Sergio Oscar Muñoz Riveros (1943) profesor, importante dirigente de la Juventud Comunista de Chile y del mundo; que luego viró a una visión democrática de la política.

Si la continuidad de la Nueva Mayoría (NM) se justificara por sí sola, no se necesitarían fórmulas para amarrar a los socios, como la que propuso Isabel Allende a nombre del PS: condicionar el acuerdo municipal con la DC al compromiso de tener un candidato único a la Presidencia. O sea, “la proyección”. ¿De qué?, hay que preguntar. ¿Y para gobernar cómo? Si de candidatos se trata, nada sería más cómodo para la derecha que enfrentar a un genuino representante de la NM, a quien se le pudiera pasar la cuenta completa de estos años.

La NM fue un pacto contra natura entre concertacionistas y anticoncertacionistas, impuesto por la popularidad que tenía Michelle Bachelet, quien lo concibió como el instrumento del giro a la izquierda que le aconsejaron el PPD y el PS, y que la DC aceptó. El resto lo puso la siempre estimulante perspectiva del poder y la creencia de que la aplicación del programa provocaría la adhesión entusiasta de los ciudadanos.

La encuesta Cadem del 23 de noviembre mostró que el 63% de los consultados tiene sentimientos negativos hacia la Mandataria. Es la consecuencia de las promesas que no se podrán cumplir, de la reforma tributaria que hay que reformar, del desbarajuste educacional, de la gratuidad universitaria discriminatoria, de la crisis de la salud pública, de la aventura constituyente, en fin, de todo lo que provoca un enorme descontento.

Los malos vientos están estimulando las tendencias centrífugas en el bloque bacheletista. Guillermo Teillier, jefe del PC, amenazó en julio con dar un portazo si no se cumplía el programa, y Sergio Aguiló, de la IC, dijo este lunes que su partido y el MAS no seguirían en la coalición si el PS y el PPD siguen “coludidos” con RN y la UDI respecto de las exigencias de subsistencia legal de los partidos (5% de los votos o 4 diputados). Por si fuera poco, la discusión sobre los subpactos para la elección de concejales revela temor y desconfianza. ¿Sobrevivirá la NM sin Bachelet? Cuesta imaginarlo.

Se necesitará otra alternativa. Su sello distintivo debe ser el rechazo de toda forma de populismo y el compromiso con los cambios graduales. Ello exigirá explicarles a los ciudadanos que no habrá soluciones fáciles en los próximos años, pues se han acumulado demasiados problemas y será muy compleja la situación fiscal. En otras palabras, hay que asimilar la amarga lección de la retórica refundacional y las promesas desmesuradas. Habrá que alentar la inversión, el crecimiento, la creación de empleos y el ahorro, sin lo cual la inclusión social no se sostiene.

Se necesitará un gobierno coherente, que inspire confianza. Para ello, tendrá que potenciar la cooperación entre el Estado y el sector privado; defender la libre competencia y sancionar duramente la colusión; combatir la corrupción dondequiera que surja; propiciar políticas de Estado en salud, educación, previsión y seguridad ciudadana; usar con buen criterio las platas públicas; estudiar con seriedad los cambios constitucionales. En suma, se trata de abrir una vía realista de progreso, con derechos y deberes, que procure articular la prosperidad y la solidaridad. Ello exigirá un liderazgo lúcido y firme.

Cada vez que ciertos parlamentarios opinan sobre esto o aquello en los medios de comunicación, es imposible no preguntarse cómo llegaron a serlo. Sus carencias prueban que no están habilitados para ejercer el cargo, pero lo ejercen de todas maneras e incluso con desparpajo. Se dirá que son los riesgos del sufragio universal, pero el régimen democrático no está obligado a validar la ineptitud, la ignorancia ni mucho menos la dejadez moral. Por desgracia, el sistema binominal favoreció la permanencia en sus cargos de numerosos parlamentarios que no lo merecían.

Por cierto que hay senadores y diputados a los que vale la pena escuchar, que demuestran preocupación por el país y se esfuerzan por aprobar leyes bien concebidas. Son una minoría. Quizás más minoría que nunca en este período en el que ha abundado la liviandad. Un ejemplo fue la aprobación a toda carrera del proyecto original de reforma tributaria por parte de los soldados de la Nueva Mayoría en la Cámara, en 2014. Otro, la formación de la “bancada por la asamblea constituyente”, un increíble caso de aventurerismo protagonizado por un grupo de diputados aparentemente rupturistas, pero que nunca han temido por la estabilidad de sus cargos (y dietas).

¿Y los ex dirigentes estudiantiles? Hasta hoy, su desempeño ha sido una prolongación de su experiencia de agitación y protesta. No sabemos si se convertirán en parlamentarios respetables. Como seguramente buscarán ser reelegidos, deberían saber que el glamour envejecerá rápido, que dejarán de hacer noticia con un par de tuits y que tendrán que estudiar mucho.
Las nuevas normas legales sobre los partidos y el financiamiento de la política pueden volverse irrelevantes si falla la selección de las personas que representarán a los ciudadanos. Lo decisivo es el factor humano y, lamentablemente, hoy no existen verdaderos filtros en los partidos y prevalecen los cálculos de poder de los caciques.

Los títulos o diplomas que exhiban los postulantes solo son una referencia de los estudios hechos, pero en ningún caso garantía de luces, integridad o buenas costumbres, que es lo que realmente importa. Si aspiran a integrar un poder del Estado que tiene altas responsabilidades, deben demostrar aptitudes y competencias que les permitan desenvolverse dignamente. El Congreso no es una plaza pública que funciona sobre la base de eslóganes.
Al elegir a sus candidatos, los partidos piensan ante todo en juntar votos, lo cual es comprensible, pero tienen el deber de pensar también en las capacidades de esos candidatos. No pueden proponer el nombre de alguien solo por el hecho de ser un rostro de la TV, figura del espectáculo o algo parecido.

Es imperioso sanear las prácticas políticas y fortalecer la legitimidad de las instituciones democráticas. Chile necesita un Parlamento de excelencia, que actúe con autonomía frente al Ejecutivo, que no ceda ante las presiones corporativas, que defienda eficazmente el interés colectivo y apruebe leyes bien concebidas. Solo así se ganará el respeto de los ciudadanos. Ojalá que la elección del próximo año ayude a oxigenar el Congreso.

No existe la posibilidad de que Gabriel Boric y los partidos de gobierno puedan disimular la magnitud de la derrota que experimentaron en el plebiscito. Avalaron un proyecto que ponía en riesgo la unidad de Chile, convirtieron La Moneda en trinchera partidista y usaron sin rubor los recursos públicos para asegurar la aprobación de un proyecto de Constitución ideado para copar el poder. Y fracasaron.

Será mejor que Boric y sus aliados no agreguen la impostura a la derrota sufrida, porque eso sería exactamente el intento de convencer al país de que “aquí no ha pasado nada”, que el plebiscito no tuvo importancia y todo queda en suspenso, puesto que existiría un supuesto mandato indefinido para organizar y financiar todas las convenciones que sean necesarias hasta que el bloque oficialista salga con la suya. Más vale que entren en razón y no abusen de la paciencia de los ciudadanos. El proceso constituyente llegó a su término con el plebiscito de salida. Eso es lo establecido. Si Boric quiere un segundo proceso, debe proponer una nueva reforma constitucional al Congreso. Y de algo deberían servir las contundentes cifras del plebiscito.

El Rechazo tuvo sobre todo un carácter defensivo. Fue la reacción de la sociedad ante la amenaza representada por un proyecto de Constitución concebido por las izquierdas como arma de combate. Ello provocó la entrada en escena de muy amplios sectores de la sociedad que, aproximadamente en marzo-abril, adquirieron conciencia de los enormes riesgos que corría el país a causa de los acuerdos de la Convención. En julio, la inquietud se agudizó al conocerse el proyecto de Constitución, el cual nunca fue pensado como un texto en favor de la integración nacional y el fortalecimiento de la democracia, sino como una plataforma de los intereses político-ideológicos de la alianza refundacional.

Lo que más influyó en la decisión de mucha gente de votar Rechazo fue la percepción de la catástrofe que podía sobrevenir si prosperaba la creación de once naciones indígenas dentro de Chile, con territorios, órganos políticos y sistemas de justicia autónomos, lo que implicaba segmentar racialmente a la población y socavar las bases del Estado unitario, Era la propuesta de los activistas del indigenismo, que aprendieron a hacer negocio político con la raza, y que ayudaron a su vez al negocio político del Frente Amplio y el Partido Comunista de crear una sistema político que colmaba sus expectativas.

En mayo pasado, el PC caracterizó el plebiscito como “la batalla de las batallas”, con lo que dio a entender que le asignaba un significado definitorio para sus propios intereses. Fue la fuerza política que se identificó más profundamente con los contenidos del texto aprobado por la Convención. Su campaña mostró que nunca se sintió más cerca que ahora de cumplir sus objetivos políticos. Y sacó mal las cuentas.

El país necesita estabilidad institucional para enfrentar la recesión económica que, según las proyecciones, podría durar hasta el primer semestre del próximo año. Se requiere despejar la incertidumbre que determinó que muchas decisiones de inversión quedaran suspendidas, a la espera de lo que pasara en el plebiscito. Hace falta crear un clima de confianza para superar las dificultades.

El reto planteado por el bandolerismo en tres regiones obliga al Estado a actuar sin mayores dilaciones para enfrentarlo con todas sus capacidades. Es visible que los delitos con camuflaje étnico en el sur son, como la barbarie con rostro social en Santiago y otras ciudades, formas hipócritas de ataque a nuestra convivencia que no difieren de las acciones del crimen organizado. No es posible contemporizar con ellas. El gobierno tiene el deber de proteger a la comunidad.

Ojalá estemos asistiendo al comienzo de una etapa de racionalidad política. En todo caso, está demostrado que los ciudadanos no somos espectadores, sino protagonistas de lo que pase o no pase. Es indispensable alentar el diálogo y el entendimiento, pero rechazar la táctica de quienes toman la parte de la democracia que les conviene, y le dan la espalda al resto, de lo cual ha habido tantas muestras desde la revuelta de 2019.

No es precisamente una demostración de realismo que algunos dirigentes políticos y empresariales sugieran que, ante el triunfo del Rechazo, el mandatario debe liderar un nuevo proceso constituyente. En realidad, Boric no está en condiciones de liderar ninguna cosa. Es penoso decirlo, pero es la verdad. Será mejor para él y para el país que se concentre en gobernar lo mejor que pueda.

Hay que poner una pausa al debate constitucional. Cualquier apresuramiento puede ser el comienzo de nuevos errores, y ya han sido demasiados. Lo primero es actuar con la verdad. El país seguirá funcionando dentro el marco constitucional vigente, que es la base de la legitimidad del propio Presidente de la República. Todos los partidos tienen la obligación de analizar el fracaso de un experimento que solo trajo división e incertidumbre.

Hay que decirlo de nuevo: el país no es un laboratorio, y no puede seguir organizando y financiando convenciones cuando lo que corresponde es que el Congreso asuma la responsabilidad de dar un cauce riguroso y sereno al debate sobre los cambios. ¿O es que los parlamentarios se van a convertir en meros organizadores de convenciones? ¿Para qué están, entonces, las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara?

La experiencia de este período es aleccionadora respecto de que las malas decisiones tienen malas consecuencias. Necesitamos que la política trascienda los partidismos y ponga el interés nacional en primer lugar. Es indispensable sostener las instituciones que aseguran el ejercicio de las libertades y la alternancia en el poder.

Se han creado condiciones favorables para que Chile recupere el equilibrio. Lo más importante ahora es garantizar la paz interna y el respeto a la ley en todo el territorio. Hay que asegurar la estabilidad y la gobernabilidad.

Esta semana se dio a conocer el libro que resume los resultados del proyecto “Tu Constitución”, de la Fundación Democracia y Desarrollo, que encabeza el Presidente Lagos. La iniciativa se desplegó durante un año bajo la dirección de un consejo plural de constitucionalistas, y ofreció un espacio, especialmente digital, para que muchas personas opinaran sobre lo que debe recoger la Constitución. El libro revela la multiplicidad de intereses que existe en la sociedad, pero en ningún caso -advierten los editores-, puede presentarse como “la opinión del pueblo”. Fue un ejercicio de participación, y vale como tal.

La deliberación constitucional es legítima, pero no lo es crear falsas expectativas, como decir que el proceso constituyente permitirá tener una Constitución “escrita entre todos”. Eso no es posible, y es mejor no llamar a engaño.

Se justifica la preocupación acerca de la naturaleza, la representatividad y la metodología del proceso. Patricio Zapata, del Consejo de  Observadores, dijo hace poco: “La ausencia de un acuerdo político transversal genera grandes problemas”. No es un detalle en momentos de descrédito de la política.

¿Vive Chile una crisis institucional? De ningún modo. Las credenciales de la Presidenta Bachelet no están cuestionadas, la división de poderes es clara, las libertades se encuentran protegidas y vamos a votar este año y el próximo. Sin embargo, la Mandataria promueve un cambio abstracto a las bases del Estado de Derecho, que se reduce a un puro título. Si la reforma tributaria exigió un proyecto concreto, lo lógico era proceder de igual modo respecto de la reforma constitucional. Decir que el contenido surgirá de los cabildos es poco serio.

La Constitución vigente ha experimentado 228 modificaciones entre 1989 y 2016, algunas promulgadas por la Presidenta, como la autonomía del Servel. Por supuesto que se pueden proponer otros cambios o redactar un nuevo texto, pero tenemos que partir de las normas actuales, no desde cero. Hay ciertos consensos construidos bajo los gobiernos democráticos que vale la pena preservar. Damos por hecho que la Presidenta no le pondrá su firma a cualquier cosa que salga de los cabildos y solo validará lo que le parezca razonable. Pero ello exige evitar los malentendidos.

Los hipotéticos acuerdos de los cabildos no nos obligarán al resto de los chilenos. No hemos dado de baja la democracia representativa. Por lo tanto, respecto de los cambios constitucionales corresponde que se pronuncien, ahora o mañana, el Ejecutivo y el Legislativo, y después convocar a un referendo. Es obvio que éste no puede efectuarse ni en 2016 ni en 2017 debido a las elecciones.

Es penoso que el Congreso no muestre inquietud alguna por las implicancias institucionales de este asunto. Es otro poder del Estado, no una caja de resonancia de La Moneda, y debería defender sus facultades con energía. La displicencia es imperdonable frente a una materia crucial para la estabilidad y la gobernabilidad. (La Tercera)

Sergio Muñoz

EN LA presentación del libro de José Joaquín Brunner, Nueva Mayoría. Fin de una ilusión, Pepe Auth dijo que el autor “da forma a nuestros miedos”, pero que al hacerlo dejan de ser tales y se convierten en un desafío a superar. ¿De qué miedos se trata? Seguramente de los provocados por el amedrentamiento moral que ejercen los fiscales del progresismo dentro del PPD, quienes estigmatizan como conservadores a los que discrepan en ese partido dominado por un “socio controlador”, como Auth calificó a Guido Girardi. El arte de esos fiscales ha sido combinar el talante vanguardista con los métodos del caciquismo y el clientelismo.

“La gobernabilidad del siglo XXI no se hace entre las elites y las cúpulas partidarias”, dijo Girardi en El Mercurio (7/05). Quién lo diría. Él es parte de una elite, y negocia y pacta con los miembros más conspicuos de las otras elites (jueces, fiscales, abogados notorios, etc.). Y ha construido su poder repartiendo cargos en el aparato del Estado. En la misma entrevista, dijo que uno de los logros del gobierno es “haber construido una educación pública de calidad”. ¡Vaya noticia!

Brunner ha hecho un aporte medular a la reflexión de la centroizquierda. Su libro desnuda el daño provocado por los diseños programáticos que desprecian la realidad; el costo político de las reformas mal concebidas; la cadena de dificultades que implica un liderazgo feble; la frustración de mucha gente por las promesas que no se cumplirán; el impacto de los desatinos en la educación, en fin, el fiasco de una retórica igualitarista que no conseguirá más igualdad.

¿Cuánto influyó en todo esto el revival del discurso anticapitalista de la vieja izquierda, cuyos referentes son el castrismo y el chavismo? No poco, en particular por las simpatías de la Mandataria. Pero también influyó que una parte de la centroizquierda olvidara tanto las lecciones del fracaso de la UP como las de la fructífera experiencia de la Concertación. Así fue como se rompió la brújula y se impuso en el PPD, en el PS y hasta en un sector de la DC la excitación refundacional. El resto lo hicieron los académicos que van de rupturistas por la vida, pero no piensan arriesgar nada personal por esa ruptura (para eso están los estudiantes).

Brunner habla del fin de una ilusión. En rigor, es difícil que la NM sobreviva a este gobierno. Fue una creación artificiosa, que agrupó a concertacionistas y anticoncertacionistas bajo el alero de la popularidad de Bachelet, y esa popularidad ya no existe. Su defecto genético es la falta de un horizonte compartido, como volvió a quedar en evidencia con la propuesta de los diputados del PC de estatizar Soquimich, y la aclaración del ministro Burgos de que no existe un plan para expropiar empresas.

El libro de Brunner trajo aire fresco al debate nacional, y obliga a pensar en lo que pueda venir después de este gobierno. ¿Asimilarán sus errores las fuerzas de centroizquierda? ¿Serán capaces de concebir un camino de verdadero progreso que la mayoría de los chilenos sienta que vale la pena recorrer? (La Tercera)

El llamado proceso constituyente fue ideado por el gobierno para contener la presión por una asamblea constituyente y para disimular las diferencias en la Nueva Mayoría. El resultado ha sido una temporada de asambleas cuyo sentido no es claro para la mayoría del país. Aun así, la Presidenta parece convencida de que en los cabildos surgirán los principios de una nueva Constitución. En el Mensaje del 21 de mayo, dijo: “Quien se margina no sólo se queda abajo del carro de la historia chilena, sino que le resta valor a sus ideas”. ¿El carro de la historia? La expresión es un residuo del mesianismo revolucionario, y a estas alturas suena penosa.

Alguna gente bienintencionada dice que es positivo que conversemos sobre los cambios constitucionales. Cómo no, quién podría negarse a conversar. El problema son las desorbitadas expectativas creadas por la Mandataria y el aparato de propaganda de La Moneda. Tenemos pleno derecho a discutir sobre los cambios constitucionales, pero también el deber de hacerlo sin engaños. No podemos saltarnos las normas vigentes, que son el resultado de 25 años de reformas. Esas normas permiten que Michelle Bachelet sea reconocida como legítima Presidenta de la República, al igual que los parlamentarios, los ministros de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las FF.AA., etc.

La Mandataria dijo en el Mensaje que más de 30 mil personas ya han dado su opinión. Pues bien, independientemente de cuantas personas participen, los acuerdos de los cabildos no serán vinculantes para el país. La razón es simple: no hemos lanzado por la borda la democracia representativa. Pese a que los presidentes del Senado y la Cámara están paralogizados, no aceptamos que el Congreso sea reemplazado de facto en sus funciones.

Si de la síntesis que redacten los observadores surge un proyecto de nueva Constitución, este solo comprometerá a la Presidenta: será el momento en que sabremos lo que ella quiere cambiar. Sorprendentemente, el lunes 23 dijo en radio Duna: “Hay cosas en la actual Constitución que son estupendas”. ¿Qué se puede agregar?

Algunos ministros han asegurado a los empresarios que el derecho de propiedad no será afectado. Una de dos: o saben con anticipación el resultado del proceso constituyente, o ese resultado no importa. Mientras tanto, la Mandataria sigue promoviendo reformas a la Constitución vigente, como la que establece la elección de intendentes en 2017. Todo es muy extraño.

En resumen: un gobierno con 25% de apoyo lleva adelante un proyecto desmesurado e invertebrado, que además se le puede volver en contra. ¿Y todo para qué? ¿Para calmar a los intransigentes? ¿Para mantener el tono épico que recomiendan los consejeros del 2° Piso? Peor que cometer un error, es quedar atrapado en su inercia.

Se ha demostrado que hay un cambio constitucional que es indispensable: poner fin al presidencialismo exacerbado. Es muy grande el riesgo que corre el país por la concentración de tanto poder en manos de una sola persona. Necesitamos una democracia con un mejor sistema de contrapesos. (La Tercera)

Sergio Muñoz, analista político

El contundente triunfo del Rechazo tiene una enorme trascendencia para la salud cívica de Chile. Hizo retroceder el miedo que, por efecto de la violencia y la extorsión asociada, condicionó la vida nacional desde octubre de 2019. El plebiscito descartó el proyecto de Constitución elaborado por la Convención y apoyado por el Gobierno, lo que dejó de manifiesto que la sociedad ha empezado a recuperar la confianza en sí misma y en su capacidad de autoprotección.

El Rechazo fue una forma de legítima defensa frente a una propuesta que incluso proponía crear 11 naciones dentro del territorio. Fue también la suma de los rechazos acumulados frente a los estragos causados por la combinación de la violencia y el populismo.

Aunque no se ha despejado completamente el horizonte, Chile está ahora en mejores condiciones de recuperar el pulso normal y mirar más allá de los escarceos de la clase política, en cuyo seno tienden a predominar el ensimismamiento y el cálculo de intereses. Se ha ensanchado la posibilidad de que crezca una poderosa corriente de regeneración democrática que ayude al país a recobrar el equilibrio y a potenciar sus energías creativas. No son pocas las dificultades, como está a la vista en la economía, pero algo queda claro de la experiencia de este período: el escepticismo no lleva a ninguna parte y el pesimismo es una pérdida de tiempo.

No queda sino batallar para que el país no vuelva a ser llevado al borde del barranco. Ojalá los partidos se dispongan a examinar seriamente lo ocurrido desde la revuelta, con el fin de promover acuerdos que resguarden la estabilidad y la gobernabilidad. Ello exige, sin embargo, una mínima actitud autocrítica. El fracaso del experimento de la Convención dejó al descubierto que los graves errores cometidos por el Congreso y el gobierno anteriores tuvieron un costo demasiado alto como para aparentar que aquí no ha pasado nada. La verdad es que han pasado demasiadas cosas, y es preferible no esquivar las responsabilidades.

Los partidos de gobierno y de oposición tendrían que darse cuenta, por lo menos, que es equívoco hablar de “continuidad del proceso constituyente”, puesto que este concluyó legalmente. Además, ¿cómo entender la supuesta continuidad si el núcleo del proceso fueron la malhadada Convención y el proyecto rechazado por los ciudadanos? El debate constitucional no se cierra, obviamente, pero hay que evitar nuevas formas de extravío. Los ciudadanos no son conejillos de Indias. Sin embargo, el juego partidista de estos días gira en torno a un segundo pie de la cueca, lo que parece sugerir que el Congreso podría convertirse definitivamente en un órgano promotor de convenciones. Todos los partidos tienen dudas al respecto, pero ninguno se atreve a reconocerlo. Optan, en cambio, por proponer reglas que saben que son inaceptables para los otros. Pequeña política. El país parece una fotografía.

El miércoles 7, la ministra Ana Lya Uriarte comunicó que el Gobierno solo acompañará el diálogo constitucional iniciado en el Congreso, y que no estará emitiendo opinión. Al día siguiente, dijo que el Gobierno espera una Convención con una hoja en blanco, paridad, escaños indígenas e independientes. Desconcertante, por supuesto. La ministra Carolina Tohá, por su parte, pidió una nueva Constitución antes de que se cumplan 50 años del golpe de Estado. No es claro en qué están pensando realmente en La Moneda. ¿Quizás en una nueva estrategia para aprobar algo parecido al proyecto por el cual el Gobierno hizo hasta lo indebido? ¿Cuál es la idea para 2023? ¿Que el país se polarice entre pinochetistas y allendistas?

