Susana Alejandra Jiménez Schuster (1969) [1] ingeniera comercial; magíster en Economía; académica; directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas; en 2010 se integra a Libertad y Desarrollo donde es subdirectora en 2017; vicepresidente de SOFOFA 2020; casado con Marco Comparini Fontecilla (1966) ingeniero comercial, gerente general del Banco Pensa 2006-2010, director de Hortifrut 2012; 4 hijos.

Invexans, sociedad ligada al grupo Luksic,  designó a la economista Susana Jiménez Schuster, transformándose así en la primera mujer en sumarse a la mesa de la empresa. Jiménez, quien hace solo una semana renunció al directorio de BancoEstado donde se desempeñaba desde 2019. La nueva directora es Magíster en Economía de la U. Católica y también cuenta con un Magíster en Humanidades de la U. del Desarrollo. También fue ministra de Energía en el gobierno de Sebastián Piñera, vicepresidenta de la Sofofa y consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía y del Ministerio del Medio Ambiente. Actualmente, ejerce como directora de Soprole y de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, como consejera de políticas públicas de la Fundación Libertad y Desarrollo, y como consejera y vicepresidenta del Comité de Políticas Públicas de la Sofofa. 22 abril 2022

Llevamos demasiados años hablando de la necesidad de una reforma que permita elevar las pensiones de los chilenos y, sin embargo, hoy no estamos más cerca que antes. Si inicialmente la discusión se entrampó en la creación de una AFP estatal, el debate posterior se ha centrado en el destino (reparto vs. capitalización) de la tasa adicional de la cotización. El problema es que, en el intertanto, la actual administración ingresó su proyecto de ley y, sin darnos cuenta, tenemos un elefante instalado en la habitación.

Es bien sabido que la propuesta del Ejecutivo crea un monopolio estatal a cargo de toda la relación con los afiliados y pensionados; recauda la cotización, administra las cuentas, realiza inversiones (solo ahí compite con instituciones privadas), redistribuye fondos y paga las pensiones. El proyecto aumenta la cotización en 6% con cargo al empleador, con un tope 50% mayor al actualmente existente, y crea un gestor estatal que administra la cotización adicional del 6% y además el 10% de las cotizaciones que no manifiesten voluntad expresa de preferencia por otro gestor.

Algo ya se ha debatido en torno a la capacidad real que tendría este monopolio estatal de satisfacer las casi 120 millones de atenciones que requirió el sistema el año pasado, con la calidad y agilidad adecuadas. Pero menos atención ha recaído en el hecho de que, con el sistema propuesto, el Estado se convertiría en el principal gestor de fondos del mercado de capitales en muy corto plazo.

En efecto, el 6% adicional de cotización equivale a un flujo anual de recursos de US$ 5.800 millones que ingresarían al ente público. Bajo un escenario conservador –dada la baja sensibilidad que muestran los cotizantes a cambiarse de administrador– suponiendo que un 60% de los nuevos afiliados se quedara con el Estado, se sumarían otros US$ 6.100 millones anuales. ¡Estamos hablando de 3,9 puntos del PIB que entrarían al fondo administrado por el Estado cada año!

¿Se ha dimensionado lo que ello significa para nuestro reducido mercado de capitales? En poco tiempo, el fondo estatal tendría un enorme poder para incidir en los recursos disponibles para el financiamiento de largo plazo, ya sea de créditos hipotecarios, obras de infraestructura, seguros de vida, etc. Inadvertidamente, poco a poco estarían sentados directores designados por la autoridad de turno en las empresas privadas. No está de más recordar lo que pasó con las inversiones de las AFJP argentinas.

Cuesta creer que esta parte de la propuesta tenga alguna relación con mejorar las pensiones de los chilenos, y no que se busque una organización de la industria peligrosamente controlada por el Estado y con amplios riesgos de captura. Son precisamente estos objetivos maximalistas los que terminan poniendo en duda, una vez más, la factibilidad de aprobar una reforma de pensiones.

Es tiempo de ser razonables y centrarnos en lo que realmente importa. No solo hay consensos ya avanzados en las discusiones previas (como la necesidad de aumentar la tasa de cotización y la implementación y aumento de la pensión universal garantizada), además de preferencias reveladas por la opinión pública (que priorizan la capitalización individual por sobre los sistemas colectivos), sino que hay otros aspectos críticos que requieren promoverse con valentía, como elevar la edad de jubilación de mujeres y hombres, y abordar la informalidad con los incentivos correctos. Sin embargo, mientras primen otros intereses de dudosa vocación seguiremos viendo cómo se posterga un buen acuerdo para Chile.

“Muy poca atención ha recaído en el hecho de que, con el sistema previsional propuesto, el Estado se convertiría en el principal gestor de fondos del mercado de capitales en muy corto plazo”.

Difícilmente alguien podría no querer un buen acuerdo previsional que permita elevar las pensiones de las personas. La pregunta es qué aspectos de la reforma propuesta por el Ejecutivo apuntan a este propósito y cuáles no.

Hay dos aspectos fundamentales. El primero dice relación con lo que podríamos denominar “justicia previsional”, que apunta a superar la pobreza en la vejez, evitar la discontinuidad de los ingresos en la jubilación, y avanzar en equidad entre hombres y mujeres. La segunda, que podemos llamar “libertad previsional”, significa que las personas puedan escoger el sistema de su preferencia, lo que pasa necesariamente por fortalecer la competencia.

