Insunza Gregorio de las Heras Jorge (1967) ] analista político, titulado de abogado luego de ser Ministro;  casado con Claudia Soledad Jara Meza (1971) dueña del 40% de la empresa “Sistemas Consultores”, que los cede cuando es elegido diputado.

I. 742 matrimonio 1993 Ñuñoa.

Insunza Jara Camila

Insunza Jara Jorge

El exdiputado y exministro Jorge Insunza (PPD) volvió a la primera línea política. Su último rol protagónico lo tuvo como titular de la Segpres cuando tuvo que renunciar luego de una polémica generada por sus asesorías realizadas a empresas mineras.

Años después, con esa causa cerrada luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar, estas semanas ha sido uno de los negociadores clave del PPD para habilitar un nuevo acuerdo constituyente. Tanto así que no descarta competir como consejero o integrar la futura Comisión Experta. “Soy un hombre de partido y me gusta serlo. Me gusta participar e influir, pero puedo no participar en nada y me siento igual de tranquilo”, comenta.

Además de partir desde la posición de derrotados luego del resultado del plebiscito, ¿con qué otra complejidad se topó en esta negociación?

No era solo estar derrotados, sino que también teníamos que revertir esa derrota. A eso se sumó que hubo una inercia, sobre todo de Apruebo Dignidad, de creer que el proceso podía seguir tal cual como antes y, por lo tanto, costó mucho que asumieran que habían cambiado las condiciones. También fue complejo desarmar la pretensión de la derecha de que el 62% era de ellos.

¿Qué tan difícil fue que Apruebo Dignidad saliera de esa inercia?

Todavía lo es. La fase jacobina del proceso constituyente sucumbió el 4 de septiembre y eso es una derrota y las derrotas cuesta procesarlas.

¿Cree que ese diagnóstico está más claro en Socialismo Democrático que en Apruebo Dignidad?

En Apruebo Dignidad todavía están viudos de la Convención. E insisto, cuesta procesar las derrotas. Ellos no han llevado a fondo el análisis de esa derrota. A mi juicio, el mayor error de la Convención y los liderazgos que la encabezaron, y aquí hablo de, por ejemplo, (Fernado) Atria, (Jaime) Bassa, (Marco) Barraza, (Patricia) Politzer, es que de alguna u otra manera ellos quisieron ser como Jaime Guzmán, es decir, dejar plasmado en la Constitución un cuerpo ideológico y programático respecto de su proyecto.

¿Eso solo se lo atribuye a Apruebo Dignidad?

Por lo menos en el Socialismo Democrático veo que hay una convicción profunda distinta. Una Constitución no es un programa de gobierno, es un marco común que establece derechos y sus garantías, como también toda la organización del poder que permita el ejercicio de la democracia. Este principio de Jaime Guzmán, de que la Constitución tiene que impedir que los gobiernos hagan algo muy distinto de lo que está establecido ahí, es un principio antidemocrático que supone dejar incorporada una concepción ideológica y un programa dentro de la Constitución.

¿Esa idea guzmaniana de la Constitución como un programa de gobierno lo ve en Apruebo Dignidad?

Por lo que he visto, el PC y el FA siguen pensando la Constitución como un programa de gobierno. A veces lo hacen como propuestas y a veces lo hacen como lamento. Lo hacen como propuesta cuando dicen que este es el programa que van a seguir empujando para que esté en la Constitución. Lo dicen como un lamento, que es algo que me parece mal, cuando se quejan que la Constitución no va a ser tan programática como ellos quisieran.

¿Cree que la fórmula final quedó con mecanismos de control que siguen esa lógica de proteger la propuesta de nueva Constitución?

La fórmula final todavía tiene un déficit desde ese punto de vista. La solución final que establece un sistema de revisión, una especie de cámara revisora que tiene el Comité de Expertos, todavía tiene esa aspiración de control que, insisto, no era necesario, pero que creo que finalmente permitió una solución.

