Fríes Monleon (Julia) Lorena (1960)[1] nacida en Suiza, nacionalizada chilena, la familia se trasladó a vivir a Chile ya que su padre asumió como gerente de un laboratorio suizo en Chile; abogada, master en derecho internacional de los DD.HH.;

El principio de igualdad es uno de los pilares sobre los cuales las democracias modernas se han construido. Su desarrollo y complejización a partir de su enunciado más básico “trato igual para los iguales” da cuenta de procesos históricos de exclusión/inclusión en los que se transita desde la apuesta a la superación de las desigualdades entre personas a las desigualdades entre colectivos, grupos o mayorías.
La “igualdad formal” puso énfasis en el valor de las personas y sus méritos negando la situación de desventaja que viven ciertos colectivos o grupos, y delegó en el poder político-jurídico la decisión sobre qué distinciones serían consideradas discriminatorias o no en una sociedad determinada.
El principio de igualdad coexistió durante largos períodos con un conjunto de relaciones de dominación que se consideraban naturales y por tanto legítimas.
Frente a la crítica de la igualdad formal surgen dos conceptos: el de “igualdad de resultados” y el de “igualdad de oportunidades”. El primero se centra en alcanzar resultados iguales. Así, supera las críticas al principio de igualdad formal en la medida que reconoce que un trato aparentemente idéntico puede, en la práctica, generar una desigualdad producto de discriminaciones históricas y/o presentes. Por tanto, el propósito de esta igualdad de resultados es lograr efectivamente una distribución más justa de los beneficios, mientras que el de la igualdad formal se basa en una noción de justicia meramente procedimental derivada del trato igualitario.
La igualdad de oportunidades se encuentra a mitad de camino entre la igualdad formal y la de resultados. Intenta generar condiciones sociales, jurídicas, políticas y económicas para aquellos/as que se encuentran en una situación de desventaja, de manera que gracias a dichas condiciones tengan las mismas oportunidades que los/as que no están en esa situación. Dadas las condiciones, los problemas derivados de la discriminación institucional desaparecen y en razón de ello las personas deben ser tratadas con igualdad, prescindiendo de cualquier característica adscrita.
Esta aproximación a la igualdad es utilizada ampliamente en el diseño y formulación de políticas públicas sociales, pero presenta una serie de problemas que aún no han sido debatidos.
La igualdad de oportunidades no asegura resultados. Garantizar condiciones de partida igualitarias en una carrera no asegura necesariamente que se corra el trayecto prefijado y menos que se lleve a término junto a los restantes competidores. En efecto, las condiciones de discriminación que viven las mujeres o las personas que pertenecen a otros colectivos con desventajas históricas están presentes en todos los ámbitos de la vida y, por ello, no basta sólo garantizar un punto de partida igualitario. Así, únicamente el acceso a poder y recursos1 económicos, sociales, culturales, etcétera, permite repartir beneficios a la vez que garantizar espacios de participación para dichos colectivos. Entre las herramientas que la igualdad sustantiva o de resultados incluye están, por ejemplo, las acciones afirmativas de resultado.

