Lidia Cristina González Calderón (1967) nacida el 27 abril de 1967; funcionaria auxiliar, concejal 2016 por Navarino, con la lista de la Concertación; es hija de Cristina Calderón, la última hablante nativa de la lengua yagán.

Elegida convencional constituyente 2021 por la etnia yagan, obtuvo 61 votos, como única candidata de esta étnia.

Electa como única representante del pueblo Yagán. Anteriormente ocupó el cargo
de concejala de Cabo de Hornos entre 2012 y 2016, donde corrió como independiente en la lista de Concertación Democrática. Trabaja en la Oficina de Asuntos Indígenas de Puerto Williams, su ciudad natal.
Destaca por haber participado en la oposición de la instalación de salmoneras en territorios de su comunidad, en la zona del Canal Beagle: «Fuimos luchadores sin ser abusivos y violentos y nos impusimos con hablar y con cartas, porque necesitábamos que nos escucharan. O sea, nosotros queremos que nuestro medio ambiente sea protegido totalmente. El medio ambiente nos interesa mucho, porque somos gente de la naturaleza, respetamos mucho nuestro entorno y todo lo que ello implique. Y también con respecto a las tierras.
Propone el reconocimiento de la deuda histórica con el pueblo patagónico, el acceso a tierras en Isla Navarino y una convivencia armoniosa con la naturaleza.

Otro de los grupos que tiene a sus integrantes confirmados son los escaños reservados. Así, Lidia González (Pueblo Yagán), Adolfo Millabur (Pueblo Mapuche) y Félix Galleguillos (Pueblo Atacameño) integrarán la Comisión de Transitorias, mientras que Tiare Aguilera (Pueblo Rapa Nui), Luis Jiménez (Pueblo Aimara), Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) e Isabella Mamani (Pueblo Aimara) irán a Armonización. 22 abril 2022

Por Lidia González Calderón, convencional constituyente yagán

Uno de los aspectos más difíciles de abordar en materia de derechos sociales y pueblos originarios en su relación con los estados, es el debate en torno a la plurinacionalidad. Ello se debe a que, en gran medida, los conceptos involucrados en esta discusión han tenido una gran carga ideológica y por ello se diluye la profundidad de su significado.

Si bien la plurinacionalidad no tiene una sola definición, se relaciona con un principio político en el que los estados que la reivindican reconocen en su seno la convivencia de formas de organización social relacionadas a culturas tradicionales preexistentes y que constituyen parte activa de su vida social organizada.

En debates locales, se ha tratado de ligar el concepto de plurinacionalidad con la izquierda, pero recordemos los ejemplos de respeto a las diversidades en países como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda, en donde el derecho a la autodeterminación, relacionado a la pluriculturalidad, responde a matrices ideológicas liberales.

Se ha dicho también que la plurinacionalidad se opone al concepto de Estado único. Sostener eso responde a una confusión que equipara al Estado como forma de organización social, a la nación, que es la forma en cómo las personas se definen colectivamente. Se trata de dimensiones distintas. Existen suficientes ejemplos de autonomía en el mundo que demuestran que el reconocimiento a la diversidad es un bien público garantizado y resguardado por el Estado, como ocurre en España o Suiza.

Algunos sostienen que es una materia de interés solo de investigadores o intelectuales, sin entender que se trata de la concreción de una necesidad que ha sido plasmada en países con alta población indígena y surge como respuesta a políticas etnocidas que han apuntado a la integración como única forma posible de relación social.

Evidentemente, el reconocimiento de un país en su carácter plurinacional tiene implicancias políticas y administrativas. Políticas, en tanto un reconocimiento explícito impedirá cualquier decisión del poder en orden a invisibilizar nuevamente a poblaciones que ya han sido suficientemente negadas, como ha ocurrido en el pasado, llegando al absurdo de declarar el fin de poblaciones indígenas por decreto. Administrativas, pues generará la obligatoriedad del Estado de adecuar su funcionamiento institucional a las necesidades de las diversas identidades culturales que coexisten en el seno de la República.

La plurinacionalidad implica una posición de respeto a las formas tradicionales relacionadas al libre ejercicio de derechos sociales, como el uso libre de los idiomas tradicionales, la administración de justicia en concordancia con las disposiciones generales y la cosmovisión, las prácticas de formas de economía comunitaria, etc. Por ello, más allá de su valor declarativo, la plurinacionalidad adquiere un valor significativo, pues implica el reconocimiento del Estado por las diversidades existentes en el territorio, y compromete acciones para su resguardo y promoción.