¿Terminaron cediendo ante esa lógica de tutelaje? Así lo han criticado partidos oficialistas.

Diría que uno de los elementos que impidió el éxito de la Convención es que no tuvo ese marco político. Un comité de admisibilidad para hacer respetar ese acuerdo también es absolutamente democrático. No tiene ningún menoscabo. La tutela más seria que logramos revertir era la tesis del órgano mixto.

En algún momento estuvieron a punto de aceptar el órgano mixto.

En algún momento estuvimos dispuestos a aceptarla como una solución para darle continuidad al proceso, pero, a mi juicio, tenía el carácter de antidemocrático ya que los expertos designados iban a alterar la mayoría que resultara de la elección. Desde esa perspectiva, por lo tanto, operaban como un símil de los antiguos senadores designados. El mecanismo final que está en el acuerdo tiene una tutela, pero es una tutela moderada porque opera más bien como un balance de poder.

¿El diseño del proceso garantiza resolver los problemas de legitimidad que tiene la Constitución?

El proceso garantiza una Constitución legítima y podemos y tenemos condiciones para construir un acuerdo que sea sólido en el tiempo. Sin embargo, todos tenemos que actuar con la conciencia de que el proceso no está asegurado y que, incluso, aunque todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo, el triunfo de la votación a favor del proyecto en el plebiscito de salida no está garantizado. No podemos cometer el mismo error de la Convención que pensó que hicieran lo que hicieran iba a ganar el Apruebo.

¿Cómo se resguarda eso?

Esto tiene, a mi juicio, dos patas. Creo que el trabajo del Comité de Expertos como el del Consejo tienen una enorme responsabilidad de legitimar el proceso ante un segmento importante de la ciudadanía que quedó desilusionada de la Convención. Y, hay una segunda pata, que es cómo el gobierno y el Presidente Boric van a acompañar el proceso. El Presidente Boric está frente a una disyuntiva estratégica. A veces lo vemos con la puesta en escena del diputado que logró ser Presidente y reivindica el éxito que lo llevó a la Presidencia, pero que muchas veces era empujar, correr cercos, pero también una posición radical y maximalista que impide acuerdos. Muchas otras veces lo vemos como un hombre de Estado que plantea que es mejor un acuerdo imperfecto a que no haya acuerdo. Entonces, el Presidente debe acompañar este proceso con un pacto social y un diseño en que su agenda de reformas la construya con acuerdos transversales.

¿Hay madurez política de la alianza de gobierno para hacerse cargo de esta disyuntiva?

Cuando yo digo que la fase jacobina del proceso constituyente terminó, también a lo que apunto es que el PC y del FA tienen que asumir el cambio de las condiciones y que su propio maximalismo ha generado una regresión conservadora en sectores importantes de la sociedad (…). Si el PC y el Frente Amplio mantienen el diseño que nos llevó a la derrota con la Convención están poniendo en peligro este proceso constituyente y el éxito del gobierno de Boric.

Insunza Gregorio de las Heras Jorge (1967) militó 7 años en las JJCC. “mi salida de la Jota fue más tardía que la de varios de mis amigos, porque también fue muna decisión muy difícil. Era quebrar con una historia familiar muy presente” (1), luego en el Partido Socialista y finalmente en el Partido Por la Democracia;

“en 1984 la CNI trató de secuestrarlo siendo dirigente estudiantil de oposición cuando salía de la toma de un liceo tres sujetos trataron de subirlo a un taxi. Entre gritos y patadas de sus amigos logró escapar,  esconderse y salir a Buenos Aires” (1); “monté mi propia empresas, que para mí era una fuente de libertad, de autonomía. Y creo que esa misma reivindicación de mi libertad fue causa de esta ceguera…” (1);

diputado 2006-2010 por distrito de San Miguel, candidato a diputado 2009 “para mí fue mucho más dura la derrota de mi reelección a diputado en 2009, tenía muchas más dudas, en el sentido de no saber por qué había perdido” (1);

planteó por el PPD, que «no aceptarán» que un eventual nuevo gobierno de Bachelet se construya sobre la base del eje constituido por Camilo Escalona y Andrés Velasco, que fue el sustento de la última administración concertacionista (2);

diputado 2014; Ministro Secretario general de la Presidencia 2015, renuncia luego de conocerse ha había efectuado consultorías a una empresa minera siendo diputado.

