Luders Schwarzenberg Rolf (1935) [1] hijo de Jurgen luders, ingeniero comercial designado el mejor graduado en Chile en 1958 en su área, economista, académico de la Universidad Católica, trabajadon para el Gupo Vial; presidente CTI 1975, vicepresidente del Banco Hipotecario de Chile 1978;   vicepresidente del Grupo Vial 1981;  casado con Valerie Jean Norris Paterson [2]; casado 2 con Marily (María) Eulalia Morales Cano (1947); 5 hijos.

I. 192 matrimonio 1976 Recoleta, matrimonio celebrado en 1971 en , México

[2]   Constituye en 2001, con sus dos hijas, la sociedad “Inversiones Denali Limitada” donde aporta $1.311 millones, el 95% de la sociedad. Su posesión efectiva indicada en la Tercera 25 septiembre 2013.

Rolf Luders Schwarzenberg (1935)  se le siguió juicio por su participación en el Grupo Vial, del que fue absuelto por la Corte Suprema.

Luders Morales Marily Eulalia (1974)[1] periodista, directora de comunicaciones de Libertad y Desarrollo, decana de Periodismo Universidad Adolfo Ibáñez 2015; casado con Rodrigo Javier López  Reitze (1972) ingeniero, h. José Luis  López Blanco (1943) abogado, y María Ximena Reitze Campos (1947). “Ser su hija es un orgullo tremendo, a lo largo d etoda su vida ha aportado de diferentes maneras, especialmente desde las ideas económicas, para hacer de Chile un mejor país y es un mérito especial el que lo haya hecho siempre de manera respetuosa, dialogante y seria. El “modelo” ha sido muy exitoso en reducir significativamente la pobreza y mejorar el estándar de vida de los chilenos, a tal punto, que se mantuvo y perfeccionó durante los gobiernos de la Concertación. Pese a estos avances, hay temas importantes pendientes, como la calidad de la educación inicial que dificulta la igualdad de oportunidades para todos los niños, una sensación creciente de inseguridad en ciertas zonas y la vulnerabilidad de muchos que si bien han superado técnicamente la barrera de la pobreza, ante una enfermedad o despido vuelven a vivir en condiciones indignas” (1).

Luders Morales Lorena (1976)

Luders Morales Rolf Allan (1978) ingeniero civil electricista

Luders Norris Pilar Michelle (1963)[2]

Luders Norris Jacqueline Anne (1968)[3] gerente general sociedad inmobiliaria San Valentín Limitada

[1]              (1) La Tercera, 21 noviembre 2015. “De las diversas exposiciones desde Venezuela, Ecuador y otros países es que el populismo y el Estado de Bienestar rara vez aparecen de improviso y se toman un país. Son pequeñas acciones que van debilitando a las instituciones que se han sumando. Los llamados “derechos sociales garantizados” llegan uno a uno, sumando gasto fiscal y dependencia. Y en algunos años, los países quedan a merced de caudillos carismáticos con proyectos políticos radicales que poco tienen que ver con la superación de la pobreza y la paz social”, Revista Libertad y Desarrollo, mayo 2013. “Está mala la cosa, sí. Pero por ahí se asoman algunas buenas noticias, como que las limitaciones de la libertad de expresión no sean ni tema” Pulso 6 julio 2015. I. 1.580 nacimiento  1974 Recoleta; I. 404 matrimonio 2010 Vitacura; I. 1.916 nacimiento  1972 Recoleta

[2]              I. 454 nacimiento  1966 Recoleta, nacimiento ida en Estados Unidos

[3]              I. 439 nacimiento  1968 Recoleta, nacimiento ida en Estados Unidos

(1) La Tercera, 30 de agosto de 2013;

(2) La Tercera 20 junio 2014.

(3) El libero, 15 agosto 2016.

(4) La Tercera 16 diciembre 2016.

(5) “Caminar y mascar chicle” La Tercera 22 marzo 2019.

(6) Carta El Mercurio 27 junio 2021

(7) Columna, La Tercea, 4 marzo 2022

Patricio Aylwin pasará a la historia como uno de los grandes estadistas chilenos del siglo XX.  Condujo con inteligencia y habilidad política el proceso de transición a la democracia.  Pero también definió la posición de la Concertación frente al modelo económico heredado del régimen militar.  El darle continuidad, sin duda, contribuyó decididamente al progreso económico-social del país.

Si bien Chile, en términos absolutos, creció económicamente entre 1950 y 1970, lo hizo a una tasa significativamente inferior a aquella del mundo y de la propia América Latina.  Entonces el país tuvo una economía mixta muy distorsionada y relativamente cerrada.

Surgieron entonces tres visiones para revertir la situación. Sucesivos gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez (conservador), de Eduardo Frei Montalva (social-cristiano)  y de Salvador Allende Gossens (marxista) encarnaron estas visiones.  Ninguno de estos gobiernos tuvo el éxito esperado, pero sí condujeron a una polarización extrema, calcada deaquella existente entonces entre el capitalismo (USA) y el comunismo (Unión Soviética).

El régimen militar que asumió el gobierno en 1973 adoptó las políticas públicas relativamente liberales contenidas en El Ladrillo (CEP, 1992) y junto con ello, el país entró en un período de intensas transformaciones estructurales.  Estas fueron muy criticadas -en los años 1980- por los economistas de la oposición, especialmente por aquellos afiliados a Cieplan, vinculado a la Democracia Cristiana.  

No obstante, hacia fines de la década, la economía chilena estaba creciendo a tasas

Se ha producido un debate en torno al aporte presupuestario de US$ 70 millones para capitalizar a TVN. No obstante, las millonarias pérdidas del canal de televisión oficial son insignificantes en relación al costo de las ineficiencias del Estado en otros ámbitos. Una buena parte de las últimas se pueden explicar porque elEstado emprende más tareas de las que puede realizar adecuadamente y porque los incentivos existentes en el sector público no son los adecuados.  

La ineficiencia de la acción estatal se puede ilustrar con casos como el Transantiago y su tasa de evasión de pasajes, que bordea el 30 por ciento;  la conocida situación del Sernam y el hacinamiento de las cárceles; la altísima de tasa de victimización (43,5 por ciento a nivel nacional según Paz Ciudadana) y el sentimiento de temor de la población (alrededor del 15 por ciento); la mala atención en el Sistema Nacional de Servicios de Salud Pública por, entre otras cosas, la falta de especialistas y el atraso en la construcción de hospitales; y el costo de la educación escolar municipal, que por alumno excede en un 50 por ciento al de la particular subvencionada, y sin embargo no ha sido capaz de detener el éxodo de alumnos a la última.  Todo mal hecho.

A la larga lista de servicios públicos deficientes, se agrega la responsabilidad que tiene el Estado -a veces por una regulación inadecuada, pero generalmente por falta de control- en la manifestación de una serie de fallas o abusos en las operaciones que realiza el sector privado. No estoy relevando en absoluto a los privados de sus deberes y obligaciones, sino sólo resaltando la falla del Estado en el ámbito de la corrección de las fallas de mercado.     

El Estado no puede hacerlo todo.  Sin embargo en Chile, tal como en otros países,  frente a cualquier problema que surge, se le exige al fisco -como si se tratara de Diós-  que lo resuelva milagrosamente. Se olvida completamente que los órganos estatales tienen recursos limitados y que están constituidos por personas, con sus intereses, virtudes y defectos. Las conclusiones de la teoría del principal-agente y de aquella de las decisiones públicas, son muy iluminadoras al respecto.

Ya lo comentamos en una columna anterior, lo racional es realizar, para cada política pública, el correspondiente análisis de costo-beneficio, y solamente emprender aquellas tareas en que los últimos excedan a los primeros.  

A pesar de que en Chile hemos tenido por décadas un ejemplar sistema de evaluación social de proyectos de inversión pública, no hemos sometido a otros ámbitos de la acción pública a un comprehensivo y formal análisis de costo-beneficio. Existe en el país, por eso, una evidente falta de coherencia entre las demandas que se hacen al Estado -ahora último una verdadera vorágine- y las posibilidades que éste tiene de satisfacerlas. La consecuencia de esta falta de coherencia es costosa para el país y urge corregirla, priorizando hasta que duela, si queremos evitar un aún mayor deterioro de la acción pública. Quién mucho abarca, poco aprieta. (La Tercera)

Rolf Luders, economista

El monto de las pensiones en Chile, como porcentaje de los ingresos laborales, es considerado inaceptablemente bajo. Ello se traduce en que un gran y creciente número de hogares se ven forzados a contribuir a los gastos de sus familiares mayores de edad, lo que para muchos es socialmente injusto. El problema se ha estado agudizando porque las expectativas de vida en Chile han estado aumentando, superando ya ligeramente aquellas de los EE.UU., por ejemplo.

En efecto, según el INE (2022) -si en 1992 tuvimos un 9,5 por ciento de la población mayor de 60 años- hacia 2050 esta será de 32,1 por ciento. Con ello, la actual ya elevada tasa de dependencia de la vejez, se elevará aún mucho más de lo que ya está.

Al mencionado hecho demográfico hay que agregar los problemas de la informalidad y de las así llamadas lagunas o discontinuidades previsionales, que se traducen en que un alto número de trabajadores simplemente no impone o no lo hacen por temporadas más o menos largas. En este sentido, mientras mayores sean las imposiciones, mayores serán los incentivos para no contribuir. Este incentivo está presente no importando el sistema de pensiones adoptado, de reparto o de capitalización, pero -claro está- es mucho mayor bajo el primero.

