Paulina Veloso Muñoz (1988) Licenciada en Derecho, diplomada en gestión cultural y liderazgo social. Se define a sí misma como “hija de pescador y comerciantes, mamá, cristiana,
preocupada de representar a quienes, como ella, han salido adelante a punta de esfuerzo y de defender los valores cristianos”.

• Twitter: @PaulinaVelosoM
• Facebook: @PaulinaVelosoM
• Instagram: @paulinavelosom

Paulina Veloso Muñoz, electa convencional constitucional 2021 representado a Renovación Nacional, obteniendo 8.553 votos (5.08%) de los 33.551 votos (19.9%) de la lista Vamos por Chile en el distrito 21 de la región de Bio Bio.

Respecto de los tres ejes principales que debe tener la Nueva Constitución, señala que se debe seguir manteniendo el fuerte sentido humanista cristiano. Con ello, la familia debe seguir siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Asimismo, mantener las libertades ya adquiridas por las personas, como la de expresión; y consagrar los derechos de la tercera generación, entre ellos el derecho a vivir en paz. En algunas oportunidades también ha mencionado que trabajará porque el recurso agua “sea un bien que nos pertenezca a todos”.
Tras resultar electa, señaló que “no provengo ni de la elite social ni política y eso también es
algo que quiero que se vea reflejado en esta nueva Constitución, que la gente de clase
media, media baja sea la que esté representada y que sean nuestros derechos los que se
defiendan ahí”.

Suscribe declaración de 15 convencionales de RN que no actuarán como bancada.

Suscribe la carta de convencionales de Chile Vamos «Tenemos la convicción de que una sociedad abierta y libre requiere del pleno reconocimiento de los pueblos originarios, de sus derechos y sus culturas.  Reconocemos que se han cometido errores e injusticias, siendo una de ellas la poca comprensión que hemos tenido de las realidades y perspectivas propias de los pueblos originarios. Chile tiene una deuda histórica y nos comprometemos a contribuir a su solución»  El Mercurio 18 agosto 2021

Sobre la propuesta de la comisión de Justicia, afirma que se dijo que se trataria de «la casa de todos» y ahora se propone «la casa de los pueblos privilegiados». 15 febrero 2022

PROGRAMA CONSTITUYENTE PAULINA VELOSO DISTRITO 21
Todo cambio genera incertidumbre y miedo. En el caso de los cambios constitucionales los mismos estarán precedidos de la ilusión de sus impulsores de lograr un Chile mejor. No obstante ello, es importante minimizar los daños que el proceso mismo puede generar a las familias y el país.
Una nueva Constitución es una oportunidad para mejorar el Estado; y responder a traves del sistema político y democrático, a las demandas de millones de chilenos y chilenas. Para dar respuesta a una sociedad que demanda dignidad, se requiere reestructurar un sistema social que implique derechos y deberes. Es deber del Estado
entregar dignidad en las prestaciones a sus ciudadanos y ciudadanas. Asegurar una
calidad de vida digna implica el derecho a la salud, educación, vivienda; y un sistema de pensiones que proteja el bienestar de los mas vulnerables. Al mismo tiempo, es
fundamental que los ciudadanos que esten en condiciones de salud física y mental,
trabajen y coticen para su futuras pensiones; además de aceptar los tributos del Estado
cuando corresponda.
PRINCIPIOS Y VALORES CONSTITUCIONALES
FAMILIA
Nos asiste la convicción de que los chilenos valoran, por sobre todo, a sus familias
y su espacio de autonomia.
Por otro lado, tenemos la certeza que no habrá crecimiento sustentable ni un futuro mejor, si el Estado no apoya el desafío de traer hijos al mundo, y entregar herramientas a los padres para su crianza. Las cifras de decrecimiento de la población en un contexto de una mayor expectativa de vida son altamente preocupantes y levantan tareas urgentes, impensadas hace décadas.
No existen respuestas neutras en materia de autonomia familiar. Los caminos que proponen desde el Estado algunas ideologias responden, sin duda, a determinados valores y, entre ellos, a una mal entendida igualdad que busca aplastar la diversidad

