permiten un mejor ejercicio de la libertad solidaria, un desarrollo personal más genuino y libre. El espacio del centro político es reformista y busca mejorar las condiciones de vida de la gente; lo que implica una actitud de apertura a la realidad y de aceptación de sus condiciones.

El espacio del centro puede ser progresista, cuando se piensa que el Estado tiene más funciones, entre ellas la de asegurar el bienestar para la mayoría y compensar las desigualdades redistribuyendo la riqueza, comprometido con la igualdad de género, los derechos reproductivos, el matrimonio igualitario.

El espacio de centro no es necesariamente patrimonio de la izquierda o de la derecha.

A mi modo de ver, este es el espacio donde se sitúa la abrumadora mayoría de la población, de donde se nutrió el Rechazo y hoy en Chile no existe ningún partido político que los represente.

El PPD lo intentó en sus inicios cuando surgió como partido instrumental y luego se definió como “progresista”, no como socialista ni allendista. Pero con el tiempo la estrecha convivencia con el partido socialista lo desperfiló y hoy es percibido por la ciudadanía como un partido de izquierda más.

Imposible saber por ahora hasta qué punto la negativa del PPD a formar parte de la lista única propiciada por el presidente Boric es indicio de la existencia de una voluntad de iniciar un cambio hacia el espacio del centro progresista y reformista. Hay mucha gente en ese partido que no está conforme con lo que hizo su directiva.

En todo caso no hay que olvidar que la lista “todo por Chile” tiene como único propósito elegir Consejeros Constitucionales; por lo es necesario preguntarse qué importancia tiene para el desarrollo del nuevo proceso constituyente que les vaya bien o mal.

Creo que no mucha. A diferencia de lo que ocurrió con la convención constitucional, el grado de competencia y autonomía de los futuros consejeros será bastante limitado. Recibirán un borrador de constitución redactado por los “expertos” sobre el cual deberán trabajar.

Sus indicaciones pueden ser declaradas inadmisibles por el grupo de catorce árbitros también ya designados por el congreso y deben respetarse  los “principios constitucionales” preaprobados que no se pueden modificar ni violentar.

La representación será netamente política y, francamente, cuasi designada por los partidos políticos constituidos, con una mínima presencia de pueblos originarios.

Además, no hay grandes diferencias en materias constitucionales entre la lista del gobierno y la de Todo Por Chile.

La diferencia la pueden hacer las personas que resulten elegidas porque entre ellas hay niveles de preparación muy diversos.

El único que se juega mucho es el gobierno, y en particular el presidente, que necesita desesperadamente un triunfo electoral que le permita “sacarse los balazos” de la derrota de septiembre; y a efectos de ese cálculo sumarán como propios los votos de la lista PPD, DC y PR.

• Cuando salió elegido produjo conmoción mundial, no solo por su poca edad sino porque la comunidad internacional entendió que Chile se preparaba para desechar su admirado modelo económico. Boric adquirió estatus de “rock star”, lo que llevó a su entonces ministra de relaciones exteriores a preguntarse en voz alta si el Presidente “tenía conciencia del entusiasmo que generaba su liderazgo”.
• No se entendía cómo el país “estrella”, cuyo progreso era objeto de admiración en todas las naciones, había optado por un gobierno de corte socialista anticapitalista. Peor aún, que la población se hubiese comprado un discurso negacionista de los logros objetivos alcanzados desde el retorno a la democracia.
• Hay que decir que lo intentó, pero fracasaron. En un principio el Presidente giró contra un capital que no le pertenecía. Nunca fue el candidato más votado de la historia como se decía, porque muchos lo votaron como el mal menor. Prueba de ello es la rapidez con que ese apoyo se evaporó.

Entrevista sobe la «ideología de la corrupción» por Jose Elizondo en su libro Historia de la relación cívico-militar, 18 octubre 2017: «la década de los noventa estuvo marcada por un temor reverencial a los militares por parte de los políticos. Los esfuerzos desesperados por repatriar a Pinochet son el mejor ejemplo. Hasta Lagos estuvo dispuesto a pagar el gesto con su posible derrota… sobre corrupción no era posible ‘eximir’ a nadie. Era una bomba de tiempo haciendo tic tac, tic tac.

jschaulsohn @jschaulsohn 30 octubre 2020
Ni a Chávez se le ocurrió subir el numero de convencionales después de efectuado el plebiscito que aprobó su AC. Cuando se fija un numero en la Constitución y se vota por ese número ya no se puede modificar.

Yo pienso que @vidalvocero  es el más competitivo frente a Jadue y perdería la elección presidencial más dignamente. 12 diciembre 2020

Suscribe «Cuidemos la democracia» 11 febrero 2021: «DETENER LA VIOLENCIA. Chile vive en democracia y garantiza el derecho a opinión, a manifestación y protesta pública, siempre que ella se exprese en forma pacífica y cívica. Ello a pesar de quienes vienen manifestando desde octubre 2019 que en nuestro país no hay democracia, no existe la institución de los derechos humanos y habría una impunidad generalizada. Discrepamos categóricamente de dichas aseveraciones, tenemos argumentos abundantes e irrebatibles para exponer en cualquier momento».

jschaulsohn @jschaulsohn 10 diciembre 2021
Cada vez que le preguntan a Boric cómo se financia tal o cuál cosa él dice que los que tienen más tienen que pagar más; nadie le ha dicho que la gallina de los huevos de oro también se puede morir?

Entrevista 20 diciembre 2021:

El aplastante triunfo de Gabriel Boric, con una extraordinaria participación superior a la del plebiscito de octubre, lo pone entre la espada y la pared. Me explico: La ciudadanía le entregó un mandato categórico para un proyecto de cambios profundos en todos los ámbitos (social, político y económico) y le exigirá que cumpla las promesas hechas durante la campaña y si no lo hace le pasarán la cuenta. Así las cosas, y  más allá de las buenas  intenciones del presidente electo, no tendrá  mucho  espacio para la “moderación” ya que ello necesariamente implica hacer concesiones programáticas importantes, sobre todo dada la naturaleza refundacional del proyecto del Apruebo Dignidad. Boric no se puede dar el lujo de hacer las cosas en la “medida de lo posible”, pues si  lo hace podría tener  una crisis dentro de su coalición y generar frustración de quienes votaron por él.

jschaulsohn @jschaulsohn 5 abril 2022
Se acaban las Isapre con la reforma del gobierno; y con ellas decaerá el sector privado cuyas clínicas se financian en un 80% de clientes de Isapre. En otras palabras TODOS vanos a estar peor; sad but true

jschaulsohn @jschaulsohn 7 abril 2022
La ministra del Interior sigue tan irresponsable como cuando era pdta del Colegio Médico; ayer en el senado denuncio que vuelo con inmigrantes expulsados por Piñera tuvo que regresar a Chile con las mismas personas solo para tener que retractarse y disculpas/WTF?