Lo primordial es el futuro de la democracia, y ello se vincula a la lealtad con sus normas y procedimientos. Por eso fue tan perniciosa la idea del “parlamentarismo de facto”, propuesta por un senador que no se daba cuenta de lo que implica validar las soluciones de facto, lo que en la Convención se expresó, por ejemplo, en la consigna de la refundación de Chile. Allí, quedó en evidencia que numerosos convencionales no solo no creían en la democracia representativa, sino que incluso no creían en Chile. Es hora, pues, de poner atajo a la metodología oportunista, que consiste en tomar de la democracia la parte que conviene y darle la espalda a todo lo demás. En tales circunstancias, ninguna Constitución puede tener eficacia.

La política debe hacerse respetable a los ojos de los ciudadanos. Esperemos que las lecciones que van quedando sirvan para que el Gobierno, el Congreso y los partidos actúen con sentido nacional. La primera exigencia es defender la paz interna. No puede haber vacilaciones respecto de la obligación del Estado de frenar los actos antisociales y asegurar la vigencia de la ley en todo el territorio. (El Mercurio)

Sergio Muñoz Riveros

Nada fue sencillo para Jorge Burgos en los 13 meses que ejerció el cargo de ministro del Interior. De partida, tuvo que hacerse cargo de los estragos de la primera etapa del gobierno, lo que ya era bastante, y tratar de estabilizar el barco junto al ministro Valdés. Pero todo fue demasiado difícil porque las reformas ya provocaban un rechazo mayoritario y la desaprobación a la Mandataria era más o menos la misma de hoy. Se requería una corrección de fondo, pero la Presidenta lanzó el eslogan deslumbrante -“realismo sin renuncia”-, con el que demostró que su prioridad era que los grupos que expresaban el espíritu revolucionario se sintieran cómodos. En realidad, ese ha sido el eje de sus decisiones, convencida al parecer de que debe atender al 25% que la apoya, y olvidarse del resto.

Burgos gastó muchas energías para tratar de articular una mirada compartida en el equipo político, y luego, muchas también para disimular las diferencias. Lo más complejo fue, probablemente, equilibrar el sentido de lealtad hacia la Mandataria con su alto concepto de la responsabilidad política. Burgos sabía que él era “demasiado concertacionista” para el gusto imperante en La Moneda.

La semana pasada, el jefe de la bancada de diputados de la DC,Fuad Chaín, dijo a los cuatro vientos: “La Nueva Mayoría se acabó”. Y agregó: “No hay acuerdo programático, no hay cohesión política. Cada uno hace lo que se le antoja; estamos en la lógica de sálvese quien pueda”.Es sólo la confirmación de que la NM no fue mucho más que un pacto de conveniencia electoral en torno al liderazgo carismático de Bachelet.

El gobierno fue lo que la Presidenta quiso que fuera. Ella escogió el camino, aceptó el diagnóstico de sus asesores, fijó las prioridades e hizo suya la deplorable descripción de Chile contenida en el Mensaje del 21 de mayo y que, supuestamente, exigía una medicina como la que su gobierno recetó. Ahí están los resultados: el programa debía iluminar el futuro, y terminó oscureciéndolo.

Los partidos oficialistas no pueden lavarse las manos por las promesas inviables, las leyes mal concebidas, las improvisaciones, etc. No pueden seguir diciendo que las dificultades han radicado en la gestión de los ministros, las carencias comunicacionales o la coordinación con el Congreso, cuando el verdadero problema ha sido el rumbo y el liderazgo.

Lo que pueda hacer el nuevo ministro del Interior dependerá de la visión de la Presidenta sobre el tiempo que queda. Pero son insoslayables las preocupaciones respecto de cómo salir del enredo constituyente, mejorar la seguridad ciudadana, dar señales que contribuyan a estabilizar la economía y asegurar la normalidad de las elecciones que vienen.

Si las corrientes de centroizquierda quieren recuperar la confianza de los ciudadanos, tendrán que distanciarse de las veleidades populistas y explicarles a los chilenos que no hay atajos hacia una sociedad más próspera y más justa. Será ardua la tarea de retomar una vía realista de progreso. Ello implica concebir un pacto distinto para gobernar. (La Tercera)

Sergio Muñoz

Sin efectuar ni una mínima reflexión sobre la abrumadora derrota sufrida en el plebiscito, Boric cambió apresuradamente algunos ministros y se afanó en disimular el impacto del Rechazo. Para eso, las ministras debutantes Tohá y Uriarte trataron de conseguir un rápido acuerdo con los partidos opositores para producir el efecto mediático de que todo está en suspenso. El objetivo era, obviamente, diluir el efecto del 4 de septiembre y dar a entender que, si no resultó la convención anterior, no hay problema, pues se organiza otra, y que, si el proyecto de Constitución no le gustó a la mayoría, tampoco es un problema, pues se escribe otro. El país es de arcilla.

No hay señales de que el mandatario haya extraído alguna lección de la peor derrota sufrida por las izquierdas en mucho tiempo, y bajo su conducción. Al revés, dijo que él era un “adelantado” para su tiempo. El PC, en un pleno del comité central, explicó la derrota por la perfidia de los adversarios, y de paso reveló cuán grande fue su entusiasmo ante la posibilidad de que la batalla del plebiscito coronara el camino iniciado en octubre de 2019 para materializar “el gran cambio”, según la vieja pauta revolucionaria de copar el poder.

En realidad, Chile se salvó de caer en una turbia dinámica de desarticulación social e institucional que pudo haber conducido a una confrontación devastadora. Paradójicamente, también se salvó el propio Boric, puesto que, si se hubiera aprobado el proyecto de Constitución, se habría creado un escenario de confusión e inestabilidad demasiado grave para las escuálidas capacidades de su gobierno. La ironía es que Boric le debe todo, o casi todo, al orden institucional que el Frente Amplio y el PC han tratado de demoler.

Convencida de que el gobierno debe perseverar en la línea seguida, la ministra Tohá reafirmó la doctrina Boric/Atria: “No se entendería que, después del camino que hemos hecho, desconozcamos el mandato del primer plebiscito”. ¿Mandato del primer plebiscito? Eso sí que es aventurado, pues tal mandato no existe. No es cierto que Chile esté obligado a vivir de convención en convención por tiempo indefinido. El proceso abierto por la reforma constitucional de diciembre de 2019 concluyó con el Rechazo. Si el gobierno quiere una segunda convención, debe proponer otra reforma constitucional, que precise inequívocamente los detalles.

Ha crecido el riesgo de que la clase política camine en círculos, con la mirada extraviada, todavía bajo el temor a otra revuelta y que, como consecuencia de todo ello, el mareo constituyente no le deje ver a Chile. No es un detalle la preocupación que existe en amplios sectores por las torpezas que se acumulan en La Moneda debido a la fragilidad del liderazgo presidencial.

La vía del sentido común, que no requiere aprobar otra reforma constitucional, ni una nueva campaña electoral, ni tampoco un exorbitante gasto del Estado como el que demandó la convención fracasada, es que el Congreso recupere la potestad constitucional que cedió en 2019 por la presión combinada del vandalismo y el populismo. Se trata, simplemente, de que los senadores y diputados recuperen el autorrespeto y ejerzan sus atribuciones.

No parece adecuada la idea de que un comité de expertos redacte un nuevo texto. La cuestión constitucional obliga a adoptar decisiones eminentemente políticas, en realidad las más políticas que se puedan concebir, ya que se trata de las reglas de la democracia. Los expertos pueden asesorar al Congreso, pero en ningún caso reemplazarlo. Los representantes elegidos por los ciudadanos están habilitados para adoptar decisiones sobre todos los asuntos públicos, incluida la modificación de las normas constitucionales. Eso es, por lo demás, lo que el Congreso ha estado haciendo durante 32 años. Y lo que hizo hace poco al rebajar el quorum de las reformas a 4/7.

El Senado cuenta con una comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que preside Matías Walker, y la Cámara también tiene una comisión semejante, que preside Karol Cariola. Lo razonable es que ambas comisiones estudien el estado de situación y que luego, en un plazo razonable, definan una propuesta de cambio parcial o total de las normas constitucionales, sobre la cual debería pronunciarse más tarde el Congreso Pleno. La participación del Ejecutivo sería la que corresponde a su condición de colegislador. Una vez definida una propuesta compartida del gobierno y el Parlamento, se convocaría a un plebiscito.

Insólitamente, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), que podría estar liderando el empeño por convertir al Congreso en la sede de los grandes acuerdos nacionales, ya declaró que se podrían elegir nuevos convencionales en enero. Se deduce que en octubre y noviembre los partidos designarían a sus candidatos, y en diciembre el país estaría de nuevo en campaña. Es escandaloso. Quizás, el PS y sus aliados deberían explicarles ahora mismo a los ciudadanos que la convención anterior, que ellos controlaron, fue solo un ensayo, y que el reciente plebiscito no vale, porque ellos perdieron.

Los partidos de gobierno se han equivocado gravemente en los últimos años, y es casi un milagro que Chile no se encuentre en una crisis mayor a causa de sus desatinos. Y de nuevo se equivocan al creer que la paciencia de los ciudadanos es infinita.

Lo decente es que el Congreso justifique su razón de ser y cumpla sus deberes con la República. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

Por mucha buena voluntad que se ponga para juzgar la gestión de Gabriel Boric como Presidente de la República, no es posible ignorar que tiene problemas para desempeñar el cargo. Se ha hecho evidente que el peso de la jefatura del Estado es excesivo para sus espaldas, lo cual, probablemente, está ligado a ciertas dificultades personales que arrastra. Ello se refleja en sus frecuentes cambios de opinión, sus gestos desproporcionados al responder críticas, su empeño de individuación.

Recién instalado en La Moneda, contó que había reflexionado acerca de si dejaba o no un retrato de Bernardo O’Higgins en el despacho presidencial, episodio revelador de muchas cosas al mismo tiempo. Seguro que no pensó en el efecto de sus palabras, pero eso mismo lleva a recelar de la percepción que tiene de la realidad y de sí mismo.

Recordemos que el 11 de marzo, en el momento en que iba a recibir la banda presidencial, se dio unas vueltas extrañas detrás del Mandatario saliente. Y lo que hizo el 18 de septiembre, en el Tedeum, cuando en medio de la misa los asistentes se pusieron de pie, y él, en primera fila, giró hasta casi darle la espalda al altar y se quedó allí, extático, lo que puso nerviosas a las ministras que estaban cerca (minuto 1:09:29 de la ceremonia). ¿Qué fue todo eso? ¿Es efectivo que son manifestaciones de Trastorno Obsesivo Compulsivo?

Perjudicó el interés nacional en los penosos incidentes que protagonizó con el Rey de España, con John Kerry y con el embajador de Israel, que no solo demostraron “desubicación” política, sino cognitiva. Fue insensato que propusiera a los países de la región “condicionar las exportaciones” para presionar a las naciones desarrolladas en el terreno medioambiental.

Su afán de dar testimonio de rupturismo refleja su manera de razonar políticamente (allí están los videos de sus tiempos de diputado para corroborarlo), pero quizás todo ello es también expresión de una aguda inseguridad, que parece haber sido potenciada por la experiencia de llegar a la Presidencia antes de tiempo.

El mayor error de Boric pudo ser catastrófico. Respaldó indolentemente el proyecto de Constitución elaborado por el FA y el PC en la Convención, el cual, si hubiera sido aprobado, pudo llevar a Chile a una crisis mayor. ¿Inconciencia? ¿Ideologismo? ¿Confusión entre lo real y lo imaginario? Tal vez, todo junto. En los hechos, unió la suerte del proyecto constitucional con la del gobierno y, por ende, recibió directamente el impacto del Rechazo. La pregunta es inevitable: ¿está realmente en condiciones de gobernar?

Corresponde tener consideración por Boric en términos humanos, pero no podemos hacer como si los problemas no existieran. La estabilidad y la gobernabilidad son asuntos vitales. También la seguridad de la nación. Ello exige que las instituciones democráticas estén muy alertas respecto de los riesgos que están a la vista. (La Tercera)

Sergio Muñoz Riveros

Fue bochornoso el momento en que Boric, desencajado, exigió respeto en el acto del gremio de los pequeños y medianos empresarios en el que se desbordaron las muestras de hostilidad en su contra. Quedó a la vista el malestar acumulado en ese sector clave de la actividad productiva por la responsabilidad que le asignan al gobierno en la crítica situación del país.

No fue casual, por cierto, que los asistentes cantaran el himno de Carabineros en abierto desafío: en los días anteriores, habían circulado ampliamente los insultos que el mandatario y varios de sus ministros lanzaron por Twitter, hace apenas un año, en contra de Carabineros, entre los que sobresalía la grosería desenfadada de Julieta Brodsky, ministra de las Culturas.

En los años anteriores, Boric y el Frente Amplio se opusieron siempre a las iniciativas que buscaban reforzar la seguridad pública, sobre todo después del 18/O. Pedían refundar Carabineros cada vez que se producía un choque con manifestantes. Exigían a voz en cuello la “desmilitarización de la Araucanía”, en actitud de validación del bandolerismo. “¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”, preguntaba la diputada Catalina Pérez luego de la ola de atentados incendiarios en Panguipulli (febrero de 2021), cuando el FA condenó anticipadamente al carabinero que causó la muerte de un atacante, y que más tarde fue sobreseído por la Corte Suprema, que validó la defensa propia.

Sobran, pues, los motivos de recelo hacia Boric y su gobierno en el sensible ámbito de la seguridad interior y el orden público. O sea, en un área en la que se juega la estabilidad, como quedó demostrado con la revuelta de 2019, cuando el FA echó al fuego toda la leña que pudo. No hay evidencias de que sus dirigentes hayan levantado barricadas o distribuido combustible para las molotov, pero “explicaron” todo eso, cabalgaron sobre la violencia. Y sacaron provecho político de las confusiones y los miedos.

Fue precisamente en el terreno de las obligaciones del Estado respecto del uso de la fuerza, en el que se hicieron más ostensibles las distorsiones de la realidad con que el FA llegó a La Moneda. Y la compañía del PC no le sirvió en ningún caso para definir una visión de Estado sobre la materia. Inmediatamente después del 4 de septiembre, Boric estuvo dispuesto a nombrar a un militante del PC en la subsecretaría del Interior, responsable entre otras cosas de la relación directa con las policías.

Está a la vista que Boric y los dirigentes del FA no estaban preparados para gobernar. Y no se trata solo de que les faltaran conocimientos y experiencia en la administración del Estado, lo que es gravitante por supuesto, sino de los impedimentos políticos derivados de las formas específicas de ideologismo que los han condicionado, por ejemplo, el progresismo al estilo del español Pablo Iglesias, el feminismo de combate, o ese menjunje para todo uso que es el antineoliberalismo.

Las concepciones de Boric y su gente acerca de cómo conseguir el poder se decantaron en los años de Piñera, cuando aplicaron una técnica de asedio que no reparó en costos. Hicieron suyo, junto al resto de la izquierda, una suerte de manual de desestabilización que aplicaron sin mayores problemas de conciencia. Y, ahora, Boric pide que lo respeten. Está claro que, cuando todavía no se cumplen 8 meses de gestión, el respeto no fluye de modo natural, lo cual es la peor señal para el tiempo que le resta de mandato.

Solo puede calificarse de catastrófico el error de haberse comprometido incondicionalmente con la Convención y su malhadado proyecto de Constitución, la prueba más contundente de cuán errada era su percepción de realidad nacional. Apostó todo a la refundación del país, a los cambios espasmódicos, lo que pudo causar un inmenso desastre. Al borde del despeñadero, una gran mayoría optó por el Rechazo. Qué difícil es creerle a un gobernante que se equivocó tan gravemente. Si en Chile hubiera un régimen parlamentario, tendría que haber renunciado. En rigor, lo salvó la Constitución vigente.

Después de la derrota, Boric quedó gobernando en condiciones precarias, solo amortiguadas por la llegada de las ministras Tohá y Uriarte. Pero, todo se ve complicado para él. Su pérdida de autoridad y credibilidad es un problema mayor. Es muy reducida su capacidad de buscar acuerdos nacionales que respondan eficazmente a las urgencias derivadas de la crisis de seguridad pública y a los requerimientos del retroceso económico, cuyas consecuencias sociales, en primer lugar, el aumento de la pobreza, pueden hacerse sentir duramente el próximo año.

¿Qué preocupación tienen al respecto los dirigentes del PS y del PPD, cuya real influencia no está clara y, probablemente, temen pagar platos que ellos no quebraron? ¿Cómo ve las cosas realmente el ministro de Hacienda, que conoce el delicado cuadro de la economía y debe estar consciente de la posibilidad de que crezca el descontento? ¿Es viable la coexistencia de dos visiones contrapuestas en el seno del gobierno sin que se produzca un cortocircuito?

Es demasiado pesada la mochila de Boric. Y él no hace mucho para quitarle peso. Al insistir en que tiene que haber una nueva convención para elaborar una nueva Constitución revela cuán sometido está a las consignas con que el FA ganó notoriedad. Prioriza la batalla simbólica, y de ese modo se daña a sí mismo. Debería dejar que el Congreso se preocupe de la renovación del pacto constitucional, y él, concentrarse en la misión de gobernar lo mejor que pueda. Con un mínimo realismo, no debería socavar el suelo que está pisando. Para sobrevivir, necesita estabilidad política e institucional. Qué inmensa paradoja: la verdadera protección con que cuenta Boric es el orden constitucional vigente. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

En su primera visita a La Araucanía, Boric confirmó su tendencia a realizar gestos que parecen representar más de lo que son, en muchos casos para disimular las indefiniciones. Es la consecuencia de los desajustes producidos entre la visión con la que llegó a La Moneda y la inconfortable realidad de cada día. Las cosas estaban lejos de ser cómo él creía, y ha tenido que lidiar con sus prejuicios y los de sus camaradas. Además, desde el 4 de septiembre, todo se ha vuelto más difícil.

La noticia del jueves 10 fue su reconocimiento de que hay acciones terroristas en La Araucanía. O sea, aquello que negaba hace un año como diputado del Frente Amplio, cuando estaba presto a condenar a las fuerzas policiales y militares que enfrentan cotidianamente todos los riesgos. Como sea, era positivo su cambio. Además, la CAM y los otros grupos armados habían “saludado” su visita de un modo inequívoco. Hizo bien al escuchar el testimonio de algunas víctimas del terrorismo. Era un paso adelante.

Sin embargo, retrocedió rápidamente. Dijo que no era partidario de aplicar la Ley Antiterrorista, que sí fue aplicada por Bachelet y Piñera. ¿Qué valor tenía entonces su condena a “los cobardes”, como los llamó, si no estaba dispuesto a respaldar una acción coherente del Estado? Si la ley requiere cambios, está en su mano promoverlos, pero no puede vacilar en un terreno tan decisivo. Y mucho menos, enredarlo todo al decir que está planteado “un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, que ha sido la ficción usada por las izquierdas para dar apariencia noble a las fechorías de quienes demuestran, una y otra vez, no tener Dios ni ley.

La dimensión de la amenaza está reflejada en el estudio “Patrones territoriales de violencia en la Macrozona Sur”, elaborado por Atisba, la oficina de urbanismo que encabeza Iván Poduje. Entre 2018 y 2022, la superficie afectada por el terrorismo aumentó en 16 veces, se ha ido acercando a las ciudades (además de Temuco, están en riesgo Victoria, Lautaro y Collipulli), y ha destruido las economías turísticas de los lagos Lleu-Lleu y Lanalhue, además de los balnearios de Tirúa, Quidico y Lebu, en la provincia de Arauco.

Según el informe, los ataques que más han aumentado son los que afectan a la infraestructura crítica –trenes, carreteras, aeródromos, antenas- y edificios públicos –escuelas, municipios, recintos policiales-, lo que “evidencia un intento por debilitar la presencia del Estado y aislar la Macrozona Sur del país”. El estudio contabiliza 35 ataques contra edificios públicos, lo que incluye tres instalaciones de CONAF, tomas e incendios coordinados en seis edificios municipales, dos edificios de gobernaciones, hospitales, postas rurales y consultorios. También vehículos de bomberos, ambulancias e instalaciones de agua potable.

Ha habido 28 ataques selectivos a miembros del Poder Judicial, policías, dirigentes comunitarios, testigos o mapuches sindicados como “traidores” por trabajar en empresas forestales. El informe menciona los ataques incendiarios a las casas del exfiscal de Cañete, del alcalde de Collipulli, de un ex juez de garantía de Cañete, y de la familia del exconvencional Fuad Chahín. Poduje sostiene que el conflicto ya afecta a seis regiones y avanza hacia los centros poblados, lo que plantea un gran peligro. Afirma que podría subir la intensidad de los ataques y su capacidad destructiva. No duda en hablar de “una guerra contra el Estado de Chile y las instituciones que lo representan”.

Habla por sí sola la magnitud del Rechazo en las comunas con mayor población mapuche. ¿Por qué insiste Boric, entonces, en un relato falso que solo ayuda a los delincuentes? Probablemente, porque sigue preocupado de mantener los restos del discurso que le permitió establecer una alianza con los activistas del indigenismo, de cuya habilidad en el negocio político de la raza quedó constancia en el proyecto de Constitución que avaló Boric. El relato sirve también para escabullir el bulto respecto de la obligación del Estado de imponer el monopolio de la fuerza en el sur, lo que implica desarticular a los grupos armados que controlan amplias zonas. Boric no puede ignorar la envergadura de ese reto, frente al cual sus gestos de apaciguamiento se han demostrado estériles.

Por su lado, las Fuerzas Armadas y las policías saben que, tarde o temprano, habrá que restablecer allí el imperio de la ley. En tal contexto, Boric ha propuesto formar una Comisión por la Paz y el Entendimiento con el fin de “saldar la deuda con el pueblo mapuche” en materia de tierras. Habló de hacer un catastro para entregar nuevas tierras, sin asomo de inquietud por el balance que debería entregar la Conadi sobre los miles de hectáreas entregadas en los últimos 15 años. ¿En qué estado se encuentran esas tierras? ¿Son productivas? ¿Quiénes son sus reales propietarios? ¿Tiene recursos el Estado para seguir expropiando?

Lo más inquietante es que Boric no parece tomarle el peso a las palabras cuando se refiere a “la demanda viva que existe sobre las llamadas tierras antiguas”. Equivale a abrir las compuertas a los grupos armados para que multipliquen las ocupaciones de predios con el fin de forzar la expropiación. Podrían venir múltiples focos de violencia. En un momento en el que La Araucanía reclama una firme respuesta al terrorismo, Boric podría estar abonando el terreno para mayores penurias y, de ese modo, debilitando todavía más a su gobierno. (El Líbero)

Sergio Muñoz Riveros

De visita en Chile, Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia, expresó su tristeza por el rechazo del proyecto de Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre. Se trata del ideólogo de la noción de Estado plurinacional que estaba incluida en el proyecto, y que las izquierdas asociadas en la Convención habían copiado de la Constitución boliviana. Se entiende mejor ahora por qué Evo Morales, poco antes del plebiscito, le preguntó a un militante del Frente Amplio que le regaló un ejemplar del texto: “¿Vamos a ganar el referéndum?”.

Al parecer, García Linera se sintió en confianza en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que lo invitó, puesto que llegó a decir que había sido un error enfrentar “con buenos modales” las críticas al proyecto. Y agregó: “no puedes defender legalistamente un texto que es político”. ¿Y cómo debía defenderse, entonces? ¿Por medios no legalistas? ¿A la manera bolivariana? En realidad, parece reprocharles a sus amigos chilenos que, habiendo partido todo con una revuelta, hayan tenido al final una actitud legalista. ¡Vaya consejo!

