Alondra Carrillo Vidal (1992) Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, forma parte y fue vocera de la Coordinadora Feminista 8M, organización de la cual fue vocera por dos años.

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Alondra Carrillo Vidal, elegida convencional constituyente 2021, como independiente en la lista Voces Constituyentes, obteniendo 22.921 votos (6.18%) de los 38.503 votos (10.38% de la lista), en el distrito 12 de la Región Metropolitana.

Participó en las movilizaciones de los pingüinos en 2006 y militó en la plataforma política “Crecer” de la Universidad Católica en 2010, la cual estaba integrada por independientes y organizaciones políticas de izquierda.
Entre sus propuestas está una Constitución con perspectiva de género que garantice educación pública, gratuita, laica, no sexista, disidente, anticolonial, inclusiva e integral, de acceso igualitario para todos; salud, plurinacional, gratuita, democrática; y vivienda digna y segura para todos. Propone reconocer los derechos de la naturaleza y la protección de los ecosistemas, el agua, los territorios y los bienes comunes, y derogar el Código de Aguas y reemplazarlo por un nuevo marco normativo basado en la gestión comunitaria por cuencas hidrográficas.

Declaración de 47 Convencionales: «…Como integrantes electos de la Convención Constitucional, la ciudadanía nos ha dado el mandato que la Nueva Carta Magna debe estar libre de trabas como las impuestas por el TPP-11 y por otros tratados de libre comercio. El pueblo movilizado sabe que la ratificación de este acuerdo comercial significará un gran candado para la discusión constitucional, así como una severa restricción de los derechos sociales que chilenos y chilenas esperan que queden precisados en la nueva Constitución. Es por eso que la lucha contra las consecuencias del TPP-11 se hace más fuerte en este contexto de proceso constituyente y pandemia». Declaración 3 julio 2021

Programa como candidata constituyente:

https://repodocacto.blob.core.windows.net/public/CCG/D12_ALONDRA_CARRILLO_VIDAL.pdf

Alondra Carrillo Vidal, distrito 12: «Se ha dicho muy claramente una y otra vez que lo que se demanda es poner fin al sistema de AFP»

«No fue una decisión personal, fue un mandato colectivo y una petición de mis compañeras de la Coordinadora Feminista 8M, luego de que decidimos que no íbamos a delegar en nadie la continuidad de la revuelta ni la presencia de nuestra voz feminista y de nuestro programa en la convención constitucional». Así relata Alondra Vidal, psicóloga (29 años), su decisión de sumarse a la carrera para lograr un cupo en la convención.
Vidal logró ser electa para integrar esta instancia en representación del distrito 12 (Puente Alto, La Florida, Pirque y La Pintana).
– ¿Cuál es su postura respecto a la discusión en torno al derecho de propiedad?
– Acá hay dos puntos claves. Uno tiene que ver con ampliar lo que entendemos por la función social de la propiedad, recogiendo el ánimo que estuvo presente en las constituciones previas a la dictadura, que es imprimirle un carácter de proceso a la noción de la función social, enfocada en la transformación social, y la de las condiciones de vida de la población, en pos de una vida digna para las mayorías.
La segunda dimensión es que consideramos fundamental introducir el elemento del examen de proporcionalidad, como una cuestión elemental para poder llevar adelante procesos de recuperación de territorios que fueron privatizados durante la dictadura.
– En pensiones, ¿en qué línea se apunta?
– A nivel social no sólo se han demandado mejores pensiones, se ha dicho muy claramente una y otra vez que lo que se demanda es poner fin al sistema de AFP, poner fin al sistema de capitalización individual.
Tenemos un programa que vamos a defender en este sentido, que es el programa feminista que incluye la defensa de un sistema de seguridad social integral, que incluya un sistema de pensiones solidario, tripartito y de reparto que pueda reconocer los trabajados no remunerados.
– Ningún sector político logró obtener el tercio . ¿Cómo espera que sea el diálogo en este espacio?
– Estamos muy contentas de que la derecha no haya alcanzado el tercio. Creemos que la amplísima presencia de sectores sociales populares nos va a permitir llevar a la convención lo que ha sido el mandato que hemos recibido, y la decisión que ha tomado nuestro pueblo, que es ponerle fin al neoliberalismo en Chile y consagrar una estado solidario garante de derechos y plurinacional. (1)

(1) Diario Financiero 25 mayo 2021

30/12/2021:   Alondra Carrillo (Independiente): La dirigente feminista surgida de la coordinadora 8-M se ha erigido como la articuladora de los grupos más radicales electos en listas de movimientos sociales, dada la desintegración y dispersión de la ex Lista del Pueblo tras los escándalos de Rodrigo Rojas Vade y el caso de las firmas del precandidato Diego Ancalao. Con frecuencia se le ha visto realizando la vocería de esos sectores, y es a ella a quien se dirigen grupos más moderados de la izquierda cuando buscan sondear la sensibilidad de los movimientos sociales.