No se necesita tener mucha imaginación para entender el efecto perverso de que la Constitución ordene la expropiación y restitución de las “tierras ancestrales” en todo el territorio nacional, que se traducirá en la multiplicación exponencial de las demandas, la profundización del enfrentamiento y del conflicto, haciendo imposible resolver el tema de manera pacífica y racional.

Uno de los problemas más complejos que enfrenta el país es el de la violencia desatada en la macrozona sur, donde la inseguridad va en aumento a pesar de la declaración de Estado de Emergencia. La demanda principal de las comunidades mapuches es la recuperación de tierras, entre ellas las cedidas en dominio como “títulos de merced” a partir de la Ley dictada en 1866.

En 1994, el Estado inició el denominado “Proceso de Restitución de Tierras” y desde entonces se han adquirido por el Estado y entregado a diversas comunidades mapuches miles de hectáreas. Un proceso que ha incluido la compra de los llamados “predios en conflicto”, lo que ha generado incentivos a la violencia, al clientelismo y la corrupción.  Entre 1994 y el presente la situación solo se ha deteriorado con el surgimiento de grupos terroristas equipados con armamento militar que están paralizando la actividad productiva de la zona.

En medio del caos entra en escena la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente, con posturas maximalistas que solo le echan fuego a la hoguera, creando expectativas de recuperación de tierras absolutamente imposibles de cumplir.

Las normas aprobadas señalan que el Estado “reconoce la desposesión, usurpación, expoliación y despojo de las tierras, territorios y bienes naturales a los pueblos y naciones indígenas”. Agrega que “los pueblos y naciones  indígenas tienen derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y bienes comunes naturales  y espacios sagrados que actual o tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado”. Y atribuye el despojo y desposesión a la violencia estructural histórica, por el aprovechamiento de costumbres o desconocimiento del sistema jurídico nacional y consagra el derecho a la recuperación y restitución de las tierras que tradicionalmente han ocupado.

Obliga al Estado, en consulta con los pueblos y naciones indígenas, a adoptar todas las medidas administrativas y legislativas o de otra naturaleza que sean necesarias para el reconocimiento, demarcación, registro o titulación y restitución de las tierras y territorios indígenas, entregando a una disposición transitoria de la Constitución la fijación del procedimiento para la demarcación, titulación y restitución de las tierras.

Es decir, la nueva Constitución: 1) ordena la expropiación de predios disputados por indígenas en todo el territorio nacional; 2) anula títulos de propiedad debidamente inscritos; 3) consagra el fin de la protección legal al derecho de propiedad sobre estas tierras; 4) termina con los procedimientos jurídicos vigentes ante los tribunales de justicia y el sistema registral para resolver conflictos sobre tenencia de predios.

De aprobarse semejante arbitrariedad, la Convención estaría violando la norma expresa del inciso cuarto del artículo 133 de la Constitución vigente que dio origen a la Convención, que señala que el texto  de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar  las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas; ello, porque los títulos de dominio de una gran cantidad de predios reclamados por los mapuches han sido litigados y existen a su respecto sentencias firmes y ejecutoriadas.

No se necesita tener mucha imaginación para entender el efecto perverso de que la Constitución ordene la expropiación y restitución de las “tierras ancestrales” en todo el territorio nacional, que se traducirá en la multiplicación exponencial de las demandas, la profundización del enfrentamiento y del conflicto, haciendo imposible resolver el tema de manera pacífica y racional.

Es totalmente inédito el nivel de detalle que se pretende incluir en la normas constitucionales, que por lo general deben contener principios generales y derechos. Es este caso, más bien parece un decreto que regula minuciosamente todo, una verdadera ley de amarre que impida la acción interpretativa de los jueces o legisladores.

A lo anterior hay que sumarle el impacto tremendamente negativo que estos procesos de restitución por vía administrativa manejados por el gobierno y sin recursos judiciales tendrán sobre la economía. La incertidumbre jurídica dañará las inversiones porque nadie podrá saber si los terrenos sobre los cuales se pretende desarrollar o se está desarrollando una actividad serán expropiados.

En las últimas semanas han surgido muchas voces críticas desde todos los sectores, incluida la centro izquierda, contra el ideologismo enfermizo de algunos convencionales que legislan totalmente de espaldas a la realidad. Lamentablemente, algunos reaccionan indignados, invocan su “autonomía” y descalifican a sus detractores; pero hay otros que se dan cuenta de que van por mal camino, llevando agua al molino del Rechazo, como ocurrió con la idea de eliminar el Senado que fue rechazada por el Partido Socialista, incluyendo al actual senador y futuro ministro de Vivienda Carlos Montes.

Es de esperar que pase lo mismo con las propuestas insensatas de la Comisión de Derechos Fundamentales relacionadas con la restitución y expropiación de tierras indígenas que despoja a los legítimos dueños sin debido proceso legal. Vale decir, que no alcance los dos tercios.

En lo personal reconozco que la idea es tentadora porque el proyecto de constitución que está emergiendo es mucho peor que los defectos de la constitución actual. Pero cambiar las reglas es una propuesta que atenta contra los principios de la democracia y destruiría la confianza en los políticos y las instituciones. El resultado dependerá de que los partidarios del Rechazo sean capaces de plantear sus reparos de forma tal que los ciudadanos puedan comprender lo que está en juego.

La convención constitucional partió (literalmente) con el pie izquierdo cuando un sector de los convencionales llamo a rodear su sede para provocar un enfrentamiento con carabineros, que obligó a suspender el acto inaugural. Desde ese momento el triste espectáculo no ha parado.

El desarrollo de la convención se ha dado en un clima de descalificaciones, funas, exclusiones, arbitrariedades, intentos reiterados de ignorar el marco jurídico que regula su funcionamiento; con una mayoría que ha optado por pasar la aplanadora lo que la ha convertido en un campo de batalla ideológico que exacerba las diferencias por sobre la búsqueda del consenso.

Hasta ahora los sectores izquierda que dominan la convención y sus máximas autoridades estaban en modo de “negacionismo”; en vez de corregir y enmendar los errores y las malas prácticas, rechazaban las críticas como parte de una campaña de la derecha y sectores que siempre fueron hostiles a la idea de una asamblea constituyente.

Sin embargo, la situación ha evolucionado ante la evidencia incontrovertible de que la mayoría de las normas aprobadas en las comisiones sobre temas fundamentales, como el sistema de gobierno y justicia y derechos fundamentales, están tan mal elaboradas, son tan confusas, incoherentes que si se ratifican podrían resultar en el rechazo del texto de nueva constitución.

