Luis Larrain Arroyo

Trayectoria Política

Larraín Arroyo Luis Alberto (1954) miembro del  Partido Nnacional hasta 1973, subdirector de Odeplan 1983-1984, 1985-1989; Ministro de Odeplan 1989-1990, Director de Libertad y Desarrollo; “para superar la pobreza es indispensable mejorar la productividad” (4); “Las banderas de la centroderecha en Chile deben ser las de todo el mundo: libertad de emprender y enseñanza, protagonismo de las personas en su progreso futuro y un estado subsidiario que perfecciona las reglas del juego y mantiene el orden público. Cuando se está pensando en el bien del país y no en la próxima encuesta, hay visión. No se está en el gobierno para hacer cualquier cosa ni satisfacer los apetitos de mayorías circunstanciales. Esa es una visión muy pobre de la política” (1);

“No es positivo para el país que se rompa la política de los acuerdos. Se han demonizado los acuerdos, los cuales son la esencia de la democracia. Creemos que si bien es legítimo que la coalición que ganó quiera que su programa se ponga en práctica, las minorías tienen que tener también defensores. Si hay una verdadera disposición al diálogo, el programa de Michelle Bachelet no puede ser un contrato de adhesión, en donde simplemente uno firma y no puede modificar ninguna cláusula”, (2) .

“El actual gobierno no ha emprendido cambios que permitan pensar en condiciones estructurales para un mayor crecimiento económico” (3); “debe haber justicia por los abusos cometidos por sacerdotes (5).

“Hay un cuerpo principal de ideas en la centro derecha… confiamos más en las capacidades, talentos y creatividad de las personas, que en el paternalismo del Estado” (6).

«En todos los sectores se propician medidas que dañan los incentivos a producir riqueza. Chile se ha soltado las trenzas y eso tendrá una consecuencia: mas pobreza» (7),

«… Si gana el Rechazo podemos, de buena fe, apelando al sentido común de los chilenos, consencuar formulas para cambair la actual constitución… hay liderazgos como el de «los amarillos» que ha conducido Cristían Warnken…» (8)

El ministro Marcel parece estar en medio de una trampa difícil de sortear. Las condiciones de la economía mundial y la propia dinámica que introducen las reformas del Gobierno configuran una reforma tributaria macroeconómicamente inviable, contraria a las prescripciones para la política fiscal en períodos de debilidad del crecimiento, excesivamente optimista en sus metas de recaudación y castigadora del ahorro. La reforma terminaría de desmantelar una estructura tributaria que grava el gasto. Ojalá el ministro considere este contexto en la magnitud, gradualidad y composición del incremento de la carga tributaria que pretende aprobar. (9)

» Lo que de verdad ocurre es que la piedra que desecharon los arquitectos del proceso constitucional es la piedra angular: el proyecto que se vota estos dias en el Congreso que permite hacer cambis a la Carta Fundamental con 4/7 de los vostos, menos exigentes que los 2/3 y 3/5 vigentes actualmente. Yayan los c´rditos a Ximea Rincón, Matías Walker y quienes idearon este camino». (10)

(8) La Tercera, 28 mayo 2022

(9) Sobre el proyecto de reforma tributaria. DF 12 julio 2022

(10) «La piedra angular», columna La Tercera 23 julio 2022

Bibliografia

Soluciones privadas a problemas públicos: Sector Previsión (2003) Libertad y Desarrollo

El regreso del modelo, 2012, Ediciones LyD

«El otro golpe: 18 de octubre de 2019» (2020) «En el libro entro en todo un análisis de como pasamos del malestar a la violencia política y luego a l insurgencia» «A un gobierno de izquierda no le habría tocado el estallido porque el Partido Comunista no habría actuado de manera insurgente como lo hizo» «La derecha tiene que afirmarse mas en sus convicciones. Lo importante es que tengamos nuestros propios diagnósticos sobre lo que ocurrió» ().

Otras publicaciones

Quo Vadis Sebastián?, El Mercurio 10 mayo 2010: «La eficiencia no puede ser el único atributo de un gobierno, porque la naturaleza humana nos lleva a pedir siempre mas… había que dotar al proyecto del presidente Piñera de un contenido, y vaya que se logró… se empieza a perfilar asi un proyecto distinto al de la Concertación, que rescata elementos valiosos del legado de ésta, pero lo complementa con el empoderamiento de los ciudadanos y la rendición de cuentas del Estado»

«La señal del gabinete» columna El mercurio, 31 octubre 2010 «La  prioridad en la conformación del gabinete debiera ser la excelencia. Un gabinete de lujo, eso es lo que importa. habrá de tener algún equilibrio global pero nada de paridades ni cuoteos»

Columna 26 mayo 2012 «Valores al alza» : la centro derecha debe tomar una decisión de futuro: compite con la Concertación y la izquierda radical en quien da mas, u opta por una alternativa seria

«Primarias habemus» El Mercurio 1 julio 2013 «si persiste Bachelet en su giro hacia la izquierda e intenta cautivar a como de lugar a los movimiento sociales, rompiendo con lo que ha sido el devenir de Chile en los últimos veinticinco años, surge la posibilidad de enfrentarla con una estrategia que apele al votante moderado».

«No da lo mismo» Columna El Mercurio, 2 noviembre 2013 «Su programa busca consagrar un Estado Social de Derechos, que significa dar rango constitucional al Estado de Bienestar, garantizando derechos económicos, sociales y culturales, mediante acciones constitucionales como el recurso de protección, lo que hace que sean los jueces, y no el Congreso los que tengan la última palabra en legislación social. El camino que hicieron Grecia, España y Portugal, y que ahora desesperadamente buscan desandar»

«La vida es sueño» columna 8 marzo 2014: «la reforma educacional de Bachelet es mas bien una respuesta a los anatema ideológicos del movimiento estudiantil (no al lucro); o a sus demandas imposibles (educación estatal gratuita y de calidad) que a los problemas reales (de acceso y calidad) que tiene la educación»

«La centroderecha y sus nuevos desafíos» El Mercurio, 12 septiembre 2014, de los directores de los centros de estudios de derecha: «Como centros de estudios afines al sector nos sentimos en parte responsables del avance de las ideas de izquierda en el discurso político, y que ha implicado el deterioro y pérdida de legitimidad de un modelo económico y social que ha sido bueno para Chile… sin embargo las ideas de libertad, justicia y dignidad que constituyen el núcleo del ideario de la centro derecha se encuentran arraigadas en nuestra cultura y en la realidad social y cotidiana del Chile actual». Por Libertad y Desarrollo.

«Socializando las pérdidas» Columna El Mercurio, 13 septiembre 2014 «el gobierno convoca a todos los partidos políticos a la Moneda… eso está muy bien. Unidos para enfrentar el terrorismo, pero cuidado que esto n sirva para diluir responsabilidades»

«Las dos almas» El Mercurio 19 diciembre 2015: «hay un alma socialdemóctrata que cree que la actividad productiva debe ser desarrollada por empresas privadas y que el Estado debe ser muy activo en regular y corregir la distribución del ingreso a través de políticas sociales y altos impuestos… y hay un alma socialista dura, tributaria de los llamados socialismo reales. Es mas favorable a la incursión directa del Estado en la función productiva. No le gusta la participación privada en la salud, la educación y la previsión, y derechamente busca, su retirada de estas actividades… tienen una verdadera fijación contra las concesiones…»

«Candidaturas Presidenciales» 25 marzo 2017 «La Nueva Mayoría fue una máquina de destrucción y paradojalmente la primera víctima ha sido Ricardo Lagos, símbolo del Chile que quieren cambiar quienes creen que la política consiste solo en criticar y vocear la revolución y no en construir consensos para decidir a evolución del país. Por eso la candidatura de Ricardo Lagos ha resultado tan difícil. Y aunque hay intentos por reflotarla en los partidos de la izquierda alarmados por el estancamiento e incluso declinación de la popularidad de Alejandro Guillier, será difícil que pueda estar en la papeleta electora con ese nivel de rechazo interno….»

«Carolina Goic: ¿amigos nuevos?»  Columna de Luis Larraín: «Carolina Goic ha sido una parlamentaria y dirigente de la DC obsecuente con la Nueva Mayoría. Ha suscrito cada uno de las políticas del programa de Michelle Bachelet. Ha votado favorablemente todos los proyecto de ley presentados por le Gobierno. No ha tenido una mirada crítica, como Mariana Aylwin e Ignacio Walker, a reformas como la educación, que han herido la  tradición de provisión mixta pública y privada que está en el ADN de la Democracia Cristiana. ha respaldado el proyecto de aborto por tres causales. Ha sido agresiva con el empresariado;  … en los últimos días… se ha notado y, por primera vez, ha deslizado algunas críticas al Gobierno»

«Argentina» 17 agosto 2019 La Tercera: «lo que ocurre en Argentina, a mi juicio, es que la mayoría de los votantes favorece la corrupción en política… es que el Estado gasta mas del 40% de lo que producen los argentinos, es un botín a repartirse en un verdadero festival de  micro corrupción. Los sindicatos son los primeros que tienen entradas para este festival…»

La Tercera, 25 julio 2020:»El fin del Gobierno»: Solo nuevos liderazgos pueden rescatar a la derecha del pozo en que la ha dejado el gobierno y es hora de trabajar en ello.

«Reactivación», La Tercera, 1 agosto 2020: «la reactivación. Esa es una tarea urgente. Un millón setecientos ochenta mil chilenos que hace un año atrás tenían un empleo lo perdieron según el INE y hoy están desocupados. El impacto del estallido de octubre primero y la pandemia después, ha sido desolador para las familias. Sectores que tradicionalmente generan mucho empleo como el comercio han disminuido en 24% los ocupados en un año, en la construcción la caída supera el 30% y en alojamiento y servicios de comida la baja llega a un 48,5%. Si el país no se pone en marcha este panorama será peor, pues serán muchas las empresas de los rubros mencionados y otros que simplemente tendrán que cerrar por falta de ingresos».

«La cuestión mapuche y la violencia» La Tercera, 8 agosto 2020: «Hay al menos dos cuestiones que conviven: primero, una acción violentista constante que subvierte el orden público, de grupos organizados, no muy numerosos, pero sí coordinados que desafían al Estado de Chile. La segunda cuestión es una serie de reivindicaciones de comunidades mapuche de la zona que incluyen la entrega de tierras, pero no un territorio independiente. Comprenden una demanda de reconocimiento a su cultura, representación política, apoyo a zonas que están entre las más pobres del país e incluso la mantención del orden público ante acciones de grupos violentos».

«El carro del apruebo» La Tercera 5 septiembre 2020: «Aprobar sería ceder a la violencia y eso le hace mal al futuro de la derecha y del país. Rechazar es una manera de dotar a la derecha de una dignidad que ha perdido».

La Tercera, 18 octubre 2020: “Para muchos el 18 de octubre representa la ilusión de que tendrán una vida mejor, difícil de concretar pues las Constituciones no crean riqueza ni mayor bienestar. Para otros causa inquietud por la incertidumbre que abre una hoja en blanco. Para mí, el significado más concreto es que ese día se validó el uso de la fuerza como método para obtener objetivos políticos. Eso continúa hasta hoy y si no lo resolvemos pronto traerá dolor y pobreza”.

«No hay cincuenta hombres justos» La Tercera, 14 noviembre 2020
¿como es posible que una política pública que todos los expertos califican como deficiente y dañina sea aprobada por esa mayoría en el Congreso?
La respuesta hay que buscarla, en dos lagos. El primero es indagar cuales son los incentivos que el sistema político que tenemos entrega a los hombres e instituciones que participan en los asuntos públicos
El segundo dice relación con la materialidad de la que están hechos los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de tomar estas decisiones

«Política extrantiva» DF 6 marzo 2021 »

Paula Narváez presenta su propuesta como alternativa a los retiros de las AFP, según ella un último recurso ante la falta de respuestas del gobierno frente a la pandemia. Pero eso es falso. El BID y el Banco Mundial han destacado a Chile por el apoyo del gobierno a la población ante el Covid-19. Con un porcentaje superior al 8% del PIB, la ayuda estatal a familias y empresas en Chile es proporcionalmente de las más altas del mundo. Si sumamos a ese efecto el de los retiros de AFP puede entenderse la sorprendente información que entregó el Banco Central: el consumo de las familias aumentó un 20% durante el año 2020 en relación al año anterior. Vale decir sobre la base de una afirmación falsa (falta de respuesta del gobierno a efectos de la pandemia) se propone una medida inconveniente, que financiarían con el aumento del precio del cobre, que lleva un par de meses. El cobre sólo aporta 6% de los ingresos del Fisco y por lo tanto no es el sueldo de Chile, como les encanta decir a los políticos».

«La extrema izquierda» «José Antonio Kast, un niño de pecho frente a Daniel Jadue en la radicalidad de sus propuestas, es calificado por los periodistas como extrema derecha… jamás se escucha en los medios de comunicación la expresión extrema izquierda… la libertad de prensa es intolerable para ellos… Carmen Hertz califica a Matías del Rio de «verguenza e indecencia de periodista»… el PC es extremo también en su instrumentalización de todos los órganos del Estado… frente a las amenazas, lo digo con todos sus letras: soy anticomunista» La Tercera 26 junio 2021

En la centro izquierda, con la excepción del diputado Auth, se ha terminado apoyando siempre el retiro. Hoy el senador Montes y las senadores Goic y Rincón dicen no estar de acuerdo. ¡serán capaces de mantener esa posición. Su candidata, Yasna Provoste, no ha dicho ni pío…. vean lo que le ha ocurrido a este gobierno que ha perdido poder por tratar de agradar a la izquierda, vean lo que le pasó al candidato eterno de la derecha. la excepción es Sebastián Sichel, quien se niega a seguir ese camino, el de la nueva corrupción que no vende su conciencia por dinero, pero que sí lo hace por votos» La Tercera 12 septiembre 2021

Los diputados del oprobio, Luis Larraín, 13 noviembre 2021
Inexorablemente, sin poder escapar a su sino, la Cámara de Diputados concluyó el martes de madrugada un grotesco espectáculo que consolida su degradación moral y política

La elección presidencial, 20 noviembre 2021  «Lo que está en juego en las elecciones presidenciales es la mantención de la democracia representativa, esta vez amenazada por la izquierda. La historia reciente de Latinoamérica lo señala con claridad y la realidad cotidiana que vive la mayoría de los chilenos en las calles es que campea la violencia delictual y política, el narcotráfico, la inmigración descontrolada, ataques terroristas en La Araucanía, destrucción de bienes públicos y privados y precariedad de la economía hogareña, aplastada por la inestabilidad y el caos promovidos por la izquierda.

La impostura de Boric   La Tercera, 27 noviembre 2021
Las acciones terroristas en La Araucanía que privaron de trabajo, bienes e incluso la vida a muchos eran denominadas reinvindicaciones del pueblo mapuche y lucha por sus derechos.
Pretendió también favorecerlos con un indulto que dejara impunes sus crímenes y delitos.
Hoy, enfrentado a la segunda vuelta, Boric ha decidido tirar a la basura su apuesta y tratar de convencer a los chilenos de que es una blanca paloma de la paz.

 «Lo que no se entiende es el rol de destacados economistas como Eduardo Engel, Andrea Repetto y Roberto Zahler que han criticado los retiros de fondos por sus graves efectos y parecieran conformarse con ser teloneros en el show populista de Gabriel Boric» «Boric y el cuarto retiro» 4 diciembre 2021

El presidente electo debe entender que los objetios del Partido comunist son distintos a los suyos… porque e definitiva el éxito del Frnte Amplio puede ser tambien una derrota de los comunisas, que ayudaría al triunfo de otros donde ellos han fracasado siempre.
Si Gabriel Boris quiere lograr el objetivo de trascendencia del Frente Amplio necesiamente tendrá que hacer concesiones…. es imprescindible para que la economía chilena no se derrumbe, pues su programa es inviable y ello se notará muy rápidamene, El Partido Comunista no será un aliado e ese propósito 8 enero 2022

Columnas en Diario Financiero

Luis Larrain, Diario Financiero, 13 octubre 2020
«Cuando un producto es gratis, el producto eres tú»
Las grandes empresas tecnológicas actúan sobre la base de modelos y algoritmos que predicen nuestras acciones. La información que dejas en las redes sociales revela tus preferencias, tus necesidades y tus debilidades.
La clave es utilizar las emociones. Las redes son adictivas, pues segregan dopamina en la forma de aceptación y aprobación social de los pares.
Hay quienes vienen haciendo una manipulación similar desde hace tiempo: los políticos socialistas.
Los ciudadanos reciben ofertas de bienes y servicios gratis, que paga «el Estado» (aunque ello no sea cierto pues la riqueza la generan las personas).
Algún día se darán cuenta del engaño, pero después de vivir mucho dolor.

«La mirada del Caballero» 13 agosto 2019
«El Brexit desde Londres» 9 julio 2019
«Crecimiento en Chile y el mundo 11 junio 2019
«Raul Soto y Alejandro Foxley» 14 mayo 2019
«Modernización tributaria: a votar» 9 abril 2019
«Capitalismo feminista» 12 marzo 2019
«Jovenes políticos impiden que jóvenes estudiantes trabajen» 12 febrero 2019
«Economía: los dichos (de Valdes) y los hechos» 8 enero 2019
«La economía, las encuestras y otras yerbas» 11 diciembre 2018
«Valdés, la reforma de pensiones y la estrechez fiscal» 13 noviembre 2018
«Un presupuesto austero» 9 octubre 2018
«Lecciones argentinas» 11 septiembre 2018
«Economía e impuestos: la hora de la verdad» 21 agosto 2018
«Competitividad tributaria» 10 julio 2018
«Cuenta pública: el debe y el haber» 7 junio 2018
«El debate fiscal» 9 mayo 2018
«TransUber» 10 enero 2018
«Clase Media protegida» 7 noviembre 2017
«Pobre legado» 5 octubre 2017
«El grito de Valdés» 6 septiembre 2017
«En la reforma laboral Valdés perdio la pelea que dio a la Minstra del Trabajo, Ximena Rincón, y terinamos con una legislación sobre reemplazo en la huelga que es la más rígida de la OCDE y que atenta directamente contra la productividad… en la última etapa de su gestión, Valdés con una lealtad conmovedora a la Presidenta, se afana en preparar una reforma al sistema de pensiones con el objeto de dejar aprobado, antes del fin de su mandato, un auento de 10% a las pensiones. Si bien uno puede discrepar de la reforma a las pensiones -creo que sería un gran retroceso para nuestro país- hay que reconocer que al menos en el corto plazo funciona, y por lo tanto Rodrigo Valdés estaba proveyendo a la presidenta Bachelet de un proyecto que  cumplia todos los requisitos que ella le habia puesto en el ambito político.

 

«A quien le importa el crecimiento» 12 abril 2021:

La pregunta que se hace José Luis Daza es cómo Estados Unidos va a desarmar este enorme paquete de ayuda, que, instalado de manera permanente, dañará los incentivos a producir. Una pregunta similar debemos hacernos en Chile, pero nadie habla de eso entre nosotros. La respuesta de Daza es que la única solución es el crecimiento económico, y como la productividad en el país del norte está estancada desde hace rato, cree que la tecnología puede ser la salida que se necesita. En ese sentido, Chile tiene un problema parecido. Son pocos los economistas, Sebastián Claro es uno de ellos, que han llamado la atención sobre ese problema en Chile.

Este año, por razones estadísticas, el crecimiento del PIB será alto (de 6 a 7% dice el Banco Central). Esto creará la ilusión de que hemos resuelto el problema, pero estamos lejos de ello y no hay líderes que lo estén advirtiendo.

«el monto de recursos movilizados por el Estado y los bancos, del orden de US$ 28.000 millones, en créditos Fogape y Covid a PYME y empresas en general, que, si bien son crédito y no subsidio, y por lo tanto no corresponde simplemente sumarlos para definir las ayudas, sí representan una transferencia de recursos, aunque sea transitoria, que al sumarse a las demás ayudas dan un monto total movilizado del orden de US$ 95.000 millones, un 32% del PIB. Eso situaría a Chile como el cuarto país que más ha movilizado recursos para la pandemia en el mundo, según datos del FMI, sólo detrás de Japón, Italia y Alemania. Por eso no es de extrañar que durante los días del Cyber Day, las ventas hayan aumentado un 57% respecto al año anterior. Ello pese a que, según informó el Banco Central, los chilenos utilizaron sus retiros previsionales en un 80% para ahorrar y pagar deudas, y sólo un 20% para consumir. Por eso los políticos que hablan de “hambre” mienten y ninguno tiene la valentía para discutir siquiera si es que se transferirán recursos excesivos. 8 junio 2021

Luis Larraín plantea que “los poderes públicos, por temor a la violencia, han renunciado a ejercer sus fueros. Solo queda ahora el temor al populismo” 30 abril 2021, La Tercera

Columnas en El Libero

Condiciones excepcionales, 17 octubre 2019: «Cualquier posibilidad de retirar fondos desde la AFP para un objetivo distinto a pagar una pensión termina indefectiblemente en peores pensiones. En otras palabras, todas esas concesiones, por pequeñas que sean, terminan en pensiones más bajas para los chilenos».