En este contexto, el gobierno propondrá pronto un nuevo proyecto de reforma del sistema de pensiones en Chile. De acuerdo al mismo, por lo que ha trascendido, la solución al problema de las bajas pensiones descansaría principalmente en un aumento de las cotizaciones y en que éstas tengan el carácter de reparto. Y eso son malas noticias.

Por un lado, bajo el sistema de reparto las cotizaciones tienen el efecto de un impuesto al trabajo, con un costo social que tenderá a aumentar en progresión geométrica con la tasa de imposición, incrementando la informalidad y las lagunas.

Por el otro lado, una buena parte del aumento de la tasa de imposición para pensiones se requiere para compensar el aumento de las expectativas de vida. Esto ha estado acompañado de un aumento en la capacidad de trabajo de los adultos mayores, que debiera reflejarse en la edad de jubilación legal y no lo hace. En ese mismo sentido tampoco se justifica ya que las mujeres tengan una edad de jubilación distinta a la de los hombres. Por ejemplo, en Suiza acaban de aumentar esa edad a 65 años para las mujeres.

Es decir, al diseñar la reforma al sistema de pensiones se debiera considerar -entre otras cosas- un aumento gradual de la edad de jubilación -incluyendo la posibilidad de igualar aquella de hombres y mujeres. El hacerlo no es más que reconocer la realidad: las personas en edad de trabajar no van a poder o no van a estar dispuestas a financiar los gastos de jubilación de una población mayor cada vez más capacitada para trabajar. (La Tercera)

Rolf Lüders

El martes recién pasado la Sala del Senado aprobó -con reservas, pero por una mayoría holgada- el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11). Éste ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en 2019, quedando ahora prácticamente listo para ser promulgado por el Presidente de la República.

Para la oposición y una parte del oficialismo, la unión del país a este tratado -además de sus implicancias geopolíticas- es importante. Lo es porque facilita el acceso de una larga lista de productos a los correspondientes mercados, porque representa un seguro de mercado, y porque puede tener un efecto positivo sobre la inversión.

Para otros y como lo expresara la senadora Yasna Provoste, el acuerdo representa un candado que clausura las posibilidades de desarrollo social y económico del país. Para ellos, el actual modelo -una economía social de mercado, abierta al comercio y financiamiento internacional- es extractivista y -entre otros males- es el responsable del relativamente reciente estancamiento de la economía chilena.

Estos últimos grupos sostienen que el TPP11 y otros tratados le impiden al país aplicar las políticas industriales que requiere para su desarrollo. Pero este impedimento no existe. Como lo describe Osvaldo Rosales (Mensaje Nro.713, octubre 2022), el listado de instrumentos disponible para implementar políticas industriales -aún con el tratado vigente- es numeroso y amplísimo.

El verdadero problema de Chile es que a partir de comienzos de siglo se estanca la tasa de tendencia de la inversión en aproximadamente un 25 por ciento del PIB (FBCF, Banco Mundial, 2022). Como lo sostuvo correctamente Mario Marcel (2022), la inversión es más que capital: es un vehículo para el desarrollo tecnológico y la innovación. Es decir, inversión y productividad se encuentran íntimamente ligadas y explican en gran medida el nivel del PIB.

El estancamiento de la tasa de inversión en Chile tiene diversos orígenes, que se pueden agrupar en dos categorías: falta de oportunidades y aumentos de los riesgos de inversión. Al comienzo predominaron las primeras, originadas principalmente en una mano de obra relativamente costosa y menos calificada de lo requerida, pero también en la ausencia de cambios regulatorios orientados a satisfacer necesidades nacionales y de paso generar áreas de inversión interesantes. En cambio, recientemente la inversión está siendo golpeada además por mayores tributos y una aguda incerteza institucional.

En lo que respecta a esta columna, es interesante hacer notar que tratados como el TPP11 y aquel de Modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que esperamos sea firmado antes de fin de año, contribuyen tanto a aumentar las oportunidades de inversión, como a reducir los riesgos de la misma.

Rolf Lüders

En 1992 y después que se desplomara la Unión Soviética, Francis Fukuyama escribió su famoso libro El Fin de la Historia. En dicho libro postula que, en su proceso de evolución, las sociedades alcanzan eventualmente el estado óptimo: una democracia liberal. En materia económica esto implicaría una economía de mercado libre al estilo de aquellas de Europa y EE.UU.

Esta visión de la evolución de las sociedades ha sido puesta en duda. Ciertamente el desarrollo de China no conforma a dicho modelo, tal como tampoco aquel de un buen número de otros países, especialmente asiáticos. En este escenario irrumpe Mariana Mazzucato, economista italiano-americana especializada en estudios sobre la innovación, proponiendo un modo especial de cooperación privado-estatal como una manera eficaz de propender al desarrollo.

Veamos. El rol del Estado en las economías occidentales exitosas se basa en la concepción, formalmente avalada, de que -en presencia de un conjunto completo de mercados competitivos- la acumulación y asignación de recursos en una economía libre será la óptima. Al Estado le cabe entonces solo intervenir para redistribuir y regular (corregir fallas de mercado, que las hay), pero solo debe hacerlo si los beneficios de sus intervenciones exceden los costos de las mismas. Estos costos incluyen aquellos de la tributación y los de las fallas del Estado. Estos últimos no son menores, como lo experimentamos a diario y como lo ha puesto en evidencia la Teoría de las Decisiones Públicas.

El programa del actual gobierno tuvo como uno de sus objetivos terminar con el modelo chileno, tildado como neoliberal. Este modelo contó, hasta recientemente y por al menos unos 30 años, con un alto grado de apoyo ciudadano. La denominación de neoliberal es un mote usado para desprestigiar, entre muchas otras, las instituciones económicas vigentes en nuestro país. Estas últimas configuran un modelo coherente con un esquema político democrático y con un sistema económico de libre mercado, abierto al comercio y financiamiento internacional. En este modelo -para maximizar el bienestar social- el Estado interviene en la economía con un criterio de subsidiaridad y de responsabilidad fiscal y monetaria.

Sin duda alguna, y por motivos históricos, nuestro modelo es diferente al de otros países como Alemania, Nueva Zelanda o Suecia, para citar solo a unos pocos con economías basadas en los mismos principios. Estos países, incluyendo a Chile, tienden a tener en común la más absoluta libertad de emprendimiento, la apertura comercial, y la responsabilidad fiscal y monetaria. Si bien ha habido entre esos países diferencias en materia de política industrial y macroeconómica, entre otras, no han sido lo suficientemente importantes para poder hablar de sistemas distintos.

En cambio y a pesar de que no es único, nuestro país destaca por el modo -subrayo la palabra modo- que utiliza para ofrecer los servicios sociales (educación, pensiones, salud y vivienda). Este aspecto del modelo -tendencia al financiamiento y la regulación estatal, al mismo tiempo que a la provisión privada, como por ejemplo, colegios particulares subsidiados, AFP, Isapres, etc.- es el más rechazado por los ideólogos chilenos de izquierda. Pero también es el que, junto con la apertura comercial, más ha contribuido en Chile a aumentar la libertad para elegir y el que nos ha permitido alcanzar el liderato en los rankings del sector en América Latina.

Pues bien, el 4 de septiembre recién pasado, en un plebiscito que contó con una muy alta votación, quedó en evidencia que los chilenos no son partidarios de modificaciones institucionales radicales. Es decir, a pesar de las preferencias oficiales al contrario, no cabe esperar un cambio de sistema económico. Zapatero a tus zapatos. Es decir cada cual -el Estado y el mercado- a hacer lo que saben mejor.

El anterior fue un paso absolutamente necesario, pero no suficiente, para terminar con la trampa de los países de ingreso medio en que nos encontramos. El segundo paso y decisivo será lograr un entendimiento nacional en torno a las modificaciones que hay que introducirle al modelo, asunto que seguramente dependerá crucialmente de los acuerdos o desacuerdos que se den este año en materia constitucional, de tributación y de servicios sociales.

Estamos a un poco más de una semana del plebiscito constitucional. La actual Constitución -inspirada en el ideal de la libertad, que garantiza sin ambigüedad el derecho de propiedad, y que norma ciertas instituciones como el Banco Central autónomo y la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia fiscal- permitió que en materia económico-social el país se destacara claramente de los demás de la región.

Entre los que desean una nueva Constitución se encuentran los que estiman que la actual es ilegítima en su origen y también hay otros que pretenden se enmiende aspectos específicos de ella. Pero no faltan aquellos que pretenden refundar la organización socio-política del país, reemplazando nuestra democracia representativa y su correspondiente economía social de mercado, por un régimen totalitario.

Entre todos los anteriores, hay muchos que buscan enterrar lo que denominan el modelo neoliberal chileno, que sería una versión extrema del mismo, sustentado en la actual Constitución. La expresión más emblemática de este neoliberalismo sería la provisión privada y con fines de lucro, de bienes como la educación y la salud.

La realidad no se condice con lo que esos detractores sostienen. La Constitución actual -inspirada en el ideal de una sociedad de libertades- no define un modelo económico-social específico, sino permite la existencia de una amplísima variedad de ellos. Modelos como aquellos de los países nórdicos; Nueva Zelanda y Australia son perfectamente compatibles con los dictados de nuestra Constitución, tal como también lo son los de Ecuador o Costa Rica, por ejemplo.

