La indignación, los abusos y una larga historia de injusticias es como el Presidente describió mayormente en la ONU los últimos 30 años de Chile. Sin perjuicio de que valoró la reducción de la pobreza y los avances sociales, puso marcadamente el acento en los dolores que habría causado el modelo de desarrollo, provocando que la población se alzara violentamente a protestar en 2019.

Por cierto, no se refirió a la acción poco eficaz y moderna del Estado chileno o a la brecha de calidad que experimentan los usuarios en los servicios públicos como parte del problema; menos, a los recursos que se destinan a programas sociales mal evaluados, y menos aún, a la más abrumadora carencia de énfasis en el crecimiento económico, como política de Estado, de la última década. Y su condena a la violencia si no fue inexistente, fue muy débil.

Aunque buena parte de su diagnóstico sea disputado por la evidencia, no extraña su intervención. Y es que esa vía política, la del enemigo común y el antagonismo permanente, está en el ADN de esta nueva izquierda y en la obra de la disuelta Convención, rechazada por la ciudadanía. Preocupantemente, el sistema político actual, altamente fragmentado, solo beneficia el esmero de esa izquierda, lo que es paradojal, pues fueron los propios políticos tradicionales y consensuales los que, tras cambiar el sistema electoral, favorecieron la atomización y pusieron en duda la gobernabilidad, exaltando el conflicto del que se vale esta izquierda radicalizada. Esto debe considerarse en el nuevo proceso constitucional en ciernes.

Hoy, esa izquierda, que cree en las particularidades, pero más importante, que vive de cómo esas particularidades se enfrentan contra el enemigo común (el modelo neoliberal), nos gobierna. La sociedad aburrida, subsumida en sus preocupaciones mundanas, pero acuciantes, que busca soluciones concretas a sus problemas no es la sociedad conflictuada y sobrepolitizada a la que aspiran. Esa sociedad es despreciada por ellos, por carecer del juicio suficiente para comprender lo que realmente está en la “vanguardia”. El haberse precipitado ante una sociedad que no estaba preparada para tanta “modernidad” ha sido la “autocrítica”, mas no el rumbo al cual buscan dirigir sus destinos.

¿Cómo se gobierna con esa “autocrítica” y con ese leitmotiv? ¿Tiene el Presidente un proyecto y soluciones que ofrecer o lo suyo es lo de su tribu, lo performativo y la exaltación del descontento? A buena parte de quienes están detrás de la coalición de gobierno no le interesa definir el mentado modelo que habrían de derrocar ni menos el proyecto a cambio, porque el solo erigir el enemigo común los mantiene a ellos con afrecho.

Hasta ahora, ese ha sido el proyecto de esa izquierda. Pero tras llegar al poder ¿qué? ¿La revolución y la redención de esa sociedad aturdida? ¿Y si ella se resiste, como lo hizo el 4 de septiembre? García Linera, un referente del Presidente, ha señalado que en tal caso habría que hacerla entender con medios extralegales, con la presión de la calle y con el control de los medios de comunicación que “reproducen las ideas dominantes”, para así hacer irreversible la redención. Ese peligroso constructo autoritario que, por las buenas o las malas, aspira a liberarnos de las ataduras a las que estaríamos sometidos es muy inquietante, pues se percibe fuertemente en una importante ala del Gobierno.

La gran pregunta hoy es qué Presidente nos gobierna ¿el veloz redentor, atrapado en la exaltación del conflicto y que tiene esos referentes, o el que aspira a gobernar para las mayorías, como pareció mostrar en su discurso de presentación del Presupuesto de la Nación para el año 2023? Si es lo segundo, debe demostrarlo. No podemos seguir anclados en disertaciones o en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 —en que mostró disposición a tomar cierto riesgo— para sostener que él es distinto a su tribu. En Chile, si algo quedó claro tras el plebiscito, es que nadie quiere ni ha pedido una revolución, ni lenta ni rápida. Las personas desean progresar, con mayores grados de equidad, pero con estabilidad, sin refundaciones y sin poner en riesgo los logros presentes. El mandatario también lo dijo en la ONU. Debe entonces dar testimonio claro de que tendrá disposición a entender que el malestar tiene más de un diagnóstico, que la ciudadanía no quiere Transantiagos constitucionales, tributarios ni en pensiones, y que su compromiso es el de aunar voluntades para resolver los problemas reales de las mayorías. Si él se resiste, como a ratos pareciera ocurrir —la dilación del TPP11 es un ejemplo— y la sociedad política y civil no se envalentona para hacer valer el sentido común, lo resentiremos enormemente. (El Mercurio)