«Los partidos políticos frente a la crisis» El Libero 24 octubre 2019: «un fracaso del sistema político es también un fracaso de los partidos»

La entrevista al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena se posiciona como lo más comentado hoy. “Que personas consideren que el asesinato del senador Guzmán fue un acto de justicia solamente es posible si un sector significativo de la sociedad considera legítimo el uso de la violencia contra sus adversarios”, dice Luis Larraín 18 marzo 2021

Columnas a partir 16 mayo 2021
Faltando pocos minutos para las doce de la fría noche del miércoles, en la calle Esmeralda, un solitario transeúnte paseaba nervioso frente a las oficinas del Servel en Santiago. Luego de aguardar en vano, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, abandonó el lugar. Esperaba a Álvaro Elizalde, su colega del PS, con quien había convenido juntarse para inscribir las primarias presidenciales de Unidad Constituyente, donde él sería candidato.
En el espectáculo de la centroizquierda del día miércoles hubo traición, extorsión, arrogancia y humillación. El presidente de un partido (PS) llama a su colega DC para indicarle qué candidata sería aceptable inscribir; otro (PPD) renuncia a su opción y se pliega a la candidatura del PS, pero en un pacto distinto (PC y FA) al que había comprometido integrar; veto de estos últimos a quien había inclinado la cerviz para servir a nuevos patrones. Así, en la oposición, solo Daniel Jadue y Gabriel Boric participarán en una primaria.
El principal error de los políticos de izquierda, más allá de las miserias humanas que resumíamos, ha sido el de negación. Ya no es Girardi quien desde el Congreso mueve los hilos del poder; la izquierda recién cae en la cuenta de quién es el jefe: el poder recae en el Partido Comunista y su abanderado Daniel Jadue. Los que por años comprometieron sus convicciones, su probidad y su reputación, vendiéndolo todo a cambio de votos que algún día llegarían, solo abonaron las arcas del comunismo; pues ha sido éste el que capitaliza el que sus políticas e ideas sean aprobadas y promovidas por sus aliados, e incluso, por no pocos de sus adversarios. Los resultados de la elección de constitucionales indican que el PC tiene, además, en la calle y ahora en la propia Convención, seguidores que se hacen llamar del “Pueblo”.
Los humillados del miércoles seguirán culpando a la derecha y al modelo neoliberal de todos los males e interpretando el pequeño papel que se digne ofrecerles el nuevo jefe. Quizás si Yasna Provoste fue la única que logró sortear la trampa del PC y sus acólitos del Frente Amplio, manteniendo abierta una opción que al menos deja a buen recaudo su dignidad, aunque su partido haya quedado en el suelo. Maldonado dijo que irá a la primera vuelta, algo sacará a cambio.
La negación de los políticos se viene a sumar así a la de otras elites que no han comprendido la profundidad de la crisis que vive Chile. Otra negación en ciernes es la de intelectuales que creen que la Convención Constitucional será un foro propicio para discutir ideas, ignorando las amenazas que la rodean. El camino que queda a las fuerzas democráticas, la derecha entre ellas, es unirse en la Convención y hablarles también a los chilenos que no votaron: son más de la mitad y seguramente más sensatos y moderados que quienes concurrieron a las urnas.
}Luis Larraín «¿Chile vámonos?» 5 junio 2021
«…¿pero por qué alguien podría tener temor? Básicamente por una cosa: que el Estado, amparado en una mayoría, no respete derechos básicos.
Ellos son fundamentalmente el derecho a vivir en paz, la libertad de conciencia y opinión, y el derecho de propiedad. La ponderación de cada uno de estos variará entre las personas dependientes de sus intereses, patrimonio, intensidad de convicciones políticas, etc…
La derecha, los empresarios, las elites, pero no solo ellos sino todos quienes creen en la democracia, deben dar la lucha para que los temores reseñados no se hagan realidad.
La derecha no debe abandonar el país, sino luchar por él. Y eso incluye respaldar a los políticos que defienden nuestras ideas.
no abandonemos a los partidos, apoyémoslos para que sean mejores.
Luis Larrain ¿hay que votar por Orrego? 11 junio 2021 … es cierto que un comunista como Jadue representa lo peor, pero también hay que decir que Yasna Provoste, aun con chapa democratacristiana, es autora del proyecto de ley que «nacionaliza» los fondos de pensiones junto al propio senador Navarro y además patrocinó un proyecto de ley de indulto a quienes estan presos por delitos cometidos en el contexto de la revuelta de octubre 2019.
Asi, Provoste parece estar muy cerca de Jadue en política y sería dudoso votar por Orrego para hacer crecer a la senadora en su opción presidencial, que incluso podría dejar a la derecha fuera de la segunda vuelta.
la razón oplítica para votar pro Orrego se reduciría entonces y uno consideraría la opción de quedarse en la casa.
Sin embargo, me parece honesto decir que no me imagino a Yasna Provoste propiciando un proyecto de ley para buscar la reelección del próximo presidente, cosa que Jadue no me cabr duda haría, siguiendo la ruta de los socialistas del siglo XXI que inauguró Chavez y que tiene a millones de latinoamericanos sumidos en el hambre y sin esperanza porque viven bajo el gobierno de un dictador comunista.
Me ayudaría escuchar a Claudio Orrego, o al menos a alguien relevante dentro de la DC (quedan pocos) declarando que en una segunda vuelta presidencial no votaría por Jadue.
Eso podría inclinar la elección en favor de Orrego. Pero no tengo mucha fe. Quizás si Orrego gana será gracias a Oliva; y si pierde será culpa de él, por no jugársela con una declaración como la que pedimos.
¿Que podría salir mal? 10 julio 2021 La mesa de la Constituyente ha mostrado poco respeto a las reglas, al debido proceso y a la transparencia en las decisiones, cuando se trata, justamente, de proponer las reglas para el funcionamiento de nuestra democracia… Jaime Bassa por si y ante sí anuló una votación ante la presión de un grupo de convencionales, sin tener atribuciones para hacerlo…» ¿Asamblea Constituyente? 2 julio 2021 La Tercera
Los convencionales que pretendan desconocer las reglas que los rigen, devienen en ilegítimos, pues esas reglas los instalaron allí. El gobierno y los demás poderes del Estado deben asegurar la democracia, que corre hoy peligro por esa pretensión.
Votar por Chile
Hay razones muy de fondo para ir a votar.
Se trata, en primer lugar, del tipo de sociedad que queremos.
Vivimos en una democracia representativa: votamos por personas que nos representan en el gobierno y el Congreso.
Podemos reclamar por la mala calidad de los elegidos, intentaremos influir para que sean más capaces y busquen mejores políticas que resuelvan los gemas pendiente, pero si queremos democracia ese es el sistema.
Juan Pablo II en 1987 desde Chile: «Las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia. Ellas residen en una constelación de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra empeñada, audacia; en suma, amor al trabajo bien hecho. Ningún sistema o estructura social puede resolver, como por arte de magia, el problema de la pobreza al margen de estas virtudes» La Tercera 17 julio 2021
El desafio que tiene por delante Marcel es mayor, no tanto por las condiciones de la economía chilen ay mundial, sino por fuerzas al itnerior del gobeirno tratando de transformar radicalmente la sociedad, ssegun se desprende de la conformación del gabinete» 22 enero 2022
Una operación política mediática 9 octubre 2021

El domingo pasado, la conductora del noticiario central de T13 abrió el espacio con la que llamó la noticia más importante: Ciper Chile informó que en la compra que el año 2010 Carlos Alberto Délano hizo a otros socios de la Minera Dominga, entre ellos la familia Piñera Morel, una cuota de pago se devengaba solo si el sector de la mina no se declaraba zona de exclusión. Esta última decisión, se dijo, dependía del primer gobierno de Piñera. T13 se apresuró a consultar la opinión de los candidatos presidenciales sobre estos hechos, consignando sus respuestas.

Ante la amplia cobertura que tuvo esta “noticia” y el anuncio de que se estudiaría una acusación constitucional contra el Presidente de la República, el propio Piñera hizo declaraciones. Aclaró que los hechos mencionados en el reportaje no eran nuevos; fueron conocidos y publicados por medios de comunicación el año 2017 e investigados por la Fiscalía y los tribunales, que determinaron que la venta se ajustaba a derecho y no existía delito. Así, se resolvió y ratificó por fallos unánimes en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema la inocencia de Piñera.

En esa ocasión, tres medios realizaron preguntas. La periodista de T13 afirmó que la cláusula que establecía el pago condicionado de parte del precio a la no declaración de zona de exclusión no era conocida anteriormente. El Presidente Piñera debió rectificarla, señalando que la cláusula sí era conocida por la Fiscalía y los tribunales y había sido difundida públicamente el año 2017, ofreciéndose incluso a enviarle los recortes que lo acreditaban.

Ciper actualizó su reportaje el lunes, señalando que la cláusula era conocida y fue parte del proceso judicial, contrariamente a lo que había informado el día antes. Pero la piedra ya estaba lanzada, el domingo es clave para marcar la pauta semanal y hemos tenido a matinales y noticiarios hablando profusamente del tema. Diputados de oposición anuncian la presentación de una acusación constitucional para destituir al Presidente. Nadie pregunta por qué durante todo el mandato de Michelle Bachelet la declaración de zona de exclusión no se produjo.

Producto de una de esas “filtraciones” a que la izquierda enquistada en el Ministerio Público nos tiene acostumbrados, se intentó insistir en que la cláusula no era conocida y se abrió una investigación penal contra el Presidente. La respuesta del abogado del Mandatario dejó claro que si alguien debía ser objeto de investigación eran los profesionales de la Fiscalía. Es bueno consignar que así se está haciendo política en el Chile de hoy: la verdad no importa y lo único que vale es obtener ventajas políticas, cualquiera sea el costo para el país.

La operación para despojar del poder al gobierno legítimo que se iniciara en octubre de 2019 sigue adelante, con costos cada vez mayores para Chile.

Imperdonable cuarto retiro 12 octubre 2021

Los especialistas en políticas públicas han calificado los retiros desde las AFP como la peor política pública vista en Chile y hay antecedentes para afirmarlo. En el caso del cuarto retiro, además del vaciamiento de los fondos previsionales que reducirán las pensiones, hay dos agravantes que lo agravan respecto a los anteriores y una variante que lo hace imperdonable.

El primer agravante es que a estas alturas es imposible sostener que los chilenos necesitan retirar de las cuentas en la AFP el dinero de sus pensiones para reemplazar los ingresos que la pandemia les ha restado. La evidencia indica que los hogares disponen de más dinero que antes de la emergencia, producto de las ayudas gubernamentales recibidas y de retiros anteriores. Los saldos en cuenta corriente, la baja en el endeudamiento, las compras de bienes durables baten récords. El Cyber Day, con cinco millones de transacciones, recaudó 433 millones de dólares en un fin de semana, un 51% más que el año pasado.

Pese a ello, los editores de los canales de televisión encuentran, como es obvio, a personas que afirman en sus matinales y noticieros que necesitan urgentemente el dinero para alguna contingencia y a políticos que se prestan para apoyar los retiros alegando que la gente los necesita. Periodistas que desinforman y políticos que justifican el apelativo del peor Congreso de la historia de nuestro país llevan la voz cantante y pocos se atreven a contradecirlos.

El segundo agravante es que el daño inmediato que están haciendo los retiros acumulados a la economía chilena es considerable y empieza a golpear a todos los hogares chilenos. Como se advirtió (y no es el Cuco, como dice alguno), varios efectos se producirían como consecuencia de los retiros. El más generalizado es la inflación, donde el IPC de septiembre de 1,2% es el más alto en trece años y lleva la inflación en 12 meses a 5,3%, muy cerca del valor anticipado por el Banco Central.

Esto está afectando a cada uno de los chilenos cuyos ingresos tienen ahora menor poder adquisitivo (y no a siete familias, como dijo otro). También perjudica a quienes se endeudan para adquirir sus viviendas con créditos hipotecarios, que han visto subir la tasa como consecuencia de la necesidad de liquidez para pagar los retiros a casi el doble que antes de los retiros y también deben cubrir el mayor valor de la UF. Si sumamos estos efectos a los que ya provoca el incremento del gasto público por las ayudas a las personas, entendemos por qué los especialistas están pronosticando una tasa de política monetaria subiendo de 1,5% a 3,5% hacia fines de año y probablemente a 5% en 2022; lo que amplificará todos estos efectos adversos sobre la calidad de vida de los chilenos.

Y la variante que hace imperdonable este proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, es la obligación que impone a las compañías de seguros que han pactado Rentas Vitalicias con jubilados por esa modalidad: la entrega anticipada de 10%, que éstos devolverían con un descuento de 5% de sus futuras pensiones. Esto ya no es sólo una mala política pública, sino robo, pues las compañías deberán pagar más de lo prometido sin reservas para hacerlo (la CMF estima que hasta nueve compañías podrían quebrar). Esto dejaría sin pensiones

“Los políticos que -por populismo o cobardía- apoyen una ley así serán los culpables de la baja o desaparición de las pensiones, y del empobrecimiento generalizado de los hogares chilenos”.

a buena parte de los 700 mil pensionados por esta modalidad.

Recordémosles a los políticos que por populismo o cobardía apoyen una ley así: ellos serán los culpables de la baja o desaparición de las pensiones, y del empobrecimiento generalizado de los hogares chilenos.

La economía de Boric 11 enero 2022

La economía mundial tuvo un buen 2021, con un crecimiento estimado de 5,9% marcado por la evolución del Covid-19, que pasaría a ser desde este año una endemia en lugar de una pandemia. Ello requiere un tratamiento de salud pública distinto, compatible con una economía que siga expandiéndose, aunque sigue la alerta por los altos contagios de la variante Ómicron, que afortunadamente es menos grave que sus antecesoras.

La cuestión clave en la economía mundial, además del Covid, será cuán agresivo resulta el ajuste monetario en los principales mercados.

Las señales de la Fed, el BCE y las autoridades chinas apuntan a alzas en las tasas de interés. La inflación del 5% en la zona euro es la mayor desde su creación. El crecimiento global debiera ser inferior al de 2021.

Chile no escapa a este panorama general. La inflación anual de 7,2 % es la mayor en catorce años y se espera una nueva alza de la TPM del Banco Central de entre 100 y 125 puntos base en su reunión de enero. La cordial reunión del presidente electo Gabriel Boric con el presidente del Banco Central, Mario Marcel, da señales positivas, en el sentido de que se entiende en el Ejecutivo que el instituto emisor debe honrar su misión de estabilidad monetaria. Ello implica, por consiguiente, una brusca baja en el nivel de actividad y Chile tendría que pasar de un año creciendo al 12% a uno en que la actividad podría expandirse al 1%. El presupuesto aprobado por el Congreso, por su parte, impone un ajuste del gasto fiscal del orden de 20% respecto al presupuestado para 2021.

Los imperativos del equilibrio macroeconómico chocan, entonces, con las expectativas de la mayoría de la población. Lo que se impuso en la última elección presidencial es la tesis de que mejorar la calidad de vida de los chilenos en forma generalizada es una cuestión de voluntad de cambio. La última encuesta CADEM dice que el 60% espera un buen año para la economía en 2022. Pero esa mejoría no llegará, no solamente por las razones que dábamos más arriba que afectan al mundo y a Chile, sino por otros motivos que son particulares de nuestro país.

El mayor esfuerzo para crecer deberá provenir del sector privado y éste enfrenta una alta incertidumbre. Ello, por el desconocimiento sobe las reglas de juego que regirán en el futuro para la propiedad, que como cualquiera entiende, determinarán críticamente cuánto se invertirá el año 2022 y los que siguen. Hay una cuestión, en particular, que es clave y es qué sucederá con nuestro mercado financiero.

Se sabe que en Latinoamérica hay sólo dos países que tienen un mercado financiero capaz de proveer financiamiento local relevante a la inversión: Chile y Brasil. La imprecisa formulación del programa de Boric para el sistema de pensiones, especialmente del destino y el rol del ahorro previsional privado, impactará fuertemente la disponibilidad de fondos para créditos hipotecarios y el financiamiento no bancario a las empresas, que ya está complicado con los efectos que provocará el alza en las tasas de interés.

Cientos de miles de jóvenes familias nuevas sin crédito para la vivienda y miles de empresas

“Jóvenes familias nuevas sin crédito para la vivienda y empresas sin poder financiar proyectos no son un panorama ideal para quien se estrena en el gobierno con la promesa de satisfacer grandes expectativas en la población”.

sin poder financiar proyectos de inversión no es un panorama ideal para quien se estrena en el gobierno con la promesa de satisfacer grandes expectativas en la población. El margen de maniobra de Gabriel Boric es, entonces, escaso. Ni Piketty ni Mazzucato, desde la comodidad de sus vidas en París o Londres, tienen ideas que puedan ayudar al novel Presidente que tendrá Chile.

El otro extractivismo 8 febrero 2022

El ambiente económico ha empezado a empañarse por la preocupación surgida a partir del trabajo de las comisiones de la Convención Constitucional. Allí se están aprobando normas que, de ser en definitiva sancionadas, transformarían a Chile en un país empobrecido.

En lo productivo, hay propuestas desopilantes, como nacionalizar el litio para producir vehículos, como Bolivia; nacionalizar también las empresas de cobre (pero gradualmente, para lo cual “irían” primero por La Escondida); caducar derechos de agua otorgados desde 1981 hasta ahora (sí, 40 años) afectando a 350.000 regantes, y derogar el Código de Aguas recientemente modificado por una ley que demoró 10 años en aprobarse; retirarse del CIADI, tribunal internacional que ve los conflictos en inversiones transnacionales, revisar todos los tratados y desechar el TPP 11, al que hoy otros países quieren ingresar por los beneficios que entregará a quienes lo suscriban.

Bueno, todas estas ideas provienen de convencionales elegidos por los chilenos. En defensa de ellos, es honesto decir que las mayorías que redactan nuestra futura Constitución han seguido al pie de la letra un libreto escrito por políticos e intelectuales de izquierda, que decía que en Chile el agua es de propiedad privada (falso, porque es un bien nacional de uso público); que la actividad minera es propia de un modelo “extractivista” que sólo favorece a las empresas en detrimento de las futuras generaciones, pues agotará nuestra riqueza (en circunstancias que es una de las actividades productivas que incorpora más tecnología, que tiene los estándares ambientales más exigentes y que fruto del respeto a los contratos y certeza jurídica no sólo no agota los minerales, sino que aumenta las reservas conocidas de los yacimientos existentes y los nuevos). Por si fuera poco, la minería entrega los empleos mejor remunerados de nuestra sociedad.

Esta mirada de la riqueza, su creación y repartición, es propia de quienes no conocen el mundo de la empresa. Se imaginan que la riqueza está bajo tierra o crece en los árboles, y entonces toda la cuestión es cambiar a sus propietarios. Desconocen que los minerales que se encuentran bajo tierra requieren años de trabajo, exploración, riesgo financiero, inversión en tecnología y comercialización para finalmente convertirse en riqueza. Que la fruta que ven en los árboles también requirió inversión de tiempo, capital, insumos y lo que es más importante: una cadena logística de comercialización y procesos tecnológicos altamente sofisticados para ponerla en la mesa de un consumidor en China, Japón, Europa o los Estados Unidos, que es lo que le da su principal valor económico. Lo mismo sucede con los salmones, la madera, la celulosa y tantas actividades económicas.

Esta visión explica un nuevo extractivismo, que en su ignorancia e inocencia impulsan muchos convencionales, y que consiste en burdamente arrebatarles la propiedad a sus actuales dueños, como si ello permitiese que los chilenos puedan vivan mejor.

El gobierno de Boric tendrá que hacerse cargo de esta brecha entre expectativas y posibilidades. Ellos tienen en el Frente Amplio y el Partido Comunista mayorías en la Convención para hacerlo. No pueden tomar palco, sino ejercer liderazgo. Los subsecretarios nombrados no ayudan: por primera vez desde la Unidad Popular el PC está en sectores productivos, con cargos en economía, en energía, en telecomunicaciones. El gobierno no debiera avalar el espíritu de nuevo extractivismo que prima en la Convención, porque ello no le hace bien a Chile.

“En varias comisiones de la Convención Constitucional se están aprobando normas que, de ser en definitiva sancionadas, transformarían a Chile en un país empobrecido”.

Con guitarra 8 marzo 2022

Imaginar a Gabriel Boric arriba de un escenario empuñando una guitarra no es disonante. El problema es que los chilenos lo eligieron para gobernar el país y, como afirma el dicho popular, otra cosa es con guitarra. Desde el viernes, él estará gobernando, acompañado de un valiente Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, y tendrá que hacer frente a grandes expectativas de mejoramiento económico, producidas en parte por su discurso y promesas electorales.

El escenario en que deberá desempeñar su gestión es complejo. La economía internacional vive un momento de gran incertidumbre alimentada por la invasión rusa de Ucrania, cuyo alcance y duración aún no es posible dimensionar. El FMI ha anunciado que puede ser prolongado. Antes de este desgraciado hecho, los desafíos mundiales eran la alta inflación y el proceso de ajuste monetario mediante alzas en las tasas de interés que deben realizar los bancos centrales para desinstalar la operación de soporte a las economías, montada para enfrentar la caída en la actividad derivado de las restricciones impuestas por el Covid-19. El ritmo de ese ajuste podría moderarse luego de la invasión.

En todo caso, el mundo se encontró en el ciclo de aumento de la actividad que normalmente sigue a las recesiones, especialmente mejoras para aquellas economías que, como Chile, obtienen una parte importante de sus ingresos producto de la exportación de commodities. Los desafíos adicionales que pone la agresión rusa son el recrudecimiento de la inflación, alimentada por los precios del petróleo (Rusia es importante productor y exportador) que han subido sobre un 20%; y de los granos, rubro en que Ucrania es un fuerte exportador, cuyos precios han experimentado incrementos de hasta el 40%.

A nivel local, esto dificulta la tarea del Banco Central, que ya estaba complicado con proyecciones de alzas de precios de 7% que se alejan significativamente de la meta de 3%, y son consecuencia del gran aumento de liquidez que experimentó la economía chilena en 2021 por los retiros desde los fondos de pensiones que impulsó el Congreso y los subsidios monetarios que entregó el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Para la tarea del ministro de Hacienda, si bien hay algunos efectos beneficiosos, como un precio del cobre cercano a 5 dólares la onza (el más alto de la historia), la invasión de Ucrania agrava la incertidumbre a la que ya estaba sometida la economía chilena.

En efecto, el radical programa de transformaciones a la sociedad chilena de la candidatura de Gabriel Boric sería una intervención disruptiva en una economía que, pese a la caída en el crecimiento en los últimos años, ostenta el sitial de la más próspera de la región. El programa de gobierno está imperfectamente formulado y no especifica las herramientas que podrían utilizarse para sustentar su pretensión de mejorar la calidad de vida de los chilenos. El aumento de impuestos que postula es de una magnitud inédita en economías exitosas y desprecia el efecto que tendría en la producción de riqueza.

A ello se viene a agregar la inquietante propuesta que elabora la Convención Constitucional, que debilita la protección al derecho de propiedad y la certeza jurídica, excluye la participación privada en importantes sectores de la economía e introduce un aumento de gasto fiscal e indefiniciones y duplicaciones burocráticas de pronóstico negativo. Todo ello para lidiar con una sociedad en que se ha lesionado gravemente la ética del trabajo.

La Invención de Marcel Diario Financiero12 April 2022

Mario Marcel tiene una tarea difícil, pues debe conducir la política económica enfrentando un cuadro complejo: inflación anual sobre el 9% después del guarismo de marzo (el mayor en veintiocho años) y déficit de cuenta corriente de 8% del PIB, lo cual requiere un ajuste monetario que contraerá la economía (crecería apenas 1% el 2022) impactando a los hogares de chilenos ya golpeados por la inflación.

Según el Banco Central, la inversión caería un 3,8% durante 2022, afectada por la incertidumbre en los mercados nacionales a raíz de las extremas propuestas que está aprobando la Convención Constitucional, por las actuaciones del propio gobierno que dificultan las labores de producción, y por el populismo rampante que campea en el Congreso, que amenaza con aprobar el quinto retiro desde los fondos de pensiones, con consecuencias desastrosas para la inflación y el mercado de capitales. Como si esto fuera poco, hay incertidumbre a nivel mundial por la invasión rusa a Ucrania y aumentos en los precios de combustibles y granos.

Para ayudar a Marcel en el cumplimiento de su difícil misión, uno esperaría que el liderazgo del Presidente Boric se empleara para moderar los afanes de los convencionales que integran su coalición, en materia de derechos de propiedad u orden público, por ejemplo; pero el mandatario se queda en declaraciones retóricas, sin influir realmente en la Convención. Sus palabras etéreas y sus actuaciones ciudadanas parecen destinadas a representar un papel en una película o documental, y no a conducir verdaderamente el país. Varios analistas han dicho que el futuro de su gobierno está indisolublemente ligado al de la Convención Constitucional, pero él no parece caer en cuenta de ello.

Las actuaciones del propio gobierno están marcadas por un afán identitario, cuando no revanchista, que lo inunda todo. Falla en materia de orden público, porque no está dispuesto a enfrentar a grupos de interés al interior de su coalición que exigen impunidad para sus delitos en la

Macrozona Sur, en el centro de Santiago y a lo largo del país. Con esa política no logrará las condiciones mínimas para que las empresas puedan producir en paz, desde luego en La Araucanía y varios otros lugares.

Muchas de las nuevas autoridades regionales, además, son renuentes a la aprobación de proyectos e incluso los paralizan, apoyados por la alcaldesa, como el caso de una inversión inmobiliaria de 300 millones de dólares y 1.800 departamentos en Ñuñoa que crearía 1.300 empleos. Destacados economistas han señalado que el principal problema de la economía chilena hoy es de oferta más que de demanda y nada favorece la oferta. El plan de Marcel por 3.700 millones de dólares es de mitigación, pero no de reactivación.

El actuar populista del Congreso amenaza con un nuevo retiro desde los fondos de pensiones, aumentando el daño a las familias que desean comprar una vivienda y que han visto triplicarse las tasas de interés de créditos hipotecarios, alejando el sueño de la vivienda propia. En el intertanto, la Convención Constitucional quiere dar iniciativa de ley en materia de gasto público a la poderosa Cámara de Diputados que se incuba allí.

Así las cosas, la tarea de Marcel es titánica. En la novela “La invención de Morel”, de Bioy Casares, el protagonista inventa una máquina capaz de recrear la realidad capturando las almas de las personas mediante una grabación. Por desgracia para el ministro de Hacienda, se trata de literatura fantástica: si se aprueba estos días el quinto retiro, soñará vivir en esas páginas.

Retiro al fin 16 abril 2022

El gobierno de Gabriel Boric intenta parar el retiro desde los fondos de pensiones impulsado por diputados con su propio proyecto anunciado por el ministro Marcel; un retiro acotado, pero un retiro al fin. El hecho marca la debilidad política del gobierno, que a un mes de haber asumido luego de ser electo con una gran votación, no es capaz de alinear a sus parlamentarios para rechazar una de las peores políticas públicas conocidas. Derrota para el Presidente Boric, los ministros Marcel y Jackson, y para la toda la coalición, pues es vox populi que ha sido el Partido Comunista el que no ha dado los votos decisivos. El PC confirma su política de una pata adentro del gobierno y otra afuera, y hace primar su objetivo de destruir el sistema de pensiones por sobre el de dar estabilidad financiera al país y viabilidad política al gobierno.

El ministro de Hacienda ha intentado defender su proyecto señalando que no tendría efectos sobre la inflación y la liquidez y tendría un impacto muy acotado sobre el sistema financiero. No es tan así. Como Mario Marcel sabe, el dinero es fungible y eso significa que una persona que recibe dinero para pagar una deuda, libera el que tenía destinado a eso para otro gasto, muy probablemente consumo. Sí hay impacto, aunque sea menor en primera instancia, sobre la liquidez, la inflación y el sistema financiero. Es complejo el “micro management” que el ministro pretende hacer acotando los usos del retiro, y tendrá en la Cámara de Diputados un enemigo poderoso que, vía indicaciones, intentará anular sus esfuerzos con el aliado también poderoso de los matinales de la TV. El retiro de Marcel deteriorará asimismo las arcas fiscales, pues el gobierno gastará más en la Pensión Garantizada Universal para suplir los recursos mermados de las cuentas en las AFP. Lo hará en una medida menor que el que impulsan los diputados, es cierto.