Y en el caso específico de la provisión de los servicios sociales, la Constitución -coherentemente con la noción de libertad de elección- permite que estos sean generados por entes públicos y privados, con o sin fines de lucro. Dado ese amplísimo marco se han implementado sistemas que, en parte por motivos de eficiencia, permiten -en el ámbito de una regulación estatal relativamente detallada y estricta- la oferta de educación y salud de carácter mixta y competitiva, de tal manera que ofrece a los ciudadanos la opción de elegir entre diferentes proveedores. Este arreglo institucional es efectivamente distinto de aquél existente en muchos otros países, pero de extremo no tiene absolutamente nada.

En resumen, si se desea reformar el actual sistema socio-económico chileno, no es necesario cambiar la actual Constitución, a menos que se pretenda migrar hacia una economía centralizada. La delegación de la oferta de algunos de los servicios sociales provistos por el Estado al sector privado es novedosa, pero en absoluto extremada. No hay que olvidar que es el Estado el que -por intermedio de la regulación- todavía pone en Chile la música en materia de servicios como la educación y la salud. (La Tercera)

Rolf Lüders

Chile probablemente esté sufriendo del síndrome de los países de ingreso medio y corre el riesgo de perder la oportunidad para desarrollarse. Ello no afecta mayormente al nivel de vida de los ciudadanos pudientes, pero sí implica que las personas de ingresos más bajos tengan entradas menores a las necesarias para su plena realización y que los índices de pobreza sean mayores a los posibles.

En buena parte del siglo pasado, bajo un régimen económico mixto de naturaleza proteccionista, Chile tuvo un ingreso por persona promedio cercano al de la mediana de los países de América Latina. A su vez, esta última tuvo una renta media aproximadamente igual al ingreso correspondiente del universo. Es decir, nuestro ingreso por persona fue mediocre, en una región también con ingresos mediocres. Como consecuencia, sufrimos de altos índices de pobreza absoluta.

En los años 1970 y 1980, el país experimentó un cambio radical en sus instituciones económicas y políticas. A partir de 1974 se adoptaron las instituciones de una moderna economía de mercado, abierta al comercio internacional, en que el Estado juega un rol subsidiario. A fines de la década de 1980, como parte de un amplio acuerdo político, se restauró la democracia representativa. La conjunción virtuosa de un régimen político democrático y de esa economía de mercado, en el marco de una acelerada globalización, le permitió al país prosperar como nunca lo había hecho en su historia. Tanto así, que en 30 años dejamos de ser económicamente mediocres, pasamos a liderar la región en términos del PIB per cápita, y los indicadores de pobreza disminuyeron dramáticamente.

Fue entonces, habiendo alcanzado un producto por persona relativamente alto -según el Banco Mundial, unos US$ 25.500 a precios internacionales constantes de 2011 al año-, que nos olvidamos del crecimiento económico y nos empezamos a centrar en su distribución. Ignoramos que los países desarrollados tienen un PIB per cápita de US$ 45.000 y que, si deseamos ser desarrollados, tendremos que tomar las medidas necesarias para aumentar nuestra actualmente muy baja tasa de crecimiento económico potencial para converger a esos US$ 45.000 anuales.

Otros países de la región así lo entienden. Panamá, con un PIB per cápita de US$ 29.000, ya nos superó, y Uruguay, con un ingreso por persona de casi US$ 23.000 al año, está muy cerca de hacer lo mismo.

Para alcanzar el desarrollo falta el último, pero quizás también el más complejo, empujón. Son pocos los países de ingreso medio que llegan a ser desarrollados. Sin embargo, el camino a recorrer es claro. Es necesario acordar un marco institucional estable que le vuelva a dar competitividad a la economía chilena (hoy, según el World Economic Forum, estamos en el lugar 33), cuidando que el progreso económico correspondiente alcance a todos. (La Tercera)

Rolf Lüders

Luders Schwarzenberg Rolf (1935) liberal de centro derecha,   Bi-ministro de Economía y Hacienda 1982-1983, donde la correspondió anunciar el 13 de enero de 1983 la intervención de 5 bancos, liquidación de tres instituciones y otras dos quedaban bajo supervisión;

luego de dejar el Ministerio, fue declarado reo y procesado en Capuchinos junto a Javier Vial durante seis meses por la quiebra del Banco de Chile.

«En la implementación del modelo se cometieron errores. El problema mas grave no fue la fijación del tipo de cambio ni la rebaja arancelaria, sino la excesiva apertura al financiamiento externo, que hizo posible el endeudamiento de las empresas y el boom exagerado» Apsi, agosto 1985

“La Unidad Popular, con menos del 40% de los escaño en el Congreso, violó la Constitución en sus intentos de impulsar su programa de reformas revolucionarias. El 22 de agosto de 1973 –con un país destruido en lo económico, profundamente dividido en lo político, en que partidarios del régimen ya habían optado por la vía armada para lograr sus objetivos y se estaban internando armas, y existía una mayoría de la población con un futuro económico incierto y temerosa de ser arrastrada a un régimen totalitario-, La Cámara de Diputados así lo declaró oficialmente” (1); “Sería mucho más sabio para el Fisco que el plan de inversiones de Codelco lo ejecutaran privados. Ganaría en eficiencia y en mayor retorno” (2);

publica en 2016 “República en cifras” con datos estadísticos 1810-2010: El producto de Chile creció durante los 200 años que cubrimos a una tasa promedio anual de alrededor del 3% (en términos per cápita, lo hizo a una tasa de 1,5%). El país creció a tasas mayores en el siglo XIX: a  3,15 y 3,25% (1,7 y 1,9% en términos per cápita) para los años 1810-1870 y 1870-1913,  estánrespectivamente.  En cambio, entre 1913 y 1950 su tasa de crecimiento bajó significativamente a 2,4% (0,9% per cápita).  Luego la tasa de crecimiento volvió a subir, llegando a ser de 4,95% entre 1973 y 2004 (3,32% per cápita) (3); “La baja tasa de crecimiento económico de Chile es la consecuencia de un diagnóstico profundamente errado de la NM” (4);

“este gobierno deberá al menos mantener la tasa de crecimiento del años pasado, ¿podrá  y querrá prestar similar y simultánea atención a la reforma tributaria y a la racionalización del conjunto de medidas regulatorias –a menudo kafkianas- que están desincentivando la inversión en Chile?” (5).

«Chile esta corriendo el inminente peligro de sufrir el síndrome de loa países de ingresos medio, y para evitarlo una condición necesaria es revertir nuestra tendencia a la descapitalización. Volver a crecer es indispensable para sustentar el desarrollo social que nos puede devolver la paz. No obstante, bajo el clima de incertidumbre política actual, y las correspondientes propuestas de estatización y de tributación expropiatoria, no cabe esperara que el sector privado sea el que revierta la mencionada tendencia. En consecuencia, en los próximos dos años al menos, tendrá que ser el Estado el que, en subsidiaridad, impulse un esfuerzo extraordinario de inversión». (6)

«Se citan como modelos a seguir las instituciones económco-sociales de Finlandia y Nueva Zelandia, entre otros países. Pero, irónicamente, las propuestas de una Convención Constitucional sesgada, nos conducirían mas bien a una instituiconalidad semejante a la que tuvimos más de medio siglo atrás» (7)

El principal problema del proyecto de nueva Constitución es el sistema político. (8)

(8) Columna, 27 mayo 2022, ver sección.

«Un sistema de cambio permanente para Chile» (1979, presentación en seminario).

«Privatización en chile» (1992, con Dominique Hachette). «Privatization in Chile» (1993). «Five cases of privatization in Chile» (1993, con Dominique Hachette).

«Understanding development in Chile: are the 1930’s a turning point?» (2003, cuadernos de economía N. 121, con Wagner Gert).

«Economía Chilena 1810-2000. Producto total y sectoral. Una nueva mirada» (2007, documento de trabajo UC, con José Díaz y Wagner Gert)

«Economía Chilena 1810-1995» (2004, con José Díaz y Wagner Gert)

«Milton Friedman, la viencia de sus contribuciones, metodología, teoría y política económica» (2014, con Francisco Rosende).

«La República en cifras: historical statistics» (2016, con José Díaz y Wagner Gert)

Carta «Mito neoliberal» La Tercera, 13 noviembre 2011: «la distribución del ingreso es y fue muy desigual en Chile. Pero sabemos que considerando impuestos y subsidios no monetarios, los indicadores de distribución ‘mejoran’ sustancialmente. Además las cohortes mas recientes tienen ingresos menos desiguales que los anteriores (libro Claudioo Sapelli)…»

«Inversiones y crecimiento» La Tercera, 2 marzo 2012: «Es probable que conozcamos otros indicadores que sugieran que la actual efervescencia social está afectando a estos dos ámbitos de la economía».

«Lucro en la educación» 7 diciembre 2012, la Tercera: «Un sistema de educación superior donde compitan diversas instituciones, con y sin fines de lucro, desde el punto de vista conceptual y práctico genera excelencia».