Cada día son más los sectores que manifiestan públicamente una visión crítica de los frutos del trabajo de la convención, incluyendo a personeros de la centro izquierda como el grupo de “Los Amarillos” y otros militantes de partidos miembros de la coalición de gobierno.

Por primera vez en la izquierda y sobre todo en el gobierno cunde el pánico de que, si no se corrigen los errores, existiría el riesgo de que el texto propuesto por la convención sea rechazado. O que una aprobación paupérrima de la nueva constitución perpetúe el conflicto político afectando la gobernabilidad; lo que provocó una reunión inédita de los colectivos desde la izquierda a la derecha, que se extendió por cinco horas para buscar acuerdos.

Ante la incertidumbre del resultado del plebiscito de salida han surgido voces que buscan modificar las reglas que lo regulan, para poder ofrecer una tercera opción que evite que el rechazo derive en la mantención de la constitución actual; lo que le restaría dramatismo al rechazo.

Para algunos la nueva opción consistiría en convocar a una nueva convención y para otros que sea el congreso el que redacte la nueva constitución que posteriormente sea plebiscitada.

Curiosamente esta idea encuentra adeptos en todos los sectores, aunque por razones muy diferentes. Para los detractores del proceso constituyente porqué haría mucho más fácil abortar el trabajo de la convención; creen, con razón que una mayoría optaría por el rechazo si sabe que no significa un callejón sin salida que mantiene vigente la constitución de “Pinochet”. Y para la izquierda porque evita tener que gobernar con las restricciones y limitaciones que le impone la constitución actual.

En lo personal reconozco que la idea es tentadora porque el proyecto de constitución que está emergiendo es mucho peor que los defectos de la constitución actual; afectará negativamente la inversión, el empleo, el crecimiento, la independencia de poder judicial, los derechos civiles, perpetuará la incerteza jurídica en la macrozona sur, aumentará la desigualdad y la movilidad social.

Pero el fin no justifica los medios. Los chilenos votaron en octubre de 2021 y a abrumadoramente aprobaron la convención constitucional; luego, respetando las reglas fijadas se eligió a los convencionales. Así funciona el Estado de Derecho y se debe respetar.

Cambiar las reglas porque el resultado del trabajo de una convención elegida democráticamente no nos gusta es una propuesta indecente que atenta contra todos los valores y principios de la democracia; y contraproducente porque destruiría de manera irreversible la fe y la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los políticos. La gente simplemente se sentiría estafada, se instalaría un conflicto político acompañado de movilizaciones violentas que nos retrotraería a noviembre del 2021.

La conducta democrática es participar en el plebiscito de salida y jugársela por la opción de nuestra preferencia. La circunstancias son muy diferentes pues el 25 de octubre era lógico que la mayoría de los ciudadanos eligieran la fórmula más democrática y participativa para elaborar una constitución. Ahora, lo que se vota es el contenido de la propuesta y el resultado dependerá de que los partidarios del rechazo sean capaces plantear sus reparos de forma tal que los ciudadanos puedan comprender lo que está en juego.

En un nuevo capítulo del podcast Sin Fronteras, el economista y consultor internacional, Sebastián Edwards, conversa junto al abogado y expresidente de la Cámara de Diputados, Jorge Schaulsohn. En el transcurso del programa analizaron las encrucijadas políticas y económicas que enfrenta el país, a partir del trabajo en la Convención Constitucional y el gobierno de Boric. A continuación las definiciones de Schaulsohn.

El problema del gobierno es de confianza. “Este gobierno es popular, pero la gente no les cree mucho lo que dicen porque están diciendo exactamente lo contrario que decían hace 5 o 6 años atrás. Entonces cuando aparece el Presidente o los ministros hablando de que los retiros son una mala política pública y que esto no puede ser… la gente tiene fresca la memoria. Durante años obligaron al gobierno anterior a implementar políticas públicas que eran malas, como ya lo sabemos”.

• “Marcel, el guardián de la billetera fiscal, el vocero contra los retiros durante años, con muy buenos y sólidos argumentos, aparece de la noche a la mañana propiciando un proyecto de retiro de fondos de pensiones. Eso hace un daño tremendo porque le hace un daño al ministro de Hacienda. Siempre pensé que habría un pacto entre el Presidente y él de que ciertas cosas no se iban a hacer, pero ahora me parece que es un ministro más”.

Primer mes: “Han pasado algunas cosas que no deberían haber pasado. Por ejemplo, quién iba a imaginar que la ministra del Interior iba a chocar contra un poste y quedar, en cierto modo, fuera de acción. Porque hay un ministro del Interior que se llama (Manuel) Monsalve”.

Convención y Frente Amplio: “Más que una Constitución, lo que se está redactando es el programa de gobierno del Frente Amplio. Eso es la Constitución hoy día. En el fondo es una manera extra legislativa de imponer un programa por la vía constitucional y lo dicen los propios convencionales cuando hacen declaraciones. Dicen: “Hemos aprobado tal cosa, por ejemplo un sistema político, para hacer posibles los cambios que el país quiere”. Ahora, una Constitución no es para eso. Una Constitución fija las reglas del juego, democrática, para que todos los proyectos compitan”.

El PC ha florecido. “El Partido Comunista está en su momento de máxima gloria desde el año 73. Hoy día es un protagonista indiscutido”.

¿País plurinacional? “Estamos viviendo en la época de las fake news, donde hay realidades alternativas, y esto de que Chile es un país plurinacional es un invento de los convencionales. No lo digo yo, lo dijo el senado Francisco Huenchumilla. Chile no es un país plurinacional”.

Debate constitucional: “Parto de una base que esta Constitución no me va a gustar, porque no creo lo que cree la izquierda que está en la Constitución. Soy un liberal progresista, socialdemócrata a la europea. Sería militante del PSOE o del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero no sería nunca militante de ninguno de los partidos que se hacen llamar de centroizquierda en Chile. Entonces tengo que fijar una escala de prioridades. Y en esa escala de prioridades, aunque no me gusta lo del plurinacionalismo, no es decisivo para mí. Puedo vivir con eso. Me voy a concentrar en si esta Constitución garantiza o no garantiza los mínimos democráticos que tienen que tener todas las constituciones del mundo democrático occidental”.

El Consejo de Justicia. “En la forma como está constituido y las atribuciones que tiene, va a conducir a la politización del sistema judicial y a que los jueces estén siendo sometidos siempre a chantajes por los políticos. Van a haber cinco parlamentarios y los van a evaluar y los pueden remover y sancionar aunque en la norma diga que no es por sus fallos, pero los pueden echar porque encontraron que su escritorio estaba desordenado, porque pueden hacer lo que quieran. Entonces en una balanza antigua, donde habían fieles de la balanza. Yo agarro el tema del consejo de la justicia y lo pongo en el lado del rechazo”.