El exministro Segpres Jorge Insunza, quien durante este año ha sido uno de los principales encargados de la campaña dentro del partido, se menciona como candidato a la Convención Constituyente. «Formalmente no he tomado esa decisión, pero sí me la han planteado y es algo que estoy considerando con interés. Es un momento importante para el país y, al mismo tiempo, son temas que he trabajado desde hace algún tiempo» (3)

Dirige grupo del PPD para proponer reformas constitucionales (4).

Candidato a Convencional constituyente 2021 por el distrito 13 de la región metropolitana, obtuvo 4.682 votos (2,04%) no saliendo elegido. Su partido PPD solo elije 3 de los 155 constituyentes.

}Quienes firmamos este manifiesto, votamos por distintas y distintos candidatos democráticos en la primera vuelta. En una elección limpia y transparente, el pueblo quiso que el candidato progresista que pasara a segunda vuelta fuera Gabriel Boric. Y con el voto mayoritario de la ciudadanía, especialmente de mujeres y jóvenes, también con el nuestro, Boric es Presidente de Chile. Queremos que le vaya bien, a pesar de las duras condiciones internas y externas que enfrenta. Por Chile, por la gente más golpeada con las desigualdades y abusos, para que la nueva Constitución de todos sus frutos, necesitamos que le vaya bien.
27 abril 2022 Declaración de 32 ex dirigentes de la Concertación

«El rechazo es lo que es: mantener la actual Constitución y su núcleo conservador y neoliberal o, en el mejor de los casos, hacer reformas desde esa hegemonía. Chile  necesita romper este circulo vicioso, es lo que espera la mayoría del pais, Ahí adica realmene el 80% del plebiscito de 2020. Aprobar y mejorar es abir a ese camino, pero sobre la ase de la mayor legitimidad de este proceso, de valorar con ponderación lo bueno que tiene y mantener una mirada crítica, propia de la izquierda laica que somos» (5)

(1) Entrevista, Paula 15 febrero 2016. “Hay una gran ampliación de la clase media. Desde el punto de vista político hay una clase media más exigente, con redes propias, que afirma también más valores meritocráticos y de transparencia. La clase media quiere tener más autonomía y depender menos del Estado, pero también se siente muy vulnerable e insegura, por el temor de volver a la pobreza. Una clase media con miedo e incertidumbre es también una fuente de inestabilidad política” PROPUESTAS p. 7.

(2) «Diferencias sobre condiciones para candidaturas de Bachelet marcan cita PPD-PS» La Tercera, 23 septiembre 2011

(3) La Tercera, 2 septiembre 2020

(4) El Mercurio 24 octubre 2020. Ver otras publicaciones.

(5) ¿Por qué aprobar y mejorar? El Mercurio, carta, 22 junio 2022

«La apuesta de Chile» Nuestro lugar en la globalización (2005) «en términos productivos y laborales, por ejemplo, la globalización permite el desarrollo de nuevas ofertas de bienes y servicios en el mercado mundial y exige un alto grado de especializaicón y eficiencia productiva» (p. 165)

“Reconstrucción de Ciudades Intermedias en el Siglo XX: Procesos de gentrificación post desastres naturales” sienta las bases iniciales respecto a cómo dicha dicotomía es parte de un ciclo que cada vez se extiende más y ya no solo en ciudades con alta concentración de población con construcción densa, sino que en ciudades de rango medio enfrentadas a procesos de readecuación y reconfiguración urbana como parte de políticas post terremoto y maremoto. (2018)

24 octubre 2020: «El documento es un «borrador para la discusión», que en algunos puntos incluye alternativas: una es la descrita aquí y otra es proponer un régimen semi-presidencial, que mantiene la elección del Presidente de la República por la ciudadanía. El PPD no ha tomado una decisión».