«Borrón y cuenta nueva» columna La Tercera 19 julio 2013 «En Chile fue posible establecer un modelo socioeconómico razonablemente eficiente y coherente con nuestros valores. Sus imperfecciones no justifican volver a prácticas pasadas que sabemos a donde nos llevaron»

«A ponerse las pilas» La Tercera, 12 septiembre 2014 «se deben generar las condiciones para volver a crecer, pues sin ello no será posible financiar los múltiples desafíos que tiene el país»

«Pobreza y desigualdad» Columna La Tercera 18 diciembre 2015 «Casi el único medio efectivo para eliminar la pobreza es el crecimiento económico. La redistribución del ingreso es una noción equivocada conceptual y empiricamente. El error principal es suponer que los esfuerzos de redistribución no afectarán, por un lado, los incentivos a trabajar e invertir y, por el otro lado, a la calidad en la asignación de los recursos»

Contra la gratuidad universal, The Clinic, 12 febrero 2016: «A diferencia de lo que se sucede con la educación pre-escolar y escolar, la que ‘genera una fuerte externalidad positiva’, ‘que beneficia a la sociedad toda y en que, no obstante, el educado no se ve mayormente beneficiado materialmente’, en el caso de la instrucción superior ‘los beneficios los internaliza el educado’,…».

Columna «Estadísticas» La Tercera 17 mayo 2019: «Como norma general, los datos estadísticos oficiales chilenos son considerados internacionalmente como confiables y debieran ser motivo de nuestro justo orgullo…»

Columna «Competitividad» La Tercera, 31 mayo 2019: «el país perdió el consenso que tuvo en los años 1990, en que tenía hambre de crecimiento, para así lograr el pleno desarrollo. En cambio, mucho antes de haber conseguido lo último, hemos preferido privilegiar la redistribución a favor de la clase media… mientras no volvamos a  concordar la firme voluntad de crecimiento y concentrar nuestros esfuerzos redistributivos en reducir la pobreza, condición para alcanzar el bien común, es probable que sigamos perdiendo competitividad…».

Columna La Tercera, 28 junio 2019: “la modernización tributaria propuesta por el gobierno genera una gran oportunidad para adecuar la fiscalización correspondiente”.

Columna La Tercera, 9 agosto 2019: «Informalidad laboral»: «una reducción mandatada de la jornada de trabajo en más de un 10%, como la propuesta, no acompañada de medidas que induzcan un aumento simultáneo de productividad, inevitablemente tendrá un importante impato sobre la informalidad laboral en Chile»

Columna «La COP25 y la basura» La Tercera 6 septiembre 2019: «Las reuniones pueden ser una buena ocasión para que Chile no solo luzca sus programas de reducción de emisión del dióxido de carbono y, en general, su sistema de regulación de inversiones respetuoso del medio ambiente, sino que inicie un proyecto de elimininción de basuras…»

Columna «Daño Institucional» 23 julio 2020: El proyecto del retiro de los fondos de pensión de las AFP -muy popular dada la natural preferencia por liquidez de la ciudadanía- tiene graves defectos, como es reconocido transversalmente. Sin embargo, en vez de mejorar la alternativa presentada por el Ejecutivo, ha sido aprobado por el Congreso recurriendo a un resquicio. Esto último es extremadamente grave, porque la confianza en las instituciones, mediante el estricto respeto al imperio de la ley y a su espíritu, es una condición necesaria para una reactivación exitosa y para el posterior desarrollo económico del país».

Columna «Es la política» La Tercera, 7 agosto 2020, sobre la violencia en la Araucanía: «Pues bien, una condición necesaria para una alta tasa de crecimiento económico es la estabilidad de -y el irrestricto respeto a- las instituciones. Esa condición se da bajo democracias representativas, que se caracterizan por resolver sus diferencias mediante el diálogo y la búsqueda de compromisos. Desafortunadamente en Chile estas características se han debilitado en forma muy significativa».

La Tercera 21 agosto 2020, columna «Un programa oportuno»: «El plan de reactivación oficial es oportuno, potente y comprehensivo, contemplando entre otras medidas una inversión pública de US$ 34 mil millones para crear unos 250.000 empleos y una serie de poderosos incentivos a la inversión y al empleo en empresas privadas. Desafortunadamente, la efectividad de estos últimos estímulos se verá muy mermada por la incertidumbre institucional existente».

Pensiones II, 19 marzo 2021, La Tercera En ese sentido, un escollo -quizás el más importante- para alcanzar un acuerdo es que para algunos la seguridad social implica -por motivos ideológicos- solidaridad entre trabajadores (los empleados activos deben pagar imposiciones y con esos recursos se financian las pensiones de los trabajadores pasivos). En cambio, para otros, conscientes de que este último sistema se traduce en un impuesto al trabajo y afecta el empleo, la solidaridad debe darse a nivel de la población toda -trabajadores, emprendedores y dueños del capital- por intermedio de un pilar solidario financiado con recursos generales de la nación. Esto último permite que -como prefiere una gran mayoría de la población- los ahorros previsionales mandatados vayan a cuentas individuales.

El queque milagroso, La Tercera 28 maro 2021. Friedman decía que si antepones la igualdad a la libertad, no tendrás ninguna de las dos… es como si por arte de magia los recursos disponibles en el país fuesen, como dijo el refrán americano, un queque que se pude comer y simultáneamente mantener incólume.

La Tercera, 25 junio 2021: «En nuestro caso, el crecimiento económico ha estado íntimamente ligado a la acumulación de capital, sin perjuicio que ésta se hiciera considerando las nuevas tecnologías.
Es de perogrullo que la mencionada acumulación solo se produce si existen los incentivos para ellos. Esos incentivos se dieron en los años dorados de crecimiento de nuestra economía, en que los inversionistas gozaron de oportunidades, respecto irrestricto a la propiedad privada, y un grado razonable de tributación.
El esquema mencionado funcionó y la pobreza se redujo espectacularmente. Es cierto que ese resultado se produjo con imperfecciones y con una reducción de la desigualdad menor a la anticipada. Igual, la economía chilena pasó a ser una joyita, no perfecta, p ero internacionalmente admirada….
Es perfectamente posible adoptar políticas públicas sesgadas para favorecer un alto nivel de inclusión, y simultáneamente abrir nuevas oportunidades de inversión, tener un estricto respeto por la propiedad privada y no requerir niveles de tributación expropiatorios».

«No se queje» 9 julio 2021 La Tercera
Una parte de esta clase media chilena -aquella que no se abstuvo de votar- es la que en el plebiscito constitucional apoyó mayoritariamente el Apruebo y luego, en una mucho menor proporción, a los candidatos de la Lista del Pueblo y de la izquierda radical. Son éstos los que favorecen una ruptura institucional, en vez de un proceso de reformas al modelo que respete los principios del sistema existente.  Pues bien, a pesar de que el Chile de hoy, tal como el ambiente internacional, no son aquellos de 1970, la composición fragmentada de la misma CC dificulta predecir siquiera la línea gruesa de los resultados del actual proceso constitucional. Es más, el hecho que un candidato presidencial apoyado por el Partido Comunista esté entre los dos o tres con mayores posibilidades de ser electo, aumenta la incertidumbre. Y la guinda de la torta la puso la instauración de la CC y sus primeros pasos, que algunos han calificado incluso como un verdadero circo

La Tercera, 23 julio 2021  Los objetivos sociales actuales más que ideologicos, parecen estar relacionados con ciertos temas bien concretos. Se trata de asuntos tales como la seguridad social y personal, el medio ambiente, el problema indígena, la inclusión, los llamados abusos, la calidad de la salud, etc. Al tratarlos pareciera no haber una myaor preocupación por sus efectos sobre la economía o por la posible imposibilidad de financiarlos sin destruir a la misma. Si en el pasado, por ejemplo, se consideraba que el goce de una buena pensión o de una buena salud eran en gran parte el fruto del esfuerzo individual, ahora para muchos estos son derechos que el Estado debe garantizar. Es muy probable que ha contribuido a este ambiente el -hasta recientemente- éxito de la economía chilena…. Pero se equivocan… el desafío es mayúsculo y consiste en evitar el síndrome de los países de ingresos medios y al mismo tiempo compatibilizar los importantes cambios que se desean hacer, con la libertad de escoger y con una alta tasa de crecimiento económico que los haga posibles en un plazo razonable. Para ello debemos crear un ambiente favorable al emprendimiento, a la inversión y al cambio tecnológico.

el espectacular desarrollo tecnologico esta generando, en un mundo globalizado, enormes rentas para aquellos que tienen las habilidades y capacidades necesarias para traducirlo en más y mejores bienes y servicios para la población (Hinds, 2021).

Crisis inducisa por cambios tecnológicos, como aquellas que estamos vivienda en Chile, requieren para su solución importantes reformas socio-económicas y políticas.
Es mas, el camino que escojamos determinará nuestros niveles de bienestar en las próximas decadas. De optar por la verticalidad, perderemos buena parte de nuestras libertades y podemos retroceder económicamente. De escoger la horizontalidad, nuestras libertades se expandirán y es probable que la economía vuela a florecer. La Tercera 19 marzo 2022

En estos días una columnista local sostuvo que la nueva Constitución nos estaría colocando a las puertas del infierno y una periodista extranjera agregó que la misma implicaba un suicidio. Al respecto, es innegable que el proyecto de nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional (CC) no cumplirá con su objetivo central, cual es el de restablecer la paz social. Sin embargo, el proceso correspondiente que estamos viviendo ha permitido -respetando la institucionalidad vigente- descomprimir parcialmente el ambiente político. Y es muy probable que después del plebiscito de salida, que dejará en evidencia que la propuesta de nueva Constitución no es precisamente la casa de todos, el proceso antes mencionado continúe.

