Natalia Andrea González Bañados (1978) es abogada de la Universidad Católica, Máster en Derecho (LLM) de la Universidad de Chicago, becaria Fulbright, CONICYT y de la Universidad de Chicago.

Desde 2002 hasta 2006 trabajó como abogado asociado del estudio jurídico Carey y Cía. Ltda., en las áreas de derecho corporativo y financiero.

Trabajó en el diario El Mercurio, en la Consultora Hohmann y Asociados; y se desempeñó en la Universidad del Desarrollo como directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa.

El domingo 25 de octubre decidiremos si queremos o no una nueva Constitución y cuál sería el órgano que eventualmente deberá concordarla. Yo votaré rechazo y convención mixta. Y es que, al alero de la Constitución actual, con todas sus virtudes y aspectos perfectibles, Chile ha experimentado un progreso sin precedentes, del que sentimos orgullo. Por cierto, ese éxito no debe invisibilizar los desafíos pendientes ni los nuevos que han surgido al alero de la mayor prosperidad, pero tampoco debe llevar a autoflagelarnos o a avergonzarnos de esa historia y de la institucionalidad que la ha permitido.

Mas bien, esos retos debieran invitarnos a reflexionar sobre la calidad de la política y el ánimo que debe imperar en la sociedad para continuar progresando y a identificar los obstáculos que persisten para que el bienestar alcance a todos. Debemos resolver los instrumentos de política pública, innovadores, de calidad y eficaces, que permitan a los más vulnerables y a la clase media sobrellevar sus temores y carencias y alcanzar sus legítimas aspiraciones a través de su trabajo y esfuerzo, respetando sus libertades. ¿Es necesaria una nueva Constitución para ello? Pienso que no y veo con preocupación cómo ese debate distraerá la atención de los temas que inquietan a buena parte de la población (cuyas preocupaciones, y no las de la élite, debieran ser prioritarias), y cómo la discusión pareciera orientarse en una dirección contraria a las ideas —hasta hace poco transversalmente compartidas— que nos han llevado hacia el progreso, tan necesario para satisfacer las demandas de esos grupos. ¿Significa ello que no hay problemas relevantes a resolver en nuestro sistema político, justamente para poder abordar estos desafíos? Claro que no, solo que estimo que no es necesario partir de cero.

A mi juicio, todos los gobiernos en estos 30 años han podido llevar a cabo, en mayor o menor medida, su programa y creo que lo han hecho con convicción, a pesar de que algunos lo desconozcan, y todo ello bajo la Constitución hoy cuestionada (caso aparte es el del gobierno actual que, desde la violenta asonada del 18-O, debió dejar en el congelador su programa, con el que había ganado amplia y legítimamente las elecciones, cuestión que es inaceptable si realmente creemos en la alternancia en el poder). Sin embargo, hoy tenemos un problema. Algo no funciona bien en nuestro sistema político y electoral, y son escasos los incentivos para que el Congreso y el Ejecutivo actúen colaborativamente. Ello debe ser objeto de una urgente reforma, no solo a la Constitución, sino a otras instituciones reguladas a nivel legal, como el sistema electoral y el funcionamiento del Congreso. Para abordar este crucial dilema, que determina muchos otros —como el estancamiento en la discusión legislativa y la desconfianza en la política— no es necesario partir de una hoja en blanco, sino enmendar los capítulos pertinentes de la Constitución y demás leyes aplicables. Me parece que hay consenso en avanzar sobre esta materia, de manera que bien pueden emprenderse estas reformas, en un menor plazo y con menor incertidumbre.

Voto rechazo, además, porque me temo que si atiborramos la nueva Constitución de materias propias de la política pública (como parece ser la voluntad de muchos) o que pueden resolverse sin instrumentos normativos, restringiendo además las libertades con las que hoy cuentan las personas para satisfacer sus fines, la ciudadanía contará con una Constitución legítima (cuestión discutible para muchos), pero con menos libertades y herramientas, expuestos a las contradicciones y judicializaciones que posiblemente surjan de un texto sobre abultado que trancará la pelota para que los gobiernos futuros, democráticamente electos y de cualquier color político, puedan implementar sus programas y ordenar las prioridades conforme a ellos, generando más desconfianza en la política.

Finalmente, voto mixta porque me parece que el Congreso, institución permanente y esencial a la democracia, no debiera quedar fuera de este proceso y su presencia generará buenos incentivos en el comportamiento de la Convención. Además, porque los 86 ciudadanos electos por la ciudadanía lo serán bajo una magnitud de distritos que favorece la moderación y excluye a los grupos extremos.