Pero en la decisión del gobierno hay otro problema y es el verdadero fantasma que no dejará dormir a Marcel: la dinámica que se ha creado en torno a los retiros. Ya tenemos a pocas horas del anuncio del ministro cuatro nuevos proyectos de diputados que impulsan un sexto retiro (en rigor, el cuarto no existió; pero bueno, todo es una impostura en los retiros, recordemos que se llamaron retiros del 10%, que nunca fueron de 10%). Eso es lo que puede destruir el mercado de capitales con una lógica similar a una corrida bancaria y hacer imposible el manejo de la economía chilena y del país.

Fue el populismo brutal de la izquierda el que impulsó los retiros que pueden empobrecer a los chilenos hasta un límite impensado. Fue la complicidad cobarde de muchos parlamentarios de derecha la que le echó bencina a la hoguera; esperemos que prime ahora una mirada republicana que evite el descalabro. No es la hora de la venganza sino la del patriotismo.

Constitución económica 14 junio 2022

La propuesta de Constitución debe revisarse como un todo para formarse una opinión definitiva, pero también puede analizarse a partir de un área específica y es lo que haremos desde la economía.

Una mirada integral del proyecto plantea una cuestión previa relevante para la economía: ¿cumple con el estándar que las democracias representativas de Occidente exigen a sus constituciones? La respuesta es negativa. La distorsión a la voluntad popular introducida por la presencia de escaños reservados, bajo la excusa de un país plurinacional ajeno a la tradición chilena, la pretensión de moldear en la Carta Magna un determinado modelo de sociedad y la eliminación del Senado, amenazan con perpetuar en el poder a una tendencia política, independientemente de las preferencias de la población. Sabemos que ese tipo de sociedades no favorecen el desarrollo económico y devienen en autocracias.

“Cierra los ojos quien afirme que la Constitución no perjudicaría seriamente la inversión y el empleo”.

Desde un punto de vista económico lo más grave del proyecto es el debilitamiento del derecho de propiedad, principalmente por dos normas. La primera es el cambio en las reglas para una expropiación por causa de utilidad pública. La Constitución vigente establece que en ese caso se deberá pagar el daño patrimonial efectivamente causado, lo que inequívocamente remite al precio de mercado o el valor presente de los flujos futuros, el cual puede ser reclamado ante los tribunales si se considera insuficiente. El proyecto, en cambio, señala que deberá pagarse el justo precio, concepto que una ley simple puede definir bajo distintos criterios. Adicionalmente, la Constitución vigente permite al propietario exigir el pago al contado, cuestión que el proyecto no hace. La inflación puede licuar el valor de lo expropiado como bien saben los chilenos.

Un segundo cambio que debilita el derecho de propiedad es el que reemplaza los derechos de aprovechamiento de agua, renovables y comerciables, por autorizaciones de uso incomerciables otorgadas por un órgano administrativo, lo que precariza la propiedad en el mundo rural y minero. En este último sector, sin que haya una declaración explícita tan lesiva para la propiedad como en el caso del agua, el proyecto de Constitución no se refiere a las concesiones, de manera que éstas que hoy día están amparadas quedarían entregadas a una ley simple en el sector de mayor inversión en Chile.

La protección del derecho de propiedad es clave para incentivar la innovación y tecnología, es base del intercambio y por ende la especialización y las ventajas competitivas.

Otro deterioro evidente a la institucionalidad económica está dado en materia fiscal, donde se elimina la iniciativa exclusiva del Ejecutivo para proyectos que irroguen gasto público y normas de seguridad social, se eliminan quórums especiales para ciertas leyes y se establecen autonomías regionales que pueden crear empresas y recaudar impuestos amenazando el equilibrio fiscal. La autonomía del Banco Central es menor por la posibilidad que los consejeros sean removidos por incumplir el objeto del Banco, que en la propuesta es más amplio. La profusión de derechos sociales garantizados amenaza el equilibrio fiscal. La actividad privada se restringe en previsión y salud.

Relativo a los costos de producción e inversión, se establece un derecho a huelga no ligado a la negociación de salarios y sin restricciones de oportunidad ni materias. Se declaran derechos de la naturaleza que complicarán la obtención de permisos ambientales a los proyectos de inversión. Cierra los ojos quien afirme que la Constitución no perjudicaría seriamente la inversión y el empleo.

Los tres problemas del Apruebo, 29 julio 2022

La ventaja del Rechazo en las encuestas ha hecho que muchos partidarios del Apruebo planteen seriamente la opción de aprobar para luego reformar. Una mayoría muy importante de los ciudadanos (cerca del 75%) está disconforme con el proyecto emanado de la convención, que es extremo y alejado del sentido común. En nuestro país no hay doce naciones y los chilenos lo saben. ¿Por qué incluirlo en la Constitución entonces? ¿Por qué entregar privilegios a algunos ciudadanos a costa de otros? La justicia ya no sería ciega, sino que tendrá un ojo abierto para ver a cuál sistema de justicia pertenece un chileno antes de juzgarlo. Si a ello agregamos un previsible debilitamiento de la función policial y la desaparición del estado de emergencia, la paz social podría ser fuertemente amenazada por el proyecto de constitución.

La posibilidad de elegir la provisión de salud y educación privadas sería severamente restringida y los ahorros previsionales ya no serían heredables. El aborto sin límites podría transformar una contienda de derechos en un acto macabro, sin siquiera respetar la objeción de conciencia de muchos. En fin, son demasiadas las cuestiones que gente realmente interesada en tener una nueva constitución no comparte y preferiría ver reemplazadas por otras.

Pero el Partido Comunista a través de su presidente Guillermo Teillier ha dictaminado que “no es el momento para hacer esa discusión” y muchos en el Frente Amplio han apoyado esa posición. Incluso el presidente Boric pareció ponerle la lápida al Apruebo para reformar, cuando dijo que se podía conversar de reformas después del 4 de septiembre. Sin embargo, sectores del Partido Socialista y el PPD que se la han jugado por el Apruebo han manifestado abiertamente su discrepancia. No están conformes con el proyecto y además temen que la ciudadanía se incline definitivamente por el Rechazo ante esta demostración de poca disposición a comprometerse a reformas. La gente no es tonta, y sabe que un triunfo del Apruebo desataría presiones irresistibles desde el PC y el Frente Amplio para mantener intacta la constitución aprobada. Para ser claros: si Boric cambia de posición al final aceptando hablar de reformas antes del plebiscito, será sólo para intentar salvar al Apruebo. Ya mostró su poca disposición a hacer reformas y si gana no le costará mucho decir después que otra vez cambió de opinión. Estos tira y afloja entre quienes apoyan al gobierno de Boric puede terminar costándole caro al Apruebo en la medida que el Apruebo para reformar pierda toda credibilidad.

Hay un segundo problema que está causando dolores de cabeza al gobierno. La intervención electoral, con el propio Boric firmando ejemplares de la Constitución como un souvenir, es inédita en Chile desde la vuelta de la democracia. Los actos públicos a favor del Apruebo organizados por autoridades y la abierta campaña en redes sociales contradicen expresamente las instrucciones de la Contraloría. Esto, además, puede ser contraproducente ante la pasividad del gobierno frente a problemas acuciantes de los chilenos como la inseguridad ciudadana y criminalidad, que están desatadas en los últimos días. Estamos frente a un gobierno que no gobierna sino que hace campaña y ayer tanto el presidente Boric como su ministro Jackson sintieron el repudio de la ciudadanía por esa conducta. El Apruebo se verá perjudicado por esta situación.

Y el tercer problema grave del gobierno es su decisión de renunciar a su principal responsabilidad que es la mantención del orden público. Las calles de nuestras ciudades están tomadas por la delincuencia y Carabineros tiene las manos atadas para enfrentar la violencia delictual por la persecución que sufren cada vez que reprimen un delito. El alcalde de Independencia hace campaña por el Apruebo vestido con una polera del Perro Matapacos.

Esto ha llegado al paroxismo en la Araucanía, donde el señor Héctor Llaitul, líder de la CAM, se pasea incitando a la violencia, amenazando a la población y jactándose de asesinatos que su organización habría cometido por venganza. Consultado el gobierno sobre estas declaraciones responden que no habrá querella contra Llaitul. Boric dice que ellos no persiguen ideas, Vallejo que esa postura está fijada y no habrá cambios y Jackson que esa es una línea que viene del propio presidente Boric. Insólito, el gobierno desde el centro mismo del poder defiende y ampara a un terrorista. El indigenismo es un cáncer que está enquistado en La Moneda y terminará destruyendo a este gobierno, y ya ha hecho metástasis en su insensato proyecto de Constitución que será rechazado por la ciudadanía.

Contexto económico para una reforma tributaria 12 julio 2022

La economía mundial se encuentra en medio de una racha inflacionaria inédita en las últimas décadas. Estados Unidos, con una tasa anual de 8,6%, registra el valor más alto desde 1981 y Europa exhibe tasas similares. Las autoridades de la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, en una semana, han coincidido en que el ajuste monetario será severo, dando a entender que correrían el riesgo de sobre ajustar las economías, pero no de tolerar el aumento sostenido en el nivel general de precios.

Por primera vez en mucho tiempo se empieza a hablar de recesión mundial. En Estados Unidos el PIB del primer trimestre se contrajo 1,6%, alimentando esos temores.

“HACIENDA PARECE ESTAR EN UNA TRAMPA. LAS CONDICIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y LA PROPIA DINÁMICA QUE INTRODUCEN LAS REFORMAS DEL GOBIERNO CONFIGURAN UNA REFORMA TRIBUTARIA MACROECONÓMICAMENTE INVIABLE”.

En materia de inflación los países emergentes siguen las mismas aguas, ante aumentos en los precios de los alimentos y la energía. Como suele ocurrir en estas crisis, el dólar se fortalece y se deprecian las monedas de países que tienen menos posibilidades de moverse en escenarios como el actual. En el último mes el peso chileno, con un 11%, es la moneda que más se ha depreciado en el mundo y ya tocó los 1.000 pesos.

Nuestro país tiene, además de la economía mundial, sus propias razones para que ello ocurra. La incertidumbre en las reglas del juego y el deterioro del atractivo para invertir en Chile están instalados por el proceso constitucional que vivimos y se han agravado por la gestión del Gobierno del presidente Boric. De hecho, diferentes informes atribuyen un castigo (en relación a sus fundamentos) al tipo de cambio por fenómenos locales.

El castigo fluctúa entre 150 y 200 pesos por dólar. El precio del cobre se vería afectado por una recesión y el déficit en la cuenta corriente se acerca al 8% del PIB. Los últimos indicadores muestran una caída significativa en la inversión en vivienda pese a que el déficit habitacional alcanza sus máximos valores. Las tasas de interés de créditos hipotecarios triplican las de hace un año. La empresa deberá enfrentar próximamente un aumento en el costo previsional de 1,8% del PIB con la reforma de pensiones y una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, si se aprueba la iniciativa de la diputada Karol Cariola. Así, será difícil que este Gobierno supere el crecimiento en torno al 1% de la segunda administración de Bachelet.

En ese contexto, el ministro Marcel presenta una reforma tributaria que pretende recaudar un 4% del PIB. Se esgrime que esta reforma está en el programa de Boric y proporcionaría recursos para financiar la mitad del costo de éste. Al examinar las cuentas fiscales puede constatarse que, con este nivel de gastos, cabría esperar un déficit fiscal del orden de 2,5% del PIB en cada uno de los próximos años. Con esto es casi seguro que la deuda pública superaría un 45% del PIB, ahondando el círculo vicioso de mayor deuda pública, incremento en el pago de intereses y déficit fiscal.

El ministro Marcel parece estar en medio de una trampa difícil de sortear. Las condiciones de la economía mundial y la propia dinámica que introducen las reformas del Gobierno configuran una reforma tributaria macroeconómicamente inviable, contraria a las prescripciones para la política fiscal en períodos de debilidad del crecimiento, excesivamente optimista en sus metas de recaudación y castigadora del ahorro. La reforma terminaría de desmantelar una estructura tributaria que grava el gasto.

Ojalá el ministro considere este contexto en la magnitud, gradualidad y composición del incremento de la carga tributaria que pretende aprobar. (DF)

Luis Larraín

Sometidos a los pueblos indígenas 30 junio 2022

Si gana el Apruebo el 4 de septiembre, el 88% de chilenos que no reconocemos pertenencia a algún pueblo indígena quedaremos sometidos al 12% que según el último censo sí lo hace. Esto, porque luego de la última votación de la convención constitucional el día martes, el pleno rechazó la redacción de la comisión de armonización que, según Fernando Atria, circunscribía el consentimiento previo de los pueblos y naciones indígenas a decisiones de entidades territoriales. Aseguraba Atria que si el pleno aprobaba el texto que presentaría la comisión de armonización, el consentimiento previo indígena no se requeriría en otras instancias.

Pues bien, lo que ocurrió es que el pleno no aprobó la redacción de la comisión de armonización, sino que mantuvo la redacción original, que señala que “los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución.”

Así, al cerrojo atriano que exige para un importante número de disposiciones que el quórum de aprobación de una reforma constitucional sea de 2/3 y no de 4/7, excepto que la reforma sea aprobada por un plebiscito, vendría a sumarse ahora un cerrojo indígena que exige el consentimiento previo de los pueblos indígenas a reformas constitucionales en cualquier materia o asunto que les afecte en sus derechos reconocidos en la Constitución.

Como sabemos, este proyecto de Constitución otorga a los pueblos indígenas innumerables derechos y privilegios que el resto de los chilenos no tendríamos. Entre ellos podríamos mencionar derechos sobre aguas; competencias exclusivas determinadas por ley para las Autonomías Territoriales Indígenas; escaños reservados que les otorgan una sobrerrepresentación en todas las instancias políticas a nivel nacional, regional y comunal; sistema de justicia propio y autónomo en la designación de sus autoridades; privilegios en el proceso de restitución de tierras y reparación a los pueblos indígenas, entre otros.

Cualquier cambio a uno de estos derechos o privilegios establecidos en la Constitución tendría que ser graciosamente consentido por los pueblos indígenas, de modo que uno puede perfectamente concluir que estamos ante ventajas perpetuas y vitalicias para los indígenas en nuestro país, que van en desmedro del 88% de los chilenos. La ventaja de los escaños reservados en todos los órganos políticos, por su parte, no sólo asegura la mantención de estos privilegios, sino que amenaza con generar otros en el futuro.

El Apruebo para reformar está así clínicamente muerto, al menos en materias indígenas, y la honestidad intelectual obligaría a Fernando Atria y otros convencionales a admitirlo. Los chilenos que no pertenecemos a los pueblos indígenas quedaríamos, a contar del 5 de septiembre próximo, en calidad de sometidos si es que triunfa el Apruebo en el plebiscito de salida. (El Líbero)

La casa por la ventana 26 junio 2022

Dos errores graves del gobierno dieron la sensación que aquí se estaba lanzando el gobierno por la ventana. El anuncio de cierre de la Fundición Ventanas de Codelco y el cambio de denominación y atribuciones de la oficina de la Primera Dama a “Gabinete Irina Karamanos” encendieron la opinión pública; y si bien aparentemente no están relacionados entre sí, en mi opinión hay una conexión entre ambos.

El cierre de Ventanas acordado por el directorio de Codelco y anunciado por el Presidente Boric y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, es una decisión que puede discutirse, pero tiene sus fundamentos; el tema es que su anuncio se concibió como una suerte de regalo a la feligresía ambientalista, sin consideración alguna a los trabajadores de sindicatos históricos como los de Codelco, que fueron esta vez los corderos ofrecidos en este ritual medioambientalista.

Mientras esto ocurría, se revela el cambio que involucra a Irina Karamanos, que más allá de sus ribetes ridículos y demostrativos de soberbia, denota una cuestión más de fondo. Lo que se denominó “error administrativo” (¿hasta cuándo miente el gobierno?) no solo introducía un personalismo de tufillo autoritario, sino entregaba, ilegalmente, atribuciones en materia de políticas públicas para “erradicar la desigualdad, la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica”. Hay al menos tres ministerios atropellados en sus atribuciones con esta resolución de la Presidencia de la República.

Ante el bochorno, el gobierno reaccionó informando que se dejaba sin efecto la denominación de “Gabinete Irina Karamanos” para esta oficina, pero nada se dijo respecto al insólito imperialismo de ese cargo. Lo que aquí de verdad ocurre es que un núcleo duro se ha instalado en la cercanía del Presidente Boric, con ribetes de extremismo ideológico, justamente en las áreas que señala esta resolución, y que está integrado por Irina Karamanos y las ministras de la Mujer y de Medio Ambiente y el jefe de gabinete del Presidente Boric. Mientras, Irina Karamanos visitaba el fundo tomado por comuneros mapuche ligados a la organización terrorista CAM y no se ha dignado a hablar públicamente sobre estos hechos.

Debe reconocerse que el gobierno actuó rápido para desactivar situaciones explosivas; respecto a Ventanas, el ministro Jackson dijo que “hubo una premura ambiental que aceleró las cosas”, instalando una mesa de negociación. Pero el problema no se ha resuelto: los chilenos tienen demandas de mejor calidad de vida y el conflicto seguirá latente mientras el núcleo duro de Boric siga viviendo en una realidad virtual paralela a la que vive el resto de los chilenos trabajadores y su sentido común. (La Tercera)

Cambio de Gabinete, ¿ahora sí?

Un análisis más bien mediático de la coyuntura política podría llevar a la conclusión que la Presidenta Bachelet no debiera apresurarse con el cambio de gabinete y seguir, tal como su coalición, de espectadora del caso Penta y el daño que éste causa a la UDI.

Sin embargo, esa espera tiene costos políticos importantes para su proyecto y para la unidad interna de la Nueva Mayoría. Desde ya, el mismo caso Penta está metido en Palacio y por ahora no aparecen claras las diferencias que habría entre los aportes que esa empresa hizo a políticos de la UDI y a Andrés Velasco con los que realizó al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Si el despliegue mediático en torno al caso Penta y su arista política ha de continuar, es más cómodo para el Gobierno que ello suceda sin un ministro del gabinete de la Presidenta Bachelet que haya recibido dineros de esa empresa cuando se esforzaba por financiar una campaña política.

Pero no es esa la principal razón que tiene la Presidenta para realizar de una vez por todas su cambio de gabinete. La entrega de la encuesta CASEN, que entre otras cosas sirve para determinar la evolución de la pobreza en Chile, se ha atrasado más de seis meses respecto a la fecha habitual en que se dio a conocer a la opinión pública en sus tres últimas versiones. Para una coalición que puso en duda la credibilidad de las cifras de pobreza entregadas por el gobierno de Sebastián Piñera y cuestionó incluso la realización del Censo llegando al discutible extremo de invalidarlo, es impresentable que se continúe dilatando la entrega de los resultados de la CASEN.

¿Qué es lo que se cocina en la CASEN?, podría uno preguntarse transcurridos seis meses desde la fecha habitual de difusión de la encuesta y un año desde que una Comisión transversal de expertos, de la que personalmente formé parte, entregó al Presidente sus recomendaciones técnicas para actualizar la medición de la pobreza en Chile, recomendaciones que fueron suscritas por la unanimidad de los integrantes.

¿Qué tiene que ver la CASEN con el cambio de gabinete?, se preguntará alguien.

Pues sucede que es el Ministerio de Desarrollo Social el organismo de gobierno encargado de esa medición. Su titular, la ministra Fernanda Villegas, ha sido mencionada varias veces por la prensa como una de las candidatas a abandonar el gabinete en un próximo cambio, no sólo por las demoras en la entrega de los resultados de la CASEN, sino por las dificultades con la ficha de protección social y la baja visibilidad del gobierno de Bachelet en esta área. Esta situación obligaría a seguir dilatando la entrega de la CASEN mientras no se decida lo del gabinete, o arriesgarse a que el rostro del Gobierno para la difusión de esos resultados abandone el Ministerio a los pocos días.

Los costos para Bachelet de dilatar su cambio de gabinete no terminan aquí. La renuncia de la ministra de Salud, Helia Molina, ha desatado una lucha soterrada entre su partido -el PPD- y la Democracia Cristiana, colectividad en que milita el subsecretario Jaime Burrows. Fuera del control político del Ministerio y los muchos empleos que éste provee, objetivo que el senador del PPD Guido Girardi ha tenido siempre entre sus prioridades, hay aquí una diferencia valórica que empieza a aparecer.

Recordemos que el detonante de la salida de la ministra Molina, si bien no la razón principal, afirman los especialistas, fueron sus declaraciones acerca de los abortos que se realizarían en Chile en clínicas “cuicas”. La gran visibilidad que esto ha dado al tema del aborto es algo que complica a la Nueva Mayoría. La Democracia Cristiana tiene posiciones muy distintas al PPD en esta materia y ya algunos de sus principales senadores han hecho ver al Gobierno que sería incómodo para ellos tener que oponerse a una iniciativa del Ejecutivo sobre el aborto que vaya más allá de lo que sus convicciones señalan.

Por último, está la situación económica. Las persistentes cifras por debajo de lo esperado reviven la posibilidad que haya cambios en el equipo económico con el objeto de mejorar las expectativas. No hay que explicar que mientras antes ello suceda, mejor. (El Líbero)

Rodrigo Hinzpeter no es Charlie 16 enero 2015

Puedo entender la incomodidad de Rodrigo Hinzpeter con el tipo de periodismo, basado en la sátira, que la revista Charlie Hebdo realiza y que él considera, según se desprende de su columna publicada en El Líbero, agraviante para ciertos grupos de la sociedad. De hecho, en lo personal no comparto el contenido, no son de mi agrado, ni leo, publicaciones que claramente son ofensivas a las personas o a sus creencias.

Pero no puedo estar de acuerdo con él en que la legislación sancione anticipadamente el uso de ciertas expresiones o ideas.

Ya en una conversación de sobremesa tuve oportunidad de escuchar estas opiniones, plasmadas después en su columna. En aquella ocasión, algunos le hicimos ver, fraternalmente, que resulta incompatible con la libertad de expresión que autoridad alguna defina, anticipadamente, los límites de lo que es tolerable decir o escribir acerca de los demás en una sociedad libre.

Es cierto, como dice Rodrigo Hinzpeter, que con la matanza de Charlie Hebdo emergen, se hacen presentes o patentes las complejidades y desafíos que impone la convivencia multicultural en libertad y cómo se mueve o debe moverse en sus intersticios la libertad de expresión. El punto es que la conclusión para cualquier visión liberal o libertaria es que la libertad de expresión debe moverse sin restricciones en una sociedad libre.

Esto no significa que la libertad de expresión sea un valor absoluto, ni que su defensa no pueda toparse, en ocasiones, con la defensa de otros valores igualmente importantes. Significa simplemente que no hay manera práctica de respetar la libertad de expresión que no sea aceptar que cualquier ciudadano publique libremente y sin restricciones sus opiniones acerca de otros individuos, de la sociedad en que vive o de cualquier otro asunto que se le ocurra. Distinto es lo que suceda después de la publicación; momento en el cual otros derechos de terceros que pueden haber sido lesionados (derecho a la honra, a la privacidad, a no ser injuriado ni calumniado impunemente, a la protección de niños inocentes) debieran tener su oportunidad en el marco de un estado de derecho.

Así, la sociedad tiene derecho a pedirle a quien ejerce su libertad de expresión que responda también por los efectos que sus dichos causan en terceras personas, pero esa contienda debe dirimirse en sede judicial, donde se supone las partes tienen la garantía de que se ponderarán adecuadamente los argumentos y razones de cada uno, sin la sospecha de que se está utilizando el aparato del Estado para favorecer una determinada postura o posición política o derechamente para censurar otra.

Porque de lo contrario, resulta inevitable que un funcionario del Estado quiera hacer primar sus propias convicciones acerca de las opiniones, ideas o conceptos que resultan aceptables o tolerables en nuestra sociedad. La libertad de expresión no puede estar sujeta a patronato alguno, sea éste del poder político o de algunos de sus funcionarios.

La posición de Rodrigo Hinzpeter en esta columna se hermana con la de algunos conservadores que han afirmado que la libertad de expresión no ampara la burla ni la ofensa, por no ser una idea. Nuevamente el punto es que las convicciones de unos no pueden ser usadas como pretexto para acallar las opiniones de otros. Se caería, de hacerlo, en una suerte de extorsión de grupos violentos que por esta vía obtendrían un escudo oficial que los defienda de las opiniones de sus adversarios.

La libertad de expresión no se prueba cuando las opiniones expresadas son elogiosas hacia los demás, sino que adquiere su más propio sentido precisamente cuando se utiliza para decir cuestiones que no agradan a terceros, y en particular a la autoridad, sea ella del ámbito civil o moral.