En materia económico-social no cabe la menor duda a la luz de la experiencia comparada que las disposiciones de la nueva Constitución, de aprobarse, se traducirán en menores tasas de crecimiento económico y, como consecuencia, en menores remuneraciones, en mayor pobreza, y en menores beneficios sociales que los posibles. Estos últimos servicios dependen esencialmente de los recursos que genere la economía para ello y de la calidad de las políticas públicas, y no de lo que diga la Constitución al respecto. Lo anterior no implica que no sean deseables importantes reformas a la actual Constitución, incluyendo en materia económico-social, pero el camino escogido para ello por la CC ha sido, en muchos ámbitos, el equivocado.

El principal problema del proyecto de nueva Constitución es el sistema político. Este es el que determinará -entre otras- la institucionalidad socio-económica. Son sus disposiciones que en buena medida definirán si se mantiene o se perfecciona la democracia que tenemos o si, por el contrario, evolucionamos hacia otros esquemas de gobierno (populismo, autoritarismo, totalitarismo). Desafortunadamente, el sistema político bicameral asimétrico propuesto por la CC tiene un sesgo a favor de que se instale eventualmente en el país alguno de los últimos regímenes nombrados, ninguno de los cuales es funcional al desarrollo económico-social. Este rumbo es más probable en la medida que persista el sistema electoral actual, que por su tendencia a fraccionar al Parlamento, dificulta enormemente el buen gobernar.

La esperanza de evitar un infierno en, o un suicidio de, Chile, reside entonces en la probabilidad de que después del 4 de septiembre el proceso ordenado de cambio institucional iniciado por los trabajos de la CC persista, pero entonces a nivel del Parlamento. Esto será así, porque el plebiscito dejará en evidencia el descontento de la población con la tarea realizada por la CC. Es más, por el mismo motivo el proceso de reformas tendrá entonces un marcado rumbo cejador, sesgo que se dará si gana el Apruebo o el Rechazo.

¿Puede Chile escapar de la trampa de los países de ingreso medio? Esta se refiere a un fenómeno que parece afectar a la mayoría de los países, como el nuestro, de ingresos medios-altos. Por motivos que varían, en estas naciones se estanca entonces la productividad y no son capaces de dar el salto al desarrollo.

En el caso de Chile tal estancamiento se produjo a partir de 2005, pero se agudizó una década después. Se trata de un fenómeno complejo, pero sin duda asociado a las políticas públicas. Por eso no es de extrañar que se dio en Chile cuando se cambió de estrategia de desarrollo, desde una con énfasis en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, a una en que se empezó a privilegiar la redistribución. El problema se agravó con el cambio en la ley electoral en 2015, que agudizó el fraccionamiento político, desincentivando los acuerdos y los compromisos.

Entre 1990 y 2005 se destaca en Chile el rol virtuoso de las instituciones -incluyendo por cierto al Estado de derecho- en el rápido crecimiento económico y en la correspondiente reducción de la pobreza. Cabe destacar que este crecimiento se logró sin cambiar los índices de desigualdad, que -si algo- mejoraron levemente. Es un período en que se privilegiaron los acuerdos políticos legítimos, lo que permitió la implementación de cambios institucionales mayores sin afectar -por previsibles- las tasas de inversión. Trabajos como el de Jadresic y Zahler (2000) y el de Perry y Leipziger (1999), si bien no cubren todo el período mencionado, destacan el rol de la calidad de las políticas públicas y el papel clave de los acuerdos políticos en el destacado desempeño del país.

¿Puede Chile escapar de la trampa de los países de ingreso medio? Esta se refiere a un fenómeno que parece afectar a la mayoría de los países, como el nuestro, de ingresos medios-altos. Por motivos que varían, en estas naciones se estanca entonces la productividad y no son capaces de dar el salto al desarrollo.

En el caso de Chile tal estancamiento se produjo a partir de 2005, pero se agudizó una década después. Se trata de un fenómeno complejo, pero sin duda asociado a las políticas públicas. Por eso no es de extrañar que se dio en Chile cuando se cambió de estrategia de desarrollo, desde una con énfasis en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, a una en que se empezó a privilegiar la redistribución. El problema se agravó con el cambio en la ley electoral en 2015, que agudizó el fraccionamiento político, desincentivando los acuerdos y los compromisos.

Entre 1990 y 2005 se destaca en Chile el rol virtuoso de las instituciones -incluyendo por cierto al Estado de derecho- en el rápido crecimiento económico y en la correspondiente reducción de la pobreza. Cabe destacar que este crecimiento se logró sin cambiar los índices de desigualdad, que -si algo- mejoraron levemente. Es un período en que se privilegiaron los acuerdos políticos legítimos, lo que permitió la implementación de cambios institucionales mayores sin afectar -por previsibles- las tasas de inversión. Trabajos como el de Jadresic y Zahler (2000) y el de Perry y Leipziger (1999), si bien no cubren todo el período mencionado, destacan el rol de la calidad de las políticas públicas y el papel clave de los acuerdos políticos en el destacado desempeño del país.

El obispo de Rancagua y vice-presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, propuso un reajuste al salario mínimo a $400.000, desde los $250.000 que rigen en la actualidad.  Éste último corresponde -sin corrección monetaria- casi exactamente al salario ético que el mismo obispo sugiriera unos nueve años atrás.  La nueva propuesta suscitó diversas reacciones que ilustran que en el debate sobre políticas públicas aún se ignora que éstas requieren, para ser efectivas, tomar en cuenta tanto sus aspectos positivos, como aquellos normativos.  

En materia positiva -lo que es- es necesario medir el efecto que un aumento del salario mínimo tiene sobre el empleo.  Ramos y Chamorro (2013) recogen los valores que al respecto se han calculado para Chile, como también las estimaciones realizadas para los cambios del empleo frente a variaciones de los salarios y del PIB.  Estos trabajos confirman el impacto positivo de los aumentos del PIB sobre el empleo y el efecto negativo de las alzas de las remuneraciones sobre el mismo. En materia de salarios mínimos es evidente el gran impacto de sus variaciones sobre el empleo juvenil.  

Es decir, es posible aumentar el salario mínimo sin afectar la tasa de desempleo, pero este aumento será estrictamente limitado y mayor, mientras más elevada sea la tasa de crecimiento del PIB. Además, cualquier aumento en exceso, tendrá repercusiones especialmente negativas sobre el trabajo juvenil.

En materia normativa -lo que deseamos que sea- el cielo es el límite. No obstante, es necesario considerar que en Chile el salario mínimo ya es elevado en relación a aquél mediano vigente en la economía. Más importante, al aumentar el valor del primero, si bien se mejora el nivel de vida de los beneficiados, se dejan sin ingresos autónomos a los que quedan desempleados, especialmente a los jóvenes.

Afortunadamente, es posible compatibilizar – mediante subsidios estatales-  un salario mínimo como el actualmente vigente, que se espera claree aproximada y técnicamente el mercado laboral, con un ingreso ético del monto que propone el obispo Goic. Dicho ingreso eliminaría en la práctica la pobreza, tal como se define oficialmente. Siendo realistas, un salario ético de ese valor exige -por el tamaño del impacto fiscal del subsidio- la reorganización drástica de la maraña de programas sociales que tiene el país, posiblemente reemplazándolos en  buena parte por un sistema de impuestos negativos sobre el ingreso.   

En resumen, un salario mínimo de la magnitud implícita en la propuesta valórica del obispo Goic tendría, desde la perspectiva positiva y si se implementara de inmediato, un impacto muy negativo sobre el empleo, especialmente aquél de los jóvenes. No obstante es posible -mediante subsidios estatales- conjugar la existencia de un salario mínimo que equilibre el mercado laboral con un ingreso ético más elevado, como el propuesto. Por supuesto la solución de fondo a los bajos ingresos laborales consiste en crecer económicamente y aumentar la productividad del trabajo. (La Tercera)

Rolf Luders

Es época de vacaciones.  A pesar del precio del dólar muchos viajan al extranjero, porque es más barato, todo lo demás igual. Entre ellos lo hicieron dos parientes cercanos y sus familias, una fue a Brasil y la otra a Cuba. A la vuelta nos juntamos a almorzar y a conversar sobre las experiencias. A ambas familias les encantaron las respectivas geografías y la simpatía  y alegría  de los locales. Sin embargo, a medida que me relataban esas experiencias, me quedó muy claro que Chile ha dado en las últimas décadas un importante paso al desarrollo,incomparable con el de la mayoría de los países de la región. Este paso sólo se puede explicar por el tipo de sistema socioeconómico que tenemos.  

Me propuse entonces -porque me resulta entretenido- escoger algunos países, comparar algunas cifras representativas usando datos de Maddison, y ver hasta qué punto estas cifras reflejan la observación casual de mis parientes. Comparé  a Chile con Argentina, Venezuela y Cuba. Escogí a Argentina como ejemplo de un país que no ha modificado mayormente su sistema económico desde mediados del siglo pasado; a Venezuela como un país que empezó a transitar hacia una economía más libre y abierta, pero desde que llegó Hugo Chávez al poder implementó un esquema socialista; y finalmente a Cuba, como ejemplo de un país con una economía centralizada. No incluí a países como México, por su cercanía y dependencia de EE.UU., ni a Perú y Colombia, porque iniciaron el proceso de reformas hace relativamente poco tiempo.  