Sin duda, todas las opciones que se plantean en el plebiscito son legítimas y soy respetuosa de las razones de terceros para tomar decisiones distintas a las mías. En una democracia liberal y abierta debiéramos tener la madurez suficiente para respetar las distintas opciones y no denigrarlas ya que la diversidad es un valor que debemos promover y proteger. (El Mercurio)

Natalia González

Cada vez que el Gobierno se muestra inepto o incapaz de anticiparse y prevenir (o a lo menos mitigar) los efectos negativos de fenómenos que, razonablemente, pueden ser advertidos, no se aboca silenciosa y esforzadamente a enmendar el rumbo, sino y en vez, se empeña ruidosamente en buscar culpables a quienes endosarles su propia irresponsabilidad. Y en eso sí que la autoridad es veloz y creativa, tanto que en más de una ocasión el improvisado, pero a la mano, inculpado resulta en un absurdo. Pero aquello no la inhibe, pues la treta, por contraria a la razón que suene, permite matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, les ayuda a instalar en la opinión pública, con más o menos éxito, que su negligencia es, total o parcialmente, la de otro. Y no es de cualquier otro. La responsabilidad se endilga en quien ha sido concebido desde siempre como el enemigo, fácilmente identificable, y contra el cual habrá de alimentarse la mayor odiosidad posible. La salpicadura, al enemigo de siempre, con la calidad adicional de infractor, les permite continuar azuzando el antagonismo social, leitmotiv de Apruebo Dignidad.

Y es que la política, para el Partido Comunista y el Frente Amplio (con quien hoy estrechan alianzas importantes —y preocupantes— fuerzas del Socialismo Democrático), se ejerce y concibe manteniendo latente el conflicto entre “buenos” y “malos” (que siempre tienen las mismas características), incluso y de ser necesario, bajo la fuerza de lo falso. Todo indica que no les interesa revisar sus propios actos con el afán de mejorar ostensiblemente una gestión deficiente (y con ello la calidad de vida de los chilenos), sino que profundizar a como dé lugar el desacuerdo. Aunque ello no sorprende, no deja de resultar deplorable y miserable que sigan concibiendo la acción política de esa forma aun hoy que son los responsables de gobernar el país, y que lo hagan, además, decidida y constantemente para expiar su propia responsabilidad. Algo así como el Estado al servicio de sí mismo y no de la persona. Inaceptable.

En el plebiscito del 4 de septiembre la culpa fue del pueblo que, aunque mayoritaria y libremente rechazó, no supo entender (engañado por el enemigo) el iluminado proyecto constitucional que con tanto ahínco el Gobierno defendió. Cuando día tras día asaltan violentamente y a plena luz del día centros comerciales con armas de fuego que atemorizan a trabajadores y clientes, la culpa es de los dueños del mall (léase de los ricos neoliberales que infunden el “despreciable” consumo y otros “males”). Así, los locatarios y los dueños del mall no son, junto con los usuarios, víctimas, sino que victimarios (de la delincuencia y otros “males”). En las encerronas en las autopistas urbanas concesionadas (léase hitos del sistema de concesiones promovido por el presidente Lagos y de los 30 años que la generación gobernante denigra), nuevamente son las concesionarias las culpables (de que a usted lo asalten violentamente y de otros “males”). En los recientes y trágicos incendios forestales, en Valparaíso, las culpables fueron las inmobiliarias y, en el sur de Chile, las empresas forestales, a las que incluso el Gobierno por algunas horas quiso ¡castigar! con un impertinente royalty, por este y otros “males” que les achacan sin dudas, pero también sin pruebas. Convengamos, en todo caso, que aun cuando se haya enrielado el descarrilamiento del ministro sectorial, el anuncio de la mayor regulación a las forestales “culpables” lo fue del propio Presidente. Y convengamos también que el fallido royalty no solo es un enorme desaguisado, sino que está lejos de ser gratis. Las declaraciones irresponsables de las autoridades tienen consecuencias para el progreso y el bienestar de la población. Ellas tensionan la relación con el sector productivo y crean incertezas adicionales (en un escenario en que las existentes no son pocas) e innecesarias que redundan en el empeoramiento de las expectativas de la población.