«Un regimen semipresidencial con Congreso unicameral da mas eficiencia a la toma de decisiones»: 14 febrero 2021, La Tercera.

La noción del “peso de la noche” tiene un sabor especial. Es una crítica que quiere ser profunda y tiene un dejo despectivo de lo que somos, pero al mismo tiempo gusta, atrae y logra atrapar. Se recurre a ella con pesimismo, para describir una carga que nos domina, casi irremediablemente, pero también es un modo de compadecernos y de rendirse a una suerte de fatalidad; un “siempre ha sido así y siempre será así”. Y para otros, es una tesis que fascina por su rasgo autoritario o por la supuesta eficacia atribuida al ejercicio del poder.

El propio Portales la enuncia en un tono de aceptación triste, de algo que no le gusta y en el fondo desprecia, que él quisiera fuera distinto a pesar de su escepticismo, basado en los ideales republicanos en boga, que todavía veía de difícil aplicación. Jorge Edwards la usa en su novela (ojo, de 1965) para describir la decadencia de las clases altas, en un momento en que se volvía evidente la crisis de un orden añoso y débil. Un ánimo similar domina el ensayo de Alfredo Jocelyn-Holt, aunque siempre creí que su interpretación encierra la esperanza de que nuestro nuevo ciclo democrático pudiera consolidar y dar forma a valores liberales republicanos. De hecho, el año pasado se reeditó este libro, tal vez porque él mismo y la editorial sienten que ese debate vuelve a escena y que el ambiente del país requiere de interpretaciones sobre cuál es la inflexión que vivimos; o si es que de verdad vivimos alguna.

Teniendo presente ese telón de fondo, creo que vale la pena explorar la pregunta sobre si acaso lo que estamos viviendo en los últimos años permite sostener que estamos ante el fin de ese “peso de la noche”.

Al final, una Constitución no es un texto y tampoco el hito que la consagra, sino el espíritu de una época. Esa noción de espíritu siempre ha sido deliberadamente vaga y abierta, es un intangible absoluto, pero también muy concreta, porque aterriza valores predominantes, define la arquitectura base de las instituciones y establece marcos políticos e ideológicos. Luego, la pregunta es qué sustrato la soporta y qué cambios sustantivos de la sociedad expresa. Ahí es donde se asocia a esta reflexión de cuánto persiste del “peso de la noche”, porque –desde luego– ese “orden” elitista y autoritario ha sobrevivido a varias constituciones y ha permeado a más de una cultura política y liderazgos; está lejos de ser propio o exclusivo de la derecha o de los conservadores. Por lo tanto, la frase “Chile cambió”, ¿alcanza para sostener que dejamos atrás esa vieja noción portaliana?Para mí todavía es una pregunta, no una aseveración; porque aún depende de cómo cerremos este largo ciclo de recomposición democrática, que a mi juicio solo dará vuelta la hoja con una nueva Constitución.

El pesimismo de Portales era que “el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a obscuras y sin poder contener a los díscolos más que con medidas dictadas por la razón, o que la experiencia ha enseñado a ser útiles”.

Que la sociedad está más cosquillosa es un hecho y que la ética del esfuerzo personal ha reemplazado a esa típica frase elitista de que “el chileno es flojo” (la “tendencia de la masa al reposo”) es evidente. Lo que subsiste, en cambio, es la duda sobre si todavía es posible para las elites manejar las cosas desde las sombras del poder.

A mi juicio, ese es el cambio más medular al que estamos asistiendo en esta época post “fin de la transición”… y, esto es, todavía estamos asistiendo.

¿Qué rasgos aparecen en este horizonte?

