27 Abr Rodrigo Ubilla Mackenney
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Medidas propuestas por ministra Toha, 3 febrero 2023
Este martes, el Ministerio del Interior presentó el Compromiso Transversal por la Seguridad, una de las principales tareas que asumió la ministra Carolina Tohá desde su llegada a La Moneda tras el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre.
La discusión, sin embargo, se trabó luego de que el Presidente Gabriel Boric entregara una serie de indultos que icluyeron a presos del llamado «estallido social» y a un ex frentista, lo que causó que los parlamentarios de Chile Vamos abandonaran la mesa de conversaciones.
Debido a esto, el pacto no logró convocar a todos los partidos políticos, sino que se logró tras la reunión de Tohá con alcaldes, gobernadores, parlamentarios oficialistas, el senador RN Manuel José Ossandón y el diputado del PDG Gaspar Rivas, los únicos opositores presentes. En Mirada Líbero conversamos sobre este tema con Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior y actual Director del Programa Político y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.
Para Ubilla, esta propuesta “es realmente pobre”. A lo que se suma el momento en que se anuncia. “Estamos a punto de cumplir un año de gestión de gobierno y recién hacia finales de este primer año, el Ministerio del Interior ha tenido una acción que en mi opinión es fallida respecto a convocar a distintos sectores políticos para enfrentar una agenda del tema más importante que es la seguridad. Esta conversación no la estamos teniendo en marzo, abril o mayo del año pasado, sino que a finales del primer año de gobierno, que es muestra de debilidad”.
El exsubsecretario del Interior señaló que hizo dos lecturas del documento que anunció el Ministerio del Interior y explicó que “aproximadamente el 40% de las 70 y tantas medidas que propone este borrador de acuerdo -la propia ministra dijo que era un borrador en discusión que se trabajaría durante febrero- son administrativas. Es decir, basta la instrucción de un ministro o subsecretario de Estado para que una repartición pública tenga que hacerla. Entonces, haber esperado tantos meses, y hacer una discusión pública de todo esto para que, a lo menos, el 40% se pueda hacer por secretaría, me parece insólito”.
Sobre el resto de las medidas, dijo que “alrededor del 58% son de orden legislativo. Recién ahí entran los parlamentarios a conversar, y cuando uno mira la naturaleza de las propuestas, la mayoría se dice que se presentará ‘el primer trimestre’, ‘el segundo trimestre’ de este año, ‘se preparará un anteproyecto de ley’. Es decir, tampoco hay una bajada específica respecto de lo que se quiere hacer”.
A pesar de lo anterior, Ubilla reconoce algunas medidas positivas de lo presentado ayer por la ministra Carolina Tohá, como el plan de aumentar la dotación de asistentes policiales, funcionarios que cumplen funciones importantísimas en temas investigativos, “y propone hacerlo con recursos del Tesoro para aprovechar bien los recurso públicos y aumentar la planta a aproximadamente 400 a 500 funcionarios de la Policía de Investigaciones. 500 funcionarios es un número muy relevante”.
Los «peros»
Aún así, el actual Director del Área Política de LyD manifestó su preocupación por cómo se aborda el problema del crimen organizado en este acuerdo y por parte del gobierno. Señaló que “es repetir lo mismo que esta en el Congreso y nada nuevo. En la discusión presupuestaria se hablaba de 65 mil millones de pesos para tener dinero fresco para combatir el crimen organizado, y no hay ningún antecedente financiero. Cuando se leen las medidas para fortalecer Aduanas y otras instituciones, se dice ‘vamos a comprar máquinas de scanner para Aduanas’, pero el problema no pasa por los pasos habilitados, el contrabando las armas pasan por pasos no habilitados. Ahí no hay ni siquiera luz eléctrica, pasa la gente en la noche a cualquier hora, con contrabando, droga, etc. Entonces, le falta a este gobierno la conceptualización de problemas de fondo”.
Añadió que “el propio Subsecretario del Interior, cuando dio a conocer este plan, dijeron que en marzo se haría la primera evaluación. Nosotros en LyD estamos día a día siguiendo ese tema, creemos que no podemos seguir escuchando promesas que no se cumplen o no se ejecutan o se administran con una nuevo plan como este. El plan de crimen organizado debe estar implementándose y no requería este acuerdo transversal”.
Respecto de la protección de las víctimas, Ubilla apuntó que la propuesta de crear una Defensoría de las Víctimas se discute desde hace varios años, “desde el gobierno de Piñera e incluso desde el gobierno de Bachelet. Dice que le van a poner urgencia, pero que estará asociado solo a delitos de homicidios y violación. ¿Qué pasa con portonazos, los secuestros, atentados incendiarios en el sur? Deben agregar todos los delitos que son mayoritarios, los con mayor frecuencia son robo, hurto, encerronas, portonazos, etc. Es un problema de enfoque, aquí se mira los derechos del victimario, pero no de las víctimas”.