Uno de los acentos que han puesto las feministas en materia de igualdad es que ésta debe ser capaz de incorporar aquellas relaciones que se dan al interior de la familia, espacio en el que originalmente se estructuran las situaciones de discriminación que siguen a las mujeres en el ámbito público. La naturalización de un tipo de familia ha invisibilizado las relaciones de poder entre sus componentes, cuestión que logra ponerse de manifiesto a partir del desarrollo de los derechos humanos y, en particular, de los derechos humanos de las mujeres.
La división sexual del trabajo en productivo y reproductivo es la base de la familia patriarcal y se proyecta al espacio público, que es propiamente masculino a pesar del ingreso masivo de las mujeres en el último siglo. Ciertamente, es el espacio público el que constituye a los sujetos en ciudadanos, y por ello la ciudadanía de las mujeres no es completa. La maternidad social y biológica no hace parte de dicho espacio y, en el mejor de los casos, únicamente es considerada a partir de visiones paternalistas y proteccionistas que parten de una supuesta incapacidad/fragilidad de las mujeres.
No se trata entonces de buscar fórmulas de conciliación entre “vida familiar” y “vida laboral”, puesto que en un contexto en el que “lo privado” en tanto crianza y cuidado del hogar es tarea exclusiva de las mujeres, las únicas llamadas a conciliar son las propias mujeres. Tampoco se trata de introducir una noción que, si bien es aparentemente más igualitaria en términos de roles, no termina de afectar las estructuras mismas de la subordinación femenina. Me refiero al concepto de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en relación con la reproducción de la vida doméstica. Ni siquiera en sociedades más desarrolladas como las nórdicas se ha logrado superar la desigualdad de género.
Una aproximación que tenga por objeto superar las condiciones de subordinación que viven las mujeres como producto de su asignación exclusiva a las tareas de la crianza y el cuidado, es la separación entre la sexualidad y la reproducción, cuestión que aún está sujeta a discursos y prácticas religiosas, culturales, y muchas veces legales y económicas. Un segundo elemento es la escisión entre reproducción y familia matrimonial, de manera que la maternidad y la paternidad sean hechos independientes y voluntarios3 garantizados legalmente en todas sus formas, que no dependan de la existencia de una estructura u organización social determinadas.
Se trata de cambios profundos que revolucionan concepciones aún no cuestionadas, como las de heterosexualidad y maternidad-paternidad ligadas a la noción de familia. Desdibujar a través de políticas públicas las fronteras que trazan dichos supuestos es uno de los caminos para que lo privado deje de ser la carga que las mujeres arrastran a lo público.

La ecuación “crecimiento económico y redistribución de la riqueza” parece una fórmula adecuada a los tiempos de globalización económica, que incorpora a dos actores claves en la consecución del bienestar de la población: el mercado y el Estado. Bajo la lógica del crecimiento económico, el mercado juega un papel central generando los incentivos para que la oferta y la demanda se expresen, busquen su cauce y se materialicen en un mayor desarrollo económico. Sin embargo, ello no garantiza que dicho crecimiento llegue a todos los sectores, en particular a aquellos que sufren desventajas históricas o presentes. El Estado por su parte sigue siendo el principal garante de la redistribución de la riqueza en la medida que su finalidad no es el lucro sino el bienestar general de todas las personas. Es mediante la regulación y los sistemas de tributación, principalmente, como el Estado reordena y reasigna recursos
de acuerdo a las necesidades, evitando las incertidumbres que se derivan de la globalización.
Más aún los Estados siguen siendo los sujetos fundamentales del Derecho Internacional y es en su condición de tales que han acordado respetar y garantizar un conjunto de derechos económicos, sociales y culturales de carácter universal. Dado que la capacidad de cada Estado para satisfacer las necesidades básicas de la población es diferente, se ha elaborado un conjunto de “mínimos”, de cuyo goce nadie debiera quedar excluido/a. En la práctica los modelos de desarrollo económico centrados en el crecimiento han distorsionado el rol del Estado, reduciéndolo en muchos casos a un mero árbitro de la libre competencia.
A su vez, es reciente el desarrollo de normativa relativa a la responsabilidad de las transnacionales y corporaciones en materia de derechos humanos. Dichas entidades aún no asumen que dado el rol decisivo que tienen en la generación de empleo, en el impacto medioambiental y en las condiciones de desarrollo de algunas economías del planeta, también les cabe mayor responsabilidad. “A mayor poder, mayor responsabilidad”, como decía Mary Robinson.

