Isamit Díaz Julio Hernan (1989) abogado.

Le preguntan: «Su mamá votaba por Lavin y su papa por Lagos. ¿Qué sale de esa mezcla?» (1)

(1) Entrevista «con humor», El Mercurio, 4 octubre 2020.

Para hoy miércoles está convocado un paro de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en más de 188 servicios públicos y con la posibilidad de que 120.000 funcionarios dejen de trabajar, en apoyo de la huelga del Registro Civil que ya cumple un mes.

Durante estos 30 días, el Registro Civil ha dejado pendiente más de un millón y medio de trámites, acumulando en Santiago más de 10.000 documentos para ser retirados por los ciudadanos de todo el país, con negativas consecuencias sociales, familiares y personales: largas filas, muchos durmiendo en las afueras de las oficinas públicas para ser atendidos, pensiones sin cobrar por no tener algún documento de identificación, pérdida de oportunidades laborales (que hoy no abundan) por carecer de un certificado de antecedentes, viajes frustrados o afectación de los derechos de salud al no poder inscribir a los recién nacidos, entre muchas otras.

La situación actual nos permite hacer tres reflexiones:

La primera es la necesidad de rescatar lo valioso de la función pública. El trabajo que desarrollan miles de funcionarios en servicio de los ciudadanos del país. La función administrativa se preocupa de satisfacer necesidades públicas de manera permanente, continua y concreta, como bien nos enseñaba el ex contralor Ramiro Mendoza a sus alumnos en la Universidad Católica. Esto recuerda que la Constitución no contempla el derecho a huelga de los funcionarios públicos y por tanto que sus paralizaciones son ilegales, tal como afirmó el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. El problema radica en que el gobierno no tiene contralor, considera a la Constitución ilegítima y su retórica son simplemente palabras que en un mes no ha logrado solucionar el conflicto.

Segundo, se debe avanzar en un Estado justo, que gaste responsablemente sus recursos. El economista Sergio Urzúa, utilizando los mismos datos del gobierno, estimó la remuneración promedio de los funcionarios del registro civil en $1.273.599 mensuales, muy por encima del promedio nacional que no supera los $500.000. Solo cinco de cada 100 empleados del mundo privado ganarían más que ellos. ¿Qué justifica entonces su movilización? La verdad es que hoy todos los incentivos están alineados para promover este tipo de paralizaciones. Imagínese usted: si le pagan el sueldo, no trabaja un mes y hay posibilidades ciertas que luego del conflicto lo terminen bonificando, ¿qué podría convencerlo de ir a trabajar? Esto, sumado a que los funcionarios públicos ven llegar a decenas de asesores políticos cuyo sueldo promedio es bastante mayor aún, con lo que un funcionario leal de un gobierno que supuestamente quiere combatir la desigualdad lo mínimo que puede hacer es sumarse a los ingresos millonarios.

Por último, no se debe perder de foco a los chilenos comunes y corrientes. Miles de personas que durante este mes de paro se han visto afectados. Todos sabemos que en un día normal hay que dedicar varias horas a cualquier trámite que queramos hacer en las oficinas del Registro Civil, lo que solo se va a agravar luego del conflicto por la cantidad de cosas que no se han realizado -¡más de un millón!-. Aquí los perjudicados han sido los ciudadanos, ellos son los que han dormido en las calles para recibir la atención de un servicio “público”, ellos son los que una vez más se han visto abandonados por el gobierno. Lamentable.

El 4 de septiembre es una fecha histórica en nuestro país. Durante décadas fue el día de las elecciones presidenciales que llevaron a La Moneda a Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Cada una de estas elecciones fue una oportunidad histórica para definir el rumbo del progreso del país en cada período presidencial.

Sin embargo, la decisión de este domingo 4 de septiembre es mucho más relevante. El país está en medio de una doble crisis. Por una lado, una evidente discordia constitucional que ha marcado el debate político de los últimos años y, por otro, subsisten urgencias sociales largamente postergadas en salud, educación, pensiones, delincuencia o crecimiento económico, entre otros temas de interés ciudadano. 

A pocos días de la elección, hay pocas cosas que puedan mover la aguja electoral y la gran mayoría de los chilenos ya tomó su decisión. Por eso, vale la pena recordar qué es lo que realmente se vota este domingo.

Primero, una mala propuesta con tres ejes centrales que son dañinos para la estabilidad democrática y las oportunidades de progreso de las personas y las familias: un sistema político empobrecido que concentra el poder en vez de limitarlo; un estatismo asfixiante que ahoga la iniciativa de las personas y dificultará resolver problemas públicos y sociales, y un indigenismo exacerbado, con derechos especiales para pueblos originarios, distintos sistemas jurídicos, la plurinacionalidad y un preocupante reconocimiento “al derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”. Más aún, hay elementos que por sí solos bastan para votar Rechazo: las puertas abiertas a un aborto libre, la supremacía de una igualdad sustantiva sobre la igualdad ante la ley o la existencia de privilegios para grupos identitarios, entre muchos otros.

Todas las Constituciones responden al gran problema de su época. La de 1925 responde al parlamentarismo de facto con un refuerzo de la figura presidencial; la de 1980 busca asegurar la propiedad y la iniciativa ciudadana frente a los hechos que la antecedieron. En cuanto al borrador, este debería haber entregado herramientas para enfrentar la violencia, el terrorismo y la delincuencia; cimentado las bases para la innovación y el emprendimiento en tiempos de rápidos cambios económicos o dotar al país de un Estado más moderno, ágil y eficiente. Nada de eso es abordado.

Segundo, por la forma en que se desarrolló el proceso. Es cierto que Chile siempre ha redactado su Constitución en tiempos de crisis: 1833, 1925 o 1980 y en cada caso se impuso un verdadero poder fáctico constituyente: el poder de la fuerza, especialmente de los militares. Pero aquí se impuso un poder fáctico cuyo principal origen está en severas alteraciones de las reglas electorales, como por ejemplo, la incorporación de 17 escaños reservados para pueblos originarios, que dio a sus representantes un poder de veto insospechado o un privilegio a supuestos independientes que en la realidad estaban mejor articulados que muchos partidos políticos. A esto se suma la grave falta de deliberación democrática en el seno de la Convención, producto de una mentalidad refundacional y sectaria, con lamentables actos de cancelación política, amenazas y funas, que sólo la radical caída del respaldo ciudadano vino a suavizar.

Por último, pero más importante, votar Rechazo este domingo, más que negar la discordia constitucional y la posibilidad de contar con una nueva Constitución, significa rechazar el proyecto refundacional que la extrema izquierda ha impulsado desde el Gobierno y la Convención. Ese proyecto niega nuestro progreso social y económico, cuestiona -e incluso profana- nuestros símbolos patrios y se avergüenza de nuestra historia, cultura y tradiciones.