Natalia González

Se promueve aprobar la propuesta constitucional para luego hacerle sendas mejoras. Un reciente documento del PPD identifica cuestiones sustanciales a mejorar, cuando en realidad conforman la columna vertebral de la propuesta constitucional. No se trata de asuntos aislados ni de ajustes menores, sino de reglas y principios que atraviesan el texto, afectando a tal punto las libertades y las bases del progreso que, de aprobarse, configurarían un escenario irreversible. Nunca debe dejar de considerarse el factor de contexto político que primará si triunfa el Apruebo. Aunque ganare estrechamente, será presentado y apalancado por la extrema izquierda y el Gobierno como un hecho histórico. Otro más. Con una extrema izquierda triunfalista y envalentonada, agresiva con quienes piensan distinto —incluso hoy, cuando el favor de la población les es esquivo—, imagine lo que ocurrirá si se impone el Apruebo. Reformar la propuesta “histórica” será una traición al pueblo.

Más allá de esa gran dificultad, las reglas establecidas son otra gran barrera. El Congreso actual requerirá de un quorum de 4/7 más plebiscitos ratificatorios en las materias de mayor relevancia y, a diferencia de lo que se le exigirá al Congreso plurinacional de 2026, el actual deberá plebiscitar, además, reformas sustanciales a los capítulos de naturaleza, medio ambiente y normas transitorias. Pero a esto se suma una cuestión muy compleja y particular: la cuestión indígena. En el capítulo de derechos fundamentales de la propuesta se establece que “Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe”. Por su parte, el capítulo de Forma de Estado señala: “Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública, con arreglo a la Constitución y las leyes. Deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen. Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten”.

Así, el proceso legislativo deberá considerar la consulta indígena previa, la que es aplicable a las reformas constitucionales pues, en lo no previsto en el capítulo de reforma constitucional, rige el procedimiento de formación de la ley. Su alcance es más amplio que lo que dispone hoy el Convenio 169 de la OIT, que exige que la afectación sea directa. Luego, la sola consulta podría dilatar eventuales reformas y, llegado que fuere el Congreso plurinacional de 2026, no perseverará en ellas. Pero además está el consentimiento previo. Hay quienes sostienen que quedó circunscrito a materias locales al insertarse en el capítulo de Forma de Estado (que en todo caso no son pocas). Pero otra lectura indica que son las autoridades locales las encargadas de garantizar el proceso “participativo”, pero que no se circunscribe a materias de interés local. Materias nacionales también tienen una implementación local. La amplitud y extensión de la frase “Los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten” sería decidora. Si en el mejor de los casos es una cuestión de interpretación, ¿usted cree que las naciones indígenas no exigirán el veto? La propuesta constitucional, fallida en sus pilares estructurales, está blindada. Para qué vamos a recordar que, si se aprueba en septiembre y en adelante quisiera hacerse una nueva Constitución, la tarea no es del Congreso, sino de una Asamblea Constituyente “integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, y con escaños reservados para pueblos y naciones indígenas”.

Aprobar para mejorar es un sueño o una pesadilla. No comprendo que un sector de la otrora Concertación de Partidos por la Democracia, que luchó por ella y apalancó el progreso y bienestar de la población, esté dispuesto, paradojalmente, a prestarles ropa a quienes los desprecian y usan a conveniencia. (El Mercurio)

Natalia González

«Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió (…)», fueron las palabras del ministro secretario general de la Presidencia, esta semana.

La superioridad moral que exudan esas declaraciones es peligrosa pues quien las emite está en el poder y encabeza, junto a otros seres de luz, asumo, la coalición que nos gobierna. Los saltos hacia las tiranías de los gobernantes que se conciben a sí mismos por sobre el bien y el mal, las reglas del Estado de Derecho y el resto de la institucionalidad, son saltos cortos. De ahí que no se pueden dejar pasar sus palabras. Las disculpas ofrecidas por “expresar mal algunas ideas” son bienvenidas, pero altamente insuficientes pues el costo por las implicancias que acarrean lo pagamos todos los gobernados.

Pero, además, son de un descriterio incomprensible en momentos en que Apruebo Dignidad necesita al Socialismo Democrático para gobernar. De sus filas provienen buena parte de quienes hoy sostienen al Gobierno, por decirlo en buen chileno, de manera que constituyen un golpe al mentón a quienes dejaron sus zonas de confort para contribuir con una coalición joven que se estrena en el poder. Pero también son un golpe brutal a quienes los antecedieron, y a todos los chilenos que depositaron su confianza en ellos y que construyeron un Chile que nos enorgullece y que hoy les permite estar en el poder.

