Marshall Rivera Jorge (1954) ingeniero comercial, doctor en Economía de la U de Harvard;   columnista de El Mercurio (5); casado con  Consuelo Líbano Aravena (1955) psicóloga.

Hijo de Enrique Marshall Silva  nacido en Talca 24 febrero 1921, + 1986; Abogado; Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras 1968-1970, 1973-1974; casado  1950 con Filomena Rivera Cruchaga.

Su hermano Enrique, también economista, que fuera vicepresidente del Banco Central, escribe durante la vacunación por el COVID-19: «Son muchos los logros alcanzados por nuestro país en los últimos 30 años. Ahora podemos agregar otro: gestionar exitosamente un proceso de vacunación masiva en circunstancias altamente complejas» El Mercurio, carta 11 febrero 2021

Inscripción numero 198 matrimonio  1977 Portales

Marshall Líbano Daniela, ingeniera comercial, obtiene beca de doctorado en Universidad de Pennsylvania

Marshall Líbano Jorge Andrés (1979) ingeniero comercial, coordinador de diseño comercial de Banco Estado

Marshall Líbano Natalia, trabajadora social, master en administración pública

Hermano de Enrique Marshall, vicepresidente del Banco Central: »

Lo anterior es especialmente cierto en las élites económicas y sociales y en los sectores de derecha, que suelen disfrazar su cobardía como moderación y prudencia. La izquierda radical, en tanto, ha hecho siempre y en todas partes de la mentira parte de su estrategia para avanzar su causa de poder. Esto lo ha sabido siempre la izquierda moderada, pero como estamos en Chile, prefiere relacionarse de manera ambigua con su contraparte totalitaria.  Como consecuencia de estos rasgos idiosincráticos, casi todo lo que se dice con impacto público en Chile raya en la mentira. Es mentira, por ejemplo, que el golpe de Estado de 1973 puso fin a la democracia chilena. La verdad es que fue la clase política, particularmente la de izquierda, la que la destruyó con su proyecto totalitario. Es también mentira que gracias a la izquierda y su lucha heroica se recuperó la democracia en Chile, pues el itinerario de transición a la democracia estaba establecido claramente en la Constitución de 1980. Obviamente esta mentira sirve al interés de todo un sector nacional, el mismo que arruinó al país y luego emergió revestido de un heroísmo que no tuvo nunca» Diario Financiero, 8 septiembre 2021

(1) “Lo que el cobre se llevó” El Mercurio 3 noviembre 2015.

(2) “Chile en la encrucijada” El Mercurio 12 enero 2016.

(3) Reencauzando el crecimiento (II), El Mercurio 8 agoto 2017.

(4) Entrevista, La Tercera 10 septiembre 2017.

(5) “América Latina: lecciones de una debilidad estructural” El Mercurio 26 junio 2018.

(6) Opiniones en El Mercurio 26 octubre 2020.

(7) Columna «Una conversación necesaria» El Mercurio, 10 noviembre 2020

Marshall Rivera Jorge (1954)  MAPU, PPD, Subsecretario de Economía 1990-1992, Ministro de Economía 1992-1993; consejero del Banco Central 1993-2003; vicepresidente de Banco Estado; participó en el equipo programático de Gobierno de Michelle Bachelet 2005; director del Instituto de Políticas Públicas Expansiva/UDP;

decano de economía de la Universidad Andrés Bello; presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile 2014; “desde la recuperación de la democracia, en 1990, fuimos consolidando un activo fundamental para el progreso del país: la prudencia en las políticas públicas y los acuerdos amplios, que es uno de los factores más difíciles de alcanzar en el camino al desarrollo. Pero a partir del boom del cobre, Chile cambió. Con el auge que se inicia en 2004 y se extiende hasta 2013, este activo se fue deteriorando. Las autoridades y la clase política creyeron que habían encontrado un atajo, que no requería tanto esfuerzo, y cedieron gradualmente a sus encantos. Ahora que el super ciclo de las materias primas ha quedado atrás, nos damos cuenta de que el cobre se llevó la prudencia, la que no tiene signo político” escribe en 2015 (1),

“Chile enfrenta tres desafíos de envergadura: recobrar la solidez de los fundamentos en un entorno adverso; mejorar significativamente la calidad de los bienes públicos (educación, salud, pensiones), y reducir la brecha de productividad entre los sectores moderno y tradicional” (2);

“junto con reconocer que el principal desafío del país es volver a un crecimiento dinámico, debemos evitar las recetas que ofrecen “mas de los mismo”, y reencauzar nuestra estrategia de crecimiento, incorporando la dimensión territorial a la transformación productiva, generando proyectos de largo plazo que se adaptan a un contexto y una geografía específica” (3); “me considero un economista de centroizquierda, pero el mundo al cual yo pertenezco ya no existe, se acabó… creo hay que inventar algo nuevo, pero algo nuevo que mire el crecimiento y el mejoramiento de las condiciones sociales de la gente con una mirada integral, no pasando por arriba” (4); columnista de El Mercurio (5).