En definitiva, pervive en esas visiones conservadoras una noción idealizada del gobierno y del estado que cree que la sociedad puede imponerle a los ciudadanos, sin afectar gravemente sus libertades, una visión de lo que es justo y lo que es bueno, más allá de sus convicciones. En pocas palabras, que se puede instaurar el reino de Dios en la tierra.( El Líbero)

Ideológicamente falsa 28 marzo 2015

La expresión salió a la luz hace varios años por unas facturas que habían sido pagadas por la candidatura del senador Guido Girardi. Se trataba de facturas falsificadas, y el propietario de Publicam, la empresa que las emitía, sufrió sanciones penales, así como el administrador de la campaña del senador.

El caso Penta las puso de moda nuevamente, con una variante. Ya no se trataba de facturas falsificadas, sino de facturas en que había una presunción que el servicio no se había prestado, o que éste no correspondía ya sea por costo o descripción a lo que expresaba la factura o boleta. Y allí el Servicio de Impuestos Internos (SII) se metió en camisa de once varas, porque resulta extraordinariamente difícil calificar la naturaleza e idoneidad de servicios de distinta índole y especialidad; y esa calificación, necesariamente arbitraria, podría llevar a personas a la cárcel al constituir un delito de carácter penal.

El SII cambió de criterio. Antes las boletas o facturas que merecían dudas daban origen a una sanción administrativa, y solo eran calificadas de gasto rechazado, por lo que había que pagar los impuestos y las multas correspondientes. Me aseguran algunos, y no tengo por qué dudar, que este cambio de criterio del SII empezó hace un par de años, antes del caso Penta; puede ser así, pero lo cierto es que se hizo caer, con todo su peso, sobre los imputados en este bullado caso.

De ahí llegamos al estado de cosas en que una factura de Andrés Velasco por servicios prestados a empresas Penta llevó a un allanamiento de la Policía de Investigaciones en su casa, con toda la prensa, convenientemente avisada por alguien, presente para captar imágenes y notas. No ocurrió lo mismo, que sepamos, con el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, pese a que la fundación que presidía también había facturado a Penta en un período cercano a su campaña a senador, con el agregado de que la factura tenía como domicilio el de una botillería.

El caso SQM, ahora en la palestra, ha llevado al Servicio de Impuestos Internos a presentar una querella por pagos de 18 millones de pesos. Posteriormente hay una denuncia del SII que incluye a tres ejecutivos y otras nueve personas. En estos casos nuevamente aparece el concepto de ideológicamente falso, pues los dineros tras esas boletas o facturas encubrirían pagos a políticos. Otras boletas, entre ellas una pagada al actual subsecretario general de Gobierno, no merecieron al parecer esa calificación. Para tener una consecuencia penal, es mucha la discrecionalidad que se ha entregado a Impuestos Internos.

Incluso cierta prensa saca a colación facturas de Libertad y Desarrollo y de la Fundación Chile 21, que no merecen objeción del SII, porque ciertamente en estos casos no hay una imputación de falsedad ideológica (el domicilio de las facturas corresponde al de las casonas en que operan ambos think tanks, y no a una botillería). Pero, claro, presentarlas en un noticiario central de TV como pagos de SQM puede dejar otra impresión. Además, el presidente de Chile 21 es Carlos Ominami. Filtrar esos datos de la contabilidad de SQM puede ser útil políticamente. ¿Por qué ocurre algo así? ¿No podríamos calificar la presentación de esa información como ideológicamente falsa?

La filtración de información y el ambiente de caza de brujas llevan ahora a la Presidenta Bachelet a declarar que los funcionarios tienen derecho a defenderse y al ministro Peñailillo a decir que no puede ser que se persiga a personas por filtraciones.

Uno podría concordar en general con estas opiniones de las dos más altas autoridades del Poder Ejecutivo en nuestro país. ¿Pero por qué ahora? ¿En el caso Penta no aplicaban acaso los mismos conceptos?

Esa es la importancia que tiene el que las instituciones del Estado no se usen para obtener ventajas políticas ni para atacar a los adversarios.

Quizás por eso Jovino Novoa, un blanco muy apetecido por sus adversarios, ejerció su derecho a guardar silencio frente a la Fiscalía en el marco del caso Penta, señalando que solo declarará ante los tribunales. Su justificación es que estamos frente a una investigación ideológicamente falsa.(El Mercurio)

El gobierno a la deriva-Luis Larraín 6 agosto, 2022

Gabriel Boric debió dejar la comodidad de los patios de La Moneda donde paseaba leyendo novelas para entrar de lleno a la campaña por el Apruebo. No le ha ido muy bien, pues su capacidad de empatizar con la gente no ha logrado contrarrestar el rechazo a la nueva Constitución, que se ha hecho transversal por los excesos del proyecto; pero también por la paupérrima gestión del gobierno, que tiene a los chilenos asolados diariamente por la violencia, abrumados por la inflación (el impuesto a los pobres) y desconcertados por los desaciertos de la orquesta dirigida por Giorgio Jackson que desafina a diario.

El promedio de las siete encuestas publicadas la última semana de julio entrega una ventaja de 12 puntos al Rechazo sobre el Apruebo, 21 puntos la más holgada y 9 puntos la más estrecha. Esto ha causado desesperación en el gobierno, que parece prepararse para un escenario de pérdida el 4 de septiembre. Su primera reacción fue utilizar con mayor intensidad el poder, ya no solo para intentar revertir el resultado, sino agregando el objetivo de amedrentar a sus adversarios y adelantar su proyecto de refundación de Chile. Esto se manifestó en varios episodios.

El Presidente Boric interpelando a través de mensajes directos a la exconvencional Constanza Hube, acusándola de deshonestidad por diferir en la interpretación de un artículo de la propuesta de Constitución. La frustrada salida del periodista Matías del Río de Estado Nacional de TVN, en una intervención del gobierno en el canal público en pleno período electoral que no se había conocido en democracia. El llamado de la diputada Karol Cariola a pegar distintivos en aquellas casas que “sean del Apruebo”, criticada como una práctica derechamente fascista que puede generar violencia y enfrentamiento. Si sumamos la salida de Sergio Micco del INDH, se va configurando el escenario de un gobierno duro y amenazante, que pareciera pretender asegurar la mayor cuota de poder posible en el corto plazo, incluso en el evento de perder el plebiscito.

Esta cara fea del gobierno no es consistente con las promesas de Boric que ahora insta a sus partidarios a concordar anticipadamente reformas a la Constitución que se plebiscita, para dar una cara más amable a la opción Apruebo. Este intento postrero por maquillar el proyecto constitucional requería una sintonía fina que convenciera a los moderados. Pero el ministro Jackson se encarga cada día de alejarlos, con su desprecio y extremo ideologismo. Los chilenos saben muy bien que no habría cambios luego de un eventual triunfo del Apruebo, porque es técnicamente inviable, ya que en ese caso el Presidente tiene cinco días para promulgar la ley, creando 12 naciones, revocando derechos de agua y otras medidas irreversibles; y es políticamente imposible con el Frente Amplio y el Partido Comunista triunfantes. (La Tercera)

Rechazo y cambios constitucionales 28 mayo, 2022

La opción de rechazar el texto de nueva Constitución el próximo 4 de septiembre sigue ganando en las encuestas y ello ha llevado a plantearse la pregunta: ¿Si gana el Rechazo, qué viene después? Hasta el Presidente Boric se abrió inicialmente a esa posibilidad, lo que no fue mirado con buenos ojos por sus partidarios.

Es que la pregunta es razonable si el Rechazo tiene una buena oportunidad de ganar, y eso está ocurriendo. Afirmar que si gana el Rechazo sigue la Constitución actual sin cambios sería caer en el mismo error de la Convención: no sintonizar con lo que quieren los chilenos.

Por eso, ha surgido la idea de una tercera vía entre las opciones Apruebo y Rechazo. Las propuestas son varias. Algunos postulan el proyecto de Michelle Bachelet al concluir su gobierno. Otros piden que se elabore uno nuevo. Y allí están los que proponen otra Convención elegida, los que hablan de una comisión de expertos y quienes quieren que la elabore el Congreso; incluso algunos desean la Constitución de 1925 como punto de partida.

Todas estas opciones tienen problemas. Por ejemplo, a Michelle Bachelet no le gusta ahora la propuesta de Bachelet, prefiere la más radical de la Convención. Una mínima dosis de realismo político dice que hay un requisito que no se cumplirá en ninguna de estas opciones: que tenga los votos de dos tercios de los parlamentarios que exige la Constitución. La UDI planteó rebajar ese quórum, el gobierno ha reaccionado, vía la ministra PC Camila Vallejo, cerrando la puerta a la tercera vía institucional.

Pero esto no obliga a quedarse con la actual Constitución sin hacer nada más. Si gana el Rechazo podemos, de buena fe, apelando al sentido común de los chilenos, consensuar fórmulas para cambiar la actual Constitución. El requisito básico a mi juicio es que ellas surjan de liderazgos ciudadanos que emergen de la discusión constitucional. Y hay liderazgos como el de “los amarillos”, que ha conducido Cristián Warnken; o aquellos provenientes del mundo rural que desean más participación de las regiones sin destruir el modo de vida agrícola o minero por cambios en las reglas sobre propiedad; o de las comunidades educativas que piden garantías para la educación privada; o de los que quieren mejorar las pensiones y la salud sin prohibir la administración privada a la que aspiran millones de chilenos; y los que se niegan a la posibilidad del aborto sin restricción alguna ni objeción de conciencia.

Los políticos debieran calmar su ansiedad y observar liderazgos ciudadanos que marquen el rumbo y luego comprometerse a aprobar fórmulas creíbles para elaborar cambios constitucionales. Después del 4 de septiembre el proceso continúa y puede haber Rechazo y cambios constitucionales; opción que los convencionales, exigiendo un quórum de dos tercios, han cerrado por cuatro años si gana el Apruebo. (La Tercera)

Luis Larraín

Restitución y extorsión Luis Larraín 14 mayo, 2022

Son tantas las cuestiones fundamentales sobre el futuro de Chile que se discuten por estos días en la Convención Constitucional, que han pasado inadvertidas las gravísimas declaraciones del director de la Conadi, Luis Penchuleo. Declaró en el Diario Austral que las compañías madereras deberán “retroceder en el territorio” y que para eso establecerán una “mesa de diálogo”.

Una de las funciones principales de la Conadi es la compra de tierras, mecanismo que, más allá de sus intenciones, funciona desde hace años sin lograr el objetivo de satisfacer las demandas territoriales, pues actúa como un verdadero poder comprador de violencia. Activistas de la etnia mapuche se toman tierras de otros propietarios y luego solicitan a la Conadi su compra y asignación. En vez de ir resolviendo la demanda por tierras, ésta va aumentando, pues es un gran negocio para los ocupantes y los propietarios muchas veces ceden a la presión al no tener opciones. El anuncio de duplicar los fondos para compras de tierras provocará más violencia en La Araucanía.

Tres cuestiones que vienen de la Convención agravan más el cuadro. La plurinacionalidad, la decisión de restituir tierras a indígenas -cuyo alcance sería determinado por una comisión- y el establecimiento de sistemas de justicia y derechos de propiedad distintos para los pueblos indígenas, alentarían una disputa por la propiedad de la tierra que tiene el riesgo de desplazar de la zona a la población que no sea de la etnia mapuche, una práctica calificada como genocidio por declaraciones de derechos humanos.

Los dichos de Penchuleo constituyen una extorsión inaceptable a propietarios de tierras en la región. No hay institucionalidad que obligue a alguien a sentarse en una mesa de “diálogo” con la autoridad para discutir sobre la propiedad de sus propias tierras. La industria forestal, una de las principales exportadoras de Chile, de hecho, necesita los árboles para producir, no las tierras. Pero sucede que éstas en su gran mayoría solo tienen aptitud forestal, de modo que lo que se requiere es Estado de Derecho y paz social que permitan acuerdos e inversiones necesarios para producir.

No debe pasar inadvertido que, en este cuadro, una aprobación del texto constitucional que elabora la Convención puede provocar una verdadera nueva guerra de Arauco, ahora entre distintas naciones. Las familias que por varias generaciones habitan esas tierras, adquiridas legítimamente, querrán defender lo suyo. Las empresas forestales y los contratistas procurarán, por medios legítimos, defender sus fuentes de trabajo. Pero mientras esa Constitución no rija, no hay juridicidad en Chile que permita al director de la Conadi negociar mediante la extorsión, una práctica más propia de la “camorra” que de un Estado democrático. El Presidente Boric no puede permitir una actuación mafiosa en su gobierno. (La Tercera)

Luis Larraín

Minería: ¿disparos a los pies? Luis Larraín 10 mayo, 2022

La comisión de medio ambiente y sistema económico de la Convención Constitucional propone eliminar el sistema de concesiones mineras, responsable de la mayor parte de la producción de cobre en Chile. La minería da cuenta de un 12% del PIB y es la actividad económica más importante en tres regiones del norte. Chile es el mayor productor de cobre del mundo, con cerca de 5,7 millones de toneladas anuales, seguido de Perú. Cuatro de las cinco carreras universitarias que pagan mayores sueldos en Chile tienen su campo laboral en el sector minero y la región de Antofagasta tiene uno de los más altos salarios promedio.

Pero como la Convención no sigue el sabio consejo de no arreglar algo que funciona, pretende que la producción sea mayormente estatal y que los privados puedan operar como minoritarios, a través de permisos administrativos que entregue el Estado en vez de concesiones. La diferencia es que no habría derechos sobre esos permisos, que serían revocables. ¿Quién invertiría cientos de millones de dólares para desarrollar una faena minera basada en un permiso administrativo? ¿Se imaginan el nivel de corrupción que se crearía en el sector?

“LOS ESFUERZOS POR MEJORAR ESTÁNDARES AMBIENTALES NO TIENEN ACOGIDA EN AUTORIDADES PREDISPUESTAS A RECHAZAR A COMO DÉ LUGAR LOS PROYECTOS MINEROS, ANULANDO ASÍ UNA DE LAS MAYORES VENTAJAS COMPETITIVAS DE CHILE”.

Estas propuestas no han sido aprobadas por el pleno y esperamos que ello no ocurra en los próximos días, pues sería un verdadero récord Guinness de destrucción de valor en una industria, que aseguraría a Chile un triste lugar en la historia universal de la infamia económica. Pero hay otras amenazas: el royalty minero que se discute en el Congreso y en la Convención, y las dificultades para aprobar grandes proyectos que están poniendo las autoridades del gobierno de Gabriel Boric.

En relación a lo primero, hay mociones que pretenden cobrar un royalty de 20% a la minería y aplicarlo a las ventas, en lugar de hacerlo a las utilidades, lo que nos dejaría con el royalty más alto del mundo haciendo a nuestra minería anticompetitiva.

Respecto a lo segundo, el SEA acaba de rechazar el Estudio de Impacto Ambiental de Los Bronces Integrado de la minera Anglo American. Ubicado en uno de los principales distritos mineros del mundo (reservas calculadas del 30% de Chile y 10% mundial), proyectaba expandir la producción anual desde 325.000 toneladas a 400.000, con una inversión de más de 3.000 millones de dólares, generando entre 3.000 y 4.000 empleos, más un pago estimado de impuestos cercano a 150 millones de dólares anuales. Los Bronces Integrado fue concebido como nuevo paradigma de producción minera, con faenas subterráneas y los más altos estándares ambientales. De hecho, se contemplaban medidas que compensaban un 120% de las emisiones, no sólo del nuevo proyecto, sino también de la operación actual de Los Bronces.

Los esfuerzos por mejorar estándares ambientales no tienen acogida en autoridades predispuestas a rechazar a como dé lugar los proyectos mineros, anulando así una de las mayores ventajas competitivas de Chile. Lo más grave es que el pipeline de proyectos de Anglo American en ese distrito tiene más de 6.000 millones de dólares. Si se persiste en el rechazo de Los Bronces Integrado, no veremos ni uno de esos dólares.

La compañía persistirá en su afán, apelando al comité de ministros y recurriendo a los tribunales si fuera del caso. Otra inversión, la mina Dominga, ubicada en la cuarta región y con inversiones de más de 2.500 millones de dólares en minería de hierro principalmente, espera también autorizaciones ambientales y un eventual inversionista chino. Decisiones que se tomarán en los próximos meses definirán el futuro de la minería chilena. (DF)

Luis Larraín

Un clamor en La Araucanía Larraín 30 abril, 2022

Miles de familias en La Araucanía y zonas aledañas ven con desesperanza, desde hace ya años, cómo su forma de vida es amenazada diariamente. Agricultores, parceleros, transportistas, comuneros mapuche, comerciantes, sufren diariamente ataques armados, incendios y otras violentas agresiones que no son reprimidas por la autoridad. Amenazas y robo del producto de las cosechas son el pan de cada día. Ciro Palma, de 35 años, se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Temuco luego que el camión que conducía fuera baleado con armamento de guerra en plena Ruta 5.

Frente a esto, en Santiago, el Presidente Boric se pasea por los patios de La Moneda y afirma que la violencia es inaceptable, pero es consecuencia de un problema político e histórico no resuelto. Su ministra del Interior y Seguridad Pública evade a la prensa, o se presenta frente a ésta acompañada por quien vigila sus dichos.

Los ataques en la Macrozona Sur en el primer mes sin estado de excepción (por decisión del Presidente Boric y la ministra Siches) han aumentado en un 169% según un estudio de la Multigremial de La Araucanía, llegando a 70 atentados entre usurpaciones, atentados incendiarios y ataques con armas. Estas cifras no recogen lo que ocurrió anteayer en Los Alamos, donde 40 encapuchados en 7 epicentros distintos dejaron 28 vehículos y 5 maquinarias quemados en la jornada más violenta en 25 años. ¿Si esto no es terrorismo qué lo es?

¿Qué responde el gobierno frente a esto? Ha planteado que el diálogo es su alternativa en lugar de los estados de excepción. Recién, el delegado presidencial en La Araucanía, Raúl Allard, ha tenido el desatino de declarar que el gobierno está a la espera de las definiciones de la Convención Constitucional sobre el reconocimiento de los pueblos originarios para iniciar un diálogo sobre la materia.

¿Vale decir que durante 4 meses los ciudadanos de esas regiones tendrán que resolver a balazos sus diferencias, o soportar atentados incendiarios y con armas, perder su patrimonio y contemplar cómo se pone en peligro la vida de sus seres queridos sin oponer resistencia? Eso ya es cercano a la negligencia criminal. Una autoridad de gobierno no puede declarar impunemente algo así.

El gobernador elegido Luciano Rivas, en cambio, ha coordinado a la mayoría de los alcaldes de la región y propuesto una serie de medidas para hacer frente al problema. Su par de Biobío, Rodrigo Díaz, trabaja también activamente en buscar soluciones. Todo ello mientras quien tiene más facultades para enfrentar el problema en La Araucanía, el delegado presidencial Raúl Allard, espera el fin de la Convención Constitucional y, de pasada, realiza actividades de proselitismo político para lograr el triunfo de una de las alternativas del plebiscito constitucional; ya debiera estar fuera del cargo. (El Líbero)

Luis Larraín

Caen las máscaras de la Convención Luis Larraín 2 abril, 2022

La nueva Constitución sería la casa de todos, aquella en que los chilenos de diversas condiciones y pensamientos fueran acogidos y haría posible que demandas incumplidas de la ciudadanía se pudieran satisfacer en un proceso virtuoso. Se reemplazaría así la Constitución impuesta a los chilenos, que supuestamente impedía resolver demandas sociales.

Pero en la medida en que se acerca el plazo para que la Convención entregue su proyecto de borrador, nos hemos ido enterando de sus acuerdos, tan lejos de estos nobles propósitos, que se puede afirmar que se caen todas las máscaras de la Convención y aparecen, con toda su deformidad, los verdaderos propósitos de quienes dirigen este proceso.

Bajo el concepto de democracia sustantiva se pretende reemplazar la democracia representativa, levantando un cerco más allá del cual es peligroso transitar, pues la Constitución definirá en base a pertenencia a identidades quiénes tienen derecho a representación política preferencial y quiénes, en cambio, la tendrán desmedrada; qué régimen de justicia se aplicará a unos y cuál a otros.

El instrumento principal para lograr este propósito es el cambio del sistema político, debilitando al Poder Ejecutivo en sus iniciativas de ley, nombramiento de autoridades, ejercicio de vetos, entre otros; para construir así una Cámara de Diputados todopoderosa, plurinacional (han inventado once naciones para transformarnos en una república indigenista), paritaria, con representación de minorías transexuales y no binarias. Todas éstas, características destinadas a alterar la voluntad popular de la regla de una persona, un voto. Se elimina el Senado, instaurando un bicameralismo trucho con una Cámara de las Regiones decorativa. Se cercenan facultades y resta independencia al Poder Judicial, terminando con la igualdad ante la ley, y se reduce el poder de la sociedad civil frente al del Estado.

El inconfesado propósito de esta Constitución es perpetuarse en el poder, pues esta democracia “sustantiva” privilegia de tal manera al socialismo, que las votaciones de la Cámara de Diputados les permitirán controlar el poder político aún sin tener la mayoría de votos ciudadanos, dadas las distorsiones introducidas al sistema electoral.

Los textos contienen algunos placebos, como derechos declarativos en materia de propiedad, sin instrumentos para ejercerlos, por la indefinición acerca de la forma de garantizar la legalidad de los mecanismos expropiatorios, los montos de indemnización y los plazos de pago; y derechos sociales aún no definidos, de difícil provisión si al mismo tiempo se avanza a una economía socialista.

Quienes idearon este proceso han usado toda la imaginación que exhibieron al atribuir defectos y arbitrariedades a la Constitución que nos rige, para construir el engendro que presentarán al país. (La Tercera)

Luis Larraín

El Gobierno como espectáculo Luis Larraín 17 marzo, 2022

En su libro “La Civilización del Espectáculo” Mario Vargas Llosa ha criticado a una sociedad cada vez más preocupada de la imagen y menos de la libertad y de los valores de fondo que llevan a las personas a forjar sus proyectos de vida y vivir en países que progresan y conforman un mundo mejor. Lo superficial y lo entretenido prevalece sobre lo profundo; la búsqueda de lo bueno y lo bello se reemplaza por nuevos cánones en que prima lo masivo, lo que está de moda, e incluso un cierto feísmo.

Gabriel Boric llegó al poder en Chile a base de consignas, criticando la sociedad chilena, oponiéndose a sus instituciones, pero sin plantear soluciones a los problemas denunciados, sino solamente delineando una cierta ideología identitaria, cuyos ejes son el indigenismo, el feminismo y el decolonialismo. El problema es que, en su debut en el gobierno, con pocos días transcurridos, ha saltado inmediatamente una falencia de su proyecto: el esquema conceptual ha sido aplicado a una sociedad que es distinta a la que ellos imaginaron.

Ello los lleva a cometer errores. Tener como eje al indigenismo en un país que tiene un 10% de población indígena (Bolivia tiene más del 60%) es tolerable mientras la base de las políticas para ese sector sea simbólica y no signifique un desmedro evidente para el resto de la población. Pero sistemas de justicia distintos para los pueblos indígenas, con perjuicio para quienes no lo son, es otra cosa. Más aún si en la región de la Araucanía, asolada por grupos violentistas que mal usan la causa mapuche para lucrar en negocios ilícitos, la mayoría de la población rechaza las políticas de izquierda que representa el Frente Amplio.

Pero el choque más grande con el sentido de realidad ha sido pensar que las comunidades capturadas por los violentos iban a acoger a las nuevas autoridades, encabezadas por la ministra del Interior Izkia Siches, con los brazos abiertos. La recibieron con balas. Ellos no quieren al Estado presente en “sus” territorios, pues así puede continuar impunemente con sus negocios ilícitos, traficando droga, robando y matando. No se trata aquí de montar un espectáculo; se trata de gobernar y solucionar problemas. La pretensión de dialogar con ellos sin una estrategia y un plan es casi infantil.

Como infantiles son las respuestas de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien reacciona a estos hechos diciendo que ocurren bajo un estado de excepción, para insinuar que esa podría ser la causa de la violencia. El problema, ministra, es que ustedes ahora gobiernan y si no les gusta el estado de excepción porque no calza en su molde teórico, deben proveer otra solución que permita a la ministra del Interior desplazarse por el territorio nacional sin ser recibida con balazos. Tampoco es explicación para retirar las querellas por ley de seguridad del Estado a los insurgentes decir que el saqueo no afecta la seguridad del Estado. La ministra del Interior no lo hace mejor diciendo que el incidente no alterará sus planes, entre ellos, atender a las demandas de presos políticos mapuche. No hay presos políticos mapuche, ministra, y es grave que lo asegure la autoridad encargada del orden público.