que esperamos como propia de una sociedad democrática.
Es por ello que debemos propiciar convencer con nuestras ideas de la importancia
de materias tales como:
• El reforzamiento de los principios de la autonomía familiar, sin desproteger a los
menores y sus derechos fundamentales. Solo si se afectan estos últimos, es legítima
la intervención estatal. Evidentemente, debe existir un sistema estatal de protección de menores en situación de riesgo, pero el mismo debe ser particularmente cuidadoso de sus derechos;
• Apoyo del Estado, a todo nivel, al esfuerzo de las familias que cuidan niños. Los
apoyos deben ir desde los subsidios hasta las franquicias tributarias;
• Especial protección de la autonomía educacional de los padres, quienes deben
poder elegir donde y como educar a sus hijos. El Estado debe apoyar el ejercicio de
esta libertad, base de la existencia de una sociedad democrática y pluralista.

• Los contenidos esenciales y generales exigidos desde el Estado deben ser los mínimos necesarios para asegurar competencias y el desarrollo de habilidades de los jóvenes chilenos de uno y otro lugar de nuestro extenso territorio, sin ahogar la diversidad y la creación; y con estándares de calidad.
• Protección integral de los menores, evitando su ideologización desde el Estado.
Además, sobre la base de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos,
así como en las obligaciones que conlleva la vida en sociedad, creemos que debe ser
el legislador el que traduzca ello en las regulaciones concretas en materias como la
adopción, el matrimonio y la protección a las familias
Las constituciones contienen normas que buscan regular la actuación de las personas y se construyen en base a reglas y principios. Asimismo, las constituciones reconocen valores fundamentales.

Las reglas constitucionales dan respuesta a consultas específicas mientras que los
principios se aplican a varios casos, algunos de los cuales ni siquiera pudieron preverse por el autor del texto constitucional. Muchas veces dos o mas principios pueden entrar en una aparente contradicción frente al caso concreto, debiendo el interprete aplicar todos ellos en conjunto, optimizando su vigencia y alcance.
La importancia de los principios constitucionales es fundamental, pues sobre ellos se
construye toda la estructura de las normas que deben regirnos. Se trata de ideas
centrales que junto con iluminar la creación de reglas constitucionales, son útiles
para darle sentido y unidad a las normas especiales al momento de su
interpretación.
Por su parte, los valores constitucionales son aquellos objetos jurídicos que se recogen como fundamentales para la vida en sociedad, tanto desde la perspectiva individual como colectiva, explicando a su vez la existencia de normas constitucionales, sean del tipo principios o reglas. Por su importancia o actualidad, resaltamos los siguientes principios y valores constitucionales:

•Las personas nacen libres e iguales;
•La igual dignidad de todas las personas;
•Reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres;
•Valor de la meritocracia, lo que fuerza a rechazar el nepotismo, el sesgo de genera
y cualquier forma de discriminación no basada en las capacidades de las personas;
•Al ser la libertad el valor fundamental, necesariamente debe entenderse la acción
del Estado y sus poderes coercitivos y colaborativos como subsidiarios;
•La igualdad en la ley y ante la ley. Las discriminaciones positivas deben ser mecanismos
transitorios, de manera de apuntar a una igualdad real en el corto plazo;
•El reconocimiento del rol fundamental de todos los tipos de familia y de su autonomía
en materias fundamentales, como la educación de los hijos y las decisiones domésticas.
• Reconocimiento y apoyo del Estado a las familias que tengan hijos;
•La protección de la niñez, como una prioridad del Estado en la que debe colaborar
con el rol preferente de las familias. El adoctrinamiento de los niños por parte de
instituciones públicas debe condenarse como un grave atentado en contra de la
democracia;
• La protección de la vida humana, desde el moment0 mismo de la concepción;