Los resultados del ejercicio resultaron sorprendentes y debieran inducir a nuestras autoridades a actuar con cautela. Por un lado, Argentina, que hasta 1970 tuvo un ingreso por persona un 30% superior al chileno, cayó hacia 2010 a uno equivalente al 74% del de nuestro país. Un sencillo contra-factual sugiere que si Chile no hubiese hecho la transformación iniciada en 1974, tendría aproximadamente la mitad del ingreso por persona actual. Por otro lado Venezuela, el cual más que duplicaba nuestro PIB por persona hasta 1970, ahora apenas tiene también uno equivalente al 71% del nuestro. Finalmente Cuba, que ya era más pobre que nosotros en 1950 -tenía un PIB por persona equivalente al 60% del nuestro- desde entonces cayó por debajo del 28%.  

En resumen, en 1970 Venezuela era mucho más rica que Chile, y Argentina también superaba significativamente nuestro PIB per cápita.  Desde el momento en que Chile implementó su economía social de mercado, la situación se revirtió dramáticamente.

Hoy, los primeros países apenas alcanzan a tener un ingreso por persona dos tercios del chileno. Cuba, que era algo más pobre que Chile cuando Fidel Castro inició la revolución, hoy tiene un ingreso paupérrimo. Por eso es importante que tomemos conciencia de la joyita que tenemos y que la cuidemos, dado que las economías de mercado son delicadas. Estamos de acuerdo en que hay importantes reformas que hacer, pero hagámoslas respetando las bases del sistema.

Si hay algo que caracteriza al borrador de la nueva Constitución, es su carácter estatista. De acuerdo a su espíritu, el Estado no solamente debe jugar un rol en el ordenamiento de las instituciones públicas y en la provisión de bienes del mismo carácter, sino también en el financiamiento y la producción de bienes privados de la más diversa índole, incluyendo los servicios sociales. Esto no solamente atenta en contra de las libertades individuales, sino que también repercute significativa y negativamente en el crecimiento económico y en la posibilidad de que los numerosos derechos sociales que consagra dicho borrador se hagan realidad.

El Estado es probablemente irreemplazable en tareas de seguridad nacional, orden interno, justicia, manejo macroeconómico y financiamiento de derechos sociales. Recuérdese que un bien tiene carácter privado si hay (1) rivalidad en el consumo (si A consume más, B debe consumir menos) y (2) exclusión (se puede evitar fácilmente que alguien lo consuma si no lo paga, por ejemplo). Estas características tienden a generar -bajo condiciones competitivas- una oferta privada socialmente óptima. Los bienes públicos, en cambio, son aquellos en que no hay rivalidad y posibilidades de exclusión, por lo que la oferta privada de esos bienes va a tender a ser (muy) sub-óptima y -en principio- le cabe al Estado un rol en su oferta.

El problema es que la labor del Estado es costosa e ineficiente. Es costosa, porque debe financiarse con tributos, que generan un costo social que tiende a aumentar en progresión geométrica con el nivel de las tasas de impuesto. Es ineficiente, porque -como nos lo ilustran las teorías del principal-agente y de las decisiones públicas- los funcionarios públicos tienden a privilegiar en algún grado sus propios fines, en vez de aquellos sociales. En el sector privado, en cambio, con competencia, se tienden a alinear los intereses de los agentes con aquellos de la sociedad. Se trata de la famosa mano invisible de Adam Smith.

Por lo anterior, y porque lo experimentamos a diario, el Estado empresario -implícito en el espíritu del borrador de la nueva Constitución- es indeseable. El Estado, que tiene una capacidad limitada de gestión, debiera -en materia de producción de bienes y servicios privados, incluyendo en el caso servicios como la educación, la salud, la vivienda social y las pensiones- fomentar, en vez de reprimir, la expansión de la provisión privada competitiva. Ello implica -en el caso de una continuidad del proceso constitucional posterior al 4 de septiembre- no recoger las correspondientes normativas del actual borrador y además someter a las empresas públicas a una restricción presupuestaria dura (si no se financian solas van a la quiebra), similar a la existentes en las empresas privadas.

En estos días una columnista local sostuvo que la nueva Constitución nos estaría colocando a las puertas del infierno y una periodista extranjera agregó que la misma implicaba un suicidio. Al respecto, es innegable que el proyecto de nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional (CC) no cumplirá con su objetivo central, cual es el de restablecer la paz social. Sin embargo, el proceso correspondiente que estamos viviendo ha permitido -respetando la institucionalidad vigente- descomprimir parcialmente el ambiente político. Y es muy probable que después del plebiscito de salida, que dejará en evidencia que la propuesta de nueva Constitución no es precisamente la casa de todos, el proceso antes mencionado continúe.

En materia económico-social no cabe la menor duda a la luz de la experiencia comparada que las disposiciones de la nueva Constitución, de aprobarse, se traducirán en menores tasas de crecimiento económico y, como consecuencia, en menores remuneraciones, en mayor pobreza, y en menores beneficios sociales que los posibles. Estos últimos servicios dependen esencialmente de los recursos que genere la economía para ello y de la calidad de las políticas públicas, y no de lo que diga la Constitución al respecto. Lo anterior no implica que no sean deseables importantes reformas a la actual Constitución, incluyendo en materia económico-social, pero el camino escogido para ello por la CC ha sido, en muchos ámbitos, el equivocado.

El principal problema del proyecto de nueva Constitución es el sistema político. Este es el que determinará -entre otras- la institucionalidad socio-económica. Son sus disposiciones que en buena medida definirán si se mantiene o se perfecciona la democracia que tenemos o si, por el contrario, evolucionamos hacia otros esquemas de gobierno (populismo, autoritarismo, totalitarismo). Desafortunadamente, el sistema político bicameral asimétrico propuesto por la CC tiene un sesgo a favor de que se instale eventualmente en el país alguno de los últimos regímenes nombrados, ninguno de los cuales es funcional al desarrollo económico-social. Este rumbo es más probable en la medida que persista el sistema electoral actual, que por su tendencia a fraccionar al Parlamento, dificulta enormemente el buen gobernar.

La esperanza de evitar un infierno en, o un suicidio de, Chile, reside entonces en la probabilidad de que después del 4 de septiembre el proceso ordenado de cambio institucional iniciado por los trabajos de la CC persista, pero entonces a nivel del Parlamento. Esto será así, porque el plebiscito dejará en evidencia el descontento de la población con la tarea realizada por la CC. Es más, por el mismo motivo el proceso de reformas tendrá entonces un marcado rumbo cejador, sesgo que se dará si gana el Apruebo o el Rechazo. (La Tercera)

Rolf Lüders

El borrador de la nueva Constitución chilena está prácticamente completado. Este proyecto -lejos de unir a los chilenos como muchos esperábamos sucediera- contribuirá a dividirnos aún más. Es prácticamente cierto que la Convención Constitucional (CC) propondrá una Carta maximalista que se parece mucho más a un programa de gobierno de un conjunto de partidos y agrupaciones sociales de un determinado sector del espectro político chileno, que a una Constitución que genere la base de una casa común para todos. Se trata además y entre otras cosas, de un ordenamiento que ignora absolutamente los recursos requeridos para su implementación y también las consecuencias económicas -probablemente muy negativas- de sus disposiciones.

En efecto, de acuerdo al borrador de la nueva Constitución, una parte importante de las actividades económico-sociales del país estarían pasando a propiedad estatal. Pero, ¿de dónde salen los recursos necesarios para indemnizar a sus actuales propietarios y para luego financiar el desarrollo de esas empresas y servicios? Ciertamente no será de la reducción del gasto público. ¿Provendrán entones de mayores impuestos? No, porque los tributos adicionales que razonablemente se puedan recaudar -ese 4 por ciento del PIB hacia 2026- ya han sido comprometidos para financiar un mayor gasto social. Usando las depreciaciones para indemnizar y sin aportes de nuevos capitales, las actividades nacionalizadas se irán jibarizando irremediablemente, como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela.

Implícito en el programa de la CC está la noción de que las empresas y servicios operados estatalmente son tan o más eficientes que los privados, lo que no es así. Si no lo ha hecho, revise las conclusiones de la Teoría del Principal Agente al respecto. Las empresas privadas enfrentan una restricción presupuestaria dura -van a la quiebra si no tienen excedentes- en cambio las empresas públicas no. Por ejemplo, TVN recientemente fue rescatada financieramente con fondos fiscales, es decir, por Ud. estimado lector. En Europa este problema se resolvió -ya he escrito antes sobre el tema- sometiendo a las empresas estatales también a una restricción presupuestaria dura, lo que no se ha propuesto acá.

Es decir, desde una perspectiva técnica, la moción de la CC de estatizar una parte relevante de las actividades productoras de bienes y servicios resulta, por su efecto negativo sobre el crecimiento económico, absolutamente incomprensible. De hecho, en general tal grado de estatización no existe en los países democráticos que normalmente se citan como ejemplo a seguir. Y en lo valórico, es evidente que el significativo aumento del poder estatal implícito en las estatizaciones comentadas reducirá significativamente los grados de libertad individual de los ciudadanos. (La Tercera)

Rolf Lüders

Estamos a semanas de la entrega del borrador de la nueva Constitución. Por el momento, la Convención Constitucional (CC) ha acordado escasas materias económico-sociales. Sin embargo, el trabajo a nivel de las comisiones sugiere que la tendencia será entregarle al Estado la responsabilidad de producir una serie de bienes y servicios muy importantes, hoy generados o coproducidos por el sector privado. La oferta estatal, universal y de calidad, de la mayoría de los últimos -me refiero en especial a la salud, a la educación, a las pensiones, a la vivienda social, al agua y a las obras públicas- estaría garantizada constitucionalmente, como si bastara lo último para que efectivamente tal provisión se hiciera realidad.