A mi juicio, lo más relevante y decisivo es la mayor autonomía de la clase media emergente, que valora su dignidad, su propia independencia, que no depende ni quiere depender del Estado, que al mismo tiempo valora la gobernabilidad y la estabilidad, que tiene un sentido común más abierto a lo moderno, que distingue entre la profundidad y la radicalidad, porque tiene un sentido de Estado básico y una mirada realista del poder y que tiene la intuición de que hay que producir cambios profundos con seguridad. Al mismo tiempo, es un tipo de clase media que quiere y valora la calidad, que respeta el mérito, la excelencia, el esfuerzo personal, que por eso le importa la ética social de la igualdad de oportunidades y la noción de derechos que se la garanticen. Por esa vía, incluso de un modo intuitivo, toma distancia del asistencialismo, desconfía de los caudillos y del clientelismo y no concede autoridad a cualquiera. En términos culturales, es más liberal, en el sentido de valorar la libertad de pensamiento y de creación, respeta la pluralidad de valores de la sociedad y vive en el ethos de la innovación.

Esta nueva clase media, que en una generación dejó atrás la pobreza o que reemplazó o modernizó los oficios de sus padres, es distinta a la clase media tradicional del siglo XX, en general asociada a las profesiones liberales, a la pequeña industria o comercio y a los funcionarios públicos. Los líderes de esa clase media tendían a cultivar una ética aristocrática, en sentido estricto; vale decir, asumiendo una superioridad moral sobre la oligarquía o las familias tradicionales más o menos decadentes. En ambas hay meritocracia, pero esa clase media tradicional siempre tuvo una vocación de elite y, como suele ocurrir, se contagió de la tentación del “peso de la noche”.

La autonomía de esta clase media más ancha y que roza el desarrollo tiene una exigencia mucho mayor. Demanda y exige calidad, en todo orden de cosas; ejerce su ciudadanía con explicitación de sus derechos o reclama por ellos; valora y exige la transparencia como una defensa de sí misma y otorga autoridad a quien otorga legitimidad, no por imperio.

Sin embargo, también tiene miedo. Su pánico es volver a la pobreza y asume que hay incertidumbre, pero no bajo la noción que en algún momento estuvo de moda, vale decir, con algo de glamour, de sabor al vértigo, asociado a la idea de lo incierto como oportunidad y de que se podía vivir con cierto espíritu de apertura. Por el contrario, la incertidumbre es vivida como inseguridad frente al futuro. La inestabilidad del trabajo, el permanente endeudamiento, el impacto de las crisis globales y la apreciación de que los países desarrollados experimentan crisis de retroceso, alimentan un juicio de realidad sobre ese temor. Nadie cree seriamente en el progreso. Más bien, la gente quiere seguridades básicas y tener un piso sólido para moverse con libertad. Por esos intersticios es que ve con interés un rol más fuerte del Estado. No desde el estatismo del siglo XX, pero sí desde la idea de un Estado activo.

Esa cultura –nacida en el apogeo de la cultura de masas y de la televisión– mira con desprecio la política de salón y desconfía de la pretensión de que con meros actos de autoridad resuelven los problemas. Esa dimensión de la política de elites es la que está severamente en cuestión. Por eso valora las instituciones y su transparencia, su rectitud y su equidad, entendida o traducida como un rechazo a los privilegios.

Por ejemplo, creo que ese es el sustrato de la crítica al caso Barrancones, cuando el ex Presidente Piñera resuelve el problema con una llamada telefónica al amigo ejecutivo a cargo; esa fue la ácida reacción a la metáfora de la cocina del senador Zaldívar en la reforma tributaria; esa es la alerta roja que se encendió cuando el cambio de fiscales parecía un nuevo intento de tapar las investigaciones en curso.

Las soluciones “por arriba” no tienen la legitimidad de las soluciones institucionales y la demanda republicana de “que las instituciones funcionen” ahora tiene un estándar mucho más exigente. El solo consenso resulta vacío o superficial si no expresa ese contenido y, por eso mismo, se valora la diferencia o la construcción de acuerdos sincerando las diferencias, que es tan propio de las democracias maduras. El campo de la deliberación de lo público se ha ampliado como nunca antes en Chile. Ese es el principal desafío de una política cerrada sobre sí misma.