El problema de los quórums: “Hay algo que a mí no me gusta que también está en mi balanza del rechazo, que es que de ahora en adelante en Chile todas las leyes se aprueban por la simple mayoría de los presentes en la sala. Cómo va a ser igual una ley que crea un feriado a una que modifica el sistema educacional, el sistema de justicia, o una que modifica la seguridad social. Eso a mi juicio no es racional, y no debería existir”.

El debate por el Senado: “Decir que el Senado ha sido el gran obstáculo para los cambios sociales en Chile es una falsedad que no resiste el menor análisis. El Senado ha estado muchas veces controlado por la izquierda en Chile, antes del 73 y después de la recuperación de la democracia. Michelle Bachelet tuvo mayoría en las dos cámaras cuando desaparecieron los senadores designados. Allende fue presidente del Senado, nada menos. Entonces contra lo que yo me rebelo es contra una especie de trumpismo que está muy vigente en la izquierda. Hacen política, un sector, desde la mentira, desde las noticias falsas, como es el caso específico del Senado, que se transformó en una especie de trofeo. El niño símbolo de la revolución era echar abajo al Senado y los argumentos que se han dado son completamente contra factuales. Si lo hubieran querido cambiar con argumentos razonables sería otra la discusión”.

Constitución vs programa presidencial. “Sería muy bueno para Chile que se hiciera una Constitución que no sea un programa presidencial o de gobierno como lo que están haciendo, sino que fuera una Constitución que realmente tuviera un apoyo amplio, mayoritario, para dar vuelta la hoja y superar el conflicto político y social. Ahora, no estoy por superarlo a cualquier precio”.

La nueva constitución será la llave maestra que le permitirá al gobierno implementar su programa saltándose al Congreso, ya sea porque se incorporaron los aspectos fundamentales de ese programa a la constitución, o porque eliminaron los quorum calificados que obligaban a tener el consentimiento de la minoría para reformar leyes fundamentales. Y si triunfa el Rechazo, tendrá un efecto político enorme y decisivo para el Presidente Boric, como una especie de tercera vuelta.

El plebiscito de salida será el 4 de septiembre, fecha en que antes del golpe se elegían los presidentes de república. Pese a que esta vez no vamos a votar por un presidente, el resultado del plebiscito de salida tendrá un impacto tan enorme y decisivo sobre el devenir de la presidencia de Gabriel Boric que se puede decir que el eventual triunfo del rechazo tendía el efecto político equivalente a un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Una especie de tercera vuelta en la que los ciudadanos habrían ejercido su derecho al “retracto”.

Por supuesto que no estoy hablando de una interrupción del hilo constitucional, sino que de una deslegitimación similar a la experimentada por Piñera tras el estallido social que lo dejo como un presidente disminuido y sin proyecto político.

La convención está llegando a su fin y lamentablemente más que una constitución el borrador se parece al programa de gobierno del Apruebo Dignidad. Es el proyecto político maximalista de un sector de la izquierda.

Para el país esa es una muy mala noticia; exactamente lo que no debía pasar. Al gobierno, sin embargo, le viene como anillo al dedo ya que tendrá vía libre para implementar sus reformas sin mayor interferencia del Poder Legislativo. La cancha está rayada y el Congreso tendrá que someterse a lo resuelto en la constitución.

Así, por ejemplo, la reforma a la salud que propone el gobierno plantea un sistema único estatal obligatorio para toda la población. El plan termina con las Isapre y así fue resuelto en el borrador de la constitución; no se incluyó en su texto el derecho a elegir entre un sistema público o privado de salud, por lo que en virtud del principio de “hoja en blanco” ese derecho desapareció.

El cien por ciento de la cotización de salud obligatoria será para Fonasa. Los afiliados de Isapre de clase media no podrán usar su cotización para pagar un seguro complementario y se verán forzados a ponerse a la cola abultando las listas de espera del sistema público

Lo mismo ocurre con las pensiones. La convención ya estableció un sistema de reparto financiado por impuestos manteniendo el pilar contributivo pero administrado por un ente público. Se acaban los retiros desde las AFP.

Las concesiones mineras y los derechos de agua dejan ser un derecho de propiedad otorgados mediante resolución judicial y pasan a ser concesiones otorgadas por el Estado mediante resoluciones administrativas esencialmente revocables, con efectos nefastos sobre la inversión minera y la agricultura.

La nueva constitución también pone termino a los quorum calificados. Ahora todas las leyes se aprueban por la simple mayoría de los diputados presentes en la sala sin distinguir la importancia de la materia. Se aplica el mismo quorum para aprobar un feriado, que un aumento de número de parlamentarios, el cambio del sistema electoral, reformas a la educación, pensiones, sistema de justicia, seguridad social, etc.

Todo el poder queda radicado en el “Congreso de los Diputados y diputadas” que tiene la última palabra en materia legislativa, ya que se acabó el senado.

El Congreso de los Diputados tendrá cupos reservados de origen étnico para los 10 pueblos originarios algunos extintos o muy pequeños, más los afrodescendientes y las diversidades sexuales; su número será determinado por el propio congreso, por simple mayoría de los presentes.

La nueva constitución será la llave maestra que le permitirá al gobierno implementar su programa saltándose al congreso, ya sea porque se incorporaron sus aspectos fundamentales a la constitución, o porque eliminaron los quorum calificados que obligaban a tener el consentimiento de la minoría para reformar leyes fundamentales.

Para que esta estrategia funcione es necesario que triunfe el apruebo, porque si no se cae la estantería. Si gana el rechazo volvemos a fojas cero: el gobierno queda “horquillado” por la constitución de Lagos (2005) obligado a negociar las reformas y leyes con la oposición.

El presidente Boric no puede permitirse el lujo de perder y por eso el gobierno no será neutral (diga lo que diga el contralor); es la existencia misma de su proyecto político, la razón de ser de su gobierno lo que está en juego; la derrota provocaría sisma en la izquierda, un desánimo, una desorientación gigantesca y profunda crisis en el gobierno y en Apruebo Dignidad que podría conducir a un quiebre de la coalición en medio de un mar de recriminaciones.

La intervención del gobierno en todo no garantiza el éxito; será un plus solo en la medida que sus niveles de aprobación sean muchísimo mejores que los actuales (36%); si eso no cambia podría un salvavida de plomo.

El resultado es incierto. La izquierda es una potencia electoral muy grande y Boric triunfó por un amplio margen. Apuestan a que la consagración de derechos sociales incline la balanza a su favor. Las encuestas muestran al Apruebo con 17 puntos de ventaja entre los menores de 30 años y al Rechazo con ventaja de 20 puntos entre los mayores de 60. Con el voto obligatorio e inscripción automática podrían salir a votar por primera vez millones de personas.

Sin embargo, el Rechazo ha ido ganando terreno ante lo que se percibe como una constitución sectaria improvisada y emanada de una convención intransigente dominada por colectivos de extrema izquierda que han avalado la violencia política y que buscan refundar el país.