Asimismo, señaló que “es hora de que el país dé los presupuestos, si esto es la primera preocupación de la población. En vez de seguir creando comités y mesas de trabajo, ocupemos esos recursos para atender la primera necesidad de las personas que es darle seguridad. Entonces, esto se hizo nuevamente de mala manera, hay falta de lineamientos ideológicos, y más encima se le asigna responsabilidades a la oposición que no está sentada a una mesa, lo que es ridículo porque el 40% de las medidas no requieren a parlamentarios de oposición”.
“La pregunta es de quién es la responsabilidad de la seguridad, y es del Estado”
El exsubsecretario también se refirió a la polémica entre el Ministerio del Interior y los centros comerciales, tras los dichos del Subsecretario Monsalve luego del robo a la tienda MacOnline en el Mall Plaza Egaña. Frente a esto, señaló que “me llama la atención que no hayan continuado la mesa público-privada que el Ministerio del Interior siempre ha tenido. Siempre existían trabajos muy cercanos del Ministerio con centros comerciales, con el comercio detallista, y todas las áreas que podían ser gravitantes en este tema, y por lo tanto me sorprende el diálogo áspero que se produjo, porque si uno tiene una mesa permanente ese diálogo se hace primero dentro y no por la prensa”.
De igual manera, manifestó que “independiente de cuál sea el monto de los recursos, la pregunta es de quién es la responsabilidad de la seguridad, y es del Estado. Los mall o tiendas de barrio lo que tienen que hacer es tomar medidas privadas para mejorar sus estándares de seguridad, pero sigue siendo la responsabilidad del Estado darle seguridad a todos los ciudadanos. Tenemos una ley de seguridad privada bastante débil y muy antigua, y el gobierno recién dice que entregará indicaciones para esa ley en el primer semestre, cuando ya debería estar aprobada”.
Su llamado es a que “no perdamos el tiempo, colaboremos. ¿Están las cámaras de los centros comerciales en línea con las comisarías más cercanas? ¿Carabineros o la PDI han sugerido cómo mejorar sus estándares? El conocimiento lo tienen los actores del Estado, ¿han transferido esa expertiz a los centros comerciales? No es porque yo defienda el centro comercial, sino que yo defiendo el espacio público que entrega el centro comercial. Hoy muchos chilenos van a esos espacios públicos, entonces el Estado no puede deshacerse de sus niveles de responsabilidad».
Trayectoria Política
Ubilla Mackenney Rodrigo (1958) Sociólogo, miembro de Renovación Nacional, subsecretario del Interior 2010-2014; “Por cada kilo de droga detectado hay tres kilos que pasan los controles. 766 kilos de cocaína han salido de puertos nacionales desde hace un año y medio” La Tercera, 19 noviembre 2011; “Hay debilidad en inteligencia de Carabineros para adelantarse a los hechos. Vamos a tener en 2012 en forma permanente grupos pequeños actuando simultáneamente en distintos puntos del país o de la ciudad, a fin de producir desorden público con niveles progresivos de violencia” (1);
nuevamente subsecretario del interior 2018-2019: sobre Pacto Mundial Migratorio: “No corresponde que iniciativas que tienden a orientar la acción internacional se constituyan, por conceptos de ambigüedad propias del texto, o por afirmaciones categóricas, en una especie de camisas de fuerza” (2).
«En tres ocasiones le pidió al presidente Piñera que lo liberara de la Subsecretaria del Interior, pero Piñera no lo dejo ir. Las razones de Rodrigo Ubilla no pasaban solo por el cansancio, sino que su constatación personas era que si salia Andrés Chadwick del Ministerio del Interior, lo que correspondía era que salieran juntos» (3).
Director del área política del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo 2020.
«la centroizquierda tenia la oportunidad de definir su identidad, diferenciarse en los nuevos tres tercios. La votación contra el ministro Víctor Pérez y la censura de la mesa muestran que no han sabido leer y no han aprendido nada a partir del plebiscito. Tampoco han logrado la unidad, que es su principal talón de Aquiles… el sector que menos ha comprendido el momento que vive el país. Optó por seguir achoclonado con el Frente Amplio y el PC, que se sienten autores y responsables del 78%, y que son el original, no la copia… la extrema izquierda sabe que tiene una oportunidad única de ser el tercio mas grandes sacar mas constituyente, manteniendo su discurso duro, con posiciones extremas hacia el Gobierno» (4)
Rodrigo Ubilla: “Hasta ahora hemos visto un Gobierno sin agenda ni liderazgo”. El exsubsecretario del Interior considera que “hay una falta de Gobierno, de sintonía con lo que la gente siente y las respuestas son básicamente eslóganes”. Piensa que los convencionales han confundido una suerte de reivindicación a sus intereses identitarios por sobre la necesidad del país como un todo”. Sobre las medidas anunciadas este viernes por el Ministerio del Interior asegura que “existe un pie cojo en materias preventivas” (5) |
(1) El Mercurio 26 enero 2012. (2) El Mercurio 10 diciembre 2018. (3) Revista Capital, 20 diciembre 2019.
