El Diputado por Constituci6n, Chanco, Cauquenes e Itata, Tomás Ramírez Frías, al fundamentar su voto en contra de cuestionar al Ministerio, fijara con meridiana claridad las razones de orden jurídico y de simple prudencia que debían guiar, en ese instante, el criterio de la corporaci6n. En las partes principales de su intervenci6n el Diputado Ramírez expres6:

«El régimen político establecido por la Carta Fundamental que nos rige y en cuya virtud existen los actuales Poderes Públicos del Estado, priva a la Cámara de la facultad que antes tuvo de emitir votos o resoluciones en cuya virtud los Ministros del Despacho deberían abandonar sus cargos; y la ha reemplazado por la de hacer representaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República sobre actos concretos de esos Secretarios. Los acuerdos u observaciones -agrega el texto constitucional- no afectarán la responsabilidad política de los Ministros y serán con· testados por escrito por el Presidente de la República o verbalmente por el Ministro que corresponda». Por otra parte, el articulo 72 número 59 de la Constitución esta-blece que «son atribuciones especiales del Presidente de la República nombrar a su voluntad a los Ministros de Estado. La moción en debate, por su texto expreso y por los fundamentos que se han dado por su autor, va directamente encaminada a deter· minar, por acción de esta Cámara, como sucedía antes, la caída del Ministerio y su reemplazo por otro, que si tampoco cuenta con su confianza, podría ser derribado en la misma forma a corto plazo, y así sucesivamente, colocando en definitiva a S.E. el Presidente de la República en la necesidad de resignar aquella facultad en manos de la Cámara de Diputados, o si se quiere, del Congreso o de las mayorías de estas corporaciones. Esto es un intento de retrogradación lisa y llana al régimen que ya cayó y que tantos males produjo a la República. Pero ello envuelve una flagrante violación de texto y de espíritu de la Constitución, en que no podemos convenir. Si la Constitución es mala en este punto, debe proponerse y efectuarse previamente esta reforma por los medios legales que ella misma franquea y que son de extrema facilidad. De nada vale decir que no se trata de forzar al Ministerio ni al Presidente de la República y que éste sabrá si hace o no el cambio que se trata de pedirle o insinuarle. Nunca los Congresos pasados trataron de ejercer fuerza en el sentido que parece significarse; siempre se valieron de expresiones muy semejantes a las de la moción actual y aún menos acentuadas y personales; pero siempre el Minis-terio cayó; porque las cosas Son lo que en sí son, y en estos asuntos, no caben equívocos de interpretación. Producido ese voto, o el Presidente de la República y el Minis-terio lo acatan en lo que en sí envuelve, en su objeti vo preciso y nítido, o no. Si lo segundo, queda planteada la lucha entre esta Cámara y el Ejecutivo, en la cual, para salir alfosa la Corporación y no quedar en el ridículo y en el desprestigio de haber dado un enorme paso en falso, deberá ejercer las facultades que están en su mano, negando al Cobierno el depacho de las leyes que éste proponga, es decir, obsta-culizando la marcha del país; y nosotros estimamos que esto no podría ser tolerado nuevamente por el país. Si lo primero, si S.E. reemplaza al Ministerio, entonces queda de hecho violado el texto y el espíritu de la reforma constitucional. El Presidente babría abdicado sus prerrogativas; y babría quedado restablecida la rotativa ministerial con todas las in conveniencias y daños que la hicieron profundamente odiosa al país. En ninguno de los dos extremos sale ganando esta Honorable Cámara, y perdería, en cambio, el prestigio de que hasta este mo-mento ha sabido rodearse y que está basado en la corrección y dignidad de sus procedimientos, ajustados a la Constitución, a las leyes, y a las conveniencias nacionales. No faltarían, sin duda, medios de manifestarse inequívoca y decisivamente a la opinión pública en un conflicto de esta especie; y cree-mos que su veredicto no nos sería favorable. Y esto habna, indudablemente, de traducirse en agitaciones, inquietudes en el país, en los mo-mentos precisos en que todo el mundo que trabaja necesita, ante todo, tranquilidad para producir, o siquiera para mantener a medias su situación económica; cuando nuestras finanzas públicas se hallan en crisis; y cuando aún está en un período por de más delicado nuestro viejo problema de Tacna y Arica. Todo esto aconseja la unión de todas las fuerzas vivas del país; la unión de los partidos y no sus luchas; la unión y la cooperación del Congreso y el Ejecutivo y no la guerra entre ambos. Además, una acción como la que se propone no aparece ante nuestra propia conciencia, ni aparecerá ante el país, con la completa explicación, a lo menos, que requiere su gravedad. No ha habido en esta Cámara, ni en la otra, ni aun en los órganos de la opinión ex-traparlamentarios, un debate amplio y concreto con la comprobación correspondiente, que autorice un súbito y violento desahucio al Gobierno. El país se halla aún bajo la impresión de las ofertas de apoyo y cooperación que los partidos unidos de esta Cámara le hicieron al presentarse aquí el Gabinete, sin que ningún hecho substancial se haya producido por los partidos o la Cámara que dé razón adecuada de este cambio de frente»,

Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados. 35 Sesión Ordinaria, 14 de julio de 1926, páginas 1417 y siguientes.