Después del plebiscito del 25 de octubre: «Ahora, la incertidumbre está mas acotada y la violencia cada vez mas circunscrita a los grupos mas extremos. Se ha fortalecido la idea de que un clima de paz social y el orden institucional son el único camino para construir un país mejor… se requiere evitar la ideologización del debate que se produciría si la disyuntiva entre el Apruebo y el Rechazo se sustituye por otra similar: cambio radical versus defensa irrestrica del statu quo del actual orden constitucional» (6).

«el éxito del proceso constituyente dependerá en gran medida de la calidad de la conversación que tengamos entre nosotros desde ahora… No partimos de cero. La institucionalidad para la estabilidad macroeconómica, incluido los principios de responsabilidad fiscal, iniciativa exclusiva del gobierno en materia de gasto y la autonomía constitucional del Banco Central, han mostrado que son mecanismos efectivos y coherentes con una democracia avanzada, por lo que debiesen mantenerse en las diferentes variedades de capitalismo que se discutan» (7)»

Apoya a Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial, junto a un amplio grupo de economistas. 6 diciembre 2021

«El desafío clave posplebiscito es la construcción de una nueva síntesis para el desarrollo del país, donde lo relevante no es lo que cada actor espea del futuro, sino lo que el futuro en común requiere de cada uno» (8)

(8)  «El desafío posplebicito: renovar la visión del desarrollo» El Mercurio, 30 agosto 2022

«Stocks externos y política fiscal» Jorge Marshall y Osvaldo Larrañaga, Cuadernos de Economía, abril 1992

Columna: “El cierre de IANSA en Linares” (1). “La economía en perspectiva” (2).

«La izquierda extraviada» 2 febrero 2018 «La experiencia  muestra que el progreso de los países va de la mano con su capacidad de construir una visión compartida, que contenga los anhelos mas profundos de la población y que, al mismo tiempo, esté firmemente anclada en la realidad. Esto fue lo que los líderes de la Concertación lograron articular a fines de los 80, sentando las bases del enorme progreso en los veinte años siguientes…  hasta la meritocracia, que siempre fue una bandera de la izquierda, quedó subordinada a la pertenencia a grupos sociales o a partidos políticos… el desafío de la izquierda es construir un proyecto de futuro, en el que un estado moderno y una gobernanza abierta encuentren caminos concretos para mejorar las políticas y los activos públicos»

«Pacto para un gobernabilidad abierta» El Mercurio  9 agosto 2016 «Una parte significativa de la incertidumbre que vivimos se debe a que tenemos un sistema cerrado de gobierno, cuya efectividad depende más de la billetera fiscal que de la capacidad de movilizar al  resto de la sociedad… la condición para enfrentar con éxito los desafios colectivos es tener la capacidad para congregar los esfuerzos de unos y de otros. Esta gobernabilidad solo es posible en un modelo abierto»

Jorge Marshall: «Los grandes problemas de la sociedad son complejos y solo se puede abordar cuando actúan simultáneamente el Estado, los mercados y la sociedd civil, en un ambiente colaborativo. En este sentido, el rol del Estado debe orientarse a articular el esfuerzo del conjunto de los actores en toro a los objetivos comunes, teniendo muy claro que sin e parte del sector privado y de la sociedad civil es muy poco lo que se puede avanzar» marzo 2021

(1) “el cierre de la planta de IANSA debe generar un remplazo del enfoque asistencial que los gobiernos han seguido hasta ahora por a construcción de proyectos de desarrollo integral en los territorios” LT 3 octubre 2018.

(2) “El conocimiento con impacto en las actividades productiva, es contextual porque necesita estar vinculado a la realidad geográfica, productiva y cultual de los territorios en los cuales se aplica” EM 14 mayo 2019.

Columna «Crecimiento y territorio: las claves para el desarrollo» 2 mayo 2018
la mejor política de crecimiento es generar ambientes en los cuales se puedan gatillar círculos virtuosos de crecimiento en tantos lugares como sea posible, incorporando a todos los actores relevantes.