(4) El Mercurio 8 noviembre 2020
(5) El Mercurio 1 mayo 2022
Bibliografia
Otras publicaciones
«El país tiene que recibir el número de extranjeros que somos capaces de atender» 7 abril 2018
Carta a La Tercera, 18 agosto 2020: «El domingo, la senadora Isabel Allende hizo una fuerte defensa de la Visa de Oportunidades Laborales que le daría a todos los extranjeros el derecho a buscar trabajo a Chile. Esto significa que cualquier ciudadano, de cualquier país del mundo, puede buscar empleo en Chile sin ninguna limitación.
Solo le pregunto a la senadora Allende, ¿podemos hoy los chilenos entrar a Europa, a Canadá, Estados Unidos u otro país y decir: “me quedo a buscar empleo” sin nada más que manifestar esa decisión? La respuesta es clara y es un no rotundo.
Es hora de hablar con la verdad: abrir de forma ilimitada la migración impactará en la posibilidad de encontrar trabajo a quienes ya viven en Chile, como a quienes ingresen con esa falsa ilusión.
Son los propios migrantes que viven en el país y la comunidad nacional los que llaman hoy día a los legisladores a votar pensando en reglas claras que favorezcan la regularidad migratoria y no la creación de falsas expectativas que terminan favoreciendo la migración irregular, la vulneración de los derechos de los extranjeros, la precarización del empleo y la vulnerabilidad de los migrantes en el país».
La Tercera, carta, 27 junio 2021: Hacerse cargo de la baja postulación a las escuelas de Carabineros también pasa por el compromiso del Congreso de aprobar con celeridad los proyectos de ley que están, por largo tiempo, en trámite y del Ministerio del Interior, de materializar los compromisos asumidos a comienzo de 2020, cuando se dieron a conocer las conclusiones del Consejo de la Reforma a Carabineros… como país debemos reconocer la necesidad de darle mayor protección física y jurídica a los policías…
“Gracias totales cabr@s” Rodrigo Ubilla 30 mayo, 2022
En abril de 2012, en una columna de opinión, en el marco de la discusión sobre el uso legítimo de la fuerza, hice referencia a que el principal problema que enfrentábamos en ese momento, era que distintos actores políticos habían “intentado instalar la noción de que esta administración busca imponer una determinada visión de sociedad por medio del uso ilegítimo de la fuerza pública” y que “más allá de tratarse de una acusación irresponsable e infundada, evidencia un desconocimiento malintencionado de la legitimidad del Gobierno e infringe un grave daño a nuestra institucionalidad”.
En esas mismas líneas, ya se advertía una falta de condena a la violencia, “si buscamos cuál es la gran diferencia entre el escenario forjado por las fuerzas democráticas en el periodo 1990-2010, comparado con el que se ha ido asentando ahora, ésta es sin duda la falta de una condena unánime y decidida al uso de la violencia (…) Oposición y oficialismo construimos y respetamos un consenso básico, que emanaba de un diagnóstico común acerca de la polarización y violencia previa al 11 de septiembre de 1973, como una de las causas relevantes del quiebre democrático. Este consenso condujo a quienes insistían en alzar la vía violenta como expresión política a transformarse sólo en una minoría bulliciosa e irrelevante”.
Poco ha cambiado respecto del análisis en estos 10 años, aunque el contexto es aún más preocupante. La condena a la violencia es la clave desde la cual se funda la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado. Cuando un diputado de la República -hoy ministro de Estado- publica en sus redes sociales “Gracias totales cabr@s” en relación a un video que muestra una evasión masiva del pago en una estación de Metro, en el contexto de los hechos de violencia que enfrentó el país a partir del 18 de octubre de 2019. No podemos sorprendernos hoy porque la evasión del transporte público supere el 30% y que microbuses sigan siendo incendiados.
Algunos integrantes del Frente Amplio y el Partido Comunista parecieron creer que les bastaba conquistar el poder para que la violencia que justificaron y validaron se terminara. Otros, nos dan a entender, con un discurso que colinda con la amenaza, que el final de la violencia ocurrirá cuando la nueva Constitución sea aprobada, pero ya conocemos el libreto y podemos prever la excusa siguiente si gana el Apruebo: el fin de la violencia vendrá cuando la nueva Carta Magna esté efectivamente implementada; luego, dirán que la tranquilidad se pospondrá hasta que efectivamente se cumplan las promesas y así sucesivamente…
Urge, por parte de las nuevas autoridades, señales claras a la hora de calificar los hechos de violencia en la Macrozona Sur, en la plaza Baquedano, en las inmediaciones de establecimientos emblemáticos, entre otros. Es hora de poner en perspectiva de una vez, que la validación de la violencia está ligada a los peores momentos de la historia de nuestro país y no lo contrario, y por ello, cuando el Gobierno tome la decisión de hacer uso legítimo de la fuerza para poner orden, estoy seguro que encontrará en esta oposición el apoyo que permitirá que quienes insisten en la vía violenta de resolución de conflictos, se transformen nuevamente en una minoría irrelevante que paga por sus actos y no recibe un “gracias totales”. (La Tercera)
Rodrigo Ubilla