Por otro lado, uno de los sectores más vulnerables en el mundo está compuesto por las mujeres pobres. Sus aportes al desarrollo económico no son debidamente considerados e incluso han tenido que pagar el costo de las políticas de ajuste y reducción del Estado. El trabajo doméstico que desempeñan las mujeres en las ciudades y en el campo es indispensable para generar las bases materiales para la reproducción de la fuerza de trabajo, de la cual hacen parte en peores condiciones que los hombres. En muchos países, incluido el nuestro, se desconoce el valor del aporte que ellas hacen a la economía, que representa costos que de otra manera tendrían que absorberse mediante el mercado y el Estado.
Los discursos en la actualidad apuntan a la necesaria inclusión de las mujeres al mercado, para lograr un desarrollo sustentable en el tiempo. Pero lo que no es posible sostener en el tiempo es el doble esfuerzo que la mayoría de la población femenina hace para conciliar el trabajo productivo remunerado con el trabajo doméstico y de cuidado. Medidas que buscan disminuir la carga doméstica de las mujeres, por ejemplo la creación de sistemas de cuidado infantil de soporte público o de empresas, no logran dar cuenta de que los costos de la reproducción no son exclusivos de las mujeres sino de hombres y mujeres, padres y/o madres que trabajan remuneradamente. Todo avance efectivo en el sentido de independizar los conceptos de género y de sexo deben apuntar a distribuir los costos de la reproducción de manera igualitaria entre hombres y mujeres.

Las políticas de acción afirmativa constituyen un instrumento eficaz para la generación de igualdad de oportunidades. Dicha acción incluye un conjunto de medidas susceptibles de incorporarse en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social y se caracteriza por su temporalidad y por estar dirigida hacia grupos o sectores que históricamente han sufrido discriminación, con el objeto de contribuir de facto a avanzar hacia la igualdad. Es decir, se reconoce con estas medidas el carácter estructural y sistémico de la discriminación que viven las mujeres, las personas afrodescendientes y las poblaciones indígenas por citar ejemplos. Estas medidas se mantienen mientras persisten las condiciones que les dieron origen, cuestión que en la práctica debe evaluarse dentro de un período de tiempo razonable.
En Chile se desconoce que muchas de las políticas públicas incorporan elementos que incentivan la incorporación de los grupos marginados, en particular para enfrentar la pobreza. Sin embargo, pareciera haber resistencia a utilizar este tipo de instrumentos para otros grupos y en otros ámbitos. Me refiero al caso de las mujeres y de los/as indígenas, ambos colectivos sub-representados en los espacios de poder político, en los cuales sus voces son fundamentales para modificar los discursos y prácticas que los excluyen. En el caso de las personas que pertenecen a los diferentes grupos indígenas, las fórmulas han optado más por garantizar espacios en términos de resultados en los parlamentos y/o en los gobiernos. En el caso de las mujeres y considerando que constituyen la “otra mayoría” se ha abogado más por asegurar su participación en términos de acceso a candidaturas que en términos de puestos electos, si de representación se trata. En ambos casos, la acción afirmativa opera como una reparación histórica que si bien no resuelve las condiciones estructurales sobre las que se articulan los sistemas de dominación, contribuye a generar condiciones en algún ámbito específico.

Me remito a los aspectos mencionados en la pregunta Nº 3, con relación a las consecuencias de la globalización y al rol de los mercados, las empresas transnacionales, los actores privados y el propio Estado.

