El pasado domingo 21 de noviembre, se decidió, mediante una elección democrática, que dos de nuestros conciudadanos disputen próximamente la Presidencia de la República. El evento tendrá lugar en una atmósfera polarizada y difícil. Son de prever ataques no siempre nobles y es probable que el miedo y la mentira se hagan presentes también. No es algo que deseáramos la mayoría de nosotros, habitantes de esta Patria, pero es el lugar al que nos ha conducido nuestra propia incapacidad de impedirlo. Es la hora de tomar el camino de retorno a la convivencia cívica, de la cual la misma elección que dejó a dos de nosotros como alternativa presidencial, es el mejor ejemplo de lo que se puede y se debe hacer cuando somos conscientes de que es nuestra responsabilidad, y la de nadie más, proteger la democracia como única buena forma de convivencia social.

Por ello, sin presunción alguna ante los dos candidatos elegidos preferentemente por la ciudadanía, pero con el vigor que nos confiere nuestra condición de demócratas, iguales a ellos en derechos y obligaciones, demandamos de José Antonio Kast y Gabriel Boric un compromiso con la protección de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Ese compromiso reforzará la seguridad de que nadie en Chile debe esperar de quien resulte vencedor amenaza alguna o motivos de temor por la democracia y sus instituciones. Será un primer paso cierto en el camino de la paz social, la convivencia cívica y la vigencia de la democracia como la norma que fundamenta y estructura nuestra sociedad.

Pedimos de ellos la aceptación explícita de los siguientes compromisos:

1. El compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos, individuales y sociales. En todo tiempo y lugar y sin dobles estándares. El reconocimiento de los mismos, constituyen la expresión máxima del desarrollo civilizatorio de la humanidad. Sin respeto de estos derechos, ninguna libertad y ninguna garantía tienen vigencia. Demandamos de quien va a ser Presidente de Chile, su compromiso sin restricciones ni vacilaciones de ningún tipo con los derechos de expresión, organización, libre circulación y libertades políticas, sociales y económicas.
2. El compromiso con la democracia representativa. Esto es el compromiso con el sistema democrático basado en libertades individuales y colectivas –de la que hacen parte importante los derechos humanos–, en la división de los poderes del Estado y en el equilibrio y mutuo control entre esos poderes, elegidos por ciudadanos que son a su vez libres e iguales en derechos y deberes. Y junto a esto, el principio de un ciudadano un voto. Con ello estamos demandando del futuro Presidente de Chile su compromiso con el respeto y mantención del sistema que lo llevará a él mismo a ocupar la primera magistratura de nuestro país.
3. El compromiso con el Estado de Derecho. O el compromiso de respetar, sin subterfugios, interpretaciones o el aprovechamiento de resquicios, la letra de las leyes y normas constitucionales vigentes, así como acatar sus modificaciones cada vez que ellas tengan lugar por intermedio de procedimientos igualmente legales y constitucionales.
4. El compromiso con la unidad del Estado de Chile. Sabemos que más de un pueblo puede habitar en nuestra patria, pero el Estado es y debe seguir siendo uno y unido, representante de todas y todos los chilenos. Cualquier desmembramiento o desgarro del Estado sólo significaría el inicio de la destrucción de la casa común de los pueblos que en este momento conviven en Chile.
5. El compromiso con una justicia constitucional autónoma. El respeto de las leyes y las normas constitucionales no puede ser juzgado por los poderes del Estado que son a su vez actores del proceso legislativo y judicial. La vigencia de la democracia y el ejercicio recto del orden legal hacen necesario la existencia de un poder dirimente, autónomo e imparcial.

• El compromiso y defensa de la existencia de aquellos órganos autónomos que garantizan calidad democrática e institucional del país. Nos referimos al Servel, instancia que asegura la imparcialidad en las elecciones democráticas; nos referimos al Tribunal Constitucional que ejerce la función de cautelar la constitucionalidad de las leyes; nos referimos a la Contraloría de la República, que vigila y sanciona el correcto funcionamiento de la administración pública y los recursos del Estado; nos referimos al Banco Central, que vela por el control de la inflación y la sana economía, sin perjuicio de la orientación que a la política económica los gobiernos quieran darle, pues requiere de una voz autónoma que advierta de los riesgos que acechan a esta esencial actividad social. Asimismo, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Alta Dirección Pública y el Consejo de la Transparencia. Las anteriores son funciones que solo pueden cumplirlas organismos independientes e imparciales, dotados de las capacidades que la Constitución y las leyes quieran otorgarle.
• Condenar la violencia y asegurar el orden público, tareas ineludibles en una democracia y sociedad debidamente organizada. Adoptando al efecto las medidas que el estado de derecho faculta al Gobierno y a los Poderes del Estado.
• Velar por el desarrollo del proceso constituyente establecido por el Congreso y ratificado por el plebiscito del 25 octubre 2020, acogiendo y actuando desde el poder ejecutivo lo que sobre ella decida el pueblo soberano en el plebiscito de salida.

Todo esto sin perjuicio de cómo los abajo firmantes votemos, o elijamos nulo o blanco, según las inalienables convicciones personales. Pero algo nos une: la confianza en que la serenidad de juicio de quienes hoy son los posibles futuros gobernantes de Chile, les llevará a escuchar nuestra demanda, ejercida en plena legitimidad democrática y ciudadana.