Por eso, este domingo, como en tantas ocasiones de nuestra historia, los chilenos tenemos una nueva oportunidad de proteger nuestra libertad, la unidad nacional y nuestros derechos. A eso estamos convocados. Por eso voto Rechazo. (El Líbero)

Julio Isamit 

Indignación causó ayer el debate de un proyecto de ley presentado el 2011 por parlamentarios del PC, PS y la Democracia Cristiana, cuyo único artículo castiga con pena de cárcel al que públicamente “niegue, minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos bajo el régimen militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

Detrás de una supuesta intención de condenar la violación a los Derechos Humanos se esconde una nueva jugada política de la izquierda, que busca dividir en momentos complejos del quehacer nacional, a los chilenos en grupos de buenos y malos, en un primer paso hacia normas que moldean la memoria histórica a gustos de quienes legislan. Aparece un odio a la libertad y afán totalitario que parecía desterrado.

Hay varios temas relevantes en esta discusión:

El primero, es la necesaria condena a cualquier violación de los Derechos Humanos, con independencia del momento histórico, sus circunstancias y sin consideración de quiénes son sus víctimas o sus victimarios. En esto se requiere claridad y consistencia y no deben admitirse dobles líneas argumentales.

Por eso llama tanto la atención esa pretendida superioridad moral de la izquierda, que ahora quiere convertir en una superioridad histórica consagrada por ley con sus votos en el Congreso. Son los mismos que sistemáticamente apoyan la violación de los DDHH en Cuba o Corea del Norte -a las que incluso consideran democracias ejemplares- sino que además homenajean públicamente a sus dictadores como Fidel Castro -cuya tiranía acaba de cumplir 57 años- o a Kim Jong Un, de quien nunca se les pasa la fecha de su cumpleaños para felicitarlo debidamente.

Si esta ley de verdad pretendiera condenar la violación de los DDHH, perfectamente podría condenar la exaltación de todos sus atropellos. En ese caso podríamos preguntarnos si Michelle Bachelet minimiza o no los crímenes tras el Muro con su apología de Margot Honecker y la dictadura en Alemania Oriental, o si nuestros parlamentarias Camila Vallejo y Karol Cariola están justificando, negando o simplemente minimizando las violaciones de los DDHH en Cuba cuando se fotografían con Castro y proclaman que sus reflexiones son “luz para Chile”.

Un segundo tema de especial relevancia es la libertad de expresión y el riesgo de la instauración de una policía del pensamiento en nuestro país.

La prohibición legal de lo que se puede decir o no es una de las primeras formas de limitación de las libertades de los ciudadanos, radicando en el legislador la facultad de decidir qué se puede expresar públicamente y qué no. Esto genera el serio riesgo de que las mayorías transitorias puedan terminar encarcelando a una minoría por pensar distinto. Más todavía cuando las normas se redactan de una forma tan ambigua donde todo podría caber, especialmente en el caso de “minimizar”.

Así se aprecia precisamente en dictaduras como la cubana que encarcelaron y persiguieron sistemáticamente a las Damas de Blanco o la misma dictadura chavista en Venezuela que condenó  y encarceló al líder de la oposición Leopoldo López.

Además de la limitación de la libertad de expresión, este tipo de iniciativas tiende a identificar el centro del poder con el centro de la verdad, por lo que se puede terminar corrompiendo el vínculo de las personas en comunidad y ese “vivir en la verdad” al que se refiere Václav Havel, de “seguir la llamada de su conciencia y alzar la voz frente a la mentira”. No por nada en regímenes totalitarios muchas personas llevan una doble vida, una cara oficial, rostro público frente a los demás, y una cara escondida, íntima y familiar.

Por último, este tipo de iniciativas no busca la verdad histórica sino simplemente consagrar la hegemonía de un grupo político. Por ejemplo, el control que la izquierda tiene del Instituto de Derechos Humanos o de ciertas legítimas visiones de la historia que perfectamente pueden contrastar con otras. Debemos proteger la libertad de expresión, incluso de aquellas ideas que no nos gusten o de cosas que simplemente no queremos oír, caso contrario sería censurar a Neruda y su “Oda a Stalin”, los mensajes de cumpleaños o a nuestros jóvenes parlamentarias y sus reflexiones cubanas. O ese gran discurso homenaje que hizo Salvador Allende a Stalin, el máximo genocida de la historia, en 1953. Crímenes que se negaban, minimizaban o justificaban, por la construcción del socialismo.

El domingo 17 de enero de 2010 se celebró la segunda vuelta presidencial que eligió a Sebastián Piñera como presidente de la República. Esto representó un importante hecho en la historia política del país puesto que ponía fin a 20 años de gobierno concertacionista y los ciudadanos elegían por primera vez desde 1958 a un candidato de centroderecha para el sillón de O’Higgins. La alternancia en el poder también era una buena manera de fortalecer la democracia.

Han pasado seis años desde el triunfo de la Coalición por el Cambio y nos encontramos a pocos meses de cumplir dos años de un nuevo mandato de la Presidenta Bachelet. Frente a esto conviene destacar algunas cosas.

La primera, es que los chilenos hemos descubierto que definitivamente no da lo mismo quién gobierne. La que muchas veces se utiliza como una frase de marketing político se ha llenado de realismo en la medida que se implementan las diversas reformas de la izquierda gobernante, que han detenido el crecimiento económico, disminuido la confianza, introducido diversas políticas discriminatorias o aumentado la polarización social entre otras cosas. Estamos frente a un mal gobierno, y así lo percibe la población en diversas encuestas de opinión.

Un buen ejemplo de esto es lo que se ha hecho en educación. Durante el gobierno del Presidente Piñera se crearon en distintas ciudades y regiones los “Liceos Bicentenario” -muchos de los cuales se encuentran ya dentro de los 100 mejores colegios públicos del país- o se implementaba la beca “Vocación de Profesor”, con importantes incentivos para trabajar en la educación subvencionada, en los sectores más vulnerables, como una forma concreta de mejorar la educación pública del país. Por el contrario, la política educacional de la actual Jefa de Estado se ha concentrado en cambio en “quitar los patines” a colegios subvencionados donde estudia parte importante de la población escolar del país, principalmente de clase media y vulnerable, y no ha presentado políticas concretas para mejorar la situación de la sala de clases de miles de colegios públicos a lo largo de todo Chile.

Mientras el gobierno anterior fijó reglas iguales de financiamiento para todos los estudiantes con una tasa de interés equivalente para alumnos de universidades del Cruch y de universidades privadas no tradicionales, el gobierno actual consagra una formula discriminatoria, estableciendo estudiantes de primera y segunda categoría.