El concepto de sociedad civil es de contornos difusos, en la medida que se la ha definido de múltiples maneras. Quizás uno de los aspectos comunes a las diferentes definiciones sea el hecho de que se trata de expresiones organizadas, formales o no, distintas al mercado y al Estado, que impactan con su quehacer en la construcción de sentidos de país. En este marco no es superficial el objetivo que se propongan dichas expresiones, en la medida que éste, en general, es o debe ser legitimado por la sociedad.
La existencia de actores sociales, políticos, gremiales, sindicales, organizaciones no gubernamentales, de beneficencia, etcétera, está movida por intereses específicos que tratan de mejorar las condiciones de vida de quienes componen el grupo objetivo, al que representan de manera directa o difusa. Por dar un ejemplo cercano, la Corporación “Humanas”, de la cual formo parte, constituye una de dichas expresiones, siendo una ONG que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y que trata de identificar las causas, consecuencias y manifestaciones que asume la discriminación de género, que limitan o restringen el goce y ejercicio pleno de sus derechos. Todo ello con el objeto de incidir en el diseño de políticas públicas.
Respecto de las estrategias, cualquiera que tenga por objeto promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres debe identificar algunos ejes prioritarios para el trabajo de incidencia. En el caso chileno el acceso de las mujeres a los espacios de representación y designación política es un elemento clave para ampliar la agenda pública a tópicos que de otra manera no formarían parte de ella. El reconocimiento de la maternidad voluntaria con sus implicancias, esto es el derecho a decidir ser o no ser madre, la forma de serlo, el intervalo y con quién, constituye un eje vertebral de la lucha por la igualdad. A esto se suma la necesaria reconstrucción del ámbito privado, no para incorporar a los varones a los roles que hoy cumplen las mujeres sino para que la dimensión de la reproducción social y biológica hagan parte del espacio público, reservando cotas de intimidad para la decisión en torno al desarrollo de los planes de vida.
La incidencia como estrategia implica dialogar y convencer a la autoridad pública de la pertinencia de los planteamientos que se hacen, lo que no sólo es mérito de una buena argumentación técnica sino que también requiere la capacidad de contar con datos empíricos que sostengan dicha argumentación. Las propuestas necesariamente deben asentarse en una legitimidad que puede derivarse de un mandato explícito de sus representados o de la experticia técnica de la organización o entidad.
En el marco de los derechos humanos, el seguimiento y monitoreo de los acuerdos internacionales y de la política exterior en esta materia, así como el espacio que los sistemas de protección regionales y universales prestan a las organizaciones de la sociedad civil para dar cuenta de la evaluación que hacen, contribuyen a aumentar los niveles de presión sobre los Estados para la modificación de las políticas, leyes y prácticas discriminatorias. Es la presión o tensión entre la sociedad civil y el Estado la que permite avanzar más allá de lo que inicialmente los gobiernos se proponen.
Se suele decir que esta apelación a instancias internacionales desfigura el peso específico que tienen las organizaciones no gubernamentales en sus países. No obstante, esta crítica no tiene mayor fundamento, por un lado porque las ONGs no requieren necesariamente ser representativas

porque el campo de ejercicio de la incidencia en todos los ámbitos ha dejado de ser exclusivamente nacional, sea por el impacto de la globalización económica o por la misma universalidad de los derechos humanos.
Un último componente que debiera acompañar toda estrategia para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en igualdad de condiciones con los varones, es la defensa de dichos derechos frente a su violación. Los sistemas judiciales son los que en el ámbito nacional están encargados de garantizar el ejercicio de derechos y cuando esto no es posible se abre la posibilidad de llegar a instancias internacionales, que dependiendo de su carácter podrán emitir resoluciones vinculantes o recomendaciones al Estado en cuestión.
En conclusión, las organizaciones de derechos humanos trabajan en varios niveles. El nacional a través de la investigación, propuesta y cabildeo hacia la autoridad pública; y el regional y universal en el seguimiento y monitoreo de la acción estatal en materia de derechos humanos.

Fríes Monleon (Julia) Lorena (1960) militó en Izquierda Cristiana, Partido Por la Democracia y Partido Socialista, primera presidenta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos 2010-2016; subsecretaria de Derechos Humanos 2016.  “Lamento que a la derecha le moleste el Instituto, sobre todo a los más jóvenes, porque pareciera que no tienen noción del tema. Mientras la derecha no se allane al tema de derechos humanos, seguiremos teniendo problemas de democracia” (1). (2) “La tortura es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensamente afectan la dignidad humana” (2).

«En algún minuto hay que debatir sobe un indulto general en casos de DDHH… como sociedad fallamos en la medida en que los DDHH están de un lado o de otro. No son sólo Pinochet y su dictadura» La Tercera, entrevista 9 octubre 2016;

“El chileno promedio es racista, clasista y homofóbico, pero está cambiando” (3). “hoy, el periodismo chileno debiese estar a la altura de una sociedad que ha rechazado rotundamente la violencia de género” (4)..