Ese respeto a un espíritu de mayor autonomía también se extiende como un valor relevante a otras instituciones o espacios de decisión pública, porque se les atribuye un factor de equilibrio de poder y de contención a los abusos.

Hace décadas ya se dejó de pensar que el equilibrio de poderes se limitaba a los balances entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Chile ha adecuado muchas de sus instituciones a crear nuevos centros de poder: en las estructuras económicas, la autonomía del Banco Central, las superintendencias y las normas internacionales de transparencia, accountability y responsabilidad corporativa; en la esfera judicial, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los tribunales especializados y, sobre todo, la creación del Ministerio Público; y en lo político, las Ley de Transparencia de 2008, que representa una revolución cultural todavía en ciernes. En cambio, la Ley de Lobby todavía es pobre y limitada y qué decir de los evidentes huecos que dejó el financiamiento de la política. Y, desde luego, lo que ha irrumpido en esta fase democrática, en buena hora, es el balance y contrapeso que ejerce la ciudadanía activa, en sus diversas expresiones y organizaciones.

Noto ese espíritu en la radicalidad republicana de fiscales y jueces, que además se han identificado como tales en una corriente más liberal o al menos de renovación al interior de los órganos de la Justicia. No solo reivindican su autonomía, sino que también cambian la tradición del legalismo como letra de la ley para mover los límites de la aplicación de justicia al caso concreto.

Asimismo, es sintomático observar cómo se están moviendo los circuitos de formación de opinión. Ya es un lugar común asumir que las redes sociales ejercen su propio peso, pero lo realmente nuevo –y también fundado en esa mayor autonomía– es que los medios están descansando cada vez más en la opinión e interpretación y no sólo en la noticia y, más aún, cómo importantes comunicadores ejercen su propia línea editorial, al margen o a veces por sobre la voluntad de sus dueños: El Mercurio tiene que aguantarse a Carlos Peña, aunque fracase en el intento de equilibrarlo con otro columnista debajo; Juan Manuel Astorga muestra con orgullo su independencia y advierte frente a cualquier queja que “acá no hacemos relaciones públicas”; Daniel Matamala ha trazado su propia línea investigativa, anticipando muchas veces la pauta y el tono; y los ejemplos son múltiples. Todos ellos saben (y lo viven así) que su libertad se funda en su credibilidad y que ese es un ejercicio de identidad que recae en ellos mismos. Solo sobre esa base, luego, se transforman de verdad en un factor de poder.

La importancia de esos comportamientos y, en el fondo, de esos nuevos liderazgos, es que no todo se funda en un problema normativo, legal o constitucional. De hecho, los escándalos que están en el debate es porque hay delitos, es decir, hay normas que han sido violadas o violentadas. Lo que hace el cambio, lo que provoca que se cristalice un modo distinto de ejercer el poder, es que existan momentos emblemáticos de quiebre. En materia de derechos humanos eso ocurrió con el Informe Rettig, como acto institucional, pero sobre todo con las condenas efectivas a los criminales, que tienen por ejemplo a Manuel Contreras con condena a cadena perpetua. En materias de abuso de poder se requiere de lo mismo, ya sea de corrupción empresarial o política.

No basta un “perfeccionamiento” de la norma, si no hay sanción emblemática respecto de la que existe. Ya Portales advertía que la ley o la Constitución era una señora que podía ser violada cada vez que fuera necesario. Si esa sigue siendo la regla, entonces no habrá cambiado nada y la frase de que “Chile cambió” no dejará de ser un cliché de moda.

En fin, estamos en un momento que puede consagrar ese espíritu meritocrático en ciernes o, si se pierde el camino, repetir la historia y volver en plenitud “el peso de la noche”.