Al explicar su frustración, dijo: “Esta Constitución se dio en un momento de ascenso de lo popular, de lo plebeyo, que modificó la correlación de fuerzas. Y si esa Constitución se aprobaba, esto iba a permitir que, aun en los momentos en que haya repliegue social, esa correlación de fuerzas era un pivote que tenía que reproducirse en cada estructura normativa posterior, cada ley, cada decreto”.

Imposible más claro. Usando el viejo léxico de la lucha de clases, García Linera despejó las últimas dudas que pudieran quedar sobre la naturaleza del proyecto de la Convención: era, a todas luces, un plan de copamiento del poder que iba a generar un marco de hierro para el futuro. O sea, la revolución por vía constitucional.

El visitante no ha hecho sino confirmar la magnitud de los riesgos que enfrentó Chile en este período. La mayoría de los ciudadanos rechazó un proyecto de inocultable raíz autoritaria, por cuya aprobación el Presidente Boric y sus colaboradores hicieron todo lo que vimos. (El Mercurio Cartas)

Sergio Muñoz Riveros

Nadie esperaba que el Rechazo aventajara tan pronto al Apruebo en las encuestas sobre la marcha de la Convención que buscan anticipar la postura de los electores en el plebiscito de salida. Sin embargo, así ocurrió en los recientes sondeos de Feedback, Pulso Ciudadano y Cadem. Aunque todavía no se conoce el proyecto completo de nueva Constitución, la mayoría de los consultados parece tener opinión formada a partir de lo ya visto. Los artículos aprobados dejan de manifiesto la visión refundacional de quienes controlan la Convención, y la amenaza autoritaria que allí se va configurando.

Las encuestas mostraron también un aumento de la desaprobación al gobierno, y no había ocurrido que un Mandatario recién instalado viera descender su apoyo tan rápidamente. Se comprobó así que la acumulación de desatinos nunca es gratis. Lo que resalta es, naturalmente, la existencia de vasos comunicantes entre la evaluación de la Convención y la del gobierno. La imagen de sectarismo y desmesura que proyecta la Convención contagia al gobierno, así como los pasos en falso de éste repercuten en la Convención. Es lógico que sea así, puesto que, en ambos casos, la responsabilidad de conducción está en manos de la coalición de Boric.

Al Mandatario le convenía concentrarse en la tarea de gobernar lo mejor posible, asunto suficientemente complejo, y no comprometerse con el destino de un experimento tan dudoso como la Convención. Sin embargo, pesaron más los condicionamientos ideológicos, como quedó en evidencia el 23 de marzo en sus propias palabras: “Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”. O sea, incondicionalidad completa. Bueno, los convencionales se han esmerado por producir “cualquier resultado”.

¿Está unida la suerte del gobierno a lo que pase en la Convención? Es lo que dijo Fernando Atria a La Tercera, el 27 de marzo: “La figura de Gabriel Boric quedó vinculada al proceso constituyente, para bien o para mal”. Y lo que Atria espera no es que el Mandatario les recomiende moderación a los convencionales gobiernistas, o a los colectivos del octubrismo y de la izquierda indígena. Lo que le pide es respaldo absoluto, porque del proyecto mismo se encargan él y sus socios, entre ellos Marcos Barraza, operador del PC en la Convención, quien sostuvo que el gobierno no puede ser neutral en el plebiscito. Ahora bien, si La Moneda se embarca en una campaña proselitista sin preocuparse de las normas legales ni del eventual mal uso de las platas públicas, se meterá en graves problemas.

En el plebiscito del 4 de septiembre, será muy difícil que los ciudadanos separen el proyecto de Constitución de su juicio sobre el rumbo del gobierno. Será, pues, un momento de polarización inevitable. Si eso es lo que Boric prefiere, o lo que acepta porque no le dejan otra, tendrá que asumir las consecuencias. (La Tercera)

Sergio Muñoz Riveros

Luego de la derrota del 4 de septiembre, el Presidente Boric pudo darse un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y concentrarse en asegurar la continuidad de su gobierno. El Rechazo no solo había sido un categórico pronunciamiento ciudadano contra el proyecto de Constitución que él avaló, sino contra el rumbo del gobierno. Su nombre quedó grabado en esa derrota, y si en Chile hubiera existido un régimen parlamentario, no habría tenido otra alternativa que renunciar.

¿Qué aconsejaba el sentido común? Dejar de considerar la Constitución como el terreno de una batalla artificial contra la dictadura que terminó hace más de 30 años, y abocarse a la tarea de gobernar lo mejor posible, lo cual dependía en gran medida de la estabilidad institucional. Pudo dejar en manos del Congreso el debate sobre los cambios constitucionales y preocuparse de atender las verdaderas urgencias. Pero no fue así. Prefirió idear una estratagema para tapar la derrota y dar a entender que no había pasado nada trascendente en el plebiscito.

Boric y su equipo no tuvieron tiempo para “masticar” el Rechazo. Devotos del tacticismo, optaron por mantener la actitud de fiscales del constitucionalismo, lo cual les servía para no dar explicaciones sobre el engendro elaborado por sus representantes en la Convención. Con poca ropa, se las arreglaron para mantener la ofensiva en una materia saturada de supersticiones frenteamplistas. En primer término, la epopeya de enterrar “la Constitución de los 4 generales” (que, como todos saben, lleva la firma del “general” Ricardo Lagos Escobar). Cargando sus propios complejos, los presidentes de la UDI y RN se encargaron de facilitar las cosas.

Cuesta precisar qué pasa realmente por la cabeza de quienes están en La Moneda. Se embarcaron en un nuevo experimento constituyente en el que son altas las posibilidades de que el tiro les salga por la culata. En mayo, se elegirán los 50 integrantes del Consejo Constitucional y las expectativas electorales de los partidos oficialistas no son precisamente auspiciosas. Sea que vayan en una lista del indulto o en dos listas del indulto, representarán ante los electores a un gobierno que tiene un 70% de desaprobación.

Al analizar los errores del gobierno, es natural el empeño por rastrear su racionalidad política. Al fin y al cabo, hasta los desatinos tienen cierta lógica. Lo que llama la atención es que, en muchos casos, el mandatario y sus colaboradores dan la impresión de actuar contra sus propios intereses. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ineptitud, ignorancia, ideologismo? Es una mezcla, probablemente. Pero gravitan decisivamente los efectos del inconsistente liderazgo presidencial y la difícil coexistencia de grupos que piensan muy distinto.

Hay quienes creen que las decisiones más controvertidas de Boric y su gente forman parte de una estrategia sofisticada, cuya coherencia no se percibe a primera vista. Su objetivo sería preparar las condiciones para llevar a cabo una revolución. En realidad, no existe tal proyecto.

Es cierto que los colectivos que controlaron la Convención creyeron que bastaba con “escribir” la revolución para que ella se hiciera realidad. Pero ni siquiera en el caso hipotético de que hubieran ganado el plebiscito, habrían tenido fuerzas y capacidad para llevar adelante tal delirio. Habrían enfrentado una resistencia gigantesca. Hay que decirlo de nuevo: el Rechazo salvó al país de un inmenso desastre, pero salvó también a Boric de un temprano naufragio, aunque él todavía no parece darse cuenta.

Si no es la revolución, ¿qué representa entonces el gobierno, y más específicamente el núcleo Frente Amplio/Partido Comunista? La vía chilena hacia el populismo. Un tosco modo de actuar que está condicionado por la idea de enterrar lo que llaman el neoliberalismo y llevar a Chile hacia “el otro modelo”. Su sello es la chapucería testimonial. De todos modos, este gobierno puede causar un grave daño a las perspectivas de progreso real. Demoler es fácil.

Hay quienes le sugieren a Boric que rompa con el PC, se abrace con el PS y se vuelva “socialdemócrata” (como si todo consistiera en cambiarse de traje). No hay base para pensar que ello vaya a ocurrir. Boric le teme al PC y no se arriesgará a ganar su enemistad. Ahora bien, puesto que el PS y el PPD están presionando para conseguir más cargos, es posible que el mandatario les entregue algo, pero preocupado también de que no se le desgrane el choclo por el lado izquierdo.

El mayor problema político de Chile es la existencia de un gobierno que proyecta precariedad por todos lados en un contexto de enormes retos nacionales, el primero de los cuales es la acción cada día más agresiva de las bandas del crimen organizado con nexos internacionales. El Estado está desafiado en un ámbito vital para nuestra convivencia y tiene la obligación de poner en tensión todas sus capacidades.

La elección del Consejo Constitucional en mayo será una medición de fuerzas rigurosamente política, que tendrá efectos directos en la vida nacional. ¿Estamos ante un nuevo plebiscito, entonces? Así es. Cualquiera que sea el número de listas, en la noche de la elección se sumarán los votos de quienes apoyan a Boric, por un lado, y de quienes se oponen a él, por el otro. Esa será la definición principal. Y lo más probable es que el mandatario experimente una nueva derrota.

Es incalculable el daño provocado por el gobierno de Boric al buen nombre de Chile en el campo de las relaciones exteriores y, en los últimos días, respecto de los vínculos con Argentina y Perú. El esfuerzo de muchos años por construir una política de Estado en este ámbito recibió un impacto que la canciller Antonia Urrejola, que acaba de irse de vacaciones, no ha dado señales de percibir. En realidad, ella no podrá seguir ejerciendo el cargo con la respetabilidad que se requiere.

El audio de la reunión con sus colaboradores desnudó la indigencia a la que ha llegado la Cancillería bajo su conducción, lo cual tiene inmensos costos para la relación de Chile con el mundo. El panorama podría agravarse con el sumario administrativo y la investigación de la fiscalía.

El problema principal, sin embargo, no está en la Cancillería, sino en La Moneda. Lo terminó de demostrar el propio mandatario en las mismas horas en que el audio nos avergonzaba más allá de las fronteras. Su discurso en la reunión de la Celac, en Buenos Aires, en el que se refirió a la crisis de Perú, confirmó las servidumbres ideológicas que condicionan sus actos, pero además su incomprensión de los intereses permanentes de Chile.

Ese ha sido el común denominador de todos los episodios internacionales bochornosos que lo han tenido como figura estelar desde el 11 de marzo de 2022, cuando inventó un incidente con el Rey de España.

Es difícil concebir una expresión de mayor descriterio que la injerencia en los asuntos internos de Perú en un momento de máxima tensión en ese país. Boric no se detuvo a pensar en las repercusiones que iba a tener un pronunciamiento suyo en el que culpaba de la violencia al gobierno de Dina Boluarte y, al mismo tiempo, callaba frente al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, en diciembre del año pasado, que obligó al Congreso a destituirlo y a elegir a su vicepresidenta como mandataria provisional, tras lo cual estalló una violencia que ha cobrado numerosas vidas y ha llegado a tener características de insurrección.

En medio de grandes dificultades, la Presidenta Boluarte ha tratado de restablecer la paz y asegurar la continuidad institucional, lo que incluye el adelantamiento de las elecciones. Sin embargo, Boric llevó lejos su imprudencia: “Hacemos notar –sostuvo-, la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos la democracia y los derechos humanos”.

La reacción peruana fue demoledora. El embajador chileno en Lima, Óscar Fuentes, fue convocado por el vicecanciller de Perú, Ignacio Higueras, quien le transmitió el malestar de su gobierno por “la manera irrespetuosa en que el Presidente Gabriel Boric se refirió a la Presidenta de la República Dina Boluarte”.

La cancillería de Perú no pasó por alto la demanda de cambio de rumbo hecha por Boric, y afirmó: “El rumbo elegido por el gobierno constitucional de la Presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú. El gobierno no cambiará el rumbo de la institucionalidad democrática”.

La prensa peruana ha ridiculizado en todos los tonos los dichos del mandatario chileno. Hasta las felicitaciones de López Obrador confirmaron la enormidad del desatino.

Y como siempre ocurre cuando queda a la intemperie, el mandatario intentó tapar su yerro con una explicación de apariencia noble: está preocupado de los derechos humanos. La impresión que queda es que no le toma el peso a los estropicios que causa.

La relación bilateral con Perú tiene una importancia esencial para Chile, y todos los gobiernos han procurado cuidarla con máximo celo. Boric, por desgracia, parece ignorar hasta las consecuencias de la dolorosa guerra que enfrentó a nuestras naciones en el siglo XIX.

No dudó en golpear a un gobierno que intenta sostener la institucionalidad democrática en un contexto en el que grupos extremistas buscan empujar al país vecino al descalabro completo. Se puede deducir el nivel al que llegó ahora la desconfianza hacia Chile.

Los intereses de nuestro país han sido objetivamente perjudicados por la actitud de un gobernante que no demuestra conciencia de las responsabilidades derivadas del cargo que ocupa. Es demasiado evidente que tiene una percepción distorsionada de la realidad y de su propia figura. Habla con un énfasis que revela que se ve a sí mismo como un líder que debe cumplir una misión histórica, tanto dentro como fuera de Chile. No puede ser más inquietante.

Qué difícil es imaginar los próximos tres años. Además de la preocupación por los cargos en el aparato estatal, ¿qué reflexión hacen los dirigentes del Partido Socialista sobre lo que puede esperar el país del rumbo actual? ¿Resiste una alianza de gobierno en la que predominan los recelos y las sospechas? ¿Qué capacidad real tiene Boric para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad en los tiempos que vienen?

En menos de un año, hemos comprobado que el régimen democrático puede debilitarse “desde dentro” hasta un grado crítico debido al deterioro del Poder Ejecutivo. Es penoso constatar que la causa fundamental es la pérdida de credibilidad y autoridad del Presidente. Es muy grave, por supuesto. Pero es peor cerrar los ojos ante ello. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

El acelerado incremento de la desaprobación a Gabriel Boric no se explica solo por su inexperiencia o impericia. En el origen de los errores y pasos en falso está sobre todo la visión distorsionada de la realidad con la que él y su equipo llegaron a La Moneda, tributaria de la línea de agitación rupturista impulsada por el FA y el PC contra el gobierno anterior. Una de las primeras decisiones fue levantar el estado de emergencia en la Macrozona Sur, determinada en gran medida por la negación “ideológica” de la amenaza terrorista, así como por la insistencia en demostrar que allí existe un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. De un mal diagnóstico no pueden esperarse buenos remedios. Lo mismo ocurrió con la decisión de poner urgencia al proyecto de amnistía de los llamados presos de la revuelta. En ambas decisiones, influyó probablemente el deseo de no enemistarse con los guerreros de La Araucanía y de Santiago. No le sirvió de nada.

El gobierno se define a sí mismo como transformador, pero ello no se traduce en un plan coherente. En Buenos Aires, Boric dijo que su gobierno quería acabar con el neoliberalismo, lo que, a estas alturas, solo se entiende cómo la forma en que la izquierda designa el empeño por reducir el espacio de la empresa privada y alentar el estatismo como supuesta llave de la igualdad. Es el intento de probar que Chile progresó “de la manera equivocada”, lo que ahora se corregirá.

Luego de la derrota del proyecto impuesto por el PC sobre el retiro de fondos previsionales, ¿se embarcará el ministro de Hacienda en una reforma tributaria en circunstancias tan poco propicias como las creadas por la inflación creciente y las expectativas de mínimo crecimiento para este año, y además en medio de la incertidumbre aportada por la Convención sobre el derecho de propiedad y las garantías para la inversión?

Las dos trenzas de partidos que apoyan a Boric no irradian gobernabilidad precisamente. Las pugnas en La Moneda ya son vox populi. Se ha configurado un cuadro que hace temer por la estabilidad y la gobernabilidad. En tales condiciones, no se puede eludir un asunto incómodo: la estatura de Boric como gobernante. Es imposible entender lo que pasa al margen de sus capacidades y su temperamento. Da la impresión de que no tiene claro hacia dónde ir, o de que no se atreve a elegir un curso de acción que pudiera quebrar el frágil bloque que lo sustenta.

Si quiere detener el desgaste y salvar su gobierno, tiene que optar por el realismo. Nada es más importante que evitar que el país se encamine a una crisis. Eso lo obliga a priorizar los acuerdos amplios para atender las necesidades más urgentes: freno a la inflación, combate a la delincuencia, orden público, avance en materia de pensiones, aliento a la inversión, etc. ¿Y respecto de la Convención? Lo más elemental: no necesita hundirse con ella. (La Tercera)

Sergio Muñoz Riveros

Las denuncias hechas, entre otros, por el gobernador del Biobío, el alcalde de Lumaco, los directivos de la Corporación de la Madera, los bomberos de Santa Juana y los brigadistas de la Conaf, no dejan dudas respecto de que, en la ola de incendios en las regiones de La Araucanía, Ñuble y del Biobío, hay un inocultable componente criminal. Hasta el 8 de febrero, las empresas forestales habían reportado 1.119 incendios intencionales. Y hasta el 9, había 28 detenidos por su participación en el origen de los incendios.

En un comunicado difundido a través de internet, la Coordinadora Arauco Malleco llamó en los últimos días a “seguir combatiendo a las forestales y su cultura de muerte y devastación (…). Nos comprometemos a seguir en una lucha sin cuartel contra las forestales hasta lograr su expulsión definitiva”. El comunicado sostuvo que nunca han buscado causar “incendios que cobren vidas de sectores empobrecidos y menos que afecten a nuestra propia gente”.

Es difícil concebir mayor desvergüenza: la metodología de devastación usada por la CAM es muy conocida. Que sus cabecillas digan ahora que no quieren perjudicar a los pobres o a quienes llaman “nuestra gente”, es una burla sangrienta, puesto que están a la vista los estragos causados por sus “heroicas” acciones de los últimos años, que han afectado a mapuches y no mapuches. El discurso revolucionario no alcanza a tapar el carácter delictual de sus actos. Otras bandas han seguido el mismo “modelo de combate”: robos, atentados incendiarios, ataques armados.

Un tuit de Fuad Chaín graficó la situación el miércoles 8: “En medio de la tragedia de múltiples incendios, anoche en Curacautín le quemaron su casa y maquinaria de trabajo a un reconocido hombre de trabajo como Félix Molina. Su señora y los niños tuvieron que saltar del segundo piso para no morir y él fue herido con perdigones y hacha”. Actos de barbarie como este, que fue reivindicado por el grupo Resistencia Mapuche Pehuenche, revelan el grado de desquiciamiento de los grupos que operan en el sur sin Dios ni ley.

El arquitecto Iván Poduje llamó la atención el sábado 11 en La Tercera sobre la circunstancia de que los focos del fuego, de acuerdo con las fotos de la Nasa, se ubican en la llamada “zona roja” de La Araucanía, en particular las rutas y caminos forestales. Así, dice Poduje, es posible reconocer verdaderos “corredores de fuego”, como el camino entre Traiguén, Galvarino, Nueva Imperial, Capitán Pastene, o el que conecta Purén con Angol. Y concluye: “El hecho de que este incendio sea provocado por organizaciones terroristas no debiera sorprendernos, ya que estos grupos han ejecutado 192 ataques en las comunas afectadas por este siniestro en los últimos 5 años y en 2021 y 2022 se iniciaron incendios y las aeronaves que los apagaban fueron repelidas a balazos”.

En las condiciones creadas por los peores incendios en mucho tiempo, los falsos guerreros han atacado a la comunidad por la espalda. Mientras miles de brigadistas, bomberos y militares han trabajado para frenar el fuego, y salvar así vidas y bienes, ellos han mostrado su absoluta falta de escrúpulos. Hay que sacar las conclusiones del caso: por demasiado tiempo, los grupos de bandoleros se han beneficiado de la “comprensión” de los políticos oportunistas y los académicos sonrientes.

¿Cuánto ha servido el pretexto de la “causa mapuche” para que los delincuentes conquisten amplias zonas para el narcotráfico y el robo de madera? ¿Cuánto ha contribuido la descripción de un supuesto conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, y hasta llamar Wallmapu a la macrozona sur, al crecimiento y la impunidad de los grupos armados? ¿Cómo no recordar a los parlamentarios del Frente Amplio, del PS y del PC, que hasta hace poco llamaban a “desmilitarizar la Araucanía”, lo cual era el mayor deseo de quienes querían tener el campo libre para sus tropelías?

No cuesta mucho imaginar en qué situación se encontraría nuestro país si, por desgracia, el 4 de septiembre pasado hubiera sido aprobado el proyecto de Constitución avalado por Boric y los partidos que están gobernando, y que consagraba la plurinacionalidad y las llamadas “autonomías territoriales indígenas”.

Es hora de poner fin a la intolerable anomalía que representan las zonas del territorio nacional que están al margen de ley, como es el caso de Temucuicui. Hay que desarticular las bandas armadas que operan en el sur, y mientras más demore ello, todo será más difícil. Es obvio que el camino no es el apaciguamiento, que ha sido la línea seguida por el gobierno de Boric, como quedó de manifiesto al formar la Comisión por la Paz y el Entendimiento, en noviembre del año pasado, y cuyo propósito es repartir nuevas tierras. Ahora, Boric ha vuelto a realizar una maniobra de distracción al sugerir que lo determinante son las regulaciones a las empresas forestales.

No hace falta demostrar que el terrorismo político y el crimen organizado son aliados. Corresponde enfrentarlos con todos los recursos y capacidades del Estado. Más vale que el gobierno lo entienda de una vez, y cumpla con su deber de defender la paz interna, la integridad del territorio y la legalidad democrática. Si no lo hace, será juzgado por negligencia. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

Es posible que en los últimos días hayamos conocido un poco más a Gabriel Boric como político, y ello no lo favorece. Estuvo dispuesto a ser el vocero de una maniobra ideada por Fernando Atria y Giorgio Jackson para modificar el curso de derrota que lleva la opción Apruebo. Declaró en Chilevisión que, si ganaba el Rechazo en el plebiscito, “lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar el proceso por un año y medio más, donde se va a tener que discutir todo desde cero”.

Luego, afirmó que eso implicaba elegir otra Convención. Lo medular no era, como pareció a primera vista, que reconociera la inminencia del triunfo del Rechazo, sino el intento de asociar el Rechazo con la prolongación de la incertidumbre, que ya tiene cansados a los chilenos.

Es grave que el mandatario haya estado dispuesto a jugar con cartas marcadas, porque eso es exactamente su interpretación de que el plebiscito de entrada, en octubre de 2020, supuso un mandato indefinido para elaborar una nueva Constitución al margen del Congreso. En los hechos, desprecia la legitimidad del actual Congreso, que asumió en marzo de este año, igual que él.

Boric no improvisó. Poco después de sus declaraciones, Fernando Atria aportó la base “ideológica” de la maniobra: “El mandato del pueblo en el plebiscito de entrada: que la NC sea hecha por una CC elegida, es final y vinculante. Nada de comisión de expertos o reformas parlamentarias. Pero si gana el rechazo la continuación dependerá de quienes siempre defendieron la Constitución del 80, incluso, como dice el Presidente, negando la realidad (…). Las opciones son el Apruebo el 4/9 o entrar a un camino largo e incierto que puede tener un costo altísimo para todos”.

Es despampanante la soltura de cuerpo. Atria habla como si la Convención no hubiera dado el espectáculo que dio durante un año, y como si no conociéramos sus frutos. Y, además, lanza la amenaza del “costo altísimo” que pagaríamos si no votamos como él indica. Se confirma que, detrás de la aventura constituyente que partió en noviembre de 2019, ha estado siempre el chantaje del castigo al que nos exponemos si no nos dejamos conducir por los iluminados.

