Rodríguez Cabello Jorge Cristián (1972), economista, subdirector de Racionalización de la dirección de Presupuestos; nombrado integrante del primer Consejo Fiscal Autónomo 2018.

En el proceso constituyente la ciudadanía ha depositado esperanzas de consagrar nuevos y más profundos derechos sociales. Ese es un objetivo del cual nadie quiere restarse. Pero el gran desafío es que dichos derechos no queden solo en declaraciones, sino que se traduzcan en un mayor bienestar social.

Este desafío depende en buena medida de la capacidad del Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos, lo que en su dimensión financiera inevitablemente lleva a reflexionar sobre la responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Esto, pues los derechos sociales pueden llegar a requerir varios puntos del PIB de gasto público.

Al respecto, la responsabilidad fiscal no debe mal entenderse como un freno a los derechos, sino que todo lo contrario: como una herramienta para hacerlos viables y sin riesgos de retrocesos.

Por una parte, una política fiscal sostenible destina un menor gasto en intereses de deuda, lo que libera recursos para gastos sociales prioritarios. La experiencia chilena muestra que a principios de la década de los 90 el pago de intereses representaba casi el 10% del gasto público; en contraste, en el período de menor endeudamiento (2005-2009) el pago de intereses no superó el 4% del gasto.

Por otra parte, la responsabilidad fiscal permite sostener el gasto público en períodos recesivos o ante emergencias, como terremotos, pandemias o crisis financieras. Nuestra historia también lo ejemplifica: mientras en la crisis de los años 80 el gasto social se ajustó cerca de 9 puntos del PIB hacia fines de la década; en la crisis de 2008-09 los ahorros del Fisco no solo permitieron mantener el gasto, sino que, además, entregar ayudas extraordinarias.

Por tanto, es indispensable que, así como consagrará derechos sociales, la Constitución también considere los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

Esta reflexión tiene un buen punto de partida. La anterior propuesta de nueva Constitución incluyó un artículo que señalaba que “las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”.

Más aun, el acuerdo y la ley que habilita el nuevo proceso constituyente establece que la nueva Constitución tendrá entre sus bases fundamentales que el Estado de Chile “promueva el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal”.

Pero para resguardar la responsabilidad fiscal no basta un principio general. Deben establecerse también las bases institucionales que lo hagan operativo. Así, debe definirse una arquitectura fiscal que promueva y haga posible un manejo responsable de las finanzas públicas, lo que abarca, entre otras materias, definiciones sobre descentralización, proceso presupuestario, reglas fiscales, e iniciativa de gasto, tributación y deuda. Como Consejo Fiscal Autónomo, haremos los esfuerzos por aportar antecedentes técnicos y propuestas en estas materias.

Por Jorge Rodríguez Cabello, Presidente del Consejo Fiscal Autónomo

Rodríguez Grossi Jorge (1947)  Partido Demócrata Cristiano, “Con más de un millón de cesantes, la estructura productiva y financiera por el suelo, la desesperación e incertidumbre de la mayoría de los hogares chilenos, ¿caben todavía argumentos de pizarrón para sostener el modelo actual?” (1);

subsecretario de Hacienda 1991-94, Ministro de Economía 2001-2006; presidente del Banco del Estado 2015-2017; Ministro de Economía 2017-2018: “el trabajo nuestro es recuperar confianzas, darle ánimo a la economía” (2); “la economía chilena no tiene hoy un potencial de crecimiento mayor a 3% anual, no se ha diversificado suficientemente y su situación fiscal, aunque  nada grave, se ve extremadamente complicada como para volver a ser superavitaria. Por eso es que la caída en el rating será altamente difícil de recuperar (3)

«La columna del ministro Briones demuestra un gigantesco esfuerzo fiscal para atender los efectos empobrecedores de la recesión y la pandemia, los que obviamente ayudan, pero no restituyen. A eso se suma un esfuerzo, también valioso, de procurar que los futuros gobiernos, del signo que sean, puedan reconstruir la fortaleza fiscal de Chile que constituye un patrimonio de todos. Eso llama a focalizar las ayudas versus hacerlas de beneficio general» (4)

«… mayores cotizaciones previsionales encarecen la contratación de trabajadores… de manera que lo que queda por resolver requerirá de menos recursos proveninetes de cotizaciones previsionales, pues el Estado dedicará un 1% adicional del PIB a financiar las nuevas pensiones. No se requerirá subir tan busca ni tan rápidamente los cargos previsionales a los salarios» (5)

«las economías estatizadas finalmente sucumben» (6)

«las economias estatizadas finalmente sucumben» sobre acuerdos de la comisón Medio Ambiente de la Convención, 3 febrero 2022

(1) Revista HOY 5 octubre 1983 p. 4. (2) La Tercera, 2 septiembre 2017. (3) Columna “Ratings y el futuro de nuestra economía” El Mercurio 13 agosto 2018.

(4) «Un gigantesco esfuerzo fiscal» carta El Mercurio 15 noviembre 2020

(5) Carta La Tercera, 11 diciembre 2021

(6) Sobre propuesta aprobadas en comisiones de la Convención Constituyente, El Mercurio 3 febrero 2022

XII Semana Social de Chile 1983. Exposición «País, trabajo y economía» «… que la libertad en un sentido pleno, esto es, el de los derechos humanos es indivisible. Porque un sistema económico de libre mercado junto a un Estado no democrático sólo por casualidad, puede ser justo, tanto porque un sistema económico altamente centralizado conspira contra la estabilidad de un Estado democrático (y por consecuencia, contra la libertad de la persona»