Columna «América Latina: lecciones de una debilidad estructural, 26 junio 2018
el principal desafío de la región sigue más vigente que nunca: fortalecer las capacidades de coordinación no solo de los gobiernos, también del resto de los actores que tienen relevancia en el desarrollo productivo de los países.

Columna «¿Dónde están los proyectos para impulsar el crecimiento? 14 agosto 2018
Es claro que la recuperación del crecimiento requiere de proyectos concretos de inversión, de diversificación productiva y de formación de nuevas habilidades en la fuerza de trabajo

Columna «Confrontando la realidad en materia de crecimiento», 2 octubre 2018
para impulsar el crecimiento, es necesario crear nuevas capacidades, que responden a una «mentalidad» caracterizada por una clara intencionalidad del Gobierno, de las empresas y de las universidades para actuar conjuntamente, establecer una base de prioridades compartidas y facilitar la coordinación para el desarrollo de nuevas actividades productivas que puedan competir en los mercados globales.

Columna «Claves de una estratagia de desarrollo integral» 20 noviembre 2018
se necesita generar nuevas actividades de crecimiento, lo que requiere de la coordinación entre actores, incluyendo empresas, universidades y gobierno. Alcanzar el desarrollo integral se logra solo cuando la coordinación efectiva que opera «desde abajo» se complementa con las políticas que se aplican «desde arriba».

Columna «La paradja del desarrollo y el desgaste del (los) gobiernos» 8 Enero 2019
Cada vez es más claro que la efectividad de las políticas públicas para avanzar hacia un desarrollo integral depende de la capacidad de los gobiernos para construir un nuevo eje, que considere la generación de un entorno positivo en las comunidades locales, apoyado en el Estado, en los mercados y también en las relaciones de colaboración entre distintos actores sociales.

Columna «¿Revolución microecómina o cambio de paradigma?»
Hoy la vitalidad de los mercados depende de la existencia de sociedades y comunidades inclusivas, con un sentido de propósito y una democracia vigorosa. El balance entre Estado, mercados y comunidad es la base del progreso, que se ve reflejada en ámbitos específicos como la calidad de la regulación económica o del funcionamiento del Estado. De aquí que la agenda de la revolución microeconómica, tal como está planteada, es un esfuerzo inútil.

Columna «La economía en perspectiva» 14 mayo 2019
El camino que debemos recorrer necesita de la construcción de nuevos activos en la economía, especialmente la incorporación de conocimiento en las actividades productivas existentes, lo que requiere de la acción coordinada entre los diversos actores, que en definitiva es el atributo decisivo en la sociedad actual.
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Columna «Los nuevos grupos medios y la economía» 2 julio 2019
Los nuevos grupos medios son el producto de dos factores inseparables: las políticas públicas que abren oportunidades y el esfuerzo propio que las aprovecha. No son el resultado espontáneo de la dinámica de los mercados y tampoco son la consecuencia de políticas asistencialistas. Claves han sido el mayor acceso a la educación superior, las reformas estructurales que se han aplicado en el país y el ambiente de crecimiento general de la economía.

Columna «La trampa del ingreso medio y seis años de crecimiento mediocre» 20 agosto 2019
cabe destacar que las interacciones en las que hay proximidad física permiten cultivar y transmitir mejor el conocimiento tácito, por lo que son las que más inciden en la innovación y en la transformación productiva, y permiten generar círculos virtuosos de crecimiento. Por esta razón, retomar el dinamismo requiere crear capacidades locales para incorporar conocimientos en tantos lugares como sea posible.

Columna «¿Cuál reforma del Estado?»: 27/3/27: es necesario institucionalizar el aprendizaje a lo largo de toda la cadena de diseño y ejecución de las políticas, aportando evidencia y reflexión crítica, y considerando un margen de flexibilidad en su adaptación a los contextos específicos. Así, la gobernanza se organiza en torno a los procesos colectivos de descubrimiento de mejores soluciones concretas, que sustituyen a las que se van quedando obsoletas.

Columna «Los caminos del crecimiento sostenible»: 27 febrero 2018

El camino alternativo, busca activar las redes de colaboración, en las cuales la calidad de la interacción física constituye su condición basal. En estas redes descentralizadas participan las universidades, empresas, diversos organismos públicos, sociedad civil, emprendedores, entre otros. Su objetivo es reunir el conocimiento que requiere la innovación, que está disperso en muchos actores, y luego organizar iniciativas que promuevan la renovación de las actividades productivas. Se trata de organizar una gobernanza arraigada en las localidades, con una clara voz del ámbito privado. Por estas razones, la mayoría de los países europeos y crecientemente las ciudades en EE.UU. están recurriendo a crear este tipo de ecosistemas locales para que asuman un nuevo protagonismo en el proceso de crecimiento.