La maniobra parte del supuesto de que el país es un laboratorio en el que se puede experimentar uno o dos años más, o hasta que resulte, con tal de conseguir algo parecido al diseño refundacional armado por los abogados de las izquierdas unidas. Penosamente, Boric actuó como si participara en juegos de guerra, moviendo piezas aquí y allá, sin considerar las consecuencias institucionales, económicas y de seguridad pública que tendría prolongar la inestabilidad en un país ya cansado de tantos disparates y tanto infantilismo.

El mandatario no puede saltarse la legalidad dentro de la cual fue elegido. De ello depende su supervivencia. El artículo 142 de la Constitución vigente dice: “Si la cuestión planteada en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Eso es lo establecido, y debe respetarse. Si él lo desconoce, equivale a desconocer la legitimidad de su propia investidura.

Los mayores problemas de Boric se relacionan con la percepción de la realidad, como también de sus propias capacidades para incidir en ella. Tuvo la oportunidad de asumir una posición de Estado frente al plebiscito, como garante de una campaña ordenada y respetuosa, sin intervencionismo gubernamental.

Era lo que correspondía a las buenas prácticas políticas en nuestro país, donde el gobernante y sus colaboradores no pueden abusar de los cargos ni de los fondos públicos para hacer proselitismo. Si hubiera actuado así, habría protegido su propio mandato. Pero, no lo hizo y, en cambio, se sumó al arrebato militante, que lo lleva ahora a maniobrar de modo turbio.

Si gana el Rechazo, el país seguirá funcionando tal como lo hace hoy, dentro del Estado de Derecho. Boric no puede sugerir nada distinto. De partida, no puede hacer como si el Congreso no existiera. Carece de atribuciones para adoptar unilateralmente una iniciativa que rompa lo establecido en la Constitución. Cualquier nueva propuesta en materia constitucional debe ser discutida en el Congreso. Un hipotético nuevo proceso constituyente exigiría una nueva reforma constitucional.

Es indispensable que el país avance en paz hacia el plebiscito. Hay que cuidar que el proceso electoral se desarrolle correctamente en todas sus fases, de modo que sus resultados sean inobjetables y se conozcan en la misma noche del 4 de septiembre. Todas las fuerzas políticas deben colaborar para que así sea, Del mismo modo, todas deben reafirmar su compromiso con el Estado de Derecho.

En el debate de este período, han abundado las alusiones funerarias sobre la Constitución vigente. Lo extraño es que nadie vincula eso con la institucionalidad que tenemos, o sea, con las garantías individuales, el ejercicio de las libertades, la separación de poderes, las elecciones libres y competitivas, el Parlamento bicameral, el Poder Judicial independiente, las FF.AA. profesionales, el Banco Central autónomo, etc. Los cambios que vengan deben mejorar lo que tenemos, no llevarlo a la crisis.

Chile tiene, por desgracia, un gobierno precario. En su seno, pugnan fuerzas sobre las cuales hay fundadas dudas de su lealtad hacia el régimen democrático. En este cuadro, no cesa de crecer la inquietud sobre la estatura del liderazgo presidencial y los riegos para la estabilidad y la gobernabilidad. Por todo esto, sobran las razones para decir: ¡menos mal que la Constitución está vigente! (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

Y volviendo a la estatua de Baquedano, Sergio Muñoz Riveros agrega otro punto, el de “los padrinos de la violencia” como los llama. Recuerda que el historiador Sergio Grez Toso, dijo en estos días que lo que hay detrás de las acciones contra el monumento a Baquedano es “un cuestionamiento de la idea y de la historia del Estado Nación de Chile (…) y de sus símbolos”. Y habla incluso de “rito emancipador”. “Suena como un intento de racionalizar lo irracional”, agrega Muñoz, no sin cierta ironía. “Lo mínimo que cabe pedir a los académicos es que ayuden a los jóvenes a distinguir entre sociedad y selva, a entender que el desvarío y la violencia son el camino hacia las peores penurias colectivas”. Pero, según él, algunos parecen olvidarlo. La Tercera 10 marzo 2021

Año 2: ¿hacia dónde apunta la brújula de Boric?

5 marzo, 2023

«¿Constituyentes de que?» La Tercera, 10 diciembre 2015 Sergio Muñoz Riveros «Los cerebros del plan se conforman con que haya una «proyecto Bachelet» de nueva Constitución, aunque sus contenidos sean hoy una incógnita… si se actúa con liviandad, el país puede pagar un alto costo»

«El Che Guevara», carta 10 septiembre 2017 «Andrés Pascual Allende afirma que ‘la ética fue el ejercicio permanente y el legado vidente del Che’. Es imposible aceptar eso de alguien como Ernesto Guevara que creía que el nacimiento de una sociedad supuestamente superior exigía eliminar a una cuantas personas. Lo teorizó y lo practicó… la figura de Guevara está asociada a la entronización de la dictadura más prolongada habida en el continente, la de los hermanos Castro. Y también al sacrificio de muchos jóvenes latinoamericanos que creyeron que la lucha armada haría brotar la justicia social. Es lamentable que Pascal Allende no lo entienda así despues de la trágica aventura de su propio movimiento».

¿Una convención fuera de la ley? 1 julio 2021
Son demasiados los equívocos. La convención tiene una sola posibilidad de ayudar en algo a Chile: cumplir su tarea dentro del marco constitucional. Si no lo hace, se anulará a si misma. La Tercera, 1 julio 2021

Los grupos armados de La Araucanía
Sergio Muñoz Riveros
Ha durado demasiado tiempo el equívoco respecto de lo que representan los grupos político/delictivos que actúan en La Araucanía. Constituyen una minoría dentro de la población indígena en esa región, pero se arrogan la representación de todo el pueblo mapuche. Según el censo de 2017, pertenecen a esa etnia 1.745.000 personas, de las cuales 614 mil viven en la Región Metropolitana, mientras que en La Araucanía viven 314 mil. Vale decir, el 35% de la población mapuche del país vive en la RM, en tanto que en La Araucanía vive solo el 18%. Pues bien, la abrumadora mayoría de las personas que se reconocen como mapuches viven y trabajan en paz en varias regiones, y no se sienten representadas por quienes cometen toda clase de tropelías en el sur. En el caso de La Araucanía, los grupos violentos tratan de someter por el terror incluso a sus congéneres, como lo prueban las numerosas agresiones sufridas por comuneros mapuches que se oponen a la violencia.
El discurso de la recuperación de las tierras ancestrales ha servido para quemar casas, escuelas, iglesias, maquinaria agrícola, camiones y hasta centros de salud. El reclamo de autonomía territorial ha servido para robar madera y cosechas, y para atacar a cualquiera que sea considerado un enemigo, por ejemplo, los fiscales de la zona, los funcionarios policiales, los trabajadores forestales, etc. La bandera mapuche ha sido usada para cubrir el fuego.
Salta a la vista que quienes efectúan los ataques están dedicados completamente a tal faena. Podría decirse que se profesionalizaron. Se trata de jóvenes a los que convencieron que pueden vivir de eso. Sobran los indicios de que los negocios sucios como el narcotráfico han prosperado en medio de las proclamas revolucionarias. Es el modelo de las FARC colombianas. La ostentación de las armas de guerra que poseen revela que recursos no les faltan. En resumen, ya importa poco la causa que dicen defender, puesto que se han convertido en una amenaza directa para nuestra convivencia en libertad.
Los partidos opositores han mantenido una actitud timorata hacia la violencia en La Araucanía. Por cálculo, pero también por miedo, sus parlamentarios esquivan la condena de los actos de barbarie y recurren a la coartada ideológica: “dado que los mapuches son víctimas absolutas de la historia, se entiende que actúen así”. O sea, paternalismo, cobardía y deslealtad con la democracia.
Podemos hacernos una idea de cómo actuarían los grupos terroristas si llegaran a controlar La Araucanía, “desmilitarizada”, como pide el senador Alfonso de Urresti, del PS. La democracia tiene derecho a defenderse, y eso implica desarticular a dichos grupos. Es la tarea que tienen que llevar a cabo las fuerzas policiales, pero si fuera necesario, el deber que no podrían dejar de cumplir las fuerzas militares. El Estado no puede retroceder. 15 julio 2021

«la subcultura del victimismo» … si la sociedad se convierte en una competencia de diversos grupos de víctimas de algo, la convivencia se vuelve tóxica, casi insoportable.
La democracia procura igualarnos en dignidad y derechos por encima de cualquier condición. 9 septiembre 2021

«Quintana y la utilidad de la violencia» Serio Muñoz Riveros, La Tercera, 21 octubre 2021 «Quintana dijo sobre el acuerdo del 15 de noviembre de 2019: «Sin estallido no hubiese ocurrido nada de lo que ocurrió en el acuerdo… yo no comparto la violencia, pero la violencia generó temor en la población y también en actores políticos y en las instituciones también, negarlo es un error cultural. Pero la violencia hizo lo suyo, sin justificarla». Ss trata de un confesión descarada sobre la capitalización del vandalismo para imponer el reemplazo de la Constitución por algo que todavía no conocemos

Sergio Muñoz Riveros sostiene que la experimentación constitucional iniciada hace tres años solo ha traído “confusión, incertidumbre y dispendio de recursos públicos” 22 enero 2023, El Mercurio

Extraña propuesta en La Araucanía, La Tercera, 29 julio 2021

Los rectores y otras autoridades de la UC de Temuco, UFRO, Autónoma, PUC, Santo Tomás, Mayor y Arturo Prat, además del obispo de Temuco, expresaron en los últimos días su preocupación “por la situación que se vive en los territorios de los pueblos ancestrales en La Araucanía”, y llamaron a un diálogo entre “el pueblo mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones”, el que, a su juicio, debería hacerse cargo de “los problemas estructurales e históricos”. Proponen que el Centro Hansen para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega, “convoque, en forma independiente y neutral, a los distintos actores de la zona, para la construcción de una hoja de ruta que pueda contener todos los temas que sean determinados de acuerdo al desarrollo gradual del proceso”.

En principio, nadie puede oponerse a una iniciativa de diálogo en la martirizada región de La Araucanía, pero el llamado parte de un supuesto falso: la confrontación que existiría entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. Se trata de un equívoco altamente corrosivo. Tal confrontación no existe. Y es bochornoso que se regale la representación del pueblo mapuche a los grupos político/delictivos que actúan en la zona. La mayor proporción del pueblo mapuche vive pacíficamente en Santiago. Y en la región de La Araucanía, la inmensa mayoría quiere vivir y trabajar en paz.

Los rectores y el obispo no condenan la violencia. Solo la reconocen indirectamente: “La paz duradera solo puede lograrse cuando actuamos en pos de la justicia a través del diálogo”. Suena políticamente correcto, pero habría que precisar la palabra “justicia”, y de pasada recordar qué significa “estado de derecho”, que es el que protege las actividades de las universidades firmantes y la Iglesia Católica.

¿Qué función cumple este llamado en medio de los ataques incendiarios y agresiones en La Araucanía? ¿Qué busca al solicitar una mediación desde Noruega? ¿Acaso la Coordinadora Arauco-Malleco es una fuerza beligerante que debe ser reconocida internacionalmente? ¿El paso siguiente es pedir que intervenga la ONU?

En la declaración no hay ni una palabra de mínima compasión hacia las víctimas de la violencia, entre las cuales se cuentan obreros forestales mapuches, comuneros mapuches y mujeres mapuches que han sufrido los actos de depredación. Es visible que el miedo se ha extendido a las universidades.

Ha durado demasiado tiempo el engaño generado por los grupos que usurparon la representación del pueblo mapuche para cometer toda clase de fechorías. Hoy es evidente que están dedicados “profesionalmente” a la faena de aterrorizar a la población, con el fin de controlar “territorios ancestrales” para el narcotráfico, la extorsión y el robo.

Lo único que puede beneficiar a mapuches y no mapuches en La Araucanía es la vigencia del Estado democrático. Ese es el camino de la paz duradera.

La Tercera, 12 agosto 2021

En su ensayo “Una teoría de la democracia compleja”, el politólogo español Daniel Innerarity señala: “Hay buenos motivos para pensar en muchas ocasiones que cuando una opinión es compartida por muchos, probablemente debamos tenerla por verdadera. Pero también resulta asombrosa la experiencia contraria: los grandes errores colectivos, la reverberación de los errores, desde su forma más inofensiva como lugares comunes hasta la infamia del linchamiento. Muchas personas viven en nichos de información y a veces se crean dinámicas que hacen eco, que extienden los errores, los encadenan e incluso fortalecen, dando lugar a enormes fracasos colectivos”.

Lo anterior calza con la cadena de equívocos surgida del desconcierto y el miedo provocados por la violencia que estalló en octubre de 2019, y que se sintetiza en la idea de elaborar una nueva Constitución para lograr la paz o, mejor dicho, para conseguir que los violentos nos dejen en paz. En ese contexto, el 9 de noviembre de 2019, el ministro del Interior de entonces, Gonzalo Blumel, le comunicó al presidente del Senado de entonces, Jaime Quintana, que el gobierno estaba dispuesto a promover el cambio constitucional. En la noche del 12, el propio Mandatario oficializó por cadena nacional su disposición favorable a la elaboración de un nuevo texto, lo que vinculó con la necesidad de concordia. Vino enseguida la negociación que culminó con el acuerdo del 15 de noviembre, el cual, sorprendentemente, estableció un proceso de casi dos años, lo que desmintió la supuesta urgencia del asunto.

La paz, en todo caso, tenía trampa. El 19 de noviembre, cinco diputados del FA, dos del PC, dos del PS, uno del PPD y uno de la FRVS, presentaron una acusación constitucional contra Piñera. Ellos no habían firmado el acuerdo, pero los partidos que sí lo habían firmado apoyaron la acusación, la que estuvo a punto de aprobarse.

En el diseño original, la Convención debía terminar sus labores en noviembre de 2021, antes de que concluyera el mandato del actual gobierno, pero la pandemia desordenó el calendario, y ahora la Convención terminará a mediados del 2022. Y faltará todavía el plebiscito de salida. Todo esto es muy extraño, pero además pone a prueba la estabilidad y la gobernabilidad.

Fue mala la idea de elegir (y financiar) un segundo parlamento, pero ahí lo tenemos, y bajo el control de una corriente que cree que hay que refundar Chile. La Convención es, a todas luces, un foco de incertidumbre a 100 días de la elección de nuevo Presidente de la República y nuevos parlamentarios. Es evidente que los inspiradores del proceso no tuvieron tiempo ni calma para reflexionar sobre las implicancias del experimento. ¿Existe la posibilidad de colisión entre el actual orden constitucional y el que pueda surgir de la Convención? Salta a la vista. ¿Qué opinan al respecto los candidatos presidenciales? Vale la pena preguntarles.

Chile no necesita ser refundado. Necesita cambiar no pocas cosas, pero conservar muchas otras. En consecuencia, tenemos que recuperar la templanza, el equilibrio y la sensatez para avanzar hacia días mejores. Pasadas las elecciones, será indispensable que, con vistas a proteger el interés nacional, las principales fuerzas políticas converjan en un pacto de gobernabilidad.

Al concurrir a las urnas el próximo domingo, reafirmaremos el pacto de civilización que es la democracia, cuyo principio cardinal es la competencia pacífica por el poder. No debemos perderlo de vista. El hecho de que tengamos elecciones limpias, con plenas garantías para todos los sectores, es una gran conquista cívica. El pluralismo político e ideológico está resguardado por la ley, pero también por la tradición de los buenos hábitos de convivencia. Vivimos en una sociedad en la cual las garantías individuales y las libertades públicas son una realidad. Desde diciembre de 1989, cuando se efectuaron las primeras elecciones de la democracia recuperada, el país ha tenido estabilidad política e institucional, y ningún gobernante ha intentado modificar las reglas para quedarse en poder. Todo ello constituye un patrimonio que debemos proteger. Nada de eso existe en Cuba, Venezuela ni Nicaragua.

Nuestra primera obligación es, entonces, reforzar los cimientos del edificio de las libertades, lo cual depende de la lealtad hacia los principios y procedimientos de la democracia representativa. Si una fuerza política saca provecho de la legalidad democrática para debilitar sus bases, en los hechos traiciona el pacto de las libertades. No es lícito tener un pie en el Congreso y el otro en la revuelta. No es moralmente aceptable servirse de las instituciones para promover la violencia. Lamentablemente, en los últimos dos años, numerosos parlamentarios han dado obscenas muestras de deslealtad hacia el régimen que los cobija. El descrédito de la Cámara de Diputados llegó al extremo con el bochornoso espectáculo que protagonizó el diputado socialista Jaime Naranjo con el único propósito de ser reelegido. Se comprobó, una vez más, que la democracia puede ser socavada desde dentro, que es exactamente lo que han hecho aquellos parlamentarios a los que solo les importa su propio interés y usan cualquier método para mantener la dieta que les paga el Estado.

¿Cuáles son las mayores amenazas que enfrenta el régimen democrático? Sin ninguna duda, la violencia y el populismo, que se han retroalimentado desde el 18 de octubre de 2019, cuando nuestra convivencia fue atacada por la espalda y se debilitaron los diques de la legalidad. Nada es más urgente que hacer retroceder tales amenazas. El Estado debe restablecer el monopolio de la fuerza y hacer respetar la ley en todo el territorio.

El país no está condenado a la inestabilidad y la decadencia. Puede recuperarse de los estragos de la pandemia y volver a progresar. Pero la condición absoluta es la defensa del Estado de Derecho, hoy dificultada por el desafortunado experimento de la Convención Constitucional. Allí radica el mayor foco de incertidumbre. ¿Qué factor puede contrarrestarlo? La firme voluntad de los nuevos parlamentarios y del nuevo mandatario de despejar las dudas sobre el alcance y las atribuciones de sus propios cargos. En ninguna parte está establecido que ellos asumirán en marzo próximo con poderes cercenados. Por lo tanto, deben actuar con un mínimo de autorrespeto y de consideración por el veredicto de los ciudadanos, y ejercer sus cargos con apego a las normas vigentes.

En Chile no existen dos legalidades. Solo una. No ha sido derogado el orden constitucional que hoy permite la vida en libertad y las propias elecciones. La Convención solo prepara un proyecto de nueva Constitución, y ya veremos si los ciudadanos lo aceptan. Hay que poner coto a la palabrería refundacional.

Chile no necesita ser refundado. Necesita cambiar no pocas cosas, pero conservar muchas otras. En consecuencia, tenemos que recuperar la templanza, el equilibrio y la sensatez para avanzar hacia días mejores. Pasadas las elecciones, será indispensable que, con vistas a proteger el interés nacional, las principales fuerzas políticas converjan en un pacto de gobernabilidad.

Los candidatos a la Presidencia y al Congreso no parecen tener dudas sobre el alcance legal de las elecciones del próximo domingo, las cuales se realizarán en el marco de la actual Constitución. Nada indica que estén confundidos respecto de la duración del mandato o las atribuciones de los cargos. La propaganda no llama a elegir a un semipresidente, con poderes limitados, que deberá pedir permiso a la Convención Constitucional para ejercer el cargo. Tampoco a elegir semisenadores o semidiputados, con facultades cercenadas.

Por desgracia, el ruido refundacional que viene desde la Convención ha creado la impresión de que el país está en una especie de limbo jurídico, a la espera de lo que decidan Loncón, Bassa, Atria y los demás. Es la consecuencia de que el actual Congreso haya actuado negligentemente al entregar su potestad constitucional a un segundo Parlamento, cuyos controladores han demostrado estar dispuestos a transgredir el marco legal establecido. La Convención se convirtió, qué duda cabe, en el mayor foco de inestabilidad e incertidumbre.

Es indispensable que las instituciones funcionen. No existe ninguna norma que pueda considerarse inhibitoria de la autoridad del nuevo Presidente de la República. Tampoco de la autoridad de los nuevos senadores y diputados. Por lo tanto, el interés nacional exige que cumplan rigurosamente con lo establecido en la Constitución dentro de la cual serán elegidos, sin dejarse amedrentar por las consignas que vienen desde la Convención y que, por ejemplo, dan por hecho que el Senado desaparecerá. Es penoso que la charlatanería no haya tenido la debida respuesta en los últimos tiempos.

La Convención no es un suprapoder, que esté por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Solo le corresponde redactar un proyecto de nueva Constitución, y ya veremos si es aprobado o rechazado por los ciudadanos. Y también veremos si el nuevo Presidente y el nuevo Congreso se resignarán a ser mudos observadores del proceso de elaboración de una nueva Constitución, si aceptarán mansamente cualquier cosa que apruebe la Convención. ¿Puede plantearse, entonces, un conflicto de poderes? Es evidente que sí. Y, probablemente, no quedará otra alternativa que enfrentar tal conflicto con entereza, como condición para que el país no caiga en un pantano.

El nuevo Mandatario y los nuevos parlamentarios asumirán en marzo próximo con todas las de la ley. Y no puede haber confusiones al respecto: no hay dos legalidades en Chile, solo una, que es la que rige la marcha de las instituciones y ordena todas las actividades nacionales, incluidas las elecciones. Ese es el punto neurálgico de las definiciones que se aproximan, y frente a ello es hora de que se terminen las ambigüedades que han causado tanto daño. Lo definitorio es la protección de las bases del estado de derecho. Esperemos que resurja el coraje.

La Convención marcha por un camino del que solo cabe esperar desafueros como los ya vistos. En su seno predominan la embriaguez refundacional, la indolencia política y una especie de orgullosa ignorancia combativa, para la cual la realidad es solo un paisaje. Creer que, al final, puede salir otra cosa de la Convención, equivale a suponer que sus controladores también tienen un discurso de segunda vuelta. Ya han sido demasiados los malentendidos de los últimos dos años como para agregar uno más.

El experimento del segundo parlamento surgió del chantaje de la violencia que usaron los políticos oportunistas para congraciarse con los activistas de la revuelta antidemocrática del 18/O. No es posible olvidar la dejadez moral mostrada entonces por los partidos opositores, que estuvieron dispuestos a emplear cualquier método con tal de dañar al actual gobierno y, en lo posible, derribarlo. De aquellos polvos, estos lodos; de aquella indolencia, este engendro.

El plan de reingeniería configurado en la Convención se puede comparar con una bomba de fragmentación, cuya capacidad destructiva es tal que está en condiciones de provocar un colapso institucional y un inmenso retroceso económico y social. Ya no hay duda: la Convención se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra convivencia en libertad. Y tal amenaza, no queda sino reconocerlo, vino desde la izquierda.

¿Cuál es el elemento más pernicioso? Sin duda que el intento de romper la unidad nacional, expresado en la desquiciada idea de fragmentar el territorio sobre la base de la diferenciación racial. Es la estratagema de la plurinacionalidad, un plan que, en los hechos, propicia la partición de Chile en múltiples comunidades autónomas. Se siente desde lejos el hedor del separatismo. A la espera, están los cabecillas del bandolerismo y los demás pillos que descubrieron la rentabilidad del negocio “ancestral” para imponer su dominio en el sur.

De buena fe, hay quienes aconsejan esperar el proyecto que salga de la Convención. En realidad, no hay nada que esperar. La pasividad no ha hecho sino alentar la insensatez. Es hora de que los ciudadanos entren en escena. El nuevo Congreso tiene el deber de recuperar la potestad constitucional que regaló el actual, y disponerse por lo tanto a ejercer la plenitud de sus facultades para sacar al país del atolladero al que fue empujado.

El problema principal no es el posible fracaso de la Convención, sino la posibilidad de que la desidia política lleve a la crisis al régimen democrático que hemos construido. Más allá de sus insuficiencias, ha sido la base del reencuentro nacional en la libertad y el firme soporte del progreso alcanzado. La democracia es perfectible, por supuesto, pero lo primero es tenerla. Corresponde actuar ahora mismo para evitar un descalabro que hundiría a Chile por mucho tiempo.

