Pugh Olavarría Kenneth (1959) hijo de Kenneth Pugh Gillmore, marino y María Teresa Olavarría Sanhueza; vicealmirante,  casado con María Victoria Valdovinos Izuel (1966)).

Pugh Valdovinos Kenneth Andrew (1996)

Pugh Valdovinos Duncan

Pugh Valdovinos Stephen

Pugh Valdovinos María Victoria

El ex vicealmirante de Armada y miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Kenneth Pugh (Ind. RN), estima que para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en Chile es urgente un rediseño estratégico de la arquitectura de seguridad. Se debe integrar a todos los actores al sistema, desde las policías hasta el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas y Gendarmería. En cuanto a la ANI, estima que es necesario robustecer su capacidad operativa y dotarla de especialistas expertos en inteligencia.

-¿Cuán retrasados están los sistemas de seguridad en Chile?

-Nos quedamos en el siglo pasado. Estamos más de 20 años atrasados con respecto a lo que otros estados han avanzado. Un solo ejemplo: el Presidente no cuenta con una “sala de situación” donde se le pueda integrar toda la información que se dispone, tanto de lo que ocurre en el espacio físico como en el digital, para que pueda tomar la mejor decisión. En Chile cada organismo maneja su propia información.

-¿Cuáles son las principales debilidades?

-Hoy no existe conciencia ni un monitoreo permanente de los riesgos y amenazas. De ocurrir un suceso, no tenemos actualmente la capacidad de integrar toda la información para la adecuada gestión de los riesgos. Aún seguimos gestionado todo con planillas Excel y grupos de WhatsApp.  Estamos a años luz del piso mínimo requerido por la falta de cultura para asimilar lo que significa Interoperar.

Tenemos la internet por fibra óptica más rápida del mundo y la usamos para mandar documentos en PDF y planillas electrónicas por mail. No tenemos cultura del manejo de información clasificada, más aún si se nos filtran las conversaciones de Cancillería. Hay problemas serios de obtención y proceso de información e inteligencia que nos permita anticiparnos a los hechos.

-¿Qué es lo que se requiere, entonces?

-Este gobierno es un reflejo de este problema, pues ha llegado tarde a todo. Se requiere una visión integradora, estratégica de cómo Chile va a enfrentar sus problemas de seguridad. Ese es el principal vacío que hoy existe y para ello es urgente un rediseño estratégico de la arquitectura de seguridad.

En Chile aún creemos que la paz y la seguridad están aseguradas y que no hay que hacer mucho para conservarlas. Pero este último año nos está demostrando que, si queremos paz, hay que trabajar por ella. Y si queremos enfrentar al Tren de Aragua, las maras y los carteles, tenemos que tener estándares de seguridad acordes al desafío.

-¿Qué se necesita en estos momentos, cuando el crimen organizado se está instalando en ciudades del país?

-Dejar de lado los recursos publicitarios, las mesas de trabajo que mucho hablan y poco hacen e implementar medidas concretas de alto impacto. Hay que hacer cambios profundos y para eso se requiere convicción y ¡voluntad política!

Existen herramientas legales de sobra para tener una respuesta mucho más contundente que lo que se hace hoy. Hay alcaldes que están, por la vía de la gestión, actuando, haciendo cosas, tomando acción. Pero el gobierno brilla por su ausencia.

-Cuando usted menciona la nueva arquitectura del sistema de seguridad, ¿a qué se refiere?

-Necesitamos generar luego esta nueva arquitectura del sistema de seguridad que permita integrar y aprovechar las capacidades de todos los integrantes del sistema de seguridad; desde la gestión de las policías hasta los organismos que inciden indirectamente en el sistema como lo son: el Servicio de Impuestos Internos, UAF, Servicio Nacional de Aduanas y Gendarmería.

Un ejemplo: si queremos perseguir al narco debemos vigilarlo a él, mirar sus operaciones al interior de las cárceles y también utilizar las herramientas del Servicio de Impuestos Internos para seguir el dinero. Si alguien compra un auto de lujo, debe poder justificar de dónde vino ese dinero.