Otros ejemplos de esta falta de sentido de la realidad son agravios gratuitos e innecesarios. Ningún empresario invitado a la ceremonia del cambio de mando cuando se necesita confianza para que se siga invirtiendo. Reproche del presidente Boric al Rey de España porque habría llegado atrasado a la misma ceremonia, lo que obliga a la monarquía española a desmentirlo, señalando que siguieron en todo momento las instrucciones del protocolo chileno. Agravio del mismo presidente a los obispos Ezzati y Errázuriz, por supuesto encubrimiento de delitos de abuso a menores, sin que la justicia los haya procesado por ello; retiro de la invitación a colaborar con el gobierno en materia de campamentos al sacerdote Berríos, por ser amigo de Renato Poblete, acusado de abuso sexual y de poder.

Claro, ni los empresarios, ni la monarquía ni el clero son bienvenidos a la matriz identitaria que, siguiendo a los teóricos de la Universidad de Columbia o la vieja escuela de Frankfurt, han construido los nuevos gobernantes de Chile. Pero un mínimo sentido de realidad debiera llevarlos a reconocer que ellos existen y representan sensibilidades que en Chile y el mundo tienen seguidores y no es conveniente ni razonable cancelar. De no moderar sus impulsos de construir un país desde cero, las nuevas autoridades de Chile seguirán brindándonos un espectáculo en vez de gobernar; y lo que es peor, un espectáculo para niños. (El Líbero)

Luis Larraín

Con guitarra Luis Larraín 8 marzo, 2022

Imaginar a Gabriel Boric arriba de un escenario empuñando una guitarra no es disonante. El problema es que los chilenos lo eligieron para gobernar el país y, como afirma el dicho popular, otra cosa es con guitarra. Desde el viernes, él estará gobernando, acompañado de un valiente Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, y tendrá que hacer frente a grandes expectativas de mejoramiento económico, producidas en parte por su discurso y promesas electorales.

El escenario en que deberá desempeñar su gestión es complejo. La economía internacional vive un momento de gran incertidumbre alimentada por la invasión rusa de Ucrania, cuyo alcance y duración aún no es posible dimensionar. El FMI ha anunciado que puede ser prolongado. Antes de este desgraciado hecho, los desafíos mundiales eran la alta inflación y el proceso de ajuste monetario mediante alzas en las tasas de interés que deben realizar los bancos centrales para desinstalar la operación de soporte a las economías, montada para enfrentar la caída en la actividad derivado de las restricciones impuestas por el Covid-19. El ritmo de ese ajuste podría moderarse luego de la invasión.

En todo caso, el mundo se encontró en el ciclo de aumento de la actividad que normalmente sigue a las recesiones, especialmente mejoras para aquellas economías que, como Chile, obtienen una parte importante de sus ingresos producto de la exportación de commodities. Los desafíos adicionales que pone la agresión rusa son el recrudecimiento de la inflación, alimentada por los precios del petróleo (Rusia es importante productor y exportador) que han subido sobre un 20%; y de los granos, rubro en que Ucrania es un fuerte exportador, cuyos precios han experimentado incrementos de hasta el 40%.

A nivel local, esto dificulta la tarea del Banco Central, que ya estaba complicado con proyecciones de alzas de precios de 7% que se alejan significativamente de la meta de 3%, y son consecuencia del gran aumento de liquidez que experimentó la economía chilena en 2021 por los retiros desde los fondos de pensiones que impulsó el Congreso y los subsidios monetarios que entregó el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Para la tarea del ministro de Hacienda, si bien hay algunos efectos beneficiosos, como un precio del cobre cercano a 5 dólares la onza (el más alto de la historia), la invasión de Ucrania agrava la incertidumbre a la que ya estaba sometida la economía chilena.

En efecto, el radical programa de transformaciones a la sociedad chilena de la candidatura de Gabriel Boric sería una intervención disruptiva en una economía que, pese a la caída en el crecimiento en los últimos años, ostenta el sitial de la más próspera de la región. El programa de gobierno está imperfectamente formulado y no especifica las herramientas que podrían utilizarse para sustentar su pretensión de mejorar la calidad de vida de los chilenos. El aumento de impuestos que postula es de una magnitud inédita en economías exitosas y desprecia el efecto que tendría en la producción de riqueza.

A ello se viene a agregar la inquietante propuesta que elabora la Convención Constitucional, que debilita la protección al derecho de propiedad y la certeza jurídica, excluye la participación privada en importantes sectores de la economía e introduce un aumento de gasto fiscal e indefiniciones y duplicaciones burocráticas de pronóstico negativo. Todo ello para lidiar con una sociedad en que se ha lesionado gravemente la ética del trabajo. (DF)

Luis Larraín

Leña a la hoguera Luis Larraín 17 abril, 2015

En parte de la opinión pública de nuestro país se ha instalado la idea de que toda la clase política chilena es corrupta, que está capturada por las grandes empresas y que entre unos y otros le están robando al pueblo.

De prevalecer esta idea, que es equivocada, nada bueno puede esperarse de nuestro futuro próximo. Ya han aparecido los oportunistas de siempre dispuestos a echar más leña a esta hoguera. Lo hacen desde una supuesta superioridad moral, que siempre es irritante en política.

Harina de otro costal es analizar cómo se encendió esta hoguera, qué responsabilidades caben a los propios políticos, a empresas involucradas en financiamiento irregular de campañas, a las instituciones judiciales y servicios públicos y a medios de comunicación.

¿Quién gana con este clima? Básicamente dos estamentos: los populistas y los que quieren destruir la institucionalidad. Los populistas por razones obvias sobre las que no me extenderé. Los anti sistema porque podrían alcanzar su objetivo de quitar legitimidad a las autoridades actuales y a toda la clase política.

Si los problemas con el financiamiento de campañas son generalizados, entonces se siembran dudas acerca de la legitimidad de todos los parlamentarios y por ende ellos no podrían, por ejemplo, ser los conductores de un proceso de cambios a nuestra Constitución, tarea que está en el programa de Michelle Bachelet. La misma Presidenta ha sido cuestionada, lo que abona a la misma tesis. ¿Qué solución queda?

La Asamblea Constituyente, esa suerte de entelequia incontaminada que no tendría los problemas de legitimidad de la clase política.

Esa argumentación es completamente falaz.

En primer lugar, porque hasta el año 2004, en que se legisla acerca del financiamiento de las campañas políticas, todas ellas se financiaban íntegramente a través de aportes privados, la mayoría de ellos provenientes de empresas, que respaldaban estos egresos con boletas y facturas, sólo que en esos años no se las motejaba de “ideológicamente falsas”. Vale decir toda la política, desde 1990 en adelante y probablemente también antes de 1973 tendría el mismo vicio de legitimidad, lo que es a todas luces absurdo.

Vale la pena, además, consignar que las empresas que han financiado la política de esta manera no están “robando” metiendo las manos a una caja de dinero que es de todos y guardándolo para su beneficio, como parece creer mucha gente cuando se habla de delitos o infracciones tributarias. Al entregar dinero de esta forma a las campañas, de hecho, los propietarios de esas empresas no meten la mano a ninguna caja común sino a su propio bolsillo y sacan 100 billetes que disminuyen directamente su patrimonio. El detalle, importante, es que olvidaron que 20 de esos billetes debieron entregarlos no al político sino al Fisco, que en las sociedades modernas siempre participa en todas las reparticiones de plata. Pero de allí a decir que las empresas están robando o siquiera beneficiándose hay un largo trecho.

Dejemos a los juristas determinar si este “olvido” de depositar 20 billetes en la calle Teatinos es una falta o un delito. Hasta ahora el Servicio de Impuestos Internos no ha sido suficientemente claro en la materia y su Director ha dicho que, en todo caso, tratándose de los políticos que han recibido estos dineros, es muy difícil configurar un delito de carácter penal. Algunos han calificado esto como parte de un “arreglín”, pero lo cierto es que según uno escucha a los especialistas ni la ley tributaria ni la ley de financiamiento a la política contienen sanciones de carácter penal para estas conductas.

Lo grave de esto es que con el clima que se ha creado, si los tribunales chilenos fallan en derecho, que es lo que uno espera en una sociedad democrática, muy probablemente no habrá políticos con sanciones importantes y ejemplarizadoras, y eso no es precisamente lo que está esperando la plaza pública. Personas e instituciones que día a día con sus dichos y actuaciones han alimentado este clima, creyendo equivocadamente que podrían sacar alguna ventaja política de él y luego hacer volver todo a la normalidad, debieran pensar un poco en esta posibilidad y en la responsabilidad que a ellos les cabe en las reacciones que puede tener la gente.

Pero este análisis no sería completo y resultaría más bien indulgente con empresas y políticos que han transgredido las leyes si no concluyera que lo verdaderamente grave en todos estos casos sería que se lograra configurar situaciones de cohecho. Porque eso sí es corrupción y hay que diferenciarlo muy claramente de faltas administrativas o tributarias, que mereciendo alguna sanción, no pueden tener el mismo reproche moral y penal que el que se corrompa a funcionarios públicos para obtener beneficios privados. (El Líbero)

Disparos a los pies-Luis Larraín 23 abril, 2015

El día viernes, la Presidenta recibirá el informe de la Comisión Engel. Antes de conocerse su contenido, los acontecimientos políticos han elevado a este informe a la categoría de piedra angular en la estrategia del gobierno para salir de la grave crisis política que le afecta.

Se espera que las proposiciones de esta Comisión permitan al gobierno presentar un conjunto macizo de reformas en materia de financiamiento de la política que den tranquilidad a la ciudadanía en el sentido que se superarán las deficiencias que se han revelado en los casos que mencionábamos.

Pero la Presidenta tiene un grave problema para que esa estrategia funcione.

Por su cargo, es el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien tiene que recibir, analizar, procesar y luego hacer las correspondientes propuestas de carácter político al país, a partir de un Informe elaborado por técnicos. Demás está decir que la credibilidad y prestancia del ministro y su entorno están seriamente menoscabadas para conducir esta tarea, cuyos contenidos están relacionados justamente con una agenda para evitar que se repitan comportamientos como los que se le achacan a él.

Tampoco es creíble la afirmación de la Presidenta –últimamente muchas de sus afirmaciones no lo son- en el sentido que será ella la que se encargue de la tarea de llevar a proposiciones de tipo político las recomendaciones de este grupo.

Es que las diferencias internas en la Nueva Mayoría a raíz del tratamiento que debe darse a altas autoridades implicadas en los casos Caval, Penta y SQM tienen virtualmente paralizado al gobierno de Michelle Bachelet.

Una buena parte de la coalición considera que debe haber un giro radical en la conducción política del gobierno y que éste debe materializarse ya, en un cambio de gabinete que todo el mundo parece estar esperando desde hace ya bastante tiempo.

Se ha tratado de explicar la aparente inacción de la Presidenta Bachelet, que parece inerme frente a la continua caída en el apoyo a su gobierno, señalando que ella espera el desenlace de la elección interna del Partido Socialista. En esa contienda se enfrenta Isabel Allende, quien ha expresado un apoyo incondicional a la Presidenta ante la situación que vive su gobierno; con Camilo Escalona, quien ha sido crítico de la conducción del ministro Peñailillo y de sus actuaciones durante esta crisis.

Y mientras se espera que la Presidenta tome una decisión, la coalición de gobierno se desangra por peleas internas, alimentadas por nuevos antecedentes que involucran a senadores, diputados, ministros y otros altos funcionarios de gobierno en prácticas de financiamiento irregular de la política.

Más allá de las pequeñas ventajas que algunos políticos pretenden sacar sobre otros en esta situación, lo que subyace es una soterrada lucha entre quienes ocuparon posiciones de poder en la antigua Concertación y quienes los desplazaron para conformar el núcleo duro que toma las decisiones en la Nueva Mayoría.

Y esa ha sido hasta ahora una piedra de tope para que la Presidenta se decida a realizar el cambio de gabinete que todo Chile espera. Porque Michelle Bachelet no quiere reconocer que su diseño de gobierno, que renegó de los acuerdos e instaló en La Moneda un equipo ávido de poder que ha pretendido imponer a troche y moche un proyecto fundacional que intenta transformar radicalmente a Chile, ha fracasado, y menos quiere transformar a alguien de la vieja Concertación en su escudero.

Es difícil pedirle ahora al ministro Peñailillo que evalúe con objetividad si es que es la hora de rectificar y buscar un gobierno que interprete mejor el anhelo mayoritario de los chilenos por reformas realizadas con el consenso de grandes mayorías. Y es sorprendente la poca capacidad que ha demostrado la Presidenta para anticipar las dificultades que se venían a su gobierno en el tema del financiamiento irregular de la política.

Con la información que ambos tenían, por otra parte, parece insensata la forma en la que el gobierno se solazó con el caso Penta y el daño político que éste causó a la UDI. Sólo una sensación de poder absoluto e inmutable puede explicar un comportamiento tan temerario.

¿Gabinete Gatopardo? Luis Larraín 23 mayo, 2015

«Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie», fue la sugerencia de Tancredo a su tío el Príncipe de Salina en la novela de Lampedusa. Y desde allí, el «gatopardismo» es la expresión que se usa para representar la tentación de quienes tienen el poder de seguir ejerciéndolo pese a las fuerzas políticas y sociales que les exigen un cambio.

Si Jorge Burgos y Rodrigo Valdés han llegado al Gabinete a hacer lo mismo que Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, estaríamos frente a un caso flagrante de gatopardismo. Es lo que pretenden quienes aseguran que su llegada al gobierno no cambia nada del programa de Bachelet y que lo que ellos vienen a hacer es a explicarle mejor a la gente lo que hasta ahora no se ha entendido.

Tras esa postura hay un soterrado desprecio a la opinión de la gente: la mayoría de la población no apoyaría las reformas de Bachelet, porque no las entiende. Basta entonces que lleguen nuevos comunicadores para resolver los problemas.

Pero la realidad es justamente la contraria. Todas las encuestas conocidas, CADEM, Adimark y CEP, muestran que las reformas tributaria y educacional tienen mayor rechazo en la medida en que la gente ha ido conociendo sus efectos. Al comienzo del gobierno de Bachelet contaban con el respaldo de la mayoría.

Lo mismo empieza a suceder con la reforma laboral, que ya tiene más rechazo que aprobación en las encuestas.

Se dialoga, pero no se negocia, dicen los defensores de esta tesis. Un concepto «boliviano» del diálogo, como dice un amigo, ya que se pretende que se inste a Chile a dialogar sobre la mediterraneidad boliviana, pero el único resultado aceptado de ese diálogo sería una salida soberana al mar para Bolivia.

Uno puede entender que el gobierno no reconozca explícitamente que se abandona el programa. Nadie exige eso. Son razonables las expresiones de los nuevos ministros en ese sentido, forman parte de los códigos de la política.

Pero Jorge Burgos y Rodrigo Valdés tienen que demostrar que no están pintados, que son de verdad y que han venido a hacer la pega como ministros del Interior y de Hacienda.

Y no tienen mucho tiempo.

El ministro del Interior debe ser un jefe de gabinete que cumpla con el rol de interlocutor de todas las fuerzas políticas que hay en el país. Y ha empezado a hacerlo, pero lo último que necesita es que desde sus filas se afirme que se dialoga, pero no se negocia. Ello es una notificación inequívoca para los partidos políticos y sus dirigentes de que el diálogo es una pérdida de tiempo.

Una de las tareas fundamentales de Jorge Burgos será conversar con los dirigentes de la oposición y de los propios partidos que forman la Nueva Mayoría acerca de reformas a la Constitución. Suponemos -y así lo ha sugerido el propio ministro al decir que no está de acuerdo con una asamblea constituyente- que no se aplicarán aquí ni retroexcavadoras ni fórmulas tramposas para saltarse la vía institucional para hacer cambios a la Constitución.

Por otra parte, en algún momento el ministro tendrá que ser más explícito acerca de los contenidos de lo que ellos llaman una Nueva Constitución. No es lógico llamar a pronunciarse acerca de la procedencia de una Nueva Constitución si no se transparentan los contenidos que ella tendría. Es indudable, como lo han señalado algunos políticos, que una gran incertidumbre en esta materia afecta el clima para la inversión.

Y llegamos así al ministro de Hacienda. Su principal tarea es encontrar un lugar para el crecimiento económico dentro de las prioridades de este gobierno. Si no lo hace, el apoyo popular seguirá decayendo. En ese afán debe también preocuparle el tenor que tome la discusión constitucional. Pero antes que eso, debe hacerse cargo de los efectos que una reforma laboral como la que ha propuesto el gobierno tiene sobre la inversión, el crecimiento y el empleo.

Y Valdés debiera recordar que por negar que la reforma tributaria tendría efectos negativos sobre el empleo, es que Alberto Arenas está fuera del gabinete y Chile está en su segundo año de estancamiento económico.

Mascarada constitucional 11 diciembre, 2022

Comienzo con dos aclaraciones: la primera es que el uso de esta figura para referirse a la negociación constitucional no es original y doy los créditos a quienes la utilizaron antes, destacando a Sergio Muñoz Riveros, cuya honestidad intelectual no se ha doblegado frente al intento de engañar a los chilenos con lo que él ha llamado “la hinchazón populista del lenguaje”. La segunda, es que al momento de despachar la columna no tengo información del resultado de las conversaciones. La desventaja periodística que ello supone se compensa al evitar la negación con que los humanos escondemos verdades incómodas.

Que la última semana la izquierda haya cambiado tres veces de posición sobre la composición del órgano redactor, volviendo a exigir que sea 100% electa luego que el PC postergara una asamblea, confirma que estamos ante un baile de máscaras. Nada de lo que vemos y oímos es cierto, es solo lo que los actores quieren que veamos.

Aclaro que mi preferencia es que las partes lleguen a un acuerdo, no cualquier acuerdo (necesario decirlo entre quienes votamos usualmente por Chile Vamos). Las ventajas para el país son varias: 1) se cumpliría el compromiso de apoyar una nueva Constitución; 2) contribuiría a un mejor ambiente cívico y político y permitiría abocarse a cuestiones urgentes para los chilenos; 3) si bien se concedería un triunfo al Presidente Boric y su gobierno, se realizaría la discusión constitucional en un buen momento para las ideas de la libertad que sustentamos, a lo cual algo ayudarían los bordes (no mucho por la poca disposición de nuestros adversarios a respetarlos) y los árbitros; y 4) los plazos que se han conversado parecen razonables, siempre que se eludan las trampas simbólicas que la izquierda aún intenta imponer. Por favor no confundan estos argumentos con la estupidez aquella de que con el acuerdo “se cierra el tema” pues no lo podrán cuestionar mañana. ¿Los que votaron por destituir a Piñera en medio del “estallido social”?

Es bueno un acuerdo, pero es inaceptable que se admita que la participación del Congreso en la elaboración de la Constitución es inconveniente pues no tendría legitimidad suficiente. Esa es una línea roja infranqueable y transgredirla significa aceptar que ninguna institución, ni el Presidente, ni el Congreso ni el Poder Judicial es legítimo. Afortunadamente una vez más Amarillos se ha encargado de decirlo.

Es cierto que en una negociación a veces se exageran posiciones, se cede y se concede; pero los actores no pueden pretender que los espectadores creamos que sus toscos rostros son, de verdad, aquellos que las plumas y los brillos ocultan, ni tampoco que aceptemos la rudeza argumental que los lleva a regalar lo más valioso: el Estado de Derecho. Ojalá esto termine bien y los actores se despojen de sus máscaras para agradecer el aplauso del público. (L Tercera)

Luis Larraín

Luis Larraín: El dilema de Gabriel 17 MAR 2023

Cada vez que el gobierno de Gabriel Boric ha intentado imponer a los chilenos su programa refundacional, le ha ido mal. Fue el caso del proyecto constitucional de la Convención que apoyaron con entusiasmo, pero contradijo de tal manera el sentido común de los chilenos que llevó a la peor derrota de la izquierda chilena desde septiembre de 1973. Si bien todavía en su entorno parecen no aquilatar la magnitud de esa derrota, el instinto político del Presidente le dice que ella fue durísima y que sus efectos permanecen como un sello indeleble de su administración. ¿Si recién he cumplido un año y las cosas continúan empeorando, qué puedo esperar del resto de mi mandato? Es una pregunta que debe hacerse el Presidente.

Sin embargo, sus decisiones políticas y las de su equipo de gobierno siguen representando una suerte de obra farsesca en que los actores saben, y los espectadores también, que lo que afirman, comunican y prometen las autoridades es falso. La criminalidad no disminuirá, porque hay condiciones estructurales que lo impiden en nuestro sistema judicial, pero sobre todo en el propio gobierno que indultó a los delincuentes del estallido y como si fuera poco ahora los premia con pensiones de gracia. Esto es una bofetada para los carabineros asesinados o atacados diariamente en las calles de nuestras ciudades y una señal para los violentos de que tienen licencia para delinquir. Mientras no cambie el balance de poder entre policías y delincuentes la situación solo puede empeorar.

En el ámbito económico sucede algo parecido: el gobierno promete que la desmedrada situación que viven los hogares chilenos mejorará, celebrando cada décima de un indicador menos malo que el anterior. Se muestra prepotente en su trato con la oposición y no está dispuesto a ceder en los radicales proyectos de reforma tributaria y de pensiones que impedirían el progreso; el primero, una profundización de la reforma de Bachelet de negativo impacto en la economía chilena, y el segundo, una cesión del ahorro previsional a organismos estatales con riesgo de manejo político y un impuesto al trabajo prometiendo mejores pensiones futuras sin ninguna base técnica, proyecto que haría ruborizarse a los integrantes de la Comisión Marcel.

El rechazo en la Cámara de la reforma tributaria fue la consecuencia de intentar imponer un proyecto sobre el que no hay acuerdo. Para que esto cambie, el gobierno debe decidirse a negociar lo previsional y tributario, recogiendo el espíritu del 4 de septiembre, que nos tiene elaborando una nueva Constitución sobre bases mayoritarias. Es lo que le queda a Boric para evitar que los chilenos lo recuerden con rabia y que el Frente Amplio desaparezca. Los comunistas, en cambio, creen que este gobierno fracasó y solo quieren correr más la cerca para dejar a los ciudadanos a merced del Estado.

Biografía Personal

Larraín Arroyo Luis Alberto (1954) hijo de Luis Federico Larraín Marín (1926) agricultor, consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura (1) y María Teresa Arroyo Correa; ingeniero comercial,  casado con Mónica Sofía Stieb Ludewig (1955) ingeniero, hija de Erwin Stieb Wehde (1904-1958) y Martha Ludewig Dolde.

(1) Como consejero de la SNA tuvo participación en los debate de esta organización acerca del proceso de la Reforma Agraria («La trama oculta del poder», p. 152).

Inscripción numero 864 matrimonio 1979 Las Condes;   Inscripción 82 nacimiento 1973 Recoleta

Descendencia

Larraín Stieb Luis ()1 ingeniero civil, magister en relaciones internacionales, Presidente de Fundación Iguales, apoya candidatura de Sebastián Piñera en 2009; candidato a diputado 2017 por Ciudadanos (como independiente en la lista de Evopoli, 8.343 votos, 1.9%); “Los movimientos sociales que han marcado la agenda de estos últimos años nos han ayudado a entender que la igualdad no es un concepto abstracto, sino que una demanda concreta y transversal. Así como tenemos deberes igualitarios, los chilenos y las chilenas queremos una educación igualitaria, una salud igualitaria y también derechos civiles igualitarios” (1).

Larraín Stieb, Mariana Daniela, apoya a su hermano Luis en su candidatura del 2017

1 (1)EM 12 noviembre 2013. “Siento que hay una obsesión con el consumismo. Hay gente que tiene más de lo que necesita y, además, está estresada para pagarlo” EM 30 agosto 2014

Fuentes

(1) La Tercera, 17 septiembre 2011.

(2) El Mercurio, 23 marzo 2014

(3) Columna “¡Qué amenaza a Piñera?”, La Tercera, 7 julio 2018.

(4) El Mercurio 13 febrero 2011.

(5) “¡Monseñor Ezzati a la olla?” La Tercera 28 julio 2018.

(6) Simposio 23 marzo 2012.

(7) Columna «Dele, Dele» 10 noviembre 2020 Diario Financiero

Yo la entiendo, Presidenta Luis Larraín 15 agosto, 2015

Usted vivía cómoda en Nueva York, una ciudad fascinante. Tenía una buena pega y una brillante carrera por delante: la Secretaría General de las Naciones Unidas estaba al alcance de la mano. Una situación ideal: predicar sobre las bondades del socialismo e impulsarlo en todo el mundo, mientras se disfruta de las bondades del capitalismo.

Pero la tentaron, la presionaron incluso. Su popularidad aseguraba ganar las elecciones en Chile. Después del triunfo de Piñera, la decisión de la izquierda fue: nunca más, y Michelle Bachelet era la carta ganadora.