• “Es fundamental poner fin al negocio de las AFP y terminar con el sistema de capitalización individual”, ha planteado. Ha demandado paridad de género en organismos del Estado, y normas de paridad de género y cupos reservados para la comunidad LGBTIQ+ y pueblos originarios en el Congreso.

En Chile, desde hace 210 años el Poder Legislativo se organiza a través del Congreso Nacional, un órgano que es responsable de ejercer la representación de la ciudadanía, participar en la creación de las leyes junto a la Presidencia y fiscalizar los actos del Gobierno. Este se rige por el capítulo V de la Constitución de la República que impuso a sangre y fuego la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1980 y por la Ley Orgánica Constitucional N° 18.918, aprobada por la Junta Militar y publicada el 5 de febrero de 1990. El Congreso está determinado por una estructura bicameral compuesta por la Cámara de Diputadas y Diputados (Cámara Baja) y por el Senado (Cámara Alta), conformadas hoy por 155 y 47 personas, respectivamente. Estos dos órganos del Congreso se configuran de manera diferente, tienen roles y atribuciones desiguales.

El Senado se determina a partir de una representación regional o nacional, en una escala de representación mucho más amplia que la Cámara Baja y posee menos de un tercio del total de las personas que integran a este última. Este órgano significativamente pequeño concentra importantísimas cuotas de poder. Tiene la exclusividad de nombrar autoridades, de actuar como jurado en las acusaciones en contra de las autoridades y de aprobar o rechazar las propuestas. Ambas pueden sesionar y adoptar acuerdos con la concurrencia mínima de la tercera parte de su quórum[2], esto quiere decir, que, catorce senadores pueden tomar decisiones relevantes para los pueblos que habitan este país, es decir, para una población cercana a los veinte millones de habitantes.

Esta reducida representación y su composición, históricamente excluyente, además de expresarse como un problema cuantitativo y técnico, deben comprenderse como el centro de una estructura de poder que ha negado la participación de las mayorías y reservado este derecho a un grupo muy limitado y privilegiado de personas. Uno de los argumentos más comunes para defender la bicameralidad es la existencia de un órgano revisor que vuelve a analizar las decisiones tomadas en una primera instancia, suponiendo que esto produce controles cruzados, capaces de “enfriar” las disputas que puedan existir y “equilibrar” el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, este supuesto lo que ha viabilizado en su genealogía es el establecimiento de una estructura que emana a partir de un pacto oligárquico que limita la voluntad popular y que ha permitido la imposición de una cámara revisora muy conservadora y contraria a los cambios democráticos que exigen los pueblos. El mismo acuerdo que en Chile impuso la figura de senador vitalicio y senador designado.

El Senado ha significado un obstáculo al avance de proyectos de ley exigidos e impulsados por diversos sectores de la ciudadanía; por nombrar solo algunos ejemplos: la primera propuesta de aborto en tres causales en 2012, la rebaja de edad para sufragar, el cuarto retiro de los fondos de capitalización individual, el bloqueo de múltiples acusaciones constitucionales, tales como la acusación contra Sebastián Piñera este mismo año, todas cuestiones que evidencian que es un ente que protege los intereses de las élites nacionales.

¿Cuánto ha sido modificado el Congreso a lo largo de estos 210 años? ¿Qué tipo de órgano demanda la sociedad en la actualidad? La experiencia de democratización que estamos levantando desde cada uno de nuestros territorios, y a partir de la Convención Constitucional que hemos abierto desde las calles, debe expresarse en el fortalecimiento de la potencia destituyente que se ha manifestado en la Revuelta de Octubre. El deseo de las grandes mayorías por vivir una vida digna ha convertido en un imperativo la necesidad de terminar con las formas oligárquicas y patriarcales que prevalecen en el sistema de representación política que es dominante y que se expresa con fuerza en el Senado. Queremos un modelo democrático que supere la delegación y construya mecanismos de participación y deliberación efectivos.

Un modelo unicameral como el que hoy proponemos, con la perspectiva de un órgano horizontal, paritario, plurinacional y con representación territorial, permitiría expresar con mayor facilidad la voluntad popular. Se trata de la superación de la institucionalidad burocrática y autoritaria que ha obstaculizado los procesos de deliberación mediante estructuras revisoras de la democracia.