Si el nuevo gobierno no entiende que debe sostener el edificio, o asume una actitud ambivalente, no podrá dejar de pagar los costos.

El PC ha definido el plebiscito del 4 de septiembre como “la batalla de las batallas”, con lo que da la impresión de que se juega su propio futuro. Un compromiso tan marcado como el suyo genera anticuerpos en amplios sectores que tienden a razonar teniendo al PC como centro de orientación respecto de lo que hay que rechazar.

Nadie discute que el PC es el partido más disciplinado que existe en Chile. Tampoco está en duda su gran sentido táctico, que le permite aprovechar las alianzas para influir mucho más de lo que podría con sus solas fuerzas. Lo demostró en la Convención: con solo 6 convencionales propios, formó parte de la corriente más gravitante de la Convención, junto al octubrismo, los representantes indígenas y el Frente Amplio.

A ese polo, se fueron sumando blandamente los convencionales socialistas, pepedeístas e independientes “no neutrales”, lo que reunió los 2/3 en las votaciones finales.

Carlos Marx no alcanzó a imaginar el camino de Marcos Barraza hacia la revolución. Este consiste en producir primero los cambios en la superestructura de la sociedad (las leyes, las instituciones, las ideas), y después en la base material o infraestructura (la propiedad de los medios de producción).

El resultado está a la vista: no se trata propiamente de una Constitución, sino de un programa político de las izquierdas, caracterizado por un intento de debilitar la cohesión nacional, los fundamentos de la democracia liberal y las bases del progreso económico, a lo que se suman las desmesuradas concesiones al indigenismo, el feminismo de combate y el ecologismo. Una ruta borrosa hacia otra cosa.

Pero, ¿qué cosa, exactamente? ¿Con qué países como referentes? ¿Con qué consecuencias? Qué importa. Existe el derecho a experimentar.

El borrador de la Convención muestra las costuras de “una colcha con retazos de distintas telas, tanto en textura como en colores”, como dijo acertadamente Felipe Irarrázabal. Ello no parece preocupar a los dirigentes comunistas. Lo que sí les interesa es el sistema político, con un Congreso de Diputadas y Diputados que concentrará el poder y que sería elegido con el mismo sistema electoral que la Convención (con subsidio de escaños de raza para la izquierda).

El Poder Judicial dejaría de existir como poder del Estado. El Senado pasaría a mejor vida. Las FF.AA. verían mermadas sus funciones de resguardo de la seguridad nacional. Las policías tendrían jefatura civil. Y habría zonas autónomas, por doquier.

Las brigadas de propaganda del PC están rayando los muros a favor del Apruebo hace varias semanas. Es visible que el contenido del borrador identifica plenamente al partido, que lo ve como una gran oportunidad para corregir la ruta seguida por Chile a partir de 1990. Esa es la madre del cordero.

¿Qué es lo que más le molesta al PC de la Constitución vigente? La firma de Ricardo Lagos, por supuesto, porque Lagos encarna la transición que siempre desdeñó, y representa a los gobiernos de la Concertación que buscó desprestigiar con las peores artes. Tanto repitieron los dirigentes comunistas que aquellos gobiernos habían traicionado al pueblo, que consiguieron acomplejar al PS, al PPD, al PR e incluso a la DC.

El PC ha definido el plebiscito del 4 de septiembre como “la batalla de las batallas”, con lo que da la impresión de que se juega su propio futuro. Un compromiso tan marcado como el suyo genera anticuerpos en amplios sectores que tienden a razonar teniendo al PC como centro de orientación respecto de lo que hay que rechazar.

En la primaria presidencial del FA y el PC, en julio del año pasado, mucha gente votó “contra” Daniel Jadue, el candidato comunista, quien manifestó en abril pasado su fervorosa adhesión al régimen de Nicolás Maduro.

En el pleno reciente de su comité central, el PC describió así los primeros meses del gobierno: “La campaña de desestabilización y los ataques de la derecha le han impedido al gobierno del presidente Gabriel Boric desplegar con toda la fuerza que quisiera la agenda de cambios estructurales. Estas tempranas dificultades han generado cierta desafección, que por supuesto debemos combatir con convicción. Se busca generar un clima de caos e inestabilidad que a corto plazo derive en una crisis de legitimidad y eficacia del Estado, donde quede en cuestión la capacidad que tiene Apruebo Dignidad para conducir un proceso de transformación social”.

Es llamativo que el PC se preocupe por la creación de “un clima de caos e inestabilidad”, que fue exactamente lo que alentó en octubre de 2019. Entonces, sus dirigentes demostraron estar mucho mejor informados que el resto de los partidos opositores sobre el momento y las características que iba a tener la revuelta. En aquellos días, quedó claro su entusiasmo ante la posibilidad de derribar al gobierno del presidente Piñera.

¿Tiene el PC un plan para tomar el poder por la fuerza, como afirman algunos comentaristas? Sus pronunciamientos de 2019, y desde luego las proclamas de Jadue, dan base para pensarlo. Pero sus dirigentes sacarían muy mal las cuentas si se embarcaran en una aventura extrainstitucional.

Mal que mal, hoy tienen ministros, subsecretarios, diputados, senadores, embajadores, etc. Ahora bien, hay una ambigüedad estructural en su modo de actuar que justifica los recelos. Ello se ha hecho ostensible en las marchas y contramarchas del gobierno frente al terrorismo en la macrozona sur.

¿Podrá el PC seguir tomando la parte de la institucionalidad democrática que le acomoda, y dándole la espalda al resto? Equivale a jugar con fuego. Está en el gobierno, y tendrá que responder por lo que pase o no pase. ¿Cómo actuará si llegan tiempos tormentosos y el gobierno vacila respecto de sus deberes con el orden público? Los dirigentes comunistas se equivocarían trágicamente si creyeran que pueden mantener un pie en la legalidad, y el otro fuera. Esperemos que el país no se deslice hacia una crisis institucional bajo este gobierno. En los tiempos que vienen, la cuestión clave será la lealtad con la democracia,

Los partidarios de aprobar el proyecto de la Convención están contribuyendo indirectamente a reforzar los recelos de mucha gente. Razonan como si estuvieran defendiendo el programa de un gobierno de las izquierdas unidas. O como si lo único que les preocupara fuera derrotar a la derecha. Incluso, como si el objetivo fuera producir transformaciones de tal envergadura que, en otros tiempos, habrían calzado con la idea de “hacer la revolución”. En este caso, sería “escribir la revolución”, y después, ver qué pasa.

Eso explica que el texto sea farragoso y pontificador, una especie de instructivo para ser felices del modo imaginado por los colectivos que se asociaron en la Convención, y que incluyeron todo aquello que, por ser parte de sus creencias intensas, querían que quedara escrito en piedra. Por ejemplo, una Cámara de Diputados calcada de la Convención que les hizo tocar el cielo. O sea, con escaños de raza y esa singular paridad de género que consiste en “corregir” los resultados de las elecciones: si un candidato/a obtiene votos suficientes para ser elegido/a, pero resulta ser del “sexo electoralmente equivocado”, tiene que ceder su lugar a alguien del sexo correcto. Sumamente progresista.

Lo que se espera de una Constitución democrática es que asegure la igualdad ante la ley, el ejercicio de las libertades y una competencia política fundada en el principio de “una persona, un voto”, que resguarde los derechos de las minorías. Para ello, se requieren límites y contrapesos institucionales que impidan la concentración del poder. En otras palabras, todo lo que es negado por el proyecto de la Convención.

Se ha calificado el texto que respalda Boric como “partisano”. El diccionario de la RAE dice que partisano es sinónimo de “guerrillero”. O sea, combatiente. Y sucede que, desde una perspectiva democrática, una Constitución de trinchera es, en rigor, una anti Constitución. No es lo que necesita Chile, pues contradice el propósito de asegurar la paz, la libertad y el derecho.

Jorge Correa Sutil ha propuesto buscar un consenso en torno a un texto de “contención constitucional”, que establezca reglas políticas claras y renuncie a cualquier intento de fijar un modelo económico-social, lo que implica dejar muchas materias en el ámbito de las leyes. Vale la pena explorar la viabilidad de esa propuesta, en cuyo núcleo debería estar el reforzamiento del Estado unitario, la división de poderes y las normas procedimentales propias de una democracia moderna. La opción de un texto acotado y funcional podría facilitar un acuerdo post plebiscito.

Se ha dicho que, independientemente del resultado del 4 de septiembre, habrá que seguir debatiendo. Eso es razonable, pero no puede entenderse como que da lo mismo que gane una u otra opción. Lo primero es evitar el descalabro, vale decir, cerrarle el paso al proyecto sectario y su carga de confrontación.

El elemento más pernicioso del proyecto de Constitución elaborado por el Frente Amplio y el PC en la Convención, y respaldado por Gabriel Boric, es la plurinacionalidad. Su fundamento es la segmentación racial de la población para crear artificialmente tantas naciones como etnias haya en el territorio (once). Tal iniciativa, motivada por intereses sectarios, es la más grave amenaza concebida contra la unidad de Chile en toda su historia. A sus ideólogos no les importó crear condiciones para el estallido de múltiples conflictos político-raciales, ni debilitar al Estado en el ámbito geopolítico, ni alentar el separatismo. No puede extrañar, entonces, la pregunta de Evo Morales al militante del FA que le regaló un ejemplar del proyecto: “¿Vamos a ganar el referéndum?”

La plurinacionalidad está ligada al establecimiento de las llamadas “autonomías territoriales indígenas” a lo largo del país, una suerte de enclaves racialmente homogéneos, que gozarían de autonomía política, administrativa y financiera. ¿Podrían vivir chilenos no indígenas en esos lugares, o habría un proceso de limpieza étnica? Imposible mayor delirio. Y obliga a pensar en Temucuicui, en La Araucanía, que ya impuso su autonomía de facto, como le consta a la ministra del Interior. ¿Cuántos Temucuicui surgirían al margen de las leyes chilenas? ¿Le preocupa esto a algún senador del PS, la DC o el PPD?

El artículo 79 del proyecto incluye restituir a los pueblos originarios “sus tierras, territorios y recursos”. Dado que se trata de tierras que tienen propietarios legales, es dable anticipar una ofensiva de ocupaciones ilegales para forzar la expropiación. Y todo ello en el contexto del bandolerismo y el terrorismo en la Macrozona Sur. ¿Con cuántas hectáreas se conformaría Héctor Llaitul, que anunció esta semana que la CAM se concentrará en realizar acciones de sabotaje?

El artículo 309 del proyecto dice: “El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que, en virtud, de su derecho a la libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”. ¿Acaso existen esos sistemas jurídicos indígenas? ¿Funcionan en alguna parte tribunales que no conocemos? ¿Se publicó quizás un código penal mapuche, y no estamos enterados? ¡No hay nada de eso! Se trata de beatería indigenista, como lo es también establecer odiosos privilegios para los “pueblos o naciones originarios”, que, si llegaran a materializarse, provocarían justificada indignación.

Es deplorable que, en el momento en que está en juego el futuro del Estado nación, el Presidente de la República haga campaña por un proyecto que plantea inmensos peligros de desarticulación de Chile. O no está consciente de ello. O no le importa. Hace apenas un año, era difícil imaginar una situación tan desgraciada como esta.

Enfrentado al plebiscito, Gabriel Boric tuvo la posibilidad de actuar como Jefe de Estado, garante de los procedimientos democráticos y del respeto a la ley, pero prefirió ser el jefe de la facción que elaboró el proyecto de Constitución cuyos ejemplares reparte ahora, autografiados, en compañía de sus ministros.

El llamado de la tribu fue más fuerte que su deber de actuar como presidente de todos los chilenos. La explicación es que, también para él, la propuesta de la Convención “no es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé”, como dijo Michelle Bachelet.

La expresidenta gobernó durante 8 años en un marco constitucional que ahora da a entender que nunca cambió, ni siquiera con Ricardo Lagos, lo que le habría impedido hacer las cosas que ella quería. Su carta del sábado 23 a favor del Apruebo borra en los hechos la transición democrática y hasta rebaja el mérito de los gobiernos que condujo. Por si fuera poco, confirmó su completa confusión sobre lo que es una Constitución y lo que es una plataforma programática de la izquierda. Está, sin duda, en perfecta sintonía con el gobierno.

Si el proyecto de nueva Constitución tiene el rostro de Boric, ¿significa que los ciudadanos tendrán que pronunciarse también sobre la gestión de su gobierno? No hay cómo entenderlo de otro modo. El propio mandatario decidió que así fuera y, por lo tanto, apuesta a todo o nada. El problema es que tiene poco capital para tanta audacia.

Encabeza un gobierno mediocre, en el que se acumulan los desatinos, los gestos erráticos, las correcciones obligadas, mientras las esperanzas de que el barco no naufrague parecen depender de que Mario Marcel se mantenga a bordo.

¿Cómo se explica la actitud de Boric de dedicarse a la campaña en vez de tratar de gobernar lo mejor que pueda? Quizás, porque llegó a la conclusión de que, si no se comprometía personalmente, ni activaba el aparato de propaganda de La Moneda, ni alentaba el proselitismo de los funcionarios, era alta la posibilidad de que el FA y el PC lo culparan por la eventual derrota del Apruebo.

El problema es que, al echarse la campaña al hombro, no tiene cómo evitar que el posible fracaso se vuelva personal. ¿Cómo seguir gobernando después como general de una derrota? ¿Con qué autoridad?

Boric está pagando el costo de tener una relación conflictiva con la realidad. Interpretó mal su propia elección, creyendo que había recibido un espaldarazo para avanzar a toda marcha en la transformación de la sociedad según las pautas del izquierdismo febril.

Creyó que su poder se potenciaría gracias a la Convención controlada por sus amigos, y que el proyecto de nueva Constitución sería la llave maestra para forzar todas las puertas. La realidad es otra. En estos meses en La Moneda, ha creído que con un discurso por aquí y otro por allá las cosas funcionan. Y no es así. La tarea de gobernar una sociedad compleja exige muchísimo más.

Le tocaron tiempos revueltos, sin duda. Pero él mismo contribuyó, en los años recientes, a que fueran lo más revueltos posibles. El FA y el PC no tuvieron consideraciones de ningún tipo para echarle leña a la hoguera de la violencia durante el gobierno de Piñera, atizaron todos los conflictos que pudieran capitalizar, unieron sus fuerzas con todos los grupos que tuvieran vocación “demoledora”. Y ahí están ahora, desorientados, dejando en evidencia su feble capacidad para construir algo que valga la pena.

Será mejor que Boric no favorezca un ambiente de sicosis respecto de lo que pueda ocurrir el 5 de septiembre. El país no es una hoja empujada por el viento. Cuenta con instituciones sólidas, entre ellas el Tribunal Calificador de Elecciones y, ciertamente, las fuerzas responsables del orden público. El gobierno tiene la obligación de proteger la continuidad institucional, y eso implica que el mandatario no entregue señales dudosas acerca de lo que viene después del plebiscito.

Varios constitucionalistas han demostrado que carece de base jurídica la idea de repetir el proceso constituyente y elegir otra convención, debido a que, supuestamente, habría un mandato ilimitado que surgió del plebiscito de entrada de 2020. Lo establecido es que el plebiscito de salida marca el término del proceso constituyente. Si gana el Apruebo, quedará derogada la actual Constitución. Si gana el Rechazo, seguirá vigente. Lo que venga después, dependerá de lo que decidan el Congreso y el presidente de la República, titulares del poder constituyente.

Esperemos que el temor a la derrota no estimule ideas peligrosas en el seno del gobierno y sus partidos. Por lo menos, el PS y el PPD no deben prestarse para ninguna maniobra que pueda afectar el desarrollo normal del proceso electoral, o que genere un clima de confrontación que altere el orden público y perturbe nuestra convivencia. Es indispensable asegurar una votación en paz, con plenas garantías para los electores. El país necesita que el 4 de septiembre sea una jornada cívica irreprochable.

Hay que impedir que las tendencias populistas causen perjuicios mayores a los ya causados en los últimos tres años. No se puede perder de vista que los valores superiores a defender son la paz interna, la estabilidad democrática, el perfeccionamiento de las instituciones y la creación de mejores condiciones para el progreso económico y social. Todas las fuerzas políticas deberían contribuir a despejar el horizonte. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

Por haber planteado serios cuestionamientos al proyecto de la Convención y abogar por un consenso constitucional que trascienda las opciones del plebiscito, Ricardo Lagos ha recibido ataques de mala clase de parte de algunos representantes del espíritu tribal. No es historia nueva. Lagos representa la transición exitosa, y eso ha sido siempre insoportable para el viejo izquierdismo de dientes apretados, que tiene su propia idea de un mundo feliz, pero ahora también parece serlo para algunos exministros y exfuncionarios de los gobiernos de la Concertación

Es muy raro que ellos hagan campaña por un proyecto de Constitución que consideran que hay que arreglar después. Parecen priorizar una suerte de expiación de “las culpas ideológicas” por la transición que tuvo Chile, aunque ella haya permitido llevar adelante un proceso de regeneración institucional gracias al cual hoy vivimos en democracia.

En los hechos, quitan todo mérito a su propia trayectoria. Deberían sentirse orgullosos del aporte que entregaron en el fructífero período concertacionista, pero no lo hacen. En cambio, optan por la mortificación que, al parecer, se vería aliviada con el triunfo del Apruebo.

Es legítimo optar por una u otra opción en el plebiscito, pero no lo es distorsionar la historia al punto de hacer creer a los ciudadanos que Chile está congelado desde 1980, que la transición no existió, que hemos tenido 8 gobiernos de legitimidad dudosa (incluido el de Boric), y concluir que hay que disponerse a… ¡derrotar a Pinochet! Y sucede que fue derrotado hace 34 años.

Las libertades que hoy tenemos son el fruto del camino abierto por el triunfo del NO en el plebiscito de 1988. Fue la vía del realismo y la lucidez, que permitió la convergencia del movimiento antidictatorial y las FF.AA. en el empeño común de asegurar un tránsito a la democracia sin nuevos desgarramientos.

El NO restableció las libertades de expresión, asociación y reunión, y abrió las puertas a la competencia política sin exclusiones en las elecciones de 1989. Fue el comienzo de la acumulación de reformas en todos los ámbitos, comprendida la Constitución del 80, surgida en las condiciones de la falta de libertad, pero que experimentó reformas tales que permitieron, objetivamente, reconstruir el régimen de libertades y dar estabilidad institucional a Chile por tres décadas, lo que fue la base de su enorme salto de progreso.

Como es sabido, el texto vigente lleva la firma de Ricardo Lagos desde 2005, cuando se materializaron las reformas constitucionales de mayor alcance hasta entonces. Ellas fueron aprobadas en el Congreso Pleno, el 16 de mayo de 2005, por 150 votos a favor, 3 en contra (tres senadores designados) y una abstención (otro senador designado). Si entonces hubiera habido un plebiscito de ratificación, lo más probable es que esas reformas hubieran conseguido un respaldo mayoritario de los ciudadanos. Pero el presidente no tenía atribuciones para convocar a un plebiscito.

En 2014, cuando Michelle Bachelet convocó a un período de cabildos y asambleas al que le puso el nombre de proceso constituyente y habló de una Constitución que surgiera “desde abajo hacia arriba”, Lagos mostró plena disposición para favorecer los cambios, sin mayor preocupación por su firma en el texto vigente. Incluso, fue demasiado lejos al proponer que se partiera de “una hoja en blanco”. Por desgracia, entonces y después, prevaleció el ruido demagógico.

La renuncia del PS, la DC y el PPD a defender los inmensos logros de la transición, y el afán de ser tan izquierdistas como el FA y el PC, explican en buena medida el auge de las tendencias rupturistas, lo cual llegó al clímax en la Convención. Si el populismo avanzó como lo hizo en los últimos años, fue porque los partidos de la vieja Concertación le pavimentaron el camino.

Y ahora llaman a aprobar un mal proyecto simplemente porque “los progresistas no pueden estar junto a la derecha”, aunque también, hay que decirlo, porque es lo que más les conviene para estar cerca de Boric. Las consecuencias no importan mucho. ¡Valiente progresismo tenemos!

Para favorecer la idea de un gran acuerdo después del plebiscito, Lagos sostuvo en su carta del 5 de julio que “las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana”. Es comprensible su deseo de ayudar al acercamiento de posiciones, pero los ciudadanos tendrán que optar el 4 de septiembre, y el voto en blanco carece de significado. No da lo mismo cualquier resultado en el plebiscito. La eventual aprobación del texto de la Convención implicaría empujar a Chile a un pantano político, jurídico e institucional del que le costaría mucho salir, y quizás a qué precio. El Rechazo, en cambio, permite sostener la armazón institucional del país y continuar el debate sobre los cambios en condiciones que resguarden la estabilidad, la gobernabilidad y la marcha de la economía. El Congreso y el gobierno tendrían el deber de encauzar tal debate.

Lagos hoy no tiene poder, pero tiene autoridad, y ella nace de su trayectoria de probado compromiso con el interés nacional y los valores democráticos. Hay que escuchar su llamado para que, pasado el plebiscito, las fuerzas políticas pongan buena voluntad y tiendan puentes para renovar el pacto constitucional. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

La Convención fue un experimento concebido por el gobierno y el Congreso anteriores bajo la presión combinada de la revuelta de octubre de 2019 y el oportunismo político que se potenció entonces. Generó grandes expectativas en mucha gente, que creyó de buena fe que, como afirmaban los negociadores del acuerdo del 15 de noviembre, la posibilidad de lograr la paz en Chile estaba supeditada a la redacción de otra Constitución. De allí surgió el segundo parlamento, que a lo largo de un año multiplicó las confusiones acerca de cómo progresan las naciones, y cómo se hunden.

Los colectivos coaligados en la Convención nunca dudaron de que la fuente de su poder había sido la revuelta o, mejor dicho, el mito fabricado sobre la destrucción y el pillaje que desfiguraron a nuestro país. Convertidos en mayoría circunstancial, crearon un microclima para llevar a cabo la excitante faena de rearmar Chile. El método consistió en yuxtaponer las manifestaciones de monismo cultural que caracterizan a las pasiones identitarias, a las que se adosaron las supersticiones de la vieja izquierda sobre la lucha de clases y el control estatal de la sociedad.

Eso explica la mirada despectiva que predominó en la Convención sobre los presupuestos de la estabilidad institucional y el progreso de Chile durante 30 años: la lealtad con la democracia, el rechazo sin dobleces de la violencia, el compromiso con la gobernabilidad, la voluntad de sostener el Estado de Derecho, la línea de sumar las capacidades del mercado y el Estado en favor del crecimiento económico y la cohesión social.

El populismo constitucional abrió un interrogante sobre asuntos que hace un año no imaginábamos que pudieran estar en duda; en primer lugar, que todos somos parte de la única nación que existe en el territorio, con una sola legalidad, un solo sistema de justicia, iguales derechos para todas las personas por encima de la raza. Al proclamar la plurinacionalidad y establecer territorios autónomos basados en la homogeneidad étnica, el texto que respalda el Presidente Boric crea las condiciones para una dolorosa fractura.

El país real se difuminó a los ojos de los refundadores, quienes, curiosamente, daban por hecho que todo lo que funcionaba en la sociedad se encontraba asegurado y que, por lo tanto, había suelo firme para experimentar. Por ejemplo, a los convencionales que tienen cuenta bancaria parece no haberles inquietado la eventualidad de que el sistema financiero entrara en crisis o la propiedad de sus fondos quedara en suspenso. No sacaban conclusiones ni siquiera del inmenso gasto público para financiar la Convención y el Congreso al mismo tiempo.