En materia de “justicia previsional”, la implementación de la PGU cambió drásticamente el diagnóstico bajo el cual fue elaborada la propuesta de reforma previsional, pues se habrá triplicado el presupuesto para apoyar a los sectores de más bajos ingresos. La clase media, en cambio, podría verse muy perjudicada con la propuesta, puesto que la tasa de reemplazo de las personas de ingresos medios, que actualmente es baja, se vería mucho mejor prospectada si el aumento de la cotización se integrara completamente a sus cuentas individuales en vez de destinarlo a un pilar colectivo.

Por último, para abordar las inequidades existentes, sería mejor hacerlo con fondos públicos que aplicando un impuesto al trabajo; pero si se quiere perseverar en financiar compensaciones (por género, cuidados, hijos u otros) con parte de las cotizaciones, se debiera estimar el costo y financiarlo con un pilar solidario, más sin construir cuentas ficticias y expropiatorias como las cuentas nocionales.

Todo lo anterior apunta a una reformulación de la reforma previsional que debiera reevaluar la magnitud del alza de cotizaciones a la luz del impacto de la PGU, destinar una proporción mayoritaria a las cuentas individuales y, eventualmente, construir un pilar colectivo solidario para financiar las compensaciones entre cotizantes (sin cuentas nocionales). Con ello no sólo se garantiza un mayor ahorro -que redunda en mejores pensiones-, sino que además se incentiva la formalidad laboral y se evitan espacios de discrecionalidad.

En cuanto a la “libertad previsional”, cabe destacar que no hay real posibilidad de elección si todo el sistema se vuelve estatal. La propuesta del Gobierno crea un monopolio estatal en las funciones de soporte y reduce (hasta casi eliminar) las opciones de competir en la gestión de fondos. Lo anterior, sin mediar fundamentos creíbles en materia de eficiencia, sino por el contrario, introduciendo serios riesgos en la calidad de servicio, la fiscalización y el manejo de los conflictos de interés.

La separación de la industria es otro gran tema que tampoco se justifica. Ahora bien, podría argumentarse -en aras de una mayor competencia- que deba existir un actor estatal y que éste preste servicios a terceros en las funciones de soporte, eliminando así una eventual barrera para nuevos entrantes. Lo más incidente, en todo caso, será el cobro por saldo en vez de sobre cotizaciones, puesto que promoverá una mayor disputa de cotizantes vía precios entre los distintos administradores. La libertad de elección, sin embargo, se vería fuertemente limitada si insisten con la triquiñuela de la opción estatal por default.

Los aspectos antes señalados, que son sólo una parte de la reforma de pensiones propuesta, dan cuenta de que no basta con un par de indicaciones para mejorarla, sino que hay que consensuar una reformulación de la reforma que dé garantías reales de beneficios para los jubilados.

“Los aspectos problemáticos de la reforma previsional dan cuenta de que no basta con un par de indicaciones para mejorarla. Hace falta consensuar una reformulación de la propuesta que dé garantías reales de beneficios para los jubilados”.

Han pasado casi 15 años desde que la Comisión Marcel alertara sobre la necesidad de introducir cambios al sistema de pensiones para darle sostenibilidad. Nada ideológico hay detrás de esta advertencia, pues los factores que así lo demandan son comunes a muchos países con sistemas diversos. Las bajas tasas y densidad de cotización, la mayor expectativa de vida y la temprana edad de jubilación tensionan el financiamiento de los sistemas de pensiones en todo el mundo.

El problema es que en Chile todas las soluciones que se han presentado han sido insuficientes producto de la miopía política. Nadie ha querido hacerse cargo en serio y asumir los costos de decisiones difíciles, pues no se atreven a igualar la tasa de jubilación de hombres y mujeres, y menos a postergarla; nos confunden proponiendo cuentas de ahorro colectivo para redistribuir recursos en base a un impuesto al trabajo; y culpan a las AFP de todos los males, como si no hubiesen cumplido con lo esperado (que no es otra cosa que administrar las cuentas y generar una buena rentabilidad, lo que han hecho satisfactoriamente).

Así es como, después de tanto años, seguimos barajando combinaciones para subir la tasa de cotización; discutimos cuánto les reconocemos el derecho de propiedad a los trabajadores sobre sus ahorros vía cuentas individuales –lo que tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía- o si se los traspasamos a los políticos para administrar subsidios; y si debemos incorporar un actor estatal u otras entidades para elevar la competencia (pese a que las comisiones sobre saldo acumulado son más bajo que el promedio OECD); entre otras cosas.

Como si fuera poco, ahora se plantea la idea de establecer cuentas nocionales, una ficción que promete pensiones en función de lo aportado, pero cuyo monto será definido de acuerdo con los parámetros que otros establezcan y, más grave aún, dependerán de lo que todavía quede en el fondo común y de lo que aporten generaciones futuras.