Efectivamente se proponen cambios radicales, con territorios indígenas especiales con gobierno propio, autonomía política, educacional, financiera, judicial, control territorial. Todas las encuestas muestran que lo del Estado Plurinacional es muy impopular; podríamos llegar a tener diez Temucuicui a lo largo del país y un nación fragmentada difícil de gobernar.

Se afecta seriamente la independencia de los jueces con un Consejo Nacional de Justicia integrado, entre otros, por cinco parlamentarios con facultades disciplinarias donde desoyendo a la Corte Suprema no hay mayoría de jueces; y se politiza y debilita al ministerio público que ahora será manejado por un ente colegiado elegido en parte “democráticamente” por los fiscales.

Y se crea un sistema político que le allana el camino al surgimiento del caudillismo populista y autoritario, de izquierdas o derechas, que amenaza la estabilidad democrática porque bastará con tener la simple mayoría del Congreso de Diputados para hacer y deshacer, sin ningún control preventivo de constitucionalidad ni contrapeso legislativo , prescindiendo y dejando en la irrelevancia a la oposición.

Al contrario de Lagos y Bachelet, que eran socialdemócratas, Boric es el primer presidente de izquierda desde el regreso de la democracia. Y hemos vuelto a los tiempos en que el presidente consulta y los partidos resuelven (o no resuelven), una forma de gobernar que le costó caro a la Unidad Popular.

En 1990, cuando se restableció la democracia, la izquierda de la concertación tenía muy fresca en la memoria, pese a los años transcurridos, lo nefasto que fue haber depositado la conducción del gobierno en una asamblea de partidos conocida como el Comité Político de la Unidad Popular; el cenáculo donde se procesaban todos los problemas y se tomaban las decisiones.

Allí se resolvió, por ejemplo, contra la opinión del presidente Allende no pagar por la expropiación de la gran minería del cobre, lo que desató la ira del gobierno norteamericano. Se rechazó también el acuerdo al que en principio habían llegado Patricio Aylwin y Allende para resolver democráticamente la crisis política restituyendo a sus dueños las empresas tomadas e intervenidas por grupos de ultra izquierda cuya expropiación no formaba parte del programa de la Unidad Popular.

Y se le dijo no al Presidente cuando planteó en la “hora nona” la idea de convocar a un plebiscito para impedir el golpe.

La frustración de Allende era tan grande que el día 11 de septiembre de 1973 cuando el entonces secretario general del Partido Socialista Hernán Del Canto se presentó en La Moneda para pedirle instrucciones éste le respondió con desprecio que ya era tarde.

Por eso, cuando la Concertación asumió el gobierno, lo primero que se hizo fue establecer que el gobierno tendría carácter supra partidario, que la conducción del Estado recaería en un Comité Político integrado por ministros, en el cual no participarían los partidos políticos, y que el líder de la coalición sería el presidente de la república quién tomaría todas las decisiones.

Pero ahora las cosas han cambiado con Boric que encabeza el primer gobierno de izquierdas desde la transición. Hemos vuelto a los tiempos que el presidente consulta y los partidos resuelven (o no resuelven).

El gobierno está tironeado, indeciso, errático, paralogizado, sobre todo en el tema del orden público, del uso de la capacidad represiva del Estado y del papel de las Fuerzas Armadas, que tocan fibras ideológicas muy sensibles. Los ministros corren con colores propios, se contradicen, se corrigen.

El país está atravesando una crisis de orden público con altos y sofisticados niveles de delincuencia, inseguridad, grupos terroristas que tiene totalmente alterada la vida de los ciudadanos, tomas de terrenos, amenazas, asesinatos, atentados y pérdida de control territorial en tres regiones del sur, violencia en los colegios con quema de buses, barricadas.

Situación que se complica porque -en un país profundamente presidencialista- hay un notorio vacío de liderazgo del presidente que cree en una forma de gobernanza colectiva, asambleista, donde las decisiones tienen que pasar por la aduana de los partidos. La izquierda se está tropezando dos veces con la misma piedra.

Ahí tenemos el “Estado de Emergencia Acotado” un engendro concebido para apaciguar las diferencias entre el Partido Comunista y Socialista sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la Araucanía. Solo que ahora, al revés de lo que sucedía en la UP, los “ultras” son los comunista y los socialistas los moderados. Por eso no se tramita la ley que autoriza a las FF.AA. a proteger la infraestructura crítica, por eso se sigue hablando de “presos políticos” mapuches y de la revuelta.

¡Qué mejor regalo para los terroristas que decretar un estado de emergencia que, por ser acotado, les informa de antemano donde no van a estar operando los militares!

Gabriel Boric es el primer presidente de izquierdas desde la recuperación de la democracia; no un social demócrata como Lagos o Bachelet que en su brevísima carrera política no ha escatimado palabras para expresar su lejanía con el orden establecido y su distanciamiento con la transición y sus protagonistas.

Es difícil pensar que Boric creía que iba a poder prescindir de las Fuerzas Armadas para resguardar la macrozona sur, que los estudiantes dejarían de protestar quemando liceos y buses como en los “mejores” tiempos de la revuelta estudiantil que hace no tanto tiempo encabezó.

Pero obviamente no estaba preparado, tal vez porque nunca imaginó que sería presidente de Chile, un cargo incompatible con la visión romántica e idealista de la violencia que tiene él, buena parte de su coalición y varios ministros y delegados presidenciales.

La falta de convicción y cohesión del gobierno a la hora de reprimir la violencia se nota demasiado. Un sentido de culpa por estar desplegando a las FF.AA. los corroe y que tratan de “compensar” con anuncios extemporáneos sobre reparación a las víctimas de violaciones a los DDHH durante la revuelta; la remoción injustificada del jefe la Defensa del Bio Bio, la sanitización la violencia de los radicales mapuches al negarse a hablar de terrorismo sino de “crimen organizado”.

Cada querella contra los violentistas es un parto de los montes, se retiran y se interponen, se avanza y se retrocede, todo según los humores del comité político que conforman los partidos. El presidente condena la violencia por Twitter, pero sus partidos votan a favor en la convención constitucional de la supresión definitiva del Estado de Emergencia.

Sería tremendamente injusto achacar a un gobierno que lleva pocos meses toda la responsabilidad por la caótica situación de orden público; pero si debe responder por la falta de liderazgo presidencial y las incoherencias y las vacilaciones que trae aparejada que agravan los problemas.

Es cierto que el desempeño de Jackson ha resultado decepcionante y que logró lo que parecía imposible: Arrebatarle el cetro de la incompetencia a la ministra del Interior dejando al gabinete con sus dos ministros más relevantes prácticamente en la interdicción. Pero la comedia de equivocaciones y errores permea a todo el Gobierno, incluyendo al Presidente.