Entonces en su mente empezó a dibujarse el otro proyecto. Ya no hablar del socialismo en foros y cócteles, sino llevarlo a la práctica en Chile. Hacer realidad el sueño inconcluso de Salvador Allende, inspirador de sus reformas sociales según ha declarado en estos días; usted traía en la cabeza el modelo de la República Democrática Alemana para Chile.

Y entonces vino El Programa. El mamotreto en que intelectuales de izquierda le prestaron ropa a la Nueva Mayoría. Y con esa fatal arrogancia del socialismo, unos señores inventaron, aquí en Chile, sí, en nuestro Chilito, «El Otro Modelo», una construcción mental de un grupito de nuestros compatriotas que desafiaba y contradecía los últimos 200 años de la historia de la humanidad, en que el mundo progresó más que nunca antes, para plantear esta nueva vía chilena al socialismo.

Y así, economistas y técnicos de su coalición concibieron la reforma tributaria, piedra angular de El Programa, que proveería recursos para transformar a Chile en un país socialista. La carga tributaria aumentaría 3 puntos del PIB y acabaría con el siniestro FUT, que usted nunca entendió lo que era pero sí que era malo. Le aseguraron que no tendría efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento económico. Le dijeron que solo afectaría al 1% más rico de Chile. Y así, Presidenta, se ganó la enemistad de cientos de miles de chilenos emprendedores que vieron aumentados sus impuestos, de la gran clase media chilena a quienes le subieron los precios de las viviendas y de varios otros bienes de consumo.

Otro grupo de iluminados, expertos educacionales de nuevo cuño, decretaron que los grandes problemas de la educación chilena eran la segregación y el lucro. Y concibieron una reforma educacional demencial, que se inició con un intento por destruir la educación particular o constreñirla al modelo sin fines de lucro, gastando para ello miles de millones de dólares, sin que ninguno de esos recursos colaborara con resolver el verdadero problema de la educación chilena, que es su baja calidad. Y allí estuvo usted, firme junto al programa, prestando todo su capital político para apoyar estas reformas, repitiendo las consignas, sumándose incluso a los ataques a los padres de más del cincuenta por ciento de los niños de Chile, que defendían a los colegios, privados, en que había decidido matricular a sus hijos.

Pero usted se mantuvo firme, Presidenta, no claudicó. Y otra vez le creyó a sus asesores, que le dijeron que las dificultades que encontraban sus reformas eran producto de los intereses que se estaban afectando. Había que seguir, cumplir con la tercera gran reforma, la Constitucional, y anunció para septiembre de este año la realización de cabildos sobre el tema, que no eran una asamblea constituyente, pero se parecían bastante.

Bueno… y estuvo Caval, donde la especulación inmobiliaria tentó a su hijo y su esposa, para ganarse en un negocio varios miles de millones de pesos. Y nadie la defendió entonces, y sus discursos contra la desigualdad, los abusos y el lucro se volvieron contra su propia familia.

Y su propia gente, Presidenta, esa que antes corría a besarle las manos, empezó a abandonarla porque las encuestas mostraban que usted ya no tenía el apoyo de la mayoría.

Y repentinamente algunos de sus parlamentarios, de esos que se eligieron con una foto con usted, vieron la luz. Y empezaron a encontrarle defectos al programa, a la reforma tributaria, a la educacional, y descubrieron que es mejor archivar el cambio constitucional.

La están dejando sola, Presidenta, y por eso la entiendo.

Gradualidad, veneno con cuentagotas Luis Larraín 5 septiembre, 2015

El derrumbe del Programa de la Nueva Mayoría, a la par del apoyo a la Presidenta Bachelet, ha dado paso a la idea de que lo que hay que hacer ahora es reducir el ritmo de las reformas de manera de atenuar sus efectos negativos sobre la economía y el país en general. Esa sería la principal tarea de la dupla Burgos-Valdés.

Pero esa es una muy mala idea.

Si una política es mala, su aplicación gradual puede ser aún peor. Es como administrar un veneno con cuentagotas, que lo único que logrará es hacer sufrir más al que lo ingiere.

Lo que la izquierda no ha querido admitir aún es que su programa para transformar la sociedad chilena es muy malo, entre otras cosas, porque parte de un diagnóstico completamente equivocado de la realidad.

Lo que se propuso el programa de Bachelet fue evitar a toda costa que la clase media chilena entrara completamente en la lógica de lo que un destacado columnista de la plaza llama «la revolución capitalista». Dado que hoy día la clase media representa por lejos el sector mayoritario de la sociedad chilena, si esta termina adhiriendo al capitalismo, estaríamos ante una derrota muy dolorosa para el socialismo.

La izquierda radical acepta que una minoría, los ricos, pueda tener educación privada, salud privada, previsión privada. Pero no acepta que lo tengan las mayorías, porque eso los libera de la tutela del Estado y no serán ya pasto de los políticos que desde el Gobierno los transforma en sus clientes.

Por eso el afán por destruir o confinar la educación particular; bajarlos de los patines en el crudo lenguaje del ministro Eyzaguirre. En el nivel escolar, se trataba de eliminar los colegios con fines de lucro de manera de debilitar la oferta privada que había llegado a ser mayoritariamente escogida por los chilenos, terminando además con el copago; y de quitar a los padres y apoderados la opción de elegir el establecimiento que entregara educación a sus hijos al regular centralizadamente el proceso de selección.

Y, en buena medida, lo están logrando, aunque todavía no se nota, justamente porque el diseño es gradualista. Hoy se presenta como un logro por el Gobierno el que más de 700 colegios subvencionados con copago pasen a ser gratuitos y, en cambio, solamente unos cuantos pasaron a ser pagados sin subvención. Esto era claramente predecible, porque el año 2016 se puede seguir teniendo fines de lucro y tampoco rige la obligación de ser propietario de los inmuebles o arrendarlos conforme a la estricta regulación del proyecto. Esos 700 y tantos colegios son cerca del 12% del total, el otro 88% continúa pensando qué va a hacer cuando entren a regir las normas del proyecto de «inclusión».

En educación superior también van por la gradualidad. Ya se olvidaron de la promesa de gratuidad con que sedujeron a las mayorías. No hay plata para eso. El objetivo ahora es otro: obligar a las universidades privadas a doblar la cerviz y aceptar que el Gobierno les imponga cómo se tiene que gobernar la universidad, qué criterios de selección deben usar. Es decir, condicionar la subvención del Estado al cumplimiento de requisitos ideológicos u de otra índole.

En salud no hay tiempo para realizar una reforma que ataque las princiales carencias del sector. De hecho más del 80% de los asegurados, que están en Fonasa, no verá avance alguno en su atención. Una reforma profunda al sistema de las isapres tampoco será posible, pero, en una de esas, el Gobierno logra introducir el Fondo Mancomunado, que expropia parte del 7% de la cotización, que ya no irá a financiar beneficios para el afiliado y su familia, sino a un fondo común. Uno podría pensar que al menos eso favorecería a los beneficiarios de Fonasa, pero la verdad es que no. Menos de mil pesos mensuales irían a cada uno de ellos, el resto del dinero recaudado iría a cubrir el déficit de Fonasa.

No conocemos aún las propuestas para la reforma a las pensiones, pero los trascendidos también dicen que parte de la cotización podría ser «socializada», que es un eufemismo para decir expropiada.

Así, gradualmente, el gobierno de Bachelet puede todavía hacer mucho daño. Excepto que los chilenos alcen su voz para impedirlo.

Por interpósita persona, Luis Larraín 10 septiembre, 2015

Cuál es el significado político de la entrevista que dio Nicolás Eyzaguirre a El Mercurio?

Se ha especulado mucho sobre ella. Una lectura cuidadosa da cuenta que no fue un impulso del ministro, ni una entrevista rutinaria sobre sus tareas en la Secretaría General de la Presidencia, sino más bien una aparición planificada. Hay largas frases, muy elaboradas, que no corresponden al estilo coloquial de Eyzaguirre y da la impresión de que esas frases están allí para decirnos algo.

Todo lleva a pensar que la entrevista fue dada para transmitir el pensamiento de la Presidenta Michelle Bachelet sobre el momento político. Eyzaguirre, en este rol de comunicación, subroga a la Presidenta.

Pero un examen del contenido de la entrevista permite concluir que ésta no deja ver cuál es la decisión presidencial acerca del rumbo que ha de tomar su gobierno en los años que le quedan. Y quizás es precisamente ese el mérito de la entrevista: permite desnudar el vacío que hay en el proyecto de la Presidenta para gobernar al país.

En otras palabras: se ha gastado mucha tinta para decir muy poco.

Tan bien hace Eyzaguirre el papel de representar a la Presidenta, que en este desdoblamiento llega a olvidarse al parecer de su propia persona, ya que se permite criticar el diseño e implementación de las reformas, ¡cuando la principal de ellas fue completa responsabilidad de él!

Se ha puesto mucho énfasis en el valor que tiene que Eyzaguirre reconozca los errores del gobierno e incluso algunos políticos de oposición han celebrado su gesto y han corrido a ponerse a su disposición para lograr acuerdos.

¿Pero qué valor tiene el reconocimiento de un error cuando no se muestra la mínima disposición a repararlo? Porque Eyzaguirre, si bien reconoce que se han cometido errores y ha faltado disposición al diálogo, agrega enseguida que no está disponible para acuerdos cupulares y alude a la democracia directa como una forma de dialogar.

¿Democracia directa? Populismo puro y duro, como Chávez o como Evo que “acepta” que se cambie la Constitución para ir a su cuarto período presidencial.

Hay que considerar que el ministro de la Presidencia llega a reconocer que el diagnóstico que hizo la Nueva Mayoría fue equivocado, y sin embargo no dice una palabra acerca de la rectificación que sería necesaria en consecuencia.

Incluso más, a los dos días de la entrevista, la “Nani”, como trata el Nico a la ministra de Educación (en eso la entrevista se salió del libreto), anuncia que la agenda en Educación continúa sin variaciones y antes de julio del próximo año tendremos proyectos para desmunicipalizar la educación escolar, gratuidad en la educación universitaria, además de tramitar Carrera Docente. No podemos atribuir estos anuncios a déficit atencional de la ministra Delpiano, sino que a falta de real voluntad de rectificar.

Hay dos cuestiones adicionales que vale la pena comentar sobre esta entrevista. La primera es que parece estar siguiendo un modelo o pauta diseñada en La Moneda para reconocer errores, entendiendo que eso es bien recibido por la población. Sin embargo, como hemos comentado, ello no viene seguido de propuestas y acciones para solucionar esos errores, de manera que respondería más a un objetivo comunicacional que a una decisión de hacer las cosas de manera distinta.

La segunda cuestión es que nos parece que la entrevista también cumple un rol de respaldar, al menos tácitamente, lo que están haciendo Jorge Burgos y Rodrigo Valdés en los Ministerios de Interior y de Hacienda. Como se especula que la Presidenta piensa distinto a ellos y da la sensación de que en cualquier minuto ella podría quitarles el piso, la entrevista se encarga de decir que al interior del gobierno hay una visión común en esto de reconocer los errores. No es sólo la dupla la que piensa que se han cometido errores, la Presidenta también está de acuerdo con ello.No sabemos si esta imagen que se quiere mostrar corresponde verdaderamente a la realidad, o si persisten concepciones muy diferentes al interior de Palacio; pero al menos se hizo el esfuerzo de intentar mostrar una cara común.

Avanzar sin transar, Luis Larraín 8 octubre, 2015

Parapetado detrás del rostro amable de la gratuidad y a punta de glosas (una suerte de notas al pie de página) en la Ley de Presupuesto, el gobierno socialista de Michelle Bachelet avanza hacia su objetivo de controlar ideológicamente a los chilenos a través de la Educación.

Porque no habrá gratuidad en la educación superior. No hay plata suficiente ni tampoco es técnicamente factible que coexista la gratuidad total con universidades privadas. El mecanismo de fijación de más de diez mil precios en la forma de aranceles y las limitaciones a los aumentos de la matrícula, entre otras cosas, harán impracticable la gratuidad.

Lo que quedará entonces, serán las imposiciones que el Estado hará a las universidades privadas que postulen a los recursos fiscales para financiar la “gratuidad”. Ellas tendrán que optar entre mantener su autonomía y preservar su proyecto educativo o ceder a las imposiciones en relación a materias tan importantes como el gobierno corporativo para recibir recursos del Estado.

Así, el gobierno de Bachelet avanza sin transar una coma en su objetivo de cambiar radicalmente la educación en Chile. Ya lo hizo antes con la reforma tributaria, donde, contra viento y marea y sumiendo a Chile en una fuerte contracción de la economía, impuso a troche y moche una reforma que aumentó en tres puntos del PIB la carga tributaria y llevó la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas al segundo lugar de los 34 países de la OCDE, en circunstancias que Chile es el tercer país más pobre de la organización. El resultado ha sido desastroso para el país. Se han completado dos años de bajas en la inversión, un período más prolongado del que vivimos en 1999 después de la crisis asiática y en el 2009 después de la crisis subprime. El IMACEC del mes de agosto, que anticipa la evolución del PIB, alcanzó a un 1,1% y la medición del PIB en relación al período inmediatamente anterior, lo que los economistas llaman la velocidad y corresponde a la forma en que se mide en la mayoría de los países, ha pasado a ser negativa.

La ley de presupuesto 2016 mantiene el déficit por sobre el 3% del PIB y hace crecer el gasto más del doble de lo que aumentará el producto. Aun así, algunos se atreven a llamarlo austero.

Los economistas nos devanamos los sesos tratando de encontrar salidas a esta situación, y pareciera que al gobierno de Michelle Bachelet esto lo tiene absolutamente sin cuidado. Ya lograron su objetivo de disponer para los burócratas que manejan el aparato del Estado cerca de ocho mil millones de dólares más, que repartirán en honorarios y remuneraciones para sus parientes y correligionarios o repartirán en forma de bonos para asegurarse que los chilenos sean cautivos del Estado y los políticos.

La reforma laboral sigue su camino, entregando un poder inmenso a los sindicatos dominados por el Partido Comunista y sometiendo tanto a los trabajadores como a las empresas a los dictados de los dirigentes sindicales. El gobierno, nuevamente, no ha cedido un ápice en su proyecto original, que incluso era menos dañino que el actual, y el ministro de Hacienda ha demostrado que no tiene influencia para oponerse a los propósitos de la CUT. Pese a que no estaba entre las tres reformas emblemáticas del programa de Bachelet, el poder real de la CUT y el Partido Comunista pronto convirtieron a la reforma laboral en el cuarto eje programático de la Nueva Mayoría.

La única reforma que no ha avanzado es la que pretende dotarnos de una Nueva Constitución. Para reparar esto, la Ley de Presupuesto 2016 incluye en las partidas del Ministerio del Interior, de la Segpres y de la Segegob recursos por más de 2.800 millones de pesos para estudios de la reforma constitucional, permitiéndose la contratación de hasta 239 personas. ¿Qué harán esas personas? ¿Quiénes serán? ¿Serán activistas para explicarle a la gente lo importante que es reformar la constitución, necesidad que tiene hoy el país según se deduce de palabras de la Presidenta Bachelet en una entrevista hace algún tiempo?

El gobierno de Michelle Bachelet tiene, en cualquier medición, menos de un tercio del apoyo de los chilenos. Ello, no obstante, no los ha detenido ni un centímetro en su intento de hacer una transformación radical en la sociedad chilena. Mientras los líderes de la oposición no caigan en cuenta de ello y decidan oponerse con firmeza a estas reformas, el gobierno de Bachelet seguirá cumpliendo su propósito.

 

Vencedores y vencidos, 3 septiemre 2022

¿Es posible, como dicen algunos, que en la contienda electoral más trascendente de este siglo no haya vencedores ni vencidos?

Difícil, verdad. ¿O es que la clase política después de meses de propaganda diaria y saturar el país y los medios de comunicación durante dos años con el proceso constitucional nos viene a decir que todo esto no sirvió de nada?

No se trata de agraviar a nadie, sino simplemente de acatar lo que la mayoría mandata. Si mañana gana el Apruebo, tendremos una nueva Constitución, que, si bien es modificable, lo será bajo las reglas que ella misma establece, que sabemos son muy exigentes. Los ganadores serán entonces el Presidente Boric, que se la jugó por entero por esa opción, y la coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista, que fue la fuerza hegemónica en la Convención Constitucional. Pero más allá de personas, ganarán las ideas fuerza del texto propuesto y el proyecto político del gobierno. Los perdedores serían todos los convencionales y políticos que no compartían esa Constitución y sus contenidos; también la casi mitad de los chilenos que habrán votado por rechazarla; y con ellos sería perdedora la idea de contar con una que nos una.

Si gana el Rechazo, en cambio, habrán perdido las principales ideas reflejadas en el proyecto de la Convención. La plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y los distintos sistemas de justicia, la eliminación del Senado y el tramposo sistema político con escaños reservados desproporcionados, que da más valor al voto de unos que al de otros. Habrá perdido el aborto sin límites, la no heredabilidad de los fondos de pensiones y la precariedad del derecho de propiedad de quienes no son indígenas, la refundación de nuestras principales instituciones y símbolos y valores patrios. En definitiva, habrá perdido la desmesura, representada políticamente por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Habrán ganado, en cambio, la moderación y el sentido común, que apelan a la unidad de los chilenos y rechazan que esta tierra esté habitada por trece naciones. Somos una sola nomás. Habrán ganado los Amarillos, Cristián Warnken y los intelectuales y profesionales que no encontraron la casa de todos en ese texto. Una mención también para los políticos de centroizquierda que se atrevieron a rechazar y a los de centroderecha por su discreción y su compromiso formal de hacer cambios a la Constitución, pero aprendiendo del pasado y no desconociéndolo. Habrá ganado el proyecto de hacer cambios sin echar por la borda lo bueno que hemos construido.

Tomando nota de todo ello, el Presidente Boric, como corresponde hacerlo en una democracia, deberá gobernar con las fuerzas políticas con que cuenta y con la oposición. Haciendo cambios en la medida de lo posible y no contra la voluntad popular; de lo contrario, continuará conflictuando y empobreciendo al país.

Ansiedad culposa, Luis Larraín 21 abril, 2016

El desborde del río Mapocho a la altura del Puente Lo Saldes, además de causar una serie de daños especialmente a pequeños empresarios y comerciantes, mostró nuestra fragilidad para enfrentar este tipo de situaciones y también reveló el concepto de autoridad y gobierno que tiene la administración de Michelle Bachelet.

Parece evidente a estas alturas que las obras realizadas por la constructora Sacyr para la empresa Costanera Norte interfirieron el curso del río de forma tal que terminaron por causar la inundación de la Avenida Andrés Bello, originando daños a la propiedad pública y privada. Las obras contemplaban un túnel de desvío de las aguas del río, que es habitual cuando se trabaja en este tipo de cauces. El Ministerio de Obras Públicas autorizó la propuesta de la constructora de desviar el río entre el mes de octubre de 2015 y el 1 de mayo de 2016, considerando los factores climáticos. En efecto, tomando en cuenta la hidrología de los últimos 30 años pareció a los técnicos de la constructora y el MOP que era adecuada la construcción de un túnel para un caudal de 80 metros cúbicos por segundo, que al desviar el río de su curso permitía realizar importantes obras de infraestructura que completarían el nudo vial que reemplazaría a la Rotonda Pérez Zujovic.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo el Mapocho, pareciendo dar razón a aquellos que le atribuyen a los ríos no sólo la fuerza de la naturaleza sino una suerte de voluntad propia de los seres vivos, menos de 15 días antes del término de la autorización tuvo una crecida que superó todas las previsiones, alcanzando un caudal de 120 metros cúbicos por segundo al desbordar el túnel a eso de las seis de la mañana de la madrugada del domingo 17 de abril.

¿Quién tiene responsabilidad o culpa en esta situación? Convengamos primero en que no son lo mismo. La empresa mandante, Costanera Norte, y su constructora, Sacyr, fueron señaladas inmediatamente por el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación como los culpables sin hacer distinción de ningún tipo.

Pero la ansiedad de las autoridades, el intendente primero y el ministro de Obras Públicas después, por echar toda la culpa a las empresas, que al principio encontró gran eco en la prensa, delataba algo más que la típica reacción de los políticos de encontrar a alguien, distinto a ellos, a quien responsabilizar cuando las cosas andan mal.

En el caso del ministro de Obras Públicas, la información de la empresa fue develando que las cuestionadas obras fueron autorizadas por el MOP, que, además, como es habitual en este tipo de proyectos tenía un inspector fiscal dedicado especialmente a él. ¿Puede entonces el MOP deslindar toda responsabilidad por obras que autorizó y fiscalizó? ¿Puede afirmarse que las empresas Costanera Norte y Sacyr son las únicas responsables?

En su ansiedad culposa, el ministro Undurraga agregó antecedentes que no ayudan a su causa. Hizo circular un oficio del inspector fiscal al gerente de Costanera Norte, recibido el 12 de abril, en que le hacía ver que se había detectado presencia de acopio de materiales pétreos y movimientos de tierra adyacentes a la vía concesionada que eventualmente podrían causar riesgo de obstrucción de alcantarillas, sumideros de la vía troncal o generar zonas resbaladizas. Se intentó, con complicidad de prensa poco rigurosa, hacer aparecer este oficio como una prueba de que el MOP había advertido a la empresa del riesgo de inundación que finalmente ocurrió.

Esto es manifiestamente falso. Los riesgos mencionados en ese oficio no tienen relación alguna con la causa del desborde, que fue el colapso del túnel de desvío diseñado para 80 metros cúbicos por segundo que el MOP aprobó y hasta donde sabemos, el sumario tendrá que decirlo, jamás cuestionó ante la información sobre abundantes precipitaciones. Es preocupante que se confunda a la opinión pública entregando ese tipo de antecedentes.

Las otras explicaciones que agregó el ministro, como que el Intendente había visitado las obras y advertido a la empresa, o que él mismo había mandado unwhatsApp, no parecen dar cuenta de la diligencia debida del MOP en la fiscalización de estas obras.

Si las empresas fueron, además de responsables de lo ocurrido, también culpables, es algo que tendrá que determinarse en las instancias pertinentes, pues hay terceros perjudicados que deben ser indemnizados. El gobierno de la Presidenta Bachelet, entretanto, tendrá que dar una respuesta más consistente acerca de eventuales responsabilidades públicas en estos hechos.

Luis Larraín

Bendita Uberización, Luis Larraín 29 abril, 2016

En un giro inesperado del debate entre Uber y los taxistas, Alfredo Enrione interviene a través de una  columna en El Líbero para expresar su rechazo a la Uber-ización del trabajo, que en sus palabras, más allá de algunos chiches tecnológicos, nos lleva a estándares laborales del siglo XIX. Con respeto, y el ánimo de contribuir a esclarecer algunas de las cuestiones en juego, queremos en este artículo cuestionar fuertemente la tesis de Enrione que, a nuestro juicio, revela una inquietante falta de comprensión del funcionamiento de una economía moderna, además de un sustrato conceptual que no compartimos.

Pese a que él reconoce que estas plataformas, Uber, Cabify, Airbnb y otras poseen enormes ventajas competitivas, considera que desde el punto de vista social son un retroceso significativo.

Vale decir Enrione es partidario de que algo malo (el servicio que prestan los taxistas) prevalezca sobre algo bueno (el servicio que nos proporcionan estas nuevas empresas).

La razón para esta preferencia sería que los vínculos laborales tradicionales entre una empresa y sus trabajadores, en las que el autor reconoce un valor, estarían siendo desafiados por estas plataformas que más bien agrupan ofertas y demandas de trabajadores independientes y usuarios.

Esta es una peculiar forma de ver el valor que el trabajo tiene en nuestras vidas. El componente de gratificación que indudablemente posee el trabajo no puede estar presente si el servicio o producto de éste es de mala calidad y debemos sostenerlo con regulaciones que impidan que las personas accedan a otros servicios que les satisfacen más. No se trataría, entonces de trabajo bien hecho, algo que a todos nos gratifica y reconforta, sino mal hecho.

Su afirmación de que volveríamos a estándares laborales del siglo XIX es completamente aventurada, porque se sostiene en una suerte de determinismo que no reconoce la evolución de la sociedad y de las preferencias de las personas. Es indudable que con los estándares de exigencia social que existen hoy en Chile y otras partes del mundo no podríamos retroceder al siglo XIX.

Lo que sucede es que Enrione parece no entender que estamos en el siglo XXI. Las relaciones laborales o contractuales que los trabajadores exigen no son más precarias sino más avanzadas que las tradicionales que nuestro contradictor añora. ¿Cómo no va a ser más gratificante desde el punto de vista del conductor establecer su propio horario de trabajo y el lugar donde desempeñará sus funciones? ¿No es positivo para él acaso que pueda combinarlo con otras actividades? ¿Por qué la gente va a aceptar condiciones de trabajo peores en el contexto de una economía que crece y crea nuevas fuentes de trabajo?