Columna «La izquierda extraviada»: 2 enero 2018
La experiencia muestra que el progreso de los países va de la mano con su capacidad de construir una visión compartida, que contenga los anhelos más profundos de la población y que, al mismo tiempo, esté firmemente anclada en la realidad. Esto fue lo que los líderes de la Concertación lograron articular a fines de los 80, sentando las bases del enorme progreso en los veinte años siguientes.

Columna «La gestión del Estado con la sociedad» 28 noviembre 2017
Las sociedades modernas se caracterizan por que nadie puede resolver los principales problemas de la población por sí solo, incluyendo la salud, la educación, las pensiones y la delincuencia. Todas estas materias requieren de múltiples coordinaciones y de un intenso involucramiento de los ciudadanos en las soluciones propuestas. No solo eso, también la función de regulación necesita de una efectiva colaboración con los regulados, junto con mecanismos de resguardo que eviten la captura de las decisiones públicas. Es claro que las acciones que permiten organizar la vida en común deben estar inspiradas en proyectos compartidos, que compatibilicen inversiones, medio ambiente y convivencia social.

Columna «Tranformación: clave para romper el letargo de la economía» 24 octubre 2017
el verdadero desafío actual es construir nuevos motores para un crecimiento sostenido, lo que implica generar ecosistemas de aprendizaje que integren a todos los actores relevantes en un esfuerzo de transformación e innovación productiva, que permita desplegar estrategias concretas para un crecimiento más dinámico.

Entrevista La Tercera, 11 junio 2016 «Lo que estamos viviendo se parece como periodo a los años 1983 a 1985» «Podemos estar entrampados en esto por un largo tiempo y nadie puede decir en que fecha va a repuntar la economía… la inflación puede demorarse algunos trimestres mas, pero está en la dirección de converger al rango que el Central tiene… una reforma constitucional no es sencillo de organizar sin producir una serie de incertidumbres en el trascurso del proceso…»

«En el actual ambiente de entusiasmo, es importante asegurar que la recuperación vaya más allá de un ciclo transitorio y se proyecte como un proceso sostenido».

Chile quiere volver a crecer. El avance de las últimas décadas no solo ha permitido mejorar la calidad de vida de la población, sino también es una fuente de orgullo nacional, de lo que podemos hacer entre todos. La aspiración de alcanzar el desarrollo está más enraizada en la ciudadanía que lo que el sistema político ha asumido, y requiere de un crecimiento sostenido, capaz de mantenerse por varias décadas. Si bien sabemos que el crecimiento es una prioridad para la nueva administración, es incierto si las políticas anunciadas hasta ahora nos llevarán al objetivo deseado.

El entusiasmo que se observa en la actividad y en las expectativas desde mediados del año pasado pudiese ser un buen augurio de lo que viene, pero también podría tener un carácter transitorio explicado por el bajón de los trimestres anteriores y el atascamiento de inversiones en los escritorios de funcionarios que «no tenían el crecimiento entre sus prioridades». Por esta razón conviene evitar la autocomplacencia que puede venir y concentrarse en la estrategia de mediano plazo del nuevo equipo.

El crecimiento que buscamos es el que se basa en los aumentos de productividad, porque como señaló Paul Krugman, Nobel de Economía en 2008, cuando se trata del crecimiento, «la productividad no es todo, pero a la larga es casi todo». La experiencia de los países que han tenido éxito en este camino muestra que los aumentos sostenidos de productividad se logran a través de la renovación continua de las actividades productivas, asociada a la idea de «destrucción creativa» de Schumpeter, en la cual el mayor valor de lo nuevo desplaza a las actividades de menor productividad.

La pregunta clave entonces es cómo se estimula esta transformación productiva cuando la economía ya ha consolidado sus fundamentos, como es el caso del Chile actual. Considerando que hay más de una respuesta a esta interrogante, es importante mirar la evidencia para identificar las políticas más adecuadas en países de desarrollo intermedio como el nuestro, en el contexto de la globalización y el avance de la digitalización.

Por una parte, está la idea de que la transformación productiva es el resultado espontáneo de la competencia en los mercados. Estos casos operan cuando las capacidades de renovación de las actividades productivas están internalizadas en las empresas. Hay muchos ejemplos que comienzan con una visión emprendedora, que luego descubre una nueva actividad y que finalmente transforma la economía de toda una región. Pero muy pocos de estos casos provienen de ambientes en los que las capacidades de innovación son más frágiles.

