A mediados de 2021 nos preguntábamos si Chile experimentaba un ciclo económico-político, hoy, con un proceso de ajuste en marcha, podemos afirmar que sí, el país vive las secuelas de los desequilibrios generados por el proceso político.

Recordemos que el populismo, bajo el nombre de “parlamentarismo de facto”, dominó la escena. Se presionó a un Gobierno muy debilitado por el estallido de violencia (18-O) a mantener durante 2021 una ayuda universal (IFE), en principio a cambio de no aprobar retiros de ahorro previsional. Al final, tuvimos tres retiros y una política fiscal extremadamente procíclica. La suma de retiros e IFE alcanzó cerca de US$ 80.000 millones, un increíble 25% del PIB, superando ampliamente la caída de ingresos. Por cierto, una ayuda acotada y focalizada para los sectores más afectados y trabajadores que perdieron su empleo era necesaria.

La economía voló en 2021, el PIB creció 11,7% y el consumo 18,2%. Los desequilibrios no tardaron en manifestarse, la inflación escaló a 12.8% en 2022 y el exceso de gasto respecto de los ingresos del país (déficit en la cuenta corriente) se empinó a un 9% del PIB.

El Banco Central empezó el ajuste monetario tempranamente, con una primera alza de la tasa de política en julio de 2021; incluso podría haber sido antes, dado que el shock de demanda agregada, y sus efectos en inflación, eran plenamente anticipados, y ya en febrero de ese año se había recuperado el nivel de producto previo a la caída originada por la inestabilidad política y el Covid. En junio, el Imacec era igual al que se habría obtenido de continuar la economía la tendencia de crecimiento de septiembre de 2019, se decir, sin la caída de 2020.

El necesario ajuste para frenar la inflación y el insostenible déficit externo que amenaza la estabilidad macro frente a condiciones financieras externas más restrictivas, se intensificará debido a la permanencia de altos grados de incertidumbre asociados a reformas del Gobierno con un sesgo estatista y refundacional, que afectan negativamente el clima de inversión, la inseguridad y el proceso constitucional, lo que llevará a una recesión este año.

Esto ha traído de vuelta los afanes populistas. Un primer intento han sido las mociones parlamentarias de reforma constitucional, para salvar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia previsional, con un autopréstamo, que en realidad es un retiro encubierto de hasta el 100% de los ahorros previsionales, sin un claro mecanismo de devolución de los fondos.

El populismo, como una de sus principales características, se preocupa solo de los efectos inmediatos sobre el consumo que permite un retiro, pero no de la destrucción de las pensiones, el colapso del mercado de capitales y el consiguiente estancamiento de la economía que conllevaría la aprobación de un proyecto de autopréstamo de esta naturaleza. Tampoco le interesa el “daño colateral” al populismo: la caída del valor de los fondos y el incremento en inflación que afectaría a toda la población, pero principalmente a los más vulnerables, que no tienen fondos para autoprestarse.

La reforma previsional que permite un autopréstamo acotado a un 5% de los fondos acumulados, con un tope de 30UF, con devolución y sólo para los trabajadores activos, sienta un mal precedente para mociones parlamentarias de corte populista. Por esto, parlamentarios responsables debieran rechazar tanto el autopréstamo de la reforma previsional, como los retiros encubiertos.

Es crucial que una nueva Constitución mejore nuestro sistema político. (DF)

Luis Felipe Lagos

Sin duda, la política de balance estructural de comienzos de los 2000 permitió alcanzar la disciplina fiscal, al condicionar los aumentos de gasto a los ingresos de largo plazo o cíclicamente ajustados, acumulando ahorros durante los períodos de alto precio del cobre y manteniendo la deuda pública en niveles acotados. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, y a partir de la crisis financiera de 2008-2009, la regla fiscal fue perdiendo credibilidad, debido a frecuentes modificaciones de la meta del balance estructural y cambios metodológicos, generándoos déficits efectivos persistentes y un rápido crecimiento de la deuda.

El Gobierno actual ha manifestado su opción por la responsabilidad fiscal, modificando adecuadamente la regla fiscal al introducir una meta de deuda a PIB en un nivel prudente, que no supere un 45% del producto, junto a una meta de balance estructural, para así asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. No obstante, los mayores gastos enunciados en el programa de Gobierno, como las presiones de gasto que surgen de aprobarse la propuesta de Constitución, generan preocupación respecto de la factibilidad de recuperar la disciplina fiscal.

“EL FIN DE LA INICIATIVA EXCLUSIVA DE GASTO DEL EJECUTIVO NO ES COHERENTE CON LA INCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL COMO PRINCIPIO EN LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN”.

Las proyecciones de ingresos del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2022, y las presiones de gasto que se pueden anticipar, llevan a mirar con preocupación la situación fiscal. Para el período 2023-2026 se proyecta un incremento promedio del gasto comprometido de 1,2%, y de 1,7% para el gasto compatible con la meta. La holgura acumulada (diferencia entre gastos compatibles con la meta de balance estructural y gastos comprometidos a esa fecha) se estima en US$ 30.000 millones. Estos cálculos suponen un crecimiento del PIB tendencial de 2,7%, y efectivo de 3% a partir de 2024, lo que parece optimista.