La crisis de legitimidad de la gobernabilidad, hoy generalizada, ha transformado paulatinamente los modelos de democracia, lo que se ha traducido en que, en la actualidad, el 58,3% de las democracias del mundo tenga sistemas unicamerales. Esto contribuye en el avance hacia una estructura que garantice una representación efectiva en toda su diversidad. Necesitamos avanzar en la misma dirección, hacia una nueva institucionalidad, ajena de la ética y de la dudosa honorabilidad de un Senado que exige sigilo y sesiones secretas con el fin de resguardarse a sí mismo.

Hay quienes hoy defienden una versión remozada del Senado, ya no como una cámara espejo de la de Diputados sino como una propuesta de “bicameralismo asimétrico”, y que pretenden ofrecer con eso más “vías de acceso” al poder para los territorios. Pero ni los territorios que nos hemos levantado para poner la vida en el centro, ni quienes hoy nos organizamos de diversas maneras para participar de la actividad democrática, nos seducimos con una promesa de esas características. No queremos muchos callejones oscuros que nos lleven hacia un poder tan encerrado y acuartelado. Queremos abrir una ancha alameda por la que transite la fuerza democrática y democratizadora de nuestros pueblos.

[2] Artículo 54 del Reglamento del Senado. https://www.senado.cl/reglamento-del-senado-actualizado-marzo-2020

[3] Para profundizar en esta materia se sugiere revisar el Informe “Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido” (PNUD 2019).

[4] Encuesta CEP, agosto 2021.

Los últimos años en Chile han transcurrido de manera vertiginosa. Uno tras otro, se han sucedido acontecimientos políticos y sociales de enorme magnitud que, sin embargo, no han trazado aún una tendencia estable sino que siguen desenvolviéndose en medio de una disputa abierta. A menos de seis semanas del plebiscito que definirá la posibilidad de contar con una nueva Constitución para Chile, el triunfo del Apruebo se presenta como la tarea insoslayable para todos los sectores políticos comprometidos con la democratización de nuestro país.

La incertidumbre y el carácter abierto del momento histórico actual no es algo de lo que extrañarse. Estamos atravesando, hace ya varios años, una crisis de todo orden que no tiene lugar solamente en nuestro país, sino a nivel global. Una crisis general del capitalismo contemporáneo que se manifiesta en una crisis económica, de la reproducción social, de las relaciones sexuales y de género; una crisis política, institucional y ecológica que ha traído consigo una precarización creciente de la vida. En respuesta a dicha crisis, la movilización social se ha ido multiplicando progresivamente. Desde la fuerza de la movilización estudiantil como principal proceso de movilización de masas, pasamos cada vez más a manifestaciones diversificadas de la resistencia: movilizaciones sociales contra las AFP y las pensiones de miseria, movilizaciones por Ni Una Menos contra la violencia femicida y las múltiples formas cotidianas de dominación patriarcal y movilizaciones contra la devastación socioambiental en las llamadas Zonas de Sacrificio.

La llegada de un gobierno que pretendió cerrar la puerta al proceso de transformación exigido desde el 2011 aceleró el tranco de la crisis. En 2018, el asesinato de Camilo Catrillanca tras la arremetida del “Comando Jungla” en Wallmapu encendió la primera protesta callejera. Le sucedió el abril/mayo feminista y el proceso de organización que dio lugar a la primera Huelga General Feminista del 8 de marzo de 2019. En pleno intento de desplegar, en clave autoritaria, lo que el gobierno de Piñera llamó en su programa una “Segunda Transición”, las estudiantes secundarias y secundarios —que habían sido fuertemente criminalizados y perseguidos por las políticas de Marcela Cubillos— se levantaron en acción directa contra la medida antipopular de alza en el pasaje de Metro.

Fue, justamente, la respuesta autoritaria del gobierno la que, con la declaración del primer Estado de Excepción Constitucional de Emergencia desde la posdictadura, extrapoló el conflicto desde la Región Metropolitana hacia todas las regiones del país, que se levantaron también ese sábado 19 de octubre. La revuelta social alcanzó una magnitud nacional y abrió paso a un proceso que, entre otras cosas, se caracterizó por un fuerte ejercicio de deliberación democrática. Las asambleas territoriales, levantadas para coordinar y sostener la movilización y los cuidados, se convirtieron también en espacios fértiles para el inicio de una profunda discusión política sobre el país en que vivíamos y la vida que deseábamos. Mucho ha sucedido desde entonces, pero el carácter de ese primer ejercicio ha permanecido con mayor o menor intensidad durante estos años, siendo capaz de sostenerse incluso en medio de una pandemia, de articular apuestas autónomas para disputar la representación en la Convención Constitucional, volcando en ella los (…)