Este enfoque está instalado en los organismos multilaterales con sede en EE.UU., los mismos que en la década del 90 idearon el llamado Consenso de Washington. El nuevo equipo económico tiende a identificarse con estas ideas cuando considera que su foco para estimular el crecimiento se reduce a «destrabar» las amarras que tienen retacadas las inversiones del sector privado.

En segundo lugar, está la noción de que la transformación productiva se logra a través de una política pública, en la cual el gobierno tiene los conocimientos necesarios para señalar el camino que deben seguir las actividades productivas y establece los incentivos para que las empresas y los inversionistas adopten el camino definido. Este enfoque se inspira en la experiencia de los países asiáticos, pero también refleja en varios aspectos a las políticas de la administración saliente. De hecho, la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento fue elaborada «desde arriba» en los primeros 100 días de la administración y luego implementada en los cuatro años siguientes.

El tercer enfoque reconoce que los procesos espontáneos de transformación son cada vez más escasos por la complejidad tecnológica, la transformación digital, la multiplicidad de capacidades necesarias y la globalización de los mercados. También advierte que es cada vez más nítido que el gobierno no dispone del conocimiento que le permita definir prioridades para orientar las nuevas actividades, porque la información para tomar estas decisiones que involucran el futuro está diseminada en muchos actores, por lo que se requiere una estrategia específica para reunirla y procesarla inteligentemente.

Como camino alternativo, este enfoque busca activar las redes de colaboración, en las cuales la calidad de la interacción física constituye su condición basal. En estas redes descentralizadas participan las universidades, empresas, diversos organismos públicos, sociedad civil, emprendedores, entre otros. Su objetivo es reunir el conocimiento que requiere la innovación, que está disperso en muchos actores, y luego organizar iniciativas que promuevan la renovación de las actividades productivas. Se trata de organizar una gobernanza arraigada en las localidades, con una clara voz del ámbito privado. Por estas razones, la mayoría de los países europeos y crecientemente las ciudades en EE.UU. están recurriendo a crear este tipo de ecosistemas locales para que asuman un nuevo protagonismo en el proceso de crecimiento.

En el actual ambiente de entusiasmo, es importante asegurar que la recuperación vaya más allá de un ciclo transitorio y se proyecte como un proceso sostenido. Para lograrlo, Chile debe dejar atrás el mito de la transformación espontánea y la ilusión de que el gobierno puede conducir este proceso. El camino correcto, en cambio, es sumarse a la tendencia mundial que organiza la renovación de las actividades productivas a través de iniciativas que articulan las políticas «desde arriba» con los procesos «desde abajo». El nuevo equipo económico tiene la palabra, pero también la tienen las universidades y los empresarios que están llamados a ser coprotagonistas de este proceso.

América Latina es una de las regiones del mundo de menor crecimiento en los años recientes: desde el término del superciclo de las materias primas, en 2013, la región crece, en promedio, un 0,9% anual, mientras el mundo llega a un 3,6% y las economías emergentes, a un 4,6%. Esta situación está dejando al descubierto nuestras debilidades estructurales, lo que no es un fenómeno nuevo. De hecho, la participación de la región en el producto mundial se ha reducido desde alrededor de un 14% en 1960, a un 7% en la actualidad.

Si tomamos las últimas ocho décadas, es claro que América Latina ha seguido dos estrategias de crecimiento bien diferenciadas. Primero, la sustitución de importaciones, un período que abarca desde la Gran Depresión de los 30, hasta la crisis de la deuda en los 80. Luego, la apertura al exterior y la explotación de las ventajas comparativas, una etapa que ha estado vigente desde las reformas de comienzos de los 90 hasta nuestros días.

Si bien ambas estrategias han tenido resultados muy disímiles, las dos observan una trayectoria similar: luego de un período inicial de alto crecimiento, sigue a este una marcada declinación. Entonces surge natural una pregunta de fondo: ¿Son las debilidades internas de estas economías las que explican efectos similares en períodos tan distintos? Veamos.

En la década de los 60, cuando el modelo de sustitución de importaciones comenzó a mostrar señales de agotamiento, reflejado en un creciente rezago en la productividad y la consiguiente ampliación de la brecha tecnológica con los centros avanzados del mundo, la disyuntiva clave del desarrollo se dio entre generar nuevos aprendizajes (como estaba ocurriendo en Corea y Taiwán) o recurrir a la ayuda de los gobiernos, solicitando una creciente protección y mayores subsidios para la industria local. El desenlace es conocido.