• El Estado, como un ente al servicio de la persona humana y con capacidad para resolver los problemas colectivos que no puedan ser resueltos adecuadamente por la sociedad civil;
•La unidad nacional y la diversidad cultural de Chile, como valores fundamentales. El
Estado debe propender al fortalecimiento de ambos, así como del patrimonio histórico y  cultural material e inmaterial de la Nación;
•El reconocimiento de los pueblos originarios debe ir orientado a relevar su importancia cultural y a lograr una efectiva igualdad entre todos los chilenos, sin
establecer grupos de privilegio. El legislador orgánico constitucional podrá determinar
si se le confiere, como pueblos, representación parlamentaria a los pueblos
originarios;
•Reconocimiento del aporte de las diferentes corrientes migratorias a la conformación de la nación chilena;
•Chile como país unitario pero orientado a la equidad regional, de manera de potenciar
el igualitario desarrollo de las personas y territorios, distribución de competencias que
busquen un mejor aprovechamiento de los talentos y recursos nacionales, en beneficio
de todos.
•Reconocimiento del deber de las regiones de cooperar entre ellas y creación de
eventuales instancias de coordinación entre las mismas;
•El deber del Estado de respetar la libre asociación de las personas y las autonomías
de los grupos intermedios;
•Más que a un Estado solidario, se debe apuntar a una sociedad solidaria. Tanto el Estado, debidamente habilitado por la ley, como los particulares respetando las normas legales aplicables, deben poder concurrir a la búsqueda de soluciones a los desafíos sociales de nuestro país sobre bases equitativas y de mejora sostenida;
•El respeto a los otros, cualquiera sean sus características y opciones;
•La Constitución y la ley deben obligar a todos, autoridades y personas que habitan
en Chile;
• El Estado debe ser un ente eficiente, moderno, transparente, administrado por funcionarios de excelencia, modelo de probidad y respetuoso de los derechos de las
personas. La excesiva demora u omisiones en el ejercicio de la función publica debe ser
indemnizada si ella se traduce en la pérdida de derechos y oportunidades ciertas para
los particulares;
•Los derechos fundamentales que reconocen la Constitución y los tratados
internacionales suscritos por Chile y vigentes, son valores fundamentales que deben
operar como un límite a la soberanía de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial;
•El Estado solo puede hacer aquello para lo que le habilita la ley, no pudiendo bajo
circunstancia alguna ir más allá de ella. Las acciones u omisiones en contra de estas reglas básicas serán nulas y deben acarrear responsabilidades para sus autores;
• La regla del equilibrio fiscal, como un mecanismo de control del populismo y
resguardo a la democracia
• Establecimiento de una regla análoga para municipios y los gobiernos regionales;
•La igualdad de oportunidades, la transparencia y buen funcionamiento de los mercados y la libre competencia, como bases económicas y sociales de una verdadera república.
Son estos valores los que explican la adhesión a un modelo de sociedad libre, al permitir que en beneficio de todos, las personas puedan desarrollar sus capacidades y
desplegarse;
•El apoyo al emprendimiento, la innovación y el desarrollo de tecnologías;
•En línea con lo anterior, una de las tareas fundamentales del Estado debe ser
asegurar a todos los chilenos y chilenas el acceso a una educación de calidad, que
permita el desarrollo pleno de sus potencialidades, en beneficio individual y también
general.
• Importancia de la libertad en general, lo que incluye la de emprender;
• El deseo de que el Estado intervenga lo menos posible en las relaciones
cercanas, como son la familia, los clubes, juntas de vecinos, sociedades, sindicatos
y demás agrupaciones;
•La necesidad de que el Estado solo actúe previa habilitación legal, y;
• Lo fundamental de que el Estado cuente con herramientas para, reconociendo los derechos de los particulares, poder hacer prevalecer el interés general ante circunstancias que lo exijan.
•La existencia de una definición de un estado social es parcial, pues tiende a excluir
otros principios y derechos fundamentales que los chilenos valoran, como la libertad
y la propiedad.
DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES
En nuestra visión, todo el aparato estatal y en general la actuación de los organismos
públicos, tiene por objeto el apuntar a extender los derechos y libertades de las personas, permitiendo su acceso en la realidad a más y más chilenos y minimizando las
circunstancias en que ellos no operen con plenitud. No basta con declarar derechos, si la sociedad como un todo no apunta a plasmarlos en la realidad.
Este deber de respetar los derechos y libertades de los demás no solo pesa sobre el Estado, también recae sobre todos quienes habitan el territorio nacional.
En relación a los derechos y libertades fundamentales, se considera necesario discutir y potenciar las siguientes ideas:
• Los derechos y libertades actualmente consagrados en la Constitución, asi como en
los tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentran vigentes, deben
ser un piso o base de partida, a los que deben sumarse los nuevos derechos que se
puedan aprobar.
• La valoración del derecho a la vida humana desde la concepción; derecho a ser
escuchado por las autoridades; la propiedad privada; la libertad de expresión; la
libertad económica; la libertad de culto protegida por un Estado laico; en general, la
libertad en términos amplios; derecho a la salud física y mental -poniéndose un énfasis en este último punto-; resguardo a la intimidad de las personas y familias, particularmente ante los desafíos de la era digital, entre otros.
• El Estado debe, sobre una base realista y responsable, a través de políticas públicas
aprobadas con base en la ley y de manera respetuosa con los principios de la progresividad y no regresividad, crear las condiciones para que todos los chilenos y chilenas puedan alcanzar una vivienda, educación, vejez y salud compatibles con la dignidad.
• El Estado debe resguardar los derechos y libertades de las personas, no solo de acciones en su contra que puedan ser desarrolladas por otros ciudadanos, sino también frente a los abusos del propio Estado y sus organismos.
• Se debe dar lugar a la creación de un Defensor del Ciudadano, con autonomía
constitucional de tipo funcional y patrimonial y con capacidad de representar a las personas, iniciar acciones judiciales o plantear la necesidad de aprobar normas;
• Se espera que el recurso hídrico sea responsablemente utilizado, buscando el
resguardado del uso humano, se puedan potenciar las actividades productivas de manera sustentable.
• Debe reforzarse el deber del Estado de asegurar el orden público y la paz. Este es el deber primordial del Estado. No deben existir zonas de sacrificio a este respecto;
•Las regulaciones establecidas en beneficio de la comunidad que impliquen limitaciones a los derechos y libertades de personas determinadas, deben ser adecuadamente indemnizadas a los afectados. De esta forma, se compatibiliza el interés colectivo con los derechos individuales;
• El acceso a la cultura para la poblaci6n y a los medios públicos destinados a
promover la creación, sobre una base libre y democrática, evitando que los recursos se destinen exclusivamente a favorecer proyectos afines a los gobiernos de turno;
•El derecho a una justicia transparente y oportuna, como parte esencial del debido proceso según ley.
•El mandato de establecer y entregar un racional y justo procedimiento debe
hacerse pesar sobre el legislador y, tambien, sobre los jueces.
• Establecimiento en forma análoga a lo anterior del debido proceso administrativo, consagrándose, además, de manera explícitalas garantías al respecto y, en particular, las relativas a las sanciones administrativas;
•Derecho de acceso a internet y las telecomunicaciones, a una mejor conectividad de los distintos puntos del territorio;
•La ley debe establecer en todos sus elementos los tributos, de manera igualitaria y reflejando la real capacidad contributiva de las personas. Asimismo, debe prohibirse cualquier tributo injusto o desproporcionado, eliminando la exigencia actual de que dicho vicio sea manifiesto.
DEBERES CONSTITUCIONALES
De manera consistente con el mayor espectro de derechos reclamados por los
chilenos y chilenas, y como única forma sustentable de permitir que la sociedad pueda apuntar a su efectiva vigencia, se hace necesario que todos asuman también obligaciones. Se trata de un conjunto mínimo de obligaciones que se desprenden, basicamente, de los requerimientos de la vida colectiva. Sin el impulso constitucional al cumplimiento de estos deberes, todo el conjunto de derechos exigidos por la población se ve en riesgo. Entre los deberes constitucionales, creemos importante destacar los siguientes:
•El respeto y la tolerancia entre las personas, como base de la participación y vida social;
•El respeto a las autoridades, civiles y militares;
•El respeto a la historia de Chile, su cultura y emblemas, los que son el símbolo de nuestra unidad tras el bien colectivo;
• El participar en la toma de decisiones y elección de autoridades. Discusión sobre reestablecer de voto obligatorio sobre la base de una inscripción automática;
• El deber de formarse en materias de interés público y colectivo.
• Reforzamiento de la educación cívica, desde una perspectiva técnica y no
ideologizada;
• El deber de trabajar y/o contribuir al sostenimiento de los gastos necesarios para satisfacer las necesidades colectivas y el gasto social;
•El deber de cuidar el medio ambiente y buscar la mejor utilización de los recursos naturales, de manera de asegurar la sostenibilidad de los proyectos económicos y su impacto;
•El deber de pagar los tributos y asumir las cargas que señale la ley;