Son también inexplicables porque el Gobierno busca apoyos para su manifiesta preferencia por el Apruebo en el plebiscito de salida. Y ese apoyo provendría, ni más ni menos, que de las bases de ese sector que el ministro señaló no está a la altura de la escala de valores de Apruebo Dignidad. Pero vaya que les gusta cuando el Presidente Lagos habla de las “ventajas del Apruebo”, aunque sea sin endosarlo. Es decir, a Apruebo Dignidad los ilumina una superior escala de valores, pero al mismo tiempo están dispuestos a esconderlos cuando los gestos de quienes desdeñan convienen a su opción en el plebiscito. ¡Vaya escala de valores!

Al final, tal vez no sea tan poco cierto lo que dice el ministro, pero desde otro ángulo muy distinto. Y es que la escala de valores y compromiso con el Estado de Derecho y la institucionalidad de esta generación gobernante es muy diferente. Por de pronto, su real respeto por la libertad de expresión es dudoso. O es “fake” lo que no les gusta o se remueve lo que incomoda. Tampoco tuvieron problemas en ser complacientes con la violencia que casi hizo caer a un Presidente legítimamente electo y en respaldar acciones reñidas con el orden público, aunque ello hoy signifique la inseguridad en que vivimos, evidenciada por la ENUSC que da cuenta que en un tema prioritario para la ciudadanía solo estamos peor. Para ellos mismos es un intríngulis y ya lo sabe el subsecretario Monsalve que ha puesto grados de cordura en la materia. Tampoco dudaron en promover retiros de los fondos de pensiones, siendo que nuestra institucionalidad prohibía a los parlamentarios impulsarlos, con el consecuente descreme de los ahorros para la vejez (otra gran preocupación de la ciudadanía) y el incremento sustantivo de las tasas de interés para controlar la inflación galopante que dificulta (y no beneficia) la vida de todos. Y más recientemente, con el intervencionismo electoral, sin precedentes en democracia, que distrae al Gobierno de las urgentes tareas que la población le confió. En esta materia se ha perdido todo el pudor, al punto que la Segpres del ministro Jackson es la llamada a coordinar las propuestas del comando del Apruebo (solamente) para mejorar un proyecto de Constitución que es inmejorable, simplemente porque no es viable.

Y no lo es porque el Gobierno está conforme con la propuesta. Hoy abre a caminos, pero bajo una estrategia electoral. Tampoco, a la luz de la discusión del consentimiento indígena, necesario para los asuntos que afecten sus derechos reconocidos en la propuesta constitucional, que están por doquier. Y esa discusión no la resolveremos los columnistas, sino los tribunales y no en corto tiempo. Menos, porque al mismo tiempo que se echaría pie atrás en temas gruesos, se estaría implementando (y con mucho gusto por parte de Apruebo Dignidad) el fin del estado de excepción de emergencia y la plurinacionalidad. “Mejorar”, por lo demás, tomaría años y varios plebiscitos, suponiendo que los pueblos indígenas consientan (¿lo harán?, ¿si usted tuviera tamaño privilegio, lo renunciaría?). ¿Será que estas complejas cuestiones no entran en la escala de consideraciones de esta iluminada generación gobernante pues ensombrecen los fines que persiguen? (El Mercurio)

Natalia González

Ante un texto constitucional con deficiencias estructurales, hay quienes llaman a aprobar para reformar. Intelectualmente, reconocen así que el texto es malo para los chilenos, pero aquietan su espíritu abrigando la esperanza de una reforma, aunque no sepan si se realizará, ni cómo, ni cuándo. Una apuesta arriesgadísima, que en cualquier otro ámbito no realizarían, pero en una de las decisiones más importantes para el devenir de su país y el de sus hijos, están dispuestos a efectuarla. Curioso, por decir lo menos.

Primero, porque la propuesta adolece de tantos y serios problemas, que reformarla no solo será una tarea titánica, sino que me temo imposible con las reglas establecidas. Si conectamos todos los capítulos y cómo se correlacionan, advertiremos, sin dificultad, cuán graves son los torpedos al progreso y al bienestar, a la gobernabilidad, la alternancia en el poder, a la libertad y el acceso a bienes y servicios (por medio de los derechos de la naturaleza y de los animales, del debilitamiento del derecho de propiedad, las nuevas categorías de bienes naturales comunes y las huelgas amplias, sin limitación de niveles, materias ni tiempo, que expondrán a toda la población a la paralización de servicios tan rutinarios como las telecomunicaciones y los medios de pago, y que no son esenciales según el texto).

También percibiremos cómo el colectivismo, predeterminado en la propuesta de Constitución, y no las asociaciones que libremente formamos para perseguir nuestros objetivos, la atraviesa entera, dándole un tiro de gracia a la igualdad ante la ley.

