Riveros Marín Edgardo (1949) abogado, magister en ciencias políticas,     casado con María Angélica Massone; 2 hijos.

Riveros Massone Sebastián

Riveros Massone Rosy

Nuestras relaciones exteriores han descansado por décadas sobre un consenso que ha permitido impulsar la política comercial del país fuera de todo apego ideológico, causa o activismo no alineado con el interés nacional. Así las cosas, diversos gobiernos, de distinto signo político, promovieron, negociaron e implementaron acuerdos comerciales teniendo a la vista los objetivos nacionales de largo plazo, más allá del ciclo político de turno, sin prejuicios, y atendiendo el desarrollo comercial sobre la base de fundamentos económicos estructurales, alejados de opiniones militantes o negacionistas de la globalización.

Pero en el último tiempo el país ha sido testigo de una campaña de desinformación y mitos en torno al CPTPP (TPP11) como nunca hemos vivido en procesos internos de discusión legislativa para la aprobación de tratados internacionales. Un neosoberanismo que confunde argumentos de las oportunidades globales de integración de un acuerdo progresista e innovador con la autonomía de nuestras políticas públicas y capacidades regulatorias, construyendo sofismas y eslóganes sin correlato normativo ni evidencia comparada.

Más allá de esta retórica basada en consignas, los perjudicados finales han sido los miles de chilenos a los que impacta la exclusión de mercados y cadenas de valor que redundarían directamente en su bienestar y en el crecimiento del país. Pero el sentido común disipó mitos, disciplinó voluntades y alineó razones logrando que el Senado aprobara el CPTTP por amplia mayoría, desechando de paso las declaraciones interpretativas sugeridas por algunos parlamentarios.

Sin embargo, se ha levantado luego el argumento de que, previo a su ratificación, se debería avanzar la negociación de las denominadas “side letters”, lo que no resulta necesario, pues dicha negociación corre por cuerda separada al Tratado (de ahí su nombre de cartas laterales).

Al tratarse de un ejercicio bilateral con cada país que forma parte del Acuerdo, se podría retrasar su concreción y, aun así, de lograrse, no tendría efecto práctico respecto de 7 de los 10 países del CPTPP con quienes Chile ya tiene actualmente acuerdos bilaterales previos que contemplan reglas de solución de controversias inversionista-Estado, por lo que el efecto de ellas sería más simbólico que real. Por lo demás, la lógica de las cartas laterales sería proteger las potestades regulatorias de Chile, cuestión que tiene mucho mejor resguardo en el acuerdo multilateral con contenido posterior y actualizado.

De este modo, el expediente de las “side letters” se estrella con la realidad y, más aún, con la voluntad del Congreso para concluir con la incorporación de un tratado a nuestro ordenamiento interno.

Nunca en los últimos 32 años se había pensado en retardar la promulgación y publicación de un tratado y tenemos la convicción de que el Presidente meditará sobre este asunto, fiel a lo que ha sido su liderazgo por sobre el ruido sectorial, tal cual lo hizo un 15 de noviembre de 2019 al firmar un Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución y como lo ha hecho en el ejercicio de su cargo, cuando se trata de hacer prevalecer el rol de jefe de Estado por sobre el de dirigente de una coalición o partido.

Sin tratado, Chile continuará en desventaja para el comercio con países del CPTTP, porque seguiremos un escalón abajo respecto de los miembros que lo han ratificado y que nos han desplazado parcialmente de ciertos mercados, capitalizando su más temprana ratificación en relación con Chile, amén de postergar una importante señal a los inversionistas extranjeros, indispensables para obtener capitales para los grandes proyectos de desarrollo, como hidrógeno verde, litio o energías alternativas. El daño sería además político, ya que comprometería nuestra seriedad y confiabilidad con los países del Asia Pacífico.

El retardo es inconveniente. Está en juego no solo el que Chile recupere terreno como líder de la región en crecimiento, enfrentando los pronósticos del FMI para el 2023, sino también el preservar la conducción de nuestra política exterior como una política de Estado. (El Mercurio)

Ximena Rincón
Francisco Cruz F.
Mariano Fernández
Mario Matus
Matías Walker
Claudio Troncoso
Edgardo Riveros
Cristián Barros
Carlos Portales
Carlos Appelgren
Jorge Heine
Andrés Grunewaldt

Riveros Marín Edgardo (1949) miembro del  Partido Demócrata Cristiano, subsecretario general de Gobierno (1990-97) diputado por el distrito de San Bernardo 1998 (36.483 votos 22.9%), 2002 (30.056 votos 18.6%), candidato a diputado 2005 (31.484 votos 20.8%),

subsecretario general de la Presidencia 2006-2010, subsecretario de RR.EE. 2014-2016: en el Juicio ante La Hay, ante la afirmación de Evo Morales de que “Chile presionó a Bolivia para que aceptara el Tratado de Paz”, afirma que Bolivia ‘quiere alterar tratado de 1904’ (1);

10° mecanismo de consultas políticas con Perú, columna El Mercurio, 30 noviembre 2014: «el reciente encuentro nos permite avanzar hacia una vinculación asada en la confianza mutua, la cooperación y la integración transfronteriza…»

“es evidente que la disposición constitucional de Bolivia va dirigida a dejar sin aplicación el Tratado de 1904, en nítida contradicción y desprecio al Derecho Internacional” (2);

“el acatamiento de la sentencia de La Haya debiera dar paso a un diálogo con perspectivas de una lucida, verdadera y eficaz integración en beneficio de ambas naciones” (3); “todos los órganos del Estado de chile están obligados a cumplir las normas de los tratados de derechos humanos que haya ratificado y que se encuentren en vigor” (4).