Que no le cuenten cuentos: si hemos de vivir más, tendremos que trabajar más años y cotizar un porcentaje mayor de nuestros sueldos, esfuerzo que debe ser reconocido como propio al momento de la pensión. Han querido convencernos de que eso es contrario a ser solidario con quienes no pueden acumular lo suficiente para una pensión digna. Falso. Ello no depende del sistema escogido (reparto o capitalización individual), pues la solidaridad puede y debe incorporarse en todos los sistemas; la diferencia está en cómo se financia. No parece justo que sean sólo los trabajadores que contribuyan con su sueldo (mayoritariamente clase media y profesionales). Lo razonable es que se financie con impuestos generales, lo que asegura recursos para los más vulnerables pagados, en mayor proporción, por los más ricos.

Ha surgido también la idea de financiar las pensiones solidarias con un aumento del IVA, considerando que 1,7 puntos más equivalen a tres puntos adicionales de mayor cotización. Algunos dirán que es un impuesto regresivo, porque afecta proporcionalmente más a las personas de bajos ingresos; sin embargo, las exenciones (educación, vivienda, transporte) reducen significativamente dicho efecto y resulta más que compensado si dicha recaudación se redistribuye en forma focalizada entre quienes más lo necesitan.

El desafío es que dejemos las consignas y propongamos soluciones reales, pues el tiempo sigue corriendo en contra de los actuales y futuros pensionados. Esto requiere de mucho valor por parte de quienes hoy toman decisiones y cuyos frutos no se verán sino hasta bastante más adelante. (DF)

Susana Jiménez

Durante el cambio de gabinete, el presidente Boric instó a ir “buscando salida a la crisis de las Isapres pensando en los usuarios”. En efecto, no es una crisis de las Isapres, sino una crisis para los usuarios de todo el sistema de salud.

Algunos podrán pensar que el impacto lo perciben principalmente “los que más tienen”, pues son los que pueden pagar seguros privados. Lo sorprendente es que el gasto en salud por persona es hoy más alto en FONASA que en las Isapres, y aun así es un peor prestador de servicios: hay más de dos millones de consultas con especialista en espera y más de 300 mil cirugías sin realizar desde hace cerca de un año y medio, lo que resultaría imperdonable en el sector privado.

El problema radica en que los tres componentes del precio final de Isapres (precio base, factor de riesgo y prima GES) han estado judicializados, lo que no permite compensar los mayores gastos con aumentos en los ingresos. El Gobierno culpa de aquello a las Isapres, pero han sido los fallos judiciales y la administración pública los que han llevado la situación a este extremo. Hoy la solución está en manos del Ejecutivo y del Congreso, pero falta sentido de urgencia.

Un quiebre de las Isapres arrastraría consigo a numerosos prestadores privados cuyos ingresos dependen en un 60% de ellas. Estos no solo atienden a los tres millones de afiliados a Isapres, sino también a otros siete millones de usuarios FONASA que acuden a estos establecimientos en busca de una solución a sus dolencias.

La consecuencia, por tanto, de una crisis terminal de las Isapres sería una congestión del sistema público de salud y un abultamiento de las listas de espera. Además, el desamparo de usuarios con prexistencias sin acceso a seguros complementarios, un riesgo mayor de discontinuidad en tratamiento de enfermos, la pérdida de garantías para las deudas vigentes y con ello el riesgo financiero para los prestadores privados, perjuicios para médicos y otros profesionales de la salud, etc.

Es necesario -como dijeron los ex Superintendentes de Salud- asegurar el equilibrio financiero de las Isapres para evitar estos problemas. Posteriormente, y también a la brevedad, es clave avanzar en una reforma “corta” a la salud privada, que reviva la idea que duerme en el Congreso de un plan único y de un fondo de compensación de riesgo que facilite la movilidad de los beneficiarios y promueva una mayor competencia entre las aseguradoras privadas. El largo plazo, en tanto, demanda una transformación estructural del sistema de salud que lo haga sostenible, con un adecuado proceso de transición.

Ahora bien, la solución estructural de largo plazo no existe si no se resuelve lo urgente, porque si no quedan aseguradoras ni prestadores privados en el sistema todo quedaría reducido a un prestador único estatal, de conocida baja calidad de servicio, con mala administración y peor gestión.

Todos los afiliados hemos tenido alguna mala experiencia con nuestra Isapre y sin duda hay ahí una tremenda responsabilidad y necesidad de cambios. Pero también es cierto que las personas prefieren la libertad de elegir. Es imperativo, entonces, buscar mejoras, dejando de lado posiciones ideológicas y refundacionales, buscando encontrar una salida al problema vigente, porque el costo para los pacientes puede ser demasiado alto.

“Un quiebre de las Isapres arrastraría consigo a numerosos prestadores privados cuyos ingresos dependen en un 60% de ellas. La consecuencia de una crisis terminal sería una congestión del sistema público de salud, un abultamiento de las listas de espera y una serie de otros problemas para los pacientes”.

Susana Jiménez Schuster (1969) Ministra de Energía 2018; “los principios de los que fue una verdadera revolución en materia de energía, y que no son otros que el funcionamiento del merado como motor principal para la asignación eficiente de recursos, basado en la iniciativa privada, las señales de precios y la neutralidad tecnológica, y un rol del Estado abocada a establecer políticas, normas y regulaciones que den garantías de un suministro seguro, eficiente y respetuoso del medio ambiente” (1).

Integra comisión de 10 economistas para formular propuestas que estimulen el crecimiento de largo plazo para entregar informe el 30 de agosto (2).