En los últimos años, fueron demasiados los malentendidos que debilitaron la cultura democrática e hicieron crecer los riesgos de extravío. Ello se debió en gran medida a que muchas personas con responsabilidades públicas retrocedieron y callaron, quizás a la espera de que pasara el temporal. Afortunadamente, es visible en estos días la irrupción de amplios sectores dispuestos a defender las libertades amenazadas. Hay otro aire. La reacción de la sociedad está a la vista. Se requiere corregir muchas cosas, pero lo primero es proteger el patrimonio que se ha intentado demoler.

No hay dos proyectos sometidos al juicio ciudadano en el plebiscito del 4 de septiembre, sino uno solo, el de la Convención. Se aprueba o se rechaza específicamente ese texto. Si es rechazado, el país no quedará en tierra de nadie, sino funcionando dentro de las normas constitucionales vigentes, que son las que sostienen la legitimidad del Presidente de la República y del Congreso, así como del conjunto de las instituciones. Es mejor para todos, sobre todo para el Gobierno, no poner en duda la vigencia de esas normas hasta el momento en que sean reemplazadas. Esa es la base para encauzar, desde el Congreso, el debate dirigido a definir la vía más eficaz para alcanzar el consenso constitucional que el país necesita.  (El Mercurio)

Sergio Muñoz Riveros

Hace un año, cuando se instaló la Convención, muchas personas vieron el proceso constituyente como la posibilidad de que no volviera la violencia de octubre de 2019. Era la esperanza de que la revuelta quedara atrás. Por ello, creyeron de buena fe que el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 había sido, efectivamente, “un acuerdo por la paz” o, mejor dicho, para que los violentos nos dejaran en paz. Y aceptaron lo dicho por los líderes del Congreso, el presidente de la República y casi todos los partidos: que el camino de la paz era redactar otra Constitución. Fue extraño, en todo caso, que la supuesta urgencia del cambio constitucional no guardara correspondencia con el diseño de un proceso de casi dos años, que la pandemia prolongó.

En la campaña para elegir a los convencionales, muchos candidatos describieron la nueva Constitución como el bálsamo para todas las heridas, como la llave para reparar los agravios de la historia y establecer la igualdad. No poca gente vio dicha elección como un momento de purificación cívica, debido a que, supuestamente, los partidos no iban a estar presentes. Fue el momento estelar de “los independientes que no eran independientes”, a los que los propios partidos les regalaron un sistema electoral que permitió, por ejemplo, que la corriente octubrista eligiera 26 convencionales y la DC solo 1. La mayor novedad aportada por los partidos fue la creación de un registro electoral étnico, que nunca había existido, y gracias a lo cual, los activistas del indigenismo consiguieron 17 escaños. Los votos obtenidos eran lo de menos: estaban reservados.

Fueron elocuentes las señales del primer día de la Convención: hostilidad hacia el himno nacional, gestos destemplados, espíritu tribal y, sobre todo, el discurso de Elisa Loncón que anunció la refundación de Chile. Vino enseguida el empeño de los colectivos asociados por cambiar las reglas establecidas por la reforma constitucional de diciembre de 2019, y dar a entender que la Convención encarnaba el poder constituyente originario. En términos legales, su poder real era, exclusivamente, el que le reconocía el Estado democrático (que pagó los sueldos todo el año), pero la embriaguez llevó las cosas tan lejos como pudo: era la oportunidad para rearmar Chile, consagrar la existencia de “diversas naciones” dentro del territorio y hasta proclamar el veto indígena sobre las decisiones fundamentales. Peor aún, el momento para dividir racialmente el país.

En el año transcurrido, los controladores de la Convención actuaron como si Chile estuviera en 1810. Las sesiones en que los colectivos intercambiaban apoyos para sus causas monotemáticas terminaron por volver brumosa la realidad. Era como si el país que teníamos hubiera surgido desde una zona misteriosa, como si el ejercicio de las libertades hubiera caído del cielo, las instituciones las hubiera levantado una fuerza extraterrestre, la certeza jurídica hubiera crecido como planta silvestre y la pujante economía de hoy fuera obra de la Divina Providencia. Era también como si el sistema de salud, sostenido por el esfuerzo público y privado, y que enfrentó acertadamente la pandemia, hubiera sido el regalo de no se sabe quién. Muchos convencionales ni siquiera se dieron cuenta de lo valioso que es que el país tenga elecciones libres y competitivas desde 1989. Y no entendieron la trascendencia civilizatoria del principio “una persona, un voto”.

A veces, ciertas cosas empiezan mal y se arreglan en el camino. Excepcionalmente, de algunos proyectos mal concebidos resultan beneficios impensados. No ha sido el caso de la Convención. Partió mal y terminó del mismo modo. La razón fue el predominio de la desmesura en su seno, de una especie de desprecio metafísico por los límites de la realidad y por las consecuencias de las acciones humanas. ¡Cómo no recordar la imagen de la retroexcavadora levantada como quintaesencia del progresismo!

En muchas partes, el afán voluntarista de imponer un determinado rumbo a la sociedad ha terminado provocando efectos contrarios a los buscados. Es parte de la traumática historia de la izquierda en todo el mundo, y la Convención lo ha vuelto a confirmar. Giovanni Sartori dice al respecto: “La cuestión central de todo el discurso sobre el backfiring, sobre el tiro por la culata, es que la estrategia de aumentar cada vez más la dosis, de una maximización que persigue la realización integral del ideal, es errónea en la teoría y suicida en la práctica” (“¿Qué es la democracia?”)

Necesitamos tener conciencia del camino hecho por Chile, de la obra de las generaciones anteriores, de lo que es sensato conservar. De ese modo, podremos concebir los cambios de un modo que favorezca la confluencia de las energías creativas y mejore lo que tenemos.

Es legítimo que revisemos la legalidad dentro de la cual convivimos en libertad, porque eso es finalmente una Constitución democrática, el conjunto de normas e instituciones que hemos acordado para competir pacíficamente por el poder e impedir que este sea secuestrado por algún sector. Después del plebiscito, será indispensable respirar hondo y estudiar serenamente la mejor forma de renovar el pacto constitucional. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

El proyecto de la Convención parte así: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones…etc.”. Bastaría con ese enunciado para que cualquier ciudadano atento encendiera las alarmas, pero ello no inquietó a la asociación de colectivos que funcionó como aplanadora en la Convención, que lo aprobó sin arrugarse. Tampoco le preocupó lo establecido en el artículo 4: “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones en el marco de la unidad del Estado”. Y sucede que allí está configurada la más grave amenaza a la integridad de la única nación que existe, y a la continuidad de su expresión política, que es el Estado unitario.

Si la plurinacionalidad llegara a materializarse, junto a la pluriterritorialidad, el país se asomaría a un conflicto de una envergadura que no alcanzamos a visualizar. El establecimiento de enclaves territoriales que tendrían autonomía política, administrativa y financiera, construidos a partir de la homogeneidad racial, con su propio sistema de justicia y apoyados en “la restitución” de tierras en las que hoy viven miles de personas y en las que funcionan escuelas, empresas, múltiples actividades, provocaría dolorosas pugnas y laceraciones. ¡Cuánto delirio y cuánta desaprensión por la suerte del país se concentraron en la malhadada Convención!

¿Cómo se llegó a esto? El punto de partida fue el acuerdo del Congreso anterior que, luego de regalar su potestad constituyente, estableció escaños de raza en la Convención con el propósito de armar una correlación de fuerzas con ventajas para la izquierda. Hasta la elección de convencionales, en mayo de 2021, existía un registro electoral único, construido sobre el principio de ciudadanía. Nadie había propuesto hasta entonces separar en una categoría distinta a quienes tuvieran ascendencia indígena. Pues bien, el Congreso lo hizo, y estableció un registro electoral étnico. Era, en los hechos, un sistema que buscaba… ¡que los indígenas no se mezclaran con el resto de la población! Fue la consagración de un apartheid falsamente progresista, en realidad tan reaccionario como cualquier otro diseño racista. No sabemos si los senadores que inventaron esto con la calculadora en la mano duermen tranquilos a la vista del resultado. Creyeron ser astutos, y el proyecto incluye la eliminación del Senado.

La definición del “Estado plurinacional” fue el resultado de los negocios políticos cruzados entre el indigenismo, el octubrismo, el PC (cuya verdadera ideología es el pragmatismo) y ese bloque con ínfulas, pero inmaduro, que es el Frente Amplio, en el que domina el feminismo de trinchera. Para esta última tendencia, lo verdaderamente importante era conseguir la paridad en todos los órganos de poder, incluidas la dirección de las empresas del Estado. Y para imponerlo, ese feminismo estrecho de miras aceptó la plurinacionalidad sin vacilar. Lo único que le importó fue la exaltación del género, conseguir la mitad de todo, aunque ello no correspondiera a la realidad, u obligara, como en la elección de convencionales, a “corregir” la votación de los ciudadanos.

Otros refundadores, con el fin de conseguir votos para eliminar el Senado y concentrar los poderes en la Cámara de Diputados (paritaria y con escaños de raza, por supuesto), aceptaron el diseño plurinacional y, por lo tanto, la balcanización del territorio nacional. Otros, para sumar votos contra el Poder Judicial, apoyaron la existencia de “diversas naciones”. Y así, cada colectivo actuó preocupado de su propio ombligo, de sus consignas identitarias, sin asomo de inquietud por las consecuencias para el país, el mismo país, hay que decirlo, que financió abundantemente la fiesta constituyente.

Son muchos los motivos de desazón frente al proyecto de la Convención, pero el más inquietante es la plurinacionalidad, pues constituye el germen de la división de Chile. Es, además, un injerto tomado de la Constitución boliviana. Cómo las cosas no pasan casualmente, ahora se entiende el papel de Elisa Loncón, que anunció la refundación de Chile hace un año: uno de sus asesores fue Rudy Alí López González, cientista político venezolano, hijo de una exembajadora chavista en Bolivia. Y muy cercano a Álvaro García Linera, el ideólogo de la plurinacionalidad, y a Evo Morales. Nada, pues, ha sido accidental, salvo la ingenuidad de quienes celebraron a Loncón como adalid de una nueva era.

En este período de turbulencias demagógicas, corresponde reconocer la lucidez y el coraje de quienes han alzado la voz para alertar sobre la amenaza plurinacional, en primer lugar, el abogado y periodista José Rodríguez Elizondo, premio nacional de humanidades 2021, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, quien ha sido un ejemplo de responsabilidad cívica al advertir sobre los riesgos planteados incluso para la seguridad nacional. La historiadora Sofía Correa Sutil, académica también de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, ha descrito crudamente lo que significa la plurinacionalidad: “el fin de la nación”. El profesor Lautaro Ríos, profesor emérito de la Universidad de Valparaíso, denunció con todas sus letras que el proyecto de la Convención es, en este punto, una copia servil de la Constitución boliviana.

Hace apenas un año, no imaginábamos que el proceso constituyente iba a poner en riesgo la unidad de la nación y los fundamentos de la República que nos legaron los fundadores, pero así ha sido. Llegó el momento de rechazar resueltamente el desquiciado proyecto que podría llevar a Chile a una crisis catastrófica. Es hora de reaccionar. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

Ximena Rincón y Matías Walker, senadores de la DC, dieron un paso que, en el contexto de la incertidumbre causada por la Convención, podría ser clave para asegurar la estabilidad institucional después del plebiscito. La propuesta de rebajar el quorum de 2/3 a 4/7 de los parlamentarios para reformar la Constitución vigente, suscrita también por los senadores Pedro Araya, independiente, e Iván Flores, DC, fue bien recibida por los partidos de centroderecha, y a lo menos por un senador socialista, Juan Luis Castro.

Ni al gobierno ni a los controladores de la Convención les agradó la propuesta, porque arruina el cuento de que, frente al borrador que respaldan, no hay alternativa. Más todavía: necesitan mostrar el plebiscito del 4 de septiembre como una batalla para derrotar al dictador muerto.

Respecto de la posibilidad de triunfo del Rechazo, el artículo 142 de la Constitución vigente señala: “Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Vale decir, se mantiene la legalidad dentro de la cual vivimos, que es la que protege las garantías individuales, protege el pluralismo y asegura el ejercicio de las libertades públicas, entre ellas, las que hacen posible que, periódicamente, tengamos elecciones libres, abiertas y competitivas, como no hemos dejado de tenerlo desde diciembre de 1989, cuando fueron elegidos el presidente Patricio Aylwin y el primer Congreso (Gabriel Boric tenía 3 años).

La aprobación de los 4/7 despejaría la controversia respecto de los quorum contramayoritarios del texto vigente, lo cual facilitaría los acuerdos en torno a nuevas reformas. ¿Significa esto que la actual Constitución podría ser la base de un consenso para reforzar la estabilidad y la gobernabilidad?

Así es. Se trata de un asunto de sentido común. Basta con leer el borrador de la Convención para concluir que, de ninguna manera, puede funcionar como eje de la convivencia en libertad. Se trata de un plan de demolición de mucho de lo construido por Chile, para reemplazarlo por formulaciones saturadas de ideologismo. Ello obliga a examinar lo que tenemos y, consiguientemente, a tener conciencia de lo que podemos perder.

¿Qué otras reformas podrían introducirse a la Constitución vigente? Según el profesor Antonio Bascuñán, partidario de reducir los quorum contramayoritarios, se requieren dos reformas más: eliminar el control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de ley y establecer un acuerdo político transversal para la designación de un Tribunal Constitucional con número impar de miembros.

Bascuñán sostiene que dicho acuerdo “tendría que ser capaz de hacer lo que hasta ahora los partidos políticos no han hecho, salvo por honrosas excepciones, designar jueces constitucionales de peso intelectual, seriamente orientados al entendimiento y por completo independientes” (EM, 29/05/2022).

La última encuesta del CEP reveló que, ante el eventual triunfo del Rechazo, 15% de los consultados se manifestó a favor de que se mantenga la Constitución vigente y 31% a favor de reformarla (o sea, 46% por mantenerla como base para eventuales cambios), en tanto que 42% se pronunció por elaborar un proyecto de reemplazo. Esto marca un cambio en la estimación del texto que nos rige, muy sugerente si se tiene en cuenta que nadie se ha atrevido a defender sus méritos.

La sola lectura de sus contenidos aclararía las cosas a mucha gente que, hasta hoy, ignora que es el resultado de 30 años de reformas y que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos.

Tenemos que hacer todo lo posible para que el país no avance hacia el pantano. La Convención fracasó como proyecto de unidad nacional, y allí está para demostrarlo el texto sectario, que hoy se intenta hacer pasar como proyecto de Constitución, cuando en realidad es una plataforma programática de las izquierdas, que se beneficiaron del disparatado sistema electoral que inventó el Congreso para elegir a los convencionales.

Los colectivos asociados en la Convención han actuado como si el futuro les perteneciera. Por eso, despreciaron el principio elemental que debe seguirse cuando se fijan las reglas constitucionales: ponerse en la situación de ser minoría. Si no se resguardan los derechos de la minoría, la democracia falla desde la base, y queda abierto el camino para las peores arbitrariedades.

La Convención lo ilustró suficientemente. Y Fernando Atria lo terminó de aclarar: “La nueva Constitución no va a ser la casa de todos de la noche a la mañana” (LT, 11/06/2022). Imposible más claro. Será la casa de ellos, los iluminados que quieren refundar Chile. Quizás, más adelante, la casa ofrecerá arrendar algunas habitaciones, pero hay que tener paciencia, porque los dueños necesitan perfeccionar sus títulos de propiedad.

El Congreso tiene ante sí la oportunidad de iniciar la recuperación de la potestad constitucional que cedió en noviembre de 2019, bajo la presión de la violencia, luego de lo cual aceptó el papel de espectador de los dislates de la Convención. Hay que plantar cara a la política de amedrentamiento con la que se ha buscado “ablandar” a los poderes del Estado para preparar la remodelación revolucionaria: eliminación del Poder Judicial, eliminación del Senado, poderes concentrados en el “Congreso de diputados y diputadas”, un presidente subalterno, fin del principio “una persona, un voto”, etc. Llegó el momento de enfrentar el constitucionalismo de barricada.

Los senadores y diputados pueden iniciar ahora mismo su propia reivindicación. Se deben a la República y tienen que defender el interés nacional. Coraje democrático, es lo que se requiere. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

En abril de 2013, Michelle Bachelet incorporó al abogado Fernando Atria a su segunda campaña presidencial con el fin de que contribuyera a estudiar el objetivo programático de elaborar una nueva Constitución. En su primer mandato (2006/10), Bachelet había promulgado 9 leyes con 30 reformas a la Constitución, pero no había propuesto reemplazarla. Atria llegaba, pues, a definir las líneas del cambio.

Atria cuestionó entonces el camino de acumulación de reformas a la Constitución recorrido por los gobiernos concertacionistas, por permitir que la derecha vetara los cambios no compartidos. Esa vez, afirmó: “Si una reforma es capaz de pasar a través de las normas vigentes, esa es garantía de que esa reforma no soluciona nada, solo reproduce el tema. Con la reforma de Lagos se dijo con esto se soluciona el problema, pero lo único que hizo fue mantener el problema exactamente igual” (El Mostrador, 23/04/2013). Atria consideraba que el cambio debía venir desde fuera, en lo posible de una asamblea constituyente. En aquella entrevista, dijo: “El problema constitucional chileno es algo que tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”.

Como se sabe, el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 1988 pasó “a través de las normas vigentes”. En julio de 1989, otro plebiscito, enmarcado en las mismas normas, aprobó 54 reformas constitucionales. En diciembre del 89, la victoria de Aylwin pasó a través de esas normas. Luego, con nuevas reformas incorporadas, pasaron seis gobiernos. Y hace poco, Atria se convirtió en convencional y Boric en Presidente con las normas del texto reformado una y otra vez.

En muchas disquisiciones constitucionales de este tiempo, el país parece apenas un paisaje. El ejercicio de las libertades parece un regalo de no se sabe quién. Las elecciones libres cayeron del cielo. La certeza jurídica es una planta silvestre. La burbuja refundacional simplemente no ha dejado ver al Chile real, que vive en democracia y no está dispuesto a perderla.

Atria tuvo su gran oportunidad en la Convención. Es uno de los legítimos inspiradores del borrador que está circulando. Se trata de un verdadero sistema de trampas, en el que resalta la exaltación de los intereses del corporativismo indígena, al que se le concede el rol de vanguardia de la sociedad. La plurinacionalidad es un intento de segmentación racial de la población con el fin de constituir una decena de “nuevas naciones”. Surgiría un archipiélago de zonas autónomas. Quedaría consagrada la desigualdad ante la ley. La educación quedaría sometida al control total del Estado. El sistema político sería un calco de la Convención. Y ahora, las pillerías para la eventual transición, entre ellas la de sacar por secretaría a ministros de la Suprema, jueces y fiscales.

Hemos recibido una cruda lección acerca de cómo se puede hundir Chile. Aún podemos impedirlo. (La Tercera)

Sergio Muñoz Riveros

El país tiene hoy un gobierno que casi lo único que proyecta es precariedad. Las torpezas cotidianas de diversos ministros y del propio presidente no hacen sino confirmar que la conducción del Estado se encuentra hoy en manos de un grupo de dirigentes políticos que, simplemente, no estaban preparados para tan exigente tarea y que, por si fuera poco, enfrentan la coyuntura del plebiscito con mentalidad de trinchera, lo que no puede sino provocar enorme desconfianza.

Un mínimo sentido de las proporciones les aconsejaba actuar con prudencia frente al plebiscito, y preocuparse principalmente de resguardar la corrección del proceso electoral en el marco del respeto a la tradición de prescindencia de quienes gobiernan. Tal actitud habría revelado espíritu de supervivencia. Sin embargo, escogieron el camino del compromiso con un texto que en realidad es una plataforma de combate, cuyos redactores nunca consideraron necesario buscar un consenso.

¿Visión estratégica para enfrentar el plebiscito? Ninguna. Las encuestas son desfavorables hace rato, por lo que correspondía que evitaran los riesgos innecesarios. Pero, allí los tenemos, seguros de sí mismos, convencidos de que no pueden perder porque tienen “toda la razón”. Giorgio Jackson lo dejó claro: se sienten investidos de superioridad moral no solo respecto de los adversarios, sino de los propios aliados.

Los líderes del Frente Amplio saltaron a la fama con un aura de jóvenes incontaminados, encarnación de la pureza de ideales, superiores a la centroizquierda que lideró la transición, y superiores también a la izquierda leninista/castrista, representada por el PC. Todo les fue fácil. Avanzaron por el camino pavimentado por las fuerzas que reconstruyeron la democracia, lo que fue favorecido porque esas fuerzas bajaron los brazos y se rindieron ante estos jóvenes que parecían anunciar la renovación de las izquierdas. Boric y su gente llegaron rápido a las máximas responsabilidades políticas. Y ahí están ahora, sin saber bien lo que tienen que hacer.

En realidad, los líderes del FA carecían de un proyecto medianamente meditado, que fuera expresión de un esfuerzo por dar respuestas sustanciales a los problemas del país. Les gustaría que Chile fuera Noruega o Dinamarca, dicen ser partidarios de construir un Estado de Bienestar como los de Europa, pero se asociaron con el arcaísmo del PC, se ven a sí mismos como anticapitalistas y rinden culto a las viejas fórmulas del estatismo.

No hay en La Moneda verdadera conciencia de la realidad. Las marchas y contramarchas de Boric y sus cercanos no se explican solo por la impericia, sino principalmente por la visión distorsionada que tienen del país. ¿La mayor prueba? La adhesión irreflexiva que manifestaron hacia la Convención y el proyecto de nueva Constitución, y que los llevó a juntar su aprobación y la suerte del gobierno en un solo paquete. Es difícil concebir mayor desatino.

¿A dónde llevarían al país si, hipotéticamente, ganara el Apruebo? ¿Qué harían frente al previsible desbarajuste institucional, económico y social que sobrevendría? ¿Cómo se las arreglarían frente a los innumerables conflictos que provocaría la implementación de la plurinacionalidad y la creación de autonomías territoriales indígenas? ¿Se alcanzan a imaginar el maremágnum en el que estarían? Y, sin embargo, ese es el camino que, indolentemente, le están ofreciendo a Chile.

Ahora, Boric está tratando de poner de acuerdo a los dos bloques que conviven dentro de su gobierno para que se comprometan, antes del plebiscito, a introducir cambios al texto que La Moneda imprimió y repartió en miles de ejemplares. ¿Quiere decir que están dispuestos a imprimir un nuevo folleto en el que se explicará cuáles artículos ya no valen, y cuáles se incorporarán?

Se trata de una gigantesca burla a la fe pública. En la papeleta aparecerán las opciones Apruebo y Rechazo, referidas al proyecto de la Convención. No aparecerá una alternativa que diga “apruebo más o menos”, o “apruebo estos artículos, pero rechazo estos otros”, o “apruebo, pero no la apliquen todavía”. El intento de maquillar el producto solo creará una situación bochornosa para quienes han adherido incondicionalmente al proyecto, y han llegado a describirlo como la aurora de la justicia.

La votación del 4 de septiembre será en gran medida un pronunciamiento sobre el gobierno en momentos en que la credibilidad de Boric no deja de caer. Es evidente que los dirigentes del Partido Socialista ya se han dado cuenta de que se están rompiendo demasiados platos que ellos no quieren pagar. Probablemente, el PC buscará protegerse de los efectos de la posible derrota.