-¿Y cómo se llega a esa estructura?

-Se requiere contar en primer término con una nueva ley que modernice el Sistema de Inteligencia del Estado, que permita tener agentes que obtengan información de fuentes cerradas; que produzcan información de inteligencia en base a productos concretos que se les encargue. Como también, detectar las organizaciones de poder y financiamiento ilícito que alimentan el crimen organizado, basado en el lavado de activos, donde hay que seguir tanto “la ruta del dinero” como “la ruta de los datos”, para desmantelar las organizaciones criminales con tentáculos que llegan hasta los lugares más increíbles. Eso es básico y no se está haciendo bien.

En segundo lugar, tenemos que integrar las capacidades de gestión del Sistema de Seguridad y, para lograr aquello, debemos especializar adecuadamente a nuestras policías. Sin embargo, nada de lo anterior sirve si no dotamos de las herramientas necesarias y legitimamos a nuestras policías. Parte de la brutal crisis de seguridad que vivimos hoy tiene que ver con la deslegitimidad que el Frente Amplio y el Partido Comunista incentivaron hacia las policías, quienes cumplen su rol y deben ejercer el Estado de Derecho, que hoy está amenazado.

-Cómo ex miembro del alto mando de la Armada, ¿qué opinión tiene del papel actual de la ANI?

-A la ANI le falta lo que en su momento no se quiso dejar puesto en la Ley 19.974 del año 2004: capacidad operativa, que es lo más importante que toda agencia de inteligencia debe tener. Le faltan agentes para realizar trabajo de campo y obtener información de fuentes cerradas; y mejores analistas y sistemas para procesar los grandes volúmenes de información abierta, junto con una Escuela de Inteligencia para preparar a estos especialistas. Espero que el gobierno tenga el coraje para enfrentar el desafío.

-Este viernes, la Contraloría declaró no ajustada a derecho la creación de la Unidad Educativa Militar por parte de la Subsecretaría para las FF.AA. ¿El dictamen refleja una intervención indebida en el quehacer formativo de estas instituciones?

-El dictamen deja claro que en Chile queremos Fuerzas Armadas al servicio de la patria. No queremos FF.AA. bolivarianas, democráticas, populares o revolucionarias. Queremos FF.AA. de Chile. El intento del subsecretario comunista, de crear una división de control político y administrativo de la educación de las FF.AA., fue declarado ilegal.

Pugh Olavarría Kenneth (1959) miembro de Renovación Nacional como independiente, senador por la región de Valparaíso 2018-2016 (14.253 votos, 2.2%; RN 25.4% con 2 senadores; Coalición 36.9% con 2 senadores de 5);

“Voy a promover la propuesta del Gobierno de crear la figura del cibersoldado para la defensa del país” (1); “los ciberataques son la forma más efectiva y económica para hacer terrorismo” (2).

adhiere a «Carta «Unidad» de 17 parlamentarios de RN: «…ante la profunda división de la oposición la centroderecha debe trabajar unida, desde Evópoli hasta el partido Republicano, pero por sobre todo incluyendo a todos los independientes» 2 noviembre 2020

(1) Entrevista, El Mercurio, 16 abril 2018.   (2) Carta “Ciberseguridad”, La Tercera 3 agosto 2018.

“Todo lo que se pueda digitalizar o conectar lo está haciendo. El que no lo hace, desaparece. Y como todo sigue ese camino, debe garantizarse a las personas diversas cuestiones. Entre ellas algo esencial, como la protección de los datos personales”, dice el senador Kenneth Pugh, quien ha llevado la bandera en temas digitales en el Congreso y ha instalado conceptos como el de República Digital. Sobre lo que debiera plantearse en la discusión para escribir una nueva Constitución, el parlamentario indica que no solo tiene que ver con incluir asuntos vinculados a lo digitales, puesto que también habrá que velar por que estos, una vez definidos, se apliquen. “Tengamos cuidado con creer que teniendo derechos digitales en la Constitución es suficiente. No es ni la mitad de problemas que tendremos que enfrentar” 27 febrero 2021

FF.AA. no son policías con mayor poder de fuego. Son para otros usos» 3 marzo 2021