En lo primero que pensé al ver el pandemonio desatado por las últimas “confesiones” de Giorgio Jackson es en la imagen de Nancy Pelosi en Taiwán y su provocación innecesaria frente a un enemigo poderoso, en el momento más inoportuno. El Socialismo Democrático está reaccionando igual que los chinos, lanzando misiles retóricos, amenazando con bloqueos, exigiendo retractaciones y hasta renuncias.

El implacable trato que está recibiendo Jackson no deja de sorprender; evidencia la total falta de consideración hacia la figura del Presidente ya que se trata de su ministro de mayor cercanía y confianza. Y se trata de una coalición que a los 6 meses de asumir parece estar en avanzado estado de descomposición y se permite autoflagelarse en medio de un referéndum existencial para el gobierno y el país ¡El gen suicida de la política en todo su esplendor!

La dureza de las réplicas hace presagiar que la coalición de Gobierno podría no resistir el día después del plebiscito independientemente de cuál sea la opción ganadora, porque será casi imposible poner de acuerdo a los de Apruebo Dignidad y al Socialismo Democrático en dos cuestiones fundamentales.

La primera es una una agenda de reformas a la constitución, sea a la actual o a la nueva. La segunda es la conformación de un nuevo gabinete que necesariamente deberá recurrir a manos más experimentadas dejando a la orilla del camino a varias figuras emblemáticas de la campaña, fortaleciendo la presencia de “los corruptos”.

¿Se justifica tanto alboroto? No hay nada nuevo en lo expresado por Jackson que los líderes del Socialismo Democrático no hubiesen escuchado antes. La idea del FA de que ellos encarnan una especie de “superioridad moral” cuya escala de valores y principios es cualitativamente diferente a la de la Concertación, está en el ADN del Frente Amplio, que llegó al poder invocándolas en contraste con las políticas que denominaron corruptas de la Concertación.

No deja de ser cierto que, por lo menos hasta ahora, como dice Jackson tienen “infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero”, lo que sería el resultado de “años de administrar el poder político y al mismo tiempo negocios por fuera, que pueden derivar en corrupción. Como en efecto ocurrió, especialmente con el financiamiento ilegal de la política.

Los cuestionamientos éticos a la generación de la Concertación también fueron vertidos por Gabriel Boric en una carta que publicó con ocasión del fallecimiento del ex presidente Patricio Aylwin en la que advertía que “se derramará mucha tinta para recalcar sus virtudes y que “seremos pocos los que no nos sumaremos a esas voces”.

También acusó a la Concertación de haber terminado de imponer el modelo neoliberal de la dictadura, de mantener aislado al pueblo para no “molestar más de la cuenta a militares y empresarios” y priorizar los acuerdos con la derecha “traicionando el programa que ellos mismos habían comprometido” y que eso derivó en una “colonización del empresariado hacia la política cuando decidió cerrar los ojos a las privatizaciones”.

La crítica ética y moral a la Concertación ha sido desde siempre el pilar fundamental de la identidad del Frente Amplio en la consecución de su objetivo estratégico de hegemonizar a la izquierda desplazando al denominado Socialismo Democrático.

Pero el proyecto refundacional de la extrema izquierda sufrió un traspiés con la derrota en la primera vuelta obligando a Boric a cambiar radicalmente su discurso en busca del apoyo y aval de la ex Concertación, a quienes integró al gobierno.

Es cierto que el desempeño de Jackson ha resultado decepcionante y que logró lo que parecía imposible: arrebatarle el cetro de la incompetencia a la ministra del Interior dejando al gabinete con sus dos ministros más relevantes prácticamente en la interdicción.

Los bonos de Jackson venían a la baja hace tiempo por su muy mala relación con los parlamentarios de todas las bancadas, reiterados fracasos legislativos y sobre todo por haberse lavado las manos en la defenestración del Senado, lo que los senadores socialistas no le perdonarán jamás.

Pero la comedia de equivocaciones y errores permea a todo el gobierno, incluyendo al Presidente. Como decía Mao, cuando la temperatura es la correcta una chispa puede incendiar un bosque. Fue justamente lo que sucedió con la entrevista de Jackson dada a través de una plataforma digital y que, en un gobierno coherente, seguro de sí mismo y ordenado habría pasado totalmente desapercibida. A ratos parece que el Gobierno se rige por la Ley de Murphy que dice que si algo puede salir mal, saldrá.

Transcurridos apenas seis meses de asumir el Gobierno atraviesa por su peor momento y priman las peleas, las rencillas y las deslealtades. Todo eso en medio de un proceso electoral, lo que podría estar causando daño irreparable a la opción del apruebo, vital para la continuidad del régimen. El encono obedece a la frustración y amargura entre sus partidarios que ven con preocupación como su proyecto político está haciendo agua, incluyendo la nueva constitución.

No debe ser nada fácil para Boric releer el párrafo de su carta en la que le reprocha al expresidente Aylwin la frase “en la medida de lo posible” a la que le adjudica ser el origen de todos los males del “Chile que desde entonces nos tocó vivir”; y comprobar en carne propia que el “viejo líder” no estaba tan equivocado después de todo.

Por su parte, Giorgio Jackson debería escuchar más a su mentor Iñigo Errejón uno de los fundadores de Podemos quien ironizando sobre la superioridad moral de la izquierda, advierte sobre la grandilocuencia y soberbia discursiva y falta de conexión entre esa firmeza en los planteamientos y su traducción real.

“Uno no puede caminar y hablar como Napoleón sin que sea necesario haber ganado una sola batalla”, dice Errejón, quien denuncia que hay una considerable rigidez a la hora de llegar a acuerdos y compromisos o adaptarse a situaciones cambiantes, porque se piensan dueños de la verdad con la que “no es lícito transaccionar ni ser flexible”, que el “moralismo” ha dado lugar en la historia de las izquierdas al sectarismo.

Gabriel Boric está resultando ser un presidente que no es el protagonista de su propio gobierno, sino que más bien un administrador de las decisiones de otros. Una especie de árbitro que no está en condiciones de imponer su voluntad.

Lo han intentado todo, calificando de falsas las críticas al texto constitucional, atacando a los medios de prensa, intentando sacar conductores de programas políticos y acusando a gremios empresariales de campañas del terror. Además de una intervención descarada del gobierno a todos los niveles, nunca vista desde la recuperación de la democracia.

A tres semanas del plebiscito de salida las cosas no pintan bien para la propuesta de la convención ya que todos los sondeos de opinión dan por ganador al rechazo y hasta ahora ninguna de las acciones y estrategias del apruebo han logrado revertir la situación.

Es en el contexto de angustia y desesperanza que se diseñó una operación para elaborar y presentar ante la opinión pública un documento-compromiso con un conjunto de cambios a la propuesta de la convención; todo ello a solicitud del presidente Boric.