En al menos los próximos dos años, el espacio para expandir significativamente el gasto social y realizar al mismo tiempo la inversión pública necesaria para incrementar notoriamente la oferta de bienes y servicios del Estado, será muy escaso, dado que el foco debiera estar en sanear la situación fiscal. Y la experiencia con el así llamado quinto retiro de fondos de las AFP no es más que un anticipo de lo difícil que será aplacar las demandas sociales por más gasto. Como es sabido, en esta ocasión y en definitiva, se optó una vez más por hacer frente a las demandas ciudadanas por más desembolsos en base a un proyecto -esta vez innecesariamente enmarañado y marcadamente regresivo- que se estaría financiando recurriendo a ahorros pasados acumulados, es decir, empobreciendo al país.

Suponiendo que se logre controlar la situación fiscal, lo que suceda en adelante en materia productiva y de gasto social dependerá crucialmente de las políticas públicas que se adopten y estas estarán naturalmente condicionadas por las disposiciones de la nueva Constitución. Si es que se confirma el mencionado sesgo constitucional estatizante, ¿tendrá el Estado el acceso a los recursos necesarios para financiar las cuantiosas inversiones que deberá hacer, al mismo tiempo que para pagar las indemnizaciones por las expropiaciones mandatadas y realizar los desembolsos por el significativo aumento del gasto social que se producirá?

Es imposible responder la pregunta anterior sin conocer el contenido definitivo de la proposición que haga la CC. Sin embargo, en el siglo pasado en Chile el Estado fue asumiendo -de facto y hasta 1973- responsabilidades muy similares a los que probablemente se le otorguen en la propuesta de la CC y el resultado -la crisis económica y social- todos lo conocemos. Por suerte todavía es tiempo para que la CC deje de lado el voluntarismo y -recogiendo de nuestra rica experiencia, como de aquella internacional, lo positivo y corrigiendo lo malo- aterrice las disposiciones constitucionales de modo de evitar defraudar otra vez más a la población. (La Tercera)

Rolf Lüders

La economía chilena se está desacelerando marcadamente. Tal desaceleración tiene varias causas, siendo la más preocupante la caída de la inversión. Esta última también tiene diversos orígenes, destacando entre ellos la imperante incertidumbre, ahora generada en parte importante por el cauce que está tomando el proceso constitucional. En vez de una nueva Carta Magna que sea la casa de todos los chilenos, el proceso pareciera más bien encaminarse a un documento de carácter marcadamente indigenista, con ciudadanos de primera y segunda categoría, en que el Estado asume cada vez más atribuciones, y en que las personas, en materia de propiedad al menos, gozarán de derechos menos garantizados que los actuales.

La mencionada incertidumbre económica se produce principalmente porque una gran mayoría de constituyentes son partidarios de terminar con el así llamado modelo neoliberal, pero no han definido explícitamente un esquema alternativo. Pareciera que esa pluralidad estima -sin base empírica alguna- que el crecimiento económico se produce por arte de magia y que el Estado es casi siempre un mejor asignador de recursos que el mercado. No obstante, son precisamente las instituciones y entre ellas por supuesto que las constituciones, las que definen los sistemas económicos y los incentivos para el desarrollo.

Para las economías de mercado, el derecho de propiedad es una institución absolutamente esencial. No es de extrañar que países como Finlandia, Canadá y Nueva Zelanda, para nombrar solo a aquellos que más se mencionan como modelos a seguir por Chile, figuran entre los países con mayores ingresos por persona y también con el derecho de propiedad mejor resguardado (Americans for Tax Reform, 2010). En ese registro, Chile aparece, igual que en el listado de PIB por persona, más abajo, en el lugar 32, pero de todos modos a la cabeza de la región. Si se debilita ese derecho -como se está proponiendo en la Convención-, lo más probable es que se vean afectadas severamente nuestras posibilidades de desarrollo. Al respecto, no hay que olvidar que los inversionistas le exigen más a Chile porque, en los años 60 y 70 y al amparo de la Constitución de 1925, se expropiaron con nula y/o escasa compensación algunas grandes empresas mineras y miles de predios agrícolas.

La Constitución no es un programa de gobierno, como cada vez más se está pareciendo la propuesta que está generando la Convención, sino que tiene, como uno de sus dos principales objetivos, definir los derechos de los ciudadanos frente al Estado. En ese sentido y como un garante de la libertad, el derecho de propiedad bien resguardado constitucionalmente es insustituible, sin perjuicio que produce además, como externalidad y en una economía de mercado, incentivos requeridos para el desarrollo. (La Tercera)

Rolf Lüders

La cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que en lo esencial libera de pago los primeros 150 minutos de estacionamientos en centros comerciales, clínicas y hospitales. Otras disposiciones recientes de igual carácter son las que obligan, uno, a las radios a dedicar un porcentaje de sus programas a la música chilena, y dos, a los teloneros a ser de nacionalidad chilena. Estas normativas legales, que a muchos les parecerán de menor importancia, son -junto con la reciente reforma educacional- indicios de una tendencia preocupante en el país por restringir los derechos de propiedad privados y las libertades individuales.

En el caso específico de los centros comerciales, ¿acaso no son los propios operadores aquellos que con mayor propiedad pueden determinar cuál es el número óptimo de estacionamientos que deben construir y qué es lo que deben cobrar -si algo- por su uso? En la actualidad, la ocupación de la mayor parte de este tipo de estacionamientos son gratuitos, porque todavía existe exceso de capacidad. A medida que en algunos centros este exceso se ha ido agotando -como ha sucedido en el oriente de Santiago- se ha racionado su uso vía precio. Es sabido que como no estamos racionando el uso del auto en nuestras ciudades, nos quejamos de la aguda congestión. Análogamente, si el proyecto que estamos comentando se aprueba en el Senado, las mismas personas que hoy se quejan por el cobro, se van a quejar luego amargamente por la falta de estacionamientos y la necesidad de hacer viajes más largos para llegar a aquellos centros en que sí puedan estacionarse.

¿Qué lógica tiene entonces, al margen de la populista, que el Estado expropie -porque de eso se trata en el fondo- una parte, aunque muy menor, del patrimonio de algunos centros comerciales para beneficiar económicamente a un número de automovilistas de clase media más bien alta? Pareciera que ninguna. En el corto plazo el número de autos que van a hacer uso de los estacionamientos no va a aumentar significativamente, dado que en general sólo se está cobrando cuando la capacidad de los correspondientes estacionamientos se está agotando. Pero en el mediano y largo plazo este uso va a disminuir relativamente, porque será menos rentable construir nuevos estacionamientos. Y como el sistema no beneficia a las personas que no tienen automóvil, la medida en comento ni siquiera puede justificarse por motivos redistributivos.

En resumen, la ley que libera de pago a los primeros 150 minutos de estacionamientos en los centros comerciales es el resultado de una ingeniería social que no parece tener justificación alguna, salvo una populista. Limita, estrictamente hablando, el derecho de propiedad y es ineficiente. Restringe además -tal como lo hacen la recientemente aprobada ley que pone fin al lucro, al copago y a la discriminación en la educación, y las disposiciones sobre música chilena y los teloneros-nuestra libertad para emprender y escoger. El Senado todavía puede y debe rechazar -al menos por simbólica- semejante aberración. (La Tercera)

La presidenta Michelle Bachelet presentó ayer su cuenta anual, en que cubrió una amplia gama de materias. Destacaremos acá aquellas partes que nos parecieron más positivas, como también aquellas más débiles, o francamente condenables. Fue un discurso sin sorpresas y sin grandes anuncios, que evitó el populismo (excepto por uno que otro brote), que tuvo el esperado énfasis estatista, y que evitó tomar una posición clara y precisa con respecto al proceso constitucional.       

La cuenta tuvo un sabor absolutamente coherente con el reciente cambio de gabinete, en que -sin abandonar el programa de reformas del gobierno- Bachelet llamó, por la vía del diálogo, a buscar amplios acuerdos que le den a esas reformas una base más firme que aquellas realizadas hasta ahora. En ese sentido, su discurso de cambio de actitud de gobierno pareció sincero, porque reconoció fallas en el actuar pasado y reiteró que su objetivo de gobierno es contribuir a un Chile más inclusivo, más justo y menos desigual. En la misma línea, y muy positivo, es que recalcó que el crecimiento económico es una condición necesaria para lograr el anhelado desarrollo social.  

Una debilidad de la cuenta fue -considerando la revuelta situación socioeconómica y política del país- la ausencia de un diagnóstico convincente y bien desarrollado de los dos o tres problemas fundamentales de Chile, y la falta de medidas específicas para resolverlos.  Fue más bien una majamama de medidas puntuales -ya tomadas y por tomar- para dar cuenta de los cuestionamientos implícitos en las diferentes encuestas de opinión pública.

En materia de fondo es incuestionable el énfasis estatista de una buena parte de las medidas anunciadas;  por ejemplo, varios serán los nuevos ministerios y subsecretarías que se crearán -una verdadera fiesta-,ampliando el gasto fiscal y aumentando la complejidad de un Estado que ya peca de enormes deficiencias.  