Todo esto sin considerar las diferencias en tasa de crecimiento, inversión, número de hospitales construidos, reconstrucción del país luego del terremoto, entre muchas otras cosas.

En segundo lugar,  la administración del Estado no sólo es un instrumento privilegiado para implementar políticas públicas que contribuyan a que los chilenos vivan mejor, sino también sirve como una verdadera escuela de aprendizaje político, donde diversas generaciones confluyen aportando con su experiencia y formación profesional.

El gobierno pasado representó una oportunidad inmejorable para que muchos jóvenes profesionales profundizaran su vocación de servicio público desempeñándose como subsecretarios, jefes de servicio, asesores y en diversas labores que ofrece el Poder Ejecutivo. Muchos de ellos descubrieron un interés por lo público y la importancia de la política, lo que seguro será un gran aporte para el próximo gobierno.

Por último, y como aún quedan dos años para la próxima elección presidencial, estamos a tiempo para reflexionar sobre lo que se hizo bien, mal y qué se puede hacer mejor respecto al gobierno de la centroderecha En ese sentido, temas como la incorporación de voces regionales, una mayor diversidad social en ministerios y subsecretarías o la valoración del rol de las instituciones políticas por sobre la mera administración son temas cruciales para el éxito de un futuro gobierno.

Todo esto es necesario pensarlo desde ya, para asumir en marzo del 2018, desde el primer minuto, el desafío de gobernar para todos los chilenos, de recuperar la dinámica del crecimiento económico y la justicia social, y de fortalecer las libertades personales.

La semana pasada en este mismo medio escribí que había poco que esperar del Mensaje presidencial del 21 de mayo. En efecto, fuimos testigos de un discurso deslucido, que no presentó grandes anuncios y que prefirió profundizar una visión negativa del progreso alcanzado por Chile en los últimos años. En sus palabras, la Presidenta no se hizo cargo de varias urgencias sociales, tales como la derrota de la pobreza, la calidad en la educación o la situación hospitalaria.

Las palabras más aplaudidas por los partidarios de la Mandataria fueron aquellas relativas al “proceso constituyente”. Sin embargo, los aplausos no lograron ocultar la realidad de los hechos: la mínima participación de la ciudadanía en los cabildos convocados por el gobierno. Estiman que hasta el momento han intervenido o intervendrán próximamente cerca de 60.000 personas. Para ponerlo en perspectiva, en el proceso impulsado desde el Ejecutivo participará en torno al 0,5% del padrón electoral, y si consideramos la última elección parlamentaria, la participación de los cabildos no llegaría ni al 1% de los 6.698.524 ciudadanos chilenos que eligieron a nuestro Congreso Nacional. Por eso hemos sido tan claros desde Republicanos: la legitimidad para modificar la Constitución se encuentra radicada en el Congreso Nacional, según la expresa disposición de las leyes y de la voluntad de los ciudadanos.

Pero esto no fue todo. Al iniciar esta semana, el gobierno nuevamente se mostró como el mejor aliado de la oposición. En una entrevista radial, la Presidenta se sinceró sobre tres temas.

Primera confesión presidencial. Consultada si hubiese “pifiado” a alguien que incorporara el derecho a la vida como tema para la discusión constitucional, respondió: “No pues, si todos tenemos derecho a la vida. No sé si en primera prioridad, pero sí…”.

Claramente para la Presidenta el derecho a la vida no es una prioridad. Así queda de manifiesto en la postergación que la política hospitalaria ha experimentado durante su gobierno: han aumentado las listas de espera, sólo se han construido 2 de los 60 hospitales prometidos en campaña y han preferido que los hospitales no se construyan a que los hagan los privados, con un claro perjuicio de los más pobres. Al mismo tiempo, ha sido la mayor promotora de la legalización del aborto en nuestro país, abandonando a las mujeres con embarazos complejos e impidiendo que los niños nazcan.

Frente a eso, solo podemos responder que el derecho a la vida es el primer y más importante derecho que tienen todos y cada uno de los seres humanos, sin distinción por raza, sexo, edad o grado de desarrollo. Es esta visión la que considera que todas las personas son iguales y que merecen llevar y desarrollar una vida digna a lo largo de toda su existencia.

La segunda confesión presidencial tuvo que ver con el derecho a la propiedad. Consultada sobre si lo pondría dentro de los siete requeridos para las actas de los cabildos, la Presidenta señaló que no sabe si lo pondría dentro de los siete primeros porque necesitaba ver el conjunto. Para tener una mínima tranquilidad, señaló que “de todas maneras le importa”.

Esto en medio de un clima de desconfianza económica y de falta de inversión que ha tenido como consecuencia un aumento del desempleo y que ha perjudicado directamente a las mujeres y los jóvenes. Estas frases son, por decir lo menos, desafortunadas.

Muchos en la izquierda ven en la protección del derecho de propiedad la defensa de intereses corporativos o de la propiedad de los más ricos, de esos “poderosos de siempre”. Otros, en cambio, vemos la protección del derecho de propiedad como uno de los mejores instrumentos para permitir que las personas salgan adelante por sí mismas, por su propio esfuerzo e iniciativa, es decir, del modo más humano posible. En ese sentido, nuestra misión política en este tema es hacer que más chilenos sean propietarios, cumplan el sueño de la casa propia o que tengan los medios y el panorama social y político propicio para poder emprender, innovar y crear. No estaría mal partir por esas miles de familias que viven en campamentos, y a las que deberíamos ayudar para que tengan su casa propia.

Por último, la Presidenta terminó reconociendo que la Constitución tenía cosas “estupendas”. Quizás dijo eso recordando el día en que asistió a La Moneda a presenciar cuando Ricardo Lagos firmó la Constitución y declaró que ésta ya no nos dividía y que, por fin, teníamos una Constitución para todos. Quizás hizo esta declaración, pensando en el notable progreso social y económico que un orden institucional como el de la Constitución ha permitido en nuestro país.

De cara a los chilenos, solo podemos agradecer la sinceridad del gobierno y la Presidenta Bachelet. Por desgracia, el derecho a la vida o la posibilidad de que los chilenos progresen por sí mismos no están dentro de sus prioridades. Lamentable, pero cierto.

Julio Isamit, Coordinador General Republicanos.

Isamit Díaz Julio Hernán (1989) dirigente estudiantil del Instituto Nacional, candidato a diputado 2017, jefe de gabinete de la Secretaria General de la Presidencia; Ministro de Bienes Nacionales desde el 28 de octubre de 2019 con ocasión de las manifestaciones de Octubre de 2019: «cuando llama el Presidente, la respuesta es una sola» (1).