Es que habitualmente las personas suelen decidir mejor que nadie lo que les conviene, aunque hay quienes no lo quieran ver.

Hay una segunda razón para discrepar de una postura anti-uberización. Ella implica negar espacios a la innovación. No habría progreso humano ni crecimiento si siempre estuviésemos protegiendo formas de vida o de organizar el trabajo por temor a los efectos que los cambios podrían traer sobre quienes hoy ejercen una actividad. El concepto de destrucción creativa del economista austríaco Joseph Schumpeter, un gran aporte a la comprensión de la economía moderna, trata justamente sobre eso. La humanidad avanza a través de innovaciones y tecnologías que son disruptivas pero traen a la vez enormes beneficios. Tratar de impedirlo es tapar el sol con un dedo y revela una suerte de corporativismo que protege y pone por encima de las personas a instituciones, que en definitiva son instrumentales a nuestros propósitos.

Piensen nada más que las compañías más importantes del mundo como Google, Facebook y el mismo Uber no existían hace 20 años atrás. Con el criterio de Enrione, la economía mundial estaría estancada. Y es precisamente una economía más dinámica la que brinda las mejores oportunidades de empleo a los trabajadores.

Esta visión romántica de una relación casi de por vida entre una empresa y sus trabajadores está completamente obsoleta. Primero, porque es ineficiente desde el punto de vista económico (Japón estuvo prácticamente dos décadas con crecimiento cero de la economía por su baja competitividad, después que en los setenta se hablaba con admiración del modelo japonés de relaciones laborales y se auguraba que Japón superaría a Estados Unidos como primera potencia mundial).

Pero más importante que eso, está obsoleta porque los jóvenes no quieren ese tipo de relación laboral. Informaciones recientes dan cuenta de que cerca del 40% de los trabajadores menores de 30 años cambian de trabajo cada cinco años. Los jóvenes quieren más autonomía para realizar sus proyectos personales, viajar, hacer labores de voluntariado. La antes ansiada “carrera laboral” es para muchos de ellos una restricción inaceptable a su libertad.

Hay que respetar esa forma de ver las cosas. Vivir para trabajar no parece ser el paradigma de hoy y ello da espacio para un desarrollo más integral de la persona.Debemos ser más optimistas sobre las decisiones que están tomando los jóvenes y acerca de los beneficios que traerán nuevos emprendimientos e innovaciones. Bienvenidas entonces sean todas las iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas.

Luis Larraín

Uber, la Constitución y la política, Luis Larraín 14 mayo, 2016
Luis Larraín
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Igualdad ante la ley, Luis Larraín 19 mayo, 2016

Todos los chilenos sabemos que al banco hay que llegar antes de las dos de la tarde. Si llegas después no entras. También sabemos que la fecha para pagar los impuestos es el 30 de abril, si te atrasas te aplican altísimas multas.

Pero la Nueva Mayoría, la coalición que nos gobierna, aparentemente no está obligada, como el resto de los chilenos, a cumplir los plazos. Un fallo reciente del Tribunal Calificador de Elecciones anuló las resoluciones del Servicio Electoral que, en tres oportunidades, rechazaron la inscripción de las listas de candidatos a elecciones primarias de la Nueva Mayoría por no cumplir con los requisitos que se exigen para dicha inscripción.

La resolución del Tricel, discutible como cualquier fallo, tiene consecuencias muy complejas. Al acoger completamente la versión de la Nueva Mayoría en el sentido que la directora subrogante del Servel se había excedido en sus atribuciones el día 20 de abril al exigir la concurrencia de la senadora Isabel Allende en su calidad de presidenta del Partido Socialista, deja por completo de lado la versión del Servel.

El Servel afirmaba que el día miércoles 20 de abril la Nueva Mayoría no contaba con un acuerdo para inscribir sus candidaturas a primarias, pues cumplido el plazo legal sus dirigentes continuaban negociando los cupos en distintas comunas del país. Esta versión fue, en primera instancia, refrendada por declaraciones de la propia Allende y del presidente del PPD Jaime Quintana, que esa misma noche ofrecieron disculpas a la ciudadanía y sus partidarios.

Esta conducta, no obstante, cambió el día siguiente, donde luego de una reunión con sus abogados, los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría, sin la presencia de la presidenta de la DC ni el presidente del PRSD, leyeron una dura declaración responsabilizando al Servel por la no inscripción. La DC se plegó posteriormente a las acciones destinadas a revertir la decisión del Servel, no sin antes declarar que “entendemos que la principal dificultad es la falta de un acuerdo amplio y oportuno entre los partidos de gobierno para enfrentar las elecciones municipales”.

Esta última declaración es muy importante. El asunto de fondo en esta controversia, sobre el cual aparentemente el Tricel no se pronunció, es si existía o no un acuerdo de la Nueva Mayoría dentro del plazo que la ley estipulaba para ello. La directora (s) del Servel es categórica, pues en las actas de la entidad señala: “En torno a que dentro del plazo legal establecido, no fue requerida para formalizarlos pactos ni para recibir los documentos de las declaraciones de candidaturas de la eventual coalición de partidos, ya señalada, como tampoco se hizo entrega de instrumento alguno a funcionarios del Servicio Electoral en ese mismo contexto”.

En efecto, no se conoce públicamente ese documento, el único que podría certificar la intención de la Nueva Mayoría de inscribir oportunamente sus candidaturas a primarias.

El fallo del Tricel desconoce esta declaración de la Directora del Servel, que para estos efectos tiene el carácter de ministro de fe. En cambio, da la razón a la Nueva Mayoría y sus abogados que desplegaron una amplia ofensiva comunicacional. A las declaraciones de Isidro Solís, abogado cercano a la Presidenta Bachelet, y quien tomó la defensa de la Nueva Mayoría ante el Tricel, se agregaron las intervenciones de Fernando Atria y Javier Couso. Es decir, en materia legal, la Nueva Mayoría tiró toda la carne a la parrilla para intentar revertir la decisión del Servel. Y lo logró.

Pero hay dos consecuencias de este fallo que son muy complicadas. La primera es que la Nueva Mayoría ha contado con una ventaja espuria en el proceso de inscripción de candidaturas a primarias. Tuvo más de 20 días de ventaja respecto de sus adversarios. Incluso recientemente, con información actualizada, ha retirado seis de las 66 comunas en que realizarían primarias.

La segunda es que el fallo del Tricel deja muy debilitada la institucionalidad de nuestra política. Las nuevas normas sobre financiamiento de la política, de amplia discusión pública y visibilidad, dan un rol fundamental como garante y fiscalizador del cumplimiento de nuevas normas al Servel autónomo, el mismo que ha quedado seriamente dañado con este episodio. (El Líbero)

Luis Larraín

Conversación constitucional 1 octubre, 2022

Se ha hecho pública una diferencia acerca de la sede en que ha de llevarse a cabo una discusión sobre la Constitución. Algunos señalan que debe ser el Congreso, ya que el artículo 142 de la Carta Fundamental señala: “Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Otros afirman que esto debe ser discutido en una convención constitucional, pues ese sería el mandato que entregó la ciudadanía en el plebiscito de entrada.

Hay que distinguir. En el plano de la legalidad, es indiscutible que el poder constituyente reside hoy en el Congreso y el Ejecutivo. Ese fue justamente el efecto que produjo el plebiscito del 4 de septiembre, como lo previó el artículo 142. Con ese argumento, desde parte de la derecha y otros sectores se ha reprochado, a veces con duros epítetos, la participación de los dirigentes de Chile Vamos en una conversación constitucional auspiciada por los presidentes de la Cámara y el Senado, donde se ha planteado por el oficialismo que el proyecto de una nueva Constitución debe ser redactado por una convención 100% elegida.

Es esta una cuestión que presenta matices. Es cierto que hay que observar estrictamente la legalidad que le da al Congreso un rol relevante en un proceso constitucional. Pero también es cierto que nada impide que se pueda dialogar acerca de nuevas formas de conducir este proceso. La razón para ello sería que, si bien el plebiscito de entrada no produce hoy efecto jurídico alguno, contrariando lo expresado equivocadamente por el Presidente Boric, sí representó, en su oportunidad, una voluntad muy mayoritaria por contar con una nueva Constitución. Esa voluntad no fue completamente desmentida por el plebiscito de salida del 4 de septiembre, pero sí fue fuertemente limitada. La ciudadanía no quiere cambios que desdibujen la nación chilena: rechazó la refundación y la hoja en blanco.

Es en el plano político, entonces, ya que en el jurídico no hay discusión, donde los partidos deben interpretar la voluntad popular. En ese sentido es legítimo que directivos de Chile Vamos participen en una conversación, siempre que lo hagan en el Chile de hoy y no en el de noviembre de 2019 ni el del 25 de octubre de 2020, fecha del plebiscito de entrada.

Eso significa representar fielmente a los ciudadanos y conversar y negociar desde la posición de poder político que se ostenta desde el 4 de septiembre y el respaldo legal que otorga el artículo 142 de la Constitución; teniendo muy presente que, si se llegara a aceptar una convención, esta debiera ser definida, en sus mecanismos de funcionamiento y quórum, de manera que haga imposible la refundación de Chile y la redacción de una Constitución a partir de una hoja en blanco. De lo contrario, se estaría incumpliendo la voluntad popular. (La Tercera)

Luis Larraín

¿Acuerdo constitucional? 14 OCT 2022

Las conversaciones parlamentarias para acordar un nuevo proceso constitucional transcurrieron hasta hace poco con sigilo, demasiado sigilo para la importancia del tema, en que se ha trabajado sobre la base que el Congreso delegaría en una convención su potestad constituyente.

Los representantes de Chile Vamos confundieron en esas conversaciones su promesa de aprobar una nueva Constitución con la delegación en una convención elegida de esa tarea, compromiso que jamás se adquirió de cara al país y no es deseada por sus votantes.

Es relevante el punto, pues la delegación de la potestad constituyente en una convención en noviembre de 2019 fue un proceso fallido. Fallido porque la Convención elaboró una Constitución rechazada por los chilenos y además porque el Compromiso por la Paz acordado no se cumplió. No es una buena idea entonces repetir el proceso y sus errores si se quiere obtener resultados distintos. Un error grave fue someterse a plazos fatales. En 2019, después de la antidemocrática declaración de los partidos opositores a Piñera, que concedía a “la calle” el poder constituyente, se habló de un plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo. Qué había tras ese plazo nunca se supo. ¿Acaso la amenaza de la violencia? El hecho es que se cedió a esa presión. Ahora el oficialismo habla de octubre, aludiendo al cumplimiento de tres años desde el “estallido”. Si Chile Vamos quiere imbuir al nuevo acuerdo del espíritu octubrista, puede ceder a esa presión que no tiene fundamento. El acuerdo debe tener total transparencia y razones espurias para fijar un plazo no son aceptables.

También resultaba incomprensible que los grupos negociadores tuviesen una mayoría de políticos del Apruebo, opción ampliamente derrotada en el plebiscito, y ningún representante del grupo de Amarillos por Chile que tuvo una actuación relevante en la campaña. Tan incomprensible que ya fue corregido.

Sin embargo, persiste, sin que se haya dado una explicación satisfactoria, la idea que la Constitución sea redactada por una convención elegida. ¿Cuál es la razón para que el Congreso delegue su potestad constituyente en una convención? Si alguna vez lo fue la opinión pública, hoy ya no lo es. La convención elegida parece ser un objetivo político del gobierno de Boric para esconder la derrota del plebiscito, al que supongo no cederá graciosamente la oposición, que se ha centrado en bordes o bases difíciles de hacer exigibles. Esa negociación no es conveniente para Chile Vamos y pasaría a ser inaceptable si no se complementa con una instancia en que el Congreso apruebe el texto propuesto a la ciudadanía, con los quórums actualmente vigentes para reformas constitucionales. Eso ya no sería una renuncia del Congreso a sus fueros, pues éste tendría un rol relevante en la elaboración de la nueva Constitución.

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

El Flautista y las isapres-Luis Larraín 13 diciembre, 2022

En Hamelin, un flautista ofreció a sus atribulados habitantes librarlos de la plaga que les asolaba: las ratas. El precio a pagar por ese servicio era un saco de monedas de oro para el músico. En Chile los usuarios del sistema de seguros privados de salud estaban descontentos con las alzas de precios que las isapres aplicaban para cubrir el aumento de los costos de los servicios de salud. Políticos, abogados y jueces se ofrecieron a librarlos de esta verdadera plaga, que se acentuó en tiempos de alta inflación.

El Tribunal Constitucional había empezado la tarea fallando recursos contra el texto expreso de la ley de isapres, prohibiendo discriminar entre afiliados de distinto sexo y edad, pese a que la ley lo permitía. Un grupo de abogados se aprovechó de la decisión de los tribunales de condenar en costas a las isapres que perdían los recursos de los afiliados contra las alzas de precios. Así, el costo de la defensa legal era gratis para los afiliados y algunos abogados ganaron, cada uno, cientos de millones de pesos al año financiados por el sistema, si tenían la sapiencia o los contactos suficientes para elegir bien el tribunal que debía fallar sus casos. Bonito negocio judicial. La tercera sala de la Corte Suprema, bajo el liderazgo del juez Sergio Muñoz, llevaba el pandero en esta tarea de “impartir justicia” en contra de lo que señalaba la ley.

Pero frente a las enormes pérdidas que empezaron a sufrir las isapres como consecuencia de todas estas acciones -a las que se agregaron las de médicos “licenciosos” que expedían licencias fraudulentas, una cada diez minutos en algunos casos, que ocasionaban cuantiosas pérdidas a las isapres y a FONASA y jugosas ganancias a esos médicos-, el sistema de seguros privados entró en una crisis sistémica que amenaza con su desaparición. Políticos en el Ejecutivo y Legislativo se preocuparon y dictaron una ley que restringía fuertemente la discriminación entre afiliados de distinto riesgo, determinando una nueva tabla de factores. Pero a poco andar, la Corte Suprema volvió a fallar contra lo que decía la ley, agregando ahora la obligación de devolver, retroactivamente, los pagos que las isapres cobraron a los afiliados en el pasado.

Las isapres, que en los últimos dos años perderán más de 250.000 millones de pesos anuales -ya que a los perjuicios descritos se agregaron cargas que el Estado les impuso con ocasión de la pandemia del Covid 19-, han entrado ahora en serio riesgo de insolvencia.

En Hamelin, los que acordaron pagar al flautista un saco de monedas de oro incumplieron su promesa y una vez que éste con su melodía consiguiera que las ratas lo siguieran y terminaran ahogadas en el río, no le entregaron su paga. En Chile, los que prometieron a los afiliados al sistema de seguros privados de salud que terminarían las alzas de precios y ofrecieron un sistema universal de salud en que no habría lucro y les cobrarían un precio justo, no podrán cumplir, pues desaparecidas las isapres todos sus afiliados tendrán que atenderse en FONASA, cuyo costo per cápita es el mismo que el del sistema privado y cuya calidad y oportunidad de atención es mucho peor y ahora estará colapsado por tres millones de afiliados adicionales.

En Hamelin la venganza del flautista fue componer otra melodía con la cual condujo a los habitantes al río, donde murieron ahogados. En Chile será la desaparición de las isapres y pésima atención de salud para quienes pretendieron usar al flautista beneficiándose de las decisiones del Estado, sin pagar los costos del socialismo. (DF)

Luis Larraín

Luces y sombras del Acuerdo por Chile, Luis Larraín 15 diciembre, 2022

Ambicioso es el nombre que la mayoría de los partidos políticos representados en el Congreso, desde el PC a la UDI, eligieron para presentar el documento que describe los acuerdos para habilitar un proceso constituyente que lleve a una nueva Constitución para Chile.

Lo digo porque aquel suscrito el 15 de noviembre de 2019 se llamó Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución y su resultado fue el período más violento que la mayoría de los chilenos recuerde y un proyecto de Constitución que disgregaba la nación chilena y ponía en riesgo la democracia representativa en nuestro país. Afortunadamente ese proyecto, apoyado sin ambages por el gobierno del Presidente Boric y todas las fuerzas que lo respaldan, fracasó rotundamente el 4 de septiembre pasado al ser derrotado en las urnas por más del 60% de los ciudadanos.

El acuerdo impone, por lo tanto, una enorme responsabilidad a los políticos que lo suscribieron. Para asumirla cuentan con cosas a favor, luces, pero también con cuestiones en contra, sombras.

Veamos las luces. El Acuerdo reduce el riesgo de una Constitución antidemocrática y disgregadora al acotar el rango de lo posible, especialmente en algunas cuestiones: a) las bases constitucionales señalan que Chile es un Estado unitario y descentralizado y reconoce a los pueblos indígenas como parte de una nación chilena que es una e indivisible. Fin a la plurinacionalidad entonces; b) Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí, el Poder Ejecutivo con iniciativa exclusiva de gasto público, el Judicial con unidad jurisdiccional y el Legislativo, bicameral.

Si bien estas bases o bordes, como se les llamó en algún momento, no siempre son un instrumento idóneo para lograr acotar los riesgos, en estos puntos sí lo son, pues es tan claro el tenor literal de ellas en los casos anteriores que sería imposible ser exitoso en un intento por transgredirlos. No ocurre lo mismo con otras cuestiones como el derecho de propiedad o la libertad de enseñanza, por ejemplo, donde es la formulación precisa y literal de la norma constitucional la que asegura ese objetivo.

Un segundo elemento valorable del acuerdo es que al incluir los expertos designados por el Congreso con participación relevante en el proceso, reivindica la legitimidad democrática de éste, que había sido cuestionado desde la izquierda, y paradojalmente también desde parte de la derecha.

Era intransable por lo tanto que se incluyeron en el proceso, y así lo entendió Amarillos. Esto deja algunas preguntas en el aire para los dirigentes de Chile Vamos: ¿Por qué no defienden con más vigor la legitimidad del Congreso? ¿Se trata de una cuestión de fondo y coinciden con la izquierda en el diagnóstico sobre las causas del 18 de octubre y ni siquiera una elección posterior a esa fecha borra esa impresión, o es una mera declaración populista que quiere agradar a la opinión pública? ¿Si el Congreso no tiene plena legitimidad democrática, por qué la tendría el Presidente Boric? Para consolidar entonces esta virtud del acuerdo, hay que insistir en la legitimidad del Congreso.

Una tercera cuestión que es positiva es que, al menos en el plano declarativo, el amplio espectro de las fuerzas políticas que concurren al acuerdo deja atrás el ciclo refundacional de una nueva Constitución. La casa de todos, acuerdos amplios, un país que permita diversidad vuelven a ser conceptos apreciados ante la opinión pública, estableciendo así un ambiente y un ethos discursivo que favorece el entendimiento. Veremos cuánto dura este ambiente, lo que se relaciona con los problemas que tratamos a continuación.

Entre las sombras del acuerdo, está la duda sobre la verdadera voluntad de convergencia de la izquierda, que parte en el Presidente Boric. Él declaró al recibir el acuerdo que valoraba el que fuera un órgano 100 % elegido, con expertos que tenían sólo un rol de asesoría y acompañamiento. Eso es falso porque el acuerdo diseña una Comisión Mixta que dirimirá diferencias entre el Consejo Constitucional y la Comisión Experta, con igual número de integrantes elegidos que expertos. Y que el Presidente lo diga indica que sigue en la trinchera o aún no asimila totalmente el resultado del 4 de septiembre. El Acuerdo por Chile, como lo dijo Jefferson acerca de la libertad, tendrá el precio de la eterna vigilancia que habrán de ejercer los convencionales de centro y derecha ante una izquierda insumisa a la voluntad popular.

Un segundo aspecto cuestionable es que se cedió en los escaños reservados para pueblos indígenas, lo que abre un peligroso precedente, y lo mismo ocurre con la paridad de entrada y salida. Se consolida así la práctica de meter la mano a la urna, que distorsiona la democracia representativa.

Una tercera sombra es lo engorroso y prolongado del proceso. Se crean tres órganos que deben funcionar sin fallas, como un mecanismo de relojería que no puede fallar en alguno de sus engranajes, como ha señalado Sergio Muñoz Riveros.

El proceso durará un año entero, y ello inevitablemente distraerá la atención de nuestra clase política de los acuciantes problemas que vive la población chilena. El Presidente Boric no puede ocultar que le interesa más el acuerdo que los crímenes que asolan las calles de nuestro país o la caída del poder adquisitivo de los chilenos. Muchos políticos, de todos los colores, tendrán esa misma pulsión. Cómo resolver ese problema no es trivial e incidirá en la adhesión que los políticos, de izquierda, centro y derecha tendrán en la población.

Pero eso es materia de otra columna, aunque su efecto en los resultados de la elección de convencionales, que dependerá de cómo se manejen las distintas fuerzas políticas, puede ser el elemento que incline el fiel de la balanza en la evaluación final de este acuerdo.(El Líbero)

Luis Larraín

Estado fallido en la Macrozona Sur 9 abril, 2022

Mientras la ministra del Interior y Seguridad Pública entregaba el jueves en la Cámara de Diputados información falsa sobre migraciones, cuatro carabineros eran baleados en la Macrozona Sur. Izkia Siches empezó su gestión con su fallida visita a la comunidad de Temucuicui, que alberga a prófugos de la justicia, donde fue recibida a balazos. Sin embargo, insistió en no querellarse contra sus atacantes, decisión similar a la que se tomó en el caso de otros 11 atentados en la zona desde que asumió Gabriel Boric.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien sí parece dispuesto a hacer su trabajo en materia de orden público, era partidario de querellarse. Y a los pocos días el gobierno lo hizo, luego del atentado a quince viviendas en Contulmo atacadas con armas de fuego e incendiadas por cuarenta encapuchados de la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML).

Desgraciadamente, Monsalve cometió en estos días un error garrafal al referirse al tema de violencia en La Araucanía como un conflicto entre el Estado chileno y una supuesta “nación mapuche”, siguiendo las aguas de la ministra que se refirió a parte del territorio chileno y argentino como el “Wallmapu”. El gobierno del Presidente Boric no podrá garantizar la paz social en La Araucanía y Macrozona Sur si no cambia la actitud y su discurso del “Wallmapu”.

Monsalve pretende cuadrar el círculo si insiste en dar título de nación mapuche a grupos violentistas que continuarán presionando a un gobierno cuya vocación mayoritaria, en lugar de resguardar el orden público, parece ser esconderse. Ocurrió esta semana cuando la RML se movilizó para impedir que se viera la causa contra ocho comuneros mapuche condenados por matar a palos al lonco de 69 años de edad Eleodoro Reiman en diciembre del 2019, cuando intentaba defender el camping de su propiedad del ataque de sus victimarios. La delegada presidencial en Biobío, Daniela Dresdner, ordenó a los directores de servicio de la zona que se abstuvieran de circular en vehículos fiscales el día de las manifestaciones en favor de los asesinos de Reiman; y frente los desórdenes, que incluyeron la toma de la Municipalidad de Lebu, declaró que no tenían ninguna manera de controlar lo que estaba ocurriendo.

La otra organización terrorista en la zona, la CAM, notificó a Monsalve que mantendrán las tomas de tierras, la vía armada y que no dialogarán con las autoridades de gobierno. La guinda de la torta la pone el canal de TV La Red, que entrevistó al vocero de este grupo el domingo pasado, una cuestión que no ocurre en países que se toman en serio el combate al terrorismo.

El subsecretario Monsalve está muy solo en el gobierno intentando mantener el orden público mientras sus colegas intercambian palabras por balas. Fracasará en La Araucanía si insiste con la monserga de una nación mapuche. (La Tercera)

Luis Larraín

Economía 2023, incertidumbre y riesgo Diario Financiero 10 enero 2023 LUIS LARRAÍN LIBERTAD Y DESARROLLO

La actividad empresarial está siempre sujeta a riesgo, es parte de su esencia. El empresario tiene la expectativa de obtener ganancias, pero sabe que puede perder dinero si se dan ciertas circunstancias. El manejo del riesgo consiste en asignar probabilidades a distintos eventos y controlar así el peligro de resultados adversos. El riesgo es medible, lo que no ocurre con la incertidumbre. Cuando ésta amenaza, sabemos que algo negativo puede ocurrir, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo.

La economía chilena enfrenta en 2023 riesgos y también incertidumbre. Los primeros son inherentes a los negocios, la segunda es más específica al gobierno que tenemos.

La variable económica más relevante de 2022 fue la inflación. Con un registro de 12,8 % anual, nuestro país ha tenido la inflación más alta en 31 años. La mayoría de los chilenos no conocía esta situación, la normalidad de los 30 años nos protegía de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. La inflación afecta especialmente a los más pobres, los precios que más han subido son los de alimentos, que aumentaron un 24,7% en el transcurso del año, casi el doble que el IPC. Ello significa que la capacidad de compra en el rubro alimentos para una familia, el más básico de los consumos, se reduce en una cuarta parte en un año.