Usted tendrá derechos preferentes si pertenece a esos colectivos determinados; si no, es ciudadano de segunda clase. Advertir el fraccionamiento de la unidad nacional, con autonomías que harán la nación ingobernable, es también sencillo, así como entender que el sistema político, experimental, con escaños reservados sobredimensionados en el futuro Congreso, adicionales a los 155 miembros o más, y una Cámara de las Regiones que no incide en el debate, podría, por mayorías, redibujar el diseño institucional para controlar los sistemas de justicia, órganos autónomos constitucionales y demás controles al poder.

Luego, es curioso aprobar para reformar, cuando era evidente, y fue advertido, que no se permitiría o se obstaculizaría que este Congreso tocara el sacrosanto texto octubrista de la Convención. ¿Permitir que el Senado, que inexplicablemente desprecian por “elitista”, “obstaculizador” y recientemente por ser “desleal”, cambie la propuesta del “poder” constituyente? No pues. Y aunque sean burdamente incongruentes —por todo lo que tantos en la izquierda han sostenido por años— la norma transitoria concordada por la izquierda, incluido el socialismo, le pone un candado al Congreso actual para impedirle tocar el texto. Solo podría reformarlo con 2/3; en los hechos, será intocable.

En cambio, desde 2026, el Congreso plurinacional, cuyas reglas para elegir a sus primeros integrantes quedan, asimismo, amarradas en las transitorias, con paridad y escaños reservados en ambas cámaras y electos como para la Convención, la podrá reformar por mayoría de los presentes o en ejercicio, y, en algunos temas, se sumará un plebiscito ratificatorio que también se resuelve por mayoría. Muy conveniente para el proyecto único de sociedad que nos plantea la extrema izquierda en la propuesta, que no valora la diversidad de los individuos que la componen, pero muy peligroso para la ciudadanía.

Choca el estatuto diferenciado y que la Constitución, en el futuro, pueda modificarse casi como una ley cualquiera. En el Congreso indigenista de 2026, bastará, por ejemplo, para cambiar el período presidencial, una mayoría simple y un plebiscito favorable. El carismático líder propondrá, en tiempos convenientes, la reforma, la que se aprobará, pues contará con todo el poder del Estado para hacer campañas “informativas” y elocuentes (lo hemos visto en naciones vecinas).

¿No debía la Constitución protegernos de estos abusos? Los que aprueban para reformar asumo están tranquilos; seguro, dicen, eso no está permitido. ¿Dónde está eso en el texto si expresamente solo permite una reelección presidencial?

Aprobar para reformar lo que, en realidad y con algo más de coraje, reconocerían que debe hacerse de nuevo, no resolverá nada y, en vez, podría hundirnos. Tal vez se caiga el candado de 2/3 en el pleno, pero no quedará muy distinto de lo que proponen, pues la Convención “se defiende”. Ya lo hemos visto una y mil veces con los informes anteriores, pero no faltará el que se dé por satisfecho con que quedó “menos malo”. ¡Por favor! Es hora de actuar con realismo y bajarse de la ilusión creada para calmar el alma. (El Mercurio)

Natalia González

El ministro Marcel señaló “los temas de la Constitución económica están casi todos despejados”; “el derecho de propiedad está quedando claramente establecido”. También el Banco Central, “cuya autonomía constitucional ya fue declarada”. El Poder Ejecutivo, dijo, mantiene “autoridad sobre el presupuesto, con una regulación casi idéntica a la actual, y las leyes que afectan los impuestos y los gastos son todas de concurrencia presidencial necesaria”. “Todas estas cosas, respecto de las que había temores, se han ido resolviendo. De lo que se conoce como Constitución económica, según entienden los especialistas, no se encuentran en el texto ya aprobado normas que pongan en riesgo proyectos o inversiones”.

Sorprenden sus declaraciones. Primero porque el texto pone en severo entredicho la certeza jurídica para realizar actividades relacionadas con recursos naturales que, en Chile, sostienen nuestra economía. Sin certeza no se atraen o mantienen inversiones que generan desarrollo humano. Por ejemplo, el título administrativo para usar o aprovechar las aguas no generará derechos de propiedad, y será, además, incomerciable. Está fuera del comercio humano en términos absolutos. No se trata de una prohibición temporal de enajenar, sino que no cabrá sobre él ningún acto jurídico de derecho privado. El campo vale así, cero.