«Lo conservador me viene por la admiración a los que Paul Johnson con razón llamaba héroes: Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, tres cacks de la historia del siglo XX» (1).

«Mientras haya algunos que crean que existen las playas privadas, siempre será nuestro tema la orilla de playas» (1).

Le preguntan por Apruebo o Rechazo en plebiscito del 25 de octubre, aunque el presidente prohibió a los ministros opinar sobre este tema. Responde: «mi respuesta rima con esa» (1).

A fines del año pasado llamó mucho la atención que el grupo triunfador en las elecciones para la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica se definiera como “hijos de Guevara, hijos de Chávez y Fidel”. En diciembre de 2016, el régimen chavista experimentó su mayor derrota electoral a manos de la oposición en las últimas elecciones legislativas.

En este contexto, resulta valiosa y oportuna la visita a Chile del profesor venezolano de Derecho Constitucional y analista internacional Pedro Afonso del Pino, para inaugurar el año académico del Instituto Res Publica y la Fundación ChileSiempre.

La situación venezolana permite obtener varias lecciones relevantes para nuestro país.

Podemos partir constatando un hecho: hoy, los verdaderos “hijos de Chávez” viven en un país más pobre, más dividido, más violento y con menor acceso a bienes básicos. Cualquier joven de veintitantos años –como nuestros dirigentes universitarios- ha vivido la mayor parte de su vida bajo un régimen personalista y demagógico. Muchos de ellos han sido obligados por las circunstancias a emigrar, buscar trabajo y mejores oportunidades fuera de su país. Viven en el país más violento del mundo, al punto que algunas manifestaciones universitarias terminaron con varios muertos por enfrentamientos entre partidarios del régimen y opositores. Panorama radicalmente distinto al que viven esos autodenominados “hijos de Chávez” en nuestro país.

Una segunda cosa importante es el populismo instaurado en el país petrolero. De forma totalitaria, se ha llegado a la concepción que la soberanía radica en los “triunfadores” que se imponen a los “vencidos”, desconociendo la idea fundamental de que ésta se sustenta tanto en las fuerzas gobernantes como en las opositoras. Ambas tienen la legitimidad para intervenir en beneficio del bien común. Tan legítimo como sacar adelante un programa de gobierno lo es el rol de la oposición para rechazarlas y proponer una alternativa. En eso, después de todo, consiste uno de los principios básicos de la democracia.

En este sentido, siempre es relevante mantener un ambiente de amistad cívica republicana donde se respete al opositor y su posición. En política podemos discutir y discrepar -incluso radicalmente-, pero nunca podemos ver enemigos donde solo hay adversarios, y más todavía, compatriotas. Al enemigo se le destruye, al adversario se le derrota democráticamente. La diferencia no solo es en cuanto términos, sino en sus consecuencias.

Otra consideración es que si bien la economía no es el único tema relevante, sí es muy importante para el progreso de los países. Venezuela, un país rico en geografía y recursos, experimenta hoy un severo desabastecimiento, donde la percepción de escasez llega a un 90%, el Fondo Monetario Internacional estima que cerrarán el 2016 con 750% de inflación y nada más ni nada menos que experimentarán un decrecimiento de 10 puntos en su Producto Interior Bruto.  En síntesis, los venezolanos son más pobres y viven peor que antes.

La crisis económica ha provocado un racionamiento en productos básicos, largas filas para comprar en los supermercados y que la pobreza afecte a un 76% de la población, de los cuales casi la mitad corresponde a pobreza extrema. El sueldo mínimo en términos reales no supera los diez dólares mensuales, es decir, poco menos de $7.000 pesos chilenos.

En esto, la retórica de la izquierda es nuevamente descarada. Para los chavistas -tanto padres como hijos-, en Venezuela no hay inflación, sino que especulación. Para ellos no hay escasez, sino acaparamiento, y la crisis no es más que una “guerra económica”. Retórica pobre, populista y vacía. Retórica de guerra y no de progreso.

Frente a este panorama es relevante cuidar dos cosas vitales para el desarrollo de Chile: la democracia como sistema político y una economía libre, sana y próspera. La democracia requiere una institucionalidad sólida, leyes justas y políticos respetables. La economía necesita reglas claras, incentivos y la ética indispensable para el desarrollo de cualquier instrumento, como lo es la economía libre. Además requiere resultados, porque el objetivo es que la gente viva mejor.

La historia nos ha enseñado que estos regímenes colapsan y caen. El Muro de Berlín fue derrumbado por los propios alemanes del Este y las balsas no van desde Miami a La Habana sino que al revés. La libertad tarda, pero siempre llega. Venezuela no será la excepción. El problema es el sufrimiento indigno que ha tenido que vivir un pueblo hermano, por más de 17 años, sólo por el voluntarismo ideológico de establecer en la tierra el socialismo del Siglo XXI.

Julio Isamit, Coordinador General Republicanos.

El 4 de septiembre, todos los ciudadanos con derecho a voto estamos convocados de forma obligatoria a pronunciarnos sobre el borrador constitucional propuesto por la Convención. En la papeleta no se enjuicia el acuerdo de las izquierdas para reformar post Apruebo ni los compromisos previos de la centroderecha para el caso de triunfar el Rechazo. Lo único que se vota es si el borrador constitucional merece o no convertirse en nuestra Carta Magna.

Sin embargo, tanto para enfrentar el plebiscito, como para encauzar el debate post 4 de septiembre, la centroderecha debe tener a la vista tres elementos cruciales:

Primero, la importancia de un diagnóstico adecuado sobre el proceso político que vive Chile. Existen muchas interpretaciones del 18 de octubre, pero es ingenuo ignorar que para parte importante de la extrema izquierda fue el inicio de una verdadera revolución cuyo punto cúlmine es el cambio constitucional. Para ellos el proceso constituyente no fue una solución institucional a la violencia, sino la institucionalización de la revolución. No por nada, la Convención en sus inicios adhirió al más furibundo programa octubrista: soberana y refundacional.

Frente a eso, se debe reconocer que la actual Constitución Política se encuentra plenamente vigente hasta que los ciudadanos lo decidan, porque pese a sus limitaciones y desacreditación política, es deber de las autoridades cumplirla y hacerla cumplir. De lo contrario, seguiremos siendo testigos del absurdo de ver a los mismos que pregonan su muerte -en uno y otro lado- ejercer sus cargos, cobrar sus sueldos e invocar las prerrogativas que la propia Constitución establece.

Una segunda idea relevante, es convencerse de la legitimidad que la centroderecha tiene para intervenir en política, huyendo de una pobre visión que reconoce superioridad al adversario, se autocensura y termina en la aceptación de vetos por la contraparte. Es deber de la derecha promover sus ideas y representar a sus millones de votantes en la discusión constitucional, sin derecho a renunciar a las ideas que hacen que muchos chilenos los respalden.