A fines de los 90, cuando se detienen las entradas de capitales por la crisis asiática, varios países de la región, incluyendo Chile, iniciaron un trabajo sistemático para generar una diversificación productiva. El objetivo apuntaba a insertar a América Latina en la nueva fase de la globalización, basada en el uso de las tecnologías de la información para la construcción de cadenas de valor, más que en las ventajas comparativas. Si bien este esfuerzo quedó truncado con la llegada del superciclo de las materias primas, a mediados de 2013, volvió a aparecer la misma disyuntiva clave del desarrollo: adaptarse a las tendencias de la economía mundial o permanecer con una estructura productiva que genera bajo crecimiento.

Ambos episodios dejan en evidencia un denominador común: el déficit en las capacidades de coordinación interna de los países. En contextos tan distintos, tanto el Estado como el sector privado y las universidades han seguido sus propios caminos, desconectados unos de otros, desaprovechando las oportunidades que se generan al coordinar esfuerzos y que permiten participar en mercados más avanzados, en términos de productividad e ingreso. Esta incapacidad de conectar estrategias en torno a un equilibrio colaborativo hace que las acciones puntuales del Estado sean inútiles y que los países queden entrampados en una trayectoria de bajo crecimiento.

La experiencia demuestra que las estrategias que resultan de un proceso de coordinación efectiva son superiores, porque se alimentan de mucho mejor información y conocimientos valiosos que los que puede reunir el Estado en forma aislada, aun recurriendo a los expertos. Además, su impacto se beneficia de la retroalimentación de múltiples acciones e inversiones complementarias que siguen el gobierno, las empresas y las universidades. Al mismo tiempo, estos procesos permiten un aprendizaje enormemente más fructífero que los que puede organizar el Estado por sí solo. En definitiva, es el beneficio que genera un trabajo mano a mano entre el sector público y el privado.

Si en el período de sustitución de importaciones el obstáculo para esta coordinación fue la excesiva influencia de los intereses particulares, en la fase de las ventajas comparativas ha sido la desconfianza de los actores y la debilidad del Estado para desempeñar un rol articulador. En consecuencia, el principal desafío de la región sigue más vigente que nunca: fortalecer las capacidades de coordinación no solo de los gobiernos, también del resto de los actores que tienen relevancia en el desarrollo productivo de los países.

En síntesis, la misma disyuntiva clave del desarrollo se ha presentado una y otra vez. Mientras los países no generen capacidades de coordinación interna, el desenlace será el mismo. De ahí la necesidad de que los grupos dirigentes de los países de América Latina reflexionen sobre esta debilidad estructural y avancen en la construcción de entornos de colaboración que permitan resultados que serían imposibles en cualquier otro escenario.

EL PRINCIPAL DESAFÍO DE LA REGIÓN SIGUE MÁS VIGENTE QUE NUNCA: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE COORDINACIÓN NO SOLO DE LOS GOBIERNOS, TAMBIÉN DEL RESTO DE LOS ACTORES QUE TIENEN RELEVANCIA EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS PAÍSES.

Las proyecciones de crecimiento para este y el próximo año se han ajustado a la baja, confirmando que la economía vive una realidad más compleja que la implícita en la mayoría de los diagnósticos formulados de manera recurrente en los últimos años. Por una parte, los factores que impulsaron el crecimiento acelerado en los 90 han experimentado los efectos de la ley de los rendimientos decrecientes; por la otra, una serie de cambios tecnológicos y sociales está tensionando el funcionamiento de los mercados y está generando cambios radicales en el mundo del trabajo.

Hay abundantes datos que ilustran el efecto de los rendimientos decrecientes de los activos vinculados a los recursos naturales. Por ejemplo, entre 1985 y 2005 el crecimiento anual de la producción de cobre fue cercano a un 10%, mientras que desde ese último año ha sido menor al 1%. También es ilustrativo que el desembarque total de los productos del mar creció en un 8% anual entre 1970 y mediados de los 90, cuando alcanzó su nivel más alto. Desde entonces ha disminuido sistemáticamente. A su vez, la superficie anual forestada y reforestada creció en un 5% promedio entre 1980 y mediados de los 90, y ha disminuido en promedio en un 1% anual hasta ahora.

Por otra parte, vivimos una serie de disrupciones tecnológicas, especialmente en los mercados de servicios, y crecientes tensiones en el mundo del trabajo. Hay más de 500 mil adultos-jóvenes que no estudian ni trabajan, el desempleo en los jóvenes en más del doble que el promedio nacional y más de la mitad de los que trabajan lo hacen en un área que no está relacionada con los estudios que tienen. Aun así, nuestra situación es mejor que la de la mayoría de los países de América Latina, por lo que se ha producido un flujo migratorio que está lejos de detenerse y que tendrá efectos económicos y sociales profundos a futuro.