“Es inevitable que el gobierno complemente su programa Chile Apoya con medidas orientadas a dinamizar la economía, con un potente plan de inversión pública, intensivo en mano de obra y de ejecución inmediata, que ojalá aliente también la productividad del país”. (3)

(1) “la revolución energética”, El Mercurio 4 septiembre 2018

(2) El Mercurio, 29 junio 2021

(3) Diario Financiero, 13 abril 2022

Carta «Ministra Benítez y fallo Castilla» por Libertad y Desarrollo, 11  septiembre 2012 » el fallo de la Corte Suprema en el caso Castilla rechaza el fraccionamiento del proyecto, pese a que está permitido por la ley y es además razonable para una adecuada evaluación de proyectos que estando relacionados, responden a diversos objetivos»

Columna El Mercurio, 26 febrerp 2013 como economista senior de Libertad y Desarrollo: «Agenda energética: el desafío de tomar posturas», «… no basta con eslóganes ni buenas intenciones si queremos evitar que la estrechez energética se convierta en un cuello de botella para el desarrollo…», «se espera también un ingreso mayor de proyectos de energías renovables no convencionales cuyos costos han bajado significativamente en los últimos años. Los beneficios de las ERNC son conocidos, pero también lo son sus limitaciones. Por ello, se debe evitar que se promuevan cambios legislativos que fuercen un ingreso si ello implica perpetuar precios aún relativamente elevados respecto de las alternativas conveniconales…».

América Economía, 31 mayo 2019, artículo: «Proyecto de ley de biocombustibles sólidos: una transición necesaria en Chile»

Columna «Pensiones: la pelota al corner», Diario Financiero 16 octubre 2020: «Han pasado casi 15 años desde que la Comisión Marcel alertara sobre la necesidad de introducir cambios al sistema de pensiones para darle sostenibilidad.
Nada ideológico hay detrás de esta advertencia, pues los factores que así lo demandan son comunes a muchos países con sistemas diversos.
Las bajas tasas y densidad de cotización, la mayor expectativa de vida y la temprana edad de jubilación tensionan el financiamiento de los sistemas de pensiones en todo el mundo…
En Chile todas las soluciones que se han presentado han sido insuficientes producto de la miopía política. nadie ha querido hacerse cargo en serio y asumir los costos de decisiones difíciles»

La minería chilena se ha desarrollado en un contexto de crecientes exigencias ambientales, sectoriales, laborales y técnicas, con costos que han ido en aumento por diversas razones. Desde el punto de vista tributario, la minería del cobre chilena presenta la segunda carga tributaria más alta, luego de Australia, la que además es muy superior a la de los principales competidores en la producción de cobre, como Perú. En este contexto, no es sorpresa que el Informe Fraser, que mide el atractivo para invertir en minería en diversas regiones del mundo, muestre una dramática caída de Chile en el ranking, pasando al lugar n°30 en 2020, tras haberse ubicado en el n°6 hace apenas un par de años. 19 marzo 2021

Diario Financiero 25 mayoo 2021

Como ranas en la olla Diario Financiero 15 Jul 2021

“¿Será que percibiremos el calor recién cuando se acabe la liquidez, se sincere el deterioro del mercado laboral, se paralice la inversión, se vayan los capitales y se termine de imponer la extrema izquierda?”

Así estamos. Como ranas nadando en la olla que se puso al fuego con agua fría, pero que poco a poco se ha ido calentando. Y sin darnos cuenta, puede que sucumbamos en el agua hirviendo.

La temperatura no ha hecho más que subir. Primero fue el estallido, luego vinieron el acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución (aunque la violencia nunca amainó), el plebiscito y las elecciones (con un abrumador triunfo de la izquierda más extrema), y ahora la Convención Constitucional y sus desvaríos.

Ya “en la previa” de la Convención habíamos visto -incrédulos unos, asombrados otros- declaraciones de los constituyentes electos que se atribuían depositarios de la soberanía popular (con plenos poderes), lo que luego se plasmó en la adopción del primer acuerdo donde piden la liberación de los presos por delitos cometido durante el estallido.

Nos enteramos también de que una amplia mayoría de los convencionales son admiradores del Estado omnipresente, recelan de la actividad privada, de la provisión mixta de servicios públicos y de la globalización.

En su primera semana de “trabajo” la Convención Constituyente dio señales preocupantes, con procesos poco democráticos, arbitrariedad a la hora de conducir la sesión, alta opacidad y sectarismo. Los temas constitucionales y reglamentarios brillaron por su ausencia, pero sí hubo tiempo para aumentar y repartir cargos, y para elevar el presupuesto.

En simultáneo, vimos reemerger en los debates presidenciales de la izquierda extrema -cuyo acceso al poder no es para nada descartable- ideas que comulgan más con los fracasados modelos de algunos vecinos latinoamericanos que con los países del mundo desarrollado a los que nos queremos parecer.

Es así como están predominando en el ambiente legislativo, constitucional y electoral propuestas que coinciden en expandir el tamaño del Estado, aumentar regulaciones, elevar impuestos y reducir los ahorros para las pensiones.

Las palabras crecimiento, productividad y competitividad claramente “no venden”, mientras que se minimiza el impacto en el desarrollo de elevar la deuda pública y la carga tributaria.