Es real la posibilidad de triunfo del Rechazo. Ello exige gran templanza de las fuerzas que lo respaldan. No deben tomar ninguna iniciativa que enrede las cosas. Es preferible que los senadores que están en campaña por el Rechazo frenen su creatividad respecto de las fórmulas para el postplebiscito, o sea, que no le echen pelos a la sopa. Habrá que preocuparse por la estabilidad y la gobernabilidad, que serán puestas a prueba en los tiempos que vienen. De algo debería servir la suma de errores de los últimos tres años. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

En abril de 2013, Michelle Bachelet incorporó al abogado Fernando Atria a su segunda campaña presidencial con el fin de que contribuyera a estudiar el objetivo programático de elaborar una nueva Constitución. En su primer mandato (2006/10), Bachelet había promulgado 9 leyes con 30 reformas a la Constitución, pero no había propuesto reemplazarla. Atria llegaba, pues, a definir las líneas del cambio.

Atria cuestionó entonces el camino de acumulación de reformas a la Constitución recorrido por los gobiernos concertacionistas, por permitir que la derecha vetara los cambios no compartidos. Esa vez, afirmó: “Si una reforma es capaz de pasar a través de las normas vigentes, esa es garantía de que esa reforma no soluciona nada, solo reproduce el tema. Con la reforma de Lagos se dijo con esto se soluciona el problema, pero lo único que hizo fue mantener el problema exactamente igual” (El Mostrador, 23/04/2013). Atria consideraba que el cambio debía venir desde fuera, en lo posible de una asamblea constituyente. En aquella entrevista, dijo: “El problema constitucional chileno es algo que tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”.

Como se sabe, el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 1988 pasó “a través de las normas vigentes”. En julio de 1989, otro plebiscito, enmarcado en las mismas normas, aprobó 54 reformas constitucionales. En diciembre del 89, la victoria de Aylwin pasó a través de esas normas. Luego, con nuevas reformas incorporadas, pasaron seis gobiernos. Y hace poco, Atria se convirtió en convencional y Boric en Presidente con las normas del texto reformado una y otra vez.

En muchas disquisiciones constitucionales de este tiempo, el país parece apenas un paisaje. El ejercicio de las libertades parece un regalo de no se sabe quién. Las elecciones libres cayeron del cielo. La certeza jurídica es una planta silvestre. La burbuja refundacional simplemente no ha dejado ver al Chile real, que vive en democracia y no está dispuesto a perderla.

Atria tuvo su gran oportunidad en la Convención. Es uno de los legítimos inspiradores del borrador que está circulando. Se trata de un verdadero sistema de trampas, en el que resalta la exaltación de los intereses del corporativismo indígena, al que se le concede el rol de vanguardia de la sociedad. La plurinacionalidad es un intento de segmentación racial de la población con el fin de constituir una decena de “nuevas naciones”. Surgiría un archipiélago de zonas autónomas. Quedaría consagrada la desigualdad ante la ley. La educación quedaría sometida al control total del Estado. El sistema político sería un calco de la Convención. Y ahora, las pillerías para la eventual transición, entre ellas la de sacar por secretaría a ministros de la Suprema, jueces y fiscales.

Hemos recibido una cruda lección acerca de cómo se puede hundir Chile. Aún podemos impedirlo. (La Tercera)

Sergio Muñoz Riveros

La expresidenta Michelle Bachelet dijo hace pocos días sobre el borrador de nueva Constitución: “Espero que se apruebe, creo que debería aprobarse”. Agregó que “hay muchos temas importantes para solucionar algunas de las dificultades y desafíos del país”, y que ofrece “un nuevo contrato social”. Su posición es clara: el borrador es lo que Chile necesita.

En su segundo gobierno (2014/18), Bachelet impulsó una campaña por una nueva Constitución, pero no presentó un proyecto. Presionada por quienes pedían desde la izquierda una asamblea constituyente, convocó a un período de asambleas y cabildos al que llamó “proceso constituyente”, aunque no tenía base legal, carecía de representatividad y sus conclusiones no obligaban a nadie. ¿Cuál era su motivación? Lo explicó al diario El País: “La democracia representativa por sí sola ya no da respuesta a los anhelos de la gente de ser parte constructora de la sociedad. Por eso, nosotros en Chile estamos haciendo un proyecto constituyente de abajo hacia arriba” (2/07/2016).

Delante del Presidente de Alemania, Joachim Gauck, de visita en Chile, Bachelet dijo que los críticos de ese proceso “no alcanzan a percibir el debilitamiento institucional de nuestra democracia” (21/07/2016). Es curioso que, en el marco de esa democracia dudosa, ella haya gobernado ocho años, promulgado leyes, nombrado ministros, embajadores y jefes militares, adoptado decisiones de gasto público, representado a Chile en el exterior y… ¡promovido 53 leyes de reformas constitucionales que fueron aprobadas!

¿Qué resultó del proceso que promovió Bachelet? Solo lo saben los expertos contratados para analizar e interpretar el material de las asambleas. A comienzos de 2018, cuando terminaba su mandato, ella entregó un proyecto al Congreso que ignoramos si tiene algo que ver con lo discutido allí. Como sea, su decidida toma de posición a favor del Apruebo hace pensar que el proyecto que firmó y el borrador de la Convención son muy semejantes, o están emparentados en lo esencial. Si no fuera así, no sabríamos a qué atenernos sobre lo que ella piensa realmente en esta materia. Solo los redactores de su proyecto podrían sacarnos de duda. (El Mercurio-Cartas)

Sergio Muñoz Riveros

No es claro qué tipo de relación quiere establecer Gabriel Boric con las FF.AA. y las instituciones policiales. Allí está para ilustrarlo la remoción del contraalmirante Jorge Parga como jefe de la Defensa Nacional en las provincias de Arauco y Biobío, dos días después de su nombramiento en el contexto del estado de emergencia.

¿La causa? Las declaraciones hechas por el oficial sobre el incidente ocurrido el 21 de octubre de 2019, en Talcahuano, cuando un camión de la Infantería de Marina acudió a la denuncia del saqueo de una pesquera y atropelló al joven Manuel Rebolledo, que falleció. Parga defendió entonces la presunción de inocencia del infante/chofer Leonardo Medina, quien fue finalmente condenado por cuasi delito de homicidio.

El contraalmirante es un oficial de sólida trayectoria, y se desempeñó con gran eficiencia en las mismas funciones en la región del Biobío hasta el 26 de marzo pasado. Sin embargo, Boric acogió los reclamos de la familia del joven Rebolledo, y tomó una decisión que es difícil no ver como agraviante para el oficial y también para la Armada.

En la actitud del mandatario, gravita su trayectoria como dirigente de un bloque político de talante rupturista, que siempre ha mirado con recelo a los militares y a los funcionarios policiales. El problema es que ahora él es el jefe del Estado, y tiene obligaciones constitucionales que cumplir en el ámbito de la defensa nacional, la seguridad interior del Estado y el orden público, respecto de lo cual no puede haber vacilaciones ni zonas grises.

Si tiene dudas sobre esos deberes, que incluyen el uso de la fuerza del Estado, quiere decir que se encuentra en el lugar equivocado.

¿Cómo actuaría Boric ante una revuelta como la de octubre de 2019? Algún partidario suyo podría decir que eso no puede ocurrir ya que el gobierno actual es de izquierda y está con el pueblo, pero el izquierdismo de Boric no impresiona a quienes se profesionalizaron en el vandalismo de los viernes en la castigada zona de plaza Italia, o a los overoles blancos que actúan impunemente en varios colegios públicos, o a Héctor Llaitul, jefe de la CAM, la mayor asociación ilícita que opera en el sur, que llamó a la resistencia armada contra “el gobierno lacayo”.

Hubo un anuncio oficial de querella contra Llaitul, y luego un paso atrás. Boric dijo entonces que su gobierno no perseguía ideas ni declaraciones, pero sucede que un llamado explícito a la subversión merece ser perseguido de acuerdo a la Ley de Seguridad del Estado.

Frente a la ofensiva del terrorismo y el bandolerismo en la macrozona sur, Boric y sus ministros siguen poniendo cara amable y hablando de diálogo para resolver “el problema de fondo”, que asocian a la entrega de nuevas tierras. ¿Tendrán alguna idea acerca de con cuántas hectáreas se conformarían Llaitul y sus guerreros? ¿O la Resistencia Mapuche Lafkenche? ¿Cuántos Temucuicui serían necesarios para que cesaran los robos y los ataques incendiarios?

Los actos del gobierno trasuntan precariedad. En tales condiciones, lo que menos le convenía a Boric era echarse a la espalda la pesada carga de la Convención. Y, sin embargo, es exactamente lo que ha hecho. No puede ignorar el riesgo que corre ante la eventual derrota del Apruebo, que lo dejaría en una situación de gran debilidad, pero no hace nada para evitarlo.

Sus ministros están visiblemente en campaña. Hasta Mario Marcel y Nicolás Grau, responsables de Hacienda y Economía, han declarado que, en el borrador de la Convención, no hay nada de qué preocuparse en materia económica. Increíble.

El jefe de la campaña oficial por el Apruebo es el ministro Giorgio Jackson, quien viajó a Antofagasta con el fin de exponer ante la comisión de normas transitorias. Fue una forma de crear la imagen de que todo fluye hacia la aprobación del borrador, y que el gobierno aplicará sus contenidos. Para ello, dio a entender que, en una primera etapa, La Moneda podría gobernar por decreto para ejecutar las disposiciones del nuevo texto. O sea, saltarse el Congreso. ¿Visión de Estado? Ninguna. Ni siquiera un mínimo realismo sobre las capacidades de su gobierno. Lo distintivo es el espíritu partisano, y la pillería.

Considerando que, bajo el madrinazgo de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, Boric y el Frente Amplio irrumpieron en la política agitando la idea de elegir una asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución, es una ironía que hayan tocado el cielo con la vilipendiada Constitución de los 30 años.

Boric colmó sus aspiraciones políticas dentro del texto que quería borrar. Lo insólito es que, ahora, él y su gente buscan socavar el terreno en el que están parados, porque eso es apostar por una opción que, si llegara a materializarse, podría hundir a su gobierno bajo el peso de inmensas dificultades. No se trata solo del reemplazo de un texto por otro, sino de las consecuencias de intentar cambiar todo el entramado legal e institucional que hoy sostiene la vida en democracia.

Una transición con un texto breve y coherente no dejaría de plantear complejidades, pero con uno plagado de incongruencias y que pretende rearmar el país, se abriría un período de confusión, inestabilidad y decadencia.

Boric debería convencerse de que lo más importante para él es no naufragar. Y para ello solo le sirven el orden y la estabilidad. Necesita concentrarse, entonces, en el ejercicio de las funciones y los poderes que le asigna la Constitución vigente. Será penoso el registro de su paso por La Moneda si no hace todo lo posible para que Chile no se deslice hacia una crisis institucional irreparable. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

En un momento de tensión política como el que estamos viviendo, cuando faltan pocos días para el decisivo plebiscito del 4 de septiembre y es indispensable resguardar la corrección de los procedimientos institucionales, el presidente de la República muestra, una y otra vez, no tener verdadera conciencia de la situación que enfrenta el país, ni tampoco de la responsabilidad que deriva de su cargo.

Luego de la operación para maquillar el proyecto oficialista de nueva Constitución, en la que participó directamente, Boric dijo que el triunfo de la opción Rechazo “es un camino más incierto, porque vamos a tener que ir por un nuevo proceso constituyente porque el pueblo de Chile ya se pronunció al respecto. Chile quiere una nueva Constitución escrita por un órgano electo para esa materia”.

Boric repite esa falsedad con la intención de intimidar a los electores con una perspectiva de inestabilidad, para forzarlos así a respaldar su proyecto. No puede ser más desestabilizador que él interprete las reglas a su amaño. Si gana el Rechazo, terminará el proceso constituyente iniciado con la reforma constitucional de diciembre de 2019, y el país seguirá funcionando de acuerdo a la legalidad vigente, en cuya base están las normas de la actual Constitución, las mismas que a él le permitieron llegar a ser jefe de Estado. No tiene que repetirse el proceso y elegirse otra convención, y así, indefinidamente, como si el país fuera un laboratorio.

Es inadmisible que Boric actúe como si el Congreso Nacional no existiera, postura que solo puede explicarse por el cálculo partidista: si en el Senado hubiera unos 20 representantes del FA y el PC, y no 3, el oficialismo no buscaría eliminarlo. El país cuenta con instituciones plenamente vigentes, que tienen la obligación de resguardar el Estado de Derecho y asegurar la estabilidad. Si gana el Rechazo, el Congreso recuperará la potestad constituyente que nunca debió ceder y, junto al presidente, deberá estudiar el mejor modo de reencauzar el debate constitucional. Y ya es hora de poner coto al populismo y dejar de jugar con la paciencia de los ciudadanos.

A la luz de todo lo visto, surgen enormes interrogantes acerca de cómo reaccionaría Boric frente a una crisis política en forma. Si llegó a decir en Colombia que la actual Constitución, en la que se sostiene su mandato, está agotada, quiere decir que carece completamente de sentido de Estado. En los hechos, estimula a los extremistas como Llaitul y a los golpistas de cualquier signo para que actúen como si Chile se encontrara en tierra de nadie.

En los días que restan para la votación, Boric hará todo lo posible, incluso lo vedado, para inclinar la balanza a favor de su opción. Y la única explicación para que actúe así es que el proyecto de Constitución elaborado por los abogados del FA constituye su verdadero programa de gobierno. En otras palabras, el camino que él le ofrece a Chile es la creación de un Estado Plurinacional, cautivo del indigenismo, promotor de la desigualdad ante la ley, creador de autonomías territoriales indígenas, que anticipan una fractura muy dolorosa en la vida nacional y, además, apoyado en un sistema político que fue armado para favorecer los intereses de la coalición que debutó en la Convención.

¿Hacia dónde quiere Boric llevar al país? Su trayectoria deja pocas dudas. Se ve a sí mismo como un luchador contra el capitalismo (‘neoliberalismo’, se dice ahora), por lo que es improbable que su gobierno intente favorecer realmente la inversión y el crecimiento, con vistas a generar mayor riqueza, que es lo que se requiere para atender las necesidades de la sociedad en todos los campos, en primer lugar, en las áreas claves de salud, educación, previsión, seguridad pública, etc. La estrecha asociación con el PC confirma una visión compartida en torno a las gastadas fórmulas del estatismo y la hostilidad hacia los empresarios.

Es duro señalarlo, pero en apenas 5 meses la institución presidencial se ha erosionado gravemente. No habíamos conocido un caso de hundimiento tan rápido de la credibilidad del liderazgo. Y esto ocurre en un momento en el que, como consecuencia de los equívocos y los oportunismos acumulados durante la prologada aventura constituyente, la nación chilena ha llegado a un punto en el que está en riesgo hasta su integridad. No debió ser así, pero ya hemos visto todo lo que fue capaz de desencadenar la revuelta antidemocrática de 2019.

Boric y sus partidos jugaron la carta de reconocer algunas taras del proyecto constitucional por una sola razón: están sintiendo en el rostro el aire helado de la posible derrota. Les provoca vértigo constatar que el Rechazo ha crecido de una manera que su propia soberbia les impidió ver. Abrieron la caja de Pandora de la refundación, y recién ahora se dan cuenta del precio.

El signo de esperanza de estos días es que muy amplios sectores se han puesto en movimiento para asegurar que Chile no se extravíe. Se ha producido un vigoroso renacimiento de la cultura de la libertad. Allí está la base para construir los acuerdos necesarios para fortalecer el régimen democrático. Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

Hay un mundo de diferencia entre el plebiscito de entrada (octubre de 2020), y el de salida, programado para el 4 de septiembre. En el primero, la aprobación y el rechazo eran inespecíficos, expresión de las reacciones frente a la inestabilidad que generó la revuelta de octubre de 2019. Una amplia mayoría aprobó entonces iniciar un proceso de elaboración de una nueva Constitución debido a que tanto el gobierno como el Congreso indicaron que ese era el camino de la paz y la concordia. Bueno, han pasado dos años, y es cosa de ver.

En el plebiscito de ahora, los ciudadanos juzgarán un texto concreto, resultado de un año de funcionamiento de la Convención. No se trata esta vez de un pronunciamiento equivalente a una declaración de intenciones. Allí está el proyecto para ser evaluado en su mérito o demérito, con todas las implicancias del caso. Hay que agregar, naturalmente, el dato novedoso de que los partidos oficialistas, estimulados por La Moneda, dejaron en suspenso ciertos contenidos que prometen cambiar después de que los ciudadanos los aprueben.

Alguna gente dice que, cualquiera que sea el resultado, los problemas del país no se resolverán, lo cual parece obvio, puesto que ningún texto tiene poderes como para modificar la realidad, aunque los abogados que redactaron el proyecto de la Convención estaban convencidos de tales poderes. Pero no da lo mismo marcar Apruebo que marcar Rechazo. En realidad, hemos llegado a un punto en el que estamos obligados a pensar, ante todo, en lo que queremos evitar.

Lo prioritario es que no se agraven los problemas que tenemos, que son de todo tipo y que, en lo posible, no agreguemos otros, incluso peores. Por lo menos, tendríamos que haber aprendido en estos años que los experimentos políticos pueden resultar muy mal, y que ello puede ser particularmente desestabilizador en un contexto de peligroso debilitamiento del liderazgo presidencial. Hemos confirmado, además, que detrás de la retórica de los cambios, se esconde cualquier cosa. El país requiere transformaciones en muchos ámbitos, pero hay que cuidar que el remedio no resulte peor que la enfermedad. Y no hemos olvidado que todas las fuerzas políticas, sin excepción, metieron al país en el actual atolladero.

La situación sería muy distinta si la Convención hubiera apostado por la integración nacional y hubiera actuado con sentido de las proporciones. Pero fue más allá, mucho más allá, para imponer una especie de plan refundacional, que llegó a cuestionar que Chile fuera una sola nación; alentó la segmentación racial del país; promovió la ruptura de los equilibrios entre los poderes del Estado; buscó anular el principio de igualdad ante la ley; favoreció el pluralismo jurídico; inventó un Congreso de Diputados sin contrapesos, con más facultades que el Presidente; etcétera. Es obligatorio comparar lo que tenemos con lo que se nos ofrece.

El asunto crucial es reforzar los cimientos del régimen democrático. Y ello aconseja reconocer lo evidente: que en Chile existe separación de los poderes del Estado, y un sistema de contrapesos entre ellos; que están protegidas las garantías individuales; que tienen adecuado resguardo las libertades de expresión, reunión y asociación; que tenemos elecciones libres, periódicas y competitivas; que el derecho de propiedad está sujeto a reglas claras; que hay certeza jurídica; etcétera.

Alguien dirá que eso no es suficiente, porque se requiere garantizar ciertos derechos sociales, y todos podríamos estar de acuerdo, pero no basta con “escribir” tales derechos (más de 100 en el proyecto de la Convención), sino de generar condiciones materiales para hacerlos realidad. Sería penoso establecer derechos ilusorios en un cuadro de ausencia de incentivos a la productividad y con una economía estancada.

Tenemos que procurar que el país no experimente mayores tensiones a propósito de las diferencias frente al plebiscito, las cuales debemos resolver civilizadamente. Necesitamos seguir viviendo en libertad. Ese es el principio que separa las aguas, y su expresión política es la democracia representativa que debemos mejorar. No podemos perder de vista que el Estado de Derecho nos protege a todos.

Ha durado demasiado tiempo la incertidumbre política, y eso ha desgastado a la sociedad en muchos sentidos. Pasado el plebiscito, será necesario un diálogo sereno entre el Congreso y el Ejecutivo, con el fin de reducir la ansiedad de la población y dar un cauce institucional al debate sobre los cambios constitucionales. Es preferible no agregar propuestas de nuevos experimentos que confundan a los ciudadanos. La cuestión de la estabilidad y la gobernabilidad estará en primer plano en los meses que vienen. (El Mercurio)

Sergio Muñoz Riveros

El plebiscito del 4 de septiembre será mucho más que el momento del pronunciamiento ciudadano sobre el proyecto de Constitución que entregue la Convención. Luego de un largo período de confusión, del cual los devaneos político-constitucionales han sido una expresión hasta bochornosa, llegaremos a un cruce de caminos en el que tendremos que hacer opciones esenciales acerca de cómo concebimos nuestra convivencia y cuál es el futuro que deseamos para Chile.

En tal contexto, no poca gente teme que se genere un escenario de polarización, pero ello no tendría por qué constituir un riesgo si se desarrolla dentro del marco legal, y si además se entiende como un paso necesario para despejar el futuro mediante el sufragio. Es indispensable escoger una ruta de superación de la incertidumbre, que reduzca la inestabilidad institucional y que, en lo posible, favorezca la recuperación económica y las perspectivas de avance social. Hay que abogar por la racionalidad y el civismo en el proceso plebiscitario.

No queda sino reconocer que la Convención fue un mal experimento, lleno de equívocos. Como sabemos, surgió del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, cuando el gobierno y el Congreso creyeron que, frente al vandalismo y la amenaza del caos, lo más apropiado era elaborar una nueva Constitución, vale decir, ¡ponerlo todo en discusión! Fue un error descomunal, agravado por la fórmula indolente de crear un segundo Parlamento con un sistema electoral ad hoc. Ningún partido se atrevió entonces a plantear reservas sobre sus posibles consecuencias. Había que partir por evaluar la calidad de la democracia que teníamos, y precisar luego lo que se quería cambiar, pero eso no ocurrió. Los partidos no vieron, o no quisieron ver, el largo camino de construcción del Estado de Derecho. Actuaron como si el país pudiera convertirse en laboratorio, con todos nosotros adentro, por supuesto.

No hemos olvidado el discurso entre redentorista y oportunista que buscó convencernos de que el país, por ser supuestamente tan defectuoso, había recibido el castigo que merecía en octubre de 2019 y que, por lo tanto, tenía que ser remodelado desde los cimientos. Era el modo de expiar los pecados de una transición impura, pero también de corregir una historia equivocada. El resultado del desvarío habla por sí solo. Ahí está el protagonismo de la izquierda experimentada en demoliciones.

Necesitamos recuperar el sentido de orientación. Fue disociadora la experiencia de la Convención, pero quizás, por la vía del contraste, podría aportarnos algunas enseñanzas sobre asuntos cruciales que han estado tapados por la agitación sectaria y los actos de amedrentamiento. Debemos defender la unidad de la nación. No hay varias naciones dentro de Chile. No podemos aceptar la creación de un archipiélago de entidades autónomas que ponga en riesgo la cohesión del Estado. Tenemos que oponernos a las cuotas de raza que, con fines partidistas, se busca imponer en todos los órganos de poder. Hay que sostener firmemente la igualdad ante la ley.

Sin habérselo propuesto, la Convención contribuyó a configurar crudamente la amenaza autoritaria ante nuestros ojos, lo que ha permitido que valoremos mejor la cultura de la libertad, y estemos más conscientes del riesgo de perderla si actuamos de modo negligente. No podemos flaquear en la defensa de los fundamentos de la democracia liberal. Ello exige que todas las fuerzas políticas reafirmen el compromiso con sus normas y procedimientos.

Debemos precisar qué proponemos cambiar en la vida nacional, y no vacilar en proteger aquello que consideramos que debe ser conservado. Hace falta corregir muchas cosas, pero también cuidar muchas otras. Y hacerlo con sentido nacional, lo que exige dialogar y establecer amplios acuerdos. Es vital que la política recupere altura y respetabilidad.

Como está a la vista, Chile no se dejará refundar. Ese es el único punto de partida realista para encauzar el debate acerca del modo de renovar el pacto constitucional, tarea respecto de la cual el Congreso debe retomar sus deberes con la mayor dignidad posible. No hay que elegir otra Convención. Ya fue suficiente con una. Y será mejor no alentar nuevos malentendidos con la afirmación de que la Constitución vigente quedó superada o “murió” en el plebiscito de entrada. Es como decir que no tenemos Constitución. O que el Presidente y el Congreso recién elegidos son ilegítimos. El texto vigente no ha sido derogado: es el terreno firme que pisamos. Tenemos que actuar de acuerdo a esa legalidad incluso para cambiarla.