Don Mario está satisfecho porque el Banco Central será autónomo constitucional. Pero la declaración no basta: es clave cómo se nombran y remueven los consejeros. Serán más consejeros (7), pero no sabemos con qué frecuencia se renuevan y si lo serán de a pares o tríos, lo que generará nuevas dinámicas. Y si salimos un poco de las ramas y vamos al bosque, veremos que el Presidente de la República puede ser reelegido y en esos ocho años nombrar, con acuerdo de mayoría simple del Legislativo, a una mayoría de los consejeros. Sobre la remoción, se señala “novedosamente” que es objeto del Banco contribuir al bienestar de la población. Luego emula la ley actual del Banco y establece un mecanismo para hacer valer la responsabilidad de los consejeros ante la Corte Suprema, siendo una de las causales para removerlos que “haya concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco”. Solo que ahora el objeto del Banco incluirá el velar por el bienestar de la población. Los parlamentarios, titulares, entre otros, de la acción acusatoria, podrían estimar, en el octavo retiro de fondos de pensiones, que el Banco no veló por el bienestar de la población al manifestar sus reparos y al subir las tasas de interés ex post.

Está tranquilo con el derecho de propiedad. Pero la indemnización ya no será igual al daño patrimonial efectivo, sino al justo precio. Dicen que es lo mismo, pero si cambió no es para que todo siga igual. La ley lo determinará con el solo límite de lo justo; vaya límite. Esa ley será dictada por el Congreso de Diputados, que decide estos temas por mayoría simple, y no pasan por la Cámara de las Regiones (el derecho de propiedad no es ley de acuerdo regional). Y si esta igual lo quiere revisar, tendrá solo 60 días y si al Congreso de Diputados no le parecen las sugerencias, le basta no acoger sus propuestas por mayoría. Luego, el artículo siguiente mandata al Estado a otorgar reparaciones a los pueblos indígenas, preferentemente con la restitución de tierras mediante expropiación. El Estado tiene recursos escasos y debe legislar. Los incentivos indican que el justo precio será aquel que le quite el menor pedazo posible de la torta al Estado, sobreexigida, además, con múltiples derechos sociales. Más aún si el Congreso que debe resolver el justo precio estará integrado, como la Convención, por escaños reservados indígenas, que están interesados en la pronta restitución. Para qué decir que no se incorpora el pago al contado y en efectivo.

Por último, y aunque el ministro no se haya referido a ello, que nuestro sistema político deje fuera a la Cámara de las Regiones de la revisión de leyes sobre el mercado de valores, financiero, laboral y de seguridad social, y que el salario mínimo y la seguridad social -que no tenga gasto público directo- hayan salido de la órbita de la iniciativa exclusiva del Presidente (no son siquiera de concurrencia necesaria), presenta un problema de economía política que ya hemos vivido en Chile y que llevó a reformar la institucionalidad para enrielarla, pero ahora vuelve a retroceder.

Es curioso que quien tiene pergaminos, trayectoria y oficio de sobra espere que todo se comporte más o menos igual si todo cambia. Salvo que sus declaraciones no las haga desde la trayectoria, sino desde el proyecto político en el que decidió insertarse. (El Mercurio)

Natalia González

Diversas voces empiezan a sugerir que aprobar la propuesta constitucional no sería problemático, pues esta se trataría tan solo de un punto de partida, de una construcción en proceso que apenas comienza. El imperfecto fruto del proceso constitucional (cuestión que me parece esas voces reconocen) sería el inicio de nuevos y continuos diálogos constitucionales y de múltiples y necesarias reformas al texto, que darían cuenta de lo dinámica, viva y rica que es la discusión. Así, no debemos temer al punto de partida (que supone aprobar), sino abrazarlo.

No estoy de acuerdo. La tesis más bien me parece un autoconsuelo para quienes intentan no fallarle a su corazón político. En el fondo están defraudados de la Convención y de la propuesta a la fecha, pero reconocerlo implicaría asumir una derrota que, aunque no es de ellos, la sienten como propia. Pero perseverar en la idea del punto de partida, para calmar el alma política, conlleva enormes riesgos. Dará lugar a un monstruo grande que pisará fuerte y que tomará la inocencia de la gente, aunque no sea esa, estoy segura, la intención de los tesistas.

La hipótesis del punto de partida, en el contexto actual, no es plausible. El maximalismo con el que la Convención ha abordado las más diversas y numerosas temáticas y el diseño del sistema político, asambleísta, en camino dejará nulo espacio para la alternancia de diversos proyectos políticos futuros. El mosaico de identidades y sus causas y el ánimo de vendetta de un sector de la extrema izquierda que predomina en la Convención (y que busca perpetuarse en el poder) no es ni será lo mejor que seremos capaces de entregar, como han señalado quienes enarbolan esa tesis. Por lo demás, la definición de punto de partida exige no agotar las discusiones y no quedarse con la última palabra, como lo hace la Convención.