La centroderecha podrá tener más o menos votos, más o menos convencionales, pero nunca tendrá menos legitimidad para difundir y promover los principios de primacía de la persona, bien común, libertad, subsidiariedad y solidaridad en el orden social, que han sentado las bases del progreso de Chile.

Es cierto que muchas veces parte de la coalición prefirió cobijarse en las reservas de constitucionalidad de muchos malos proyectos, antes de realizar el trabajo cultural y político de convencer a los chilenos que dichos proyectos los perjudicaban y presentar una alternativa desde nuestras ideas. Pero peor aún, es hacer propias las ideas y errores ajenos.

Tercero, la centroderecha debe recordar la clásica misión de una Constitución, que no es otra que limitar el poder, reconocer y garantizar los derechos y libertades de las personas. Sin perjuicio de eventuales y necesarias incorporaciones en materias sociales. Para eso, debe existir un total compromiso post 4 de septiembre de redactar un nuevo borrador o impulsar las reformas que logren este objetivo, pero sin caer en la trampa de las izquierdas que muchas veces busca más consagrar un programa de gobierno a nivel constitucional que solo establecer las reglas del juego, para que las fuerzas políticas desplieguen sus propias ideas desde el Ejecutivo o el Legislativo.

El 4 de septiembre es un día decisivo en la historia de Chile, pero también lo serán los días que lo seguirán, donde tendremos una nueva oportunidad de tratar la discordia constitucional, sabiendo que para superarla se requiere liderazgo y generosidad, pero también las ideas de todos, sin vetos ni autocensuras.

Hoy 5 de agosto se cumplen cinco años del derrumbe de la mina San José en Copiapó. Un lamentable accidente que estremeció a todo un país. 33 mineros estuvieron por setenta días atrapados a 720 metros de profundidad. Durante más de dos semanas estuvieron incomunicados y Chile entero ignoraba si seguían con vida. La incertidumbre, el sufrimiento de las familias y las complejidades del rescate fueron transmitidos en directo a todo el mundo.

El resto es historia bien conocida, e incluso una película que se estrena esta semana -que ciertamente vale la pena ver- revive estos acontecimientos. Al igual que todos recordamos dónde estábamos para el terremoto del 27 de febrero del mismo 2010, a todos se nos hace fácil recordar qué hacíamos al momento del rescate y la emoción que experimentamos ese 13 de octubre cuando surgió de las profundidades de la tierra la cápsula Fénix con el primero de los rescatados, en un acontecimiento histórico seguido por más de 1.000 millones de televidentes en todo el planeta.

Cinco años después podemos hacer varias reflexiones relevantes, de las cuales destaco solo dos:

La primera, considerar el valor y la dignidad de toda vida humana. La decisión del Presidente Piñera y de su gobierno de insistir en la búsqueda de los mineros -aún con todas las probabilidades en contra-, es una muestra clara del compromiso que una comunidad debe tener con cada uno de los miembros que la componen, especialmente con aquellos que están sufriendo o se encuentran en dificultades. No se deben escatimar esfuerzos, tiempo ni recursos cuando se trata de una vida humana, con la convicción profunda de que el Estado se encuentra siempre al servicio de las personas, que son, a fin de cuentas, el verdadero centro y raíz de cualquier orden social.

Este mismo imperativo político y moral que nos llevó a gastar tiempo y recursos en el rescate de 33 hombres (que va más allá de cualquier examen económico), debe movernos a una acción pública decidida en materias que afectan a millones de chilenos, tales como las colas en los consultorios, la drogadicción en los sectores más vulnerables o el aumento sostenido de la violencia en materia de delincuencia, por nombrar solo algunas de las principales urgencias sociales de nuestro país.

La decisión inclaudicable de no parar hasta rescatarlos con vida, por ejemplo, es la que se debe tener frente a la discusión de una ley de aborto, que pretende abandonar a su suerte a tantas mujeres y niños que pasan por momentos difíciles. A los mineros, a esas mujeres o niños, a los jóvenes que requieren apoyo para estudiar o a las familias que necesitan una mano solidaria, a ninguno de ellos la sociedad los puede dejar solos.

En segundo lugar, es necesario restablecer una cultura del trabajo bien hecho. Mantener vivos por más de 70 días a los mineros, articular la colaboración de varios países y  rescatarlos a más de 720 metros de profundidad sigue constituyendo hoy una proeza técnica y política. Proeza de la cual los principales actores fueron los mismos mineros sepultados, que con coraje y decisión lograron ganarle esta pasada al destino, así como sus familias entregadas con fe y decisión en su búsqueda.

Sin embargo, es necesario advertir que esta situación no se hubiese producido si el Estado hubiese cumplido con su rol fiscalizador, considerando que el 2008 el Sernageomin había nuevamente autorizado la operación de la mina San José, que había sido clausurada precisamente por un accidente fatal. Sin ir más lejos, la misma semana del accidente el Presidente Piñera reestructuró toda la plana mayor del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Al mismo tiempo, la responsabilidad de los dueños de la mina es evidente, considerando que la explotación minera data de mediados del siglo XIX y que no contaba con las medidas de seguridad exigidas en la actualidad para garantizar la vida e integridad de sus trabajadores. Peor aún es la absoluta falta de empatía de estos empresarios con sus trabajadores y con sus familias en medio de la tragedia.

Hacer bien las cosas tiene un importante valor moral, el cual queda en evidencia en los acontecimientos de la mina San José. Igualmente tiene un efecto práctico inmenso. La labor gubernamental no puede abandonar esta cultura del trabajo bien hecho, de eficiencia y eficacia, al servicio de las personas, porque a fin de cuentas es la mejor manera de poner al gobierno en el servicio de los ciudadanos.

La película “Los 33” concluye con el rostro de cada uno de los mineros, abrazados al término de una historia que muestra lo mejor de lo nuestro: el valor de cada vida humana, el trabajo bien hecho, la importancia de la familia, la fe de los mineros, la solidaridad de todo un país, las tradiciones del norte y tantas otras cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser chilenos.

Sorpresa causó el fin de semana la entrevista a Nicolás Eyzaguirre en El Mercurio sobre el estado de las reformas y la crisis por la que atraviesa nuestro país. En una actitud que se está haciendo habitual, los ministros de Palacio utilizan los medios de comunicación para realizar fuertes críticas a la labor de su propio gobierno, práctica que instaurara la Presidenta Bachelet al pedir la renuncia de su primer gabinete en medio de un programa de televisión.