Adhiere al movimiento «Plataforma socialista»: “Nos une un proyecto de izquierda, de gente que milita, que dejó de militar y que nunca ha militado en el partido. Es un reencuentro del mundo socialista. Creo que es necesario generar espacios de encuentro con todos aquellos que adscribimos a este ideario. El mundo socialista siempre ha sido mucho más amplio que el Partido Socialista” (5)

Elegida diputada como independiente del partido Convergencia Social con 11.521 votos (2.5%) de los 17.1% de la lista de Convergencia Social, dentro del pacto Apruebo Dignidad (34.4%).

Indulto a violentistas: «la derecha se ha puesto muy dura… este ess un pryecto necesario para la paz social» (6)

La ley antiterroristas es parte de la agenda que ha puesto la derecha para ser debatida. Creo que la ley actual no es eficiente y  tiene problemas de cumplimiento de estándares de derechos humanos por lo que si o si requiere ser modificada de manera de superar los problemas existentes (7)

“La derecha está desbordando de mala manera las instituciones democráticas” La diputada Lorena Fries Monleón cuestionó actitudes de la oposición como exigirle al Presidente de la República que se disculpe con Carabineros y criticar la labor de la fiscal Ximena Chong, y señaló que “todo eso erosiona la democracia y nos pone más cerca de la extrema derecha y del populismo”. Advirtió que sería “un retroceso brutal” terminar con el INDH como se propuso desde la derecha. La legisladora de Convergencia Social llamó a que el Gobierno tenga una agenda de seguridad pública “propia y más robusta”. Sostuvo que si se legisla bien, las Reglas del Uso de la Fuerza “debieran enmarcarse respecto de la legítima defensa privilegiada”. (8)

(1) Entrevista, The Clinic 19 junio 2016

(2) “La erradicación absoluta de la tortura” La Tercera, 28 diciembre 2016.

(3) Entrevista, La Tercera, 24 diciembre 2017.

(4) Declaración conjunta, El Mercurio 24 julio 2018.

(5) Septiembre 2019

(6) La Segunda, 12 enero 2022

(7) El Mercurio 5 diciembre 2022

(8) El Siglo, abril 15, 2023

Bibl: “La Ley hace el delito” (2000). “Mujer sujeto, mujeres sujetadas” (2004).

Columna «Violencia en la Araucanía» La tercera, 19 junio 2012 «cuando se llavan a cabo órdenes judiciales que afectan a personas de pueblos originarios se deben tomar en cuenta los tratados internacionales suscritos por Chile»

«Nueva ley de migración! Esperamos que esta nueva legislación sea acompañada por políticas de educación en materia de convivencia, basadas en la aceptación, el respeto y la valoración de los inmigrantes» Columna La Tercera, 30 agosto 2012

«Ley antiterrorista» El Mercurio 1 septiembre 2012 «la legislación antiterrorista en Chile representa una de las respuestas de mayor intensidad punitiva dentro del sistema penal…»

«Mas y mejor democracia» carta La Tercera, 8 agosto 2020: «Exigimos una democracia que respete la vida y la dignidad de todas las diversidades de mujeres que conformamos esta comunidad política y que se reconozca el impacto de la multiplicidad de discriminaciones que nos afectan. Necesitamos

una democracia que reconozca el rol fundamental que cumplimos en la sostenibilidad de la vida. Exigimos una democracia que redistribuya el poder entre todas las personas que hacemos parte de esta comunidad llamada Chile. Anhelamos una democracia que preserve sus recursos naturales en el tiempo y una nueva forma de relación con la naturaleza. Hoy, más que nunca, estamos conscientes de nuestra historia de lucha, de lo que somos capaces y no vamos a renunciar a la construcción de un país más justo y solidario, más feminista».