Queremos alertar el riesgo para la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país el no contar con disposiciones relativas a la aprobación parlamentaria de los tratados internacionales. Ello significa que no existiría ninguna norma relativa al procedimiento de aprobación legislativa de los tratados internacionales, que dada su naturaleza, aunque se someta, en lo pertinente, a los trámites de una ley, tiene características especiales que lo diferencian del procedimiento de aprobación de las leyes. Tampoco existiría una norma indispensable para distinguir entre los acuerdos solemnes, que requieren de aprobación legislativa, de los acuerdos en forma simplificada o “executive agreements” que no requieren de dicha aprobación ya sea porque se celebran en ejecución de un acuerdo marco anterior, o recaen en materias propias de la potestad reglamentaria del Presidente de la República o bien se celebran en ejecución de una ley. (5)

(1) La Tercera, 15 febrero 2016. (2) “El indesmentible vínculo entre la demanda, el Tratado de 1904 y la Constitución boliviana” El Mercurio 27 marzo 2018.

(3) Carta  “Las relaciones entre Chile y Bolivia después del fallo” La Tercera 13 octubre 2018.

(4) Columna “Los tratados de Derechos Humanos obligan a Chile” El Mercurio 2018.

(5) El Mostrador 11 abril 2022

Un concepto humanista de ciudadania. Comentario a la exposición de Mario Fernández Baeza (2004)

Carta «Ratificación del TPP11» 10 agosto 2019: Es preciso valorar la unánime aprobación que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha dao al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacifico… sin embargo es necesario aclarar que no corresponde al Congreso ratificar el tratado,  sino que a quien corresponde otorgar el consentimiento para obligarse por dicho tratado mediante la ratificación es al presidente de la república, artículo 32, numero 15 de la Constitución.

«La disyuntiva es entre un mundo sin normas o con una regulación poco efectiva que permita mayor posibilidad de acción a mas fuerte, y un mundo con reglas imperativas y ecuánime. La opción es evidente, especialmente para un país de tamaño medio como el nuestro. La nueva administración de los EE.UU. anuncia un cambio de rumbo en favor de la cooperación internacional» «La política exterior en una encrucijada» con José Antonio Viera Gallo, El Mercurio 11 enero 2021

La semana pasada tuvo lugar la IX Cumbre de las Américas, teniendo como anfitrión al gobierno de Estados Unidos de América. Uno de los aspectos que concitó atención y motivó polémica fue la no invitación, por parte del organizador, a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La razón entregada fue su naturaleza no democrática.

Es efectivo que existen razones fundadas para cuestionar, desde una perspectiva democrática, la naturaleza de los gobiernos mencionados. En Cuba, desde hace más de sesenta años existe un régimen de partido único, con persecución sistemática a cualquier expresión de disidencia. En Nicaragua y Venezuela, la situación es de persecución a los opositores y de utilización de todos los medios, incluidos los carentes de legitimidad, para mantener en el poder de forma prolongada a Ortega y Maduro. La institucionalidad controlada, mediante el uso de la fuerza armada, permite el encarcelamiento de líderes opositores y una persecución permanente a quienes se manifiesten contrarios a los que detentan el poder.

No obstante la realidad descrita, para los efectos de lograr cambios en los Estados que sufren las consecuencias de falta de un sistema democrático, parece ineficiente dejarlos fuera de las convocatorias, toda vez, que ello trae como efecto que no tengan que responder los requerimientos, denuncias y demandas que puedan formulárseles en un diálogo abierto en el cual los temas que se fijen en la agenda sean, precisamente, los de construcción de sociedades fundadas en los valores democráticos.

De esta forma, lo eficiente no es excluir gobiernos de las convocatorias de diálogo, como son las Cumbres, sino construir una adecuada agenda con amplitud de temas, algunos de los cuales resultarán molestos en grado sumo para los dictadores o a los aspirantes a serlo. De lo que se trata es abrir los espacios para construir sociedades basadas en los valores de la democracia.

Hay ejemplos en la historia que muestran que diálogos abiertos y sin exclusión de temas ayudan a los procesos. Uno de ellos es lo ocurrido con la Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y Cooperación en Europa, que culminó en 1975 y que incluyó entre los aspectos a tratar los Derechos Humanos y la libertad en las comunicaciones. Cualquier análisis que se haga respecto a los cambios producido en dicho continente a partir de 1989-1990, no puede dejar de valorar lo ocurrido en la citada Conferencia.