Si bien hoy existe un consenso generalizado del mal momento político que enfrenta la Presidenta de la República producto del deterioro económico, la crispación social y el contundente y transversal rechazo que suscitan las reformas del gobierno, sigue siendo valioso que el ministro más cercano a Michelle Bachelet y a quien se creía situado en el ala más izquierdista de la administración, realice un profundo mea culpa sobre las reformas y la gestión política.

Esto llama la atención a lo menos por tres cosas.

Primero, la coalición gobernante está olvidando las más elementales reglas de la lógica, y desarrolla una interesante jugada política de ser al mismo tiempo gobierno y oposición. En esto, Eyzaguirre viene a sumarse a un estilo que tan magistralmente ha desarrollado Ignacio Walker en el último tiempo: discurso sensato, mesurado e incluso crítico en columnas y entrevistas, pero al final seguir el ritmo del PC y los sectores más izquierdistas a la hora de impulsar y aprobar proyectos.

Segundo, el ministro Eyzaguirre es consistente con la que ha sido la tónica en este gobierno: la absoluta irresponsabilidad por la situación económica, social y política que enfrenta Chile. Muchos ministros reconocen en público y en privado que el frenesí legislativo dificulta el desarrollo de proyectos serios y técnicamente adecuados, pero la agenda del gobierno sigue imparable, legislando al mismo tiempo la supuesta gratuidad en la educación superior, promoviendo el aborto, la reforma laboral, entre muchos otros.

La triste experiencia de la reforma tributaria que ha debido ser complementada con 50 circulares del Servicio de Impuestos Internos, debiese haber bastado para aprender la lección. Por desgracia, tropezamos con la misma piedra cuando por ejemplo el Ministerio de Educación en vez de concentrarse en dictar los 16 nuevos reglamentos fruto de la reforma educacional, sus autoridades ya están empeñadas en cambiar el financiamiento de la educación superior, del cual conocemos ya cuatro planes distintos y contradictorios, en pocos meses. Cuando hacer mal las cosas se vuelve hábito, el resultado necesariamente es malo.

En tercer lugar, en un escenario como el actual, donde las voces detractoras vienen tanto de la oposición como de sectores cercanos al gobierno, la gran mayoría de chilenos que rechaza al actual gobierno podría confundirse y ver en personas como Eyzaguirre, Lagos o Walker los verdaderos referentes de la oposición al gobierno de Bachelet. No hay que olvidar que esos mismos nombres le dieron todo el apoyo al plan de gobierno en la campaña presidencial y en los primeros meses de gobierno, y solo la pérdida de apoyo popular –manifestada en un histórico rechazo a la presidenta Bachelet- gatilló sus críticas y su nuevo rol detractor.

Se dice que las encuestas son simples fotografías del momento. En esta pasada nadie quiere aparecer con la Presidenta, pero no sabemos qué puede suceder en el futuro y si ella es capaz de recuperar el apoyo popular, y con ello el de sus ministros, sus senadores y los ex presidentes de su propia coalición.

Por otro lado, la verdadera oposición a un gobierno de izquierda y al mayor intento de imponer las ideas socialistas en nuestro país en los últimos 25 años no vendrá de la propia izquierda, sino que de aquellos que promueven con fuerza un Chile más libre y más justo, donde las personas puedan nacer, crecer, vivir y trabajar, para así sacar adelante a sus familias con mejores oportunidades para cada uno de sus hijos. En ese sentido es tremendamente valioso el esfuerzo que partidos políticos, movimientos, centros de estudios y una gran suma de independientes hacen por articular una coalición de centroderecha moderna, con ideas claras, espíritu unitario y un mensaje de futuro.

Ahí radica la verdadera oposición, que tiene el gran desafío de representar a esa profunda mayoría de chilenos que rechaza semana a semana, mes a mes, cada una de las reformas socialistas, que ha dejado de confiar en sus líderes y solo busca una oportunidad para desarrollarse libremente.

El domingo pasado en una entrevista a La Tercera dimos a conocer “Republicanos”, una nueva plataforma política que pretende impulsar transformaciones en nuestro país y decir cosas que muchas veces se dejan de lado en el debate público. Esperamos contribuir a una coalición de centroderecha moderna, diversa socialmente y enfocada en los problemas que a los chilenos les importan. Lo hacemos desde la juventud en la convicción de que todos debemos aportar a una sociedad más libre y justa.

Para esta nueva etapa somos conscientes de la centralidad que las ideas deben tener en cualquier proyecto político. En ese sentido, los republicanos nos declaramos partidarios de ciertos principios fundamentales que promoveremos en el debate público, desde una óptica ciudadana y con el sentido común de los chilenos.

Creemos en la dignidad de cada ser humano, y por eso con la misma fuerza que defendemos el derecho a la vida lo haremos para que todos puedan llevar la mejor vida posible. Sabemos que este tema no se agota en el aborto, sino en cómo desarrollamos una sociedad más humana que acoja a todas las personas: permita nacer al niño, apoye a su madre y le de las mejores oportunidades para surgir a lo largo de su vida.

Los republicanos queremos empoderar a la sociedad civil, sabedores que la fuente de la vitalidad social se encuentra en las personas y en sus instituciones, en su empuje y en su emprendimiento. Es necesario limitar el poder político y traspasar más responsabilidades a las comunidades locales, especialmente a las comunas.

También se  acabar con el centralismo del Estado, traspasando el foco a las regiones, para que Chile tenga diversos polos de desarrollo y nunca más los camioneros u otros trabajadores tengan que venir a Santiago para ser escuchados por el gobierno.

Al mismo tiempo, se debe poner fin a la cultura de irresponsabilidad gubernamental en el uso de los recursos públicos. Es natural que los chilenos nos indignemos con situaciones tales como los millonarios sueldos de los múltiples asesores de gobierno, la pérdida de más de 300 millones de dólares en la mantención de yacimientos mineros no rentables o bien aumentar el número de diputados y senadores con un millonario costo adicional. En momentos en que se anuncia que no se podrán construir todos los hospitales prometidos a los chilenos, esto es simplemente inaceptable, porque demuestra las prioridades equivocadas y es una verdadera burla a los más pobres.

Al igual que el poder político, el poder económico también debe ser limitado. En ese sentido, se debe mantener los pilares que han generado progreso y han permitido sacar a parte importante de la población de la pobreza. Somos partidarios de una economía libre y de una sociedad de emprendedores, que vea en el esfuerzo de miles de personas un espacio de libertad y el motor del desarrollo. En ese sentido, urge asegurar condiciones de libre competencia, promueva la pequeña y mediana empresa, amplie y potencie las oportunidades laborales, con especial acento en los jóvenes y en las mujeres.  Hoy esto se ve perjudicado tanto por la reforma tributaria como por una reforma laboral que solo buscan acrecentar el tamaño del Estado y la burocracia así como la influencia de grupos de interés.