En materia de energía se pretende volver al Estado empresario. Finalmente, otras medidas -sobre todo en educación y en beneficios para pensionados- comprometen nuevos e ingentes recursos públicos a futuro, anticipando un significativo incremento del gasto fiscal en relación al PIB.

En lo inmediato, lo más objetable de la cuenta es que no despejó las dudas en materia constitucional. Es cierto que Bachelet señaló que desea que el proceso hacia una nueva Constitución se legitime con la participación social en la redacción de la misma y que ese nuevo documento sea aprobado por intermedio de  los mecanismos institucionales pertinentes. Sin embargo, ¿será ese marco  -más bien vago y que cada uno puede interpretar a su modo-, suficiente para  despejar la falta de confianza que tienen los empresarios en el rumbo institucional del país? Lo dudo, y mientras subsista la actual desconfianza, la inversión y el crecimiento económico no se reactivarán. Y a pesar de las buenas intenciones de la Presidenta, una buena parte del ambicioso programa social del gobierno terminará siendo letra muerta.

El gobierno ha reconocido falencias en el diseño, en la ejecución y en la comunicación de los beneficios de las reformas. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, agregó recientemente un importante sinceramiento fiscal. Reaccionando a las consecuencias económicas y políticas de estos hechos, la Presidente Bachelet realizó un drástico ajuste ministerial, con la finalidad de implementar un segundo tiempo del gobierno bajo el lema de “realismo sin renuncias”. Por el momento la definición concreta de este mandato sólo está generando tensiones en la Nueva Mayoría y confusión en el resto de la población.

El problema que enfrenta el nuevo equipo ministerial es complejo. El paquete de reformas anunciado -implementado o en proceso de serlo- ha deteriorado marcadamente el ambiente de inversión. Es la reacción natural a un aumento de los impuestos al emprendimiento, a la condena del lucro, a un encarecimiento anticipado de la mano de obra, y a la amenaza de un debilitamiento de los derechos de propiedad. No es aún tiempo para apretar el botón de pánico, pero sí para ordenar la instalación de uno.

Nuestra historia económica nos proporciona algunas lecciones respecto al tema. Por ejemplo, entre 1940 y mediados de los años ’50 Chile utilizó un esquema de tipos de cambios diferenciados para extraer tributos extraordinarios a la minería del cobre. Además, la política de sustitución de importaciones, implementada en el país durante la misma época y hasta comienzos de los años ’70, redujo considerablemente la rentabilidad en el agro. La reacción fue menor inversión y la consecuencia de ésta última, la amenaza de expropiación, que sólo agravó el problema. El Estado trató infructuosamente de compensar la caída de la inversión privada con un aumento de la inversión pública -la cual llegó a ser superior al 70% del total nacional durante el gobierno de Frei Montalva-, sin que ello impidiera entonces, como tampoco lo ha hecho ahora, la caída relativa del PIB per cápita.  

Años después bastó que los inversionistas anticiparan que la Concertación no iba a alterar los fundamentos del modelo establecido durante el régimen militar, para que se crearan las confianzas necesarias para aumentar significativamente la productividad en la economía (Jadresic y Zahler, 2000) y así poder sostener el llamado “milagro económico chileno”.  Junto a otras razones, menos significativas, esta mayor productividad se puede explicar por el aumento de la inversión desde menos de un 20% del PIB en los años ’80, a aproximadamente un 25% del mismo en los años ’90 y siguientes.

No se le pueden pedir peras al olmo. Pretender que medidas que reduzcan significativamente la rentabilidad esperada de las inversiones -sobre todo si incluso pueden llegar a tener un carácter expropiatorio- no tengan un efecto negativo y notorio sobre las tasas de inversión es ingenuo, por decir lo menos. Sostener lo contrario es confundir a la ciudadanía y me temo que el lema “realismo sin renuncias” sólo contribuye a lo último.

La campaña del Apruebo ha resaltado en el proceso plebiscitario los derechos sociales (educación, pensiones, salud, y vivienda). Sin explicitarlo, ha sugerido que -de aprobarse el borrador de nueva Constitución- estos servicios pasarán a ser de índole similar a los buenos actualmente ofrecidos en el sector privado. Tal campaña ignora -convenientemente- referirse a las fuentes de financiamiento de esos derechos. Según Betancor, Larraín, Martínez, Ugarte, Valdés y Vergara (2022), ellos demandarán anualmente recursos estimados, en promedio, en un 6,64 por ciento del PIB. Este monto es de tal magnitud que -para todos los efectos prácticos- no se podrán recabar para cumplir con las promesas descritas en el párrafo anterior.

En efecto, sabemos que nuevos gastos permanentes deben financiarse con recursos adicionales, también permanentes. Sabemos que liberar recursos mediante una reforma del Estado es políticamente muy difícil, sino imposible. Algo similar sucede con las campañas para reducir la evasión y la elusión tributaria. Los aumentos de impuestos sobre las rentas de las personas son muy impopulares, por lo que es complicado lograr aprobarlos, y aquellos que afectan a las rentas de las empresas tienden a reducir la inversión y el crecimiento.

Pero es precisamente el crecimiento económico el que ha probado ser la forma más eficaz de aumentar los ingresos fiscales. Desafortunadamente el borrador de nueva Constitución tiene un gran número de disposiciones que desalientan la inversión y por ende el crecimiento, y tiene muy pocos acápites que tienen efectos en el sentido contrario. Entre las primeras cabe destacar los sistemas político y judicial que generan incertidumbre; el debilitamiento del derecho de propiedad; el tratamiento que se le da a los derechos del agua y a las concesiones mineras; los derechos territoriales de las poblaciones indígenas; los derechos sindicales exagerados; el tratamiento de las empresas estatales; etc., etc. Entre las segundas, se encuentran aquellas que fomentan el desarrollo científico y tecnológico, y -para algunos- aquellas que propenden a la implementación de una política industrial.

No hay duda que existe en Chile una evidente demanda por una mejora en la calidad de los servicios sociales, pero también de que -si se aprueba la actual propuesta de nueva Constitución- no estarán disponibles los recursos para lograr tal progreso. La restricción viene por el lado presupuestario y tiene muy poco o nada que ver con la actual Constitución. Sin embargo, si se llegara a aprobar la propuesta de nueva Carta Magna -por su efecto empobrecedor- no solo impedirá mejorar la calidad de los servicios sociales en Chile, sino que muy probablemente los empeorará significativamente, defraudando una vez más -y gravemente- a la población. (La Tercera)

Rolf Lüders

La presidenta Bachelet anunció las líneas generales de la reforma que propone para el sistema de pensiones del país.  El anuncio se produjo después de que la exorbitante pensión otorgada a una funcionaria de Gendarmería, cuyos empleados aportan a un regimen de reparto, gatillara una andanada de peticiones de aumento de pensiones y -extrañamente- de ácidas críticas en contra del sistema de capitalización existente.

La reacción del gobierno, que disponía del informe de una comisión de distinguidos expertos, fue rápida.  Hizo una propuesta que responde parcialmente a las  demandas existentes y que está centrada en 12 medidas que son de general conocimiento.  De ese modo, esbozó un esquema de cuatro pilares: asistencial, de reparto  o -como ha sido apodado- de ahorro colectivo solidario, de capitalización, y voluntario.

La propuesta misma todavía es vaga y algunas de sus medidas  -incomprensibles-  solamente se explican como una forma de aplacar demandas.  Más importante es el pedido que hizo la Presidenta para que las reformas que eventualmente se adopten se sustenten en un gran pacto nacional.  Este llamado se puede leer como un cambio en la actitud del gobierno frente a la manera de hacer las reformas económico-sociales y merece el mayor apoyo posible.

El corazón de la reforma probablemente sea el aumento del 50 por ciento en las cotizaciones  -a ser pagado (físicamente) por los empleadores y a realizarse paulatinamente –  para crear, en lo medular, un pilar de reparto.  Esta propuesta debe ser objetada, no por su finalidad, sino por sus efectos.  Representa un impuesto sobre el trabajo  e incide definitivamente en menos empleo y menores salarios netos, además de tener todos los problemas asociados a un sistema de reparto.    

¿Por qué este cinco por ciento es un impuesto sobre el trabajo y el 10 por ciento que se cotiza actualmente no lo es?  Muy simple.  La actual contribución la deposita el trabajador en su cuenta personal en una AFP y seguirá siendo su plata hasta que él decida utilizarla para financiar su pensión o, posiblemente, dejarle parte de ella como herencia a sus familiares. En cambio, la cotización adicional del cinco por ciento iría directamente a un fondo colectivo, con lo que el trabajador pierde todo vínculo con sus aportes.  

Hace poco el país aprobó una reforma al impuesto sobre la renta que -como argumentamos en alguna columna anterior, apoyado en trabajos empíricos sobre el tema- está incidiendo exclusivamente en una baja relativa de los salarios, en vez de generar -como se anunció- menores rentas netas para el capital.  No es eficiente y tampoco justo imponerle ahora otra carga al trabajo, como sucederá si se aprueba la propuesta del aumento del cinco por ciento de contribuciones para financiar un pilar de reparto.  La mayor solidaridad con los que reciben bajas pensiones se puede financiar perfectamente recortando gastos fiscales menos prioritarios en carpeta.  Como dice el refrán, contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar.

Rolf Luders