En medio de los actos de diaria violencia y la sensación de tensión, desesperación e impotencia que invade a los habitantes de la Macrozona Sur, a los gremios que ven afectadas sus fuentes de sustento y en el caso de los camioneros y los carabineros, hasta sus vidas, el dirigente de la CAM Héctor Llaitul hace un llamado público y notorio a la sedición y a la rebelión armada en contra del Estado de Chile. Este llamado no solo viola el estado de derecho, sino que, además, desconoce la soberanía del Estado de Chile en parte de su territorio. Parece ser que el gobierno no tomó en serio este acto de sedición armada, pues ni siquiera lo consideró lo suficientemente grave como para querellarse contra el autor del llamado.

En paralelo, el gobierno intentó cambiarles el nombre a los estados de excepción establecidos en la Constitución, buscando que no parezca que está imponiendo el orden, pero sí lo está haciendo…en forma acotada. Esta farsa ni siquiera sirvió para aunar criterios en el oficialismo. Como existía un acuerdo de término de conflicto con los gremios de los camioneros y ese acuerdo tenía un plazo, el gobierno impuso un estado de emergencia “acotado” en la región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco.

Estos dos hechos ocurridos en forma simultánea dan testimonio de la indefinición del gobierno respecto de su ineludible responsabilidad constitucional por un derecho humano fundamental: el derecho a la vida y a la seguridad. ¿Qué sacamos con incorporar listas y listas de derechos en la propuesta constitucional si el Estado no es capaz de proveer el Estado de Derecho que es nuestra garantía de igualdad ante la ley y el bien público seguridad que garantice el derecho fundamental a la vida? La respuesta es clara, no sacamos nada, es simple letra muerta.

El fracaso del gobierno en temas de seguridad se funda en su falta de definición y comprensión cabal del hecho de que ya no son oposición ni denunciantes, ahora son el Poder Ejecutivo y tienen que tomar acción. Ya no hay espacio para los discursos, solo hay espacio y premura por los resultados. Además, tras años de denostar a las policías y a las FF.AA., encarándolas públicamente cuando éstas estaban cumpliendo con su mandato de obediencia al poder político civil que las sacó a la calle, quitándoles el apoyo político a su labor, ahora, estando en el poder político y siendo los jefes de las policías y de las FF.AA., están aprendiendo a valorar el rol que ellas cumplen para la estabilidad y la paz de la República y están demostrando que no saben mandarlas, porque no entienden cómo se manda a las FF.AA.

Un gobierno que no se querella contra quien llama a la subversión armada del orden institucional y proclama el desconocimiento de la soberanía de la República de Chile en su territorio se queda muy corto en la respuesta que la ciudadanía espera de sus autoridades. Asimismo, un gobierno que promulga un estado de excepción constitucional acotado, restringido a las carreteras y alguna infraestructura crítica, con serias restricciones en el actuar de las FF.AA. y cuyo discurso solo refleja la preocupación del gobierno por los DD.HH. de los violentistas, ni siquiera por los DD.HH. de la ciudadanía, de las policías o las FF.AA., es un gobierno ambiguo, indeciso, tibio y cómplice de aquellos que deniegan el derecho a la seguridad de la ciudadanía.

El gobierno sacó a las FF.AA. a la calle como una maniobra comunicacional. No quiere querellarse contra Llaitul y no quiere que las FF.AA. actúen contra el terrorismo violento. Es lógico esperar que esta maniobra comunicacional no va a solucionar nada. Tal vez lo único que buscan es ganar tiempo hasta el 4 de septiembre y nada más. El gobierno tiene que aprender rápido cómo se identifica la naturaleza de un conflicto, cómo se articulan los instrumentos del poder nacional y muy especialmente, cómo se conduce políticamente al instrumento militar del poder nacional. Ahora ellos son el gobierno, ellos tienen todo el poder ejecutivo del Estado y la ciudadanía les exige que lo usen para restablecer a la brevedad el Estado de Derecho y la soberanía en el territorio de la República y que resguarden el derecho humano a la vida y a la seguridad de las personas.