Estas son algunas de las ideas que constituyen el núcleo del proyecto republicano, sumado a otros temas como una educación libre y de excelencia, la importancia de la familia y una salud digna, entre varias otras preocupaciones.

Para nadie es una sorpresa que la política no pasa por un buen momento, como lo desmuestran sostenidamente diversas encuestas de opinión. Se debe recuperar la confianza y construir puentes entre la política y la ciudadanía. Para ello es necesario, entre otras cosas, acabar con la elitización de la discusión pública, que se aparta demasiado de las verdaderas necesidades del ciudadano común.

Debemos centrar nuestras preocupaciones en lo que a los chilenos les importa.Creer que la crisis de confianza se va a solucionar con un mayor número de parlamentarios o que la participación ciudadana aumentará con la elección de intendentes sin poderes efectivos, es no comprender el momento político que vive el país.

En estas circunstancias, los republicanos esperamos contribuir a que los chilenos se interesen y participen en política, desde sus preocupaciones y con un profundo sentido de responsabilidad social. Así lo haremos, con nuestra diversidad social, sentido generacional y convicción.

En las últimas semanas me ha tocado estar en diversos foros con estudiantes secundarios y universitarios para debatir, entre otros temas, sobre el derecho a la vida, la educación y los desafíos de la política.

En todos estos encuentros un argumento recurrente de la contraparte es la necesidad de una nueva Constitución, para así mejorar el sistema educativo, acabar con la desigualdad, ennoblecer la política y obtener un medio ambiente libre de contaminación, entre muchas otras cosas. En suma, una nueva Constitución como remedio mágico para acabar con todos nuestros males. Esto seguirá siendo así, más aún después del anuncio de la Presidenta respecto al plan de reforma constitucional.

En todos estos debates y en el discurso de la Presidenta de ayer se destaca la “ilegitimidad” de origen de la actual norma suprema aduciendo que el plebiscito nacional que la ratificó en 1980 no otorgaba las garantías de trasparencia y participación requeridas, sin registros electorales y con vocales de mesa designados, tal como relata el libro El fraude del profesor de la UDP Claudio Fuentes.

Uno de los problemas de los que sostienen esta tesis, entre ellos la Presidenta, es que ignoran, olvidan u omiten deliberadamente lo que pasó luego del 11 de septiembre de 1980. La misma Constitución cuya legitimidad denuncian consagró las reglas según las cuales se verificó el plebiscito del 5 de octubre de 1988 en el que se impuso la opción “No” a la renovación del mandato del general Pinochet por ocho años más.

Más aún, luego de la derrota del Sí, se consensuó un paquete de 54 reformas entre el gobierno y oposición, el que fue plebiscitado en julio de 1989 y en el que 6.069.440 chilenos (equivalentes al 91,25% del cuerpo electoral) votaron por su ratificación. Cinco meses después, ese mismo cuerpo electoral eligió presidente de la República a Patricio Aylwin con 3.850.571 votos (un 55,17% de los votos válidamente emitidos). Todos los sectores salvo el Partido Comunista y los grupos de izquierda extra parlamentaria apoyaron la reforma y manifestaron su conformidad. Así lo valoraban también los chilenos que en la encuesta CEP de julio de 1989 mostraba que un 73% de los ciudadanos consideraba “muy importante” el acuerdo entre gobierno y oposición.

Varios años más tarde, en 2005 un nuevo acuerdo político logró los quórums requeridos, y modificó la Constitución en el Congreso Nacional. Por este acuerdo se eliminan los senadores vitalicios e institucionales, se redujo el mandato presidencial y se otorgó al presidente de la República la facultad de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, entre otras importantes reformas. Ese mismo año el presidente Ricardo Lagos, al firmar la nueva carta fundamental señaló que estamos frente a “una Constitución que no nos divide”. Entre sus firmantes está Nicolás Eyzaguirre, quien ahora deberá tramitar su modificación por considerarla ilegítima.

El argumento de la “ilegimitidad” es tremendamente complejo y puede llevar al absurdo. Si la Constitución no es legítima, sería muy difícil que el gobierno del presidente Aylwin lo sea, ya que obtuvo dos millones de votos menos que la reforma constitucional de julio de 1989, con el mismo cuerpo electoral y solo pocos meses después. Si las reformas en el Congreso Nacional tampoco son legítimas y la Constitución de Lagos también es un fraude significa que el primer gobierno de la presidenta Bachelet tendría serias dudas de legitimidad y también su segundo mandato, en el que fue electa con 3.470.055 de votos, dos millones y medio de votos debajo de lo que obtuvo la Constitución en 1989.

Pero el problema de fondo no es una cuestión de legitimidad. A la izquierda no le molesta que la Constitución la haya hecho Pinochet, se haya reformado vía plebiscito con un contundente apoyo político y popular ni que la haya sacralizado Ricardo Lagos con un acuerdo político transversal en 2005. Lo que a la izquierda le molesta son las ideas contenidas en la Constitución. Esto es porque ella consagra la importancia de la persona, un Estado al servicio de ella y no al revés, la subsidiariedad que no pone el motor del desarrollo en el Estado como los países socialistas y que consagra el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, el derecho a la educación y la protección de la libertad de enseñanza, el derecho a la seguridad social e incluso el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Por eso es necesario sincerar el debate. Ya sabemos que parte de la izquierda se arrepiente de la transición y que hoy no apoyan la Constitución. Por eso podemos preguntarles, ¿qué cosa no les gusta?, ¿qué cosas cambiarían? Es lo mínimo que podemos preguntar para tener un debate serio y donde las posiciones se transparenten. Hoy ni siquiera queda medianamente claro cómo se modificará.

El lunes 30 de noviembre me tocó participar en un debate sobre liderazgo y educación, organizado por el DUOC UC, al que asistieron más de 400 de sus alumnos que destacan en actividades sociales, de voluntariado o deportivas. El panel lo componíamos también jóvenes de distintas edades: los diputados Jaime Bellolio y Giorgio Jackson, y la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra. En mi caso asistí como coordinador de Republicanos. El panel fue moderado por el periodista Matías del Río.

Este tipo de encuentros resultan particularmente valiosos y merecen un especial reconocimiento. Así como ésta, muchas otras fundaciones, colegios, universidades, centros de alumnos y diversas instituciones organizan seminarios, debates, congresos o programas de formación, para tratar distintos asuntos de interés nacional en un verdadero programa de “educación cívica”, que surge de manera espontánea gracias al impulso del interés ciudadano y la iniciativa social sin necesidad de complejos planes ministeriales o millonarias (además de breves e ineficientes) campañas comunicacionales del gobierno.