El economista Juan Bravo ha señalado que en noviembre los salarios reales cayeron por 14º mes consecutivo, lo que los lleva al nivel del año 2018. Si el Gobierno del Presidente Boric atendiera a estos datos (y a la delincuencia y el descontrol migratorio), estaría menos perplejo ante la brutal caída de su apoyo. Conviene recordar a estas alturas que los retiros de fondos desde las AFP fueron causantes de gran parte de esta inflación, lo que fue advertido por los economistas serios, pese a lo cual contaron con el apoyo de diputados líderes del Frente Amplio y el Partido Comunista, partiendo por el propio Gabriel Boric y los hoy ministros Jackson y Vallejo.

¿Qué ocurrirá en 2023 con la inflación? La política monetaria restrictiva impuesta desde hace un tiempo por el Banco Central nos asegura que disminuirá significativamente, aunque probablemente no tan rápido como para alcanzar al 3,6% que proyecta el instituto emisor. Las estimaciones de los agentes del sector financiero fluctúan entre 4,5 y 5,5 %. Todos señalan como un factor crítico que no haya nuevos retiros desde las AFP u otros estímulos desmedidos a la demanda interna. De hecho, se cree que el producto disminuirá en torno al 1,5% a 2% durante el año. Otro factor que incidirá será la influencia externa en los precios de los alimentos y la energía.

El crecimiento de 2023, por su parte, será negativo (precio a pagar para lograr controlar la inflación) y no sólo por razones de demanda como la que señalábamos, sino también por factores de oferta. Y aquí es donde aparece la incertidumbre. En el ámbito local, la oferta responderá críticamente a los incentivos para invertir y tenemos avanzado en el Congreso un proyecto tributario que pretende subir la recaudación en cuatro puntos del PIB (política fiscal contractiva, que se suma a la monetaria también inevitablemente restrictiva).

Adicionalmente, un proyecto de reforma de pensiones radical comienza su tramitación e introduce tremenda incertidumbre al mercado financiero, sin asegurar tampoco mejores pensiones, como lo ha señalado el economista Klaus Schmidt-Hebbel. Si a esto agregamos la situación de las isapres, concluimos que la incertidumbre será la nueva normalidad del 2023.

Respuestas a Hernán Corral 2 febrero, 2023

El señor Hernán Corral, en su última columna, critica la designación hecha por el Congreso de un grupo de expertos que participarán del nuevo proceso constitucional. Casi todos serían, a su juicio, personas que carecen de una “indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica”, que es el requisito establecido por el legislador.

La columna del señor Corral está llena de imprecisiones y arbitrios, como sostener por ejemplo que Carlos Frontaura, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesor de larga y reconocida trayectoria académica en esa casa de estudios, es una persona que se “dedica principalmente a la política”. Ello, sin embargo, cae dentro de la libertad de expresión.

No ocurre lo mismo con su afirmación de que Libertad y Desarrollo “obedece a los empresarios que lo financian”. El señor Corral puede tener las opiniones que estime, pero cuando la opinión se convierte en injuria requiere algún antecedente, algún fundamento que lo sustente.

Pretender enlodar de paso a dos mujeres profesionales, como Bettina Horst y Natalia González, cuya trayectoria es pública —de hecho, ambas son columnistas regulares de “El Mercurio”— y por lo tanto pueden ser evaluadas en su calidad humana y técnica, es simplemente una bajeza. ¿Sostiene el señor Corral que ellas actuarán en el proceso siguiendo instrucciones de alguien, compradas por oscuros empresarios financistas?

Libertad y Desarrollo se enorgullece de contar con Bettina Horst como directora ejecutiva y de que Natalia González haya formado parte de nuestro equipo por años. Estamos seguros de que ambas harán un gran aporte al proceso constituyente, por su calidad profesional y por su demostrado compromiso con el país, vocación que lamentablemente a veces se paga de la manera que ha hecho el señor Corral.

La independencia ha sido uno de los pilares estratégicos de LyD y en ella y en su excelencia profesional se ha construido el prestigio que ha ilustrado nuestra acción por espacio de más de treinta años. (El Mercurio Cartas)

Luis Larraín A.
Presidente Consejo Asesor

Carlos F. Cáceres C.
Presidente Emérito
Libertad y Desarrollo

INJUSTA COLUMNA

El columnista, también profesor universitario, don Hernán Corral ha escrito la más injusta columna en años.

No sabemos con qué elementos de conocimiento repasa los distintos nombres que se han designado en el Congreso Nacional, como los expertos que tienen como tarea proponer un proyecto a trabajar en el próximo Consejo Constitucional, aún por elegir.

Con inusitada dureza descalifica como académicos a personas así designadas, pese a que tienen oficio en el área, dictan cátedras y algunos cuentan con grados más que suficientes, solo por el hecho de haberse desempeñado en funciones públicas o dedicar parte de su tiempo a la política. A otros los minusvalora por falta de experiencia, y a algunos simplemente los desprecia como personas que puedan hacer un aporte, por el hecho de que él no los conoce.

Yo supongo que para el articulista, Arturo Alessandri Palma y Jaime Guzmán, los principales autores de las Constituciones de 1925 y 1980, en sus versiones originales, respectivamente, carecieron de la calidad de expertos para redactar una Constitución. Ni hablar de Diego Portales, que no estuvo en la Gran Convención que aprobó la Constitución de 1833, pero que influyó decisivamente en el texto finalmente promulgado.

Cada uno es libre de formular sus juicios, pero de una persona que es académico, y de los grandes, siempre se espera ponderación, conocimiento fundado, buen juicio y mucha comprensión. El profesor Corral de eso tiene de sobra. (El Mercurio)

Jorge Baraona González

Miedo en Chile: el ladrón detrás del juez 4 febrero 2023

El asalto a la tienda Mac Online en el Mall Plaza Egaña debiera marcar un antes y un después en la persecución criminal en nuestro país. No es tolerable que, a plena luz del día, en un lugar al que tantos santiaguinos acuden habitualmente, una banda de delincuentes uniformados con overoles blancos, movilizados en varios vehículos y disparando armas de alto poder de fuego pongan en peligro la vida de tantos chilenos. La población está atemorizada; la gente no quiere salir de sus casas por el miedo a ser una de las personas que son asesinadas a diario en nuestro país, o una de las ocho víctimas de una violación, o parte de los treinta y cinco que sufren una encerrona en sus vehículos cada día.

El año 2022 los homicidios aumentaron un 42%, las violaciones un 12%, los robos con violencia un 63%, los hurtos un 46% y el total de delitos un 45%. En Iquique y Alto Hospicio ya van once asesinatos en lo que va del año y las personas exigen a las autoridades que se decrete estado de emergencia.

El gobierno está sobrepasado. La ministra del Interior y Seguridad Pública apuesta a una mesa de diálogo, un ejercicio de comunicación política, dicen algunos. El subsecretario Monsalve culpa a los malls por falta de medidas de seguridad. Los políticos, con pocas excepciones, están más preocupados de las listas para las elecciones al Consejo Constitucional que de resolver, con medidas efectivas, el principal problema que enfrentan los chilenos.

En cualquier país civilizado un sujeto que dispara un arma en plena calle es abatido por la policía que dispara a matar. En Chile no. La circular 618 del ex fiscal nacional Jorge Abbott, que hasta donde entiendo no ha sido derogada, ordena una persecución penal sesgada contra Carabineros. No son iguales ante la ley, no pueden ser beneficiados con salidas alternativas y son, con frecuencia como hemos visto, acusados por fiscales de intento de homicidio cuando procurando proteger el orden público causan lesiones a individuos que realizan actos violentos. Muchas veces los policías son dados de baja inmediatamente al enfrentar estas acusaciones.

La posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, desbordadas por inmigración irregular que alimenta bandas criminales, está detenida también por la deficiencia de reglas del uso de la fuerza (RUF) que puedan resguardar a sus efectivos de acciones penales impulsadas por activistas que se dedican a la persecución penal de uniformados. Incluso emergencias, como los incendios que se viven hoy en el sur, requieren revisar las RUF.

Si no se acepta que la policía ejerce fuerza legítima cuando cumple con su misión institucional de resguardar el orden público, como señalaba el filósofo Jorge Millas, no habrá solución a la criminalidad en Chile.

Por Luis Larraín A. Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

¿Por qué se caen las acusaciones constitucionales?, Luis Larraín 15 octubre, 2020

Como lo consignaba ayer El Líbero, esta es la quinta acusación constitucional contra autoridades del gobierno del Presidente Piñera que fracasa, pese a la mayoría opositora en el Congreso. El juguete que descubrieron los jóvenes del Frente Amplio, siempre apoyados en esto por el Partido Comunista, ya no funciona. Hay razones particulares, atingentes a cada acusación, y otras más generales que ayudan a explicar esta situación.

La acusación contra Mañalich era desde ya temeraria. Presumir que deliberadamente el ex ministro de Salud haya ocultado muertes y acusarlo además de poner en práctica una estrategia que ponía en riesgo la salud de los chilenos fue un despropósito. Si hay algo de lo que no se puede acusar a Jaime Mañalich es no haberse jugado por una estrategia. Lo hizo y logró un objetivo primordial: evitar el colapso de las camas críticas y ventiladores mecánicos que asoló a potencias como España e Italia, que tuvieron que llorar a sus muertos en las calles o incluso renunciar al duelo porque su indiscutible ventaja en materia de recursos fue inútil ante la ausencia de una estrategia. Así lo advirtieron, por lo demás, diputados que no apoyaron la acusación, como Pepe Auth, que aun sin reconocer las virtudes de la estrategia de Mañalich, estuvo dispuesto a aceptar que era absolutamente prematuro descalificarla sin conocer en definitiva cuál será el resultado de distintas estrategias tan disímiles, como la liberal de Suecia o el confinamiento extremo de Argentina, sin datos definitivos sobre el exceso de muertes durante el período de pandemia.

Cada una de las acusaciones tuvo razones como esa para rechazarla: la del Intendente Guevara, interpuesta a los pocos días que asumiera su cargo en medio de violentas protestas; las de Marcela Cubillos y Emilio Santelices, por carecer de cargos concretos y representar más bien una diferencia con las políticas llevadas a cabo por la respectiva cartera. En cada una de estas ocasiones, la falta de fundamentos jurídicos era tan evidente, que no era difícil para un político, por una cuestión de conciencia y de decencia, no concurrir con su voto a destituir a una autoridad y suspender los derechos políticos del acusado por cinco años.

Cosa distinta ocurrió en la acusación contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Su destitución era la piedra angular que los arquitectos del golpe insurreccional contra el gobierno de Sebastián Piñera, que lo despojó de gran parte de su poder, requerían. En efecto, al botar a Chadwick se lograba, además, el objetivo de inutilizar a las policías en su tarea de mantener el orden público, lo que aseguraba que la protesta violenta continuara hasta poder utilizarla como elemento de extorsión contra el gobierno para imponer los cambios políticos que se buscaban: fundamentalmente, modificar la Constitución.

No había entonces fuerza suficiente, ni la conciencia ni la decencia, capaz de enfrentarse a un botín de ese valor. Un solo diputado, el DC Jorge Sabag, se abstuvo en esa oportunidad. Recordemos que poco después, por si la advertencia al ministro del Interior y el Presidente de la República no fuese suficientemente clara, se acusó constitucionalmente al Presidente Piñera, quien por seis votos no se vio expuesto a un juicio político en el Senado que pudo terminar anticipadamente su mandato presidencial. La proverbial capacidad para hacernos los lesos que tenemos los chilenos nos hace olvidar estos hechos que se produjeron hace menos de un año atrás y que hoy día nos tienen embarcados en elecciones que podrían conducirnos a cambiar la Constitución, habiendo utilizado la violencia para conseguirlo.

Quizás lo positivo de este nuevo fracaso es que se ha establecido una suerte de rayado de cancha por parte de la oposición para este tipo de acusaciones. Sólo aquellas que pueden conducir a una sustancial ganancia de poder prosperarán; las motivadas por pequeñas venganzas, afanes de notoriedad y robo de cámaras, quedarán para los saltimbanquis de la política que correrán el riesgo de caer en un cierto aislamiento de sus pares. Ojalá este ambiente ayude a mejorar un poco nuestra política. (El Líbero)

Luis Larraín

Luis Larraín: Los incendios y las forestales 18 febrero 2023

Además de miles de personas cuyas viviendas quedaron inutilizadas, los empleos, plantaciones y cosechas perdidos, que se esconden tras cientos de miles de hectáreas de tierra baldía dejadas por el fuego, los incendios en el sur de Chile nos han dejado una muestra más de la esencia del grupo que hoy nos gobierna.

Analistas de muy distinto pensamiento advertimos, y celebramos, que cuando el gobierno pareció superado por los hechos y la magnitud del desastre pidiera una tregua, llamando a las empresas forestales que ayudaban a combatir el fuego y a políticos de oposición que criticaban su inoperancia a sumarse a una tarea común. Parecía dejar así atrás al cojo que culpaba al empedrado, a la autoridad que criticaba a los centros comerciales por los asaltos que sufrían, o a las inmobiliarias por incendios en Valparaíso que arrasaron casas construidas irregularmente, cuando no en terrenos tomados. Esta vez el villano que habían elegido eran los “monocultivos”, como llaman los seres con organismo unicelular a las plantaciones que incorporaron a la producción a millones de hectáreas de suelo degradado.

Pero la tregua duró poco. Quizás defraudados por la magra cosecha que dejó en las encuestas su espíritu conciliador, el gobierno volvió a la carga contra las forestales. El Presidente Boric no se restó y anunció, aludiendo a los incendios, que venía una mayor regulación en lo que se refería a las empresas forestales. Otra vez el gobierno buscando culpables para exculpar su falta de respuesta; aunque los acusados destinen muchas veces más recursos que el propio Estado a combatir los incendios (tres mil brigadistas, cincuenta aeronaves y esfuerzos heroicos de su personal). Y si Boric fue oblicuo en sus ataques, otros más torpes, como el ministro de Agricultura, vieron el botín y hablaron de cobrar royalty a las empresas forestales. Ignorancia supina hablar de royalty a recursos renovables. La excusa de captar así recursos para el combate a los incendios, mencionada por Valenzuela, es desmentida por la nula utilización de recursos para investigación con los fondos del royalty a la minería. Pura y simple codicia: más plata para contratar operadores para distorsionar así la política.

Y desde fuera de la política vinieron las reacciones más sensatas a los exabruptos gubernamentales. El fiscal nacional unió sentido común a sapiencia jurídica: son parte de las víctimas, dijo. El presidente de la Sofofa apuntó al centro del problema: es un tema de orden público que corresponde al Estado; muchos incendios son intencionales y la persecución criminal no es cosa de privados. Juan Sutil acusó al gobierno de tapar su propia incompetencia. Luego, un paso atrás del gobierno: curiosamente es la ministra Tohá quien declara que no se contempla royalty para la industria forestal. Ya vendrán dos pasos más adelante.

El talentoso señor Jadue 26 septiembre, 2020

El alcalde Daniel Jadue crea temores en la derecha; mal que mal el Partido Comunista tiene el candidato presidencial más fuerte de la oposición. Pero causa también inquietud en la izquierda. A pocos días del cumplimiento del plazo para inscribir candidatos para las primarias municipales aún no hay acuerdo entre los partidos de oposición acerca de los pactos con que enfrentarán ese acto eleccionario. Ese acuerdo es fundamental, porque marca las alianzas para el largo itinerario de elecciones que se vienen en los próximos dos años.

La DC le propone a los de Convergencia Progresista (PS-PPD-PR) un pacto solo con los que están disponibles, pero Álvaro Elizalde se opone a eso y quiere un pacto con toda la oposición. El Frente Amplio insiste en el camino propio, pero no parece tener una figura emblemática que sea símbolo en la elección municipal y eso hace que algunos de sus integrantes miren al lado a Daniel Jadue. El Partido Comunista se sienta a esperar.

No deja de tener razón. No ha pasado un año desde los acuerdos del 15 de noviembre, a los que ni siquiera concurrió, y ya hace rato que marca la pauta en la política chilena. Daniel Jadue les ha caído del cielo (Dios me perdone) y es su instrumento principal para romper el techo que tiene el PC en la política chilena a contar de 1990. Ese techo es del 5% de los votos y cuando mucho puede llegar al 7 u 8 %. Insistiendo con Jadue como candidato presidencial podría romperlo con holgura, según anticipan las encuestas.

El temor de la izquierda no comunista es que Jadue pueda perder en una segunda vuelta contra un candidato moderado de la derecha y empiezan a aparecer entonces algunos viejos tercios de la política chilena que se ofrecen graciosamente como candidatos; entre los cuales no se visualiza ninguno con verdaderas opciones de ser elegido. La izquierda empieza a pagar el costo de haber seguido las aguas del PC y el Frente Amplio, bailando la música que ellos tocan desde hace rato.

Pero eso al Partido Comunista no le importa, le tiene sin cuidado en verdad. Enfrentar las próximas contiendas electorales con el favorito de la izquierda para la próxima elección presidencial como figura simbólica es más importante. Ya ha demostrado que puede conducir las riendas de la política desde la oposición. La votación de alcaldes y parlamentarios comunistas debiera romper con creces el techo del 5% si las cosas siguen como están. Elizalde tampoco parece muy preocupado, pues su apuesta de mediano plazo es la alianza con la izquierda dura del PC y el Frente Amplio.

El Partido Comunista cuenta con una segunda herramienta para jugar este partido. Maneja el joystick de la violencia. La buena performance de Jadue en las encuestas y el próximo plebiscito parecen buenas razones para no activarla ahora. Pero mañana puede ser distinto: eso ya lo sabemos. (La Tercera)

Luis Larraín

La verdad a la reforma de las AFP, Luis Larraín 11 agosto, 2016

La perseverancia del Partido Comunista y los grupos a la izquierda de éste y la debilidad del gobierno de Michelle Bachelet y de la clase política en general nos han llevado a discutir una reforma al sistema de pensiones que va más allá de las propuestas de perfeccionamiento que técnicos de diversos sectores han hecho en los últimos años.

La campaña No + AFP y la movilización pública que le ha seguido, han aterrado a los políticos, que se aprestan a legislar presionados por una serie de falsedades que se han dicho sobre el sistema.

La primera falsedad es que este es un sistema privado con una lógica de mercado que deja a los trabajadores a su suerte al hacer depender la pensión de su capacidad de ahorro. Desde sus orígenes, el sistema de pensiones contempló el aporte solidario del Estado para complementar el ahorro de los trabajadores de menor renta, a través de la pensión mínima establecida en el DL 3.500 y la pensión asistencial, anterior a éste. El elemento solidario del sistema, entonces, no fue introducido por Michelle Bachelet en su anterior reforma, como ha sido afirmado por personeros de la Nueva Mayoría y buena parte de la prensa, sino que solamente modificado. A través de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario se aumentó la incidencia del subsidio estatal en un sistema que ya era mixto, pero se lesionaron los incentivos para ahorrar.

La segunda falsedad es que el promedio de las pensiones de las AFP es de 220.000 pesos y sería similar a las pensiones del sistema de reparto del IPS. Esto es más grave porque proviene de fuentes oficiales. Esa aparente igualdad en el valor de las pensiones entre ambos sistemas está completamente distorsionada, por al menos dos elementos. El primero es que el sistema de AFP incluye como afiliados a todas las personas que cotizaron aunque sea un mes en la AFP. En esa condición hay numerosas mujeres que sin ser parte de la fuerza de trabajo se inscribieron para tener acceso al beneficio del bono por hijo que concedió Michelle Bachelet y que al cumplir 60 años tienen derecho a pensión, que obviamente es muy baja y se toma en cuenta para calcular ese promedio. También hay personas, muchas mujeres, que trabajaron tres o cuatro años y después se dedicaron a cuidar a sus hijos. Todos estos elementos bajan artificialmente ese promedio.

En el sistema de reparto, en cambio, el promedio sólo incluye a personas que cumplen los requisitos mínimos de antigüedad para jubilar (entre 15 y 10 años). De manera que en rigor hay una gran cantidad de personas (se calcula que la mitad de los cotizantes) que tienen pensión cero en el sistema de reparto. Esas no se incluyen en el cálculo del valor promedio que entrega la información oficial, sobreestimando entonces ese valor.

El otro elemento de distorsión es que en el sistema de AFP la pensión se obtiene con 10% de cotización, más las comisiones que llegan a algo más de 2% de la renta en promedio y en el IPS se cotiza en promedio un 20%. Si uno junta estos elementos de distorsión, y los corrige, resulta que el valor de las pensiones de las AFP es el triple del de las del IPS. Si sólo consideramos las pensiones de personas con 20 años de cotizaciones o más en el sistema de AFP, el valor promedio de la pensión no es de $220.000, sino que se empina por sobre los 480.000 pesos y si consideramos los que cotizaron más de 30 años, según lo informado por AFP Habitat, es de 650.000 pesos para hombres y 327.000 para las mujeres.

En forma irresponsable muchos políticos y los líderes del movimiento No más AFP y sus pancartas afirman que las AFP le roban a los afiliados. Esta es una afirmación temeraria y falsa. En 35 años de existencia ni un peso se ha robado a las cuentas individuales de los afiliados a las AFP. Por el contrario, la excelente rentabilidad de 8% anual ha permitido que por cada peso que han puesto los afiliados hoy día tengan tres pesos.

El problema que tenía entonces el gobierno era cómo hacer una reforma previsional que respondiera a las inquietudes de mucha gente, que estaban basadas en un diagnóstico falso. Destruir el sistema de AFP y reemplazarlo completamente por uno de reparto es una alternativa que no es viable sin expropiar los fondos de los trabajadores o inyectar una altísima cantidad de recursos fiscales que se hicieran cargo de pagar las pensiones.

Lo que se ha anunciado hasta ahora por la Presidenta y sus ministros permite concluir que la reforma no resolverá los problemas que tiene el sistema, básicamente el insuficiente ahorro previsional que lleva a bajas pensiones a mucha gente. Había dos posibilidades para hacer eso: incrementar el ahorro o sumar una gran cantidad de recursos al Pilar Solidario. Combinaciones de las dos también servían.

Pero el gobierno no tiene plata en las arcas fiscales, ni siquiera para honrar compromisos anteriores como la gratuidad. ¿Qué hace entonces? Financia el aumento del componente solidario con un impuesto al trabajo. Lo que no puede poner para mejorar las pensiones lo pondrán los propios afiliados y sus empleadores con una mayor cotización previsional. Que esta sea nominalmente de cargo de la empresa, sabemos, no significa que el trabajador no pague parte del costo. A la larga el costo aumenta y lo que no se paga en menores rentas se paga en más desempleo.

En este afán, además, el gobierno está introduciendo el reparto decididamente en el sistema de pensiones. Antes había un componente solidario pero éste se pagaba con rentas generales de la nación. Ahora, como no hay plata, los trabajadores activos, a través de sus empleadores, contribuirán a financiar pensiones de actuales y futuros jubilados según se ha anunciado.

El efecto de esta medida es muy perjudicial para el ahorro y conspira contra el objetivo de aumentarlo en el largo plazo. Obviamente genera incentivos a cotizar menos y a la informalidad o a contratos a honorarios, porque lo que se ahorra ya no irá sólo a financiar la pensión propia sino a un Fondo solidario manejado por los políticos. ¿Cómo sabe cualquier chileno que ese dinero, fruto de su ahorro, no va a financiar la pensión de Myriam Olate?

En el balance entre incentivar el ahorro y promover la solidaridad del sistema, se dará un nuevo paso para lograr el segundo objetivo; lo cual en sí mismo no tiene nada de malo, pero sí tiene costo en términos de menor ahorro. La herramienta elegida, un impuesto al trabajo, es mala porque hace caer el peso en los que producen. Otro incentivo a trabajar menos.

Las demás medidas anunciadas son más bien para la galería, aunque algunas dañinas. Representantes de trabajadores en las decisiones de inversión, devolución de comisiones si la rentabilidad es negativa y AFP estatal entre otras. Ya habrá tiempo de analizarlas pero obviamente la devolución de comisiones induce un comportamiento más conservador de las AFP en las inversiones, lo que afectaría la rentabilidad de todo el sistema llevando a pensiones más bajas. La AFP estatal más el anuncio de nuevas licitaciones de afiliados puede ser la punta de lanza para la estatización del sistema.

En resumen, la reforma previsional de Michelle Bachelet lleva el sello de la impostura, como toda la obra de su gobierno. Una reforma tributaria encubierta y la introducción del reparto.

 

El Líbero/La Tercera

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