Si el Gobierno sigue actuando como si el proyecto de la Convención fuera “la Constitución de Boric”, pagará forzosamente las consecuencias: el juicio ciudadano será también sobre su gestión. (El Mercurio)

Sergio Muñoz Riveros

El Presidente y su equipo de confianza tienen dificultades para relacionarse con la realidad. Tienden a verla no como es, sino como quisieran que fuera. Allí está la raíz de los tropiezos, las imprudencias y los desatinos de los dos primeros meses. Al instalarse, parecían convencidos de que la Convención Constitucional era la vanguardia de un cambio de época, por lo que había que apoyarla sin reservas. Se imaginaron que el gobierno y la Convención unidos se convertirían en una corriente avasalladora. Pero sucede que las encuestas muestran que cambió la dirección de los vientos. Ni siquiera los entusiastas se atreven a decir hoy que el gobierno y la Convención se encaminan hacia un éxito compartido. Eso explica que Fernando Atria, uno de los padres de la criatura que está por nacer, le haya dicho a Boric que la suerte del gobierno está unida, “para bien o para mal”, a la suerte de la Convención. Como las cosas van mal, era una advertencia: no puede darle la espalda a la Convención sin pagar un costo.

No hay espacio para las cuentas alegres en La Moneda. La única duda en este momento se refiere a quién perjudica más al otro: si la Convención al gobierno, o el gobierno a la Convención. Probablemente, el contagio es mutuo. La mayoría de los ciudadanos entiende que las fuerzas que controlan la Convención son, más o menos, las mismas que están en La Moneda. No hace falta demostrar que el Frente Amplio y el PC, junto a los colectivos del octubrismo y la izquierda indígena, son los administradores de la cocina constitucional. Si además Boric y sus ministros expresan una afinidad casi incondicional con la Convención, se hace evidente que van en el mismo bote. El problema es que está haciendo agua.

Un mínimo realismo aconsejaría a Boric priorizar el resguardo de su propio poder, y evitar ser arrastrado por la dinámica disolvente de la Convención. Pero la inercia del compromiso político ha prevalecido hasta ahora. Si la ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que el gobierno no era neutral frente al proceso constituyente, se supone que lo definió antes con el mandatario. El efecto directo fue la entrada en escena de la Contraloría, que se encargó de recordar que quienes ocupan responsabilidades de gobierno tienen la obligación de ser prescindentes en las competencias electorales, lo que implica, entre otras cosas, respetar escrupulosamente las normas legales que sancionan el mal uso de los recursos públicos. Otra cosa es que los ministros y altos cargos, como ciudadanos, fuera de horario laboral y con sus propios recursos, participen en actividades de campaña.

Será inevitable la polarización política en torno al plebiscito del 4 de septiembre. Es mucho lo que está en juego, y ha ido creciendo la inquietud y el recelo de mucha gente respecto de los contenidos ya aprobados en la Convención, que constituyen un intento de “corregir la historia”, en particular la transición democrática, mediante un diseño orientado a remodelar la sociedad sobre la base de la ilusión estatista, anticapitalista, o cómo quiera llamársela. En rigor, el texto que saldrá de allí no es propiamente una Constitución para la República de Chile, sino el programa de la asociación de colectivos de la izquierda refundacional, hecho para que en el futuro “gobiernen los que tienen que gobernar”, o sea, ellos.

Boric debería concentrar sus energías en frenar el acelerado incremento de la desaprobación a su gestión. Necesita salvar su gobierno, y para ello solo le sirve hacer retroceder la desconfianza sobre lo que representa su gobierno para la estabilidad democrática y la posibilidad de que el país no se descarrile. Precisamente por eso, el compromiso con la Convención va en contra del propio interés de Boric de no naufragar. El sentido común aconseja separar aguas. Podría incluso apoyarse en las instrucciones dadas por la Contraloría sobre la prescindencia de las autoridades en los procesos electorales, para aprovechar de tomar distancia. Le bastaría con decir que el gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar que el plebiscito se desarrolle con garantías para todos. ¿Se atreverá a ello? Es poco probable. Teme ser calificado de traidor por gente como Jadue.

Aunque el plebiscito está convocado específicamente para pronunciarse sobre el borrador de nueva Constitución que proponga la Convención, todo apunta a que La Moneda apostará doble o nada en la consulta del 4 de septiembre, pensando en que, con la votación obtenida por Boric en la segunda vuelta presidencial, los electores le ratificarán su apoyo y, de paso, aprobarán el texto propuesto. Ya decíamos al principio que el problema de las fuerzas gobernantes es la relación con la realidad. El resto lo hace la embriaguez del poder, la sensación de que tienen una gran oportunidad para dar un salto, aunque no sepan bien hacia dónde.

Lo concreto es que, dadas las actuales dificultades económicas, sociales y de seguridad, dado el cuadro devastador creado en el sur por el terrorismo, dados finalmente los recelos sobre la capacidad del gobierno para conducir al país en una dirección de progreso, mucha gente considera que la manera más eficaz de oponerse al gobierno es votar Rechazo. Y si gana el Rechazo, el impacto podría ser demoledor para un liderazgo precario como el de Boric. En tal caso, no puede descartarse que la coalición oficialista no resista. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

La acumulación de errores del gobierno de Boric no es solo el efecto de la inexperiencia o la impericia, previsibles en quienes carecen de antecedentes sobre la gestión de los asuntos públicos, sino, principalmente, la consecuencia de que el mandatario y sus colaboradores cercanos tienen una visión sesgada de la realidad y de su propia capacidad de incidir en ella. Es decir, los anteojos ideológicos y la sensación de autosuficiencia han condicionado en gran medida sus criterios acerca de cómo gobernar y en qué dirección.

Esa percepción distorsionada explica la mayoría de los desatinos de Izkia Siches desde que asumió como ministra del Interior: desde el intento de demostrar, con el frustrado viaje a Temucuicui, que ella cambiaría la forma de enfrentar los problemas de la Araucanía, pasando por la acusación de racismo y clasismo al Poder Judicial, hasta el bochornoso episodio de lanzar, en pleno Congreso, una grave acusación contra el gobierno anterior sobre un vuelo de inmigrantes ilegales que nunca ocurrió.

Lo sucedido era más que suficiente para que Siches dejara el cargo, pero Boric no tuvo más remedio que mantenerla, quizás a la espera de una oportunidad para desplazarla de un modo menos traumático. El problema es que los múltiples frentes que debe cubrir el ministerio del Interior (delincuencia, migraciones, terrorismo en el sur, etc.), no admiten espera, y Siches ya perdió credibilidad.

Desde la recuperación de la democracia, no habíamos conocido un desgaste tan rápido del apoyo a un gobierno recién instalado. Y tal tendencia podría acentuarse, puesto que las circunstancias políticas y económicas, más el foco de inestabilidad de la Convención, crean un cuadro muy complejo, que plantearía un difícil reto incluso a un líder experimentado. Y Boric está lejos de serlo.

No hay cómo desconocer que la tarea de gobernar le cayó encima a un joven político que estaba en proceso de formación, al que le faltaba recorrer muchos kilómetros antes de plantearse la aspiración de conducir el Estado. Por si fuera poco, la agrupación de fuerzas que lo acompaña no es un apoyo sólido ni coherente, o que destaque por el sentido de Estado. La presión del feminismo de combate, por ejemplo, puede generar muchos enredos y malas decisiones. Y qué decir la obstinada reiteración de un diagnostico falso sobre la Araucanía (“un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche”).

Pese a todo, no debe descartarse que el instinto de supervivencia juegue su papel, y lleve a Boric a usar todas las herramientas que tiene para salvar su gobierno del declive y el fracaso. Demostró realismo al depositar su confianza en Mario Marcel como ministro de Hacienda, lo que representó una apuesta por los equilibrios macroeconómicos, y particularmente, por contener la inflación.

Ha respaldado explícitamente los esfuerzos de Marcel por frustrar el quinto retiro de los fondos previsionales que, de materializarse, echaría por tierra cualquier plan antiinflacionario y golpearía duramente el mercado de capitales. Boric parece tener conciencia de que un descalabro económico acarrearía una situación de descontento social que pondría en apuros y, quizás, hasta haría tambalear su gobierno.

No sabemos a quiénes está escuchando el mandatario en este momento, pero no tendrá otro momento para optar resueltamente por el realismo, incluso por el pragmatismo, si no quiere ser arrastrado por la dinámica autodestructiva de la Convención. Ha sido imprudente al mostrar una actitud incondicional hacia lo que de allí salga. No obstante, las encuestas que muestran el avance del Rechazo lo han obligado a asumir una postura de mayor cautela. En realidad, solo le sirve tomar distancia.

En Buenos Aires, declaró que la Convención concluye su labor dentro de un par de meses, pero que él fue elegido para gobernar 4 años, lo que puede interpretarse como compromiso con la continuidad institucional, en vez de hacer depender su mandato de lo que resuelva la Convención, como había dado a entender antes.

Necesita hacer lo posible para que, en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito de septiembre, ello no sea interpretado como una condena de su gobierno. Tarea difícil, por supuesto, debido a las señales dadas por él mismo hasta ahora, y porque, mal que mal, el FA, el PC y los socialistas actúan en la Convención del modo ya visto, embriagados también por la refundación. Y algo más: si el gobierno se compromete en la campaña por el Apruebo, sin respetar las normas legales y, sobre todo, sin considerar los controles sobre el uso de las platas públicas, correrá un inmenso riesgo.

Si Boric se inclina, con el fin de no naufragar, por una línea que pudiera llamarse socialdemócrata, no podrá dejar de pagar costos. Tendrá que ajustar equipos y planes, a la vez que dejar de usar la retórica de agitación revolucionaria que lo caracterizó como diputado, y antes como dirigente estudiantil. Deberá sostener firmemente el Estado de Derecho, y no dudar en adoptar medidas de resguardo de la población que impliquen el uso de la fuerza legítima del Estado democrático, ya sea en la Araucanía o en cualquier otro lugar.

Nadie, por supuesto, le puede garantizar buenos resultados si hace tal opción, pero no tendrá otras alternativas si quiere sobrevivir. Y puede ocurrir que su coalición de gobierno no resista un viraje tan pronunciado. ¿Existe la posibilidad de que el PC se retire del gobierno si las cosas se ponen difíciles y el mandatario explora un camino de moderación? Claro que existe tal posibilidad, sobre todo si la conducción del PC pasa a las manos de Daniel Jadue, que parece verse a sí mismo en el futuro a la cabeza de una corriente de izquierda rupturista.

De aquí al plebiscito, se decantarán forzosamente las opciones del gobierno y las de la oposición. Será muy difícil evitar un cuadro de polarización, no tanto en torno al tradicional eje izquierda/derecha, sino más bien en torno al eje estabilidad democrática/desorden refundacional. (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

El proyecto de nueva Constitución tiene padres conocidos. Se trata de la asociación de izquierdas que, encabezada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, controló la Convención de principio a fin. Nunca tuvieron en mente la opción de elaborar un texto de integración nacional, que cumpliera las exigencias de una democracia moderna, con división y contrapesos de poder, reglas claras para la competencia política, protección del principio de igualdad ante la ley, articulación de un sistema político que asegurara la alternancia, en fin, los requisitos de la convivencia en libertad.

Fue otra la prioridad. Cuestionar de hecho las bases del Estado unitario, segmentar racialmente el país y crear un sistema político que les permitiera a las izquierdas copar el poder. El Congreso de Diputadas y Diputados es una copia de la Convención, pero esta vez con poderes incontrarrestables, superiores a los del Presidente. Todo un programa. Allí están las cartas marcadas de quienes están en La Moneda. Se propusieron “ganar” la Constitución para sí mismos, ¡y quedarse con ella! Ese es el núcleo de la definición del 4 de septiembre.

Si Boric ha usado la Presidencia para imponer el proyecto de la Convención, es porque se siente interpretado. Aunque cambia rápido de opinión sobre diversas cosas, en esta materia se jugó a fondo desde marzo: por eso convirtió La Moneda en cuartel general de la campaña por el Apruebo, asumió como jefe de campaña, y validó un intervencionismo descarado. Se explica: el proyecto fue hecho para favorecer las expectativas de poder de los partidos que están en el gobierno.

Ahora, con el viento en contra, el oficialismo maniobra para demostrar que, si gana el Rechazo, las cosas quedarán en suspenso, puesto que vendría un nuevo proceso constituyente y otra Convención. Dos senadores DC avalan esa perspectiva y proponen que Boric, 15 días después del 4, entregue un proyecto que ellos dan por hecho que tendría nuevas reglas. Teillier, el jefe del PC, dice que, si gana el Rechazo, debe haber otra Convención, pero con las mismas reglas de la primera. Boric dice que el Congreso vea los detalles. Puede venir un nuevo carnaval. ¿Y por qué los senadores y diputados no toman directamente en sus manos la búsqueda de un consenso constitucional? ¿Hasta cuándo actuarán como Poncio Pilatos?

Si gana el Rechazo, fracasará el plan de refundación de Chile “a la boliviana”, promovido por el populismo de izquierda. Será la respuesta de la sociedad a la amenaza autoritaria que surgió en la Convención y avaló el gobierno. Todo ello puede tener múltiples efectos políticos. Y no habrá cómo impedir que afecte, de una u otra manera, el futuro de Boric.

Debemos dejar atrás esta etapa de confusión y demagogia, y no cometer nuevos desatinos. Necesitamos reforzar el régimen de libertades y alentar los grandes acuerdos que permitan que Chile vuelva a progresar.

No es propiamente una discrepancia constitucional la que nos conduce al plebiscito del próximo domingo, sino un conflicto crudamente político. Es la herencia del ataque a mansalva que sufrió nuestra convivencia en octubre de 2019 por parte de quienes se propusieron llevar a Chile hacia otra parte a cualquier precio.

La revuelta consiguió la desestabilización institucional buscada por sus promotores, en tanto que la Convención ayudó a entender “los hechos necesarios”, como calificó la violencia el redactor jefe del proyecto de Constitución. La cuestión medular es, entonces, si seremos capaces o no de sostener el régimen democrático frente a la más seria amenaza configurada desde el fin de la dictadura.

En la primera etapa de la Convención no fue sencillo que los ciudadanos percibieran el trasfondo político que había en la inmensa variedad de materias discutidas. A fin de cuentas, cómo no sentir cercanía con la protección del medio ambiente, la ampliación de los derechos sociales garantizados, el incremento de la presencia de las mujeres en los órganos de poder, el reconocimiento de los pueblos indígenas, etc. Sin embargo, todo aquello era adjetivo en el plan de los operadores del Frente Amplio y el Partido Comunista que redactaron el proyecto.

Lo determinante era crear condiciones para disputar el poder con ventaja y, en lo posible, quedarse con él por tiempo indefinido. No les interesó elaborar un proyecto que favoreciera la unidad nacional y reforzara el régimen democrático, sino armar uno que promoviera la idea de refundar Chile y aplicar, por fin, “el otro modelo” que tenían reservado para corregir lo hecho en los últimos 30 años, verdadera obsesión de la nueva y la vieja izquierda, hoy unidas.

Los redactores pusieron todos los árboles posibles para tapar el bosque. Por ejemplo, el reconocimiento de 103 derechos sociales tapa el hecho de que en el texto no hay ni una sola forma de incentivo al crecimiento de la economía y al aumento de la productividad para que tales derechos se hagan realidad. La ampliación del derecho de huelga, que parece favorecer a los trabajadores, tapa la perspectiva rupturista de paralizar las actividades de muchas empresas al mismo tiempo, y no solo por razones laborales. La expropiación de tierras reclamadas como ancestrales tapa el riesgo de que estallen innumerables enfrentamientos a lo largo del país.

Las huellas digitales están en el parlamento ideado: un Congreso de Diputadas y Diputados hecho a imagen y semejanza de la Convención, pero esta vez con facultades omnímodas, superiores a las del Presidente. Si la izquierda autoritaria controlara al mismo tiempo ese órgano y la Presidencia, se iniciaría la cuenta regresiva para la democracia. Tan seguros estaban los operadores de que así favorecían su propio plan, que pasaron por alto que esa misma estructura podría ser aprovechada por una derecha autoritaria.

Fue visible el desprecio por el Estado nación y los fundamentos de la democracia liberal. También la actitud indulgente hacia la violencia política. Y ciertamente, la hostilidad hacia la estrategia de desarrollo sustentada en la confluencia del mercado y el Estado en favor del progreso real.

Lo que propone el texto es que el país adopte otro rumbo, de contornos brumosos, pero en el que es posible reconocer la ilusión revolucionaria que tantas calamidades ha provocado en tantas partes. Seis millones de venezolanos forzados a abandonar su país, son el último testimonio de tales desastres.

El proyecto de Constitución que apoya el gobierno es la condensación de la revuelta de 2019. La violencia en gran escala, que prohijaron los partidos oficialistas, fue el acta de bautismo de la aventura constituyente. El chantaje de que podían venir nuevas violencias fue, sin duda, “el factor de éxito”. Por eso, se ilusionaron con ganar el plebiscito de salida, para así copar el poder sin contrapesos. ¡Qué revelador fue que el PC calificara el plebiscito como “la batalla de todas las batallas”!

La verdadera definición es la lealtad con la democracia. Esto no es claro para quienes creen en la acción directa como vía de compensación de todas las frustraciones, o para los que solo ven su propia bandera identitaria, o para quienes imaginan una sociedad feliz que surgiría de las cenizas de la actual. Muchos jóvenes deberían saber que es perfectamente posible que surja una dictadura que se declare ecologista, o que tenga paridad de género, o que dé un trato preferente a los indígenas, ¡y no dejaría de ser una dictadura! La causa que necesitan defender es la libertad. Otros jóvenes, que no lo entendieron hace 50 años, perdieron la libertad y en muchos casos la vida.

De poco le servirá a nuestro país tener una nueva Constitución si sigue habiendo partidos que toman la parte de ella que les conviene y le dan la espalda al resto. Sabemos, además, que hay grupos a los que no les interesa ninguna Constitución. ¿Qué Constitución podría satisfacer a la Coordinadora Arauco Malleco y las otras agrupaciones dedicadas al latrocinio revolucionario en el sur? ¿Qué Constitución llenaría el gusto de los “overoles blancos” y demás grupos comprometidos en el vandalismo? ¿O de las bandas criminales?

Para que Chile supere las complejas pruebas que hoy enfrenta, lo decisivo es sostener el orden democrático sin vacilaciones. Hay que mejorarlo, por cierto, pero lo primero es oponerse a pie firme a los intentos de debilitar sus cimientos. Afortunadamente, ha crecido la comprensión de este asunto vital. Corren vientos esperanzadores. ¡A votar! (Ex Ante)

Sergio Muñoz Riveros

La revuelta del 18 de octubre de 2019 dejó una herencia ostensible de destrucción, pillaje y retroceso económico, pero también otra herencia que representó, si puede decirse así, una especie de carga de profundidad en nuestra convivencia: convirtió la violencia en un factor omnipresente; extendió la desconfianza, el miedo y la incertidumbre; erosionó el compromiso de las fuerzas políticas con el régimen democrático, y, ciertamente, abrió un gran interrogante sobre el futuro de Chile.

Ha pasado un año y es insostenible la interpretación de que fuimos testigos del estallido de la cólera del pueblo; no obstante, hace poco lo volvió a decir en este diario un ex ministro socialista del gobierno anterior. Chile no quedó desfigurado por las “protestas ciudadanas”, sino por la incivilidad y la barbarie, que no se detuvo ni ante las iglesias. Y está claro que la revuelta requirió planificación, coordinación y financiamiento. No se ha escrito todavía la parte más oscura de esta historia: la relativa a las fuerzas organizadas que se movilizaron para empujarnos al caos.

Fueron muchas las expresiones de fariseísmo político que vimos en este año, también muchas las veleidades de figuras públicas que, parapetadas en el discurso de la desigualdad, buscaron congraciarse con los iracundos, disimulando apenas el temor a contradecirles. Fue vergonzosa la desaprensión con que actuaron muchos parlamentarios, embriagados los más jóvenes por la ilusión de estar protagonizando una epopeya, y entregados los más viejos a los acomodos convenientes, amnésicos respecto de las desgracias del pasado.

No se entiende lo que pasó si se esquivan los elementos crudamente políticos que estuvieron presentes. Quienes incitaron a saquear, quemar y destruir, buscaron desarticular la vida del país, aterrorizar a la población y provocar un quiebre institucional. ¿Hace falta probar a estas alturas que hubo un intento por interrumpir el mandato del Presidente de la República, primero por las vías de hecho y luego en el Congreso?

El acuerdo del 15 de noviembre pareció una demostración de madurez cívica para pacificar el país. Así lo creyó el Presidente, sin cuyo aval ese acuerdo no se habría materializado. Pero las cosas evolucionaron de otro modo. Cinco días después del acuerdo, el PC y el Frente Amplio acusaron constitucionalmente a Piñera, y más tarde, los partidos que sí lo firmaron (PS, DC, RD y los demás) votaron en la Cámara a favor de la destitución del mandatario. Gracias a que ocho diputados opositores tuvieron conciencia de que el país caminaba por la cornisa, se evitó la crisis institucional. El acuerdo por la paz dejó en suspenso la paz.

Y aquí estamos ahora, frente a un plebiscito que el país pudo ahorrarse si el Congreso hubiera estudiado una propuesta de cambio constitucional que pudo haberse zanjado a principios de este año. La votación se efectuará en condiciones de emergencia sanitaria (10 regiones han aumentado sus casos activos), y es previsible que muchos adultos mayores opten por cuidar la salud y no votar. Se trata, además, de un plebiscito con opciones interpretables, cuyas eventuales consecuencias no se conocerán antes de 2022, o sea, cuando ya esté elegido un nuevo Presidente y un nuevo Congreso, de acuerdo obviamente con las normas de la Constitución vigente. Esto lo ignora la mayoría de los ciudadanos, que escuchan discursos que dan a entender que un nuevo texto resolverá todas las carencias y que eso está a la vuelta de la esquina. Por si fuera poco, hasta ahora no hay acuerdo acerca de cómo operarán los dos tercios ni el reglamento de la eventual Convención.

Solo queda desear que el plebiscito se desarrolle sin incidentes, con garantías de seguridad para los votantes. Hay que asegurar que los resultados se conozcan el mismo domingo 25 y que no merezcan reparos. ¿Qué vendrá enseguida? Lo más probable es que el proceso constituyente pase a segundo plano, puesto que los partidos se concentrarán en la avalancha de elecciones que parte en abril. Si se elige la Convención, ¿qué posibilidades hay de establecer grandes acuerdos? Nadie lo sabe. Pero si ello se hace inviable, habrá que decírselo al país y actuar en consecuencia.

Cualquiera que sea el resultado del plebiscito, Chile tiene que seguir sosteniendo el esfuerzo por superar los estragos de la pandemia, alentar el crecimiento económico, crear puestos de trabajo, normalizar las actividades educacionales, reforzar el sistema de salud, en fin, retomar el camino del progreso para que la vida sea mejor para todos. Pero esto exige erradicar la violencia y asegurar el respeto a la ley en todo el territorio. Debemos reforzar las bases del Estado de Derecho, que nos protege a todos. Hay mucho que hacer para mejorar nuestro país, mucho que corregir, pero la vía para ello es defender la democracia a pie firme, contra viento y marea. (El Mercurio)

Sergio Muñoz Riveros