Al final del debate un estudiante del público me hizo el comentario de que si bien éramos jóvenes, le llamaba la atención que pensáramos tan distinto y discutiéramos como si fuéramos parte de la “vieja política”. Me quedé pensando en su afirmación y le respondí que la diversidad de opiniones en política era algo valioso. La democracia acepta y exige la diversidad de posturas, así como la resolución de las diferencias de manera civilizada y pacífica. En este caso, si pensábamos distinto respecto a cosas importantes de la persona o la sociedad, es precisamente porque veíamos a Chile de manera distinta y que soñamos diferentes futuros para el país.

Sin ir más lejos, los estudiantes que participaron del debate pudieron ver dos formas opuestas de enfrentar un mismo problema, tal como el financiamiento estudiantil. Por un lado, los jóvenes de izquierda insistieron en financiar a todos los estudiantes, ricos y pobres, con los recursos estatales en ciertos lugares. Por otro lado, los de centroderecha sostuvimos que los recursos de todos los chilenos debían destinarse a los estudiantes más vulnerables estudien donde estudien y cumpliendo requisitos iguales para todos. Sencillamente porque estamos convencidos de que Chile tiene todavía muchos problemas sociales y debemos destinar los recursos, siempre escasos, precisamente a apoyar a los que tienen menos, los que no disfrutan de una salud como corresponde, los que tienen postergados sus anhelos de vivienda digna, los que no están pasando bien sus últimos años de vida.

La diversidad de opiniones es algo fundamental para una democracia moderna. En algunos casos habrá consenso y en otros no, pero un acuerdo fundamental, al que podríamos denominar “consenso cívico”, es el respeto por el que piensa distinto, la valoración de la posición ajena y la capacidad de sentarse a discutir con argumentos y sin descalificaciones. Algo así vimos el lunes, donde se enfrentaron posturas muy diferentes, pero expuestas en un ambiente de amistad cívica, de respeto y tolerancia, donde al frente se ven adversarios pero no enemigos.

Ojalá todos los debates o foros universitarios tuvieran el grado de participación y deliberación que tuvo el encuentro del pasado lunes. Nos seguiremos enfrentando a Giorgio Jackson y a Valentina Saavedra, así como contaremos con el espíritu de equipo y capacidad de personas como Jaime Bellolio. Lo haremos con respeto y espíritu cívico. Lo mismo para la discusión pública nacional tan acostumbrada a la descalificación, el ataque personal o la falta de argumentos, que con tanta razón distancian entre otras cosas a la ciudadanía de la política. Lo que necesitamos es más política, más ideas, honestidad y valentía en defenderlas y promoverlas, pero el “ambiente” en que la discusión se dé termina siendo muy relevante para la democracia misma.

El domingo pasado el Rechazo resultó vencedor en las urnas con más de 7,8 millones de votos. Se trata de un triunfo tan categórico, con una brecha ciertamente inesperada, al punto que está resultando demoledor para el gobierno y las coaliciones que lo sustentan, así como difícil de interpretar y gestionar para la oposición.

A pocos días de este resultado, ya tuvimos como consecuencia un confuso cambio de gabinete, junto con análisis e interpretaciones tempranas que ciertamente deben decantar con el pasar de las semanas. Pero, por sobre todo, hemos sido testigos de la respuesta de la extrema izquierda: furibunda, descalificadora, clasista e incapaz de aquilatar lo contundente de la derrota, quedando de manifiesto el nulo análisis de las razones de aquella.

Esa actitud denota la arrogancia de la izquierda, que se cree poseedora de un conocimiento especial que les permite saber mejor que las propias personas y las familias lo que necesitan. Muestra su paternalismo, que supone que los ciudadanos son incapaces de tomar decisiones por ellos mismos y que requieren la guía sabia de otros. También deja en evidencia su mesianismo, que junto con alardear una nueva escala de valores, cree que sus propias obras vienen a redimir a los demás de los males que los atormentan. Estamos en presencia de la versión moderna de aquel despotismo ilustrado que buscaba a toda costa el progreso material de los países, pero sin la participación popular. Se resume efectivamente en el concepto de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

La lógica de clases -que aún impregna el pensamiento de izquierda- los llevó a ilusionarse con que, si los sectores populares de la Región Metropolitana votaban, tenían una posibilidad de imponer ese mal borrador constitucional. Incluso se llegó a afirmar que si los votantes de Lo Espejo se levantaban a votar como lo hacen los de Vitacura, el Apruebo se impondría. El domingo fueron a votar 75.626 vecinos de Lo Espejo y 71.540 de Vitacura, en ambas ganó el Rechazo.

Por eso, todo cambia cuando el pueblo se rebela frente a la propuesta constitucional de la Convención, con su visión utópica, ideologizada y desconectada de la realidad que propusieron grupos radicales. Peor aún, es si lo hace por más de 3 millones de votos de diferencia y en una las elecciones con mayor participación del padrón en la historia de Chile. Ahí fluyen naturalmente la descalificación, el roteo, las burlas, la frustración y, muchas veces, la violencia.

Así vemos como algunos -en un estado de negación- echan la culpa a supuestos fake news o al rol de los medios, como si las personas fueran ignorantes y no supieran distinguir la verdad de la mentira (como si esa capacidad solo la tuvieran cuando votan por ellos). Hemos visto también la ira, tratando de fachos pobres a quienes legítimamente votan diferente a ellos. Han proliferado las burlas, como a los ciudadanos de Petorca por haber rechazado un borrador constitucional que supuestamente les hubiese resuelto la sequía que enfrentan o a una funcionaria municipal de Curanilahue que se lamentaba porque muchos vecinos le escribieran “mendigando” justicia social mientras habían perdido la oportunidad de cambiar la “base de todo”. Lo que no hemos visto, y parece que no veremos, es reflexión profunda y autocrítica.

Peor aún, es presenciar cómo la frustración de algunos deriva en la acción violenta. El mismo día en que el presidente Boric intentaba un cambio de gabinete, cientos de estudiantes se manifestaron violentamente, quizás en un intento de “rodear” ahora el Palacio de gobierno. Estos días hemos visto como supuestos idealistas queman buses, saquean pequeños comercios e interrumpen el Metro. Todo esto bajo la consigna “ante un pueblo sin memoria, estudiantes haciendo historia”.

El domingo el pueblo venció a la “calle”. Votó contra la violencia, contra este tipo de despotismo ilustrado y contra un proyecto refundacional del país. No porque no quisiera cambios, sino porque quiere cambios que partan de lo mejor que hemos construido juntos, en paz y buscando unir a los chilenos hacia un futuro mejor.