Carta «Un proceso participativo» El Mercurio 29 octubre 2020: «Como Mesa Nacional del Frente Amplio proponemos incluir en el reglamento de la convención los cabildos, audiencias, rendición de cuentas, plebiscitos, entre ostros mecanismos de democracia participativa, además de hacernos cargo de la necesidad imperiosa de incorporar a dirigentes y liderazgos sociales a la redacción de la nueva Carta Magna». Como coordinadora Movimiento UNIR

Lorena Fries @jlorenafries · Junio 15
Carabineros pide que se declare inconstitucional la norma que les obliga a entregar los registros de sus cámaras durante el estallido social!
Impresentable! Carabineros debe refundarse AHORA YA!

Basta entrar en el detalle para darse cuenta que la promesa de cambio desde la derecha, tiene un cerco importante. Y ante todo entrega motivos para desconfiar. Primero nos mostraron los 10 compromisos con el cambio constitucional en caso de ganar el Rechazo. Pero esta lista de promesas, está llena de generalidades, más que de compromisos concretos.  Paralelamente, esta semana, Javier Macaya, presidente de la UDI, mostró que en los detalles está precisamente la desconfianza. El senador afirmó que en la actual propuesta, los pueblos originarios están  “sobre representados” y los independientes que participaron en la convención, están “disfrazados de independientes”. Según él, no participarían en caso de elegir una nueva Convención. Para la UDI tampoco es necesario repetir el criterio de paridad. Según el presidente de ese partido, el fin más relevante para esta herramienta, no es la igualdad entre un hombre y una mujer.

Quienes van por el Rechazo, parecen no tener un plan de continuidad. Dicen que el Rechazo ha ganado transversalidad y que de ganar, no será un triunfo de la derecha. Pero en el caso de que el texto propuesto no sea aprobado el 4 de septiembre, están dispuestos a dialogar respecto de un acuerdo político para trazar un nuevo itinerario constitucional.

Hasta ahí, parece una postura política saludable para un sector que desde el regreso a la democracia se ha mostrado reacio y monolítico en relación con los cambios que reclama la sociedad. Tal vez el más sustancial es el de una nueva Constitución, que ellos llamaron a rechazar en el plebiscito del año pasado. Aún así, dicen que han escuchado el mandato de la ciudadanía y están a favor de transitar hacia una nueva Constitución.

Pero basta entrar en el detalle para darse cuenta que la promesa de cambio desde la derecha, tiene un cerco importante. Y ante todo entrega motivos para desconfiar. Primero nos mostraron los 10 compromisos con el cambio constitucional en caso de ganar el Rechazo. Pero esta lista de promesas está llena de generalidades, más que de compromisos concretos.

Paralelamente, esta semana, Javier Macaya, presidente de la UDI, mostró que en los detalles está precisamente la desconfianza. El senador afirmó que en la actual propuesta, los pueblos originarios están  “sobre representados” y los independientes que participaron en la convención están “disfrazados de independientes”. Según él, no participarían en caso de elegir una nueva Convención. Para la UDI tampoco es necesario repetir el criterio de paridad. Según el presidente de ese partido, el fin más relevante para esta herramienta no es la igualdad entre un hombre y una mujer.

El bloque opositor tampoco tiene una postura que entregue certezas. Desde RN la senadora María José Gatica, ya ha dicho que no está de acuerdo con una nueva Convención, y que el mecanismo más apropiado, es una comisión de expertos. Pero, su colega Paulina Núñez afirmó que la paridad de género en una nueva Convención “es un mínimo” para comenzar. Por su parte, el ala más extrema, representada por el  Partido Republicano, ha atacado la propuesta del Presidente, afirmando que jurídicamente no procede llamar a una nueva convención, y que el proceso constitucional debe ser zanjado por el Congreso.

Otra muestra de lo que realmente piensan los partidos del Rechazo, se puede encontrar en las declaraciones de principios de la UDI, RN y Evopoli. Todas  hablan  de un “Estado subsidiriario” y, precisamente, los convencionales del sector, votaron en contra de que Chile sea un Estado Social de Derechos. Pero  ahora, dicen que están de acuerdo en que ese Estado Social de Derechos se implemente.