•Deber de cuidar la propiedad pública y respetar la propiedad privada, así como en general, los derechos y libertades de los demás.
INSTITUCIONES Y AUTORIDADES
Aunque lo medular del debate público no parece haber hecho centro en las
instituciones, estamos conscientes que los chilenos y chilenas quieren, a lo menos, mayor participación y una mejor respuesta del Estado al momento de dar soluciones a sus problemas y los desafíos que se presentan. En razón de lo anterior, las principales ideas en relación a las instituciones y autoridades son las siguientes:
• Todas las autoridades, incluido el legislador, deben estar por debajo de la
Constitución y someterse a sus reglas sin excepción.
• Junto a los abusos, una de las principales molestias de los ciudadanos se relaciona con la existencia de corrupción a nivel de instituciones fundamentales.
Debemos recuperar la credibilidad en las instituciones y en las personas que sirven en ellas. Por lo mismo, debe revisarse la creación de una agencia autónoma encargada de investigar con amplias facultades, incluidas las intrusivas, bajo control jurisdiccional los indicios de corrupción . La autonomía puede basarse en un consejo similar al del Banco Central de Chile, o incluso, en la dirección en manos de una autoridad única, bajo el control de dicho consejo. Esta agencia, debe además, tener convenios con otras agencias internacionales similares, de manera de mejorar su efectividad.
•Creación de los tribunales contencioso administrativos especializados y bajo la
subordinación disciplinaria y constitucional de la Corte Suprema;
•Conscientes de las dificultades que genera la combinación de un sistema electoral proporcional con el regimen presidencial de gobierno, se hace necesario buscar mecanismos que aseguren la colaboración de los poderes del Estado y eviten que los bloqueos entre ellos se mantengan en el tiempo, impidiendo que las autoridades ejecutivas puedan ejecutar el programa de gobierno para el que han sido electos.
•Se valora como esencial el modelo de autónoma del Banco Central de Chile, pudiendo evaluarse sentar las bases constitucionales para la autonomía técnica de otras instituciones tales como el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Mercado Financiero;
•Modificación de la Contraloría General de la República a efectos de dotarla de un modelo de dirección similar al de! Banco Central de Chile;
•Debe revisarse la proporcionalidad del sistema electoral parlamentario, de manera de asegurar que las personas que accedan al Congreso Nacional tengan una representatividad mínima. Se reconoce como antidemocrático que personas con una mínima cantidad de votos, terminen ejerciendo en el Congreso Nacional un poder desproporcionado.
Sin duda nuestro pensamiento constitucional y en general político debe estar orientado a buscar soluciones que permitan el mas pronto acceso de todas las personas a los bienes propios de una educación, pensión, vivienda y salud de calidad, con pleno goce del acceso a los bienes de la cultura. Son estos fines, entre otros, los que nos mueven y deben mover en política.
De otro lado, que duda cabe, que dentro del movimiento social no vemos necesariamente un rechazo a las instituciones constitucionales actuales como un todo, sino más bien el reclamo ciudadano que busca la realización de los cambios necesarios para mejorar los niveles de justicia social e igualdad. A ello se suma la necesidad de que el sistema reconozca el esfuerzo individual, no solo con las prestaciones de acceso directo, a traves del mercado en cuanto se tengan los medios, sino también con una red de seguridades que contribuyan a paliar los efectos de contingencias como el desempleo, la enfermedad y otras circunstancias adversas sin afectar la dignidad humana.