El punto de partida, como está siendo realmente concebido, adolecerá de tantos y tan esenciales problemas que arreglarlo será imposible y conllevará una tremenda carga adicional. Una vez la clase política estuvo dispuesta a tirar el Estado de Derecho por la borda esperando que una redentora Convención los salvara. Los chilenos los siguieron, pero por una esperanza, por la promesa de algo mejor. Esta vez la esperanza no existe y lo sabemos. Sabemos que el punto de partida sacrificará lo que hemos construido hasta ahora, que es mucho y valioso. Y eso no puede aceptarse, aunque el corazón tire fuerte. El que se ahuyente el progreso (y con ello el bienestar de los chilenos que aún viven en la pobreza) y el poner en riesgo la democracia futura —dadas las reglas con olor autoritario que debilitan los contrapesos— no pueden ser vistos como una simple externalidad no deseada de la tesis. Aceptar esto del punto de partida significaría ahora que los chilenos estaríamos dispuestos a tirar por la borda al país más desarrollado de Sudamérica, a cambio ya no de una esperanza, sino de un afán por terminar con el orden actual, para luego aspirar a recogerlo, arreglarlo y pegar los pedacitos. En el intertanto, la mejor de las suertes.

Quienes plantean esta tesis, asumo, lo hacen parados desde la institucionalidad actual que, aunque perfectible, funciona. Confían en que este Congreso, con su composición equilibrada, enmendará lo que salga de la Convención. Pero ¿quién les asegura que las normas transitorias lo permitirán? Apostaría a que no. La Constitución del “primer proceso democrático en años”, como dijo la presidenta de la Convención, ¿modificada por un Congreso con Senado “privilegiado”, que “todo lo frena”? La dejarán en las manos del Congreso que ellos diseñan, que será un espejo de la Convención, pudiendo la Cámara de Diputados imponer su voluntad a la Cámara de las Regiones. Y si la reforma es total, la propuesta plantea que sea hecha por una Asamblea Constituyente que decide por mayoría. La implementación vía múltiples leyes también será muy problemática. Si aun con 2/3 el pleno ha aprobado politizar el Poder Judicial y cercenarle su categoría de poder; crear autonomías territoriales indígenas que se autogobernarán, y precarizar la certeza jurídica de lo que sostiene a la economía nacional y el empleo —con los derechos de la naturaleza, los animales y los bienes naturales comunes—, negándose a reconocer la propiedad del ahorro para la vejez y prohibirnos elegir quién nos asegurará cuando nuestra salud esté en juego, imagine lo que será de nosotros con una Cámara que todo lo decidirá por mayoría simple.

Aprobar la propuesta constitucional, más que un punto de partida, sería un punto de no retorno. De ahí que si no gana el apruebo no hay que temer, como dice Bassa. En cambio, podría ser una oportunidad para hacer las cosas bien. (El Mercurio)

Natalia González

A las pocas horas de haber asumido su cargo como ministra del Interior, Izkia Siches subía a su cuenta de Twitter un hipervínculo (que dejó fijado por varios días para que fuera lo primero que se viera al ingresar a su perfil) correspondiente a la cobertura que un periódico digital dio al primer manual publicado de “buenas prácticas periodísticas de temas mapuche”, elaborado por dos periodistas y editado por la Fundación que la nota de prensa señala.

En Chile hay libertad de investigación y de expresión de manera que ni el manual elaborado por terceros, ni la Fundación que lo editó ni el medio que lo difundió son un tema. Bienvenida la información, sus eventuales sesgos, la exposición y el debate de contenidos que ello genera. Pero que la ministra del Interior, en su calidad de tal, lo promueva y que además anuncie días después que el Gobierno está estudiando elaborar un manual propio, para generar recomendaciones tanto internas como para la prensa, y así orientar el lenguaje que sería adecuado usar respecto de estos contenidos periodísticos es muy delicado. El llamado de la autoridad a que “particularmente la prensa” y todos los medios de comunicación contribuyan al diálogo tanto en materia de “migración como con los pueblos originarios” por la vía de adaptar el lenguaje, las imágenes que muestran y la forma en que se expresan, es de máxima preocupación pues constituye una impúdica manera de pautear a la prensa “que es trascendental para ello”, diciéndole, de paso, que no debe a entorpecer la labor de este Gobierno usando un lenguaje “incorrecto”.

La ministra está empeñada en el asunto de los manuales y en el lenguaje “válido” que crea realidad. Su aseveración de que en Chile hay presos políticos mapuches es una muestra. La afirmación fue acertadamente controvertida por el subsecretario del Interior quien, en una reciente entrevista radial, consultado sobre si en Chile existían o no presos políticos mapuches, aclaró, en hora buena, que no. Señaló, valientemente y a contracorriente a estas alturas, que las personas condenadas y privadas de libertad fueron juzgadas por tribunales de justicia por haber cometido delitos tipificados en la ley. Sin embargo, y quizás rodeado por la sombra del manual y me imagino para no entrar en un conflicto directo con la ministra de su cartera, añadió, acto seguido —nublando la claridad con la que había contestado que no había presos políticos en Chile— que hay lenguaje y concepciones que usa el pueblo mapuche que tienen que ver con su cosmovisión, y que hay otros que tienen una cosmovisión distinta, tradiciones distintas y que no es posible llegar a acuerdos sin reconocer que hay otro distinto y que, como Gobierno, querían llegar a acuerdo con esos otros distintos.