Javier Macaya, también reconoció que están en contra de implementar en nuestra República, un Estado Regional. Todas estas, materias sustanciales que sintonizan con la voluntad de cambio expresada por las mayorías. Entonces, creer que existe una verdadera disposición a los cambios merece al menos algunas dudas, sobre todo cuando históricamente se han opuestos a las reformas de fondo. Juan Antonio Coloma, también senador UDI, en su momento dijo que la idea reformista de Bachelet era “absurda” y hoy la invoca como insumo de un nuevo proceso.

Coloma dijo en televisión hace algunas semanas que actualmente en política “las formas son el fondo”, y que la forma en la que se armó la Convención Constituyente quedó herida de muerte por la manera en que se conformó. Los problemas para Coloma son los mismos: exceso de independientes, de mujeres y sobre representación de los pueblos originarios. El senador reconoció que desde su lugar, abogará por mantener el sistema político actual. Sin cambios.

¿Cuál va a ser el mecanismo para la UDI? ¿Uno similar al que usaban históricamente para elegir a dedo su mesa directiva? Piden, además, que el eventual nuevo proceso sea breve, para no contaminarlo con los futuros procesos electorales. Entonces, ¿cuál es la nueva Constitución según la Derecha? ¿Una versión edulcorada de la Constitución del ‘80? Ciertamente, según lo que han mostrado hasta ahora, un texto en que todo cambie, para que nada cambie. Por eso tengo razones para no creer.

En los últimos días hemos visto sumarse nuevas críticas al denominado “control de identidad preventivo”, norma que forma parte del proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas para los delitos de robo, hurto y receptación, más conocida como “agenda corta” de seguridad ciudadana.

Es el caso de destacados abogados penalistas y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que han planteado sus reparos hacia el citado mecanismo por su afectación a los derechos fundamentales de las personas y, más aún, han cuestionado la pertinencia de una agenda corta para enfrentar un problema tan complejo como la delincuencia, además de poner el acento en que dicha tendencia solo profundiza el problema de fondo, cual es la desigualdad.

Se trata de opiniones reputadas, que se agregan a lo que ya han dicho sobre la materia la Corte Suprema, la Policía de Investigaciones y representantes de la Organización Naciones Unidas, sumándose a los argumentos que desde un comienzo levantara el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Una demostración palmaria de que la materia ha sido asumida con propósitos más bien populistas que rigurosos, está dada por el hecho de que originalmente se pretendía reforzar la figura del control de identidad radicada en el Código Procesal Penal a efectos de perfeccionar la investigación y sanción de delitos, fundada esta pretensión, livianamente a nuestro juicio, en la persecución de personas con órdenes de detención pendientes.  En el curso de su tramitación, se agregó una nueva figura de control preventivo, que amplía discrecionalmente las ya suficientes atribuciones de la policía, pero esta vez orientada al control del orden público. El INDH ha llamado la atención con frecuencia acerca del uso de las actuales atribuciones de la policía en este ámbito en detrimento del derecho de manifestación.

Resultan preocupantes, entonces, las recientes declaraciones de una alta autoridad de gobierno asimilando esta criticada figura con la exhibición del documento de identidad de un consumidor que canjea puntos en un supermercado, pues dan cuenta de la  incomprensión respecto de los efectos que normas como las propuestas tendrán en el ejercicio de los derechos de los habitantes de la República.

Tal como señalan los destacados juristas citados al inicio, estas nuevas facultades no solo son inconvenientes y riesgosas, sino que son también innecesarias. Con los mecanismos actualmente disponibles, Carabineros realizó más de dos millones de controles de similar naturaleza durante el año pasado. Ello conduce necesariamente a la conclusión de que lo que debiera discutirse con urgencia no son nuevas atribuciones policiales sino la eficiencia y eficacia con que se utilizan  las que actualmente disponen.

La seguridad de los ciudadanos es un derecho fundamental y es exigible que el Estado nos proteja de la delincuencia, pero ello no puede hacerse afectando gravemente otros derechos y libertades. Tampoco es sostenible que siga sin atenderse la causa de fondo que en Chile y otros países está en la base del problema, cual es el evidente agravamiento de nuestra desigualdad.