PUEBLOS 0RIGINARIOS
Uno de los temas que se ha levantado como central, es el reconocimiento de los
pueblos originarios. Ello, sobre la base de una historia que para muchos no ha sido virtuosa y, para otros, ha sido la propia del negamiento de su existencia colectiva.
Ademas del reconocimiento de los pueblos originarios, estamos seguros que la unidad nacional es también uno de los aspectos que mas preocupa a los chilenos. La mayoría no busca un desmembramiento del país ni la existencia de zonas geográficas independientes, menos a partir de sellos raciales.
Sobre la base de lo anterior, creemos que los siguientes son los principios básicos en esta materia:
•Reconocimiento de la existencia de los diferentes pueblos originarios como una cultura;
• Reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios como colectivos de
identidad;
•A partir de lo anterior y sobre la base irrestricta del principio de la igualdad, encargar a la ley el reconocimiento de los alcances precisos del reconocimiento cultural y colectivo de los pueblos originarios, con la expresa prohibición de que de ello se sigan en el largo plazo el establecimiento de beneficios que no esten al acceso de la totalidad de la población;
•Establecer el deber del Estado de propender al fortalecimiento de la unidad nacional, a partir de la diversidad;
•Reconocer la diversidad cultural como fuente de riqueza para Chile en general.
Esto obliga también a reconocer el aporte a la formación de la cultura nacional de las diferentes corrientes migratorias a través del tiempo, tales como españoles, alemanes, italianos, croatas, palestinos, peruanos, venezolanos y tantos otros a lo largo de nuestra historia.