Más allá de que hay quienes, incluidos periodistas, le bajan el perfil al asunto señalando que no son más que recomendaciones o que se trataría de un manual de uso interno del Gobierno (a pesar de que la ministra ha sido muy clara en expresar que las recomendaciones son para todos, prensa incluida, pues “es fundamental lo que ocurre en cada uno de los televisores del país”), y de otros que, como se dice popularmente, creen que “le estamos poniendo mucho color”, lo cierto es que la autocensura que genera el solo hecho de que la autoridad promueva un solo tipo de comunicación válida es de las peores censuras. ¿Si la prensa usa lenguaje “fuera del manual”, podrá seguir cubriendo con la misma comodidad actividades de las autoridades? ¿Podría el medio ser mal visto (sin que así se señale claro está) a la hora de adjudicarse avisaje estatal? ¿O es muy feo lo que estoy diciendo y se sale de todo manual?

La arremetida contra la libertad de expresión es evidente y se suma a la que intentaba emprender una mayoría de convencionales de la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención en la materia y que, por ahora, fue “atajada” por el pleno. La libertad de expresión no requiere de manuales y debe ser defendida aun ante la descorazonadora inacción o liviandad de muchos. Pretender imponer a la prensa, bajo la “sutil” fórmula de “recomendaciones para no estigmatizar”, el cómo cubrir las noticias y qué lenguaje usar, de manera que los ciudadanos accedamos tan solo a un tipo de información, considerada válida por la autoridad de turno que, coincidentemente ha señalado querer ser una madre para Chile (y como madre, asumo, entiende nos puede señalar qué es correcto y qué no), no es aceptable. Cuán exitosa y melosa sea la arremetida no es el punto. El solo hecho de emprender la gesta es amenaza suficiente. (El Mercurio)

Natalia González

El Gobierno entrante y la Convención son caras de la misma Moneda. No debieran serlo. Debieran tener objetivos y horizontes diversos, pero no los tienen. El proyecto constitucional es servil al ideario del Frente Amplio y Partido Comunista. Sin perjuicio que la Convención ha llevado la transformación que el Presidente prometió hacia una refundación, creo que ello no alcanza a incomodar al Presidente que, al momento de asumir su cargo, promete ante “los pueblos de Chile”. Si llegare a incomodarlo no será porque no comparta los nuevos cimientos que se propondrán “a los pueblos”, sino porque la refundación arriesgaría ser ratificada en el plebiscito. A su vez, lo que haga el aparato estatal estos meses será determinante para el proyecto refundacional (perdón, constitucional).

En principio, el Gobierno debe ser prescindente sin perjuicio de brindarle apoyo técnico, administrativo y financiero a la Convención. Pero es indudable que la nueva administración no solo tiene un origen común con la Convención (la revuelta violenta de 2019), sino un propósito compartido, parte del cual se ejecutará a través del programa de gobierno y parte a través de la nueva Constitución. Me temo que la prescindencia será absoluta cuando haya un juicio de valor crítico a los contenidos constitucionales y muy relativa cada vez que estos sirvan al objetivo refundacional.

Ya lo dijo el novel, pero hábil ministro Jackson: “Si se rechaza la Constitución, el nuevo gobierno puede quedar sin herramientas para ejecutar su programa”. Ante la perplejidad que el proyecto refundacional va generando, el ministro saca a relucir el gancho: los derechos sociales que, coincidentemente, comienzan a discutirse por estos días. Apuesta así a que la ciudadanía pondrá estos derechos por sobre cualquier duda respecto de cómo la Convención traza sus demás derechos y libertades y el diseño institucional que los hace posibles (o imposibles). Ante esta arremetida, conviene recordar que la promesa de más y mejores derechos sociales nunca dependió de la Constitución y que será imposible de cumplir en el país que dibuja la Convención, donde asoman afanes expropiatorios y la libertad de emprender y el orden fiscal se ven amenazados por empresas públicas regionales con pocas limitaciones. ¿Valdrá la pena caminar hacia una institucionalidad identitaria, separatista y con sistemas de justicia sin independencia por una promesa que no será cumplida?