El oficialismo negoció de mala gana y contra el tiempo y parió un doc

Gabriel Boric está resultando ser un presidente que no es el protagonista de su propio gobierno, sino que más bien un administrador de las decisiones de otros. Una especie de árbitro que no está en condiciones de imponer su voluntad.

Lo han intentado todo, calificando de falsas las críticas al texto constitucional, atacando a los medios de prensa, intentando sacar conductores de programas políticos y acusando a gremios empresariales de campañas del terror. Además de una intervención descarada del gobierno a todos los niveles, nunca vista desde la recuperación de la democracia.

A tres semanas del plebiscito de salida las cosas no pintan bien para la propuesta de la convención ya que todos los sondeos de opinión dan por ganador al rechazo y hasta ahora ninguna de las acciones y estrategias del apruebo han logrado revertir la situación.

Es en el contexto de angustia y desesperanza que se diseñó una operación para elaborar y presentar ante la opinión pública un documento-compromiso con un conjunto de cambios a la propuesta de la convención; todo ello a solicitud del presidente Boric.

El oficialismo negoció de mala gana y contra el tiempo y parió un doc

Gabriel Boric está resultando ser un presidente que no es el protagonista de su propio gobierno, sino que más bien un administrador de las decisiones de otros. Una especie de árbitro que no está en condiciones de imponer su voluntad.

Lo han intentado todo, calificando de falsas las críticas al texto constitucional, atacando a los medios de prensa, intentando sacar conductores de programas políticos y acusando a gremios empresariales de campañas del terror. Además de una intervención descarada del gobierno a todos los niveles, nunca vista desde la recuperación de la democracia.

A tres semanas del plebiscito de salida las cosas no pintan bien para la propuesta de la convención ya que todos los sondeos de opinión dan por ganador al rechazo y hasta ahora ninguna de las acciones y estrategias del apruebo han logrado revertir la situación.

Es en el contexto de angustia y desesperanza que se diseñó una operación para elaborar y presentar ante la opinión pública un documento-compromiso con un conjunto de cambios a la propuesta de la convención; todo ello a solicitud del presidente Boric.

El oficialismo negoció de mala gana y contra el tiempo y parió un doc

Gabriel Boric está resultando ser un presidente que no es el protagonista de su propio gobierno, sino que más bien un administrador de las decisiones de otros. Una especie de árbitro que no está en condiciones de imponer su voluntad.

Lo han intentado todo, calificando de falsas las críticas al texto constitucional, atacando a los medios de prensa, intentando sacar conductores de programas políticos y acusando a gremios empresariales de campañas del terror. Además de una intervención descarada del gobierno a todos los niveles, nunca vista desde la recuperación de la democracia.

A tres semanas del plebiscito de salida las cosas no pintan bien para la propuesta de la convención ya que todos los sondeos de opinión dan por ganador al rechazo y hasta ahora ninguna de las acciones y estrategias del apruebo han logrado revertir la situación.

Es en el contexto de angustia y desesperanza que se diseñó una operación para elaborar y presentar ante la opinión pública un documento-compromiso con un conjunto de cambios a la propuesta de la convención; todo ello a solicitud del presidente Boric.

El oficialismo negoció de mala gana y contra el tiempo y parió un doc

umento que más bien deja de manifiesto el abismo que existe entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad sobre la nueva constitución; al que describen como “un acuerdo que aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir a la ciudadanía”.

Es decir, que el texto está bien, pero ha sido objeto de tergiversaciones dolosas por parte de sus detractores las que es necesario aclarar. De lo que se deduce que si no fuera por eso no habría que hacerle ningún cambio.

El oficialismo pretende que con solo dos modificaciones al borrador los cuestionamientos al texto quedan resueltos.

Porque en todas las otras materias que aborda, plurinacionalidad, consulta indígena, autonomía territoriales y derechos sociales no plantea ninguna reforma a la constitución, sino que meros compromisos legislativos. Salvo en el tema del consentimiento indígena pero que en realidad solo se puede resolver si los pueblos originarios están de acuerdo lo que parece muy poco probable.

Al Poder Judicial le devolvería la denominación “Poder Judicial” pero sin restituir los atributos y facultades que el borrador elimina y traspasa a un ente ajeno, tales como facultades disciplinarias, nombramiento de jueces y participación de los  ministros de corte, dictar Auto Acordados que regulen el funcionamiento de los tribunales y tramitación de los procesos. Ni siquiera les devuelve la calificación de Ministros o Ministras a los jueces que integran las cortes de   apelaciones y Corte Suprema. Y tampoco reestablece el Recurso de Protección ni el Recurso de Queja, dos instrumentos jurídicos de vital importancia.

A todo lo anterior hay que agregar que los partidos afines al gobierno no fueron capaces de lograr ningún acuerdo sobre el sistema político respecto del cual tanto el Partido Socialista como el PPD y la Democracia Cristiana tienen serios reparos.

El sistema Político es el centro neurálgico de una constitución que define como se alcanza, se ejerce y distribuye el poder y el modelo diseñado por la Convención lo concentra en el Congreso de los Diputados y Diputadas, que tiene la última palabra en la abrumadora mayoría de las leyes. Acá prevaleció el veto del Partido Comunista, que es el autor intelectual del nuevo sistema político, lo que revela el enorme peso y poder que ejerce en el gobierno.

¿Y qué piensa el presidente Boric? ¿Cuáles eran los cambios al borrador que él quería? ¿Qué opina de que el sistema político haya quedado igual? ¿Cree que solo dos o tres modificaciones serán suficiente para que el apruebo remonte?

Lamentablemente no lo sabemos. Gabriel Boric está resultando ser un presidente que no es el protagonista de su propio gobierno, sino que más bien un administrador de las decisiones de otros. Una especie de árbitro que no está en condiciones de imponer su voluntad.

Tal vez por eso este sea un gobierno tan errático, que dice una cosa y después otra, que anuncia un decreto para declarar Estado de Emergencia en Los Ríos y luego no hace nada, que deja pasar todos los errores y desatinos de sus colaboradores, que la opinión pública reciba excusas burdas de ministros y autoridades, cuya política internacional es confusa, con un subsecretario de RR.EE. enemigo declarado de los tratados internacionales vitales para Chile y que está causando daño.

El presidente perdió en pocos meses el apoyo de los millones de chilenos que votaron por él como mal menor en la segunda vuelta y le dieron el triunfo, una descapitalización inédita en la historia política reciente.

Para nadie es un misterio que la baja popularidad del gobierno está siendo un factor determinante en la suerte del apruebo; y que ello se debe en parte a la difícil situación económica y de seguridad pública y que no es imputable solamente a este período.