IGUALDAD Y DEMOCRACIA REGIONAL
Quienes buscan un Estado fuerte, sin duda, buscarán un Estado centralista. Hemos sido desde siempre precursor del regionalismo, con la idea de que los talentos y recursos no pueden dejar de aprovecharse en beneficio de las familias y de todos, simplemente, por no estar emplazados en la zona central.
Ante ello, creemos que esta es una oportunidad para abordar las siguientes ideas centrales:
• Creación de una instancia de coordinación políticas entre macro-zonas del país (Norte Grande; Norte-Chico; Zona Central; Centro-Sur y Austral), donde a través de una reunión de todos los alcaldes se puedan levantar propuestas de interés general;
• Facilitar a las regiones la administraci6n directa de una parte de lo que se recaude por impuestos a la renta, permitiendo adicionalmente que contra dichos recursos, las mismas regiones puedan conceder beneficios tributarios a los proyectos productivos que se instalen en sus territorios.
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Corregir con instrumentos y reglamentos la percepción de la ciudadanía respecto de un Estado burocrático, y donde un grupo importante de funcionarios públicos tienen inamovilidad por la estructura administrativa del Estado a pesar del desempeño. Se debe recuperar la convicción que el Estado está al servicio de las personas, y robustecer los principios de probidad, transparencia, y derecho a audiencia en el sector público.
Asimismo, incorporar evaluación de los programas sociales del Estado respecto a su eficiencia, eficacia e impacto en forma periódica.
Incorporar más estándares de transparencia en las cuentas públicas de los servicios, y que éstas sean de fácil acceso a la ciudadanía.

Limitar la burocracia, y los trámites excesivos para acceder a beneficios del Estado, entregando servicios de excelencia y de forma oportuna sin perjudicar a los ciudadanos.

Grupo de convencionales presenta primera propuesta para ser incluida en la Nueva Constitución: garantizará «el derecho a una vivienda digna»
El documento fue elaborado Roberto Vega, Álvaro Jofré, Manuel José Ossandón, Paulina Veloso, Ángelica Tepper, Luciano Silva y Bernardo de la Maza, todos de Independientes-RN-Evópoli, además de Helmuth Martínez de Independientes por una Nueva Constitución y Adriana Cancino del Colectivo Socialista.
Se indica que «los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten», y que «la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad».

«Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponible para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos» Noviembre 2021