Durante el superciclo del cobre vivimos un paréntesis, porque la rentabilidad de la minería llegó a un 60%, generando una avalancha de proyectos de inversión y un aumento significativo en la demanda de trabajo formal. Ese período llegó a su fin a mediados de 2013 y desde entonces las restricciones estructurales y las megatendencias tecnológicas volvieron a emerger con fuerza.

En consecuencia, lo que está a prueba en Chile es la capacidad de la economía y de la sociedad para adaptarse a una nueva realidad, donde la viabilidad de convertirnos en un país desarrollado depende de la forma en que resolvamos este desafío. En este escenario, el principal riesgo que enfrentamos hoy está dado por la visión de corto plazo de las políticas vigentes, que suponen erróneamente que lo que vivimos es un problema de expectativas, desviando la atención de las necesarias soluciones de fondo.

El gobierno confía en que las empresas y los mercados tienen la capacidad para encontrar nuevas oportunidades de crecimiento, para lo cual ha dispuesto la agilización de trámites, la reforma tributaria y la flexibilidad en las jornadas de trabajo. La experiencia de países que han alcanzado el desarrollo con una estructura productiva similar a la nuestra, indica que el aporte del mercado es insuficiente y que incluso la acción del Estado es incapaz de resolver de manera sostenida las restricciones que enfrentamos.

El camino que debemos recorrer necesita de la construcción de nuevos activos en la economía, especialmente la incorporación de conocimiento en las actividades productivas existentes, lo que requiere de la acción coordinada entre los diversos actores, que en definitiva es el atributo decisivo en la sociedad actual. En eso estamos al debe. Estos nuevos activos permiten que las actividades productivas que existen en el país tengan una mayor competitividad en los mercados internacionales, lo que genera empleabilidad para las personas, proyectos rentables para las empresas y los emprendedores, mejores remuneraciones para los trabajadores y ganancias de productividad. En definitiva, permite dar un impulso adicional al crecimiento tendencial y volver a la senda que nos acerca al desarrollo.

El conocimiento con impacto en las actividades productivas tiene algunas características que es necesario establecer. Primero, es contextual porque necesita estar vinculado a la realidad geográfica, productiva y cultural de los territorios en los cuales se aplica. Aprovecha los avances en las tecnologías de propósito general, pero vinculando estos desarrollos a la realidad local. Solo de esta manera se logra un efecto sostenido en la empleabilidad y que su retorno permanezca en el país.

Segundo, se trata de un activo que requiere de una gobernanza diferente a la que tienen las políticas públicas verticales, porque ningún actor por sí solo puede generarlo. Conducir el trabajo colectivo, la participación y la coordinación efectiva son atributos difíciles de lograr en un país que tiene un elevado nivel de desconfianza interpersonal y en las instituciones.

Tercero, el descubrimiento de los conocimientos relevantes es un proceso colectivo en el que participan actores del mundo de las universidades, de las empresas, del Gobierno y de la sociedad civil. Para tener éxito, cada uno de estos sectores debe cambiar su estilo de trabajo aislado.

En síntesis, en las circunstancias actuales la mejor política de crecimiento es crear ambientes en los cuales se pueda generar nuevo conocimiento para las actividades productivas, lo que debe replicarse en tantos lugares como sea posible, incorporando a todos los actores relevantes. Este camino tiende a generar resistencia en el nivel central del Gobierno y en los actores que están acostumbrados a trabajar por su cuenta, pero tiene amplia acogida en los territorios, que constituyen la mayoría del país.

El desarrollo de Chile ha seguido hasta ahora una tradición centralista, que las propuestas asociadas a la nueva Constitución quieren modificar. Este es un cambio que responde tanto a la aspiración de fortalecer la democracia, como a la de generar nuevos impulsos para el desarrollo del país. Sin embargo, este camino plantea desafíos complejos para la organización del Estado, el diseño de las políticas públicas, las estrategias de las empresas y la participación de la sociedad civil.

Una gestión descentralizada permite sintonizar los activos de las comunidades locales con sus respectivos proyectos de desarrollo, lo que es indispensable para abordar las expectativas de cambio de la sociedad actual. Claramente, la recuperación del crecimiento en Chile no vendrá de una fórmula única, que se aplique “desde arriba”, como se pensaba en las décadas pasadas, sino de transformaciones que emergen desde las realidades locales. Además, la dinámica propia de los mercados genera una tendencia hacia una divergencia geográfica del progreso. Por ejemplo, la OCDE estima que la brecha entre el ingreso de las regiones más y menos productivas dentro de los países avanzados aumentó en un 60% en las últimas dos décadas. Por estas razones, un desarrollo económico sostenido e inclusivo necesita apoyarse en las estrategias locales.