Nuestra sensibilidad respecto de la temperatura del agua se confunde además por una falsa sensación de prosperidad: celebramos que el IMACEC creció 18,1% en mayo y que el Banco Central elevó las proyecciones de crecimiento a 9% para este año. ¡Cómo no, si la base de comparación es históricamente baja y entre ayudas fiscales y retiros de las AFP se han inyectado US$ 70 mil millones de dólares a la economía!

¿Será que percibiremos el calor recién cuando se acabe la liquidez, se sincere el deterioro del mercado laboral, se paralice la inversión, se vayan los capitales y se termine de imponer la extrema izquierda? Porque ya no se trata de incertidumbre, sino más bien de una preocupante certeza de que vamos mal encaminados.

La esperanza está en que seamos capaces de saltar a tiempo fuera de la olla.

Ayuda para ello la evidencia de que las ideas de la extrema izquierda siempre han demostrado ser malas, porque olvidan que las personas y empresas se mueven por incentivos, y porque pecan de excesivo voluntarismo, lo que redunda en un irremediable fracaso económico, político y social. Esperemos que la centroizquierda y los sectores más moderados destapen la olla -defendiendo principios tan básicos como la democracia, la igualdad ante la ley y la libertad-, para que así no nos cocinemos todos dentro de ella.

Nadie imaginaba años atrás que comprar un carro lleno de alimentos en el supermercado podría tomar sólo unos minutos sin salir de la casa. Menos aún era esperable que en menos de ocho años apareciera un banco 100% digital en Brasil, que ya es el 4° más grande en dicho país y con una valorización estimada superior a la de Itaú o Bradesco.

El potencial e impacto de la tecnología se refleja en que las seis empresas más grandes que transan en la bolsa americana son “nuevas”, es decir, tienen en general menos de 20 años de existencia. Por medio de la tecnología se ha podido irrumpir en mercados masivos y desafiar negocios existentes con estructuras de costos muy inferiores a las de las empresas tradicionales, con la consecuente baja en precios y tiempo de entrega de los servicios y productos.

En Chile también se respira un creciente ambiente emprendedor asociado a innovaciones tecnológicas, con algunos casos muy exitosos como Cornershop, NotCo, Betterfly y Buk. Sin embargo, mientras en el SP500 la categoría de empresas tecnológicas pesa 28%, acá no alcanza el 1%. ¿Qué se puede hacer para impulsar la creación de más nuevos negocios en nuestro país?

La velocidad de los cambios que observamos obliga a ser proactivos y a realizar todos los esfuerzos necesarios en esta dirección. Para ello se requiere eliminar trabas existentes, como regulaciones laborales que no son adecuadas para plataformas digitales, normativas financieras que restringen las operaciones virtuales y barreras de entrada que coartan la competencia, como en los servicios notariales.

Al mismo tiempo, se requiere fortalecer el acceso, conocimiento, difusión y financiamiento con una política pública orientada específicamente a alentar el desarrollo de innovaciones tecnológicas. Es evidente que, sin acceso a internet, no hay posibilidad de participar en el mundo de la innovación tecnológica. Para sacarle buen provecho, se requiere además reforzar la formación y conocimiento digital, algo que ni siquiera las escuelas de ingeniería están priorizando con la velocidad requerida. Por su parte, una política pública de innovación tiene un rol en la difusión de emprendimientos digitales, los cuales suelen ser desconocidos para la mayoría, lo que limita su capacidad de escalamiento.

Por último, pero no menos importante, está el tema del financiamiento. Es bien sabido que el desarrollo del mercado de capitales es vital para que los emprendimientos tengan el apoyo mínimo necesario para desarrollarse. Lo que hemos vivido en el mercado de capitales chileno producto de los retiros de los fondos de pensiones no ayuda a este propósito.

Sin embargo, ha habido algunos avances interesantes. Hasta finales de 2020, Start-Up Chile ha apoyado 2.283 empresas a través de sus distintos programas. El capital levantado (público y privado) por las empresas apoyadas por Start-Up Chile al 2021 alcanza 2,05 mil millones de dólares. Cabe celebrar también la reciente creación de ScaleX, alianza entre Corfo y la Bolsa de Comercio de Santiago, donde los emprendedores podrán tener mayor acceso a financiamiento. Lo cierto, sin embargo, es que se necesita aún más para desarrollar un ecosistema profundo de emprendimiento e inversión a nivel nacional, en el cual debieran activarse académicos, científicos y el mundo empresarial y financiero.

Los nuevos negocios, basados en innovaciones

“Mientras en el SP500 la categoría de empresas tecnológicas pesa 28%, acá no alcanza el 1%. ¿Qué se puede hacer para impulsar la creación de más nuevos negocios en nuestro país?”

tecnológicas, están desafiando a las empresas tradicionales en todo el mundo. Si no nos enfocamos en participar de estas nuevas tendencias, nuestra cartera de empresas puede quedar rápidamente obsoleta, en directo perjuicio de una mayor creación de valor y un mayor bienestar de las personas.

La globalización, que tiene indudables beneficios para el bienestar mundial, está siendo reevaluada a la luz de los acontecimientos, bajo un ánimo creciente por reducir la dependencia de ciertos países. La excesiva necesidad de intercambios con países cuyo contexto político es inestable, o que juegan al margen de los parámetros occidentales de democracia y libre comercio, ha dado cuenta de una debilidad estructural que más temprano que tarde deberá ser corregida.