En efecto, nuestra estimación del crecimiento tendencial, dado el estancamiento de la productividad total de factores, caída en la inversión debido a la alta incertidumbre y escaso aumento en la calidad del trabajo (capital humano), está en torno a 1,7%. Incluso esta cifra podría ser inferior, dada la conflictividad laboral que introduciría la nueva Constitución de ser aprobada, limitando la expansión del empleo. En las proyecciones de la Dipres se echa de menos una simulación de escenarios de mayor dispersión respecto de los ingresos, como también lo ha sugerido el Consejo Fiscal Autónomo.

En materia de gastos, el programa de Gobierno costaría US$ 25.000 millones (8% del PIB) y, por otra parte, de aprobarse la propuesta constitucional su costo ascendería a entre 8,9% y 14,2% del PIB por año (entre US$ 28.000 y US$ 45.000 millones), según cálculo de un grupo de economistas. La reforma tributaria en discusión supuestamente permitiría una mayor recaudación de 4,1% del PIB, la mitad del costo del programa. No obstante, dado su sesgo anti-ahorro y anti-inversión, y dada la evidencia de la reforma de 2014, es muy difícil que se logre esa recaudación.

El fin de la iniciativa exclusiva de gasto del Ejecutivo no es coherente con la inclusión de responsabilidad fiscal como principio en la propuesta de Constitución. Los parlamentarios tendrían iniciativa en temas previsionales, y con respecto a gastos e impuestos, deberían solicitar la concurrencia del Ejecutivo. La iniciativa parlamentaria de gasto e impuestos junto a la autonomía financiera, con capacidad de emitir deuda, de las regiones, podría, en el caso de aprobarse, atentar seriamente contra la sostenibilidad fiscal. (DF)

Luis Felipe Lagos

El proyecto de reforma de pensiones se acompaña de un análisis de sus efectos macroeconómicos. Se concluye que los impactos de largo plazo serían un aumento del PIB per cápita de 1,1%, de 1,3% en la tasa de ahorro total y 2% en el empleo formal. Más aún, sorprendentemente, los impactos serían mayores a los que se obtendrían de una reforma que destinara el 6% de aumento en la cotización a la capitalización individual.

Estos resultados dependen crucialmente de suponer que no existe reparto en el equilibrio de largo plazo, esto es, todo el 6% se destinaría a un fondo de ahorro colectivo que se capitaliza, y de un efecto muy significativo en la oferta de trabajo que permite aumentar el flujo de ahorro y la inversión, lo que posibilita incrementar el stock de capital y el PIB.

Al elevar la tasa de cotización se obliga a las personas a un mayor ahorro forzoso, por lo tanto, el ahorro voluntario cae en una cierta proporción. Por consiguiente, el ahorro total aumenta menos que el incremento en la cotización, siempre y cuando estos recursos no se destinen a reparto, en cuyo caso el ahorro total y el PIB disminuyen. La reforma de pensiones sí contempla reparto por un largo período de tiempo, efecto que no es considerado en los cálculos de Hacienda.

Por otra parte, tampoco se incluye el hecho de que para algunas empresas no será posible traspasar, al menos completamente, el mayor costo que representa el aumento de cotización a menores reajustes de salarios o mayores precios finales, con la consiguiente disminución de sus utilidades y ahorro. Por lo tanto, el ahorro total podría estar cayendo durante el período de reparto. Con todo, aumentos en el ahorro no se reflejan totalmente en mayor inversión doméstica en una economía abierta, y parte del mayor ahorro puede destinarse a inversión en el exterior.

El efecto sobre el empleo formal depende de la relación que esperen los individuos entre sus aportes al sistema previsional y los beneficios obtenidos. A menor relación entre ellos, más negativo será el impacto sobre la oferta de trabajo formal. Los aumentos en el empleo formal que calcula Hacienda suponen un efecto positivo sobre la oferta, debido a que los beneficios del seguro social son condicionales a los aportes que realizaron los trabajadores durante su vida laboral formal. No obstante, esto no tiene sustento empírico.

En primer lugar, dado que los beneficios son sólo una promesa -al destinarse los fondos de la cotización adicional a una cuenta nocional (un registro) donde no hay propiedad ni herencia, y no a la cuenta individual del trabajador-, esto lleva a que la percepción sería una relación débil entre aportes y beneficios, y por consiguiente, un efecto menor sobre la oferta laboral. Incluso, el propio proyecto considera que los beneficios deberían ajustarse en el caso de que el pilar de seguro social tuviera problemas de sostenibilidad.

Adicionalmente, dado que la PGU es una pensión no condicionada a haber contribuido al sistema, su incremento llevará a mayor informalidad. Los resultados de un estudio del Banco Central de 2017 contrastan con los presentados en el proyecto de reforma. En dicho estudio, el empleo formal cae al evaluar un esquema de ahorro con redistribución intrageneracional, similar al de la reforma.

Por último, si consideramos que la eficiencia y rentabilidad del sistema de capitalización individual son superiores al fondo colectivo, sus efectos sobre PIB, ahorro, trabajo formal y pensiones serán mayores.