Lamentablemente, los ciudadanos honestos que cumplen sus obligaciones y pagan sus impuestos terminan siendo tachados de culpables de la inexplicable inacción o de las malas decisiones del Gobierno. Duele el país, pues en este contexto, en que el propio Gobierno profundiza el daño a las confianzas para salvar su responsabilidad, cuatro años no solo son perdidos, sino que suenan a una penosa eternidad en un escenario en que retrocede en el progreso y los anhelos por mayor justicia y equidad. (El Mercurio)

Natalia González

No son pocos ni menores los desafíos que debe abordar el gobierno del Presidente Boric en lo que resta de su periodo. Abriendo el 2023 y adportas de cumplirse el primer año de mandato, los retos de conducción política, de políticas públicas y de gestión son múltiples y los problemas irresolutos apremian. A un año de gobierno, es evidente que a la ciudadanía ya no le basta un Presidente joven, a ratos empático, cercano y afanado a la lectura. No. La algarabía alrededor de la promesa política que esta nueva generación encarnaba y su augurio de que haría las cosas de otra forma, superior, por cierto, ya pasó. Esa cuenta, sobre la que se giró en exceso, se agotó mientras que los problemas económicos y sociales de los ciudadanos no solo siguen muy presentes, sino que muchos de ellos se han profundizado.

El gobierno necesita gobernar en serio y actuar en consecuencia y al servicio de los chilenos, pues solo así se “habita” el cargo. Pero no será fácil. En primer lugar, por la entidad de los retos a los que se enfrenta el Ejecutivo, muchos de los cuales fueron fabricados -o su magnitud aumentada- por su propio actuar cuando era oposición. Y el asunto es que aun no es claro si ellos están convencidos de que contribuyeron a generar el problema y, menos aún, de que no lo volverían a hacer siendo oposición. Ello constituye en sí mismo un reto a superar y pronto para estar en condiciones de ofrecer soluciones razonables y de mostrar su lealtad para con la democracia y la alternancia en el poder que ella conlleva.

A ello se suma una baja capacidad de articulación política y, sobre todo, una preocupante deficiencia en la gestión. Más que a menudo, aparecen llegando a deshora y reactivamente, sin anticiparse con planes claros, articulados y comprobables.

Tampoco será fácil por la cantidad de eventos electorales que se avecinan y que tientan sostenidamente al gobierno a involucrarse en ellos más allá de lo aconsejable (y también de lo permitido), abandonando las tareas prioritarias que debe conducir por el bienestar de la población. Conectado con lo anterior, no es sencillo abordar los retos cuando tú estás en una verdea y la ciudadanía está en la otra respecto a qué hacer para enfrentarlos. En efecto, mayoritariamente la población ha ido marcando un rumbo de acción que se aleja radicalmente del espíritu refundacional y octubrista que llevó al Presidente al poder. Así, el programa de gobierno y los planteamientos iniciales con los que asumió, han dejado de hacerle sentido a los ciudadanos, quienes estiman que los asuntos que los aquejan deben abordarse de manera diversa a cómo se conduce el rumbo en La Moneda. Ello es evidente en materia de pensiones y de orden público, pero nuevamente no es tan evidente que el gobierno esté advirtiendo o al menos reconociendo este importante giro. Y mientras no lo haga, los esfuerzos que realice para involucrarse en el desempeño electoral de su coalición y la de sus socios, para maximizarlo o impulsarlo, será fútil.

Habrá que ver qué rumbos toman las reformas tributaria y de pensiones este año en el Congreso, porque, a la fecha, el gobierno no parece haber acusado el golpe de cuán devastador puede llegar a ser, políticamente hablando para el oficialismo y, en los hechos, para la población, el perseverar en ellas tal y como están: apegadas al programa de gobierno, que aparece hoy obsoleto por su carácter refundacional, e inspiradas en planteamientos que resultan lejanos y casi opuestos de lo que espera la ciudadanía, que clama por mayor progreso, más y mejores empleos, por ampliar sus espacios de libertad y no por monopolios ineficientes, menos porque se restrinjan sus oportunidades, y que quiere cambios, pero construyendo sobre lo obrado. Hay ahí un desafío de lectura política que puede tener importantes repercusiones para las personas (y el gobierno), según si el Ejecutivo reorienta o no el curso de esas reformas y otras prometidas.

Pero el gobierno no solo tiene un desafío de lectura política, sino de dar señales claras. Debe abandonar los vaivenes, que en buena parte han buscado contentar a un grupo minoritario de la población. Ellos han marcado el primer año de gobierno con contradicciones e indefiniciones que solo han implicado múltiples desaciertos en temas de enorme importancia para la ciudadanía, como en orden público, educación y, estos últimos meses, en salud.

Abandonar la nostalgia y pulsión por el octubrismo y los esfuerzos por mantener vivo el conflicto entre los chilenos para adoptar la altura necesaria que se demanda de un Presidente de la República es, no obstante, el mayor desafío del Presidente Boric. (El Mercurio)

Natalia González

De los arrepentidos es… el infierno de la ciudadanía, 22 Enero 2023 “El gobierno también espera, ante el declarado arrepentimiento, que la oposición sea indulgente, lo que incluye exigirle responsabilidad política, la misma que no tuvieron cuando fueron oposición