Donald Trump anticipó este sentimiento de desconfianza particularmente hacia China, estresando fuertemente la relación bilateral y abogando por el “made in USA”. Las medidas adoptadas por las autoridades chinas contra corporaciones locales (el ejemplo más visible son las medidas restrictivas aplicadas a las empresas tecnológicas) se transformaron en una amenaza real para aquellas compañías que dependen del gigante asiático.

Pero es la invasión de Rusia a Ucrania, con su efecto en los mercados internacionales, lo que ha revivido con mayor fuerza la relevancia del riesgo político y reputacional de los países, acostumbrados en las últimas décadas a una relativa armonía y paz mundial que había relegado a segundo plano este indicador.

La globalización y la interconexión han hecho que los efectos de la inestabilidad regional se sientan de forma inmediata y profunda en el mundo entero. El impacto en los precios de commodities, las presiones inflacionarias, el alza de tasas de interés, la contracción del crédito y la volatilidad cambiaria se evidenciaron en todos los rincones del globo.

La reacción más gravosa para la población mundial no provino solamente de las decisiones y medidas económicas tomadas por los distintos gobiernos frente al conflicto, sino de las propias empresas, que son particularmente sensibles a la opinión pública y las preferencias de sus clientes. Eso explica la estampida de grandes empresas desde Rusia, la cancelación de suministros desde ese país e incluso la expulsión de personas y empresas rusas de eventos internacionales. Nadie quiere estar asociado al agresor, que claramente dejó de ser confiable.

Esto refleja que el mercado no perdona y castiga con la velocidad de un misil. Cuidar la democracia, la estabilidad política y el funcionamiento de los mercados se volvió una prioridad aún mayor, porque su interrupción ha probado tener efectos devastadores.

Esta realidad debe ser observada con atención por los países emergentes que suelen ser más vulnerables a los vaivenes políticos. El daño reputacional que genera la inestabilidad política, institucional y regulatoria puede tener efectos incalculables en un mundo globalizado. Como ya se ha dicho, el mercado demora poco en hacerlo notar, por lo que el riesgo país vuelve a ser un actor relevante a la hora de tomar decisiones de inversión nacional y extranjera.

Chile no es la excepción a la regla y debe estar alerta a estas señales. Un país abierto al mundo como el nuestro tiene que cuidar ese capital político, económico y social que ha construido día a día durante décadas, pero que puede perder en poco tiempo si las cosas se hacen mal. Es de esperar que esta realidad no esté ausente en la discusión de nuestros constituyentes al redactar la Carta Magna, aunque las señales entregadas hasta la fecha no parecen estar muy conscientes de aquello.

“Con la guerra en Ucrania, cuidar la estabilidad política y el funcionamiento de los mercados se volvió una prioridad aún mayor, porque su interrupción ha probado tener efectos devastadores. Esto debe ser observado con atención en los países emergentes”.

Hace décadas que Chile aspira a ser un país desarrollado y distintos presidentes han anunciado este objetivo, esperando alcanzar los niveles de ingreso de países referentes. Sin embargo, ahora han surgido voces –especialmente desde la Convención Constitucional– que cuestionan que el modelo a seguir deba poner el desarrollo humano en el centro, y abogan, en cambio, por un desarrollo ecocéntrico, basado en derechos de la naturaleza y en el decrecimiento económico. Subyace en ello la premisa de que a mayor crecimiento, mayor deterioro ambiental.

En épocas pasadas -y Chile no fue la excepción- la actividad productiva generó pasivos ambientales; sin embargo, la situación ha cambiado en forma radical. De hecho, de acuerdo con todos los rankings ambientales internacionales, son justamente los países que han alcanzado su mayor desarrollo los que tienen el mejor desempeño ambiental, al contar con una regulación ambiental que efectivamente internalice las externalidades y que, al mismo tiempo, contribuya a mejorar y reparar el medio ambiente. De esta forma, ha sido el desarrollo ambiental, acompañado de regulación, lo que ha permitido mejorar el desempeño de los países.

La interrelación entre lo ambiental y el progreso social y económico ha sido abordada en múltiples oportunidades en el concierto internacional. Ya en la década de los 80, la preocupación por el posible agotamiento de los recursos naturales limitados y los daños medioambientales que podrían resultar de la actividad económica dio origen a un concepto clave: el «desarrollo sostenible». Ello luego se plasmaría en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015).

La clave del Desarrollo Sostenible se encuentra, precisamente, en el equilibrio de las tres dimensiones de la sostenibilidad: social, económica y ambiental. Resulta evidente que no se trata solo de promover el segundo término (sostenible), sino también de alentar el primero (desarrollo). En efecto, el desarrollo genera progreso, lo que significa que la sociedad puede alcanzar mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. Esto es contrario al inmovilismo o al decrecimiento, que solo lograrían perpetuar la condición de subdesarrollo y así empeorar el desempeño ambiental de los países.

Se trata, entonces, de promover un crecimiento económico junto a lo social y ambiental, lo que se logra a través de la regulación que permite internalizar las externalidades negativas.

La pobreza y el estatismo han desempeñado un papel importante en la degradación ambiental en todo el mundo. La contaminación del aire y de las aguas, o el mal manejo de desechos y la deforestación, tienen estrecha relación con la necesidad de supervivencia, la falta de conocimiento y la carencia de recursos. Con progreso económico, en cambio, se generan recursos para investigar, aplicar criterio científico, innovar y buscar soluciones a los problemas ambientales, sin perjudicar el desarrollo social y económico que todos merecen.