La idea de lograr un desarrollo territorialmente más equilibrado surgió en Chile hacia mediados del siglo XX, impulsada principalmente por la Corfo y sus diversas intervenciones que tenían un claro impacto en las realidades locales. Un convenio amplio entre esta entidad y la Universidad de Chile fue dotando de contenido y de capacidades profesionales a este esfuerzo descentralizador. La prioridad política de esta agenda aumentó en la década de 1960, especialmente cuando fue una de las materias encargadas a la recientemente creada Oficina de Planificación Nacional (Odeplan).

Durante la dictadura, este impulso descentralizador perdió fuerza. Si bien se llevó a cabo una importante reforma administrativa, predominó la idea de que era mejor una estrategia de desarrollo que enfatizara la movilidad de los recursos siguiendo las oportunidades de los mercados, lo que deja de lado las realidades locales. En paralelo, en cambio, se ejerció un control estrecho de los actores regionales, razón detrás del traslado de la función de coordinación regional al Ministerio del Interior en 1984,con la creación de la Subdere, dependencia con una importante presencia de personal de las FF.AA.

A partir de los 90, el impulso del desarrollo descentralizado tuvo un lento avance. Si bien desde entonces se han llevado a cabo muchas reformas para acrecentar la toma de decisiones en el nivel regional, como la elección ciudadana de los gobernadores, la elaboración de estrategias de desarrollo, el aumento de los recursos públicos para iniciativas locales y la creación de organismos públicos y privados para acompañar este proceso, el desarrollo regional y de los territorios no ha adquirido un carácter estratégico.

Esto se debe en gran parte a que las capacidades que había creado el Estado para acompañar y apoyar el proceso de descentralización se fueron debilitando, especialmente por los cambios que experimentó Odeplan en 1990, cuando pasó a formar el Ministerio de Planificación, y en 2012, cuando se convirtió en el actual Ministerio de Desarrollo Social. Estos cambios lo orientaron hacia las políticas sociales y le quitaron las capacidades de apoyar el desarrollo regional que tenía en su origen.

Por otra parte, la debilidad del tejido social en las regiones y en los territorios frena la emergencia de capacidades para apoyar su desarrollo. Una descentralización exitosa necesita apoyarse en las identidades locales que redescubran las raíces del patrimonio cultural de cada lugar. Para ello es indispensable que las organizaciones de la sociedad civil, las empresas de cualquier tamaño, las universidades y los demás actores relevantes reconozcan un sentido de pertenencia con su entorno, lo que se ha ido perdiendo por la cultura centralista.

Es decir, el tránsito desde un modelo de desarrollo centralista a otro más descentralizado va más allá de las reformas que ocurren en el ámbito político-administrativo, e incluso en el contenido del texto constitucional propuesto. Por esta razón, para responder a la demanda de un desarrollo descentralizado y para asegurar el uso eficiente de los recursos que la reforma tributaria destinará a este fin, se debe corregir el déficit de capacidades del Estado.

Primero, a nivel del Gobierno central se debe crear en el Ministerio de Economía la capacidad de conducción política del desarrollo descentralizado, en estrecha coordinación con los gobiernos regionales. Esta función incluye la coordinación de los ministerios y demás organismos públicos para entregar respuestas eficaces a las iniciativas económicas de dichos gobiernos. Esta instancia debe canalizar los recursos —existentes y nuevos— para el financiamiento de las estrategias integrales de desarrollo local.

Segundo, crear en la Corfo una unidad técnica que acompañe los procesos de desarrollo descentralizado, incluyendo un espacio para el aprendizaje de las estrategias; un sistema estadístico de información de los territorios; y la formación de capacidades profesionales para acompañarlo. Esta instancia debe establecer un trabajo colaborativo con las unidades de planificación y desarrollo de los gobiernos regionales.

Tercero, apoyar la creación de capacidades para diseñar e implementar estrategias efectivas de desarrollo económico desde los territorios, incluyendo la articulación de los actores de los ecosistemas locales. El énfasis de este esfuerzo debe estar en articular a las comunidades y evitar replicar una gobernanza de comando y control en el nivel regional.

En síntesis, para avanzar hacia un desarrollo descentralizado hay que ir más allá del debate constitucional. Es necesario aprender de las experiencias que nos han conducido por un camino de descentralización insustancial y crear las capacidades políticas y técnicas para dar efectividad a este nuevo proceso. (El Meercurio)

Jorge Marshall