El César debe serlo y parecerlo, pero el ministro Jackson no es el César, de ahí que quizás se permita estas intromisiones que ayudan a la causa. ¿Cuánto ayudan a los ciudadanos? Un Congreso Unicameral (porque bicameral no es) lleno de movimientos políticos y escaños reservados y sin contrapesos; un régimen de gobierno en que se respira un incipiente parlamentarismo; un Poder Judicial débil y con nuestras libertades endebles, puede permitirle al César, o al aspirante a serlo, perpetuarse en el poder por años. De ahí que este cambio de mando, relevante en sí mismo por el giro generacional y político que implica, pasa a segundo plano al lado de lo que se forja en la Convención. (El Mercurio)

Natalia González

No creo que debamos estar disponibles sí o sí ante cualquier propuesta constitucional (por el solo valor del proceso) ni tampoco creo en el determinismo bajo el que solo observamos como espectadores los sucesos, como si tuvieran un desenlace inevitable del que solo seremos víctimas lastimosas o conformistas.

Esas posiciones implican una renuncia incomprensible y anticipada a nuestra capacidad de reflexión y decisión y no me parecen sostenibles cuando es nuestra República la que está en juego y el futuro de nuestros hijos y nietos. ¿Por qué debemos aceptar, como destino inexorable, propuestas que son un retroceso democrático o respecto de nuestras libertades?

Dentro de lo que uno puede hacer para cambiar el rumbo de las cosas, debe hacerlo. Y ello es así más allá de la responsabilidad que pesa sobre la institucionalidad republicana actual que, en cualquier caso, no está de manos atadas frente a los hechos (no aún al menos). Otra cosa es que quiera ponerse sola las amarras.

En lo que a mí respecta, bajaré la pelota al piso con algunos temas. No es fácil cuando el contexto general es preocupante. Pero restando pocas semanas para el cierre del debate de contenidos es necesario hacerlo (luego viene la etapa de armonización). Hay cuestiones a estas alturas irreversibles (y respecto de las cuales más vale ir tomando nota), pero hay otras que aún no.

Dentro de las irreversibles y que comienzan a poblar la propuesta de nueva Constitución se encuentran los diversos sistemas de justicia, nacional y múltiples otros sistemas indígenas, paralelos.

Los sistemas jurídicos de estos deberán coordinarse en condiciones de igualdad con el sistema nacional. La “justicia” indígena podrá ser ejercida por sus autoridades (no por tribunales ¿y el debido proceso?) y a su respecto no sabemos cuándo habremos de someternos a ella ni sobre qué temas ni si nos obliga a todos, pues ello será definido por la ley. Así, sin más, sin ningún marco constitucional orientador. Pero se aprobó. ¿Será para conflictos exclusivamente entre indígenas? ¿En qué materias o cuantía? ¿Será voluntaria? ¿Basta la autodeclaración de ser?

En otros casos levantar la voz puede ser útil, pues restan etapas. ¿Hay voluntad de corregir? Exploro una vez más esa posibilidad. Si mi análisis es errado, bienvenidas las explicaciones. No pretendo saberlo todo y nadie debe hacerlo. Tampoco la Convención.

Recientemente la comisión de Justicia aprobó que los indígenas gocen, además, de mayor privilegio: “Cuando se les impongan sanciones se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, y dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. ¿Es razonable? No. Se divide a la población según su pertenencia o identidad y la igualdad deja de ser ante la ley para ser una ante la identidad o pueblo al que pertenezca.

Respecto del “derecho a la libertad ambulatoria”, la propuesta aprobada en la comisión de Derechos Fundamentales señala que “toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, trasladarse y entrar y salir de este, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley”. Pero luego “se prohíbe todo desplazamiento forzado provocado por acción u omisión del Estado. Las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado tendrán derecho a la verdad, justicia y reparación integral”.

Nótese que la norma no añade la palabra arbitraria o ilegal o contraria a la Constitución, a la acción u omisión del Estado. ¿Si una sentencia judicial dispone la salida de inmigrantes (desplazamiento forzado), está prohibido? ¿Si ante un maremoto se dispone por la autoridad la evacuación forzada, está prohibido?

Sobre el derecho de propiedad, dice: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. La ley determinará también el justo monto del pago, su forma y oportunidad; y deberá considerar tanto el interés público como el del titular (…)”. ¿La ley determinará el justo monto del pago? Nótese que el artículo evita hablar de indemnización (bien decidor, habla de “justo monto”) y no dice que debe ser total o resarcir la pérdida patrimonial efectiva. Tal y como está la ley (políticos) podría decir que el “justo monto” es la tasación fiscal o andar fijando montos concretos, con un notorio conflicto de interés. Si el legislador fija el monto, ¿cómo reclamo ante un juez una decisión del Congreso?

Espero que algún convencional reciba estos comentarios (el espacio no me permite continuar detallando otros) de buena fe y tenga disposición para tomar la pelota que dejo en el piso. (El Mercurio)

Natalia González