No hay duda de que el mayor progreso ha estado ligado a la libertad de emprender, al desarrollo tecnológico y al despliegue de la inteligencia humana para resolver problemas complejos. Hoy existe además mucha mayor conciencia en Chile de nuestra responsabilidad intra e intergeneracional, contamos con más herramientas para diagnosticar, mitigar y compensar los daños ambientales, y tenemos un marco normativo y legal mucho más exigente. Poner a la persona al centro seguirá siendo una prioridad ética; la buena noticia es que, además, ésa ha de ser la preocupación esencial del desarrollo sostenible

En reiteradas ocasiones se ha señalado que, independiente del resultado del plebiscito, vendrá un período de alta incertidumbre en Chile. A la luz del texto que propone la Convención Constitucional, no solo parece curioso, sino también muy equivocado, equiparar el futuro del país frente a uno u otro desenlace.

No es lo mismo tener un sistema político con una mala distribución de poderes, altamente concentrada en el Congreso de Diputados -que se materializa de ganar el Apruebo-, que tener un sistema con contrapesos y que no debilita instituciones como el Senado y el Tribunal Constitucional, que han actuado históricamente con sensatez.

“SI ALGUIEN AÚN PIENSA QUE LA SITUACIÓN POST PLEBISCITO ‘DA MÁS O MENOS LO MISMO’, ES QUE SENCILLAMENTE NO HA LEÍDO BIEN EL TEXTO QUE ESTAMOS LLAMADOS A EVALUAR. CUIDADO”.

No es lo mismo un Poder Judicial independiente, donde todos somos iguales, que implementar sistemas de justicia diferenciados según el origen de las personas, donde se incorpora la politización y faltan los principios básicos de la democracia: igualdad ante la ley y separación de poderes.

No es lo mismo defender la seguridad, la paz y el Estado de Derecho con todas las herramientas disponibles, que aprobar la restricción de los medios establecidos eliminando el estado de emergencia y desmilitarizando Carabineros.

No es lo mismo un Banco Central realmente autónomo y una política fiscal que limita el gasto público, que aprobar que los políticos puedan aumentar el gasto, crear empresas estatales, imponer tasas y contribuciones, y permitir su endeudamiento.

No es lo mismo velar por la estabilidad de las reglas del orden económico que aceptar que pueda modificarse con quórums irrisorios, de simple mayoría de los presentes. Esto significa que temas importantes -como la propiedad, la libertad económica y de emprender, la nacionalización de industrias o la aplicación de impuestos- puedan decidirlos apenas 30 personas.

No es lo mismo vivir en un país en que todos somos iguales en dignidad y derechos, que aprobar la existencia de grupos privilegiados por su origen étnico, dándoles acceso prioritario a territorios y recursos naturales, el autogobierno, escaños y cupos en los órganos colegiados de representación popular, protección especial de su propiedad y un sistema propio de justicia. Peor aun, al exigirse su consentimiento en materias que les afectan, podrán vetar leyes, proyectos y políticas públicas que sean de interés de los chilenos.

No es lo mismo que hoy los agricultores desarrollen su labor libremente, que hacerlos depender de que la autoridad de turno les dé permiso para usar el agua de la que hoy son dueños. Tal cual: les expropiarán el agua y se la cambiarán por autorizaciones administrativas, incomerciables, temporales y sujetas a revocación. A ello se suma la soberanía alimentaria recogida en el proyecto constitucional, que permitirá la intervención estatal en la producción, un peligro adicional para el mercado de exportación.

No es lo mismo tener derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que resguarde la naturaleza en armonía con el desarrollo humano, que tener una Constitución que considere a la naturaleza como sujeto, le reconozca derechos, otorgue acción popular y se transforme en una amenaza para actividades como la forestal, ganadera, agrícola o industrial.

No es lo mismo hacer minería con concesiones entregadas en sentencia judicial que dejarla sujeta a leyes de mayoría simple y a una conciliación aún incierta entre el derecho de emprender y el derecho de la naturaleza.

Si alguien aún piensa que la situación post plebiscito “da más o menos lo mismo”, es que sencillamente no ha leído la insensatez del texto que estamos llamados a evaluar. Cuidado. No es lo mismo. (DF)

Susana Jiménez

Hace algunos meses, Juan José Martin, el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, con total desparpajo señalaba que “hay que atreverse a que en algún momento no se crezca o, incluso, se decrezca”. Como se dice, ¡cuidado con lo que deseas, no sea que se haga realidad!

Las cifras dan cuenta de un escenario complejo. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda han alertado sobre una fuerte desaceleración económica durante este año y el próximo. Algunos trimestres podrían presentar tasas negativas de crecimiento, para complacencia del señor Martin y otros constituyentes. Estas proyecciones no consideran el impacto que tendría el recién concluido borrador constitucional, lo que sólo puede agravar las cosas.

Como sabemos, el desarrollo económico es necesario para superar la pobreza, generar empleo, satisfacer las necesidades de bienes y servicios, y aportar recursos al Estado. Y para ello requiere de certeza jurídica, estabilidad económica y regulación sectorial.

¿Cómo afecta la propuesta de la Convención en estas materias? Lamentablemente, no hay buenas noticias.