Pero la levedad de Boric agrava la situación. En momentos difíciles el rol de Presidente de la República es fundamental, la gente espera liderazgo y orientación y en eso él no ha estado a la altura. Incluso ha permitido que sus ministros intervengan electoralmente, conducta ilegal en la cual él mismo ha incurrido.

Sé que las comparaciones son odiosas e injustas. Pero Ricardo Lagos ha llenado un poco ese vacío, pese a ser un presidente jubilado, ordenando el debate, poniendo contexto y llamando a la unidad, aún cuando se pueda discrepar de sus opiniones.

El abogado y ex presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Schaulsohn, sostiene que “a nadie se le puede estar imputando un delito a priori. Y obligándolo a demostrar que no lo está cometiendo”.

 -¿Qué piensas del test de drogas que se está haciendo a parlamentarios?

-Cuando fui presidente de la Cámara se planteó el tema, yo me opuse siempre, porque me parecía una maniobra política. En 1995 una parte de la derecha, usando este tema, trató de dañar a otro sector de Renovación Nacional. Y ahora se repite la historia. Creo que es un triste espectáculo el que está dando el Parlamento.

-¿Cuál es tu postura personal: estás de acuerdo con legalizarlas?

-Realmente no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas duras, porque creo que al final son muy nefastas y pueden conducir a males peores. Obviamente en Chile el uso privado no está penalizado y eso me parece muy bien.

Pero aquí hay una especie de destrucción de la presunción de inocencia, con una serie de consecuencias. Si tú te niegas a hacerte el test hoy día, te van a llevar a la Comisión de Ética, lo que por lo demás es completamente inconstitucional. No te pueden llevar a Comisión de Ética por negarte a hacer algo a lo cual legalmente no estás obligado. ¿Y ahí qué? ¿Te van a aplicar una multa?

-¿Esta propuesta forma parte de un proceso de farandulización de la política, como dijo el diputado Gonzalo Winter?

-Esto forma parte de la decadencia y el desprestigio del Congreso, que obviamente es causado por los propios parlamentarios, que se involucran en este tipo de espectáculos. En EEUU a nadie se le ocurriría hacer tests de drogas a los parlamentarios. Porque hay una presunción de inocencia: que uno no está haciendo algo que es ilegal.

El verdadero impulsor de este test es la demagogia. Se produce el efecto manada, nadie quiere ser puesto en duda. Cobra vigencia esta frase absurda: el que nada hace, nada teme. ¿No te quisiste hacer el test? Simple: ¡estás usando droga!

-La idea es evitar, supuestamente, la influencia del narco en la política.

-Mira, el único caso que conocemos de un político que haya tenido contacto con el narcotráfico y que ha sido sancionado es el alcalde de San Ramón. Que nunca se ha hecho un test de drogas en su vida. La histeria viene de ahí: esta idea de que el narcotráfico va a penetrar la política. A un parlamentario que fuma marihuana, si saliera positivo, le van a abrir las cuentas bancarias, para ver si hay una transacción por sobre 25 millones de pesos, y ver si puede estar vinculada con el narcotráfico. Eso es absolutamente violatorio de todas las garantías constitucionales. Es patético que los parlamentarios se presten para este show y no tengan dignidad para resistirse. Porque esto es un show.

-¿El consumo es parte de los derechos individuales de los parlamentarios?

-Lo que creo es que a nadie se le puede estar imputando un delito a priori. Y obligándolo a demostrar que no lo está cometiendo. Porque nuestro sistema jurídico funciona al revés: uno no tiene que probar que es inocente, es el Estado el que tiene que probar que uno es culpable.

-Llama la atención que, aparte del UDI Juan Antonio Coloma, haya gente de izquierda como Pamela Jiles impulsando la medida. Algunos diputados del FA y el PC agregaron levantar el secreto bancario.

-Sí, se da una coincidencia extraña, el Frente Amplio llegó al Congreso desprestigiándolo. Y esto forma parte de esta campaña. En el tema de las dietas parlamentarias, por ejemplo, se dijo que los parlamentarios ganaban demasiado. Esto va de la mano con lo de las drogas. Al final se pinta un cuadro de un parlamento corrupto, que se está enriqueciendo a costa de la ciudadanía, que no hace nada, y que además podría tener contactos con el narco. Para mí, ese es un enfoque bastante fascista. Son campañas de desprestigio contra las instituciones democráticas que tiene un tufo a trumpismo. Como Trump.

-En la campaña presidencial fue tema, hasta Boric se hizo un test.

-Porque se produce una sicosis, la gente cree que todos los políticos son más o menos corruptos. Puede que eso rinda electoralmente. Además, se trabaja sobre los temores de las personas, porque la gente está muy asustada con la delincuencia. En otros países latinoamericanos el narcotráfico se ha metido efectivamente con la política, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador.

Entonces empieza la sicosis de que acá va a empezar exactamente lo mismo. Ahora, si el narcotráfico se quiere meter con los políticos, los políticos no tienen por qué ser consumidores de drogas para que eso ocurra. Es ridículo el argumento. El sobornado por los narcos en el Congreso va a hacer su test y saldrá negativo. Son otras las cosas que circulan, es plata lo que realmente pesa.

-¿Un ambiente conservador ronda el hemiciclo?

-La derecha conservadora y la extrema izquierda se parecen mucho. Lo que predomina es la demagogia. Esto se ha expresado en muchos aspectos de caráter político en el Congreso. Durante los retiros de la AFP también se produjo una estampida demagógica. El otro día el Presidente Boric decía que se equivocó. No se equivocó, sino que se sumó deliberadamente a una ola demagógica y populista. Y esto es lo mismo.

-¿En otros países se ha visto esta experiencia?

-Te puedo garantizar que en EEUU no existe. Y no existe porque en un estado de derecho para que alguien sea obligado a hacerse un test de droga, por ejemplo, tiene que haber una presunción de que las está usando. Además tiene que ser delito, y el uso de droga para consumo personal en Chile no lo es.

-¿Por qué estás en contra de legalización?

-Hay que distinguir. No estoy en contra de la legalización del uso de la marihuana, pero de las drogas duras, sí. Absolutamente. Porque destruyen las vida de las personas. Pensar que van a destruir al negocio del narcotráfico eso no es real.

-¿No le afectaría?

-Un poco, pero el negocio es tan vasto y tan mundial, que van a encontrar otros mercados. De hecho en EEUU la marihuana ya está legalizada en muchos estados y las redes de narcotraficantes siguen operando igual. Esa no es una buena razón para legalizar las drogas duras.

Por lo demás, legalizar el uso recreacional de la marihuana no necesita este argumento tan dramático de que vas a terminar con el narcotrafico. Es reconocer un hecho: que la gente la usa y es mejor que la pueda comprar legalmente. Y no es una droga con efectos tan nocivos como las drogas duras.