Primero, la certeza jurídica se verá afectada por la modificación general de la institucionalidad y en especial los cambios al derecho de propiedad. Si bien está considerado en el borrador, hay una evidente desconfianza en materia de expropiación, dado el reemplazo del concepto de pago por daño patrimonial causado (valor de mercado), por una indemnización a “precio justo”. De más está decir que eso puede significar cualquier cosa. Además, se liberó al Estado del requisito de “participar en igualdad de condiciones” con los particulares para desarrollar actividades empresariales, principio que velaba por la competencia justa y la responsabilidad fiscal.

En segundo término, la estabilidad macroeconómica enfrenta también sus amenazas. Se reemplaza la iniciativa exclusiva del Presidente, establecida en pro de la responsabilidad financiera del Estado, por las denominadas “leyes de concurrencia”, aumentando los incentivos para apoyar proyectos populistas. Además, se otorgan autonomías financieras y se permite el endeudamiento a regiones, municipalidades y territorios autónomos, lo que afecta la disciplina fiscal. Aún más, se debilita al Banco Central, relajando las reglas de remoción de sus consejeros. El riesgo de intervención en las decisiones monetarias y fiscales es evidente.

Por último, en materia sectorial, las normas sobre bienes comunes naturales le meten “inestabilidad al sistema”. Así, los derechos de agua, hoy protegidos y comerciables, serán meros títulos administrativos, precarios e intransferibles. La agricultura, sector muy afectado, deberá además lidiar con las confusas normas de “sintiencia animal”.

La inapropiabilidad de bienes comunes genera también legítimas dudas sobre otras actividades, como la desalación de agua de mar o la generación de energía eólica o geotérmica. La minería, si bien se salvó de ser estatizada, perdió la seguridad jurídica con que cuenta actualmente, y queda afecta -como las forestales, salmoneras y frutales- al derecho de veto en “tierras y territorios” de pueblos indígenas.

A ello se suman otras numerosas propuestas, como un sistema político sin contrapesos, múltiples sistemas de justicia, derecho a huelga sin limitaciones y negociación ramal; todos elementos que alimentan la incertidumbre y el riesgo para las decisiones de inversión. Si con ello decrecemos, nos empobrecemos. Y lo deseado, más que una aspiración, puede devenir en decepción. (DF)

Susana Jiménez

La globalización, que tiene indudables beneficios para el bienestar mundial, está siendo reevaluada a la luz de los acontecimientos, bajo un ánimo creciente por reducir la dependencia de ciertos países. La excesiva necesidad de intercambios con países cuyo contexto político es inestable, o que juegan al margen de los parámetros occidentales de democracia y libre comercio, ha dado cuenta de una debilidad estructural que más temprano que tarde deberá ser corregida.

Donald Trump anticipó este sentimiento de desconfianza particularmente hacia China, estresando duro la relación bilateral y abogando por el «made in USA». Las medidas adoptadas por las autoridades chinas contra corporaciones locales (el ejemplo más visible son las medidas restrictivas aplicadas a las empresas tecnológicas) se transformaron en una amenaza real para aquellas compañías que dependen del gigante asiático.

Pero es la invasión de Rusia a Ucrania, con su efecto en los mercados internacionales, lo que ha revivido con mayor fuerza la relevancia del riesgo político y reputacional de los países, acostumbrados en las últimas décadas a una relativa armonía y paz mundial que había relegado a segundo plano este indicador.

La globalización y la interconexión han hecho que los efectos de la inestabilidad regional se sientan de forma inmediata y profunda en el mundo entero. El impacto en los precios de commodities, las presiones inflacionarias, el aumento de tasas de interés, la contracción del crédito y la volatilidad cambiaria se evidenciaron en todos los rincones del globo.

La reacción más grave para la población mundial no provino solamente de las decisiones y medidas económicas tomadas por los distintos gobiernos frente al conflicto, sino de las propias empresas, que son particularmente sensibles a la opinión pública y las preferencias de sus clientes. Eso explica la estampida de grandes empresas desde Rusia, la cancelación de suministros desde ese país e incluso la expulsión de personas y empresas rusas de eventos internacionales. Nadie quiere estar asociado al agresor, que claramente dejó de ser confiable.

Esto refleja que el mercado no perdona y castiga con la velocidad de un misil. Cuidar la democracia, la estabilidad política y el funcionamiento de los mercados se volvió una prioridad aún mayor, porque su interrupción ha probado tener efectos devastadores.

Esta realidad debe ser observada con atención por los países emergentes que suelen ser más vulnerables a los vaivenes políticos. El daño reputacional que genera la inestabilidad política, institucional y regulatoria puede tener efectos incalculables en un mundo globalizado. Como ya se ha dicho, el mercado demora poco en hacerlo notar, por lo que el riesgo país vuelve a ser un actor relevante a la hora de tomar decisiones de inversión nacional y extranjera.

Chile no es la excepción a la regla y debe estar alerta a estas señales. Un país abierto al mundo como el nuestro tiene que cuidar ese capital político, económico y social que ha construido día a día durante décadas, pero que puede perder en poco tiempo si las cosas se hacen mal. Es de esperar que esta realidad no esté ausente en la discusión de nuestros constituyentes al redactar la Carta Magna, aunque las señales entregadas hasta la fecha no parecen estar muy conscientes de aquello. (DF)

Susana Jiménez